Apenas cinco meses después de las pasadas elecciones generales de junio, más de 54 millones de ciudadanos turcos vuelven a tener una cita con las urnas este domingo, en unos comicios anticipados marcados por una creciente tesión interna, y con una población cada vez más polarizada. Turquía, que, a pesar de todas sus contradicciones, parecía destinada a consolidarse como ejemplo de que es posible vertebrar democracia e islam, oriente y occidente, tradición y modernidad, llega a esta nueva convocatoria electoral con el sueño de la convivencia, si no agotado, sí seriamente resquebrajado.
La celebración de estas elecciones es la consecuencia de la incapacidad de los principales partidos políticos turcos de llegar a un acuerdo para la formación de un ejecutivo tras los comicios del pasado mes de junio, en los que el gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP, islamista, conservador) perdió por primera vez la mayoría absoluta en 13 años, y ninguna formación logró tampoco el número suficiente de escaños. Para la mayor parte de los analistas y, especialmente, para los detractores del actual presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, la verdadera explicación hay que buscarla, sin embargo, en el empeño del mandatario turco, fundador y líder del AKP, por acrecentar su poder.
Para ello, Erdoğan, que ha dirigido el destino del país desde que su partido llegó al gobierno en 2002, pero cuyo puesto es ahora —al menos, en teoría— esencialmente representativo, necesita que el AKP logre la mayoría necesaria para reformar la Constitución y convertir su cargo en el de un presidente con verdadero poder ejecutivo, en una república presidencialista a la manera de Estados Unidos o Francia. La influencia que, a pesar de su obligada neutralidad, aún ejerce Erdoğan sobre el panorama político turco, habría sido determinante en el fracaso de las negociaciones para formar gobierno.
La crisis política es, no obstante, tan solo una de las caras del deterioro del modelo turco, minado desde hace años por la deriva autoritaria del Gobierno, continuos ataques a la prensa crítica, represión policial ante protestas ciudadanas, casos de corrupción con altos cargos implicados, una división cada vez mayor entre los grupos más conservadores y religiosos, los izquierdistas, los ‘indignados’, los nacionalistas y las minorías; la eterna amenaza latente de los sectores descontentos del ejército; la pérdida de la oportunidad de oro que tuvo Turquía de convertirse en una influyente referencia regional tras la ‘primavera árabe’ y, especialmente, el frenazo del supuesto milagro económico conseguido, al precio de un importante incremento de la desigualdad, bajo la batuta neoliberal del AKP: el crecimiento del 10% registrado por la economía turca durante la pasada década se ha quedado ahora en un raquítico 3% (según la previsión actual), la lira se ha desplomado frente al dólar y el euro, y la inflación no para de subir.
Todos estos problemas palidecen, en cualquier caso, en comparación con el repunte de la violencia experimentado en los últimos meses. Todavía en estado de shock tras el brutal ataque terrorista del pasado 10 de octubre contra una concentración por la paz de militantes izquierdistas (102 muertos, el peor atentado en la historia moderna del país, en una doble acción suicida atribuida a Estado Islámico —EI—), la sociedad turca asiste además a un déjà vu con el que esperaba no tener que volver a enfrentarse en mucho tiempo: el alto el fuego roto por la guerrilla kurda del PKK tras dos años de tensa paz, y la contundente respuesta militar del Gobierno, han devuelto a la memoria de la población los peores años de los enfrentamientos entre el ejército y los militantes kurdos, la llamada «década perdida», que, en los años noventa, se saldó con decenas de miles de muertos y desplazados.
Y, mientras, Turquía se ha implicado militarmente de un modo más claro en la guerra civil de Siria, sumando a los esporádicos bombardeos a las bases de EI efectuados junto a la coalición internacional, ataques contra posiciones kurdas en el país vecino, todo ello bajo el consabido paraguas de la «guerra contra el terrorismo», y a pesar de que son precisamente los kurdos quienes han logrado frenar de un modo más efectivo la expansión de los yihadistas.
Así, el Gobierno turco se ha convertido en uno de los actores geopolíticos más activos en Siria, con un respaldo diplomático rotundo a la oposición armada que se enfrenta al régimen de Bashar al Asad, pero su posición ha quedado muy debilitada desde que Rusia envió hace un mes a sus cazabombarderos a este país, interviniendo a favor del régimen sirio, y contra los grupos respaldados por Turquía. En consecuencia, la relación diplomática entre Ankara y Moscú es ahora muy tensa, cuando hace pocos años, Erdoğan aún describía a Rusia como una alternativa a la UE. Rusia se ha negado incluso a efectuar una rebaja negociada previamente en los precios del gas natural que importa Turquía. Con su postura respecto a Siria, el Gobierno turco se ha distanciado incluso de sus aliados en el seno de la OTAN, organización a la que el país pertenece desde hace 60 años.
Por otro lado, con más de dos millones de refugiados sirios en su territorio, Turquía es el país que más desplazados por este conflicto acoge, una situación desbordante para Ankara pero que, al mismo tiempo, puede suponer un punto de inflexión en su relación con la UE, al ser Turquía el origen de la mayoría de los refugiados que, en un dramático éxodo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, están tratando de llegar a Europa desde el pasado verano.
A mediados de octubre, el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, y la canciller alemana, Angela Merkel, acordaron poner en marcha un proceso para acelerar algunos aspectos pendientes en la propuesta de incorporación turca a la Unión Europea, a cambio de la colaboración de las autoridades turcas en «la gestión» del crítico flujo de inmigrantes y refugiados procedentes en su mayoría del conflicto sirio.
Estas son las claves de unas elecciones cruciales para el futuro de Turquía, que van a ser observadas por miles de voluntarios turcos y por un equipo de 40 parlamentarios europeos de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), y en las que, pese a los malos augurios y a las múltiples sombras que atenazan al país, muchos ciudadanos mantienen depositadas grandes esperanzas:
Las elecciones generales celebradas en Turquía el pasado 7 de junio supusieron un importante cambio en el paisaje político del país. El gobernante AKP logró la victoria, pero perdió la mayoría absoluta que ostentaba desde 2002, y una nueva formación de izquierdas, el pro kurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), logró entrar en el Parlamento. El resultado fue una Asamblea fragmentada en cuatro partidos: Partido Justicia y Desarrollo, AKP, islamista y conservador, con un 40,82% de los votos y 258 (tenía 311) de los 550 diputados del Parlamento; Partido Popular Republicano, CHP, laico y socialdemócrata, con el 24,9% y 131 escaños; Partido Democrático de los Pueblos, HDP, con el 16,2% y 80 diputados; y Partido de Acción Nacionalista, MHP, religioso, ultranacionalista y muy a la derecha, con el 13,1% y 79 representantes. Era necesario, pues, llegar a acuerdos.
El presidente Erdoğan, en el cargo desde 2014, y anteriormente, desde 2003, primer ministro, encargó entonces formar gobierno a Ahmet Davutoglu, el líder de la lista más votada, el AKP. Tanto el CHP como el MHP exigieron para apoyarle dos condiciones: renunciar al plan de Erdoğan para acrecentar sus poderes instaurando una república presidencialista, y llevar a juicio los casos de corrupción relacionados con miembros del AKP.
Ambas condiciones fueron rechazadas, y el plazo de 45 días estipulado para llegar a un acuerdo expiró, entre acusaciones de la oposición a Erdoğan de entorpecer los intentos para lograr un pacto, algo que el AKP niega. Erdoğan convocó entonces nuevas elecciones para este 1 de noviembre, y los partidos volvieron a sumergirse en una campaña que, a pesar de que ha tenido una agenda menos intensa que la anterior (los recursos económicos estaban, en la mayoría de los casos, muy agotados) ha estado marcada por graves acusaciones mutuas, por el terrorismo, y por la reactivación de los ataques de y contra el PKK. El propio Erdoğan ha tenido una gran presencia, participando en numerosos mítines presentados oficialmente como actos contra el terrorismo.
El Parlamento turco, denominado Gran Asamblea Nacional, tiene un total de 550 escaños, con lo que para lograr la mayoría absoluta es necesario obtener 276 diputados. No obstante, para poder modificar la Constitución (el objetivo de Erdoğan) son necesarios 367 votos, si bien con 330 es posible convocar un referéndum para realizar modificaciones en la Carta Magna a través del voto popular.
Los miembros del Parlamento son elegidos en 85 distritos electorales, mediante un sistema de representación proporcional en el que es necesario superar el 10% de los votos para obtener un escaño, un porcentaje muy superior al de otros países (en Alemania es el 5%; en Suecia, el 4%). Ello supone que si, por ejemplo, un partido consigue 40 escaños, pero con solo el 9,5% de los votos (lo que logró el DYP en 2002), sus asientos se reparten entre los partidos que sí han superado ese umbral. Es decir, se trata de un sistema en el que los partidos grandes parten con una gran ventaja frente a los pequeños.
Uno de los factores que han marcado la campaña electoral ha sido la supuesta permisividad del Gobierno frente al islamismo extremista, y la consecuente escasa atención que las autoridades habrían dedicado a las redes de Estado Islámico en Turquía, a la difusión de su ideología y a su labor de captación de miembros. De hecho, solo después del doble atentado suicida de Ankara, la masacre en la que murieron 102 personas, fueron desmanteladas células islamistas, y se confiscó material y explosivos.
Anteriormentre, el pasado 20 de julio, un suicida supuestamente miembro de EI mató a 32 personas cuando se inmoló en medio de un grupo de activistas que había viajado a Suruc, en la frontera con Siria, para ayudar en la reconstrucción de la ciudad de Kobane, destruida por la guerra. Muchos criticaron entonces al Gobierno de Ankara por no proteger a sus ciudadanos, y por permitir que EI hubiese conseguido un punto de apoyo en territorio turco. Poco después, dos policías fueron asesinados por un grupo vinculado al PKK. El gobierno turco respondió bombardeando las posiciones del PKK, tanto en Turquía como en el norte de Irak.
El AKP ha seguido insistiendo en sus mítines en que la amenaza principal es el PKK, y pidiendo la unidad del país frente a quienes quieren «despedazarlo», a pesar de que la guerrilla kurda renunció hace años a sus antiguas reivindicaciones independentistas. Tanto Davutoglu como Erdoğan han sugerido que el atentado de Ankara no fue obra solo de Estado Islámico, sino que contó asimismo con la colaboración de miembros del PKK, e incluso de las milicias kurdas de Siria, coordinadas por el Partido Unión Democrática (PYD), una versión que no ha sido confirmada por la Fiscalía.
Así, el electorado acude a las urnas en una profunda división social en la que para unos el enemigo es el «terrorismo kurdo» respaldado por la izquierda, y para otros el Gobierno «que apoya a los terroristas islámicos».
El PKK anunció un nuevo alto el fuego unilateral tras el atentado del 10 de octubre en la capital, y prometió suspender todos sus ataques, salvo «actividades de defensa propia», para no interferir con las urnas. Este alto el fuego había sido reclamado por miembros del HDP para impedir que el AKP explotara el problema de la seguridad e impusiera zonas militares restringidas en el sureste del país con fines electoralistas, lo que podría dañar las expectativas del partido pro kurdo de entrar en el Parlamento.
La presión que el Gobierno turco ejerce contra los medios de comunicación críticos ha sido la otra gran piedra de toque en la recta final de la campaña electoral. El incidente más sonado ocurrió el pasado jueves, con la toma de control estatal de dos diarios y dos canales de televisión, todos críticos con el Gobierno del AKP, después de que un tribunal ordenara intervenir el holding Koza Ipek. Los diarios Bugün y Millet no salieron a la venta, y Bugün TV y Kanaltürk dejaron de emitir, después de que la policía turca se presentara en su redacción compartida en Estambul. Los administradores fiduciarios nombrados por el Gobierno, acompañados por la policía, expulsaron a los periodistas que no aceptaron adaptarse a la nueva línea editorial favorable al AKP.
Formalmente, la empresa está intervenida en el marco de un proceso contra Koza Ipek por «financiación y propaganda a favor del terrorismo», en referencia a los vínculos del conglomerado con el predicador turco Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos, y enemigo declarado de Erdoğan. Los fiscales turcos describen la red de seguidores de Gülen como «organización terrorista», pese a no conocerse actividad violenta y no existir sentencia judicial al respeto.
La presión gubernamental contra la prensa crítica en Turquía no es, en cualquier caso, un problema nuevo. Uno de los periodistas más conocidos de Turquía, Ahmet Hakan, fue gravemente apaleado el pasado 1 de octubre por parte de cuatro sicarios, supuestamente vinculados al AKP. Y, en 2013, Turquía ostentó, por segundo año consecutivo, el récord de ser el país con más profesionales de la información en la cárcel, con un total de 40.
Por un lado, y como consecuencia del largo conflicto con el independentismo kurdo, Turquía tiene una legislación muy amplia para combatir el terrorismo, que el Gobierno usa a menudo para juzgar a periodistas que son críticos con el Ejecutivo. Muchos periodistas han sido procesados por el mero hecho de informar sobre actividades de grupos armados kurdos. Por otra parte, muchos profesionales de la información han sido encarcelados también en los últimos años por denuncias de conspiración contra el Gobierno por parte de los adversarios secularistas de Erdoğan.
La mayoría de los sondeos predicen un escenario similar al salido de las elecciones del pasado mes de junio, con una subida del AKP, aunque insuficiente aún para obtener la mayoría absoluta, ligeros ascensos tanto del CPH como del MHP, y un descenso del HDP, que, no obstante, se mantendría por encima del 10% necesario para entrar en el Parlamento. Según los analistas, el CPH captaría los votos fugados del HDP tras la reactivación del conflicto kurdo, y el MHP, los de los descontentos con la política del AKP.
La media de las últimas encuestas publicadas otorga un 41,4% de los votos al AKP, un 26,8% al CHP, un 15,5% al MHP, y un 12,7% al HDP.
Publicado originalmente en 20minutos
Apenas cinco meses después de las pasadas elecciones generales de junio, más de 54 millones de ciudadanos turcos vuelven a tener una cita con las urnas este domingo, en unos comicios anticipados marcados por una creciente tesión interna, y con una población cada vez más polarizada. Turquía, que, a pesar de todas sus contradicciones, parecía destinada a consolidarse como ejemplo de que es posible vertebrar democracia e islam, oriente y occidente, tradición y modernidad, llega a esta nueva […]
Irán celebra este viernes unas elecciones presidenciales importantes para el futuro del país, pero marcadas por el control del todopoderoso Consejo de Guardianes, por la ausencia de auténticos opositores al régimen y, de fondo, por el más que probable mantenimiento del polémico programa nuclear del país, pase lo que pase.
Tras la exclusión inicial de dos de los candidatos favoritos, y después de la retirada de dos más en estos últimos días, quedan un total de seis aspirantes al puesto que ocupa Mahmud Ahmadineyad desde que fuera elegido para un segundo mandato en las controvertidas y caóticas elecciones de hace cuatro años. Solo uno de ellos, Hasan Rohaní, puede considerarse medianamente reformista, o, más exactamente, moderado.
No es previsible que ninguno de los posibles vencedores vaya a modificar las líneas principales de la política exterior iraní, especialmente en asuntos que conciernen a Occidente, como el programa nuclear o el apoyo al régimen sirio de Bashar al Asad. En ambos casos, las decisiones últimas dependen directamente del líder supremo. Sobre el programa nuclear, el jefe del equipo negociador iraní y uno de los candidatos a las presidenciales, Said Yalilí, ya adelantó el mes pasado a la cadena Euronews que «los resultados de las elecciones no van a afectar a las actividades de enriquecimiento [de uranio]».
Otra cosa es que un nuevo presidente de talante menos radical pueda llegar a influir en las posiciones de la cúpula dirigente, como ya ocurrió durante el mandato del reformista Mohamed Jatamí (1997-2005). En cualquier caso, sí existen diferencias entre los aspirantes a la presidencia, entre los que aún no había un favorito claro al cierre de la campaña electoral, que pueden afectar al día a día de los iraníes.
Estas son algunas claves de los comicios:
Los iraníes están convocados para elegir en las urnas al que será el undécimo presidente de la República Islámica, en sustitución del actual, Mahmud Ahmadineyad. Ahmadineyad ha concluido su segundo mandato de cuatro años, y la Constitución iraní establece que el presidente no tiene derecho a presentarse a un tercero.
En el caso de que ningún candidato consiga más del 50% de los votos habrá una segunda vuelta, prevista, en principio, para el próximo 21 de junio, y en la que se volverán a enfrentar los dos candidatos que más votos hayan obtenido.
El cargo de presidente es el segundo más importante en la estructura política iraní, después del de líder supremo (jefe del Estado), puesto que ocupa desde 1989 el ayatolá Alí Jamenei.
La elección se lleva a cabo por sufragio universal directo, pero, para poder presentarse, los candidatos tienen que pasar primero el visto bueno del Consejo de Guardianes, a través de un organismo formado por expertos en ley islámica y juristas especializados.
La ley establece que los candidatos deben ser «personalidades políticas y religiosas» de nacionalidad iraní, administradores experimentados, con buenos antecedentes, «dignos de confianza y virtuosos», y creyentes y comprometidos con los principios de la República Islámica y la confesión oficial del país (el islam chií).
De las 686 candidaturas presentadas inicialmente, el Consejo de Guardianes, que no está obligado a explicar las razones de sus vetos, aprobó un total de ocho. Y entre los excluidos se encuentran dos de los candidatos que a priori estaban entre los favoritos: Akbar Hashemí Rafsanyaní, un reformista moderado que fue hombre de confianza del ayatolá Jomeini, que ha sido responsable en gran medida de la conformación política del aparato del Estado, y que ya ejerció la presidencia entre 1989 y 1997, y Esfandiar Rahim Mashaí, nacionalista conservador y liberal en cuestiones sociales, aliado político de Ahmadineyad y enfrentado a sectores clericales vinculados a Jamenei. Ambos, el primero desde el reformismo y el segundo desde el oficialismo, son vistos como los principales opositores a la línea del líder supremo.
Según explica Rana Rahimpour, del servicio en persa de la BBC, la descalificación de estos dos candidatos muestra que el líder supremo «ha optado por tener una elección tranquila, al convertirla en un partido amistoso entre conservadores y centristas».
El primero en retirarse de los ocho candidatos admitidos fue el diputado Gholam Ali Hadad Adel, uno de los cinco aspirantes ultraconservadores islámicos a la presidencia. Un día después, este mismo martes (penúltimo día de campaña), anunció asimismo su renuncia el candidato reformista moderado Mohamed Reza Aref, quien explicó que abandonaba la campaña para dar más opciones al otro candidato de su corriente, Hasan Rohaní, y a petición del expresidente Jatamí, al que calificó de «líder reformista».
Los reformistas, que están centrando su estrategia en forzar una segunda vuelta entre Rohaní y uno de los cuatro candidatos ultraconservadores que quedan, esperaban también la renuncia en favor de Rohaní del tecnócrata Mohamed Gharazí, quien apuntó hace días que podría retirarse, aunque este miércoles su hijo lo negó.
Ninguno de los seis candidatos representa, de todos modos, una auténtica oposición que suponga una alternativa al régimen, situación que es interpretada como un intento por parte del Consejo de evitar que se repita el gran movimiento de protesta que estalló tras las elecciones de 2009 (la conocida como «revolución verde»).
No obstante, tanto Aref como Rohaní han llamado a acudir a las urnas a los seguidores de los reformistas, entre los que cunde el desencanto y el rechazo al Gobierno tras la crisis política y la represión que siguieron a los últimos comicios. Entonces, los reformistas denunciaron fraude y promovieron protestas multitudinarias que fueron reprimidas con el resultado de decenas de muertos y miles de heridos. Los dos líderes de esta corriente, Mir Husein Musaví y Mehdi Karrubí, fueron detenidos y en la actualidad permanecen bajo arresto domiciliario, prácticamente incomunicados.
Calificados de «sediciosos», los reformistas más avanzados han sido barridos de la contienda electoral y han pasado a promover el boicot a los comicios, mientras que el entorno de Ahmadineyad también ha sido marginado por el sector más religioso, y tachado de «desviacionista» del régimen islámico.
Mientras, entre los cuatro candidatos considerados ultraconservadores y cercanos al líder supremo, las dudas sobre quién puede ser el ganador siguen sin despejarse.
Ali Akbar Velayatí, asesor del líder, parecía descartado, pero ha conseguido apoyos importantes entre influyentes clérigos chiíes. Otro de los mejor situados es Said Yalilí, el negociador nuclear de Irán, pero su candidatura solo la respaldan, principalmente, los grupos más radicales. Los otros dos, Mohamed Bagher Qalibaf (alcalde de Teheran) y Mohsen Rezaí (secretario del Consejo del Discernimiento) son más pragmáticos y pueden tener opciones si los electores se centran en temas como la economía o la gestión de los impuestos.
Hasan Rohaní (64 años, moderado). Fue secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional entre 1989 y 2007 y es el actual representante del líder supremo en este mismo organismo. No es exactamente un reformista (su programa no incluye grandes cambios en la esencia del régimen), pero sí ha logrado el apoyo de los representantes de esta corriente, aunque sea como último recurso. Rohaní lideró el equipo iraní de negociación con la troika formada por el Reino Unido, Francia y Alemania en torno a los conflictos derivados del programa nuclear de Irán. Defiende la redacción de un código de derechos civiles, la creación de un Ministerio de la Mujer y también una política exterior que acabe con «el ambiente de confrontación con el mundo», ponga fin al creciente aislamiento de Irán y libere al país de las sanciones internacionales. Es el único clérigo de los seis candidatos.
Mohamed Gharazí (71 años, independiente). Ingeniero eléctrico de profesión, fue ministro de Correos y Telégrafos bajo la presidencia de Rafsanyani (entre 1985 y 1997) y, antes, ministro del Petróleo (entre 1981 y 1985). Puede lograr parte del voto reformista.
Mohamed Baqer Qalibaf (51 años, conservador). Es el alcalde de la capital, Teherán, desde 2005, y fue comandante de la Guardia Revolucionaria durante la guerra entre Irán e Irak. Doctor en geografía política, ejerció asimismo como comandante de los cuerpos de policía iraníes entre 2000 y 2005. En la asamblea del Foro Económico Mundial de 2008 en Davos (Suiza), Qalibaf afirmó que Irán no necesita armamento nuclear ni no convencional para su defensa, añadiendo que «según nuestra creencia islámica, ese tipo de cosas está prohibido». Qalibaf condenó el apoyo que mostraron a la primavera árabe y a la revolución egipcia los reformistas Musaví y Karrubí, a quienes ha calificado de «jefes de la sedición» y de «delincuentes». Ha criticado también a Ahmadineyad por su falta de tacto diplomático (al cuestionar el Holocausto, por ejemplo).
Mohsen Rezaí (58 años, conservador). Fue también comandante de la Guardia Revolucionaria durante la guerra Irán-Irak, y es actualmente secretario del Consejo de Discernimiento del Interés del Estado desde 1997. Formado en economía, Rezaí tiene como prioridades en su programa modernizar el sector agrícola para garantizar la seguridad alimentaria nacional, sustituir importaciones de Extremo Oriente, apoyar la industria, y cooperar más con el suroeste asiático. En noviembre de 2006, un juez argentino emitió una orden de arresto internacional contra él, otros seis iraníes y un libanés, en conexión con el atentado del 18 de julio de 1994 contra el centro cultural judío AMIA en Buenos Aires, que causó 85 muertos y 151 heridos. Las autoridades iraníes rechazan tajantemente la acusación.
Alí Akbar Velayatí (67 años, conservador). Fue ministro de Exteriores durante 16 años (con Jomeini, con el primer ministro Mir Hosein Musavi y con el presidente Rafsanyani, entre 1981 y 1997). Actualmente es consejero de política internacional del ayatolá Jamenei. Es la figura política de la República Islámica que más tiempo ha sido ministro, habiendo ejercido tanto durante casi toda la guerra Irán-Irak como durante el inicio del desarrollo de las relaciones con los países occidentales durante la presidencia de Rafsanyani. Tiene el apoyo de varias asociaciones de clérigos, pero le falta respaldo popular.
Said Yalilí (47 años, conservador). Candidato del partido Frente por la Firmeza de la República Islámica, es, desde 2007, el responsable de la diplomacia relativa al programa nuclear de Irán, un puesto en el que se ha mostrado inflexible, enarbolando insistentemente el derecho de Irán a desarrollar una «energía nuclear pacífica». Fue vicepresidente primero de Ahmadineyad desde 2009 y es considerado uno de los ‘duros’ de la política iraní. De fuertes convicciones religiosas, luchó en la guerra con Irak y es doctorado en Ciencias Políticas (publicó su tesis en 1994 bajo el título La política exterior del Profeta). Asesor del líder supremo y muy protegido por éste, se le considera el favorito del régimen.
En un país que sufre desde hace años el rigor de las sanciones impuestas por Occidente, a causa, fundamentalmente, del desarrollo de su programa nuclear, la gestión de la economía se ha convertido en un tema ineludible dentro del debate político nacional.
El régimen mantiene que las sanciones no están teniendo consecuencias graves, y es cierto que no puede hablarse de la gran escasez que, por ejemplo, padeció en este sentido el Irak de Sadam Huseín. Pero el veto financiero esta impidiendo que se realicen transferencias y operaciones bancarias entre Irán y otros países, y ello ha causado una falta de reservas de divisas fuertes (dólares, euros), que impide a Teherán importar muchas mercancías y productos que, en teoría, no están sujetos a sanciones, entre ellos, fármacos y equipos médicos. El régimen ha llegado a reconocer tambien una caída en sus ingresos por las vitales exportaciones de petróleo.
Otro factor clave en estas elecciones será la participación. Por un lado, los sectores más liberales han llamado al boicot; por otro, es probable que una parte importante de la población opte por la abstención, ante la falta de esperanzas de un cambio real, y tras la dramática experiencia de los últimos comicios.
Entre los más apáticos parecen encontrarse los jóvenes. Según explicaba un profesor universitario a la corresponsal de El País, «en las últimas elecciones, cuando preguntaba a mis alumnos, todos menos tres o cuatro iban a votar por [el líder opositor Mir-Hosein] Musaví. Ahora, solo tres o cuatro dicen que van a votar».
Las autoridades iraníes han incrementado los obstáculos para el acceso a Internet en las últimas semanas, con más bloqueos, sobre todo, a las redes sociales, VPN y servicios proxy. Un experto iraní en Internet, que pidió no ser identificado, dijo a la agencia Efe que «los servicios secretos han tomado todo tipo de medidas para ralentizar el uso de Internet y evitar el acceso a cualquier página que consideran potencialmente peligrosa para la seguridad».
Un gran número de páginas web están bloqueadas en Irán, entre ellas las de muchos medios de comunicación extranjeros y también las de grupos sociales y políticos, tanto iraníes como de otros países e internacionales, que el Gobierno de Teherán considera hostiles.
En estos comicios está previsto elegir también a los miembros de los concejos municipales, así como a los representantes en la asamblea legislativa iraní de cuatro distritos electorales. A las elecciones locales, ensombrecidas por las presidenciales, se presentan un total de 285.000 candidatos.
Irán es un régimen teocrático cuya estructura de poder tiene cuatro pilares fundamentales:
Líder Supremo: Es la máxima autoridad política y religiosa. Controla también las fuerzas armadas.
Consejo de Guardianes: La institución más influyente. Está compuesto por doce miembros, la mitad de los cuales son designados directamente por el líder supremo. Revisa que las leyes no contradigan el espíritu de la revolución islámica.
Parlamento: El poder legislativo es ejercido por la Asamblea Consultiva Islámica. En la última elección (2012) ganaron los ultraconservadores, lo que acrecentó la influencia del líder supremo.
Guardia revolucionaria: Es el cuerpo armado que se encarga de mantener la seguridad interna y de preservar la revolución.
Con información de Efe, Reuters, Europa Press y Wikipedia
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Irán celebra este viernes unas elecciones presidenciales importantes para el futuro del país, pero marcadas por el control del todopoderoso Consejo de Guardianes, por la ausencia de auténticos opositores al régimen y, de fondo, por el más que probable mantenimiento del polémico programa nuclear del país, pase lo que pase. Tras la exclusión inicial de dos de los candidatos favoritos, y después de la retirada de dos más en estos últimos días, quedan un total de seis aspirantes […]
Por primera vez desde que, en 1974, comenzó la ocupación turca del tercio norte de la isla, el apasionado debate sobre la reunificación no ha sido el asunto central ante unas elecciones en Chipre. La campaña para los comicios presidenciales de este domingo ha tenido un nuevo e incómodo protagonista: las negociaciones para el rescate solicitado a la Unión Europea como consecuencia de la grave crisis financiera que sufre el país. Estas son las claves de los comicios:
Pequeño, pero matón. Están convocados a las urnas un total de 545.180 votantes, que tendrán que elegir entre 11 aspirantes a la presidencia. La República de Chipre (el Estado que constituye la parte greco parlante de la isla, única reconocida internacionalmente) tiene solo 1,1 millones de habitantes y su PIB representa el 0,14% de toda la Unión Europea, pero su rescate ha vuelto a abrir la caja de los truenos financiera en el Eurogrupo.
Adiós al único comunista. El presidente que salga de las urnas sustituirá a Demetris Christofias, quien fue elegido en 2008. Christofias, único mandatario comunista en la Unión Europea, decidió no volver a presentarse.
Los favoritos. Las encuestas dan como favorito al candidato conservador Nicos Anastasiades (66 años), líder del partido Disy, el principal grupo de la oposición. Según las últimos sondeos, Anastasiades obtendría un 15% de ventaja sobre el independiente Stavros Malas (45 años), a quien apoya el partido comunista Akel (actualmente en el Gobierno). El tercero en las encuestas es el socialdemócrata respaldado por el partido Edek Yorgos Lilikas (52 años), único de los tres principales candidatos que se opone al plan de rescate. Si el candidato ganador no alcanza más del 50% de los votos en la primera vuelta, habrá una segunda el 24 de febrero.
El candidato del Eurogrupo. Anastasiades, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los líderes europeos y, en especial, de la canciller alemana, Angela Merkel, asegura estar dispuesto a impulsar importantes reformas para relanzar la economía y es favorable a implantar un plan de austeridad a cambio del plan de rescate internacional. No obstante, en una reciente entrevista con la agencia Efe, el líder conservador indicó que antes de asegurar el rescate de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), uno de sus primeros pasos sería asegurar otro préstamo para hacer frente a las necesidades inmediatas del país.
Negociación estancada. Chipre y la troika llevan desde el pasado mes de junio discutiendo las condiciones de un plan de rescate que ha sido fijado en unos 17.000 millones de euros, incluyendo 10.000 para rescatar a sus bancos, víctimas de la deuda griega. Las negociaciones estaban estancadas y finalmente se aplazaron hasta que se celebren las elecciones. Sería el cuarto rescate global de la Eurozona. Las autoridades chipriotas han adoptado estos últimos meses algunas medidas de austeridad (subir el IVA, por ejemplo), pero se niegan a realizar las privatizaciones que reclaman los socios de la UE.
La pesada losa de Grecia. El presidente saliente, Demetris Christofias, dijo hace unos días que Chipre «podría haber evitado la situación en la que se encuentra hoy» si no fuera por las necesidades de recapitalización de su banca. Christofias recordó que la quita de deuda llevada a cabo el pasado año en Grecia fue uno de los factores que provocó que los bancos chipriotas tuvieran que solicitar apoyo estatal, lo que a su vez hizo que el Estado tuviese que pedir ayuda internacional. Dicha quita ha costado a Chipre, muy expuesto a la deuda helena, unos 4.500 millones de euros (la cuarta parte de su producto interior bruto). El nuevo presidente tendrá que enfrentarse a un difícil problema: evitar que la ayuda europea de 17.000 millones de euros tenga el efecto de disparar la deuda pública hasta hacerla, como en Grecia, insostenible.
Los depósitos bancarios, en el aire. Uno de los temas más polémicos de la campaña electoral ha sido la posibilidad de que el Eurogrupo acabe aprobando una quita de los depósitos en los bancos de Chipre. Ello supondría imponer pérdidas sobre los titulares de depósitos no garantizados en los bancos del país. Según informó Efe, a pesar de que tanto el Gobierno de Chipre como la Comisión Europea han excluido esta posibilidad, y de que la agencia de calificación Moody’s ha advertido sobre los riesgos que podría conllevar para los demás depósitos europeos, los chipriotas siguen en la incertidumbre.
Lavado de dinero. Otro de los asuntos controvertidos en estos últimos meses han sido las actividades relacionadas con lavado de dinero que destapó un informe de los servicios alemanes de inteligencia filtrado por la revista Der Spiegel. Según estas informaciones, la isla ha sido escenario de numerosas operaciones ilegales con dinero procedente de Rusia. El Eurogrupo, al que Chipre se incorporó en 2008, ha exigido una auditoría independiente para esclarecer estas acusaciones, como una de las condiciones para el rescate pedido por Nicosia. Pero el Gobierno de Chipre se ha negado tajantemente, ha calificado de «chantaje» la exigencia y mantiene que el país ya ha pasado con éxito varias inspecciones por parte de organismos internacionales. Los dirigentes del norte de Europa no quieren que con el dinero de sus contribuyentes se garanticen los grandes depósitos de los millonarios rusos, que aprovechan las ventajas financieras de la isla.
Mirando a Moscú. Chipre ya aceptó un préstamo ruso de 5.000 millones de euros el año pasado, y la posibilidad de volver sus ojos definitivamente hacia el dinero de Rusia, en vez de hacia el capital europeo, ha sido hasta ahora una de sus cartas bajo la manga en las negociaciones con el Eurogrupo. Los líderes de la Eurozona confían en que un candidato como Anastasiades disipe esta amenaza.
El gas salvador. Más allá del rescate, Chipre tiene puestas sus esperanzas para salir de la crisis (la peor de su historia) en otro factor: sus reservas marinas de gas. Según aseguró el presidente de la compañía nacional de hidrocarburos, en 2019 el país estará en condiciones de cubrir el 10% de las necesidades energéticas europeas. Las prospecciones realizadas hasta ahora son, efectivamente, prometedoras, hasta el punto de haberse convertido en la principal alternativa de los candidatos que, como Yorgos Lilikas, rechazan el rescate europeo. Pero todavía quedan muchos obstáculos por salvar, tanto a nivel tecnológico como geopolítico, ya que persisten las disputas territoriales de las aguas del Mediterráneo, sobre todo con Turquía.
Turquía y el paro. Los otros dos grandes desafíos del nuevo gobierno serán tratar de resucitar las negociaciones con Turquía y encarar el problema del paro. Con respecto a Turquía, algunos analistas consideran que una victoria de Anastasiadis podría traducirse en un mayor apoyo de Grecia a la reanudación de las negociaciones entre Nicosia y Estambul, ya que el candidato conservador chipriota procede de la misma familia política que el primer ministro griego, Antonis Samaras. En cuanto al paro, el reto será hacer compatible la austeridad que imponga Bruselas con políticas capaces de generar puestos de trabajo, algo esencial en un país cuya tasa de desempleo se ha disparado en los últimos años, pasando de un 6,50% en 2010 a un 9,50% en 2011 y un 14,70% en 2012.
Más información y fuentes:
» Chipre cierra su campaña presidencial con la atención puesta en la economía (Efe)
» Elecciones en Chipre: crisis económica se impone a los antagonismos políticos (AFP)
» Chipre elige un nuevo presidente en plena polémica por el rescate europeo (El País)
» Cyprus prepares for presidential elections as bailout threat looms (The Guardian)
» El efecto dominó que llevó a la crisis financiera de Chipre (Andrés Mourenza, Efe)
» Chipre apuesta por sus reservas de gas para superar la crisis (Efe)
» German Intelligence Report: Aid to Cyprus Could Benefit Russian Oligarchs (Der Spiegel)
Por primera vez desde que, en 1974, comenzó la ocupación turca del tercio norte de la isla, el apasionado debate sobre la reunificación no ha sido el asunto central ante unas elecciones en Chipre. La campaña para los comicios presidenciales… Leer
Este lunes ha comenzado oficialmente la campaña para las elecciones presidenciales en Egipto, que se celebrarán los próximos 23 y 24 de mayo, y en las que un total de trece candidatos aspiran a suceder a Hosni Mubarak. Entre ellos hay islamistas, políticos que en algún momento formaron parte del gobierno del depuesto presidente, liberales e izquierdistas con pocas opciones de ganar.
En las pasadas elecciones parlamentarias de noviembre (las primeras celebradas tras la revolución que, en febrero de 2011, y en el marco de la llamada ‘primavera árabe’, puso fin al régimen de Mubarak) se impusieron los partidos islamistas: El Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de los Hermanos Musulmanes, fue el claro vencedor, con un 40% de los votos, seguido de los salafistas del partido Al Nur (musulmanes ultraconservadores) con el 20%.
Sin embargo, la característica más relevante de estos comicios presidenciales es la incertidumbre, no solo sobre quién podría imponerse finalmente, sino también sobre cuáles serán exactamente las competencias del nuevo presidente (el proceso constitucional está estancado), a quien la actual junta militar que gobierna el país deberá traspasar el poder.
Los expertos, no obstante, sitúan a cuatro candidatos como favoritos: Amr Musa, Ahmed Shafiq, Abdel Moneim, Abdel Moneim Abul Futuh y Mohamed Mursi. Los dos primeros son laicos, con lo que, de ganar, tendrían que lidiar, en principio, con un parlamento hostil, dominado por los Hermanos Musulmanes. Los dos últimos son islamistas, aunque, también en principio, moderados.
Nacido en El Cairo, de 75 años de edad y licenciado en Derecho, Amr Musa se define a sí mismo como «nacionalista». Fue ministro de Exteriores con el gobierno de Mubarak entre 1991 y 2001, periodo durante el que se firmaron los Acuerdos de Oslo, y en el que Musa trató de limar asperezas entre Egipto y Siria. Posteriormente, Mubarak le propuso como secretario general de la Liga Árabe (según muchos analistas, para alejarle del Gobierno, ante su creciente popularidad), cargo que ocupó durante diez años, entre 2001 y 2011. Durante la revolución egipcia del año pasado, Musa declaró su oposición al régimen.
Musa presume de ser el candidato con una mayor experiencia de gobierno, y espera ganarse el voto de los ciudadanos que desean una vuelta a la «estabilidad». De momento, un sondeo publicado este mismo lunes por el diario Al Ahram le sitúa en primera posición. Según la encuesta, Musa obtendría el 41,1% de los votos de los 1.200 consultados, de los cuales un 87,7% han decidido ya a qué candidato de los trece aspirantes van a elegir.
Nacido en El Cairo hace 70 años y militar de carrera (fue piloto de combate y comandante de la fuerza aérea), Ahmed Shafiq fue el último primer ministro de Mubarak, quien le nombró para el cargo en enero de 2011, como respuesta a las protestas que acabarían poniendo fin al régimen. Muchos le consideran el candidato preferido del ejército.
Shafiq asegura ser el único candidato que combina experiencia en el gobierno civil (en su etapa como ministro de Aviación renovó y modernizó las líneas aéreas y los aeropuertos egipcios) y conocimiento de los asuntos militares, y se presenta como independiente. A su favor tiene el probable apoyo de parte de la clase empresarial del país, basado en las políticas neoliberales de la última etapa del gobierno de Mubarak. En su contra, su pertenencia al viejo régimen y el ser visto como uno de los hombres del dictador.
La candidatura de Shafiq fue anulada por la junta electoral, en función de una ley que prohibía presentarse a aspirantes que hubieran formado parte del gobierno de Mubarak durante la última década, pero Shafiq apeló la decisión y su candidatura acabó siendo aceptada.
Ocupa la tercera posición en el sondeo publicado por el diario Al Ahram, con un 11,9%.
De 60 años de edad, nacido en El Cairo y médico de profesión, Abdel Moneim Abul Futuh es un antiguo miembro de los Hermanos Musulmanes, organización de cuya directiva formó parte durante 25 años (en la rama más moderada), y de la que fue expulsado el año pasado por manifestar su intención de aspirar a la presidencia, en contra de los deseos de la ‘vieja guardia’.
El pasado sábado, el Partido Al Nour, una formación salafista que defiende una versión puritana del islam, anunció que apoyará su candidatura, un gesto que supone un revés para los Hermanos Musulmanes, y que probablemente ayudará a Abul Futuh a conseguir muchos de los votos que colocaron a los salafistas en segunda posición, tras los propios Hermanos Musulmanes, en las pasadas elecciones legislativas.
Abul Futuh se presenta como un islamista moderado que aboga por una versión de la sharia (ley islámica) que defiende la diversidad de la sociedad egipcia. Entre quienes lo apoyan están algunos de los liberales que respaldaron a Mohamed ElBaradei, el antiguo director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, quien retiró su candidatura el pasado enero.
El sondeo publicado por Al Ahram le coloca en segunda posición, con un 27,3%.
Mohamed Mursi, ingeniero de profesión y profesor universitario, nació en Al Adwa, en la gobernación de Sharkia (Oriental), al noreste de El Cairo, hace 59 años. Líder del partido Libertad y Justicia, la rama política de los Hermanos Musulmanes (principal organización islámica de Egipto), fue elegido como candidato presidencial por esta organización tras la descalificación de su anterior aspirante, Jairat al Shater, a mediados de abril.
Mursi, quien ha manifestado que es hora de volver a poner en práctica el viejo dicho de los Hermanos Musulmanes «El islam es la solución», intentará hacerse con el voto de los ultraconservadores, después de que también fuera descalificado el candidato salafista Hazem Salah Abu Ismail. No obstante, el candidato asegura que su política tiene como referencia «el islam moderado».
Musri fue diputado independiente entre 2000 y 2005, e insiste en que mantendría su independencia en caso de ser elegido. Rechaza las acusaciones de que su presidencia estaría dirigida por la cúpula religiosa de los Hermanos, y niega asimismo que su objetivo sea convertir Egipto en un estado teocrático.
Los otros nueve candidatos son dos exmiembros del régimen de Mubarak (Husam Jayrallah, antiguo militar e integrante de los servicios de inteligencia hasta 2005, y Abdallah al Ashal, profesor de Derecho Internacional y exasistente del Ministerio de Asuntos Exteriores); otro islamista (Mohamed Salim al Awwa, un intelectual islámico con experiencia en arbitraje internacional, apoyado por el centrista partido Al Wasat); un nacionalista (Hamdin Sabbahi, nasserista, decidido opositor al antiguo régimen y expresamente anti israelí); tres izquierdistas (Hisham al-Bastawisi, del partido Tajammu, jurista, antiguo presidente de la Corte de Apelaciones y quien se manifestó contra el régimen de Mubarak; Abu al-Izz al-Hariri, activista laboralista y candidato de la Alianza Socialista Popular, el primer partido de izquierdas legalizado tras la revolución; y Jaled Ali, también socialista); y dos independientes (Mahmud Hussam y Muhamed Fawzi, ambos policías).
Los aspirantes no podrán utilizar símbolos religiosos, exponer detalles de la vida privada de sus rivales o sus familias, realizar acciones que contribuyan a reducir la confianza de los ciudadanos en las elecciones o poner en peligro la unidad nacional.
Publicado originalmente en 20minutos
(1) Imagen de Mohamed Mursi de 2013, añadida posteriormente
Este lunes ha comenzado oficialmente la campaña para las elecciones presidenciales en Egipto, que se celebrarán los próximos 23 y 24 de mayo, y en las que un total de trece candidatos aspiran a suceder a Hosni Mubarak. Entre ellos hay islamistas, políticos que en algún momento formaron parte del gobierno del depuesto presidente, liberales e izquierdistas con pocas opciones de ganar. En las pasadas elecciones parlamentarias de noviembre (las primeras celebradas tras la revolución […]
