«Hay motivos razonables para concluir que la actual ocupación israelí del territorio palestino es ilegal según el derecho internacional, debido a su permanencia y a las acciones emprendidas por Israel para anexionar partes del territorio, tanto de facto como de jure. Las acciones de Israel que tienen por objeto crear hechos irreversibles sobre el terreno y ampliar su control sobre el territorio son tanto reflejos como impulsores de su ocupación permanente».
Así encabeza las conclusiones de su primer informe la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel1. «Al seguir ocupando el territorio palestino por la fuerza, Israel incurre en responsabilidades internacionales y sigue violando los derechos de los palestinos, individualmente y como pueblo», añade la Comisión, uno de cuyos objetivos es hacer llegar la situación a la Corte Internacional de Justicia.
El informe, presentado este jueves, recuerda que, según el derecho internacional humanitario, la ocupación de territorio en tiempo de guerra es una situación temporal y no priva a la potencia ocupada de su condición de Estado ni de su soberanía.
En una comparecencia ante los medios este mismo jueves, la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, antigua Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, fue más allá y aseguró que «declaraciones recientes del secretario general [de la ONU, António Guterres] y de numerosos Estados miembros han indicado claramente que cualquier intento de anexión unilateral del territorio de un Estado por otro Estado es una violación del derecho internacional y es nulo y sin efecto».
«La semana pasada, 143 Estados miembros, incluido Israel, votaron a favor de una resolución de la Asamblea General que reafirma esto», añadió Pillay, en referencia a la votación del pasado 12 septiembre en la que la Asamblea General rechazó la anexión por parte de Rusia de cuatro territorios ucranianos, con solo cinco votos en contra —Corea del Norte, Siria, Nicaragua, Bielorrusia y la propia Rusia—. Pillay agregó que para que este principio fundamental de la Carta de la ONU «tenga sentido», debe «aplicarse universalmente», incluyendo en el caso del territorios palestino ocupado.
En el informe, de 28 páginas, la Comisión revisa políticas y acciones empleadas por Israel para mantener la ocupación y anexionarse partes del territorio palestino ocupado. Entre esas acciones, el documento destaca que Israel ha sostenido y hecho avanzar su «empresa de asentamientos», e incluye declaraciones de funcionarios israelíes que reafirman la intención de mantener un control permanente sobre el territorio, en violación del derecho internacional.
«Al ignorar el derecho internacional, estableciendo o facilitando el establecimiento de asentamientos, y al transferir directa o indirectamente a civiles israelíes a estos asentamientos, los sucesivos gobiernos de Israel han establecido hechos sobre el terreno para garantizar el control permanente de Israel en Cisjordania», afirmó Pillay.
Según el informe, Israel continúa violando los derechos de los palestinos, tanto individualmente como en conjunto, ya que expropia tierras y recursos naturales, unas acciones que requieren confiscación, demolición y desplazamiento de los residentes.
«Hay mucho daño silencioso y trauma psicológico, que puede no ser evidente de inmediato, como resultado de la erosión de los derechos económicos, sociales y culturales», advierte el Comisionado Miloon Kothari, en declaraciones recogidas en la web de noticias de la ONU. «Estos procesos debilitantes tienen graves consecuencias a corto y largo plazo y deben abordarse con urgencia», agrega.
La Comisión ha analizado los impactos de las políticas de ocupación y anexión específicamente en las mujeres y los niños. Con respecto a estos últimos, indica que «el ambiente coercitivo tiene un impacto especialmente severo en los niños palestinos, quienes experimentan una presencia militar constante, frecuentes enfrentamientos y actos de violencia, restricciones de movimiento y demolición de viviendas y destrucción de infraestructura y propiedades».
«Desde principios de 2022, un total de 20 niños han sido asesinados en Cisjordania y actualmente hay 56 órdenes de demolición pendientes contra escuelas en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Desde 1967, miles de niños han sido desplazados y trasladados a la fuerza como resultado de la demolición de 28.000 viviendas palestinas», añade.
El informe destaca además que este «ambiente coercitivo» que obliga a los palestinos a abandonar sus hogares «ha fragmentado a la sociedad palestina y obstaculizado el derecho a la autodeterminación».
Con respecto al uso de la tierra, el informe señala: «La tierra es un recurso natural clave, parte integral de la identidad y la economía palestinas. Actualmente, los palestinos pueden construir en menos del 1 por ciento de la tierra en el Área C77 debido a las políticas de planificación israelíes y a la expropiación de más de 2 millones de dunams [unas 200.000 hectáreas] de tierra por parte de Israel desde 1967. Israel ha expropiado tierras en Cisjordania por una variedad de de fines, incluidos la construcción de asentamientos, zonas industriales, tierras agrícolas y de pastoreo para colonos y carreteras, en contravención del derecho internacional».
En el apartado dedicado a las consecuencias de la ocupación en lo referente a los derechos humanos, el informe detalla que «Israel ha creado y mantiene un entorno complejo de coerción, que incluye la demolición de viviendas y la destrucción de bienes, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, el encarcelamiento masivo, la violencia de los colonos, la circulación restringida a través de puestos de control y en carreteras, y limitaciones en el acceso a medios de subsistencia, necesidades básicas, servicios y asistencia humanitaria».
El informe concluye diciendo que algunas de las políticas y acciones del gobierno israelí pueden constituir «elementos» de crímenes bajo el derecho penal internacional, incluido «el crimen de guerra» de transferir parte de su propia población civil al territorio ocupado.
«Las acciones de los gobiernos israelíes revisadas en nuestro informe constituyen un régimen ilegal de ocupación y anexión que debe abordarse», señala Chris Sidoti, otro de los comisionados, en declaraciones recogidas asimismo en la web de noticias de la ONU.
Sidoti agrega que el sistema internacional y los Estados individuales deben actuar y cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. «Eso debe comenzar en esta sesión de la Asamblea General con una remisión a la Corte Internacional de Justicia», recalca.
La misión diplomática de Israel ante Naciones Unidas criticó rápidamente el informe este mismo jueves, denunciando que el documento no menciona el «conflicto de mayo de 2021», a Hamás, o «actos de terrorismo». (El informe se enmarca en la investigación independiente abierta para dilucidar si Israel cometió abusos de los derechos humanos en Cisjordania y la Franja de Gaza tras los once días de guerra entre Israel y Hamás en mayo de 2021).
La misión israelí aludió también los «comentarios flagrantemente antisemitas de un miembro de la Comisión», en referencia a las declaraciones de Kothari, según informa AP. «Los comisionados que hicieron comentarios antisemitas y que se involucraron de manera proactiva en el activismo contra Israel, tanto antes como después de su nombramiento, no tienen legitimidad ni credibilidad para abordar el tema en cuestión», dijo la misión israelí en un comunicado. «Son parte de la agenda antiisraelí que lamentablemente todavía existe en las Naciones Unidas», añadió.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Yair Lapid, calificó también este viernes como «antisemita» el informe. «Precisamente porque yo no era primer ministro cuando se llevó a cabo la operación ‘Guardián de las Murallas’ me siento obligado a enfatizar que el informe de la ONU es parcial, falso y flagrantemente subjetivo», señaló Lapid en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press. «No todas las críticas contra Israel incurren en el antisemitismo, pero este informe sí ha sido escrito por antisemitas», añadió.
¹ La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel recibe su mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los comisionados no son personal de la ONU y no se les paga por su trabajo.
Más información y fuentes:
» Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel
» La ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal, determina la Comisión de Investigación (ONU)
» UN experts decry Israeli occupation of Palestinian areas (AP)
» La ONU determina que la ocupación israelí en territorio palestino es ilegal (Europa Press)
«Hay motivos razonables para concluir que la actual ocupación israelí del territorio palestino es ilegal según el derecho internacional, debido a su permanencia y a las acciones emprendidas por Israel para anexionar partes del territorio, tanto de facto como de… Leer
El mundo ha quedado absorto ante las imágenes de mujeres iraníes gritando «mujeres, vida, libertad», encabezando manifestaciones de protesta, bailando en las calles y quemando sus velos mientras se enfrentan a soldados armados.
Las recientes demostraciones de coraje de las mujeres iraníes no son diferentes a su participación masiva en la manifestación de 2009 contra las disputadas elecciones presidenciales de ese año, cuando la brutalidad del régimen fue simbolizada por el asesinato de la joven Neda Agha-Soltan, que recibió un disparo durante la protesta.
Las protestas actuales estallaron tras el asesinato de la kurdo-iraní Mahsa Amini, quien murió a causa de las heridas que sufrió mientras estaba bajo custodia policial por presuntamente violar las leyes conservadoras sobre el hiyab de Irán.
Las protestas públicas continúan, a pesar de una represión estatal cada vez más intensa y extensa que ya ha causado la muerte de más de 200 personas, cientos de heridos y miles de detenidos.
En acciones sin precedentes, muchas mujeres, jóvenes y mayores, están expresando su apoyo a la protesta cortándose el cabello, reviviendo así una práctica preislámica de luto por parte de las mujeres.
El asesinato de Amini ha provocado el episodio más reciente de indignación pública, pero las quejas por la opresión política, las dificultades económicas, los desastres ambientales, la discriminación contra las minorías étnicas y religiosas, las instituciones estatales corruptas y poco representativas y la falta de respeto por la vida y la dignidad de los ciudadanos han dado lugar a varias protestas populares en las últimas décadas.
La respuesta sorda de la República Islámica a estas protestas es evidente ante sus afirmaciones de que la muerte de Amini se debió a un problema de salud. Es una respuesta similar a los crueles encubrimientos posteriores al derribo de un avión de pasajeros ucraniano en enero de 2020, incluyendo las violentas represiones contra civiles, jóvenes entre ellos. Estas negaciones han dejado a muchos iraníes sintiéndose desilusionados por el régimen teocrático.
Con las mujeres al frente, las demandas clave de las protestas actuales son el respeto por los derechos humanos fundamentales, la dignidad y un cambio real. Las mujeres iraníes siempre han participado en manifestaciones de protesta, pero esta es la primera vez que sus demandas se consideran demandas de la nación.
Muchas mujeres salieron a las calles para ayudar a derrocar a la dinastía Pahlavi en 1979, exigiendo democracia y libertad de expresión sin discriminación por género.
Sin embargo, poco después de la revolución, el clero gobernante conservador emergente anuló a las pocas semanas de llegar al poder los modestos derechos que las mujeres habían obtenido bajo el régimen anterior.
Si bien muchas mujeres iraníes protestaron por estos cambios, recibieron poco apoyo de los hombres y otros grupos políticos opositores que priorizaban la postura anticolonial del régimen y creían que las mujeres deberían tolerar las injusticias, al menos temporalmente.
Aunque desanimadas por la indiferencia de los hombres, una de las primeras protestas populares contra la teocracia, la que tuvo lugar en marzo de 1979, fue organizada por mujeres. El velo obligatorio que el régimen exigía como símbolo de su identidad siguió siendo un asunto doloroso en las relaciones entre entre el gobierno y la sociedad.
Conscientes de que el extremismo religioso a menudo se centra en los cuerpos de las mujeres —al igual que algunos estados modernos—, las mujeres iraníes continuaron desafiando la reversión de sus derechos legales y sociales, tanto desde dentro como fuera de las instituciones estatales formales.
En muchas ocasiones, como ha documentado nuestra investigación, las mujeres unieron fuerzas de todo el espectro ideológico para impulsar sus demandas.
Mujeres laicas y religiosas, por ejemplo, trabajaron juntas para reformar varias leyes familiares discriminatorias de género en la década de 1990 y principios de la de 2000. Las colaboraciones de las mujeres también dieron como resultado la creación de un bloque de votantes femenino que contribuyó a la elección del clérigo reformista Mohamed Jatamí como presidente de 1997 a 2005, lo que ayudó a marcar el comienzo de una serie de importantes cambios legales y oportunidades políticas.
El movimiento reformista giró en torno a un nuevo pensamiento religioso que incluye reinterpretaciones de los textos religiosos centradas en la mujer, el también denominado feminismo islámico.
Este desarrollo, sin embargo, amenazó a las élites ultraconservadoras que, bajo el siguiente presidente, Mahmoud Ahmadineyad, comenzaron a imponer restricciones a las publicaciones de mujeres y a muchas organizaciones no gubernamentales de mujeres.
Los representantes de esta línea dura también hostigaron a activistas por los derechos de las mujeres y grupos de estudiantes universitarios progresistas. Para atraer a algunas élites conservadoras, Ahmadineyad fortaleció asimismo el aparato de seguridad del estado, incluida una fuerza policial para hacer cumplir una estricta observancia del hiyab, según lo consideraron apropiado los conservadores.
En 2009, las mujeres volvieron a sentirse animadas cuando los principales candidatos presidenciales reformistas, en un esfuerzo por ganar el voto femenino, colocaron las preocupaciones de las mujeres en el centro de sus campañas electorales. Sin embargo, para su total consternación, Ahmadineyad fue declarado ganador, lo que provocó una ola de protestas en las que las mujeres volvieron a desempeñar un papel destacado.
Los levantamientos del Movimiento Verde dieron a conocer las demandas clave de la población en general, incluidos los derechos civiles y políticos básicos, como el derecho a elecciones justas, la libertad de expresión y la democracia. Pero las poderosas élites conservadoras no electas desencadenaron las fuerzas de seguridad y aplastaron violentamente las protestas de 2009, obligando a pasar a la clandestinidad a los movimientos organizados por los derechos de las mujeres.
La candidatura a la presidencia del moderado Hasan Rohaní en 2013 impulsó una vez más el voto femenino, lo que llevó a su aplastante victoria. Poco después, en 2015, los iraníes celebraron la firma de un acuerdo nuclear con Occidente y recuperaron parcialmente su fe en una mayor estabilidad económica y social.
Sin embargo, las celebraciones se acabaron pronto, cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos en ese momento, se retiró unilateralmente del acuerdo y restableció sanciones integrales contra Irán y su población. Esto enfureció aún más a las facciones conservadoras y aumentó su desconfianza hacia Estados Unidos.
En las siguientes elecciones, los conservadores dejaron de lado a sus principales competidores y recuperaron el control del Parlamento y la Presidencia en 2020 y 2021, respectivamente, aunque con la tasa de participación electoral más baja desde 1979.
Con control total sobre el estado, la facción conservadora ha implementado desde entonces una serie de restricciones, entre ellas una mayor vigilancia y hostigamiento de quienes desafían el statu quo, incluidas las mujeres que se oponen al velo obligatorio.
Las protestas que comenzaron en septiembre de 2022 continúan, mientras aumenta la violencia estatal. A pesar de las restricciones impuestas en Internet, los iraníes, independientemente de su género, etnia, clase, edad o ideología, han salido a las calles de las diversas regiones del país con una voz aparentemente unificada, para expresar que se les ha acabado la paciencia con el régimen teocrático.
No está claro si estas protestas conducirán a una revolución política. Para muchos, la verdadera revolución ya ha ocurrido, dada la aceptación por parte del público en general de las demandas de democracia real y respeto a los derechos humanos exigidas por las mujeres y las minorías en estas protestas.
La pregunta es si esta solidaridad se mantendrá, y si el régimen iraní estará dispuesto a escuchar esta vez.
Homa Hoodfar es profesora de Antropología, emérita, en la Universidad de Concordia. Su principal campo de investigación y experiencia radica en la intersección de la economía política; derechos de género y ciudadanía; y política formal e informal sobre mujeres, género y esfera pública en contextos musulmanes. Entre sus libros más recientes se encuentran Women’s Sport as Politics in Muslim Contexts (WLUML, 2015); Sexuality in Muslim Contexts: Restrictions and Resistance (Zed Books, 2012); y Electoral Politics: Making Quotas Work for Women (WLUML, 2011), coescrito con Homa Hoodfar.
Mona Tajali es profesora asociada de de Relaciones Internacionales y Estudios de la Mujer, el Género y la Sexualidad. Es autora de Women’s Political Representation in Iran and Turkey: Demanding a Seat at the Table (Edinburgh University Press, 2022), un trabajo en el que investiga cómo las normas religiosas y culturales, las actitudes, las estructuras institucionales y el comportamiento de los votantes afectan la representación de las mujeres y la calidad de la democracia en contextos musulmanes, con un enfoque comparativo en Irán y Turquía. Su primer libro, Electoral Politics: Making Quotas Work for Women (WLUML, 2011), coescrito con Homa Hoodfar, ha sido traducido al persa y al árabe, y se utiliza como manual para quienes abogan por una mayor representación política de las mujeres en todo el mundo musulmán.
Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 13/10/2022
Traducción del original en inglés: Iranian women keep up the pressure for real change — but will broad public support continue?
El mundo ha quedado absorto ante las imágenes de mujeres iraníes gritando «mujeres, vida, libertad», encabezando manifestaciones de protesta, bailando en las calles y quemando sus velos mientras se enfrentan a soldados armados. Las recientes demostraciones de coraje de las… Leer
El máximo órgano militar de Irán dio instrucciones a los jefes de las fuerzas armadas en todas las provincias de «reprimir con severidad» a las personas que salieron a las calles a manifestarse tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, según denunció este viernes Amnistía Internacional (AI), tras obtener documentos oficiales filtrados que «revelan el plan de las autoridades de aplastar sistemáticamente las protestas a toda costa».
Masha Amini, una joven iraní kurda de 22 años, fue detenida el pasado 14 de septiembre por la llamada Policía de la Moral en Teherán, donde se encontraba de visita, y trasladada a una comisaría para asistir a «una hora de reeducación» por llevar mal colocado el hiyab (velo islámico). Murió tres días más tarde en un hospital adonde llegó en coma tras haber sufrido un ataque al corazón, que las autoridades han atribuido a problemas de salud —algo que niega su familia—, calificando los hechos de «incidente desafortunado».
La muerte de Amini ha provocado las protestas de miles de iraníes, que han salido a las calles con gritos como «Justicia, libertad y no al hiyab obligatorio», «Mujeres, vida, libertad», o «Muerte al dictador». A diferencia de otras ocasiones en que las manifestaciones se redujeron a fragmentados grupos sociales movilizados por la economía, esta vez las protestas están siendo multitudinarias y se han extendido por ciudades de todo el país. Las imágenes de mujeres quemando sus velos públicamente o cortándose el cabello se han convertido en el símbolo de la rebelión.
Según AI, la represión de las protestas por parte de las autoridades ha dejado hasta el momento al menos 52 víctimas mortales identificadas y cientos de personas heridas.
En su informe publicado este viernes, Amnistía Internacional divulga datos sobre «el plan de las autoridades iraníes» de «aplastar brutalmente las manifestaciones» mediante el despliegue de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar Basij, la Fuerza de Aplicación de la Ley de la República Islámica de Irán, la policía antidisturbios y agentes de seguridad vestidos de civil. La organización también comparte datos sobre «el uso generalizado de fuerza letal y de armas de fuego» por las fuerzas de seguridad iraníes, que «o bien tenían intención de matar a manifestantes, o deberían haber sabido con un grado razonable de certeza que su uso de armas de fuego causaría muertes».
«Las autoridades iraníes decidieron intencionadamente hacer daño o matar a personas que salieron a las calles para expresar su indignación por décadas de represión e injusticia», señala Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en un comunicado. «En el marco de una epidemia de impunidad sistemática que prevalece desde hace tiempo en Irán, decenas de hombres, mujeres, niñas y niños han sido víctimas de homicidios ilegítimos en episodio más reciente de baños de sangre», añade.
«A menos que la comunidad internacional adopte medidas colectivas y firmes, que deben ir más allá de meras declaraciones de condena, innumerables personas más pueden ser víctimas de homicidio, mutilación, tortura, agresión sexual o metidas entre rejas por el solo hecho de participar en las protestas», afirma Callamard.
Según relatos de testigos presenciales y materiales audiovisuales examinados por AI, ninguna de las 52 víctimas identificadas suponía una amenaza inminente de muerte o lesión grave que justificara el uso de armas de fuego contra ellas.
Amnistía Internacional ha obtenido una copia filtrada de un documento oficial que, según la ONG, afirma que, el 21 de septiembre de 2022 la Jefatura General de las Fuerzas Armadas dictó una orden a los jefes en todas las provincias en la que se les daban instrucciones de «reprimir con severidad a alborotadores y antirrevolucionarios». Esa misma noche, señala AI, el uso de medios letales en todo el país se intensificó y «decenas de hombres, mujeres, niños y niñas murieron».
Otro documento filtrado e incluido en el informe muestra que, el 23 de septiembre, el jefe de las fuerzas armadas en la provincia de Mazandarán ordenó a las fuerzas de seguridad en todas los pueblos y ciudades de la provincia «reprimir sin piedad, incluso causando muertes, cualquier disturbio de alborotadores y antirrevolucionarios».
AI asegura haber examinado fotografías y vídeos que muestran que la mayoría de las víctimas murieron por disparos de munición real efectuados por las fuerzas de seguridad. «Al menos tres hombres y dos mujeres murieron cuando las fuerzas de seguridad dispararon proyectiles metálicos desde corta distancia, mientras que Sarina Esmailzadeh, una joven de 16 años, murió tras ser brutalmente golpeada en la cabeza con porras», indica la organización.
La ONG denuncia asimismo que, «en un intento de eximirse de responsabilidad en las muertes, las autoridades iraníes han difundido relatos falsos sobre las víctimas, en los que intentan describirlas como ‘peligrosas’, o ‘individuos violentos’, o afirman que murieron a manos de ‘alborotadores’». «Las autoridades también han intimidado y hostigado a las familias de las víctimas para que guarden silencio, o les han prometido compensaciones económicas si grababan vídeos para atribuir la responsabilidad de la muerte de sus seres queridos a ‘alborotadores’ que trabajan para ‘enemigos’ de la República Islámica de Irán», añade.
Amnistía Internacional ha documentado además «constantes generalizadas de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, incluidas brutales palizas a manifestantes y transeúntes». La organización también recoge «agresiones sexuales y otras formas de violencia sexual y de género, incluendo casos en los que las fuerzas de seguridad agarraron los pechos de las mujeres o les tiraron violentamente del cabello cuando ellas se quitaron el pañuelo en señal de protesta».
Según documenta AI, el 28 de septiembre una persona que se manifestaba en Isfahán relató a representantes de la ONG: «He visto golpear a manifestantes. La noche anterior, mis amistades contaron que vieron cómo una mujer [manifestante] era arrastrada por el suelo tirándole del cabello. Iba perdiendo la ropa según la arrastraban, pero las fuerzas de seguridad siguieron tirándole del cabello…». «Hace dos noches», agregó, «varias de mis amistades fueron golpeadas con porras. Una de ellas, que ahora tiene hematomas en el antebrazo y en las piernas, me dijo que las fuerzas de seguridad las arrinconaron en un callejón y las golpearon con porras. Un miembro de las fuerzas de seguridad dijo entonces: ‘Vamos a dispararles también en la pierna’, y otro agente de seguridad dijo: ‘No, vámonos’».
Amnistía Internacional también señala que ha visto material filmado e informes que sugieren que algunos manifestantes han participado en actos de violencia. No obstante, la ONG destaca que «los actos violentos de una minoría de manifestantes no justifican el uso de medios letales».
El máximo órgano militar de Irán dio instrucciones a los jefes de las fuerzas armadas en todas las provincias de «reprimir con severidad» a las personas que salieron a las calles a manifestarse tras la muerte bajo custodia policial de… Leer
Desde el final de las guerras napoleónicas se ha ido denominando el enfermo de Europa a diferentes potencias. El Imperio Otomano inauguró el uso de este epíteto, pero le han ido siguiendo otros hasta la actualidad. Reino Unido, Irlanda, España, Portugal o la Rusia postsoviética han sido algunos de los enfermos de Europa desde entonces.
En el s. XIX el enfermo por antonomasia fue el Imperio Otomano. Aunque incapaz de mantener el control sobre todos los territorios bajo su soberanía, era visto, a su vez, como el tapón necesario para frenar el expansionismo ruso desde las costas del Mar Negro hacia el Mediterráneo. De ahí el apoyo brindado por Francia, Reino Unido y Cerdeña al sultán Abdülmecit I durante el conflicto de Crimea (1853-1856) entre los imperios otomano y ruso.
Rusia aspiraba a tener una salida al mar Mediterráneo para comunicar sus puertos del Mar Negro, pues su flota debía pasar por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, bajo control otomano. Esto hacía la comunicación entre Rusia y el Mediterráneo prácticamente imposible en caso de conflicto entre los imperios.
Después de la I Guerra Mundial y hasta 1936 esta zona quedó bajo soberanía británica. El enfermo Imperio Otomano desapareció después de la guerra y su sucesora, la república turca fundada por Mustafá Kemal Atatürk, fue desprovista del control sobre los estrechos que controlaban el acceso al Mar Negro desde el Egeo.
En 1936, a las puertas del segundo conflicto mundial y como resultado de la Convención de Montreaux (Suiza), el Reino Unido le transfirió la soberanía sobre esos territorios a la Turquía moderna.
El acuerdo fue producto de una ardua negociación a varias bandas entre Australia, Bulgaria, Francia, Grecia, Japón, Rumania, la URSS, el III Reich, Reino Unido y Yugoslavia. Quedaron al margen de las conversaciones los EE UU, de acuerdo con su aislacionismo de entreguerras, y la Italia fascista, aún doliente por no haber conseguido hacer valer sus pretensiones territoriales sobre la península de Anatolia. El III Reich se negó a firmar el acuerdo final mientras que Japón mostró grandes reservas. Los bandos de la inminente guerra estaban ya configurándose.
La convención de Montreaux pretendió garantizar el tránsito por los estrechos de las flotas militares y mercantes de todos los Estados ribereños del Mar Negro y estableció algunas limitaciones importantes para el paso por los estrechos de los buques de guerra de Estados no ribereños.
Con la firma de 1936, Turquía quedó en posición de hacer valer sus intereses en caso de un hipotético conflicto dentro del Mar Negro. Este tratado no ha sido sustituido desde entonces.
Dentro de las dinámicas que ha puesto en marcha la invasión rusa a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022, el Gobierno del Reino Unido ha planteado en las últimas semanas la posibilidad de enviar uno de sus dos nuevos portaaviones junto con su grupo de combate hacia el Mar Negro. Dentro de la nueva estrategia para un Reino Unido global en el escenario pos-brexit, la nostalgia imperial británica le ha jugado una mala pasada al primer ministro. Esa propuesta no es posible.
La convención de Montreaux impide por varios motivos que un Estado no ribereño pueda desplazar una fuerza de tareas de ese tipo más allá de los estrechos turcos. Además, hay dos miembros de la OTAN entre los Estados ribereños: Rumanía y Turquía. La presencia naval de la Alianza Atlántica en el Mar Negro debe estar capitaneada por ellos, si es que existe una posición común y unánime al respecto.
Ankara ha constatado que existe un estado de guerra de facto entre Rusia y Ucrania. Por tanto, ha hecho valer la convención de Montreaux y su posición geopolítica como llave del tránsito entre el Mar Negro y el Mediterráneo, por supuesto de acuerdo con sus propios intereses.
Aplicando lo estipulado en 1936, ha tomado la decisión de cerrar el paso de sus estrechos a cualquier barco de guerra extranjero. Esto dificultará una posible escalada de la situación. Los barcos de la OTAN desplegados en el Mar Negro deben abandonarlo en un plazo máximo de veintiún días desde que entraron en él y no podrán volver hasta que Turquía lo permita.
Por su parte, Rusia no podrá reforzar desde el Báltico su flota en el Mar Negro, aunque podrá mover algunas de sus unidades desde el Caspio a través del canal Volga-Don. Por otra parte, su base naval de Tartús (Siria) también queda aislada de los puertos del Mar Negro.
La conexión entre el conflicto sirio y el conflicto ucraniano tenderá a ser mayor durante las próximas semanas. Parece confirmarse que Rusia va a promover la participación de sirios en el conflicto ucraniano como fuerza de choque.
Esto evitará el coste político de reclutas rusos muertos o heridos, pero también aumentará la brutalidad de los combates en Ucrania y extenderá a este teatro algunas de las terribles formas de lucha ensayadas en la guerra siria.
Con su decisión, Turquía ha defendido sus intereses inmediatos en el conflicto, evitando que ante sus costas se concentren buques de la OTAN y rusos con el consabido riesgo de escalada, pero también ha dificultado algunas formas de presión que podrían haber tomado sus aliados.
Las relaciones de Rusia con Turquía a lo largo de la última década no han sido fáciles ni han estado exentas de tensiones, pero actualmente ambos actores se necesitan aunque sus intereses choquen en algunos escenarios. A fin de cuentas, los drones turcos que utilizan las fuerzas ucranianas intentan ser derribados por los mismos sistemas antiaéreos rusos que Ankara compró a Moscú.
El área de influencia rusa se extiende más allá del este de Europa, y en la zona del Mar Negro, el Cáucaso y Oriente Medio se encuentra con otro actor regional de primer orden. Turquía hoy no puede ser considerado el enfermo de Europa.
Luis Velasco es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Vigo, y coordinador del programa de máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 15/3/2022
Desde el final de las guerras napoleónicas se ha ido denominando el enfermo de Europa a diferentes potencias. El Imperio Otomano inauguró el uso de este epíteto, pero le han ido siguiendo otros hasta la actualidad. Reino Unido, Irlanda, España,… Leer
Después de casi siete años de conflicto bélico, Yemen se encuentra «al borde de la catástrofe absoluta», según han advertido este lunes las agencias de Naciones Unidas responsables de la ayuda humanitaria. El número de personas que necesitan asistencia alimentaria en el país alcanza ya los 17,4 millones, y cada vez más población se enfrenta al hambre en niveles de emergencia.
La situación, además, irá a peor: en su última Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) para Yemen, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) pronostican que el número de yemeníes que no podrán satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas llegará a la cifra récord de 19 millones de personas entre junio y diciembre de 2022.
Además, las agencias prevén que otras 1,6 millones de personas en el país entrarán en niveles de emergencia por hambre, elevando el total a 7,3 millones para fines de año.
El informe IPC publicado este lunes muestra asimismo un alto nivel persistente de malnutrición aguda entre los menores de cinco años. En todo Yemen, 2,2 millones de niños están gravemente desnutridos, incluidos casi medio millón que padecen desnutrición aguda grave, una condición que pone en peligro la vida. Y alrededor de 1,3 millones de madres embarazadas o lactantes están gravemente desnutridas.
«El nuevo análisis del IPC confirma el deterioro de la seguridad alimentaria en Yemen, y la conclusión rotunda es que debemos actuar ahora», señala el coordinador humanitario de Naciones Unidas para Yemen, David Gressly, en el comunicado que acompaña a la presentación del informe. «Necesitamos mantener una respuesta humanitaria integrada para millones de personas, y eso incluye apoyo alimentario y nutricional, agua potable, atención básica de la salud, protección y otras necesidades», añade.
«Es necesaria la paz para poner fin a este declive, pero también podemos lograr progresos ahora. Las partes en conflicto deben levantar todas las restricciones al comercio y a la inversión de los productos básicos no sancionados. Esto ayudará a bajar los precios de los alimentos y a activar la economía, y brindará a la gente la dignidad de un trabajo y un camino para alejarse de la dependencia de la ayuda», afirma Gressly.
Las agencias de la ONU destacan que el conflicto sigue siendo la principal causa del hambre en Yemen. La crisis económica impulsada por la guerra y la depreciación de la moneda yemení llevaron en 2021 los precios a sus niveles más altos desde 2015, algo que podría verse agravado por la guerra en Ucrania, ya que Yemen depende de la importación de alimentos, y un 30% del trigo que consume proviene del país europeo.
«Muchos hogares en Yemen no tienen cubiertas sus necesidades básicas de comida debido a una serie de factores», explica el director general de la FAO, Qu Dongyu. «La FAO trabaja directamente con agricultores sobre el terreno para impulsar su resiliencia a través de una combinación de apoyo de emergencia y a largo plazo», añade.
Las agencias de la ONU califican de «extremadamente preocupante» su proyección del número de personas que sufrirán «niveles catastróficos de hambre» en Yemen (la Fase 5 de la clasificación IPC: condiciones de hambruna), que pasará de las 31.000 actuales a 161.000 (cinco veces más) durante la segunda mitad de 2022.
«Estas cifras desgarradoras confirman que estamos en plena cuenta atrás para la catástrofe en Yemen, y que casi no tenemos tiempo para evitarla», advierte el director ejecutivo del PMA, David Beasley. «A menos que recibamos nuevos fondos sustanciales de inmediato, el hambre y la hambruna masivas continuarán, pero si actuamos ahora, todavía existe la posibilidad de evitar un desastre inminente y salvar a millones», indica.
El PMA se vio obligado a reducir las raciones de alimentos para ocho millones de personas a principios de año debido a la escasez de fondos. Tras estas reducciones, los hogares reciben apenas la mitad de la cesta de alimentos mínima diaria estándar del PMA. Cinco millones de personas en riesgo inmediato de caer en condiciones de hambruna han seguido recibiendo una ración de alimentos completa.
Mientras, la desnutrición aguda entre niños pequeños y madres en Yemen ha ido en aumento. Entre las gobernaciones más afectadas, de acuerdo con el informe, se encuentran Hajjah, Al Hudayda y Taizz. Las agencias de la ONU recuerdan que los niños con desnutrición aguda severa corren el riesgo de morir si no reciben asistencia de alimentación terapéutica.
«Cada vez más niños se acuestan con hambre en Yemen», afirma en la presentación del informe la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. «Esto los pone en un mayor riesgo de deterioro físico y cognitivo, e incluso de muerte. La difícil situación de los niños en Yemen ya no puede pasarse por alto. Hay vidas en juego», advierte.
Yemen, concluyen las agencias de la ONU, está sufriendo «una de las peores crisis alimentarias del mundo». «A menudo los padres no pueden llevar a sus hijos a los centros de tratamiento, porque no pueden pagar el transporte o sus propios gastos», añaden.
El conflicto actual en Yemen, que ha entrado ya en su séptimo año, enfrenta al Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi, reconocido internacionalmente y apoyado por una coalición internacional que lidera Arabia Saudí, con los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. Además de la capital, Saná, los hutíes controlan otras zonas del norte y el oeste del país.
Según denuncia Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre el país, referido a 2020, todas las partes involucradas en el conflicto siguieron cometiendo con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra los derechos humanos.
La coalición dirigida por Arabia Saudí y las fuerzas hutíes siguieron llevando a cabo «ataques en los que se mató e hirió a civiles y se destruyeron bienes civiles de manera ilegítima», y «todas las partes en el conflicto llevaron a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento, tortura y otros malos tratos, y juicios injustos de personas a las que perseguían únicamente por sus vínculos políticos, religiosos o profesionales, o por su activismo pacífico», señala AI.
Además, añade AI, las partes en el conflicto «obstaculizaron la circulación de productos de los que dependían vidas humanas, como alimentos, medicinas y combustible, y las fuerzas hutíes continuaron imponiendo restricciones arbitrarias a los organismos de ayuda humanitaria».
El brote de la pandemia de COVID-19 ejerció una presión adicional sobre un sistema de atención de la salud ya mermado, que solo tenía en funcionamiento el 50% de sus hospitales e instalaciones sanitarias en comparación con 2016.
Ahondando en las advertencias realizadas por las agencias de la ONU, AI indica asimismo que la disminución del 50% del fondo de respuesta humanitaria con respecto a 2019 agravó aún más los efectos de la pandemia en lo que quedaba del sistema de salud, aumentó la inseguridad alimentaria y limitó el acceso a agua apta para el consumo, saneamiento y servicios de salud pública.
Después de casi siete años de conflicto bélico, Yemen se encuentra «al borde de la catástrofe absoluta», según han advertido este lunes las agencias de Naciones Unidas responsables de la ayuda humanitaria. El número de personas que necesitan asistencia alimentaria… Leer
Las autoridades de Arabia Saudí anunciaron este sábado las ejecuciones, en un solo día, de 81 personas. Se trata de la ejecución múltiple más numerosa en la historia reciente del reino.
Los ejecutados habían sido condenados por pertenencia a las organizaciones terroristas Estado Islámico y Al Qaeda, por formar parte de la insurgencia hutí en Yemen, y por otros crímenes castigados con la pena de muerte en el país, como la violación o el asesinato, según informó la agencia oficial de noticias saudí SPA (Saudi Press Agency, en inglés).
Entre los ejecutados, todos hombres, hay varios que eran menores de edad cuando fueron detenidos, según informa Ángeles Espinosa, corresponsal del diario El País en la región. En concreto, siete yemeníes, un sirio y varios saudíes chiíes.
El anterior récord de ejecuciones multitudinarias se remonta a enero de 1980, cuando el Estado saudí mató a los 63 condenados por el ataque a la Gran Mezquita de La Meca en 1979, una acción considerada como el peor ataque terrorista contra el reino, y que se saldó con 229 muertos.
Según informó la agencia SPA, los delitos cometidos por las personas ejecutadas este sábado incluyen «haber jurado lealtad a organizaciones terroristas extranjeras, como Estado Islámico, Al Qaeda y los hutíes» —estos últimos declarados por Arabia Saudí, que combate contra ellos en Yemen, como organización terrorista—, así como «ataques a ciudadanos árabes y viajar a zonas regionales de conflicto para unirse a organizaciones terroristas».
Entre los ejecutados también hay, según SPA, condenados por «atacar al personal del gobierno y sitios económicos vitales, matar a agentes del orden y mutilar sus cuerpos, y colocar minas terrestres contra vehículos policiales», así como por «delitos de secuestro, tortura, violación, contrabando de armas y atentados con bomba».
En el comunicado del Gobierno saudí que recoge SPA, el Ministerio del Interior señala que «el Reino seguirá adoptando una postura estricta e inquebrantable contra el terrorismo y las ideologías extremistas que amenazan la estabilidad del mundo entero», y asegura que a todos los acusados se les ha garantizado «el derecho a un abogado y todos sus derechos bajo la ley saudí durante el proceso judicial».
Las ejecuciones en Arabia Saudí se llevan a cabo por decapitación con sable.
Según ha denunciado Amnistía Internacional, Arabia Saudí incrementó notablemente el año pasado el número de ejecuciones, una vez concluyó el turno del país en la presidencia del G20, con un total de 40 entre enero y julio de 2021, más que el total registrado en 2020:
En 2020, hubo una reducción del 85% en el número de ejecuciones registradas en Arabia Saudí. Inmediatamente después de terminar la presidencia saudí del G20, se reanudaron las ejecuciones, con 9 personas ejecutadas solo en diciembre de 2020. Entre enero y julio de 2021, al menos 40 personas fueron ejecutadas, más de las 27 de todo el año 2020. En muchos casos, las ejecuciones tuvieron lugar tras sentencias condenatorias en juicios manifiestamente injustos, ensombrecidos por denuncias de tortura durante la detención previa al juicio para obtener «confesiones» forzadas, cuya investigación la fiscalía obvió sistemáticamente.
Por su parte, la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos cifró el total de ejecuciones el año pasado en 67, un 148% más que en el año anterior, informa Europa Press. Ali Adubusi, director de esta organización, denunció que algunos de los ejecutados habían sido torturados y se enfrentaron a juicios «llevados a cabo en secreto». «Estas ejecuciones son lo opuesto a la justicia», dijo, en declaraciones recogidas por la cadena pública canadiense, CBC.
«El mundo ya debería saber que cuando Mohamed bin Salmán [príncipe heredero, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Arabia Sudí, hijo del rey Salmán bin Abdulaziz] promete reformas, es inevitable que se produzca un derramamiento de sangre», afirmó por su parte Soraya Bauwens, subdirectora de Reprieve, un grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Londres, también a la CBC.
En 2019, el reino decapitó a 37 ciudadanos saudíes, la mayoría de ellos pertenecientes a la minoría chií, en una ejecución masiva llevada a cabo en varios puntos del país, por presuntos delitos relacionados con el terrorismo.
Más información y fuentes:
» Arabia Saudí ejecuta en un solo día a 81 condenados por delito de terrorismo (Europa Press)
» Arabia Saudí ejecuta en un solo día a 81 condenados por diversos delitos (EFE)
» Arabia Saudí: Las autoridades incrementan la represión tras el paréntesis del G20 (Amnistía Internacional)
» Saudi Arabia puts 81 people to death in kingdom’s largest mass execution in decades (CBC)
Las autoridades de Arabia Saudí anunciaron este sábado las ejecuciones, en un solo día, de 81 personas. Se trata de la ejecución múltiple más numerosa en la historia reciente del reino. Los ejecutados habían sido condenados por pertenencia a las… Leer
Después de casi nueve meses de disputas entre los partidos gobernantes del Líbano sobre su participación en el ejecutivo, y mientras la economía del país y las vidas de sus habitantes se arruinaban, el primer ministro designado, Saad Hariri, ha declarado su decisión de dimitir sin haber podido formar un nuevo gobierno.
Saad es hijo del ex primer ministro y multimillonario Rafiq Hariri, asesinado en 2005, y arquitecto del catastrófico sistema económico y financiero del país.
Este habría sido el tercer mandato de Saad como primer ministro: renunció bajo la presión de las protestas masivas en 2019 y ya ha fracasado en el cargo dos veces.
Saad ha fracasado también al frente de las empresas privadas que heredó de su difunto padre. Al igual que los bancos que están reteniendo el dinero de innumerables personas en el Líbano, Saad tampoco pagó a sus empleados lo que se les debía. No es, en cualquier caso, el único líder incompetente entre los partidos que han estado gobernando el país y supervisando el saqueo de su riqueza durante décadas.
La semana pasada, el primer ministro en funciones del Líbano, Hassan Diab, anunció a los embajadores de varias naciones una inminente «explosión social» en el país. Con voz severa, suplicó a «reyes y príncipes, presidentes y líderes» de otros países que donasen dinero al Líbano para evitar la catástrofe. Sin embargo, el hombre en la cima del poder ejecutivo del país no les dijo a los embajadores ni a su propia gente cómo iba a utilizar exactamente esas donaciones potenciales para evitar la anticipada explosión.
Una explosión real fue lo que ocurrió hace casi un año, cuando toneladas de nitrato de amonio almacenadas descuidadamente en el puerto de Beirut detonaron y destruyeron gran parte de la capital libanesa, matando a cientos e hiriendo a miles. Las familias de las víctimas, junto con el resto de la población, han estado pidiendo respuestas, justicia y rendición de cuentas. La única respuesta del Parlamento y del Ministerio del Interior ha sido negarse a levantar la inmunidad que protege a los funcionarios convocados para ser interrogados por el juez de instrucción. En cambio, las familias fueron atacadas por el ejército y la seguridad interna mientras protestaban frente a las casas del ministro del Interior y del presidente del Parlamento.
Es posible que los seres queridos de las víctimas no lleguen a obtener sus respuestas. Pero todos sabemos que la explosión en el puerto fue el síntoma de un desastre más profundo. No hay guerra en el Líbano. El país no está sitiado ni ha sufrido un desastre natural. Y, sin embargo, se enfrenta a un colapso total.
Mientras el estado se va hundiendo cada vez más en la crisis financiera, no se ha intentado ni siquiera idear un plan, aunque fuese un mal plan que pudiera ser criticado. Los partidos políticos discuten sobre lo poco que queda y tienen una sola estrategia: mendigar.
La idea es dejar que la crisis se resuelva sola. En realidad, queda en manos de las élites que controlan todos los sectores vitales de la economía, los bancos que durante décadas se han beneficiado de un sistema disfuncional, y un gobernador de un banco central que está siendo investigado por corrupción en varios países y que ha sido acusado por el gobierno de retener datos, de mala gestión y de tener mucha responsabilidad en las políticas que llevaron a la actual catástrofe económica.
Las crisis, además, producen siempre sus propios especuladores, y en el Líbano hay una larga historia de especuladores de la guerra.
En su libro Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano escribió sobre los «proxenetas de la miseria» del continente, que acumulan miles de millones en sus cuentas bancarias en el extranjero a expensas del resto de la población, sumergida en el dolor.
«Incorporadas desde siempre a la constelación del poder imperialista, nuestras clases dominantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo podría resultar más rentable que la traición, o si la mendicidad es la única forma posible de la política internacional», escribe Galeano. «Se hipoteca la soberanía porque “no hay otro camino”; las coartadas de la oligarquía confunden interesadamente la impotencia de una clase social con el presunto vacío de destino de cada nación».
Qué ajustada resulta esta descripción a la situación actual del Líbano, un país que, a diferencia de la mayoría de los estados latinoamericanos, tiene pocos recursos, aparte de su valor geopolítico y de la vida barata de su población; un país cuyos corruptos gobernantes son en su mayoría antiguos señores de la guerra que no parecen tener ninguna ambición nacional, impulsados únicamente por sus intereses personales y los dictados de sus patrocinadores extranjeros.
Desde el verano de 2019 Líbano se ha hundido en una grave crisis financiera y política. Si hace dos años necesitabas 1.500 libras libanesas para comprar un dólar estadounidense, ahora te costará más de 20.000. Y, a diferencia de momentos anteriores de crisis económica y financiera en la historia reciente de la nación, esta vez ningún país rico, árabe o no, está dispuesto a rescatar a este estado fallido.
Esta vez, los compinches en el poder deben valerse por sí mismos, pero son tan incompetentes, corruptos e irresponsables, que se ven incapaces y sin voluntad de intentar gobernar, no digamos ya de proponer planes reales.
Cualquier solución real pasa por rendir cuentas de un modo también real, lo que inevitablemente significa el fin de la carrera política de quienes han estado en el poder desde el fin de la guerra civil del país (1975-1990), y que han llevado al Líbano a su estado actual. Han pasado casi dos años desde la severa crisis financiera, y esas mismas personas en el poder continúan culpándose entre sí, sin ofrecer responsabilidad, transparencia o soluciones.
En su lugar, los líderes presumen de consignas vacías sobre la lucha contra la misma corrupción de la que están todos acusados y sobre la responsabilidad que ellos mismos están impidiendo, y se acusan unos a otros de ser obstáculos para las reformas que están todos bloqueando.
El plan real es simplemente seguir avivando las divisiones sectarias, para mantener a la población dividida dócil, asustada y dependiente de los partidos sectarios. Y, mientras tanto, aquellos que tienen las influencias adecuadas continúan haciendo contrabando con su riqueza en el extranjero, y los que no, tienen sus depósitos retenidos por los bancos en el Líbano, sin poder retirar salvo algunas fracciones que determinan al azar los bancos y un gobierno que, aunque renunció, todavía no se ha ido.
Líbano no está en guerra. No está bajo asedio. Pero en el espacio de dos años, el salario mínimo ha pasado de alrededor de 450 dólares a menos de 40. Según un informe reciente de UNICEF, el 77% de los hogares no tiene suficiente comida o dinero para comprar alimentos. Para los hogares sirios en el Líbano, la cifra es del 99%. De acuerdo con el mismo informe, uno de cada cinco hogares no tiene suficiente agua potable.
Para un país que produce muy poco de sus necesidades básicas y tiene una de las economías del mundo más dependiente de las importaciones, la disminución del valor de la moneda coincide con un aumento alarmante de los precios de casi todo. Los sectores productivos del país han sido sistemáticamente destruidos desde el final de la guerra civil, con un plan económico construido en torno al consumismo, el turismo, la especulación inmobiliaria y la banca.
Existen salidas, pero todas ellas se enfrentan a la rigidez de una clase dominante violenta y poderosa que controla todos los aspectos de la economía, protegida por milicias y que, sobre todo, mantiene a la gente como rehén del sectarismo y de las redes de clientelismo.
Todas las soluciones posibles requieren la destitución de la clase política al completo, pero esto es una hazaña imposible, teniendo en cuenta que no hay una alternativa viable, que las elecciones no son ni libres ni justas, y que una gran parte de la población sigue dependiendo de, o es leal a, sus corruptos líderes.
Escribir sobre los desastres de tu propio país no es fácil cuando ya no vives en él. Tengo que luchar contra la culpa del superviviente, y reconozco el privilegio de ser uno de los «afortunados» que se fueron.
Durante un viaje a casa el mes pasado, después de estar demasiado tiempo encerrado en Berlín, me convertí en un visitante que presenciaba el colapso, pero siempre con la opción de irme. Ver a mi familia, a mis seres queridos y a otras personas descender hacia la pobreza, la escasez y la miseria es doloroso, especialmente si se mezcla con un sentimiento de impotencia y culpa.
Para las personas de mi generación, que crecieron durante la guerra civil del país, esto es algo familiar. Pero también es enervante ver a nuestros padres, que sobrevivieron y lucharon por vivir y por darnos una oportunidad durante la guerra y sus secuelas, tener que sufrirlo de nuevo, ahora ya en su vejez, con mucha menos energía, más amargura y, a menudo, por su cuenta.
Vivieron en medio de la guerra, nos tuvieron durante la guerra, nos criaron y nos protegieron en plena guerra. Y ahora tienen que volver a pasar por lo mismo, en su vejez, por ver a sus hijos irse o sufrir. Y los que nos vamos, debemos vivir con nuestra culpa por irnos y con el sentimiento de impotencia por lo poco que podemos hacer para que tengan una vida que sea algo más que supervivencia, soledad, humillación y corazones rotos.
Incluso para aquellos lo suficientemente jóvenes como para tener un futuro y la energía para enfrentarse a las luchas diarias, ¿cómo se puede trabajar, pensar, esperar y vivir, cuando la vida diaria es una serie de logísticas, ansiedades y frustraciones? Esperar horas para obtener una fracción de tu dinero en el banco o una ración de gas; disponer de solo dos horas de electricidad al día, y pagar una factura del generador cada vez mayor, si es que tienes la suerte de poder permitirte uno; carecer de internet, de medicinas, de agua, de trabajo, mientras la violencia y la inseguridad aumentan, y con una moneda en constante declive que ha caído a menos de una décima parte de su valor y sigue bajando cada vez más…
En Líbano resulta difícil respirar, literalmente. Con menos de dos horas de electricidad al día, los generadores privados mantienen las luces encendidas para quienes pueden pagarlas. Funcionan con diesel y llenan el aire de un humo espeso. La semana pasada, la vacunación contra la COVID-19 tuvo que suspenderse por falta de luz y de internet en los centros de vacunación. El costo humano del colapso empeora: los cortes de energía y la escasez de medicamentos y de combustible están matando a la gente. Hay noticias frecuentes en los medios sobre peleas en estaciones de servicio, personas que sacan cuchillos, palos o incluso pistolas para conseguir un galón de gasolina. Y es solo el comienzo.
Líbano se está enfrentando, realmente, a un colapso total. Pero no son donaciones de potencias extranjeras lo que necesita, especialmente cuando lo más probable es que estas terminen en las arcas de la misma élite corrupta que ha desangrado la economía para poder mantener sus posiciones.
Mientras, el movimiento de protesta que estalló en octubre de 2019, y que fue vital para sacudir el estancamiento del régimen, se enfrenta no solo a la resistencia despiadada de la clase dominante, sino también a sus propias deficiencias en la organización de alternativas viables. Tal vez no sea su culpa, pero es así.
Siendo alguien que va a regresar a una situación de seguridad y estabilidad, no me corresponde a mí juzgar. Encontrar alternativas políticas mientras se vive en una situación así no es tarea fácil. Para la mayoría de las personas en el país, la supervivencia es la prioridad en este momento, y la clase política sabe muy bien que cuando la gente está demasiado ocupada sobreviviendo, es poco probable que tenga la energía para levantarse contra ella. Y, sin embargo, existe una delgada línea entre la supervivencia y no tener nada que perder.
La ira es un sentimiento político. La pregunta es: ¿cómo puede aprovecharse en un proyecto?
Walid el Houri es un investigador, periodista y cineasta, residente entre Berlín y Beirut. Es el editor de la sección de Norte de África – Asia Occidental (NAWA) en openDemocracy. Tiene un doctorado en Estudios de Medios por la Universidad de Ámsterdam, y su trabajo y publicaciones tratan sobre los movimientos de protesta, las políticas del fracaso y las geografías de la guerra y la violencia.
Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 15/7/2021
Traducción del original en inglés: After nine months of waiting, Lebanon has neither a government nor accountability
Después de casi nueve meses de disputas entre los partidos gobernantes del Líbano sobre su participación en el ejecutivo, y mientras la economía del país y las vidas de sus habitantes se arruinaban, el primer ministro designado, Saad Hariri, ha… Leer
Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, que controla la Franja de Gaza, anunciaron a última hora de este jueves una tregua bilateral para poner fin a once días de escalada bélica que se han saldado con cerca de 250 muertos, la inmensa mayoría en el lado palestino. Estas son, a falta de detalles sobre el contenido del pacto, las claves de un alto el fuego que ambas partes interpretan como una victoria:
El alto el fuego se hizo efectivo a las 2.00 hora local de este viernes (23.00 GMT del jueves). En principio, se trata de una tregua indefinida.
El Ejército israelí no había informado en la madrugada de este viernes de nuevas alarmas antiaéreas en las comunidades israelíes colindantes a la Franja, siendo la última notificada a la 01.51 hora local (10.51 GMT), informa Efe. Tampoco hubo bombardeos israelíes en Gaza durante la noche.
Se da por sentado que ambas partes se han comprometido a detener las hostilidades (esencialmente, bombardeos contra Gaza por parte de Israel, y lanzamiento de cohetes contra territorio israelí por parte de Hamás).
El Gobierno israelí, que no suele pronunciarse sobre los altos el fuego con las milicias, confirmó que se trata de un acuerdo incondicional. La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, señaló en ese sentido que se había acordado por unanimidad «aceptar la propuesta de Egipto de un alto el fuego mutuo y sin condiciones».
El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, aseguró por su parte que habían obtenido «garantías de los mediadores» para una tregua «mutua y simultánea».
Este jueves por la noche no se conocían aún con detalle los términos de la tregua, pero, según medios citados por Efe, estos no incluirían, pese a las exigencias de Hamás, referencias a las tensiones por el desalojo de familias palestinas en Jerusalén Este ocupado o por las incursiones en la Explanada de las Mezquitas, hechos que el pasado día 10 de mayo desencadenaron la escalada bélica, sin precedentes en los últimos siete años.
El Gobierno israelí aseguró que se llegó a un acuerdo a partir de una propuesta de Egipto, mediador tradicional entre las dos partes.
Como parte de su papel como mediador, El Cairo enviará en los próximos días dos delegaciones de seguridad a Tel Aviv, en Israel, y a los territorios palestinos para vigilar y hacer seguimiento de la tregua alcanzada, según informó la agencia palestina WAFA, citada por Europa Press.
La presión internacional para un alto el fuego ante el constante incremento de víctimas y de destrucción puede haber sido una de las claves. No obstante, Netanyahu ya había rechazado anteriormente dos propuestas de tregua, insistiendo en que los ataques continuarían «el tiempo que fuese necesario», hasta que Israel alcanzase todos sus objetivos (en teoría, debilitar a Hamás eliminando a miembros de su cúpula, destruyendo sus infraestructuras y limitando su capacidad de atacar a Israel). Es posible también, por tanto, que los haya conseguido ya, o que considere suficiente lo logrado, tanto en el aspecto militar como en el político.
Por otro lado, con el paso de los días se iban incrementando las protestas palestinas, no solo en Gaza y, significativamente, en Cisjordania, sino también por parte de los árabes de origen palestino que viven dentro del territorio israelí, lo que ha supuesto un punto de inflexión importante que quizá Israel ha querido atajar.
La presión de la comunidad internacional a Netanyahu para que declarase un alto el fuego se incrementó en las últimas horas, incluyendo una petición de su gran aliado, el presidente de EE UU, Joe Biden, para que aceptase el cese de hostilidades. En concreto, Biden pidió este miércoles al primer ministro israelí una «significativa desescalada bélica» inmediata, y el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Tor Wennesland, también intensificó los contactos para facilitar la tregua.
La actividad diplomática fue especialmente intensa este jueves en la región. Una delegación egipcia viajó a Ramala, en Cisjordania, para informar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de la posible tregua, mientras el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, visitaba tanto Israel como los territorios palestinos, en medio de los esfuerzos internacionales por lograr una desescalada de la violencia.
De hecho, el anuncio del cese de las hotilidades se produjo mientras aún se celebraba una reunión de la Asamblea General de la ONU convocada para presionar a las partes.
Ambos consideran que han salido reforzados del conflicto. El jefe del Estado Mayor israelí, el jefe del servicio de inteligencia interior y altos mandos del Ejército «informaron a los ministros sobre los importantes logros de Israel en la operación, algunos de los cuales no tienen precedentes», según detalló un comunicado oficial recogido por Efe.
Mientras, el portavoz de Hamás, Hazem Qassem, indicó en otro comunicado que «la resistencia demuestra en todos sus pasos que es el escudo del pueblo y el más capaz de proteger los fundamentos de la causa palestina».
En una entrevista para el diario Al Mayadeen, recogida por Europa Press, uno de los líderes de Hamás, Mushir al Masry, se refirió al alto el fuego como una «declaración de derrota» por parte de Israel y una «huida del campo de batalla». Al Masry celebró «la saga de victorias» de Hamás durante este último enfrentamiento, así como «la unidad y la revolución del pueblo», que supieron «penetrar en las fortalezas enemigas, disipando sus ilusiones e imponiendo nuevas reglas».
El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió este jueves, tras anunciarse el alto el fuego, seguir con su «diplomacia silenciosa e incansable» con Israel y Palestina. «Creo que los palestinos e israelíes merecen igualmente vivir de forma segura y disfrutar de las mismas medidas de libertad, prosperidad y democracia. Mi Administración seguirá con su diplomacia silenciosa e incansable con ese fin», afirmó, en una alocución televisada.
El secretario general de la ONU, António Guterres, dio la bienvenida al alto el fuego, pero a la vez pidió a los líderes de las partes enfrentadas que comiencen un «serio diálogo» sobre la raíz del conflicto.
El lanzamiento de cohetes desde Gaza, más de 4.400 desde el inicio de la escalada, fue seguido por la operación militar israelí bautizada como «Guardian de los Muertos», que ha tenido un alto coste material y humano en el bloqueado enclave costero, donde viven dos millones de palestinos.
El Ejército israelí atacó más de 800 objetivos de las milicias y sus operativos, y asegura haber matado a más de 130 milicianos.
En los once días de escalada bélica han muerto al menos 232 palestinos, entre ellos 65 menores, y otros 1.900 han resultado heridos. En Israel han muerto 12 personas, entre ellas dos menores, y más de 340 han resultado heridas.
Durante estos días también se ha extendido la violencia y los enfrentamientos civiles entre palestinos e israelíes que, más allá de la escalada bélica que podría terminar este viernes, parecen haber abierto una crisis más profunda en la región.
Publicado originalmente en 20minutos
Con información de Efe y Europa Press
Vídeos no incluidos en el original
Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, que controla la Franja de Gaza, anunciaron a última hora de este jueves una tregua bilateral para poner fin a once días de escalada bélica que se han saldado con cerca de 250 muertos,… Leer
Para Yemen, 2020 ha sido un año apocalíptico, que ha superado incluso los peores pronósticos que se cernían sobre un país devastado por años de guerra y desastres humanitarios.
El acercamiento entre los hutíes, un movimiento político y armado que controla dos tercios de la población de Yemen, y Arabia Saudí a finales de 2019 fue visto con cierto optimismo, pero desde entonces han estallado nuevos enfrentamientos en todo el país. Ni siquiera el brote de COVID-19 detuvo la violencia. Como resultado de estos nuevos enfrentamientos, más de 18.600 personas murieron entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2020, según el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).
En una entrevista en 2018, Robert Malley, responsable de la oficina de Oriente Medio del Consejo de Seguridad Nacional de EE UU durante el gobierno de Obama, reconoció que era «muy probable» que la intervención militar de la coalición saudí en Yemen tuviese consecuencias desastrosas. «Para empezar, se trata del país más pobre de la región [Yemen], bombardeado por el país más rico [Arabia Saudí]», dijo.
Yemen ha sido víctima de una disputa regional, pero también de las potencias occidentales. Una coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que, según el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, tiene «acceso a algunas de las tecnologías militares más sofisticadas y caras del mundo», ha podido utilizar las tácticas más sangrientas. Como Martha Mundy, profesora emérita de antropología en la London School of Economics, escribió en su informe Las estrategias de la Coalición en la guerra de Yemen, estas tácticas incluyen un bloqueo por tierra, mar y aire que ha usado el hambre como método de guerra, y ataques indiscriminados contra la población civil y la producción de alimentos.
Para poder cometer tales atrocidades, la coalición saudí necesitaba asistencia logística de países como Estados Unidos y el Reino Unido. Las consecuencias han sido brutales. Según un informe de abril de 2019 elaborado por el Centro Pardee para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y de acuerdo con los datos de ACLED, el número de muertos en el país desde el comienzo de la guerra supera con creces los 250.000 y puede incluso estar cerca de los 300.000.
La magnitud de la crisis es difícil de comprender: cada 12 minutos aproximadamente muere un niño en Yemen, donde 24 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.
La política exterior de Donald Trump se ha traducido repetidamente en un empeoramiento de las crisis humanitarias en los países más pobres. Dos ejemplos recientes han sido el esfuerzo por suspender las ayudas destinadas a Yemen en marzo de este año, y la decisión de Trump, anunciada en mayo, de que Estados Unidos iba a dejar la Organización Mundial de la Salud, lo que tendrá un efecto desastroso a menos que el presidente electo, Joe Biden, decida reincorporar al país a la organización. La retirada de la financiación estadounidense tendrá como consecuencia el abandono de millones de personas en Yemen que dependen de esos fondos para sobrevivir. No se trata de medidas sorprendentes, en cualquier caso, teniendo en cuenta el apoyo de la administración de Trump –su «cheque en blanco», en palabras de Biden– a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
Mientras, lo que se espera de Biden es mucho. A pesar de haber sido vicepresidente de Barack Obama, quien apoyó la guerra en Yemen, Biden ha sido presionado para que «reconsidere» las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí, empujado por los sectores progresistas y por la impopularidad de la propia guerra. Si bien esto ha generado muchas esperanzas, se avecinan semanas difíciles antes de que Trump abandone la Casa Blanca. La aparente intención de Trump de tensar las relaciones con Irán y sus planes de designar a los hutíes como grupo terrorista pueden agravar la situación con los sectores más duros de los hutíes, empeorar la guerra y alejar cualquier perspectiva de paz.
La guerra no es la única catástrofe que ha sufrido Yemen este año. Las fuertes lluvias caídas entre la primavera y el verano causaron enormes daños y desplazaron a 300.000 personas. De hecho, Yemen es un claro ejemplo de las trágicas consecuencias de la crisis climática, cuyos efectos van más allá de las inundaciones. Casi 18 millones de personas no tienen acceso a agua potable, un problema que se agravará en el futuro.
Para los yemeníes, la COVID-19 no es más que la última en una serie de pandemias: en los últimos años el país se ha enfrentado a brotes de malaria, dengue y cólera. El hecho de que esta última sea una enfermedad perfectamente prevenible que debe ser erradicada nos recuerda que mientras el mundo buscaba vacunas para la COVID-19, la gente en Yemen estaba sufriendo las consecuencias de vivir sin agua potable. Peor aún, el sistema de salud en Yemen prácticamente se ha derrumbado.
Incluso la pandemia de COVID-19 se ha convertido en una lucha política, especialmente en la zona controlada por los hutíes, que se han negado a reconocer los casos y han difundido noticias falsas y desinformación que estigmatiza a quienes contraen la enfermedad, lo que supone que muchos no estén buscando tratamiento.
Actualmente se desconoce el verdadero alcance del brote de COVID-19 en Yemen, pero es probable que la cantidad de muertes en el país sea mucho mayor que las 607 reportadas por la OMS1. Las imágenes de satélite utilizadas para calcular los entierros entre abril y septiembre en la ciudad portuaria de Adén sitúan el exceso de mortalidad en la zona en 2.100 fallecidos frente a las 1.300 muertes previstas.
La economía está también en ruinas. Desde 2015, el valor del rial yemení ha caído a YER800/US$, más de dos tercios por debajo de su valor anterior a la guerra, mientras que la población depende cada vez más de las remesas que los yemeníes envían desde países como Arabia Saudí. Pero estos pagos también se han visto afectados por la crisis de la COVID-19, ya que muchos trabajadores en el extranjero han perdido sus empleos, lo que significa que la cantidad de dinero enviado a casa ha caído drásticamente.
La comunidad internacional empeoró una situación ya de por sí desastrosa cuando comenzó a reducir los fondos humanitarios enviados a Yemen, con el pretexto, a veces, de que los hutíes estaban utilizando la ayuda para sus propios intereses.
Esto ha tenido consecuencias nefastas, y Naciones Unidas ha pedido más fondos para evitar el colapso de los programas humanitarios, advirtiendo de que millones de niños «se enfrentan a una hambruna mortal». Mark Lowcock, subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, advirtió de que «la crisis humanitaria en Yemen nunca ha sido peor», y el secretario general, António Guterres, afirmó recientemente que «Yemen se encuentra ahora en peligro inminente de sufrir la peor hambruna que el mundo ha visto en décadas». En palabras de Lowcock, «los yemeníes no estando “pasando hambre”. Los están matando de hambre».
A falta de un mes para que acabase 2020, se había enviado menos de la mitad de la ayuda humanitaria solicitada por la ONU (se requieren otros 1.750 millones de dólares). Mientras tanto, se gastaron decenas de miles de millones de dólares en ventas de armas occidentales a Arabia Saudí y a los Emiratos durante la guerra.
Este contraste invita a la reflexión: el deber de los países democráticos es evitar desastres inimaginables. No queda tiempo. Los gobiernos occidentales deben actuar ahora, dejando de enviar armas y proporcionando, en cambio, fondos inmediatos para aliviar la mayor crisis humanitaria del mundo.
(1) El 30 de diciembre de 2020 la OMS registraba en Yemen 2.100 casos confirmados de COVID-19 y 611 muertes causadas por la enfermedad.
Isa Ferrero ha estudiado ingeniería energética y escribe sobre medio ambiente y cambio climático. Como activista de derechos humanos, ha investigado el imperialismo estadounidense y la crisis en Yemen. Ha escrito el libro Negociar con asesinos. Guerra y crisis en Yemen.
Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 9/12/2020
Traducción del original en inglés: While the world was locked down, Yemen faced an apocalyptic year
Para Yemen, 2020 ha sido un año apocalíptico, que ha superado incluso los peores pronósticos que se cernían sobre un país devastado por años de guerra y desastres humanitarios. El acercamiento entre los hutíes, un movimiento político y armado que… Leer
En febrero de 2020, cuando regresaba a El Cairo para visitar a su familia, Patrick Zaky, un estudiante de máster en la Universidad de Bolonia, fue arrestado por las autoridades egipcias. Zaky, un investigador de derechos de género que trabaja para la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR, por sus siglas en inglés), fue detenido por cargos que incluían «difundir noticias falsas» e «incitación a la protesta». Su abogado, Wael Ghally, afirmó que fue «golpeado y torturado». Diez meses después, sigue en prisión, a la espera de la audiencia previa al juicio.
Posteriormente, después de una reunión con 13 embajadores y diplomáticos europeos sobre la situación de los derechos humanos en Egipto, otros tres miembros del personal de la EIPR fueron detenidos, entre el 15 y el 19 de noviembre. El director administrativo de la EIPR, Mohamed Basheer; su director ejecutivo, Gasser Abdel Razek; y su director de justicia penal, Karim Ennarah, fueron acusados de «terrorismo» y «difusión de noticias falsas».
Aparentemente, recibieron un tratamiento de castigo. Fueron recluidos en régimen de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Tora Liman, sin contacto con el mundo exterior. A Basheer también se le negó el contacto con sus abogados, y su detención se renovó en secreto, tres días antes de la fecha prevista para la audiencia. A Abdel Razek lo afeitaron a la fuerza, lo dejaron sin calefacción ni ropa de invierno, y lo obligaron a dormir sobre una fría tabla de metal sin una manta. Todos ellos fueron añadidos al llamado Caso 855/2020, que incluye a muchos destacados defensores de los derechos humanos, periodistas y académicos, como Mohamed Al Baqer, Mahinour Al Masry, Islam Mohamed, Solafa Magdy y Hazem Hosny.
El 1 de diciembre se congelaron los activos de la EIPR y los tribunales se negaron incluso a escuchar las pruebas en contra de su clasificación como organización «terrorista».
Después de una gran protesta internacional, con políticos, diplomáticos y hasta celebridades pidiendo la liberación del personal de la EIPR, las autoridades egipcias liberaron repentinamente a Abdel Razek, Ennarah y Basheer en la noche del 3 de diciembre. Sin embargo, Zaky, como muchos otros acusados en el Caso 855/2020, permanece en prisión y, según diversas informaciones, su detención fue renovada por otros 45 días a principios de este mes por un tribunal de El Cairo. Las condiciones de la audiencia fueron excepcionalmente brutales incluso para los estándares egipcios: alrededor de 700 personas asistieron a una sesión en la que se escucharon hasta 50 casos. Según se informó, fueron obligados a esperar 12 horas sin acceso a alimentos, agua o servicios sanitarios, en una situación que afectó asimismo a niños muy pequeños nacidos bajo custodia.
Mientras, aunque han sido puestos en libertad, no se han retirado los cargos que pesan sobre el resto de los miembros de la EIPR, cuyos bienes personales permanecen congelados. Merece la pena señalar también que Abdel Razek, Ennarah y Basheer fueron liberados directamente de la prisión de Tora, un procedimiento inusual, ya que normalmente los prisioneros son trasladados primero a una comisaría de policía, antes de ser puestos en libertad. Esto sugiere que la liberación podría haber sido una intervención directa del presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, unos días antes de su visita a París el 7 de diciembre para «fortalecer la cooperación» con el presidente francés, Emmanuel Macron.
Muchos creen que la liberación de estos detenidos fue una medida cosmética para socavar la campaña de solidaridad internacional, allanar a Francia el camino para la reunión, y dejar en evidencia a los pocos gobiernos europeos que mencionaron, tímidamente, los derechos humanos, como aprovechó para recordar el propio Sisi durante su conferencia conjunta con Macron. A cambio, el presidente francés, facilitó lo que Sisi llamó «construcción de civilización», al negarse a imponer condiciones relacionadas con los derechos humanos a los acuerdos para la venta de armas francesas a Egipto, dando así a Sisi, en la práctica, carta blanca para el terrorismo de estado.
Por desgracia, ni las detenciones de los miembros de la EIPR ni la cooperación de Francia con Egipto son una sorpresa. Se trata, sencillamente, del último capítulo de una situación cuyo patrón se ha venido repitiendo durante los últimos seis años: el régimen represivo de Sisi se ha fortalecido gracias al apoyo ‘pragmático’ europeo y a un enfoque permisivo con respecto al terrible historial de violaciones de los derechos humanos de Egipto.
Desde que llegó al poder en 2013, Sisi ha ido reduciendo el espacio político y civil de Egipto, hasta el punto de que los egipcios se quejan con frecuencia de que si respiran en la dirección equivocada corren el riesgo de ser detenidos y ‘desaparecidos’ en el sistema judicial del país, una pesadilla en la que los juicios masivos, los cargos falsos y la corrupción son la norma.
Además, ha ampliado el control del gobierno sobre el poder judicial y el proceso político: «dañar la unidad social basada en la paz», «alterar el orden público» y «obstruir la labor de las autoridades» entran ahora dentro de la definición legal de «terrorismo». Y el uso que se ha dado a estas herramientas es escalofriante. El régimen ha perpetrado asesinatos en masa, incluyendo 3.185 personas presuntamente asesinadas por las fuerzas de seguridad desde julio de 2013, entre ellas, las al menos 900 que murieron en la masacre de Rabaa en agosto de 2013. Ha dictado cada vez más sentencias de muerte preliminares, impuestas a 2.433 personas (a 1.884 de ellas en juicios masivos), incluidos 11 niños. Y al menos 766 detenidos han muerto estando bajo custodia, por tortura, negligencia o asesinato directo. Esas son las cifras conocidas; las reales son, probablemente, mucho peores. Lo que es seguro es que el régimen de Sisi está tan aterrorizado por la disidencia que está exprimiendo la vida de los egipcios.
Las atroces violaciones de los derechos humanos en Egipto constituyen una bofetada cada vez más pública para la UE. La última advertencia severa, al más puro estilo de la mafia, se produjo como reacción a una mera reunión sobre derechos humanos con figuras del gobierno europeo, y el mismo día en que la UE publicó su «Plan de acción para los derechos humanos y la democracia 2020-2024». Sin embargo, la reacción del bloque revela el callejón sin salida de su estrategia actual: sus gobiernos se limitaron a emitir declaraciones de «profunda preocupación», y solo después de una importante campaña internacional. Desde entonces, las delegaciones europeas han continuado operando con normalidad: el embajador danés disfrutó de un plato de koshari con los medios estatales de Egipto, el embajador noruego celebró las nuevas relaciones comerciales ecológicas, y el Reino Unido firmó su asociación económica estratégica con Egipto. La propia UE celebró una reunión para el fortalecimiento de las relaciones con una serie de países entre los que se encontraba Egipto, a pesar de que los abusos contra los derechos humanos del régimen de Sisi han sido descritos como peores incluso que los del expresidente Mubarak.
Aprovechando la ‘crisis de los refugiados’ de Europa y los ataques terroristas, Sisi convenció a Bruselas y a los estados miembros clave de que su fuerza era el último bastión contra el terrorismo islamista y ante la ‘avalancha’ de migrantes. Ninguna de estas cosas es cierta: hay pocas señales de radicalización violenta en Egipto, y el país no es una ruta de migración importante. De hecho, la evidencia muestra que la represión sistemática aumenta significativamente las posibilidades de radicalización, y que el empobrecimiento y la represión alimentan el deseo de emigrar. Sisi ha desestabilizado Egipto, haciéndolo más precario y transformándolo, en la práctica, en un «sumidero de inseguridad».
Sin embargo, con el fin de parecer duros a nivel nacional en cuestiones de seguridad e inmigración, y motivados por intereses económicos relacionados con préstamos, inversiones y el incremento de la venta de armas, los líderes europeos han caído de buen grado en la trampa mortal de Sisi. Estas opciones se han presentado públicamente como un sacrificio de los valores fundamentales de la UE, ante la necesidad de estabilidad y seguridad. Y, si bien es cierto que esas decisiones pueden favorecer los intereses comerciales de las empresas europeas, no ocurre lo mismo con el interés nacional. De hecho, al contribuir al empobrecimiento y a la represión, los gobiernos europeos están incrementando la inseguridad, actuando directamente contra ese interés nacional.
Los gobiernos europeos deberían reconocer las grietas que presenta su estrategia actual. Hay muchas formas en las que podrían adoptar una postura clara contra Sisi, desde convocar a los embajadores de Egipto o retirar los suyos de El Cairo, hasta establecer un consejo de derechos humanos para el país en el próximo 46º Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, o suspender los compromisos de «lucha contra el terrorismo». También podrían hablar públicamente contra el régimen, o añadir e implementar condiciones relacionadas con los derechos humanos a las relaciones económicas con Egipto, incluyendo el comercio de armas. La UE podría también utilizar las recientemente aprobadas «sanciones Magnitsky» para prohibir los viajes y congelar los activos europeos de Sisi, su ministro del Interior y el director de la prisión de Tora.
A principios de esta semana, Sisi fue recibido en Francia con un desfile de caballería por París. Lo que habría que hacer ahora, sin embargo, es retirar la alfombra roja y aprender.
Andrea Teti es profesor titular de Política y Relaciones Internacionales y director científico del Proyecto de Transformaciones Árabes en la Universidad de Aberdeen, y miembro del Centro Europeo de Asuntos Internacionales con sede en Bruselas. En Twitter: @a_teti.
Vivienne Matthies-Boon es profesora adjunta de Relaciones Internacionales de Oriente Medio en la Universidad de Amsterdam. Su trabajo se centra especialmente en el trauma político que sufren los activistas dentro y fuera de Egipto. Sus escritos pueden encontrarse en academia.edu.
Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 11/12/2020
Traducción del original en inglés: Dancing with the devil: how the EU is complicit in Egypt’s brutal regime
En febrero de 2020, cuando regresaba a El Cairo para visitar a su familia, Patrick Zaky, un estudiante de máster en la Universidad de Bolonia, fue arrestado por las autoridades egipcias. Zaky, un investigador de derechos de género que trabaja… Leer
