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La primera asamblea constituyente de los Hermanos Musulmanes.
La primera asamblea constituyente de los Hermanos Musulmanes, con predicadores de Al Azhar y Dar Al-Ulum. La organización fue fundada en Egipto en 1928. Foto: Wikimedia Commons

Ibrahim Munir, líder de los Hermanos Musulmanes de Egipto, falleció el pasado 4 de noviembre en su exilio en Londres. Aunque la noticia generó pocos titulares en la prensa internacional, la muerte de Munir marca un momento crítico en la evolución de un grupo fundado hace casi 100 años como movimiento social y religioso.

Con el paso de los años, la Hermandad se convirtió en el movimiento social más importante de Egipto, así como en la principal oposición política del país. Su ideología islamista, que aboga por políticas públicas acordes con su interpretación del Islam, adquirió una gran influencia en todo el mundo.

Pero desde el golpe militar de 2013, que apartó del poder al candidato de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, el grupo ha quedado prácticamente destruido, con la mayoría de sus líderes encarcelados, asesinados o en el exilio.

De momento, el grupo tiene un nuevo líder interino: Muhyeddine Al Zayet, una figura de 70 años de edad y de alto rango en el movimiento. Pero la cruda realidad es que la Hermandad se encuentra en un punto de inflexión. El movimiento tendrá que reinventarse o enfrentarse a la perspectiva de desvanecerse gradualmente en la irrelevancia.

Como estudiosa de los movimientos sociales que ha analizado la evolución de la Hermandad y entrevistado tanto a miembros como a desertores, creo que su destino depende de tres cuestiones: cómo va a responder a la represión del presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, contra los grupos de la oposición, incluida la Hermandad; qué líderes van a guiar al movimiento durante esta crisis; y cómo se va a reconstruir el grupo en el exilio.

¿Ha agotado su ciclo la Hermandad?

La organización de los Hermanos Musulmanes fue fundada en 1928 por Hassan Al Banna, un maestro de primaria que creía que la piedad y los valores islámicos podían ayudar a transformar al individuo, reformar la sociedad y, en última instancia, crear un Estado islámico.

Apelando a los egipcios desilusionados con las instituciones religiosas existentes en el país, críticos con el sistema político y enojados por la injerencia occidental en el mundo musulmán, la Hermandad creció como un movimiento de base con una intrincada red de escuelas, periódicos y servicios sociales.

A finales del siglo XX la Hermandad dominaba la sociedad civil en Egipto, convertida en una destacada fuente de oposición política, y con sucursales y afiliados en todo el mundo musulmán.

Tras la Primavera Árabe de 2011, en la que se produjeron levantamientos populares en varios países de Oriente Medio, la Hermandad llegó al poder en las primeras elecciones libres y justas celebradas en Egipto. Su partido político afiliado, el Partido Libertad y Justicia, obtuvo el mayor bloque parlamentario, y su candidato, Mohamed Mursi, fue elegido presidente. Sin embargo, en junio de 2013, la desilusión por la falta de avances políticos y los malos resultados económicos del país provocaron una amplia movilización popular contra la Hermandad. Un mes después, los militares derrocaron a Mursi.

Dos Hermandades

Cuando los partidarios de la Hermandad salieron a la calle y exigieron la restitución del presidente elegido democráticamente, la policía y el ejército abrieron fuego contra los manifestantes. El 14 de agosto de 2013, las fuerzas de seguridad reprimieron brutalmente la sentada de protesta en la plaza de Rab’a, en el este de El Cairo, matando a más de 800 personas, en lo que Human Rights Watch calificó de probable crimen de lesa humanidad.

En algunos miembros de la Hermandad, la brutalidad de las fuerzas de seguridad despertó un deseo de venganza y justificó una respuesta violenta.

Para los líderes más veteranos, sin embargo, la violencia no resultaba una opción ni políticamente pragmática ni ideológicamente justificada. A falta de una visión clara de cómo responder a la crisis política, muchos miembros jóvenes se desilusionaron con la organización.

Para 2014, la Hermandad no solo estaba perdiendo miembros, sino que surgieron además otras dos líneas de fractura: la cuestión del liderazgo y la cuestión del exilio.

Las detenciones masivas provocaron un vacío de liderazgo que llevó a un nuevo grupo de miembros de rango intermedio a hacerse cargo de las actividades dentro de Egipto. Estos nuevos líderes adoptaron un tono más revolucionario y empezaron a actuar con independencia de los antiguos dirigentes. Las reivindicaciones paralelas de autoridad y las visiones divergentes sobre cómo responder a la represión política provocaron una escisión entre los llamados «líderes históricos» y los nuevos dirigentes.

En 2016 había ya, de hecho, dos Hermandades: el grupo original, bajo la dirección de Ibrahim Munir como guía adjunto que operaba desde el Reino Unido, y la llamada «Oficina General», bajo la nueva dirección. La Oficina General atrajo a muchos jóvenes revolucionarios, incluidas mujeres, pero el grupo contaba con muchos menos recursos, lo que hizo que acabara disipándose.

A través de entrevistas con miembros de la Hermandad pude saber que, con Munir ejerciendo de líder en el exilio, surgió un debate interno profundamente controvertido sobre la necesidad de reestructurar el movimiento y trasladar la toma de decisiones estratégicas a los líderes en el extranjero. Fuera de Egipto, la organización estableció consejos consultivos regionales en la mayoría de los Estados anfitriones con una presencia significativa de la Hermandad, sobre todo en Turquía.

Aunque esto permitió cierta apariencia de reconstrucción organizativa, algunos líderes siguieron insistiendo en que todas las decisiones importantes sobre la dirección, las tácticas y las estrategias de la Hermandad se tomaran dentro de Egipto.

¿Podrá resurgir la Hermandad?

Esta no es la primera vez que los Hermanos Musulmanes han estado a punto de ser destruidos por la represión gubernamental. En 1954, una facción militante de la Hermandad intentó supuestamente asesinar al primer ministro Gamal Abdel Nasser, lo que provocó una severa represión contra el grupo. La tortura y los abusos a los que se enfrentaron los miembros de la Hermandad en prisión inspiraron una nueva visión militante del activismo y llevaron a un pequeño grupo de miembros de la Hermandad a empezar a planear atentados contra funcionarios del gobierno. El gobierno descubrió estas células antes de que los planes fructificaran, lo que dio lugar a una segunda gran oleada de represión en 1965.

Pero las circunstancias en las que se encuentra hoy la Hermandad son diferentes a las de esos periodos pasados de represión. Ahora está más profundamente dividida que antes. Y, lo que es más importante, la represión actual se produce después de que el movimiento llegara al poder y tuviera la oportunidad de gobernar, pero finalmente fracasara.

El Barómetro Árabe, una red de investigación no partidista, muestra que desde 2013 los egipcios se muestran sistemáticamente escépticos ante el islam político expresado por la Hermandad, aunque la población siga siendo mayoritariamente religiosa. Para muchos de los jóvenes egipcios, la Hermandad no puede ofrecer ninguna solución a las dificultades económicas a las que se enfrenta el país, ni a las crecientes violaciones de los derechos humanos.

Ante estas divisiones internas y las difíciles circunstancias políticas, el camino no será fácil para la Hermandad. Como han admitido algunos de sus antiguos miembros, existe una tensión entre ser un movimiento social y ser un partido político.

La Hermandad sabe que, si bien muchos egipcios están de acuerdo con los valores religiosos del grupo, al mismo tiempo son profundamente críticos con sus ambiciones políticas.

Si la Hermandad quiere volver a ser una fuerza de cambio y atraer a una nueva generación de activistas islamistas, creo que necesita desarrollar una nueva visión y teoría de la agencia política que inspire tanto a los jóvenes en el exilio, que hablan el lenguaje de la inclusión, la diversidad y la revolución, como a los jóvenes de Egipto, hambrientos de libertad y oportunidades económicas.


Ioana Emy Matesan es Profesora Asociada de Gobierno en la Universidad de Wesleyan (EE UU), y centra su investigación en política contenciosa y en la política de Oriente Medio, con especial interés en la violencia política, la democratización y los movimientos islamistas. Ha realizado trabajos de campo en Egipto y en Indonesia, explorando por qué los grupos adoptan o abandonan las tácticas violentas, y cómo se produce el cambio táctico e ideológico dentro de los movimientos islamistas. En Wesleyan, Matesan imparte cursos de política comparada, política de Oriente Medio y terrorismo y cine.


Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 16/12/2022
Traducción del original en inglés: Muslim Brotherhood at the crossroads: Where now for Egypt’s once-powerful group following leader’s death in exile, repression at home?

El incierto futuro de los Hermanos Musulmanes en Egipto tras la muerte de su líder y bajo la represión del gobierno

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Ekrem İmamoğlu
El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, en junio de 2019. Foto: Mark Lowen / Wikimedia Commons

El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, fue condenado el pasado 14 de diciembre por un tribunal turco a dos años y siete meses de prisión por insultar a funcionarios en unos comentarios realizados hace tres años. El impacto de esta sentencia se dejará sentir en un acontecimiento que tendrá lugar dentro de tan solo unos meses: las elecciones presidenciales turcas.

Si el tribunal de apelación confirma la condena ‒basada en un discurso de 2019 en que el İmamoğlu supuestamente llamó «tontos» a los miembros del consejo electoral supremo de Turquía‒, el alcalde no podrá seguir ocupando ningún cargo político. Con ello, el presidente, Recep Tayyip Erdoğan, gana por partida doble: además de retomar el control de Estambul, impediría potencialmente que su mayor contrincante se presentara a las elecciones de junio de 2023.

Sin embargo, obedezca o no a motivos políticos, la sentencia podría no tener el resultado que esperan los rivales de İmamoğlu, como debería saber bien el propio Erdoğan. El largo camino del presidente turco hacia el dominio político comenzó, precisamente, con su elección como alcalde de Estambul en 1994. La élite laicista, que en aquel momento dominaba la política turca y temía el auge del conservadurismo religioso de Erdoğan, le prohibió hacer política mediante una decisión judicial que le llevó a la cárcel durante cuatro meses por incitar al odio religioso en un discurso. Aquella sentencia, de hecho, no hizo sino reforzar el apoyo al actual presidente. Tal vez de forma similar, la condena a İmamoğlu fue seguida de la salida a la calle de miles de sus seguidores en señal de protesta.

La popularidad a la baja de Erdoğan

El veterano presidente es un político pragmático. Durante más de 25 años, Erdoğan ha seguido una doble estrategia para afianzar su control del poder: conseguir legitimidad ganando elecciones y, al mismo tiempo, consolidar el poder a través de una larga lista de métodos autoritarios, como encarcelar a periodistas y calificar de «terroristas» a figuras de la oposición.

Sin embargo, las elecciones de 2023 se van a celebrar en un momento en el que la posición de Erdoğan en Turquía parece más débil, ya que las encuestas sugieren que podría perder frente a alguno de los posibles aspirantes, a la espera de que la oposición anuncie quién concurrirá a los comicios.

Las elecciones municipales de Estambul de 2019 supusieron un punto de inflexión en la suerte política de Erdoğan. İmamoğlu, el candidato de su principal oposición, el Partido Republicano del Pueblo, ganó frente al candidato del Partido Justicia y Desarrollo de Erdoğan. El presidente no aceptó la derrota y apoyó la anulación de los comicios mediante una decisión del consejo electoral supremo, lo que motivó el comentario de «tontos» de İmamoğlu.

En la repetición de las elecciones, İmamoğlu volvió a ganar, con un margen aún mayor.

Desde 2019, la popularidad de Erdoğan ha disminuido aún más, según la mayoría de las encuestas publicadas. Actualmente es menos popular que İmamoğlu y que el alcalde de Ankara, Mansur Yavas, del mismo partido de la oposición.

Una de las principales razones del problema de popularidad de Erdoğan es la actual crisis económica. La tasa de inflación anual de Turquía se ha disparado por encima del 80%. En una encuesta nacional de febrero de 2021, el 50% afirmó que la pobreza les obligaba a saltarse comidas.

La crisis económica está directamente asociada al gobierno de Erdoğan, que ha provocado una fuga de cerebros y ha estado marcada por políticas financieras equivocadas, especialmente su insistencia en bajar los tipos de interés para reducir la inflación, algo que va en contra de lo que prescribirían la mayoría de los economistas.

Si la oposición sigue una estrategia razonable, y los comicios son justos y libres, Erdoğan se encamina hacia la derrota en las elecciones de junio de 2023.

No obstante, los observadores temen que intente jugar con el sistema o cambiar las reglas para ganar las elecciones y mantener sus poderes superpresidenciales durante cinco años más.

Erdoğan ya ha trabajado para establecer unos medios de comunicación obedientes, mediante la confiscación, el capitalismo de amiguetes y la represión, e incluyendo la detención y encarcelamiento de periodistas. En octubre, Erdoğan promulgó una nueva «ley de censura» para criminalizar aún más a los periodistas y controlar las redes sociales.

También ha estrechado lazos con el presidente ruso, Vladimir Putin, y ha normalizado relaciones con los príncipes herederos de Arabia Saudí, y de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Salman y Mohammed Bin Zayed, en un intento de fomentar su apoyo financiero de cara a las elecciones.

¿Se repetirá la historia?

Y luego está el ataque directo a las figuras de la oposición. Si İmamoğlu es encarcelado, no será el único político importante que languidece en las prisiones turcas.

Selahattin Demirtas, ex copresidente del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos, lleva más de seis años entre rejas. Demirtas apoyó a İmamoğlu durante las elecciones municipales de 2019 y ha criticado la nueva sentencia judicial contra el alcalde de Estambul.

Es una muestra de lo que convierte a İmamoğlu en una amenaza electoral potencialmente potente para Erdoğan: su capacidad para atraer a votantes de varios segmentos de la sociedad. Puede conseguir el minoritario pero crucial voto kurdo, y mantener a la vez sólidas relaciones con los políticos nacionalistas. Pertenece a un partido laico, pero es capaz de recitar el Corán en público para atraer a los votantes religiosos. Lo que Erdoğan teme es una figura de la oposición que pueda servir como candidato de «gran carpa».

Esto ayudó a İmamoğlu a derrotar al partido de Erdoğan en Estambul dos veces en 2019. En unos meses, veremos si puede conseguir el mismo logro en el escenario nacional, aunque eso solo puede suceder si İmamoğlu puede presentarse legalmente.

El peligro para Erdoğan es que la popularidad de İmamoğlu podría aumentar si la población turca considera que su encarcelamiento obedece a motivaciones políticas. De ser así, la historia podría repetirse en Turquía, solo que esta vez para desgracia de Erdoğan.


Ahmet T. Kuru es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de San Diego (EE UU). Se doctoró en la Universidad de Washington y ocupó un puesto de posdoctorado en la Universidad de Columbia. Su libro Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison (Cambridge University Press, 2019) recibió el Premio de la Sección de Historia y Política Internacional de la Asociación de Ciencias Políticas de EE UU. Kuru es también autor del premiado Secularism and State Policies toward Religion: The United States, France, and Turkey (Cambridge, 2009) y coeditor (con Alfred Stepan) de Democracy, Islam, and Secularism in Turkey (Columbia, 2012).


Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 15/12/2022
Traducción del original en inglés: Why Istanbul’s mayor was sentenced to jail – and what it means for Turkey’s 2023 presidential race

Por qué ha sido condenado a prisión el alcalde de Estambul y cómo afecta la sentencia a las presidenciales de 2023

Ekrem İmamoğlu

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Etadio Al Janoub, Catar
El estadio Al Janoub, en Al Wakrah, Catar, en octubre de 2019. Foto: Valdenio Vieira / PR / Wikimedia Commons

El Mundial de Fútbol 2022, que comienza este lunes, promete reforzar el estatus de Catar como principal centro deportivo en Oriente Medio y también como potencia mundial en el negocio del deporte.

La espectacular Zona Aspire (la ciudad deportiva de Doha) acoge ya regularmente a equipos y torneos internacionales, mientras que el Museo Olímpico y Deportivo 3-2-1 presenta objetos icónicos del deporte mundial.

Aunque Catar no tiene fama de ser un país deportivo, ha logrado atraer al mundo del deporte hasta su puerta, y confía en que el deporte ‒junto con el turismo‒ será un elemento clave en el futuro de su economía, dado que sus reservas de petróleo y gas no son infinitas.

Sin embargo, la elección de Catar como anfitrión del Mundial ha sido especialmente polémica. ¿A qué se debe esto? ¿Y cómo han maniobrado la FIFA y Catar para desviar las críticas?

En 2010, Catar fue el sorprendente ganador de la votación de la FIFA para organizar la Copa del Mundo de 2022, una decisión que los críticos atribuyeron a perversas influencias más allá de la propia candidatura.

Resultaba difícil entender que Catar, con temperaturas medias diurnas de más de 40℃ en verano, fuera un entorno ideal para este torneo.

Unos años más tarde, en un giro sin precedentes, la FIFA permitió a Catar trasladar el evento a su invierno, a pesar de que eso perturbaría los prestigiosos calendarios futbolísticos del hemisferio norte.

Así, a pesar de que algunos críticos pidieron que se le retirara a Catar la Copa del Mundo, este país del Golfo, diminuto, pero con una economía excepcionalmente rica gracias al petróleo y al gas, logró conservar el apoyo de la familia de la FIFA.

Presión renovada

Sin embargo, el respaldo de la FIFA a Catar no tardó en sufrir nuevas presiones, por dos motivos principales.

En primer lugar, los críticos reafirmaron su consternación por la hostilidad de la nación anfitriona hacia la homosexualidad. En 2010, la FIFA era consciente de que, para las autoridades de Catar, la homosexualidad es una afrenta al islam, pero también aceptaba que el país no iba a apartarse de sus normas culturales.

En respuesta, el entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, bromeó torpemente diciendo que los aficionados al fútbol LGBTQI+ podrían «abstenerse» de realizar actividades amorosas durante su estancia en Catar.

En segundo lugar, Catar ha permitido que se explote a los trabajadores extranjeros vulnerables ‒fundamentales para la construcción de la infraestructura de la Copa del Mundo‒, con condiciones de empleo y de vida propias de la esclavitud moderna.

Aunque es difícil obtener cifras precisas, una investigación realizada en febrero de 2021 por The Guardian calculó alrededor de 6.500 muertes en el lugar de trabajo durante la década que siguió a la concesión de la Copa del Mundo a Catar. Si bien no todas las víctimas trabajaban específicamente en las instalaciones del torneo, los expertos afirman que la mayoría de los fallecidos estaban empleados en las infraestructuras de apoyo al evento.

La FIFA era muy consciente de que la construcción de los estadios dependería de la importación de trabajadores extranjeros en el marco del sistema conocido en algunos países de Oriente Medio como kafala, que permite a los empresarios ricos oprimir a los trabajadores empobrecidos.

Derechos humanos

Las reticencias de Occidente a la elección de Catar como anfitrión del Mundial han provocado, sin duda, un despertar de lo que se ha descrito como «la sensibilidad de la FIFA hacia los derechos humanos». Y destacan dos factores.

Por una parte, ante la presión concertada sobre los derechos humanos, los estatutos de la FIFA se modificaron en 2013 para declarar que la discriminación por «orientación sexual» está «estrictamente prohibida y se castiga con la suspensión o la expulsión» del fútbol.

Sin embargo, los anfitriones del Mundial de Rusia (2018) y de Catar (2022) tenían ya contratos para organizar el evento de acuerdo con sus propias leyes y costumbres, que son hostiles a la homosexualidad. La FIFA, al optar por no insistir en la cuestión de la libertad sexual con ninguno de esos dos anfitriones, estaba retrasando de hecho la aplicación de las medidas antidiscriminatorias incluidas en su estatuto modificado de 2013.

De hecho, para la Copa del Mundo de 2026 los derechos humanos serán un elemento central en el proceso de selección del país anfitrión, y los candidatos deberán «desarrollar planes detallados de derechos humanos».

En segundo lugar, ante la presión de los organismos de derechos de los trabajadores, la FIFA se comprometió a respetar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ajustando así su política de derechos humanos de 2017 a los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Sin embargo, una vez más, se trataba de una posición nueva: los acuerdos de licitación para Rusia y Catar ya estaban firmados.

La FIFA podía haber amenazado, si hubiese querido, con retirar cualquiera de esos dos contratos. Pero no tenía interés en las consecuencias logísticas ni en las posibles repercusiones legales. En el caso de Catar, la FIFA se consoló abogando por reformas en las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros.

De hecho, se han producido mejoras graduales, en particular el abandono del draconiano sistema de kafala.

Sin embargo, según un informe de Equidem, una organización benéfica de derechos humanos y laborales, la explotación de los trabajadores inmigrantes ha continuado, lo que significa que las reformas prometidas no se han aplicado adecuadamente.

Además, Catar ha rechazado enérgicamente las reclamaciones de los organismos de derechos humanos ‒junto con la FIFA‒ de que debe indemnizar a las familias de los trabajadores extranjeros muertos en los proyectos de infraestructura del Mundial.

Esfuerzo extraordinario

Catar ha hecho un esfuerzo extraordinario para organizar el Mundial, con un gasto estimado de 100.000 millones de dólares en infraestructuras. Las temperaturas diurnas en invierno pueden alcanzar a menudo los 30℃, por lo que los ocho estadios (siete de ellos nuevos) estarán climatizados a un mínimo de 24℃.

Para desplazar a los espectadores por los recintos, se ha creado el metro de Doha, complementado con un nuevo sistema de transporte en autobús.

Once hoteles de lujo han abierto sus puertas justo antes de la competición, y el número de habitaciones en todo Catar se ha triplicado en la última década. Sin embargo, esto será insuficiente para albergar a los casi tres millones de aficionados que se prevé que viajen a Doha.

A ello se suman los cruceros y los «minihoteles flotantes», así como las minúsculas cabinas y tiendas de campaña en la villa de los aficionados.

Catar afirma que la Copa del Mundo será neutra en cuanto a emisiones de carbono, gracias tanto a las energías renovables y a las compensaciones de carbono, como a la multiplicación por diez de los espacios verdes alrededor de Doha, con más de un millón de árboles nuevos.

Algunos expertos en clima, no obstante, han cuestionado la solidez de tales afirmaciones.

Pero la utilización de contenedores de transporte reciclados en la construcción de los estadios, así como la donación prevista de asientos temporales en varios de ellos, indican un creciente compromiso de Catar con la sostenibilidad.

Ajustes temporales

Catar ha organizado un evento mundial, pero lo ha hecho a través de un prisma local. Es el primer país musulmán que organiza una Copa del Mundo de fútbol y, por lo tanto, aporta su propia visión del mundo a la competición de la FIFA.

Es probable que dos cuestiones pongan a prueba tanto a los anfitriones como a los aficionados al fútbol.

En primer lugar, el Mundial se asocia desde hace tiempo con el consumo en público de grandes cantidades de alcohol. Y aunque el alcohol está disponible en Catar, beber en público está prohibido.

Esta postura se ha modificado para el Mundial: se venderá alcohol en los recintos de los estadios, pero no durante los partidos. Los aficionados tendrán que saciar su sed en un plazo de tres horas antes del inicio del partido y durante una hora después del mismo.

Sin embargo, la Fan Zone de Catar, con capacidad para 40.000 personas, permite la venta de alcohol desde las 18.30 h hasta la 1.00 h, por lo que es posible ver los partidos nocturnos en pantalla grande mientras se bebe una cerveza. Sin embargo, quienes beban demasiado se arriesgan a ser alojados temporalmente en «carpas de sobriedad».

En segundo lugar, Catar ha tratado de garantizar a los aficionados al fútbol de cualquier orientación sexual que estarán seguros y serán bienvenidos, aunque con la advertencia de que las demostraciones públicas de afecto ‒de cualquier tipo‒ suelen estar «mal vistas» a nivel local.

Al igual que con el alcohol, parece que Catar se acomodará temporalmente a normas diferentes. Según un informe de un sitio de noticias holandés, que dice haber visto documentos compartidos entre los organizadores del torneo y la policía catarí, las personas de la comunidad LGBTQI+ que «muestren afecto en público no serán reprendidas, detenidas ni procesadas. Podrán llevar banderas del arco iris. Las parejas del mismo sexo podrán compartir habitación de hotel».

El mundo ha venido a Catar y, al menos por un tiempo, Catar está ajustando sus normas locales. Un legado más duradero de la Copa Mundial han sido las reformas graduales en el trato a los trabajadores extranjeros. Pero la ausencia de una compensación efectiva para las familias de los trabajadores fallecidos sigue haciendo a Catar merecedor de la maldita tarjeta roja.


Daryl Adair es profesor asociado de Gestión Deportiva. Impartió clases en la Universidad Flinders de Australia del Sur (Adelaida), la Universidad de Montfort (Leicester), la Universidad de Queensland (Brisbane) y la Universidad de Canberra (ACT), antes de incorporarse a la Universidad Tecnológica de Sidney en julio de 2007. Forma parte del consejo editorial de las revistas académicas Sporting Traditions, Sport in Society, Performance Enhancement and Health, Journal of Sport History y Journal of Sport for Development.


Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 13/10/2022
Traducción del original en inglés: Why is the Qatar FIFA World Cup so controversial?


Más información:
» Qatar, la Copa Mundial de la vergüenza (Amnistía Internacional)
» Qatar: Los abusos de derechos manchan la Copa Mundial de la FIFA (Human Rights Watch)
» Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded (The Guardian)
» Simply Sportswashing?—A Perspective on the 2022 World Cup in Qatar (Middle East Research and Information Project)

El Mundial de Catar y los (no tan universales) derechos humanos

Etadio Al Janoub, Catar

El Mundial de Fútbol 2022, que comienza este lunes, promete reforzar el estatus de Catar como principal centro deportivo en Oriente Medio y también como potencia mundial en el negocio del deporte. La espectacular Zona Aspire (la ciudad deportiva de… Leer

Viñeta de Mana Neyestani para IranWire. Mana Neyestani / Instagram

El nombre de Mahsa Amini lleva más de cinco semanas apareciendo en los medios de comunicación de todo el mundo. Prensa, radio, televisión y redes sociales se han hecho eco de la muerte de la joven kurda de 22 años que se encontraba con su familia de turismo en Teherán, capital de Irán.

Con el pretexto de no llevar el velo obligatorio conforme a lo estipulado por la República Islámica, la joven fue detenida por los guardianes de la moral. Mahsa falleció el 16 de septiembre después de haber sido ingresada en el hospital y permanecer varios días en coma con claros signos de violencia corporal.

La respuesta de buena parte de la población iraní al conocerse la noticia se extendió por todo el país: de Teherán a Shiraz, pasando por Kerman e Isfahán y el Kurdistán iraní.

Ser mujer en Irán en 2022

En un Irán ahogado por las sanciones internacionales, sumido en una grave crisis económica y profundamente castigado por la covid-19, ha nacido esta rebelión que devuelve la esperanza en el cambio.

La República Islámica de Irán, cuyo líder supremo indiscutible es Alí Jamenei, al que queda subordinada la presidencia del gobierno, se rige en gran medida por la sharía o ley islámica, tal y como se contempla en la Constitución de 1979.

Esta ley influye directamente en los derechos y deberes de todos los iraníes, pero especialmente sobre los de la mujer, a la que considera subordinada al hombre: hereda la mitad que su hermano, su testimonio en un juicio tiene la mitad de valor y, en caso de divorcio, la custodia de los hijos pasa directamente al marido.

Asimismo, las mujeres no pueden acceder a ciertos cargos de poder, necesitan permiso del padre o del marido para realizar algunos trámites y se consiente el sigheh, contrato matrimonial temporal con una dote y una fecha de finalización acordada mutuamente. De esta forma, la prostitución encuentra un vacío legal en este estatus, al ser la duración mínima de una hora.

Todos los imperativos morales y religiosos se reflejan también en su cotidianidad, en el ocio, donde parece que todo está prohibido, como relata en su blog personal el dibujante iraní Touka Neyestani, exiliado en Canadá:

En todas partes me reía a carcajadas, lo que no estaba permitido. Me encantaba comer platos que no estaban permitidos. Prefería beber Pepsi en lugar de bebidas de yogur, y eso no estaba permitido. No se permitía leer ninguno de mis libros ni a mis escritores favoritos. Trabajé en periódicos y revistas que no estaban permitidos. Pensaba en cosas que no estaban permitidas. Tenía deseos que no estaban permitidos.

Desde el 16 de septiembre, las mujeres luchan no solo contra la obligatoriedad del pañuelo, sino contra todo lo que representa: luchan por el derecho a decidir sobre sus vidas y sobre sus cuerpos. El campo de batalla se ha establecido de una forma muy evidente en las calles, donde en símbolo de protesta, aupadas y respaldadas por sus compañeros, las mujeres iraníes se cortan el cabello y desafían las fuerzas de la ley.

Estos actos, sin embargo, están siendo brutalmente reprimidos mediante detenciones, golpes y muertes, cifradas en más de doscientas según la ONG Iran Human Rights. Las víctimas están siendo también menores de edad.

Los dibujantes alzan sus lápices

El activismo está cogiendo fuerza en las calles, pero también a través de manifestaciones artísticas que se comparten en las redes sociales, especialmente mediante Instagram.

La viñeta satírica es una herramienta clave a la hora de denunciar los abusos con pocas o ninguna palabra. De forma sencilla y contundente se convierte en un estandarte para los iraníes y una forma de comprender desde fuera qué está pasando.

Cuatro décadas de lucha contra el hijab en Irán en una viñeta de Mana Neyestani. IranWire / Twitter

Mana Neyestani, con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram y publicando sus caricaturas de forma habitual en medios como IranWire, Cartooning for Peace o Dw Persian, tuvo que huir de Irán en 2006 tras un malentendido con una de sus viñetas, por lo que fue encarcelado en la prisión de Evin.

Pasó por Emiratos, Turquía y Malasia antes de llegar a Francia, donde actualmente vive como refugiado político. Sus cómics, autobiográficos como Una metamorfosis iraní, y ficcionados como L’Araignée de Mashhad, giran en torno a las repercusiones directas que el régimen actual tiene en la sociedad iraní y su cotidianidad.

Sin embargo, es por su trabajo como caricaturista por lo que es toda una celebridad para los iraníes: dibuja con sátira mordaz a los clérigos y representa al ayatollah Jamenei, aunque esté prohibido, con lo que señala y denuncia las injusticias. Tras la muerte de Mahsa Amini, mujeres y niños han sido los protagonistas de sus viñetas. La mujer empoderada y combativa y la fractura del poder y la autoridad aparecen en dibujos duros pero llenos de fuerza y esperanza por el cambio.

Mana es uno de los viñetistas que está haciendo de bisagra entre Irán y el exterior, compartiendo la actualidad para que ambas partes se mantengan informadas y conectadas y puedan seguir la rebelión que están liderando las mujeres.

Sin embargo, no es el único: Touka Neyestani, exiliado en Canadá, hace de la figura de Jamenei el blanco de su sátira, con un dibujo que nos remite a los grabados de Goya; Hadi Heidari, en Francia, habla de la falta de libertad mediante metáforas como la jaula o el fuego y dibuja a Mahsa Amini y a Nika Shakarami como estandartes y piezas clave de la rebelión.

Viñeta de Touka Neyestani de principios de octubre. Touka Neyestani / Instagram

Y ellas también (se) dibujan: Firoozeh Mozaffari, activista desde Irán, Zeynab Nikche o Nahid Zamani, así como las cuentas womanlifefreedom.art o freeiranianwomen2022 reúnen y comparten dibujos y viñetas con el hashtag #mahsaamini. El pelo, el pañuelo y metáforas que aluden a la prisión, la libertad y la lucha inundan sus dibujos, donde los colores verde, blanco y, especialmente, el rojo, se funden en una única reivindicación.

Viñeta de Zeynab Nikche. Zeynab Nikche / Instagram

Las viñetas denuncian pero también hacen memoria. Para comprender qué está sucediendo y hacerlo a través de historias individuales que nos transmiten también lo colectivo, se puede leer a Marjane Satrapi (especial mención a Bordados), Parsua Bashi, Shaghayegh Moazzami o Amir Soltani y Khalil Bendib, entre otros.

Irán, más allá de los titulares

Al margen de los cómics, el arte da muchas opciones para entender la situación actual de las iraníes. La literatura ofrece las obras de la Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, la poesía de Forugh Farrojzad o análisis históricos como De la Revolución Islámica a la Revolución nuclear o El Sah o la desmesura del poder. También podemos aproximarnos al país a través del cine, las artes plásticas, o siguiendo el trabajo de mujeres como la abogada Nasrin Sotoudeh y la antropóloga Fariba Adelkah, que se han visto privadas de la libertad por defender sus derechos y los de las iraníes.

Aunque la solidaridad internacional no tardó en hacerse eco de las protestas por el asesinato de Mahsa, desde Occidente es posible hacer que no sea un apoyo efímero y amplificar sus voces, contribuyendo a que el apagón digital dentro del país sea menor.

Es pronto aún para entrar a valorar qué puede pasar en Irán a nivel político, social y cultural. Pero los cambios se están dando desde dentro, por los propios iraníes, y eso puede suponer transformaciones estructurales, tal vez lentas pero incontestables.


Elena Pérez Elena es doctoranda FPU en el programa Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y profesora en el Grado de Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación (UAM).


Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 31/10/2022

La fuerza de las viñetas se suma a la rebelión en Irán

El nombre de Mahsa Amini lleva más de cinco semanas apareciendo en los medios de comunicación de todo el mundo. Prensa, radio, televisión y redes sociales se han hecho eco de la muerte de la joven kurda de 22 años… Leer

Miles de personas se dirigen hacia el cementerio de Aichi, en Saqez, en el Kurdistán iraní, al cumplirse 40 días de la muerte de Mahsa Amini. Foto: Publicada en redes sociales, autoría no identificada

Irán ha vivido este miércoles una jornada especialmente dramática, marcada por la multitudinaria conmemoración del fin del periodo de duelo por la muerte de Mahsa Amini, y por un brutal atentado en un santuario de Shiraz, reivindicado por Estado Islámico, que ha dejado al menos 15 muertos y 40 heridos.

En Saqez, en el Kurdistán iraní, miles de personas desafiaron a las autoridades y se congregaron en el cementerio de Aichi, donde está enterrada la joven Amini, muerta el pasado 16 de septiembre a los 22 años cuando se encontraba bajo custodia policial, tras haber sido detenida por la llamada Policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico. Fue la más multitudinaria de las numerosas concentraciones que se llevaron a cabo en varias ciudades del país durante la jornada de este miércoles.

A pesar de que la oficina del gobernador de la provincia había anunciado que la familia no iba a celebrar la ceremonia –el rito, propio de la cultura chií iraní, de poner fin a un periodo de luto recordando al difunto pasados 40 días de su muerte–, ni la fuerte presencia policial ni las advertencias de las autoridades evitaron que una auténtica marea humana se dirigiese hacia el cementerio de la ciudad de la que era originaria la joven, con las consignas que se han hecho ya habituales desde que comenzaron las protestas en todo el país tras la muerte de Amini: «Mujer, vida, libertad», «Muerte al dictador» (en referencia al líder supremo de Irán, Ali Jameneí), «Todos somos Mahsa»…

Medios oficiales como la agencia Fars indicaron que la concentración reunió a unas 2.000 personas, pero, como informa Efe, los vídeos compartidos por activistas en redes sociales muestran una multitud mucho mayor, incluyendo colas kilométricas en las carreteras en dirección al cementerio.

En la propia ciudad natal de Amini se produjeron choques con las fuerzas de seguridad, que medios oficiales como la agencia ISNA calificaron como «enfrentamientos dispersos». Sin embargo, la ONG Hengaw, una organización con sede en Noruega que monitorea los abusos a los derechos humanos en las regiones kurdas de Irán, aseguró que la Policía usó gases lacrimógenos y llegó a disparar a la multitud. Testigos citados por el diario The Guardian confirmaron que hubo disparos, mientras que el Gobierno iraní dijo que las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a responder a los disturbios. Las autoridades restringieron el acceso a internet en toda la provincia para intentar controlar las protestas, según informó la plataforma NetBlocks.

Fue precisamente en el cementerio de Aichi donde, el pasado 17 de septiembre, un día después de la muerte de Amini, comenzaron las protestas y se quemaron los primeros pañuelos en rechazo a la obligatoriedad del velo islámico. Desde entonces se suceden las manifestaciones, centradas ahora sobre todo en las universidades, en medio de una fuerte represión que ha causado al menos 108 muertos, informa Efe, con datos de la ONG Iran Human Rights.

Entre las movilizaciones de este miércoles destacó asimismo la convocada por los médicos de la capital, Teherán, en protesta por la presencia de agentes de seguridad en los hospitales donde se recuperan los heridos en las concentraciones por la muerte de Amini. Europa Press informa de que testigos presenciales consultados por la agencia alemana DPA hablaron de un «enorme despliegue policial» para controlar la manifestación, que acabó siendo disuelta con el lanzamiento de gases lacrimógenos.

Masacre en Shiraz

Mientras, en Shiraz, en el sureste del país, al menos 15 personas murieron y otras 40 resultaron heridas en un ataque armado contra el santuario chií de Shah Cheragh, que ha sido reivindicado por Estado Islámico.

Según explicó un responsable de Seguridad de la gobernación de Fars, el ataque se produjo mientras los fieles realizaban sus oraciones, en la hora en que más visitantes suele haber en el templo. Al parecer, el atentado fue llevado a cabo por un único individuo, que comenzó a disparar con un rifle tras lograr entrar en el santuario, y que fue finalmente detenido, según aseguraron las autoridades. Otras fuentes, no obstante, hablan de al menos tres atacantes y dos arrestados.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha afirmado que el ataque fue perpetrado por «los enemigos de la revolución islámica» y ha prometido «una respuesta severa», mientras que el ministro de Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, ha dicho que Teherán tomará medidas contra «terroristas y entrometidos extranjeros». «Este crimen ha dejado completamente claras las siniestras intenciones de los promotores del terror y la violencia en Irán», ha añadido Amir-Abdollahian en un comunicado difundido por los medios estatales.

Estado Islámico (grupo yihadista suní) ha reivindicado varios ataques anteriores en Irán, incluido el doble atentado de 2017 en Teherán, que tuvo como objetivo el Parlamento y la tumba del fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini, con el resultado de 23 muertos (incluidos cinco atacantes) y medio centenar de heridos.


Más información y fuentes:
» Miles de iraníes recuerdan a Amini en su tumba al terminar el luto (Efe)
» Iran’s security forces reportedly open fire as thousands mourn Mahsa Amini (The Guardian)
» Iran protests: Police fire on Mahsa Amini mourners – witnesses (BBC)
» Cientos de manifestantes protestan contra el Gobierno de Irán junto a la tumba de Mahsa Amini (Europa Press)
» Estado Islámico reivindica el ataque con 15 muertos en un santuario de Irán (Efe)
» Islamic State claims Iran shrine attack, Iran vows response (Reuters)

Leer también:
» Las mujeres iraníes mantienen la presión por un cambio real, pero ¿seguirán recibiendo apoyo?
» Órdenes de «reprimir sin piedad» las protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini

Duelo multitudinario, violencia policial y terrorismo en un día dramático para Irán

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Soldados israelíes inspeccionan las mochilas de escolares en Tel Rumeida, Hebrón (Cisjordania), en 2012. Foto: Friends123 / Wikimedia Commons

«Hay motivos razonables para concluir que la actual ocupación israelí del territorio palestino es ilegal según el derecho internacional, debido a su permanencia y a las acciones emprendidas por Israel para anexionar partes del territorio, tanto de facto como de jure. Las acciones de Israel que tienen por objeto crear hechos irreversibles sobre el terreno y ampliar su control sobre el territorio son tanto reflejos como impulsores de su ocupación permanente».

Así encabeza las conclusiones de su primer informe la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel1. «Al seguir ocupando el territorio palestino por la fuerza, Israel incurre en responsabilidades internacionales y sigue violando los derechos de los palestinos, individualmente y como pueblo», añade la Comisión, uno de cuyos objetivos es hacer llegar la situación a la Corte Internacional de Justicia.

El informe, presentado este jueves, recuerda que, según el derecho internacional humanitario, la ocupación de territorio en tiempo de guerra es una situación temporal y no priva a la potencia ocupada de su condición de Estado ni de su soberanía.

En una comparecencia ante los medios este mismo jueves, la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, antigua Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, fue más allá y aseguró que «declaraciones recientes del secretario general [de la ONU, António Guterres] y de numerosos Estados miembros han indicado claramente que cualquier intento de anexión unilateral del territorio de un Estado por otro Estado es una violación del derecho internacional y es nulo y sin efecto».

«La semana pasada, 143 Estados miembros, incluido Israel, votaron a favor de una resolución de la Asamblea General que reafirma esto», añadió Pillay, en referencia a la votación del pasado 12 septiembre en la que la Asamblea General rechazó la anexión por parte de Rusia de cuatro territorios ucranianos, con solo cinco votos en contra —Corea del Norte, Siria, Nicaragua, Bielorrusia y la propia Rusia—. Pillay agregó que para que este principio fundamental de la Carta de la ONU «tenga sentido», debe «aplicarse universalmente», incluyendo en el caso del territorios palestino ocupado.

Asegurarse un «control permanente»

En el informe, de 28 páginas, la Comisión revisa políticas y acciones empleadas por Israel para mantener la ocupación y anexionarse partes del territorio palestino ocupado. Entre esas acciones, el documento destaca que Israel ha sostenido y hecho avanzar su «empresa de asentamientos», e incluye declaraciones de funcionarios israelíes que reafirman la intención de mantener un control permanente sobre el territorio, en violación del derecho internacional.

«Al ignorar el derecho internacional, estableciendo o facilitando el establecimiento de asentamientos, y al transferir directa o indirectamente a civiles israelíes a estos asentamientos, los sucesivos gobiernos de Israel han establecido hechos sobre el terreno para garantizar el control permanente de Israel en Cisjordania», afirmó Pillay.

Según el informe, Israel continúa violando los derechos de los palestinos, tanto individualmente como en conjunto, ya que expropia tierras y recursos naturales, unas acciones que requieren confiscación, demolición y desplazamiento de los residentes.

«Hay mucho daño silencioso y trauma psicológico, que puede no ser evidente de inmediato, como resultado de la erosión de los derechos económicos, sociales y culturales», advierte el Comisionado Miloon Kothari, en declaraciones recogidas en la web de noticias de la ONU. «Estos procesos debilitantes tienen graves consecuencias a corto y largo plazo y deben abordarse con urgencia», agrega.

Impacto en los niños

La Comisión ha analizado los impactos de las políticas de ocupación y anexión específicamente en las mujeres y los niños. Con respecto a estos últimos, indica que «el ambiente coercitivo tiene un impacto especialmente severo en los niños palestinos, quienes experimentan una presencia militar constante, frecuentes enfrentamientos y actos de violencia, restricciones de movimiento y demolición de viviendas y destrucción de infraestructura y propiedades».

«Desde principios de 2022, un total de 20 niños han sido asesinados en Cisjordania y actualmente hay 56 órdenes de demolición pendientes contra escuelas en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Desde 1967, miles de niños han sido desplazados y trasladados a la fuerza como resultado de la demolición de 28.000 viviendas palestinas», añade.

El informe destaca además que este «ambiente coercitivo» que obliga a los palestinos a abandonar sus hogares «ha fragmentado a la sociedad palestina y obstaculizado el derecho a la autodeterminación».

Con respecto al uso de la tierra, el informe señala: «La tierra es un recurso natural clave, parte integral de la identidad y la economía palestinas. Actualmente, los palestinos pueden construir en menos del 1 por ciento de la tierra en el Área C77 debido a las políticas de planificación israelíes y a la expropiación de más de 2 millones de dunams [unas 200.000 hectáreas] de tierra por parte de Israel desde 1967. Israel ha expropiado tierras en Cisjordania por una variedad de de fines, incluidos la construcción de asentamientos, zonas industriales, tierras agrícolas y de pastoreo para colonos y carreteras, en contravención del derecho internacional».

«Crimen de guerra»

En el apartado dedicado a las consecuencias de la ocupación en lo referente a los derechos humanos, el informe detalla que «Israel ha creado y mantiene un entorno complejo de coerción, que incluye la demolición de viviendas y la destrucción de bienes, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, el encarcelamiento masivo, la violencia de los colonos, la circulación restringida a través de puestos de control y en carreteras, y limitaciones en el acceso a medios de subsistencia, necesidades básicas, servicios y asistencia humanitaria».

El informe concluye diciendo que algunas de las políticas y acciones del gobierno israelí pueden constituir «elementos» de crímenes bajo el derecho penal internacional, incluido «el crimen de guerra» de transferir parte de su propia población civil al territorio ocupado.

«Las acciones de los gobiernos israelíes revisadas en nuestro informe constituyen un régimen ilegal de ocupación y anexión que debe abordarse», señala Chris Sidoti, otro de los comisionados, en declaraciones recogidas asimismo en la web de noticias de la ONU.

Sidoti agrega que el sistema internacional y los Estados individuales deben actuar y cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. «Eso debe comenzar en esta sesión de la Asamblea General con una remisión a la Corte Internacional de Justicia», recalca.

«Antisemitismo»

La misión diplomática de Israel ante Naciones Unidas criticó rápidamente el informe este mismo jueves, denunciando que el documento no menciona el «conflicto de mayo de 2021», a Hamás, o «actos de terrorismo». (El informe se enmarca en la investigación independiente abierta para dilucidar si Israel cometió abusos de los derechos humanos en Cisjordania y la Franja de Gaza tras los once días de guerra entre Israel y Hamás en mayo de 2021).

La misión israelí aludió también los «comentarios flagrantemente antisemitas de un miembro de la Comisión», en referencia a las declaraciones de Kothari, según informa AP. «Los comisionados que hicieron comentarios antisemitas y que se involucraron de manera proactiva en el activismo contra Israel, tanto antes como después de su nombramiento, no tienen legitimidad ni credibilidad para abordar el tema en cuestión», dijo la misión israelí en un comunicado. «Son parte de la agenda antiisraelí que lamentablemente todavía existe en las Naciones Unidas», añadió.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Yair Lapid, calificó también este viernes como «antisemita» el informe. «Precisamente porque yo no era primer ministro cuando se llevó a cabo la operación ‘Guardián de las Murallas’ me siento obligado a enfatizar que el informe de la ONU es parcial, falso y flagrantemente subjetivo», señaló Lapid en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press. «No todas las críticas contra Israel incurren en el antisemitismo, pero este informe sí ha sido escrito por antisemitas», añadió.


¹ La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel recibe su mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los comisionados no son personal de la ONU y no se les paga por su trabajo.

Más información y fuentes:
» Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel
» La ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal, determina la Comisión de Investigación (ONU)
» UN experts decry Israeli occupation of Palestinian areas (AP)
» La ONU determina que la ocupación israelí en territorio palestino es ilegal (Europa Press)

Una comisión de la ONU califica de ilegal la ocupación israelí y la equipara a las anexiones rusas

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Una mujer se corta el pelo en Teherán el 20 de septiembre de 2022, durante una protesta tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, detenida por llevar mal puesto el velo. Foto: @chawshin_83 / Twitter (captura de vídeo)

El mundo ha quedado absorto ante las imágenes de mujeres iraníes gritando «mujeres, vida, libertad», encabezando manifestaciones de protesta, bailando en las calles y quemando sus velos mientras se enfrentan a soldados armados.

Las recientes demostraciones de coraje de las mujeres iraníes no son diferentes a su participación masiva en la manifestación de 2009 contra las disputadas elecciones presidenciales de ese año, cuando la brutalidad del régimen fue simbolizada por el asesinato de la joven Neda Agha-Soltan, que recibió un disparo durante la protesta.

Las protestas actuales estallaron tras el asesinato de la kurdo-iraní Mahsa Amini, quien murió a causa de las heridas que sufrió mientras estaba bajo custodia policial por presuntamente violar las leyes conservadoras sobre el hiyab de Irán.

Las protestas públicas continúan, a pesar de una represión estatal cada vez más intensa y extensa que ya ha causado la muerte de más de 200 personas, cientos de heridos y miles de detenidos.

La llama de la indignación pública

En acciones sin precedentes, muchas mujeres, jóvenes y mayores, están expresando su apoyo a la protesta cortándose el cabello, reviviendo así una práctica preislámica de luto por parte de las mujeres.

El asesinato de Amini ha provocado el episodio más reciente de indignación pública, pero las quejas por la opresión política, las dificultades económicas, los desastres ambientales, la discriminación contra las minorías étnicas y religiosas, las instituciones estatales corruptas y poco representativas y la falta de respeto por la vida y la dignidad de los ciudadanos han dado lugar a varias protestas populares en las últimas décadas.

La respuesta sorda de la República Islámica a estas protestas es evidente ante sus afirmaciones de que la muerte de Amini se debió a un problema de salud. Es una respuesta similar a los crueles encubrimientos posteriores al derribo de un avión de pasajeros ucraniano en enero de 2020, incluyendo las violentas represiones contra civiles, jóvenes entre ellos. Estas negaciones han dejado a muchos iraníes sintiéndose desilusionados por el régimen teocrático.

Con las mujeres al frente, las demandas clave de las protestas actuales son el respeto por los derechos humanos fundamentales, la dignidad y un cambio real. Las mujeres iraníes siempre han participado en manifestaciones de protesta, pero esta es la primera vez que sus demandas se consideran demandas de la nación.

Las mujeres exigen cambio… otra vez

Muchas mujeres salieron a las calles para ayudar a derrocar a la dinastía Pahlavi en 1979, exigiendo democracia y libertad de expresión sin discriminación por género.

Sin embargo, poco después de la revolución, el clero gobernante conservador emergente anuló a las pocas semanas de llegar al poder los modestos derechos que las mujeres habían obtenido bajo el régimen anterior.

Si bien muchas mujeres iraníes protestaron por estos cambios, recibieron poco apoyo de los hombres y otros grupos políticos opositores que priorizaban la postura anticolonial del régimen y creían que las mujeres deberían tolerar las injusticias, al menos temporalmente.

Aunque desanimadas por la indiferencia de los hombres, una de las primeras protestas populares contra la teocracia, la que tuvo lugar en marzo de 1979, fue organizada por mujeres. El velo obligatorio que el régimen exigía como símbolo de su identidad siguió siendo un asunto doloroso en las relaciones entre entre el gobierno y la sociedad.

Conscientes de que el extremismo religioso a menudo se centra en los cuerpos de las mujeres —al igual que algunos estados modernos—, las mujeres iraníes continuaron desafiando la reversión de sus derechos legales y sociales, tanto desde dentro como fuera de las instituciones estatales formales.

En muchas ocasiones, como ha documentado nuestra investigación, las mujeres unieron fuerzas de todo el espectro ideológico para impulsar sus demandas.

Mujeres laicas y religiosas, por ejemplo, trabajaron juntas para reformar varias leyes familiares discriminatorias de género en la década de 1990 y principios de la de 2000. Las colaboraciones de las mujeres también dieron como resultado la creación de un bloque de votantes femenino que contribuyó a la elección del clérigo reformista Mohamed Jatamí como presidente de 1997 a 2005, lo que ayudó a marcar el comienzo de una serie de importantes cambios legales y oportunidades políticas.

El movimiento reformista giró en torno a un nuevo pensamiento religioso que incluye reinterpretaciones de los textos religiosos centradas en la mujer, el también denominado feminismo islámico.

Los conservadores, nerviosos

Este desarrollo, sin embargo, amenazó a las élites ultraconservadoras que, bajo el siguiente presidente, Mahmoud Ahmadineyad, comenzaron a imponer restricciones a las publicaciones de mujeres y a muchas organizaciones no gubernamentales de mujeres.

Los representantes de esta línea dura también hostigaron a activistas por los derechos de las mujeres y grupos de estudiantes universitarios progresistas. Para atraer a algunas élites conservadoras, Ahmadineyad fortaleció asimismo el aparato de seguridad del estado, incluida una fuerza policial para hacer cumplir una estricta observancia del hiyab, según lo consideraron apropiado los conservadores.

En 2009, las mujeres volvieron a sentirse animadas cuando los principales candidatos presidenciales reformistas, en un esfuerzo por ganar el voto femenino, colocaron las preocupaciones de las mujeres en el centro de sus campañas electorales. Sin embargo, para su total consternación, Ahmadineyad fue declarado ganador, lo que provocó una ola de protestas en las que las mujeres volvieron a desempeñar un papel destacado.

Los levantamientos del Movimiento Verde dieron a conocer las demandas clave de la población en general, incluidos los derechos civiles y políticos básicos, como el derecho a elecciones justas, la libertad de expresión y la democracia. Pero las poderosas élites conservadoras no electas desencadenaron las fuerzas de seguridad y aplastaron violentamente las protestas de 2009, obligando a pasar a la clandestinidad a los movimientos organizados por los derechos de las mujeres.

La candidatura a la presidencia del moderado Hasan Rohaní en 2013 impulsó una vez más el voto femenino, lo que llevó a su aplastante victoria. Poco después, en 2015, los iraníes celebraron la firma de un acuerdo nuclear con Occidente y recuperaron parcialmente su fe en una mayor estabilidad económica y social.

Sin embargo, las celebraciones se acabaron pronto, cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos en ese momento, se retiró unilateralmente del acuerdo y restableció sanciones integrales contra Irán y su población. Esto enfureció aún más a las facciones conservadoras y aumentó su desconfianza hacia Estados Unidos.

Control total

En las siguientes elecciones, los conservadores dejaron de lado a sus principales competidores y recuperaron el control del Parlamento y la Presidencia en 2020 y 2021, respectivamente, aunque con la tasa de participación electoral más baja desde 1979.

Con control total sobre el estado, la facción conservadora ha implementado desde entonces una serie de restricciones, entre ellas una mayor vigilancia y hostigamiento de quienes desafían el statu quo, incluidas las mujeres que se oponen al velo obligatorio.

Las protestas que comenzaron en septiembre de 2022 continúan, mientras aumenta la violencia estatal. A pesar de las restricciones impuestas en Internet, los iraníes, independientemente de su género, etnia, clase, edad o ideología, han salido a las calles de las diversas regiones del país con una voz aparentemente unificada, para expresar que se les ha acabado la paciencia con el régimen teocrático.

No está claro si estas protestas conducirán a una revolución política. Para muchos, la verdadera revolución ya ha ocurrido, dada la aceptación por parte del público en general de las demandas de democracia real y respeto a los derechos humanos exigidas por las mujeres y las minorías en estas protestas.

La pregunta es si esta solidaridad se mantendrá, y si el régimen iraní estará dispuesto a escuchar esta vez.


Homa Hoodfar es profesora de Antropología, emérita, en la Universidad de Concordia. Su principal campo de investigación y experiencia radica en la intersección de la economía política; derechos de género y ciudadanía; y política formal e informal sobre mujeres, género y esfera pública en contextos musulmanes. Entre sus libros más recientes se encuentran Women’s Sport as Politics in Muslim Contexts (WLUML, 2015); Sexuality in Muslim Contexts: Restrictions and Resistance (Zed Books, 2012); y Electoral Politics: Making Quotas Work for Women (WLUML, 2011), coescrito con Homa Hoodfar.

Mona Tajali es profesora asociada de de Relaciones Internacionales y Estudios de la Mujer, el Género y la Sexualidad. Es autora de Women’s Political Representation in Iran and Turkey: Demanding a Seat at the Table (Edinburgh University Press, 2022), un trabajo en el que investiga cómo las normas religiosas y culturales, las actitudes, las estructuras institucionales y el comportamiento de los votantes afectan la representación de las mujeres y la calidad de la democracia en contextos musulmanes, con un enfoque comparativo en Irán y Turquía. Su primer libro, Electoral Politics: Making Quotas Work for Women (WLUML, 2011), coescrito con Homa Hoodfar, ha sido traducido al persa y al árabe, y se utiliza como manual para quienes abogan por una mayor representación política de las mujeres en todo el mundo musulmán.


Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 13/10/2022
Traducción del original en inglés: Iranian women keep up the pressure for real change — but will broad public support continue?

Las mujeres iraníes mantienen la presión por un cambio real, pero ¿seguirán recibiendo apoyo?

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Homenaje durante una protesta en Stuttgart a víctimas de la represión del régimen iraní tras la muerte de Mahsa Amini. Foto: Ideophagous / Wikimedia Commons

El máximo órgano militar de Irán dio instrucciones a los jefes de las fuerzas armadas en todas las provincias de «reprimir con severidad» a las personas que salieron a las calles a manifestarse tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, según denunció este viernes Amnistía Internacional (AI), tras obtener documentos oficiales filtrados que «revelan el plan de las autoridades de aplastar sistemáticamente las protestas a toda costa».

Masha Amini, una joven iraní kurda de 22 años, fue detenida el pasado 14 de septiembre por la llamada Policía de la Moral en Teherán, donde se encontraba de visita, y trasladada a una comisaría para asistir a «una hora de reeducación» por llevar mal colocado el hiyab (velo islámico). Murió tres días más tarde en un hospital adonde llegó en coma tras haber sufrido un ataque al corazón, que las autoridades han atribuido a problemas de salud —algo que niega su familia—, calificando los hechos de «incidente desafortunado».

La muerte de Amini ha provocado las protestas de miles de iraníes, que han salido a las calles con gritos como «Justicia, libertad y no al hiyab obligatorio», «Mujeres, vida, libertad», o «Muerte al dictador». A diferencia de otras ocasiones en que las manifestaciones se redujeron a fragmentados grupos sociales movilizados por la economía, esta vez las protestas están siendo multitudinarias y se han extendido por ciudades de todo el país. Las imágenes de mujeres quemando sus velos públicamente o cortándose el cabello se han convertido en el símbolo de la rebelión.

Según AI, la represión de las protestas por parte de las autoridades ha dejado hasta el momento al menos 52 víctimas mortales identificadas y cientos de personas heridas.

En su informe publicado este viernes, Amnistía Internacional divulga datos sobre «el plan de las autoridades iraníes» de «aplastar brutalmente las manifestaciones» mediante el despliegue de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar Basij, la Fuerza de Aplicación de la Ley de la República Islámica de Irán, la policía antidisturbios y agentes de seguridad vestidos de civil. La organización también comparte datos sobre «el uso generalizado de fuerza letal y de armas de fuego» por las fuerzas de seguridad iraníes, que «o bien tenían intención de matar a manifestantes, o deberían haber sabido con un grado razonable de certeza que su uso de armas de fuego causaría muertes».

«Las autoridades iraníes decidieron intencionadamente hacer daño o matar a personas que salieron a las calles para expresar su indignación por décadas de represión e injusticia», señala Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en un comunicado. «En el marco de una epidemia de impunidad sistemática que prevalece desde hace tiempo en Irán, decenas de hombres, mujeres, niñas y niños han sido víctimas de homicidios ilegítimos en episodio más reciente de baños de sangre», añade.

«A menos que la comunidad internacional adopte medidas colectivas y firmes, que deben ir más allá de meras declaraciones de condena, innumerables personas más pueden ser víctimas de homicidio, mutilación, tortura, agresión sexual o metidas entre rejas por el solo hecho de participar en las protestas», afirma Callamard.

Según relatos de testigos presenciales y materiales audiovisuales examinados por AI, ninguna de las 52 víctimas identificadas suponía una amenaza inminente de muerte o lesión grave que justificara el uso de armas de fuego contra ellas.

«Reprimir sin piedad, incluso causando muertes»

Amnistía Internacional ha obtenido una copia filtrada de un documento oficial que, según la ONG, afirma que, el 21 de septiembre de 2022 la Jefatura General de las Fuerzas Armadas dictó una orden a los jefes en todas las provincias en la que se les daban instrucciones de «reprimir con severidad a alborotadores y antirrevolucionarios». Esa misma noche, señala AI, el uso de medios letales en todo el país se intensificó y «decenas de hombres, mujeres, niños y niñas murieron».

Otro documento filtrado e incluido en el informe muestra que, el 23 de septiembre, el jefe de las fuerzas armadas en la provincia de Mazandarán ordenó a las fuerzas de seguridad en todas los pueblos y ciudades de la provincia «reprimir sin piedad, incluso causando muertes, cualquier disturbio de alborotadores y antirrevolucionarios».

AI asegura haber examinado fotografías y vídeos que muestran que la mayoría de las víctimas murieron por disparos de munición real efectuados por las fuerzas de seguridad. «Al menos tres hombres y dos mujeres murieron cuando las fuerzas de seguridad dispararon proyectiles metálicos desde corta distancia, mientras que Sarina Esmailzadeh, una joven de 16 años, murió tras ser brutalmente golpeada en la cabeza con porras», indica la organización.

La ONG denuncia asimismo que, «en un intento de eximirse de responsabilidad en las muertes, las autoridades iraníes han difundido relatos falsos sobre las víctimas, en los que intentan describirlas como ‘peligrosas’, o ‘individuos violentos’, o afirman que murieron a manos de ‘alborotadores’». «Las autoridades también han intimidado y hostigado a las familias de las víctimas para que guarden silencio, o les han prometido compensaciones económicas si grababan vídeos para atribuir la responsabilidad de la muerte de sus seres queridos a ‘alborotadores’ que trabajan para ‘enemigos’ de la República Islámica de Irán», añade.

Torturas

Amnistía Internacional ha documentado además «constantes generalizadas de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, incluidas brutales palizas a manifestantes y transeúntes». La organización también recoge «agresiones sexuales y otras formas de violencia sexual y de género, incluendo casos en los que las fuerzas de seguridad agarraron los pechos de las mujeres o les tiraron violentamente del cabello cuando ellas se quitaron el pañuelo en señal de protesta».

Según documenta AI, el 28 de septiembre una persona que se manifestaba en Isfahán relató a representantes de la ONG: «He visto golpear a manifestantes. La noche anterior, mis amistades contaron que vieron cómo una mujer [manifestante] era arrastrada por el suelo tirándole del cabello. Iba perdiendo la ropa según la arrastraban, pero las fuerzas de seguridad siguieron tirándole del cabello…». «Hace dos noches», agregó, «varias de mis amistades fueron golpeadas con porras. Una de ellas, que ahora tiene hematomas en el antebrazo y en las piernas, me dijo que las fuerzas de seguridad las arrinconaron en un callejón y las golpearon con porras. Un miembro de las fuerzas de seguridad dijo entonces: ‘Vamos a dispararles también en la pierna’, y otro agente de seguridad dijo: ‘No, vámonos’».

Amnistía Internacional también señala que ha visto material filmado e informes que sugieren que algunos manifestantes han participado en actos de violencia. No obstante, la ONG destaca que «los actos violentos de una minoría de manifestantes no justifican el uso de medios letales».

Órdenes de «reprimir sin piedad» las protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini

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La Torre de la Doncella (en turco, Kız Kulesi), a la entrada sur del Estrecho del Bósforo, en Estambul, Turquía. Foto: David Bjorgen / Wikimedia Commons

Desde el final de las guerras napoleónicas se ha ido denominando el enfermo de Europa a diferentes potencias. El Imperio Otomano inauguró el uso de este epíteto, pero le han ido siguiendo otros hasta la actualidad. Reino Unido, Irlanda, España, Portugal o la Rusia postsoviética han sido algunos de los enfermos de Europa desde entonces.

En el s. XIX el enfermo por antonomasia fue el Imperio Otomano. Aunque incapaz de mantener el control sobre todos los territorios bajo su soberanía, era visto, a su vez, como el tapón necesario para frenar el expansionismo ruso desde las costas del Mar Negro hacia el Mediterráneo. De ahí el apoyo brindado por Francia, Reino Unido y Cerdeña al sultán Abdülmecit I durante el conflicto de Crimea (1853-1856) entre los imperios otomano y ruso.

Rusia aspiraba a tener una salida al mar Mediterráneo para comunicar sus puertos del Mar Negro, pues su flota debía pasar por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, bajo control otomano. Esto hacía la comunicación entre Rusia y el Mediterráneo prácticamente imposible en caso de conflicto entre los imperios.

La Turquía moderna y el control de los estrechos

Después de la I Guerra Mundial y hasta 1936 esta zona quedó bajo soberanía británica. El enfermo Imperio Otomano desapareció después de la guerra y su sucesora, la república turca fundada por Mustafá Kemal Atatürk, fue desprovista del control sobre los estrechos que controlaban el acceso al Mar Negro desde el Egeo.

En 1936, a las puertas del segundo conflicto mundial y como resultado de la Convención de Montreaux (Suiza), el Reino Unido le transfirió la soberanía sobre esos territorios a la Turquía moderna.

El acuerdo fue producto de una ardua negociación a varias bandas entre Australia, Bulgaria, Francia, Grecia, Japón, Rumania, la URSS, el III Reich, Reino Unido y Yugoslavia. Quedaron al margen de las conversaciones los EE UU, de acuerdo con su aislacionismo de entreguerras, y la Italia fascista, aún doliente por no haber conseguido hacer valer sus pretensiones territoriales sobre la península de Anatolia. El III Reich se negó a firmar el acuerdo final mientras que Japón mostró grandes reservas. Los bandos de la inminente guerra estaban ya configurándose.

La convención de Montreaux pretendió garantizar el tránsito por los estrechos de las flotas militares y mercantes de todos los Estados ribereños del Mar Negro y estableció algunas limitaciones importantes para el paso por los estrechos de los buques de guerra de Estados no ribereños.

Con la firma de 1936, Turquía quedó en posición de hacer valer sus intereses en caso de un hipotético conflicto dentro del Mar Negro. Este tratado no ha sido sustituido desde entonces.

Paso cerrado a los buques de guerra

Dentro de las dinámicas que ha puesto en marcha la invasión rusa a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022, el Gobierno del Reino Unido ha planteado en las últimas semanas la posibilidad de enviar uno de sus dos nuevos portaaviones junto con su grupo de combate hacia el Mar Negro. Dentro de la nueva estrategia para un Reino Unido global en el escenario pos-brexit, la nostalgia imperial británica le ha jugado una mala pasada al primer ministro. Esa propuesta no es posible.

La convención de Montreaux impide por varios motivos que un Estado no ribereño pueda desplazar una fuerza de tareas de ese tipo más allá de los estrechos turcos. Además, hay dos miembros de la OTAN entre los Estados ribereños: Rumanía y Turquía. La presencia naval de la Alianza Atlántica en el Mar Negro debe estar capitaneada por ellos, si es que existe una posición común y unánime al respecto.

Ankara ha constatado que existe un estado de guerra de facto entre Rusia y Ucrania. Por tanto, ha hecho valer la convención de Montreaux y su posición geopolítica como llave del tránsito entre el Mar Negro y el Mediterráneo, por supuesto de acuerdo con sus propios intereses.

Aplicando lo estipulado en 1936, ha tomado la decisión de cerrar el paso de sus estrechos a cualquier barco de guerra extranjero. Esto dificultará una posible escalada de la situación. Los barcos de la OTAN desplegados en el Mar Negro deben abandonarlo en un plazo máximo de veintiún días desde que entraron en él y no podrán volver hasta que Turquía lo permita.

Rusia busca una vía hacia el Mediterráneo

Por su parte, Rusia no podrá reforzar desde el Báltico su flota en el Mar Negro, aunque podrá mover algunas de sus unidades desde el Caspio a través del canal Volga-Don. Por otra parte, su base naval de Tartús (Siria) también queda aislada de los puertos del Mar Negro.

La conexión entre el conflicto sirio y el conflicto ucraniano tenderá a ser mayor durante las próximas semanas. Parece confirmarse que Rusia va a promover la participación de sirios en el conflicto ucraniano como fuerza de choque.

Esto evitará el coste político de reclutas rusos muertos o heridos, pero también aumentará la brutalidad de los combates en Ucrania y extenderá a este teatro algunas de las terribles formas de lucha ensayadas en la guerra siria.

Una decisión geoestratégica

Con su decisión, Turquía ha defendido sus intereses inmediatos en el conflicto, evitando que ante sus costas se concentren buques de la OTAN y rusos con el consabido riesgo de escalada, pero también ha dificultado algunas formas de presión que podrían haber tomado sus aliados.

Las relaciones de Rusia con Turquía a lo largo de la última década no han sido fáciles ni han estado exentas de tensiones, pero actualmente ambos actores se necesitan aunque sus intereses choquen en algunos escenarios. A fin de cuentas, los drones turcos que utilizan las fuerzas ucranianas intentan ser derribados por los mismos sistemas antiaéreos rusos que Ankara compró a Moscú.

El área de influencia rusa se extiende más allá del este de Europa, y en la zona del Mar Negro, el Cáucaso y Oriente Medio se encuentra con otro actor regional de primer orden. Turquía hoy no puede ser considerado el enfermo de Europa.


Luis Velasco es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Vigo, y coordinador del programa de máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto Español de Estudios Estratégicos.


Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 15/3/2022

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Una niña lleva una garrafa de agua donada por una ONG apoyada por la Unión Europea, en la gobernación yemení de Al Hudayda, en julio de 2019. Foto: Peter Biro / Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la UE

Después de casi siete años de conflicto bélico, Yemen se encuentra «al borde de la catástrofe absoluta», según han advertido este lunes las agencias de Naciones Unidas responsables de la ayuda humanitaria. El número de personas que necesitan asistencia alimentaria en el país alcanza ya los 17,4 millones, y cada vez más población se enfrenta al hambre en niveles de emergencia.

La situación, además, irá a peor: en su última Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) para Yemen, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) pronostican que el número de yemeníes que no podrán satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas llegará a la cifra récord de 19 millones de personas entre junio y diciembre de 2022.

Además, las agencias prevén que otras 1,6 millones de personas en el país entrarán en niveles de emergencia por hambre, elevando el total a 7,3 millones para fines de año.

El informe IPC publicado este lunes muestra asimismo un alto nivel persistente de malnutrición aguda entre los menores de cinco años. En todo Yemen, 2,2 millones de niños están gravemente desnutridos, incluidos casi medio millón que padecen desnutrición aguda grave, una condición que pone en peligro la vida. Y alrededor de 1,3 millones de madres embarazadas o lactantes están gravemente desnutridas.

«El nuevo análisis del IPC confirma el deterioro de la seguridad alimentaria en Yemen, y la conclusión rotunda es que debemos actuar ahora», señala el coordinador humanitario de Naciones Unidas para Yemen, David Gressly, en el comunicado que acompaña a la presentación del informe. «Necesitamos mantener una respuesta humanitaria integrada para millones de personas, y eso incluye apoyo alimentario y nutricional, agua potable, atención básica de la salud, protección y otras necesidades», añade.

«Es necesaria la paz para poner fin a este declive, pero también podemos lograr progresos ahora. Las partes en conflicto deben levantar todas las restricciones al comercio y a la inversión de los productos básicos no sancionados. Esto ayudará a bajar los precios de los alimentos y a activar la economía, y brindará a la gente la dignidad de un trabajo y un camino para alejarse de la dependencia de la ayuda», afirma Gressly.

Las agencias de la ONU destacan que el conflicto sigue siendo la principal causa del hambre en Yemen. La crisis económica impulsada por la guerra y la depreciación de la moneda yemení llevaron en 2021 los precios a sus niveles más altos desde 2015, algo que podría verse agravado por la guerra en Ucrania, ya que Yemen depende de la importación de alimentos, y un 30% del trigo que consume proviene del país europeo.

«Muchos hogares en Yemen no tienen cubiertas sus necesidades básicas de comida debido a una serie de factores», explica el director general de la FAO, Qu Dongyu. «La FAO trabaja directamente con agricultores sobre el terreno para impulsar su resiliencia a través de una combinación de apoyo de emergencia y a largo plazo», añade.

«Niveles catastróficos de hambre»

Las agencias de la ONU califican de «extremadamente preocupante» su proyección del número de personas que sufrirán «niveles catastróficos de hambre» en Yemen (la Fase 5 de la clasificación IPC: condiciones de hambruna), que pasará de las 31.000 actuales a 161.000 (cinco veces más) durante la segunda mitad de 2022.

«Estas cifras desgarradoras confirman que estamos en plena cuenta atrás para la catástrofe en Yemen, y que casi no tenemos tiempo para evitarla», advierte el director ejecutivo del PMA, David Beasley. «A menos que recibamos nuevos fondos sustanciales de inmediato, el hambre y la hambruna masivas continuarán, pero si actuamos ahora, todavía existe la posibilidad de evitar un desastre inminente y salvar a millones», indica.

El PMA se vio obligado a reducir las raciones de alimentos para ocho millones de personas a principios de año debido a la escasez de fondos. Tras estas reducciones, los hogares reciben apenas la mitad de la cesta de alimentos mínima diaria estándar del PMA. Cinco millones de personas en riesgo inmediato de caer en condiciones de hambruna han seguido recibiendo una ración de alimentos completa.

Mientras, la desnutrición aguda entre niños pequeños y madres en Yemen ha ido en aumento. Entre las gobernaciones más afectadas, de acuerdo con el informe, se encuentran Hajjah, Al Hudayda y Taizz. Las agencias de la ONU recuerdan que los niños con desnutrición aguda severa corren el riesgo de morir si no reciben asistencia de alimentación terapéutica.

«Cada vez más niños se acuestan con hambre en Yemen», afirma en la presentación del informe la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. «Esto los pone en un mayor riesgo de deterioro físico y cognitivo, e incluso de muerte. La difícil situación de los niños en Yemen ya no puede pasarse por alto. Hay vidas en juego», advierte.

Yemen, concluyen las agencias de la ONU, está sufriendo «una de las peores crisis alimentarias del mundo». «A menudo los padres no pueden llevar a sus hijos a los centros de tratamiento, porque no pueden pagar el transporte o sus propios gastos», añaden.

Una guerra devastadora

El conflicto actual en Yemen, que ha entrado ya en su séptimo año, enfrenta al Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi, reconocido internacionalmente y apoyado por una coalición internacional que lidera Arabia Saudí, con los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. Además de la capital, Saná, los hutíes controlan otras zonas del norte y el oeste del país.

Según denuncia Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre el país, referido a 2020, todas las partes involucradas en el conflicto siguieron cometiendo con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra los derechos humanos.

La coalición dirigida por Arabia Saudí y las fuerzas hutíes siguieron llevando a cabo «ataques en los que se mató e hirió a civiles y se destruyeron bienes civiles de manera ilegítima», y «todas las partes en el conflicto llevaron a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento, tortura y otros malos tratos, y juicios injustos de personas a las que perseguían únicamente por sus vínculos políticos, religiosos o profesionales, o por su activismo pacífico», señala AI.

Además, añade AI, las partes en el conflicto «obstaculizaron la circulación de productos de los que dependían vidas humanas, como alimentos, medicinas y combustible, y las fuerzas hutíes continuaron imponiendo restricciones arbitrarias a los organismos de ayuda humanitaria».

El brote de la pandemia de COVID-19 ejerció una presión adicional sobre un sistema de atención de la salud ya mermado, que solo tenía en funcionamiento el 50% de sus hospitales e instalaciones sanitarias en comparación con 2016.

Ahondando en las advertencias realizadas por las agencias de la ONU, AI indica asimismo que la disminución del 50% del fondo de respuesta humanitaria con respecto a 2019 agravó aún más los efectos de la pandemia en lo que quedaba del sistema de salud, aumentó la inseguridad alimentaria y limitó el acceso a agua apta para el consumo, saneamiento y servicios de salud pública.

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