Los informadores fallecidos son la estadounidense Marie Colvin, que trabajaba para el dominical Sunday Times, y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, de la revista Paris Match, añadieron las fuentes.

Los heridos, que se encontraban junto a los fallecidos, son la periodista gala del diario Le Figaro Edith Bouvier, en estado grave, el informador gráfico británico Paul Conroy, el francés William Daniel y un fotógrafo sirio cuya identidad no se especificó.

Más información, aquí.

El peor país para ejercer el oficio sigue siendo Pakistán (por segundo año consecutivo), con siete asesinatos en total, pero la situación ha empeorado especialmente en Oriente Medio, donde al menos 19 periodistas murieron el año pasado desempeñando su labor, frente a los seis fallecidos en 2010. Es decir, trece más.

El Comité denuncia que las autoridades han ejercido, o han tratado de ejercer, un control de la información en las revueltas populares de los países árabes, tanto sobre los medios de comunicación tradicionales como sobre los surgidos a partir de las nuevas tecnologías (redes sociales y móviles, principalmente). Un ejemplo, los cortes de Internet y de telefonía móvil durante la revolución egipcia que obligó finalmente a renunciar al presidente Hosni Mubarak en febrero de 2011.

Irán ostenta el récord de detenciones, con 42 periodistas presos, debido, según señala el CPJ, a la campaña de intimidación contra la prensa que comenzó hace más de dos años tras las elecciones presidenciales.

En Siria, donde, en un clima ya de práctica guerra civil, continúa la represión del régimen de Bashar Al Assad contra la rebelión, al menos cuatro periodistas han perdido la vida desde comienzos de 2012.

Según indica el informe del CPJ, las autoridades sirias han reclutado técnicos informáticos para espiar los correos electrónicos de los informadores de la oposición, atacar páginas web y “controlar la difusión de todo tipo de datos”. Además, un grupo de ‘expertos’, conocido como el Ejército Electrónico Sirio, “tortura a los periodistas para obtener las contraseñas de sus cuentas en redes sociales como Facebook, y acceder así a su información personal y a la de otros contactos”, según indicó el subdirector del CPJ, Robert Mahoney, a la agencia Efe.

Las amenazas a los periodistas, añade Mahoney, también pueden llegar “a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o, de forma más gráfica, introduciendo una bala en un sobre”.

La buena noticia, al menos, es que, según el CPJ, Irak lidera la lista de los países que menos combaten a los periodistas.

Un periodista yace en el suelo tras ser atacado durante una manifestación en El Cairo, el 3 de febrero de 2011. Foto: Reuters / CPJ

• Información detallada y actualizada de la situación de los periodistas en Oriente Medio, país por país, aquí.
• Fotos sobre la libertad de prensa en el mundo en 2001, aquí.
• (Con información de la agencia Efe y del Comité para la Protección de los Periodistas)

The first or second morning after the invasion, I was so tired and I had spent so many years at the AP, learning the rules of keeping your distance from the story, and I said to myself, I’m just going to write it the way I feel it. From then on, I kind of just did that. I think you have to care about these stories to do them justice. And I did care about it. I care about the Middle East. You have to be careful and still there are certain rules you have to follow. But I think there’s enough gray there that you can kind of get away with being a little more interpretive. It’s not easy. What’s so rewarding about the reporting in Egypt, the reporting in Iraq is, if you just tell peoples’ stories, then they become the vehicles for these sentiments, these emotions. It becomes much more real in a certain way. Also much more honest.

Anthony Shadid, en una entrevista en Columbia Journalism Review

La postura de Moscú está levantando ampollas en Occidente y numerosos analistas han empezado ya a hablar de una nueva “guerra fría” geopolítica, en la que Rusia estaría tratando de asegurar su influencia en una región donde tiene poco peso real, y ante una ‘primavera árabe’ que está cambiando, con mayor o menor éxito, el ‘status quo’ imperante durante décadas.

Oficialmente, el rechazo de Rusia a las condenas contra Siria se basa en su oposición a “cualquier formato encaminado al reforzamiento de la injerencia externa en un conflicto interno en favor de uno de los bandos enfrentados”, según afirmó Alexandr Lukashevich, portavoz de la Cancillería rusa. El diplomático afirmó que “existe una experiencia extremadamente negativa de creación de formatos similares, por ejemplo, en Libia“.

Rusia mantiene asimismo que una resolución que contemple la injerencia exterior en el país árabe e imponga la dimisión del líder sirio nunca será aprobada por el Consejo de Seguridad, y acusa a EE UU de querer aplicar en Siria “el guión libio”, es decir, sanciones internacionales, embargo aéreo, intervención militar occidental y cambio de régimen.

Pero extraoficialmente existen, además, otras razones lo suficientemente importantes para Moscú como para haber dado un paso que no dio en el caso de Libia, cuando su abstención (y la de China) permitió la intervención militar de la OTAN.

Armas y elecciones

Por un lado, Rusia no quiere perder sus lazos históricos y económicos con Damasco, una relación que se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, y que incluye un importante comercio de armas y el uso por parte de Moscú de la base naval siria de Tartus. Según informó la BBC, el 10% de la venta global de armas rusas tiene como destino Siria y se calcula que los actuales contratos tienen un valor de unos 1.500 millones de dólares.

Por otra parte, el Kremlin es consciente de la especial sensibilidad de la población rusa ante políticas que siguen “los dictados de Occidente” y su “doble moral”, y también tiene en cuenta el “orgullo histórico” de muchos rusos que, desde la caída de la URSS hace 20 años, se ven habitando una nación empobrecida y poco influyente, tras haber sido una superpotencia mundial durante tres cuartos de siglo.

En este sentido, hay que recordar que Rusia celebrará elecciones el próximo 4 de marzo. No en vano el veto ruso se produjo apenas 24 horas después de que decenas de miles de personas se manifestasen en las principales ciudades del país en contra del primer ministro, Vladimir Putin, quien no es probable que ignore el apoyo electoral que puede suponerle el presentarse como el artífice de una salida negociadaa la crisis siria, gracias a su posición privilegiada en el Consejo de Seguridad.

Por último, Moscú, al igual que Pekín, sabe que es muy posible que cualquier gobierno que se forme tras la caída de Bashar al Assad será más bien prooccidental, por lo que prefiere negociar y conseguir pacificar el país sin llegar a derrocar al presidente.

Asegurar la influencia

Siria, no obstante, es solo una carta más de la baraja, en un tablero en el que Rusia está jugando a varias bandas, con la guerra de Irak concluida, la presencia occidental en Afganistán dando sus últimos coletazos, Irán convertido en el gran enemigo, China presionando por ganar influencia en la zona euroasiática, y Turquía, un miembro de la OTAN, como nuevo gran referente diplomático en Oriente Medio.

No es la primera vez, por otra parte, que Moscú da un golpe en la mesa del unilateralismo occidental. A lo largo de los últimos años, la política dura de Vladimir Putin, y también la fuerza que le otorgan su gas y su petróleo, han logrado devolver a a la política exterior rusa el vigor perdido tras la caída del comunismo.

Los países europeos necesitan sus enormes recursos energéticos, EE UU necesita su apoyo en el Consejo de Seguridad en conflictos como el de Irán y, pese a las críticas, Moscú se ha sentido más o menos libre para defender sus intereses, tanto afianzando y extendiendo sin complejos su poder sobre las débiles repúblicas vecinas (la intervención en Georgia en 2008, por ejemplo), como fortaleciendo sus alianzas tradicionales más allá de sus fronteras, como cuando apoyó a Serbia en contra de la independencia de Kosovo.

Por otro lado, el Kremlin se ha sentido directamente amenazado por la estrategia armamentística de EE UU y sus aliados, con las propuestas de escudos antimisiles en sus zonas de influencia. El hecho de que muchos de estos nuevos países, como Georgia o Ucrania, deseen estrechar lazos con EE UU y Europa, integrándose en la OTAN y en la UE, es visto por Moscú como una pérdida de poder. En 2008, tras la crisis de Georgia y después de los cortes del suministro de gas y petróleo a sus vecinos, fuentes del Gobierno ruso afirmaron que “la nueva Rusia debe llevar a cabo una política internacional de dientes afilados para volver a emerger como potencia mundial”.

También en Asia Central Rusia ha hecho valer su influencia, con el fin de asegurarse el control de las grandes exportaciones de gas procedentes de esta zona del mundo. En 2007, el Kremlin pactó con Turkmenistán, Kazajistán y Uzbekistán la construcción de un gran gasoducto bordeando el Mar Caspio. La iniciativa supuso un duro golpe para la UE, que desea reducir su dependencia del gas ruso con la construcción de otro gasoducto desde Turkmenistán hasta Turquía, a través de Azerbaiyán, el Caspio y Georgia.

Un nuevo escenario

Como señala Mauricio Meschoulam, profesor de la Universidad Iberoamericana de México y experto en relaciones internacionales, “el Kremlin ha venido tomando cuidadosa nota de las señales de debilidad estratégica que ha ido exhibiendo Estados Unidos a lo largo de los últimos años”, y sabe que “la agobiante deuda y el insoportable déficit fiscal han impactado en la postura geopolítica de la superpotencia”.

En este contexto, el Pentágono está inmerso en un proceso de retirada de tropas del exterior, que puede implicar el desmantelamiento de bases militares o, en cualquier caso, una menor presencia de Washington en zonas que eran consideradas estratégicamente importantes. “Rusia -añade Meschoulam- ha decidido sacar ventaja de esta serie de movimientos actuando conforme a sus propios objetivos en este nuevo entorno”.

De momento, la crisis de Siria ha provocado el peor choque diplomático entre Washington y Moscú desde que Barack Obama está en la presidencia, y parece haber dañado seriamente unas relaciones que, hasta ahora, se basaban en actuar lo más coordinadamente posible cuando había intereses compartidos en juego, discrepando de un modo poco explícito en los casos de conflicto, como Irán, el escudo antimisiles o Chechenia.

Artículo publicado originalmente en 20minutos.es

Sin embargo, el pasado fin de semana, Saleh habló con los periodistas y les dijo lo siguiente:

Voy a ir a Estados Unidos. No para seguir un tratamiento, porque me encuentro bien, sino para no ser el centro de atención, para alejarme de las cámaras y permitir al gobierno de unidad que prepare las elecciones adecuadamente.

Es decir, Saleh dice que no necesita tratamiento médico, y Washington sostiene que, en todo caso, solo le concedería un visado para que se sometiese a un tratamiento médico. Cualquiera con dos dedos de frente puede deducir la conclusión: Saleh no debería poder viajar a Estados Unidos.

¿Qué es lo que está considerando Obama entonces? Probablemente, la mejor manera de salir airoso de una situación en la que será criticado, decida lo que decida. Si le deja entrar, estará dando cobijo a un autócrata responsable de la muerte de centenares de manifestantes, y alimentando de paso las quejas de la oposición yemení, que desea que el mandatario sea juzgado (y condenado) en Yemen. Pero si no le deja, Washington podría estar perdiendo una buena oportunidad para aliviar la tensión en Yemen antes de las elecciones presidenciales, previstas para febrero. Según publicó el New York Times, el debate en el seno del Gobierno estadounidense está siendo “intenso”. Saleh es, para entendernos, un típico caso de patata caliente.

Buscando referencias y antecedentes, estos días algunos expertos se han remontado incluso a los tiempos de Jomeini. En 1979, el gobierno demócrata de Jimmy Carter permitió que el sha fuera a curarse a Estados Unidos, lo que contribuyó a acabar de abrir las puertas a la revolución islámica. Días más tarde comenzó la larga crisis de la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán.

Que los dictadores abandonen el país cuando están a punto de perder el poder resulta siempre sospechoso, por no decir inquietante. Porque lo mismo ya no vuelven. Pero, a la vez, ¿cuántas muertes se habrían evitado en Libia si Gadafi, por poner un ejemplo, hubiera recibido asilo en algún país, en el caso de que hubiese querido irse? Es verdad que existen mil razones para desconfiar de la eficacia de la justicia internacional. Pero también lo es que la muerte de Gadafi (asesinado salvajemente sin proceso alguno) no fue precisamente un acto de justicia.

En el caso de Saleh, por otro lado, su salida puede tener un aspecto positivo. El Parlamento yemení está intentando conseguir la impunidad para el presidente, como parte de los acuerdos de transición. Pero si finalmente lo logra, esa impunidad tendría poco valor fuera del territorio yemení.

Traidor para unos, héroe para otros, Manning ha acaparado titulares en medio mundo durante estos días. En los medios de comunicación estadounidenses, sin embargo, no tanto.

Un reportaje del canal en inglés de Al Jazeera:

Afortunadamente, sin embargo, son muchos los que se acuerdan. No las víctimas directas, que apenas quedan ya, pero sí sus miles de descendientes y todos aquellos dispuestos a mantener vivo el recuerdo de lo que ocurrió.

El 22 de diciembre la Asamblea Nacional Francesa aprobó una ley que sanciona con un año de prisión y 45.000 euros de multa el negacionismo del genocidio armenio. El Gobierno turco respondió tachando la medida de “injusta, racista, discriminatoria y hostil hacia Turquía”, suspendiendo las relaciones políticas y militares con Francia y,  en una reacción que, más que a reclamar justicia, parece obedecer a esa vieja falacia de que los pecados de los demás justifican los pecados propios, acusando a los franceses de genocidio durante su ocupación colonial de Argelia.

El genocidio armenio, en un artículo publicado en 'The New York Times' el 15 de diciembre de 1915

Entre 1915 y 1917, en plena Primera Guerra Mundial, las autoridades del Imperio Otomano, cuyo gobierno estaba entonces en manos del partido nacionalista de los Jóvenes Turcos, organizó y ejecutó la deportación masiva y el asesinato de la población armenia residente en su territorio. El resultado fue la muerte de un número indeterminado de civiles, que se ha calculado aproximadamente entre un millón y medio y dos millones de personas. Muchos, hombres, mujeres y niños, fueron asesinados directamente. Otros miles perecieron en interminables marchas por el desierto sirio, privados de agua y de alimentos. La gran mayoría de las víctimas fueron armenios, pero también murieron asirios, caldeos, sirios y helenos pónticos.

El holocausto armenio está considerado como el primer genocidio sistemático moderno y es el segundo caso de exterminio más estudiado de la historia, después del perpetrado unas décadas después por los nazis. Según muchos estudiosos, el ‘ejemplo’ del genocidio armenio fue una referencia fundamental para los ideólogos de la ‘solución final’.

El Gobierno turco, sin embargo, lleva un siglo negando que se tratase de un genocidio. En Turquía está incluso prohibido por la ley calificar los hechos como tal. Ankara no niega que ocurriesen las muertes, pero desmiente rotundamente que fuesen consecuencia de un exterminio programado. Para el Gobierno turco, y, especialmente, para los militares de este país, las masacres fueron el resultado de las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial, una guerra en la que, según afirma Ankara, los armenios recibían además el apoyo directo de su enemigo ruso y amenazaban con quebrantar la estabilidad y la unidad del país.

Durante mucho tiempo, por otra parte, Turquía ha mantenido la tesis de que bajo las acusaciones de genocidio subyacían mecanismos de propaganda bélica, puestos en marcha principalmente por los britanicos, al formar el Imperio Otomano parte de la coalición compuesta por Austria-Hungría, Alemania y Bulgaria. Algunos negacionistas turcos han llegado a hablar también de una campaña orquestada por los países cristianos occidentales (la mayoría de los armenios pertenecen a esta religión) en contra de un país de mayoría musulmana.

Pero dejando aparte al Gobierno turco y a un puñado de revisionistas, la inmensa mayoría de los estudiosos lo tienen claro: Lo que ocurrió encaja perfectamente con la definición actual de genocidio. No cabe duda de que las potencias occidentales, y especialmente el Reino Unido, con grandes intereses económicos en la zona, estaban más que interesadas en propagar la imagen de una Turquía despiadada, y, de hecho, las noticias sobre las masacres, llegadas de la mano de misioneros y de enviados estadounidenses presentes en la zona (EE UU era aún neutral en la guerra) llenaron los periódicos y escandalizaron a la opinión pública. Pero nada de eso basta para negar una realidad que confirman tanto los estudios históricos como los testimonios de los supervivientes, de sus descendientes y de testigos de la época.

La contradicción interna que la negación del genocidio armenio supone para un país como Turquía, aspirante a ingresar en la Unión Europea y, pese a sus graves problemas de derechos humanos y libertades, bastante decente en muchos otros aspectos, la exponía claramente hace unos días el periodista Robert Fisk en el diario británico The Independent:

Para cientos de miles de turcos el genocidio armenio es un hecho histórico [...]. Miles de turcos profundizan en sus raíces familiares y se preguntan: ¿Por qué tenemos abuelas y bisabuelas armenias? ¿Qué es esta historia secreta que puede hacer que te metan en la cárcel simplemente por discutir en público la responsabilidad de Turquía en el genocidio? Y yo me pregunto [...]: ¿Por qué un país fuerte y valiente como Turquía [...], cuyos soldados fueron los únicos de la unidad de la ONU en la guerra de Corea que se negaron a que les lavaran el cerebro, no puede reconocer los terribles actos que tuvieron lugar antes de que casi todos los turcos actuales hubiesen nacido? No queda vivo ninguno de los asesinos, no puede haber juicios [...]. Dentro de cuatro años, el mundo conmemorará el centenario del genocidio armenio. ¿Por qué no reconocer esta historia ahora? Los alemanes han pedido perdón mil veces a los judios, los EE UU han pedido disculpas a los nativos americanos por la limpieza étnica que realizaron en el siglo XIX, los australianos han pedido perdón a los aborígenes, los ingleses a los irlandeses, los ucranianos a los polacos por las violaciones en masa, saqueos y masacres ocurridas bajo la ocupación alemana después de 1941. ¿Qué pasa con los turcos? Muchos de ellos creen que su país debería estar a la altura de su historia, incluso de la menos gloriosa.

Es posible que las razones del Gobierno de Nicolas Sarkozy para promover la ley que acaba de aprobar la Asamblea Nacional no sean del todo desinteresadas. A fin de cuentas, en Francia residen cerca de medio millón de ciudadanos de origen armenio, y el país celebrará elecciones presidenciales en abril del año que viene. Pero su supuesto oportunismo no le resta, al menos en este caso, el valor histórico que tiene, más allá incluso de posibles controversias sobre los límites de la libertad de expresión. Porque lo que molesta a Turquía no es que el Estado castigue a quien niegue un genocidio probado invocando la libertad de expresión (ese podría ser, en todo caso, otro debate), sino que uno de los  genocidios que se considera probado sea el suyo.

El genocidio armenio está oficialmente reconocido en 20 países (Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Grecia, Italia, Líbano, Lituania, Holanda, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Uruguay, El Vaticano, Venezuela y las propias Francia -desde 2001- y Armenia), y en 42 de los 50 Estados de EE UU (todos, menos Alabama, Mississippi, Virginia Occidental, Indiana, Iowa, Wyoming y Dakota del Sur), cuyo Congreso estudia actualmente una moción al respecto.

Otros, sin embargo, siguen sin usar oficialmente el término “genocidio”. Entre ellos, el Reino Unido y, en dos casos especialmente llamativos, Alemania e Israel. Tampoco lo hace España, donde solo las comunidades de Cataluña y el País Vasco reconocen el genocidio como tal.

El pasado mes de marzo, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español rechazó una moción de ERC a favor de reconocer el genocidio armenio como un crimen contra la humanidad. PSOE, PP, CiU y UPN votaron en contra. La portavoz del PSOE, Isabel Pozuelo, dijo que “los problemas que tiene hoy Armenia son otros” y añadió que lo prioritario para Armenia es acometer reformas políticas para acercarse a la UE y solucionar el conflicto que mantiene por el enclave de Nagorno Karabaj con Azerbaiyán, aliado de Turquía. El diputado del PP Francisco Ricomá afirmó por su parte que el reconocimiento del genocidio armenio “no forma parte de la prioridad ideológica” de su partido y sería entrar “en el terreno de la revisión histórica”. Tal cual.

Fustigarse por los crímenes cometidos por nuestros ancestros solo porque nacieron en el mismo lugar del mundo que nosotros es absurdo. Personalmente, me considero tan unido a Hernán Cortés como a Gengis Khan. Pero negar esos crímenes solo por el hecho de que quienes los cometieron nacieron en el mismo lugar del mundo que nosotros no solo es absurdo. Es, también, injusto. El primer paso para poder cerrar una herida es reconocer que la herida existe.