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La Plaza Dira, en Riad, donde suelen llevarse a cabo las ejecuciones en Arabia Saudí, en una imagen de 2011. Foto: Luke Richard Thompson / Wikimedia Commons

Las autoridades de Arabia Saudí anunciaron este sábado las ejecuciones, en un solo día, de 81 personas. Se trata de la ejecución múltiple más numerosa en la historia reciente del reino.

Los ejecutados habían sido condenados por pertenencia a las organizaciones terroristas Estado Islámico y Al Qaeda, por formar parte de la insurgencia hutí en Yemen, y por otros crímenes castigados con la pena de muerte en el país, como la violación o el asesinato, según informó la agencia oficial de noticias saudí SPA (Saudi Press Agency, en inglés).

Entre los ejecutados, todos hombres, hay varios que eran menores de edad cuando fueron detenidos, según informa Ángeles Espinosa, corresponsal del diario El País en la región. En concreto, siete yemeníes, un sirio y varios saudíes chiíes.

El anterior récord de ejecuciones multitudinarias se remonta a enero de 1980, cuando el Estado saudí mató a los 63 condenados por el ataque a la Gran Mezquita de La Meca en 1979, una acción considerada como el peor ataque terrorista contra el reino, y que se saldó con 229 muertos.

Según informó la agencia SPA, los delitos cometidos por las personas ejecutadas este sábado incluyen «haber jurado lealtad a organizaciones terroristas extranjeras, como Estado Islámico, Al Qaeda y los hutíes» —estos últimos declarados por Arabia Saudí, que combate contra ellos en Yemen, como organización terrorista—, así como «ataques a ciudadanos árabes y viajar a zonas regionales de conflicto para unirse a organizaciones terroristas».

Entre los ejecutados también hay, según SPA, condenados por «atacar al personal del gobierno y sitios económicos vitales, matar a agentes del orden y mutilar sus cuerpos, y colocar minas terrestres contra vehículos policiales», así como por «delitos de secuestro, tortura, violación, contrabando de armas y atentados con bomba».

En el comunicado del Gobierno saudí que recoge SPA, el Ministerio del Interior señala que «el Reino seguirá adoptando una postura estricta e inquebrantable contra el terrorismo y las ideologías extremistas que amenazan la estabilidad del mundo entero», y asegura que a todos los acusados se les ha garantizado «el derecho a un abogado y todos sus derechos bajo la ley saudí durante el proceso judicial».

Las ejecuciones en Arabia Saudí se llevan a cabo por decapitación con sable.

«Lo opuesto a la justicia»

Según ha denunciado Amnistía Internacional, Arabia Saudí incrementó notablemente el año pasado el número de ejecuciones, una vez concluyó el turno del país en la presidencia del G20, con un total de 40 entre enero y julio de 2021, más que el total registrado en 2020:

En 2020, hubo una reducción del 85% en el número de ejecuciones registradas en Arabia Saudí. Inmediatamente después de terminar la presidencia saudí del G20, se reanudaron las ejecuciones, con 9 personas ejecutadas solo en diciembre de 2020. Entre enero y julio de 2021, al menos 40 personas fueron ejecutadas, más de las 27 de todo el año 2020. En muchos casos, las ejecuciones tuvieron lugar tras sentencias condenatorias en juicios manifiestamente injustos, ensombrecidos por denuncias de tortura durante la detención previa al juicio para obtener «confesiones» forzadas, cuya investigación la fiscalía obvió sistemáticamente.

Por su parte, la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos cifró el total de ejecuciones el año pasado en 67, un 148% más que en el año anterior, informa Europa Press. Ali Adubusi, director de esta organización, denunció que algunos de los ejecutados habían sido torturados y se enfrentaron a juicios «llevados a cabo en secreto». «Estas ejecuciones son lo opuesto a la justicia», dijo, en declaraciones recogidas por la cadena pública canadiense, CBC.

«El mundo ya debería saber que cuando Mohamed bin Salmán [príncipe heredero, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Arabia Sudí, hijo del rey Salmán bin Abdulaziz] promete reformas, es inevitable que se produzca un derramamiento de sangre», afirmó por su parte Soraya Bauwens, subdirectora de Reprieve, un grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Londres, también a la CBC.

En 2019, el reino decapitó a 37 ciudadanos saudíes, la mayoría de ellos pertenecientes a la minoría chií, en una ejecución masiva llevada a cabo en varios puntos del país, por presuntos delitos relacionados con el terrorismo.


Más información y fuentes:
» Arabia Saudí ejecuta en un solo día a 81 condenados por delito de terrorismo (Europa Press)
» Arabia Saudí ejecuta en un solo día a 81 condenados por diversos delitos (EFE)

» Arabia Saudí: Las autoridades incrementan la represión tras el paréntesis del G20 (Amnistía Internacional)
» Saudi Arabia puts 81 people to death in kingdom’s largest mass execution in decades (CBC)

Arabia Saudí bate su récord de ejecuciones: 81 asesinados en un día

Las autoridades de Arabia Saudí anunciaron este sábado las ejecuciones, en un solo día, de 81 personas. Se trata de la ejecución múltiple más numerosa en la historia reciente del reino. Los ejecutados habían sido condenados por pertenencia a las… Leer

Protesta en Beirut, Líbano, el 22 de noviembre de 2019, Día de la Independencia del país. Foto: Nadim Kobeissi / Wikimedia Commons

Después de casi nueve meses de disputas entre los partidos gobernantes del Líbano sobre su participación en el ejecutivo, y mientras la economía del país y las vidas de sus habitantes se arruinaban, el primer ministro designado, Saad Hariri, ha declarado su decisión de dimitir sin haber podido formar un nuevo gobierno.

Saad es hijo del ex primer ministro y multimillonario Rafiq Hariri, asesinado en 2005, y arquitecto del catastrófico sistema económico y financiero del país.

Este habría sido el tercer mandato de Saad como primer ministro: renunció bajo la presión de las protestas masivas en 2019 y ya ha fracasado en el cargo dos veces.

Saad ha fracasado también al frente de las empresas privadas que heredó de su difunto padre. Al igual que los bancos que están reteniendo el dinero de innumerables personas en el Líbano, Saad tampoco pagó a sus empleados lo que se les debía. No es, en cualquier caso, el único líder incompetente entre los partidos que han estado gobernando el país y supervisando el saqueo de su riqueza durante décadas.

Explosiones

La semana pasada, el primer ministro en funciones del Líbano, Hassan Diab, anunció a los embajadores de varias naciones una inminente «explosión social» en el país. Con voz severa, suplicó a «reyes y príncipes, presidentes y líderes» de otros países que donasen dinero al Líbano para evitar la catástrofe. Sin embargo, el hombre en la cima del poder ejecutivo del país no les dijo a los embajadores ni a su propia gente cómo iba a utilizar exactamente esas donaciones potenciales para evitar la anticipada explosión.

Una explosión real fue lo que ocurrió hace casi un año, cuando toneladas de nitrato de amonio almacenadas descuidadamente en el puerto de Beirut detonaron y destruyeron gran parte de la capital libanesa, matando a cientos e hiriendo a miles. Las familias de las víctimas, junto con el resto de la población, han estado pidiendo respuestas, justicia y rendición de cuentas. La única respuesta del Parlamento y del Ministerio del Interior ha sido negarse a levantar la inmunidad que protege a los funcionarios convocados para ser interrogados por el juez de instrucción. En cambio, las familias fueron atacadas por el ejército y la seguridad interna mientras protestaban frente a las casas del ministro del Interior y del presidente del Parlamento.

Es posible que los seres queridos de las víctimas no lleguen a obtener sus respuestas. Pero todos sabemos que la explosión en el puerto fue el síntoma de un desastre más profundo. No hay guerra en el Líbano. El país no está sitiado ni ha sufrido un desastre natural. Y, sin embargo, se enfrenta a un colapso total.

Mientras el estado se va hundiendo cada vez más en la crisis financiera, no se ha intentado ni siquiera idear un plan, aunque fuese un mal plan que pudiera ser criticado. Los partidos políticos discuten sobre lo poco que queda y tienen una sola estrategia: mendigar.

Dejadez y especulación

La idea es dejar que la crisis se resuelva sola. En realidad, queda en manos de las élites que controlan todos los sectores vitales de la economía, los bancos que durante décadas se han beneficiado de un sistema disfuncional, y un gobernador de un banco central que está siendo investigado por corrupción en varios países y que ha sido acusado por el gobierno de retener datos, de mala gestión y de tener mucha responsabilidad en las políticas que llevaron a la actual catástrofe económica.

Las crisis, además, producen siempre sus propios especuladores, y en el Líbano hay una larga historia de especuladores de la guerra.

En su libro Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano escribió sobre los «proxenetas de la miseria» del continente, que acumulan miles de millones en sus cuentas bancarias en el extranjero a expensas del resto de la población, sumergida en el dolor.

«Incorporadas desde siempre a la constelación del poder imperialista, nuestras clases dominantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo podría resultar más rentable que la traición, o si la mendicidad es la única forma posible de la política internacional», escribe Galeano. «Se hipoteca la soberanía porque “no hay otro camino”; las coartadas de la oligarquía confunden interesadamente la impotencia de una clase social con el presunto vacío de destino de cada nación».

Qué ajustada resulta esta descripción a la situación actual del Líbano, un país que, a diferencia de la mayoría de los estados latinoamericanos, tiene pocos recursos, aparte de su valor geopolítico y de la vida barata de su población; un país cuyos corruptos gobernantes son en su mayoría antiguos señores de la guerra que no parecen tener ninguna ambición nacional, impulsados únicamente por sus intereses personales y los dictados de sus patrocinadores extranjeros.

Dos años de crisis

Desde el verano de 2019 Líbano se ha hundido en una grave crisis financiera y política. Si hace dos años necesitabas 1.500 libras libanesas para comprar un dólar estadounidense, ahora te costará más de 20.000. Y, a diferencia de momentos anteriores de crisis económica y financiera en la historia reciente de la nación, esta vez ningún país rico, árabe o no, está dispuesto a rescatar a este estado fallido.

Esta vez, los compinches en el poder deben valerse por sí mismos, pero son tan incompetentes, corruptos e irresponsables, que se ven incapaces y sin voluntad de intentar gobernar, no digamos ya de proponer planes reales.

Cualquier solución real pasa por rendir cuentas de un modo también real, lo que inevitablemente significa el fin de la carrera política de quienes han estado en el poder desde el fin de la guerra civil del país (1975-1990), y que han llevado al Líbano a su estado actual. Han pasado casi dos años desde la severa crisis financiera, y esas mismas personas en el poder continúan culpándose entre sí, sin ofrecer responsabilidad, transparencia o soluciones.

En su lugar, los líderes presumen de consignas vacías sobre la lucha contra la misma corrupción de la que están todos acusados y sobre la responsabilidad que ellos mismos están impidiendo, y se acusan unos a otros de ser obstáculos para las reformas que están todos bloqueando.

El plan real es simplemente seguir avivando las divisiones sectarias, para mantener a la población dividida dócil, asustada y dependiente de los partidos sectarios. Y, mientras tanto, aquellos que tienen las influencias adecuadas continúan haciendo contrabando con su riqueza en el extranjero, y los que no, tienen sus depósitos retenidos por los bancos en el Líbano, sin poder retirar salvo algunas fracciones que determinan al azar los bancos y un gobierno que, aunque renunció, todavía no se ha ido.

Sin alternativas

Líbano no está en guerra. No está bajo asedio. Pero en el espacio de dos años, el salario mínimo ha pasado de alrededor de 450 dólares a menos de 40. Según un informe reciente de UNICEF, el 77% de los hogares no tiene suficiente comida o dinero para comprar alimentos. Para los hogares sirios en el Líbano, la cifra es del 99%. De acuerdo con el mismo informe, uno de cada cinco hogares no tiene suficiente agua potable.

Para un país que produce muy poco de sus necesidades básicas y tiene una de las economías del mundo más dependiente de las importaciones, la disminución del valor de la moneda coincide con un aumento alarmante de los precios de casi todo. Los sectores productivos del país han sido sistemáticamente destruidos desde el final de la guerra civil, con un plan económico construido en torno al consumismo, el turismo, la especulación inmobiliaria y la banca.

Existen salidas, pero todas ellas se enfrentan a la rigidez de una clase dominante violenta y poderosa que controla todos los aspectos de la economía, protegida por milicias y que, sobre todo, mantiene a la gente como rehén del sectarismo y de las redes de clientelismo.

Todas las soluciones posibles requieren la destitución de la clase política al completo, pero esto es una hazaña imposible, teniendo en cuenta que no hay una alternativa viable, que las elecciones no son ni libres ni justas, y que una gran parte de la población sigue dependiendo de, o es leal a, sus corruptos líderes.

Visitando una casa… cambiada

Escribir sobre los desastres de tu propio país no es fácil cuando ya no vives en él. Tengo que luchar contra la culpa del superviviente, y reconozco el privilegio de ser uno de los «afortunados» que se fueron.

Durante un viaje a casa el mes pasado, después de estar demasiado tiempo encerrado en Berlín, me convertí en un visitante que presenciaba el colapso, pero siempre con la opción de irme. Ver a mi familia, a mis seres queridos y a otras personas descender hacia la pobreza, la escasez y la miseria es doloroso, especialmente si se mezcla con un sentimiento de impotencia y culpa.

Para las personas de mi generación, que crecieron durante la guerra civil del país, esto es algo familiar. Pero también es enervante ver a nuestros padres, que sobrevivieron y lucharon por vivir y por darnos una oportunidad durante la guerra y sus secuelas, tener que sufrirlo de nuevo, ahora ya en su vejez, con mucha menos energía, más amargura y, a menudo, por su cuenta.

Vivieron en medio de la guerra, nos tuvieron durante la guerra, nos criaron y nos protegieron en plena guerra. Y ahora tienen que volver a pasar por lo mismo, en su vejez, por ver a sus hijos irse o sufrir. Y los que nos vamos, debemos vivir con nuestra culpa por irnos y con el sentimiento de impotencia por lo poco que podemos hacer para que tengan una vida que sea algo más que supervivencia, soledad, humillación y corazones rotos.

Incluso para aquellos lo suficientemente jóvenes como para tener un futuro y la energía para enfrentarse a las luchas diarias, ¿cómo se puede trabajar, pensar, esperar y vivir, cuando la vida diaria es una serie de logísticas, ansiedades y frustraciones? Esperar horas para obtener una fracción de tu dinero en el banco o una ración de gas; disponer de solo dos horas de electricidad al día, y pagar una factura del generador cada vez mayor, si es que tienes la suerte de poder permitirte uno; carecer de internet, de medicinas, de agua, de trabajo, mientras la violencia y la inseguridad aumentan, y con una moneda en constante declive que ha caído a menos de una décima parte de su valor y sigue bajando cada vez más…

En Líbano resulta difícil respirar, literalmente. Con menos de dos horas de electricidad al día, los generadores privados mantienen las luces encendidas para quienes pueden pagarlas. Funcionan con diesel y llenan el aire de un humo espeso. La semana pasada, la vacunación contra la COVID-19 tuvo que suspenderse por falta de luz y de internet en los centros de vacunación. El costo humano del colapso empeora: los cortes de energía y la escasez de medicamentos y de combustible están matando a la gente. Hay noticias frecuentes en los medios sobre peleas en estaciones de servicio, personas que sacan cuchillos, palos o incluso pistolas para conseguir un galón de gasolina. Y es solo el comienzo.

Hora de una revolución

Líbano se está enfrentando, realmente, a un colapso total. Pero no son donaciones de potencias extranjeras lo que necesita, especialmente cuando lo más probable es que estas terminen en las arcas de la misma élite corrupta que ha desangrado la economía para poder mantener sus posiciones.

Mientras, el movimiento de protesta que estalló en octubre de 2019, y que fue vital para sacudir el estancamiento del régimen, se enfrenta no solo a la resistencia despiadada de la clase dominante, sino también a sus propias deficiencias en la organización de alternativas viables. Tal vez no sea su culpa, pero es así.

Siendo alguien que va a regresar a una situación de seguridad y estabilidad, no me corresponde a mí juzgar. Encontrar alternativas políticas mientras se vive en una situación así no es tarea fácil. Para la mayoría de las personas en el país, la supervivencia es la prioridad en este momento, y la clase política sabe muy bien que cuando la gente está demasiado ocupada sobreviviendo, es poco probable que tenga la energía para levantarse contra ella. Y, sin embargo, existe una delgada línea entre la supervivencia y no tener nada que perder.

La ira es un sentimiento político. La pregunta es: ¿cómo puede aprovecharse en un proyecto?


Walid el Houri es un investigador, periodista y cineasta, residente entre Berlín y Beirut. Es el editor de la sección de Norte de África – Asia Occidental (NAWA) en openDemocracy. Tiene un doctorado en Estudios de Medios por la Universidad de Ámsterdam, y su trabajo y publicaciones tratan sobre los movimientos de protesta, las políticas del fracaso y las geografías de la guerra y la violencia.


Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 15/7/2021
Traducción del original en inglés: After nine months of waiting, Lebanon has neither a government nor accountability

Líbano, sin gobierno ni responsables tras nueve meses de espera

Después de casi nueve meses de disputas entre los partidos gobernantes del Líbano sobre su participación en el ejecutivo, y mientras la economía del país y las vidas de sus habitantes se arruinaban, el primer ministro designado, Saad Hariri, ha… Leer

Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, que controla la Franja de Gaza, anunciaron a última hora de este jueves una tregua bilateral para poner fin a once días de escalada bélica que se han saldado con cerca de 250 muertos, la inmensa mayoría en el lado palestino. Estas son, a falta de detalles sobre el contenido del pacto, las claves de un alto el fuego que ambas partes interpretan como una victoria:

¿Cuándo ha entrado en vigor la tregua, y hasta cuándo?

El alto el fuego se hizo efectivo a las 2.00 hora local de este viernes (23.00 GMT del jueves). En principio, se trata de una tregua indefinida.

¿Se está cumpliendo?

El Ejército israelí no había informado en la madrugada de este viernes de nuevas alarmas antiaéreas en las comunidades israelíes colindantes a la Franja, siendo la última notificada a la 01.51 hora local (10.51 GMT), informa Efe. Tampoco hubo bombardeos israelíes en Gaza durante la noche.

¿A qué se han comprometido?

Se da por sentado que ambas partes se han comprometido a detener las hostilidades (esencialmente, bombardeos contra Gaza por parte de Israel, y lanzamiento de cohetes contra territorio israelí por parte de Hamás). 

El Gobierno israelí, que no suele pronunciarse sobre los altos el fuego con las milicias, confirmó que se trata de un acuerdo incondicional. La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, señaló en ese sentido que se había acordado por unanimidad «aceptar la propuesta de Egipto de un alto el fuego mutuo y sin condiciones».

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, aseguró por su parte que habían obtenido «garantías de los mediadores» para una tregua «mutua y simultánea».

¿Qué incluye el acuerdo?

Este jueves por la noche no se conocían aún con detalle los términos de la tregua, pero, según medios citados por Efe, estos no incluirían, pese a las exigencias de Hamás, referencias a las tensiones por el desalojo de familias palestinas en Jerusalén Este ocupado o por las incursiones en la Explanada de las Mezquitas, hechos que el pasado día 10 de mayo desencadenaron la escalada bélica, sin precedentes en los últimos siete años.

¿Quién ha mediado para lograrlo?

El Gobierno israelí aseguró que se llegó a un acuerdo a partir de una propuesta de Egipto, mediador tradicional entre las dos partes. 

Como parte de su papel como mediador, El Cairo enviará en los próximos días dos delegaciones de seguridad a Tel Aviv, en Israel, y a los territorios palestinos para vigilar y hacer seguimiento de la tregua alcanzada, según informó la agencia palestina WAFA, citada por Europa Press.

¿Qué factores han influido para conseguirlo?

La presión internacional para un alto el fuego ante el constante incremento de víctimas y de destrucción puede haber sido una de las claves. No obstante, Netanyahu ya había rechazado anteriormente dos propuestas de tregua, insistiendo en que los ataques continuarían «el tiempo que fuese necesario», hasta que Israel alcanzase todos sus objetivos (en teoría, debilitar a Hamás eliminando a miembros de su cúpula, destruyendo sus infraestructuras y limitando su capacidad de atacar a Israel). Es posible también, por tanto, que los haya conseguido ya, o que considere suficiente lo logrado, tanto en el aspecto militar como en el político.

Por otro lado, con el paso de los días se iban incrementando las protestas palestinas, no solo en Gaza y, significativamente, en Cisjordania, sino también por parte de los árabes de origen palestino que viven dentro del territorio israelí, lo que ha supuesto un punto de inflexión importante que quizá Israel ha querido atajar.

¿Cómo ha sido la presión internacional?

La presión de la comunidad internacional a Netanyahu para que declarase un alto el fuego se incrementó en las últimas horas, incluyendo una petición de su gran aliado, el presidente de EE UU, Joe Biden, para que aceptase el cese de hostilidades. En concreto, Biden pidió este miércoles al primer ministro israelí una «significativa desescalada bélica» inmediata, y el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Tor Wennesland, también intensificó los contactos para facilitar la tregua.

La actividad diplomática fue especialmente intensa este jueves en la región. Una delegación egipcia viajó a Ramala, en Cisjordania, para informar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de la posible tregua, mientras el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, visitaba tanto Israel como los territorios palestinos, en medio de los esfuerzos internacionales por lograr una desescalada de la violencia.

De hecho, el anuncio del cese de las hotilidades se produjo mientras aún se celebraba una reunión de la Asamblea General de la ONU convocada para presionar a las partes.

Bombardeo israelí en Gaza el 12 de mayo de 2021. Vídeo: IDF / Wikimedia Commons

¿Cómo han reaccionado las dos partes?

Ambos consideran que han salido reforzados del conflicto. El jefe del Estado Mayor israelí, el jefe del servicio de inteligencia interior y altos mandos del Ejército «informaron a los ministros sobre los importantes logros de Israel en la operación, algunos de los cuales no tienen precedentes», según detalló un comunicado oficial recogido por Efe.

Mientras, el portavoz de Hamás, Hazem Qassem, indicó en otro comunicado que «la resistencia demuestra en todos sus pasos que es el escudo del pueblo y el más capaz de proteger los fundamentos de la causa palestina».

En una entrevista para el diario Al Mayadeen, recogida por Europa Press, uno de los líderes de Hamás, Mushir al Masry, se refirió al alto el fuego como una «declaración de derrota» por parte de Israel y una «huida del campo de batalla». Al Masry celebró «la saga de victorias» de Hamás durante este último enfrentamiento, así como «la unidad y la revolución del pueblo», que supieron «penetrar en las fortalezas enemigas, disipando sus ilusiones e imponiendo nuevas reglas».

Cohetes lanzados desde Gaza hacia Israel, interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro, el 14 de mayo de 2021. Vídeo: Lisa Canalo / Wikimedia Commons

¿Qué otras reacciones ha habido?

El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió este jueves, tras anunciarse el alto el fuego, seguir con su «diplomacia silenciosa e incansable» con Israel y Palestina. «Creo que los palestinos e israelíes merecen igualmente vivir de forma segura y disfrutar de las mismas medidas de libertad, prosperidad y democracia. Mi Administración seguirá con su diplomacia silenciosa e incansable con ese fin», afirmó, en una alocución televisada.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dio la bienvenida al alto el fuego, pero a la vez pidió a los líderes de las partes enfrentadas que comiencen un «serio diálogo» sobre la raíz del conflicto.

¿Cuál es el balance de víctimas?

El lanzamiento de cohetes desde Gaza, más de 4.400 desde el inicio de la escalada, fue seguido por la operación militar israelí bautizada como «Guardian de los Muertos», que ha tenido un alto coste material y humano en el bloqueado enclave costero, donde viven dos millones de palestinos.

El Ejército israelí atacó más de 800 objetivos de las milicias y sus operativos, y asegura haber matado a más de 130 milicianos.

En los once días de escalada bélica han muerto al menos 232 palestinos, entre ellos 65 menores, y otros 1.900 han resultado heridos. En Israel han muerto 12 personas, entre ellas dos menores, y más de 340 han resultado heridas.

Durante estos días también se ha extendido la violencia y los enfrentamientos civiles entre palestinos e israelíes que, más allá de la escalada bélica que podría terminar este viernes, parecen haber abierto una crisis más profunda en la región.


Publicado originalmente en 20minutos
Con información de Efe y Europa Press
Vídeos no incluidos en el original

Las claves de la tregua entre Israel y Hamás: un acuerdo con el que ambos claman victoria tras casi 250 muertos

Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, que controla la Franja de Gaza, anunciaron a última hora de este jueves una tregua bilateral para poner fin a once días de escalada bélica que se han saldado con cerca de 250 muertos,… Leer

Inundaciones en Saná, Yemen, en agosto de 2020. Foto: Wikimedia Commons

Para Yemen, 2020 ha sido un año apocalíptico, que ha superado incluso los peores pronósticos que se cernían sobre un país devastado por años de guerra y desastres humanitarios.

El acercamiento entre los hutíes, un movimiento político y armado que controla dos tercios de la población de Yemen, y Arabia Saudí a finales de 2019 fue visto con cierto optimismo, pero desde entonces han estallado nuevos enfrentamientos en todo el país. Ni siquiera el brote de COVID-19 detuvo la violencia. Como resultado de estos nuevos enfrentamientos, más de 18.600 personas murieron entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2020, según el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).

En una entrevista en 2018, Robert Malley, responsable de la oficina de Oriente Medio del Consejo de Seguridad Nacional de EE UU durante el gobierno de Obama, reconoció que era «muy probable» que la intervención militar de la coalición saudí en Yemen tuviese consecuencias desastrosas. «Para empezar, se trata del país más pobre de la región [Yemen], bombardeado por el país más rico [Arabia Saudí]», dijo.

Un desastre humanitario

Yemen ha sido víctima de una disputa regional, pero también de las potencias occidentales. Una coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que, según el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, tiene «acceso a algunas de las tecnologías militares más sofisticadas y caras del mundo», ha podido utilizar las tácticas más sangrientas. Como Martha Mundy, profesora emérita de antropología en la London School of Economics, escribió en su informe Las estrategias de la Coalición en la guerra de Yemen, estas tácticas incluyen un bloqueo por tierra, mar y aire que ha usado el hambre como método de guerra, y ataques indiscriminados contra la población civil y la producción de alimentos.

Para poder cometer tales atrocidades, la coalición saudí necesitaba asistencia logística de países como Estados Unidos y el Reino Unido. Las consecuencias han sido brutales. Según un informe de abril de 2019 elaborado por el Centro Pardee para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y de acuerdo con los datos de ACLED, el número de muertos en el país desde el comienzo de la guerra supera con creces los 250.000 y puede incluso estar cerca de los 300.000.

La magnitud de la crisis es difícil de comprender: cada 12 minutos aproximadamente muere un niño en Yemen, donde 24 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.

De Trump a Biden

La política exterior de Donald Trump se ha traducido repetidamente en un empeoramiento de las crisis humanitarias en los países más pobres. Dos ejemplos recientes han sido el esfuerzo por suspender las ayudas destinadas a Yemen en marzo de este año, y la decisión de Trump, anunciada en mayo, de que Estados Unidos iba a dejar la Organización Mundial de la Salud, lo que tendrá un efecto desastroso a menos que el presidente electo, Joe Biden, decida reincorporar al país a la organización. La retirada de la financiación estadounidense tendrá como consecuencia el abandono de millones de personas en Yemen que dependen de esos fondos para sobrevivir. No se trata de medidas sorprendentes, en cualquier caso, teniendo en cuenta el apoyo de la administración de Trump –su «cheque en blanco», en palabras de Biden– a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Mientras, lo que se espera de Biden es mucho. A pesar de haber sido vicepresidente de Barack Obama, quien apoyó la guerra en Yemen, Biden ha sido presionado para que «reconsidere» las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí, empujado por los sectores progresistas y por la impopularidad de la propia guerra. Si bien esto ha generado muchas esperanzas, se avecinan semanas difíciles antes de que Trump abandone la Casa Blanca. La aparente intención de Trump de tensar las relaciones con Irán y sus planes de designar a los hutíes como grupo terrorista pueden agravar la situación con los sectores más duros de los hutíes, empeorar la guerra y alejar cualquier perspectiva de paz.

Una serie de calamidades

La guerra no es la única catástrofe que ha sufrido Yemen este año. Las fuertes lluvias caídas entre la primavera y el verano causaron enormes daños y desplazaron a 300.000 personas. De hecho, Yemen es un claro ejemplo de las trágicas consecuencias de la crisis climática, cuyos efectos van más allá de las inundaciones. Casi 18 millones de personas no tienen acceso a agua potable, un problema que se agravará en el futuro.

Para los yemeníes, la COVID-19 no es más que la última en una serie de pandemias: en los últimos años el país se ha enfrentado a brotes de malaria, dengue y cólera. El hecho de que esta última sea una enfermedad perfectamente prevenible que debe ser erradicada nos recuerda que mientras el mundo buscaba vacunas para la COVID-19, la gente en Yemen estaba sufriendo las consecuencias de vivir sin agua potable. Peor aún, el sistema de salud en Yemen prácticamente se ha derrumbado.

Políticas de pandemia

Incluso la pandemia de COVID-19 se ha convertido en una lucha política, especialmente en la zona controlada por los hutíes, que se han negado a reconocer los casos y han difundido noticias falsas y desinformación que estigmatiza a quienes contraen la enfermedad, lo que supone que muchos no estén buscando tratamiento.

Actualmente se desconoce el verdadero alcance del brote de COVID-19 en Yemen, pero es probable que la cantidad de muertes en el país sea mucho mayor que las 607 reportadas por la OMS1. Las imágenes de satélite utilizadas para calcular los entierros entre abril y septiembre en la ciudad portuaria de Adén sitúan el exceso de mortalidad en la zona en 2.100 fallecidos frente a las 1.300 muertes previstas.

La economía está también en ruinas. Desde 2015, el valor del rial yemení ha caído a YER800/US$, más de dos tercios por debajo de su valor anterior a la guerra, mientras que la población depende cada vez más de las remesas que los yemeníes envían desde países como Arabia Saudí. Pero estos pagos también se han visto afectados por la crisis de la COVID-19, ya que muchos trabajadores en el extranjero han perdido sus empleos, lo que significa que la cantidad de dinero enviado a casa ha caído drásticamente.

Cada vez menos ayuda

La comunidad internacional empeoró una situación ya de por sí desastrosa cuando comenzó a reducir los fondos humanitarios enviados a Yemen, con el pretexto, a veces, de que los hutíes estaban utilizando la ayuda para sus propios intereses.

Esto ha tenido consecuencias nefastas, y Naciones Unidas ha pedido más fondos para evitar el colapso de los programas humanitarios, advirtiendo de que millones de niños «se enfrentan a una hambruna mortal». Mark Lowcock, subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, advirtió de que «la crisis humanitaria en Yemen nunca ha sido peor», y el secretario general, António Guterres, afirmó recientemente que «Yemen se encuentra ahora en peligro inminente de sufrir la peor hambruna que el mundo ha visto en décadas». En palabras de Lowcock, «los yemeníes no estando “pasando hambre”. Los están matando de hambre».

A falta de un mes para que acabase 2020, se había enviado menos de la mitad de la ayuda humanitaria solicitada por la ONU (se requieren otros 1.750 millones de dólares). Mientras tanto, se gastaron decenas de miles de millones de dólares en ventas de armas occidentales a Arabia Saudí y a los Emiratos durante la guerra.

Este contraste invita a la reflexión: el deber de los países democráticos es evitar desastres inimaginables. No queda tiempo. Los gobiernos occidentales deben actuar ahora, dejando de enviar armas y proporcionando, en cambio, fondos inmediatos para aliviar la mayor crisis humanitaria del mundo.


(1) El 30 de diciembre de 2020 la OMS registraba en Yemen 2.100 casos confirmados de COVID-19 y 611 muertes causadas por la enfermedad.


Isa Ferrero ha estudiado ingeniería energética y escribe sobre medio ambiente y cambio climático. Como activista de derechos humanos, ha investigado el imperialismo estadounidense y la crisis en Yemen. Ha escrito el libro Negociar con asesinos. Guerra y crisis en Yemen.


Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 9/12/2020
Traducción del original en inglés: While the world was locked down, Yemen faced an apocalyptic year

Un año apocalíptico para Yemen

Para Yemen, 2020 ha sido un año apocalíptico, que ha superado incluso los peores pronósticos que se cernían sobre un país devastado por años de guerra y desastres humanitarios. El acercamiento entre los hutíes, un movimiento político y armado que… Leer

El presidente de Egipto, Abdel Fatah Al Sisi. Foto: Presidencia de Rusia

En febrero de 2020, cuando regresaba a El Cairo para visitar a su familia, Patrick Zaky, un estudiante de máster en la Universidad de Bolonia, fue arrestado por las autoridades egipcias. Zaky, un investigador de derechos de género que trabaja para la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR, por sus siglas en inglés), fue detenido por cargos que incluían «difundir noticias falsas» e «incitación a la protesta». Su abogado, Wael Ghally, afirmó que fue «golpeado y torturado». Diez meses después, sigue en prisión, a la espera de la audiencia previa al juicio.

Posteriormente, después de una reunión con 13 embajadores y diplomáticos europeos sobre la situación de los derechos humanos en Egipto, otros tres miembros del personal de la EIPR fueron detenidos, entre el 15 y el 19 de noviembre. El director administrativo de la EIPR, Mohamed Basheer; su director ejecutivo, Gasser Abdel Razek; y su director de justicia penal, Karim Ennarah, fueron acusados de «terrorismo» y «difusión de noticias falsas».

Aparentemente, recibieron un tratamiento de castigo. Fueron recluidos en régimen de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Tora Liman, sin contacto con el mundo exterior. A Basheer también se le negó el contacto con sus abogados, y su detención se renovó en secreto, tres días antes de la fecha prevista para la audiencia. A Abdel Razek lo afeitaron a la fuerza, lo dejaron sin calefacción ni ropa de invierno, y lo obligaron a dormir sobre una fría tabla de metal sin una manta. Todos ellos fueron añadidos al llamado Caso 855/2020, que incluye a muchos destacados defensores de los derechos humanos, periodistas y académicos, como Mohamed Al Baqer, Mahinour Al Masry, Islam Mohamed, Solafa Magdy y Hazem Hosny.

El 1 de diciembre se congelaron los activos de la EIPR y los tribunales se negaron incluso a escuchar las pruebas en contra de su clasificación como organización «terrorista».

Después de una gran protesta internacional, con políticos, diplomáticos y hasta celebridades pidiendo la liberación del personal de la EIPR, las autoridades egipcias liberaron repentinamente a Abdel Razek, Ennarah y Basheer en la noche del 3 de diciembre. Sin embargo, Zaky, como muchos otros acusados en el Caso 855/2020, permanece en prisión y, según diversas informaciones, su detención fue renovada por otros 45 días a principios de este mes por un tribunal de El Cairo. Las condiciones de la audiencia fueron excepcionalmente brutales incluso para los estándares egipcios: alrededor de 700 personas asistieron a una sesión en la que se escucharon hasta 50 casos. Según se informó, fueron obligados a esperar 12 horas sin acceso a alimentos, agua o servicios sanitarios, en una situación que afectó asimismo a niños muy pequeños nacidos bajo custodia.

Mientras, aunque han sido puestos en libertad, no se han retirado los cargos que pesan sobre el resto de los miembros de la EIPR, cuyos bienes personales permanecen congelados. Merece la pena señalar también que Abdel Razek, Ennarah y Basheer fueron liberados directamente de la prisión de Tora, un procedimiento inusual, ya que normalmente los prisioneros son trasladados primero a una comisaría de policía, antes de ser puestos en libertad. Esto sugiere que la liberación podría haber sido una intervención directa del presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, unos días antes de su visita a París el 7 de diciembre para «fortalecer la cooperación» con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Muchos creen que la liberación de estos detenidos fue una medida cosmética para socavar la campaña de solidaridad internacional, allanar a Francia el camino para la reunión, y dejar en evidencia a los pocos gobiernos europeos que mencionaron, tímidamente, los derechos humanos, como aprovechó para recordar el propio Sisi durante su conferencia conjunta con Macron. A cambio, el presidente francés, facilitó lo que Sisi llamó «construcción de civilización», al negarse a imponer condiciones relacionadas con los derechos humanos a los acuerdos para la venta de armas francesas a Egipto, dando así a Sisi, en la práctica, carta blanca para el terrorismo de estado.

Por desgracia, ni las detenciones de los miembros de la EIPR ni la cooperación de Francia con Egipto son una sorpresa. Se trata, sencillamente, del último capítulo de una situación cuyo patrón se ha venido repitiendo durante los últimos seis años: el régimen represivo de Sisi se ha fortalecido gracias al apoyo ‘pragmático’ europeo y a un enfoque permisivo con respecto al terrible historial de violaciones de los derechos humanos de Egipto.

Desde que llegó al poder en 2013, Sisi ha ido reduciendo el espacio político y civil de Egipto, hasta el punto de que los egipcios se quejan con frecuencia de que si respiran en la dirección equivocada corren el riesgo de ser detenidos y ‘desaparecidos’ en el sistema judicial del país, una pesadilla en la que los juicios masivos, los cargos falsos y la corrupción son la norma.

Además, ha ampliado el control del gobierno sobre el poder judicial y el proceso político: «dañar la unidad social basada en la paz», «alterar el orden público» y «obstruir la labor de las autoridades» entran ahora dentro de la definición legal de «terrorismo». Y el uso que se ha dado a estas herramientas es escalofriante. El régimen ha perpetrado asesinatos en masa, incluyendo 3.185 personas presuntamente asesinadas por las fuerzas de seguridad desde julio de 2013, entre ellas, las al menos 900 que murieron en la masacre de Rabaa en agosto de 2013. Ha dictado cada vez más sentencias de muerte preliminares, impuestas a 2.433 personas (a 1.884 de ellas en juicios masivos), incluidos 11 niños. Y al menos 766 detenidos han muerto estando bajo custodia, por tortura, negligencia o asesinato directo. Esas son las cifras conocidas; las reales son, probablemente, mucho peores. Lo que es seguro es que el régimen de Sisi está tan aterrorizado por la disidencia que está exprimiendo la vida de los egipcios.

Las atroces violaciones de los derechos humanos en Egipto constituyen una bofetada cada vez más pública para la UE. La última advertencia severa, al más puro estilo de la mafia, se produjo como reacción a una mera reunión sobre derechos humanos con figuras del gobierno europeo, y el mismo día en que la UE publicó su «Plan de acción para los derechos humanos y la democracia 2020-2024». Sin embargo, la reacción del bloque revela el callejón sin salida de su estrategia actual: sus gobiernos se limitaron a emitir declaraciones de «profunda preocupación», y solo después de una importante campaña internacional. Desde entonces, las delegaciones europeas han continuado operando con normalidad: el embajador danés disfrutó de un plato de koshari con los medios estatales de Egipto, el embajador noruego celebró las nuevas relaciones comerciales ecológicas, y el Reino Unido firmó su asociación económica estratégica con Egipto. La propia UE celebró una reunión para el fortalecimiento de las relaciones con una serie de países entre los que se encontraba Egipto, a pesar de que los abusos contra los derechos humanos del régimen de Sisi han sido descritos como peores incluso que los del expresidente Mubarak.

¿Cómo se ha llegado a esto?

Aprovechando la ‘crisis de los refugiados’ de Europa y los ataques terroristas, Sisi convenció a Bruselas y a los estados miembros clave de que su fuerza era el último bastión contra el terrorismo islamista y ante la ‘avalancha’ de migrantes. Ninguna de estas cosas es cierta: hay pocas señales de radicalización violenta en Egipto, y el país no es una ruta de migración importante. De hecho, la evidencia muestra que la represión sistemática aumenta significativamente las posibilidades de radicalización, y que el empobrecimiento y la represión alimentan el deseo de emigrar. Sisi ha desestabilizado Egipto, haciéndolo más precario y transformándolo, en la práctica, en un «sumidero de inseguridad».

Sin embargo, con el fin de parecer duros a nivel nacional en cuestiones de seguridad e inmigración, y motivados por intereses económicos relacionados con préstamos, inversiones y el incremento de la venta de armas, los líderes europeos han caído de buen grado en la trampa mortal de Sisi. Estas opciones se han presentado públicamente como un sacrificio de los valores fundamentales de la UE, ante la necesidad de estabilidad y seguridad. Y, si bien es cierto que esas decisiones pueden favorecer los intereses comerciales de las empresas europeas, no ocurre lo mismo con el interés nacional. De hecho, al contribuir al empobrecimiento y a la represión, los gobiernos europeos están incrementando la inseguridad, actuando directamente contra ese interés nacional.

Los gobiernos europeos deberían reconocer las grietas que presenta su estrategia actual. Hay muchas formas en las que podrían adoptar una postura clara contra Sisi, desde convocar a los embajadores de Egipto o retirar los suyos de El Cairo, hasta establecer un consejo de derechos humanos para el país en el próximo 46º Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, o suspender los compromisos de «lucha contra el terrorismo». También podrían hablar públicamente contra el régimen, o añadir e implementar condiciones relacionadas con los derechos humanos a las relaciones económicas con Egipto, incluyendo el comercio de armas. La UE podría también utilizar las recientemente aprobadas «sanciones Magnitsky» para prohibir los viajes y congelar los activos europeos de Sisi, su ministro del Interior y el director de la prisión de Tora.

A principios de esta semana, Sisi fue recibido en Francia con un desfile de caballería por París. Lo que habría que hacer ahora, sin embargo, es retirar la alfombra roja y aprender.


Andrea Teti es profesor titular de Política y Relaciones Internacionales y director científico del Proyecto de Transformaciones Árabes en la Universidad de Aberdeen, y miembro del Centro Europeo de Asuntos Internacionales con sede en Bruselas. En Twitter: @a_teti.

Vivienne Matthies-Boon es profesora adjunta de Relaciones Internacionales de Oriente Medio en la Universidad de Amsterdam. Su trabajo se centra especialmente en el trauma político que sufren los activistas dentro y fuera de Egipto. Sus escritos pueden encontrarse en academia.edu.


Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 11/12/2020
Traducción del original en inglés: Dancing with the devil: how the EU is complicit in Egypt’s brutal regime

Bailando con el diablo: la complicidad de la UE con el brutal régimen egipcio

En febrero de 2020, cuando regresaba a El Cairo para visitar a su familia, Patrick Zaky, un estudiante de máster en la Universidad de Bolonia, fue arrestado por las autoridades egipcias. Zaky, un investigador de derechos de género que trabaja… Leer

El presidente electo de EE UU, Joe Biden. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son los socios económicos y políticos de más importancia estratégica para Estados Unidos en Asia Occidental. Es posible que el presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, no cuenten con un proyecto esencialmente diferente para la región, pero sí van a aportar un tipo diferente de diplomacia.

A pesar de que muchos dan por hecho que la presidencia de Biden será una extensión de las políticas de Obama, existen nuevas realidades en Oriente Medio que el presidente electo deberá tener en cuenta.

Los países del CCG están divididos, debido al embargo, liderado por Arabia Saudí, impuesto a Catar desde 2017. Para muchos líderes del CCG, resucitar la política exterior de Obama no es lo ideal. Fue durante su presidencia cuando ocurrieron las revueltas de la Primavera Árabe en 2011, el golpe militar en Egipto de 2013, el ascenso de grupos extremistas y, por último, el acuerdo nuclear con Irán.

Riad y Abu Dabi disfrutaron con la campaña de «máxima presión» contra Irán llevada a cabo por Trump, y con la pasividad del ahora presidente saliente ante los abusos contra los derechos humanos.

Biden ha declarado públicamente que él no habría tolerado el cruel asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, el encarcelamiento de mujeres activistas saudíes, o los crímenes de guerra en Yemen. La impaciencia de Biden con Arabia Saudí y su probable tolerancia con Irán chocan con un creciente lobby en Washington, en el que tanto Riad como Abu Dabi han invertido mucho.

La supuesta intención del Gobierno estadounidense de acabar con la crisis humanitaria causada por los bombardeos saudíes en Yemen fue bloqueada por el círculo íntimo de Trump. Por tanto, en ausencia de ese círculo, Riad tendrá que conformarse con compromisos más simples por parte de los hutíes. La retirada gradual de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la guerra de Yemen entre 2017 y 2019, les colocó en una situación menos sólida que la de su vecino saudí ante la derrota de Trump.

Junto con Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones con Israel el 13 de agosto de 2020, en los denominados oficialmente Acuerdos de Abraham. Este impactante movimiento histórico fue considerado una traición por la causa palestina, e innecesario desde la perspectiva geopolítica de los EAU. Aún así, puede entenderse como un intento desesperado por agudizar la rivalidad con Irán.

Irán es, de hecho, el principal foco a la hora de determinar la política exterior de Estados Unidos con respecto al CCG. La firma del acuerdo nuclear en 2015, oficialmente conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), supuso para el régimen iraní la oportunidad de iniciar una nueva era marcada por la ruptura del aislamiento global y las sanciones lideradas por EE UU. Tres años después, Trump se retiró unilateralmente del acuerdo y comenzó una campaña de «máxima presión» que implicó sanciones económicas más severas contra el sector financiero iraní.

Biden ha declarado que EE UU volverá a unirse al acuerdo, con el objetivo de allanar el camino para continuar negociando. No obstante, es imposible predecir cómo evaluará Biden el grado de cumplimiento por parte de Irán, considerando las referencias tan poco claras que deja su predecesor. Después de todo, el hecho de que Irán fuese el mayor enemigo de Trump no significa que vaya a ser el mayor aliado de Biden. Por otra parte, no puede olvidarse la decepción de Riad con Trump durante los ataques a Aramco de septiembre de 2019.

Irak es otro de los lugares donde estallaron las disputas entre EE UU e Irán, como resultado de las protestas contra el gobierno de Bagdad que comenzaron en octubre de 2019. Riad acogió con gran satisfacción los intentos de Trump de respaldar a los grupos apoyados por Teherán en Irak. Giorgio Cafiero, director de Gulf State Analytics, una consultora de riesgos geopolíticos con sede en Washington, considera las acciones de Trump en Irak como «las más audaces en términos de contrarrestar la influencia regional de Irán, algo especialmente subrayado por el descarado asesinato del general Qasem Soleimani en enero de 2020». No obstante, Cafiero señala asimismo que, desde los ataques contra Aramco en septiembre de 2019, «a los saudíes les preocupa la verdadera voluntad de Trump de defender al reino de las amenazas que suponen los grupos respaldados por Irán en la región y que tienen una relación hostil con Riad».

Kuwait, Omán y Catar verían con buenos ojos una desescalada con Irán, así como cualquier intento por finalizar la crisis del Golfo. Mientras que Omán acogerá positivamente los planes de Biden para acabar con la ayuda militar estadounidense a Arabia Saudí en la guerra en Yemen, Kuwait espera encontrar un líder estadounidense más «neutral» para reparar la grieta abierta en la región.

Por su parte, Doha cuenta con la voluntad de Biden de poner fin al embargo, después de que Trump parezca haber ignorado las relaciones institucionales estratégicas a largo plazo de Estados Unidos con los países del CCG, y el interés de Washington de mantener un frente unido en el Golfo frente a Irán. En cualquier caso, la paz entre Riad y Doha parece más probable que un acuerdo en el que también esté incluida Abu Dabi, salvo que Biden supere las expectativas. Aunque si el presidente electo decide centrarse más en las relaciones de EE UU con el continente asiático en general que en el Golfo, esa voluntad por sí sola no será suficiente para acabar con la crisis.

En cuanto a Libia, es más probable que Biden apoye al Gobierno de Acuerdo Nacional respaldado por Turquía y Catar, en contraste con el enfoque pro EAU de Trump y su dependencia de los aliados europeos y rusos. En otras palabras, puede haber más presión a Abu Dabi para que acate el embargo internacional de armas a Libia. Por el contrario, la venta aprobada por EE UU de materiales de defensa avanzada (F-35) a los Emiratos (una tecnología que hasta ahora solo proporcionaba a Israel en la región), el 10 de noviembre de 2020, supone un auténtico punto de inflexión.

En el ámbito económico, se espera que Biden restituya el papel glogal de EE UU en la lucha contra el cambio climático reincoporándose al Acuerdo de París, del que salió Trump mediante una orden ejecutiva. Las políticas medioambientales de Biden se centran en prohibir el fracking (fractura hidráulica), tanto en aguas estadounidenses como en el territorio federal, una medida que beneficiaría a los países del CCG, ya que incrementaría los precios globales del petróleo. El columnista saudí Sultan Althari señala que la iniciativa «les proporcionaría [a los países del CCG] un salvavidas especialmente necesario a la hora de conseguir el delicado equilibrio entre aliviar las dificultades económicas causadas por la pandemia, y los ambiciosos planes para diversificar los medios de producción y conseguir una transición exitosa hacia economías más basadas en el conocimiento».

En general, Estados Unidos mantendrá su alianza estratégica con sus amigos del Golfo, aunque no todas las posturas de Washington serán bien recibidas. Y algunos asuntos que están perdiendo ya la relevancia y el apoyo que tuvieron, como la guerra en Yemen, el bloqueo a Catar, o una escalada de la tensión con Irán, es probable que vayan, poco a poco, finalizando.


Zeidon Alkinani es un escritor y analista político independiente iraquí-sueco, máster en Políticas Públicas Internacionales por el University College de Londres. Su investigación se centra, entre otros temas, en la región de Oriente Medio y el Norte de África, Irak, el sectarismo, la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio, la Primavera Árabe y el desarrollo durante la posguerra.


Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 3/12/2020
Traducción del original en inglés: What does Biden’s presidency mean for the future of the Gulf?

La presidencia de Biden y el futuro del Golfo

Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son los socios económicos y políticos de más importancia estratégica para Estados Unidos en Asia Occidental. Es posible que el presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, no… Leer

Manifestación en Afrin, Siria, en contra de la intervención militar turca, en enero de 2018. Imagen: Voice of America / Wikimedia Commons

«Me amenazó con matar a mi hija, violarme, hacer fotos y distribuirlas a todo el mundo. Me obligó a mirar mientras torturaban cruelmente a mujeres. Era tan horrible que me puse enferma solo de verlo», relata una mujer anónima en un vídeo en el que detalla su captura en Afrin, en el norte de Siria.

Afrin era una región de mayoría kurda donde las mujeres tenían más derechos que en ningún otro lugar de Siria, un país patriarcal sumido en una guerra sangrienta. El matrimonio infantil y la poligamia estaban prohibidos, y la violencia doméstica, penalizada.

Durante buena parte de la guerra en Siria, la ciudad de Afrin se mantuvo segura, convertida en un santuario que acogía a todo el mundo. Shiler Sildo, una antigua residente en Afrin de 31 años de edad, voluntaria en la Media Luna Roja kurda, explica a openDemocracy que «disfrutábamos de un ambiente de libertad donde todo el mundo, especialmente las mujeres, podía mostrarse como quisiera. Podías vestir pantalones cortos, faldas, vestidos cortos, lo que fuera».

«Había un nivel de criminalidad muy bajo. Tener esa clase de seguridad en Siria era especial. Había una atmósfera utópica, era un lugar muy pacífico», recuerda Shiler.

Pero esto pronto cambió.

Desde 2018, Afrin ha estado bajo el control de milicias respaldadas por Turquía, que tomaron el control de la región tras una operación de dos meses que sacó de allí a las fuerzas kurdas. Para muchos civiles residentes en la ciudad, es como vivir en estado de sitio.

En marzo de 2018, Shiler y su familia huyeron de su casa de cinco dormitorios. «La ciudad ya no podía seguir aguantando la tensión entre las distintas facciones», dice.

Un clima de miedo

Una comisión reciente de Naciones Unidas ha encontrado grandes evidencias de que «la situación de las mujeres kurdas es precaria». La Comisión de Investigación sobre Siria de la ONU halló pruebas abrumadoras de violaciones diarias, violencia sexual, acoso y tortura, en la primera mitad de 2020. Solo en febrero, el informe documenta la violación de al menos 30 mujeres en la ciudad kurda de Tal Abyad . «Las facciones están cometiendo cientos e incluso miles de violaciones a diario», señala Shyler, con preocupación.

A principios de este año, un vídeo mostró a mujeres siendo sacadas de la celda secreta, ilegal y abarrotada de una prisión. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó de que estaban desnudas cuando las encontraron.

Estas atrocidades se asemejan a lo que padeció la población kurda a manos de Estado Islámico en varias partes de Irak y Siria, tan solo unos años antes. La diferencia es que estas mujeres no están siendo torturadas por un grupo militante islamista, sino que se encuentran bajo el control de milicias respaldadas por Turquía, un país miembro de la OTAN y aliado de Estados Unidos.

Hay ahora «un clima generalizado de miedo a la tortura, hasta el punto de que muchas mujeres no salen de sus casas porque no quieren convertirse en el objetivo de los grupo armados», indica Meghan Bodette, fundadora del proyecto Mujeres Desaparecidas de Afrin, una página web lanzada en 2018 para rastrear las desapariciones de mujeres en la zona, la otra gran preocupación, junto a la tortura.

Desde enero de 2018, un total de 173 mujeres y niñas han sido presuntamente secuestradas. Solo se ha informado de la liberación de 64 de ellas, mientras que el destino de las 109 restantes sigue sin conocerse. Meghan lo califica como una «total campaña de terror contra la población kurda». Otros investigadores locales de derechos humanos aseguran que ha habido más de 1.500 secuestros. Es importante reseñar que Meghan solo documenta los casos de aquellas mujeres de las que se conoce la identidad completa.

Cerca de casa

Muchos kurdos huyeron de Afrin en 2018, entre ellos, Hassan Hassan, de 50 años, que cuenta a openDemocracy cómo su familia escapó «con solo algo de comida y la ropa puesta, dejando atrás nuestra casa, los álbumes de fotos, libros de toda una vida, juguetes de niños, muebles y aparatos eléctricos».

La familia de Hassan se refugió en un pueblo y vivió en una cueva durante 45 días: «Había bombardeos a diario, F-16 y drones en el cielo. Pudimos escapar del asedio gracias a la misericordia de Dios». Ahora viven en el lúgubre campamento de Shahba, cerca de Alepo, con otros desplazados internos, incluyendo Shiler y sus tres hijos.

Hassan y Shiler dejaron atrás a unos 200.000 habitantes en Afrin. Los que se quedaron se arriesgaron a ser torturados y secuestrados. Primos, amigos y vecinos de Hassan han desaparecido.

Su nueva vida tampoco ha supuesto un respiro en su sufrimiento. «Ayer no pudimos dormir por el estruendo de las bombas», dice Shiler.

La zona donde se encuentra el campo estuvo anteriormente bajo el control de Estado Islámico, que colocó cientos de minas. Shiler ha sido testigo de la pérdida de vidas, y pasa junto a cuerpos todos los días. «Soportamos este tipo de vida porque, geográficamente, nos sentimos cerca de casa», explica.

Zona peligrosa

Hace ahora un año, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ordenó invadir este enclave kurdo en Siria para «eliminar a todos los elementos del PKK [Partido de los Trabajadores del Kurdistán] y de las YPG [Unidades de Protección Popular]», grupos que considera terroristas. Describió el área como una «zona segura» de unos 480 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera. La violencia fue consecuencia de la orden de Donald Trump de retirar todas las tropas estadounidenses del norte de Siria.

Según Human Rights Watch, la realidad en esta «zona segura» es un horror de saqueos diarios, ejecuciones, tiroteos y desplazamientos forzados. Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de la ONG, afirma que existen «pruebas irrefutables de por qué las ‘zonas seguras’ propuestas por Turquía no son seguras en absoluto».

Meghan cita la retirada de Trump como un desencadenante de muchas «ramificaciones políticas internas en los Estados Unidos», lo que hizo que los medios occidentales se tomaran mucho más en serio los asesinatos, gracias a un nuevo ángulo político estadounidense.

Un ejemplo fue el asesinato de Hevrin Khalaf, una política e ingeniera civil kurdo-siria, que fue torturada y ejecutada durante la Operación Primavera de Paz, la ofensiva turca de 2019 en el noreste de Siria. Un vídeo de Bellingcat relaciona su muerte con rebeldes respaldados por Turquía. Otras fuente han informado de que estuvo involucrado Ahrar al-Sharqiya, un grupo rebelde sirio que lucha como parte del Ejército Nacional Sirio apoyado por Turquía, a pesar de que este lo ha negado.

El asesinato de Khalaf fue descrito en el diario conservador turco Yeni Safak como una exitosa operación antiterrorista, lo que no podría estar más lejos de la verdad. Khalaf dedicó su vida a la democracia y al feminismo. La autopsia indicó que la sacaron de su automóvil con tanta violencia que le arrancaron el pelo. Luego le dispararon en la cabeza a quemarropa y murió a consecuencia de una hemorragia cerebral grave.

Expansión turca

Meghan está preocupada por la «política expansionista y muy nacionalista de Turquía», que, según indica, se extiende a Siria y constituye un gran peligro para las minorías étnicas y religiosas. «Mientras mantengan territorio en Siria, existe el riesgo de que intenten invadir y ocupar más», añade.

Un informe del Centro de Información de Rojava revela que más de 40 exmiembros de Estado Islámico están «siendo refugiados, financiados y protegidos por Turquía en las regiones ocupadas», y que están trabajando en Afrin. Shiler, una antigua maestra, asegura que su escuela, que una vez albergó a más de 200 alumnos, es ahora un centro de la inteligencia turca, y que hay una foto de Erdoğan en pleno centro de Afrin. Hassan afirma que su granja «se la han apropiado excombatientes de Estado Islámico».

«Nos pasa a todos»

La sola mención de Estado Islámico es preocupante, particularmente para las mujeres yazidíes, la minoría religiosa que sufrió un genocidio a manos de los militantes de ese grupo. Amy Austin Holmes, investigadora en la Iniciativa para Oriente Medio de la Universidad de Harvard y miembro del Wilson Center, dice que «se calcula que el 90% de la población yazidí de Afrin ha sido expulsada de sus hogares». ¿Cómo puede sobrevivir esta comunidad tras tanta persecución a lo largo de los años?

El doctor Jan Ilhan Kizilhan, un destacado psicólogo kurdo-alemán que trabaja con los yazidíes, habla del trauma colectivo al que se enfrenta este grupo. «Toda la comunidad se ve afectada directa e indirectamente por los asesinatos. Te conviertes en parte de ese trauma colectivo. Si estás sufriendo, es posible que tengas pesadillas, trastornos del sueño y una sensación de impotencia».

Según Jan, eso es también lo que está sucediendo en Afrin: «[Militantes] están cometiendo violaciones, pero también están destruyendo la dignidad de la sociedad. Es un ataque a tu comprensión del mundo, porque la pregunta es: ¿cómo puede un humano hacer esto?».

Hassan y Shiler comparten esa opinión: «Cuando nos enteramos de lo que les pasa a las mujeres, sentimos que nos pasa a todas. Es difícil para los demás entender el impacto psicológico que nos causa», dice Shiler. Hassan, por su parte, cree que su padre, fallecido recientemente, murió «de dolor».

La comisión de la ONU también detalla el saqueo y la destrucción de sitios religiosos, santuarios y cementerios de una profunda importancia en la región de Afrin.

Demasiado poco, demasiado tarde

El informe de la ONU ha confirmado los hallazgos de Meghan, quien, no obstante, y aunque se muetsra agradecida por ello, explica que «tan pronto como estos grupos controlaron el territorio, comenzaron a cometer atrocidades contra la población civil, así que creo que es demasiado tarde». Es muy difícil para los periodistas acceder a esta zona, y quienes hablan arriesgan sus vidas.

«Los medios de comunicación no tienen permitido el acceso, por lo que la gente de Afrin desconoce el número de violaciones que se cometen cada día. La gente está tan asustada que prefiere morir en sus hogares en lugar de salir», dice Shiler.

Estos informes deberían ser usados por Naciones Unidas como una herramienta pata justificar la imposición de sanciones a los Estados responsables de los crímenes. Actualmente, Estados Unidos no ha sancionado a ninguno de los grupos armados respaldados por Turquía, y están permitiendo, de hecho, una operación de ingeniería demográfica con los kurdos, muchos de los cuales perdieron a sus familias luchando al lado de las fuerzas estadounidenses contra Estado Islámico.

Estados Unidos y el Reino Unido son responsables. El Reino Unido congeló las nuevas licencias de exportación para la venta de armas a Turquía, pero las licencias existentes aún pueden utilizarse.

«A Turquía no le importa si ocurren estas violaciones, está satisfecha con cualquier cosa que haga la vida miserable a los kurdos. Pero creo que no les gusta que se hable de ello internacionalmente, y que se le preste atención», señala Meghan.

Shiler, por su parte, piensa que la ocupación es «como el infierno».


Rachel Hagan es una periodista independiente, editora y escritora, especializada en derechos de la mujer y actualidad internacional. Su trabajo ha sido publicado en The Independent, VICE, The Financial Times, Glamour Magazine, ELLE, Huck Magazine y otros.


Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 11/11/2020
Traducción del original en inglés
: How Syria’s Afrin became hell for Kurds

La región siria de Afrin, convertida en un infierno para los kurdos

«Me amenazó con matar a mi hija, violarme, hacer fotos y distribuirlas a todo el mundo. Me obligó a mirar mientras torturaban cruelmente a mujeres. Era tan horrible que me puse enferma solo de verlo», relata una mujer anónima en… Leer

Un porteador en un mercado de Bagdad, en una imagen de archivo. Foto: Chatham House / Wikimedia Commons

En la calle Al Rashid de Bagdad, los puestos, las casas de té y los restaurantes sirven a clientes sin mascarilla en mercados abarrotados, a pesar de que la COVID-19 sigue propagándose rápidamente entre la población. Esta concurrida calle ejemplifica un fracaso preexistente de gestión, que ha afectado a muchos países en desarrollo, sacudidos por el impacto de la pandemia en sus economías.

Cerca de allí, en la plaza Al Rusafi, porteadores exhaustos acarrean pesadas cargas cruzándose en una telaraña de tráfico bajo el sol abrasador del inmisericorde verano iraquí. Un caballo enganchado a un carro observa a los conductores de taxis convertidos en autobuses llamar a gritos a los últimos pasajeros para completar un asiento vacío. Las bocinas se mezclan con una retaíla de insultos lanzados a bocajarro por un enojado conductor que quiere pasar, pero no puede. El diario repertorio de caos continúa, y el estruendo resuena por toda la plaza, en el mismo lugar donde los coches bomba han incinerado a tantos seres humanos en los últimos años.

A los más vulnerables a la pobreza se les ha instado a quedarse en casa, pero no se les ha ofrecido ninguna alternativa, y la ausencia de apoyo financiero les está empujando a retomar sus trabajos en un entorno de riesgo. Si bien la flexibilización de las restricciones de movimiento ha permitido a los trabajadores diarios poder mantener a sus familias, las autoridades no han habilitado equipos móviles de concienciación sobre medidas sanitarias en los mercados abarrotados, ni han organizado la distribución de mascarillas, cada vez más caras.

En Irak, al igual que en los otros países que se están enfrentando a los múltiples desafíos planteados por la pandemia, las personas pertenecientes a los grupos más frágiles tienen que valerse por sí mismas, mientras el gobierno se dispara a sí mismo en la carrera por contener la propagación de las infecciones de COVID-19.

«Nos moriríamos de hambre»

Para los residentes de las muchas áreas empobrecidas del centro y el este de Bagdad, quedarse en casa es un lujo que no se pueden permitir. «Nos moriríamos de hambre», dice Mohammed Turki, un porteador de 44 años, sentado en un callejón cercano.

Turki lleva 16 años trabajando como porteador, ganando, en el mejor de los casos, unos 20 dólares al día. «Pero eso es solo si puedo encontrar trabajo», aclara. De lo contrario, su salario diario transportando mercancías en los mercados de Bagdad no supera los 8 dólares, apenas suficiente para alimentar a sus cuatro hijos.

Actualmente, un paquete de mascarillas quirúrgicas cuesta en Bagdad 13 dólares.

Hacia el mediodía, los propietarios de las tiendas de la cercana plaza Al Rusafi que se quejan de la caída de las ventas bajan sus persianas. Las consecuencias económicas de la COVID-19 están ensombreciendo muchos modos de vida.

Tomando como referencia proyecciones del Banco Mundial según las cuales la pobreza se duplicará en 2020, un informe del Ministerio de Planificación iraquí, con el apoyo de UNICEF y otras organizaciones, señaló que «4,5 millones (11,7%) de iraquíes más corren el riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza, como resultado del impacto socioeconómico de la COVID-19», añadiendo que «este fuerte aumento incrementaría la tasa de pobreza nacional hasta el 31,7%, desde el 20% de 2018».

En el Irak posterior a la invasión, gobiernos consecutivos han fracasado, o han carecido de la voluntad suficiente, a la hora de diversificar la economía dependiente del petróleo del país. Han mantenido en el limbo la industria y la agricultura nacionales, centrándose en cambio en inundar el mercado iraquí con productos importados.

Un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el impacto de la COVID-19 y la caída de los precios del petróleo indica que «altos niveles de conflicto, junto con el brote de la COVID-19 y la caída de los ingresos del petróleo, pueden aumentar la pobreza extrema».

Ali Tawfiq se encuentra entre quienes corren ese riesgo de caer más profundamente aún en la pobreza, si se vuelve a imponer un confinamiento total para frenar la propagación de la COVID-19. Para poder seguir cuidando de su padre ciego, de sus dos hermanos discapacitados (un vendedor y otro porteador), y de él mismo, no ve otra opción que seguir tirando de un carrito a través de mercados abarrotados.

«Soy yo el que sostiene a mi familia. No venir al mercado significa no poder comer ni beber», dice.

El legado de la guerra

Tawfiq, de 19 años, pertenece a una de las varias generaciones oprimidas por la guerra que Estados Unidos y sus aliados libraron contra Irak en 2003. Comenzó a trabajar como porteador a la edad de diez años. Pocos años después de la ocupación, perdió a su hermana en un ataque terrorista. «Mi hermana murió en la explosión de un coche bomba en Al Mansour en 2007. Tenía solo diez años», cuenta.

Cada día va a trabajar a pie desde la zona de Alawi Al Hilla. Su hermano mudo de 14 años empezó a trabajar con él hace cuatro. Su hermano mayor, un veterano herido durante la lucha contra los militantes del autodenominado Estado Islámico (EI), y dado de baja posteriormente, dedica sus mañanas a vender botellas de agua en la plaza.

Mientras Tawfiq habla, una bandera iraquí hecha jirones ondea a duras apenas con el escaso viento, colocada en la mano de la estatua de Ma’ruf al Rusafi. Si el poeta estuviera vivo, tal vez reclamaría su tribuna y diría:

Tú, que preguntas por nosotros en Bagdad,
somos ganado en una tierra estéril
El oeste se elevó a los cielos, observándonos
y seguimos mirando desde abajo

El centro de Bagdad exhibe en toda su crudeza la miseria que envuelve al Irak de hoy y borra el esplendor de su pasado. Allí, tanto la historia como los seres humanos han quedado abandonados. Las grietas atraviesan el minarete de la mezquita de Al Khulafa, de la época abasí. El agua subterránea daña los cimientos y el minarete se va inclinando gradualmente hacia el este, al borde del colapso. En el lado opuesto de la calle Al Jumhuriyah, la humedad domina las paredes del interior de la catedral de San José. Dos lugares históricos de referencia que ahora están cerrados a los visitantes.

Montones de basura se acumulan al pie de antiguas mezquitas e iglesias, y de las tradicionales casas shanshūl, en callejuelas ruinosas donde se despoja de su infancia a los porteadores más jóvenes. Mapas de desesperación invaden los rostros de mendigos traumatizados (mujeres y niños), y de ancianos que pasan lo que les queda de vida sorbiendo té hirviendo en las numerosas casas de té de la calle Al Rashid, horrorizados ante la draconiana deformación que ha sufrido su ciudad.

Y mientras Tawfiq, su hermano y Turki deambulaban por los zocos de Bagdad tirando de carritos en chanclas, los políticos que llegaron tras la invasión y su séquito mordían las arcas del Estado como termitas. Los «agentes», como fueron etiquetados por los ciudadanos corrientes, alimentaron sus obesas cuentas bancarias en lugar de invertir en unas infraestructuras en constante deterioro. El debilitado sector de la salud del país es solo un ejemplo.

Miseria en los hospitales de Irak

Un médico empleado por el Estado que trabajó recientemente en uno de los hospitales de Bagdad designados para pacientes de COVID-19 describe en privado la situación de los hospitales iraquíes como «bastante miserable».

El Ministerio de Sanidad de Irak ha confirmado hasta ahora más de 177.000 casos de COVID-19, mientras que la enfermedad ha acabado con la vida de alrededor de 6.000 pacientes infectados*. Los profesionales sanitarios, sin embargo, aseguran en privado que calculan números más altos que los detectados.

«No digo que las estadísticas oficiales mientan, pero no reflejan la realidad», dice uno de ellos, que prefiere permanecer anónimo.

Atrapados en un constante tifón de conflictos y corrupción, los hospitales se encuentran abarrotados con un número «inmenso» de personas infectadas, la capacidad de hacer test es insuficiente, y las camas de UCI para pacientes en fases críticas están tan limitadas que «ponemos a los enfermos en listas de espera» para tratarlos cuando mueran otros pacientes, añade.

Lo que dice no es sorprendente. Si bien el confinamiento impuesto por las autoridades como respuesta a la aparición inicial de infecciones resultó decisivo para frenar el aumento de casos de COVID-19 durante unos meses, la medida no se implementó adecuadamente ni se respetó por completo, especialmente considerando que el vecino de Irak, Irán, es uno de los epicentros de la pandemia en Oriente Medio.

Los concurridos mercados y los pequeños comercios en los barrios populares permanecieron abiertos, a diferencia de los de las calles principales y las áreas más lujosas. Se ordenó el cierre de los restaurantes cuando las autoridades levantaron parcialmente el toque de queda, pero muchos de los que se encuentran en el principal mercado de Shorja, o entre las calles Al Rashid y Al Saadoun, dos de las vías más importantes del centro de Bagdad, permanecieron abiertos.

«En mi opinión, hay al menos 10.000 casos nuevos cada día», dice el médico. Otro doctor, que pide asimismo permanecer en el anonimato, calcula que el número real de pacientes con COVID-19 es al menos el doble de lo que se detecta cada día.

El Ministerio de Sanidad informa de alrededor de 4.000 contagios diarios* de COVID-19.

«Cayendo al abismo»

Los médicos en Bagdad critican la gestión del brote por parte del gobierno, y denuncian que la mayoría de los principales hospitales de la ciudad tuvieron que centrarse en tratar y aislar a pacientes de COVID-19, mientras que otros centros recibían solo urgencias no relacionadas con el coronavirus.

De este modo, y según explica el doctor, las personas que sufren otras dolencias tienen menos posibilidades de ser tratadas en los hospitales públicos, y las familias no saben dónde recibirán sus seres queridos la atención necesaria.

Según datos del Banco Mundial, en Irak hay solo 1,4 camas de hospital por cada 1.000 habitantes.

Los pacientes llegan a un determinado hospital pensando que la sala de emergencias recibe todos los casos, pero son redirigidos a otro lugar, a un hospital especializado, lo que, teniendo en cuenta los tristemente famosos atascos de tráfico en Bagdad, «aumenta la carga», explica el médico. Ante la presión de los familiares de pacientes en estado crítico, «en ocasiones te ves obligado a recibir pacientes con COVID-19 en una sala de emergencias donde hay pacientes que no tienen COVID-19», dice. Así, pacientes que ya eran vulnerables se enfrentan a veces al riesgo de contraer el virus.

«Podría haber un plan alternativo, como, por ejemplo, designar edificios específicos para pacientes [de COVID-19] en cuarentena, con el fin de que los hospitales públicos puedan seguir funcionando con normalidad», indica.

El 4 de agosto, el ministro de Sanidad del país anunció que los hospitales públicos de Bagdad reanudarían sus operaciones regulares, ya que se habían designado cuatro hospitales para atender a las personas contagiadas con COVID-19, una decisión que fue alabada por los médicos. Sin embargo, el gobierno dio otro paso atrás, al levantar el toque de queda de 24 horas que generalmente comienza el jueves y termina el sábado.

En cualquier caso, los pacientes se han enfrentado siempre a «obstáculos» en los hospitales públicos, que no suelen ofrecer servicios médicos integrales, según explica el médico.

«La gente dice que el sistema de salud se ha derrumbado, pero lo cierto es que ni siquiera había uno antes […]. Llevamos mucho tiempo al límite, la COVID-19 nos ha dado un empujón, y ahora estamos cayendo hacia el abismo», añade.

Este joven médico está actualmente en su casa, tratándose a sí mismo del asalto de la COVID-19 a su propio cuerpo.


* Datos a 18 de agosto de 2020


Nabil Salih es un periodista freelance establecido en Bagdad.


Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 18/8/2020
Traducción del original en inglés
: For Iraqis, the choice is between pandemic or poverty

Pandemia y miseria en Irak

En la calle Al Rashid de Bagdad, los puestos, las casas de té y los restaurantes sirven a clientes sin mascarilla en mercados abarrotados, a pesar de que la COVID-19 sigue propagándose rápidamente entre la población. Esta concurrida calle ejemplifica… Leer

El puerto de Beirut, devastado por la gran explosión del pasado 4 de agosto, que causó al menos 190 muertos y 6.500 heridos, además de daños incalculables. Foto: Mahdi Shojaeian / Mehr News Agency / Wikimedia Commons

Hay muchos motivos históricos e intereses económicos detrás de las asiduas visitas del presidente francés Emmanuel Macron a Beirut en los últimos meses. Líbano se está enfrentando a una nueva crisis económica, política y social, que en el pasado dio origen a una peligrosa falta de seguridad que puso al país entero en una débil situación, en la que la verdadera soberanía brilla por su ausencia.

La invasión siria de Líbano en 1976 y de Israel en 1982 son las más poderosas, y el control de Damasco, Teherán, Tel Aviv y Riad en la política interna del país ha sido importante en los últimos treinta años, tras del fin oficial de la guerra civil (1991).

La población civil lleva décadas intentando hacer lo mismo que trata de promover ahora: liberarse del sistema político neofeudal que ha fragmentado el país en enclaves divididos por razones étnicas, religiosas y políticas, y que en las últimas décadas lo ha dejado a merced de los intereses de países extranjeros, vecinos y no vecinos, en el difícil tablero geopolítico de Oriente Medio.

En los últimos años se han producido protestas en el país, como la Revolución de los Cedros, que, tras el asesinato del primer ministro Rafic Hariri (2005), intentó impulsar movimientos civiles desde abajo, si bien estos nunca fueron realmente independientes de los partidos políticos clásicos.

Liberarse del pasado

Los asesinatos de los periodistas Samir Kassir y Gebran Tueni en 2005, ambos miembros de una sociedad civil que quería llamar la atención sobre el problema de la soberanía de Líbano, son sintomáticos de la dificultad de este país para liberarse de su pasado.

Sin embargo, hay diferentes niveles de responsabilidad por la situación libanesa. En parte se debe al elevado nivel de apoyo por parte de la población; asimismo, las fuerzas de seguridad han mantenido siempre una posición de salvaguarda de la corrupción del gobierno; y otro aspecto es la gestión colonial de Francia desde el siglo XIX.

La última visita del presidente francés, en el centenario de la creación del «Gran Líbano», señala una total ausencia de capacidad de crítica histórica, pues resulta bastante claro que, por un lado, la situación libanesa actual es tan delicada por motivos relacionados con el nivel de corrupción interna, la falta de capacidad a la hora de contar con candidatos y políticos independientes de los señores feudales de hoy, así como por su economía, completamente privatizada y en la que el valor de ser ciudadano no tiene sentido porque no existe un sistema público que proteja a quienes pagan impuestos al Estado.

Y por otro lado está la creación de una convivencia enraizada en la visión de superioridad de una etnia o religión sobre las otras, originada en la fase colonial.

Como se sabe, el «Gran Líbano» fue constituido para permitir a los maronitas cristianos ser mayoría relativa en un nuevo Estado más próximo a Francia y al colonialismo europeo.

La situación cambió en el siglo XX, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, abriendo el país a la independencia y a la multiplicación de los conflictos internos de matriz colonial entre el presidente cristiano y el primer ministro musulmán.

Precarios equilibrios internos

Este conflicto político duró hasta el momento en que la presencia militar y civil de la Organización para la Liberación de Palestina (1971-1975) modificó unos equilibrios internos ya precarios.

Desde entonces, la soberanía del país ha estado dominada por los intereses extranjeros y los diferentes actores internos que han luchado por preservar una posición de poder con la ayuda de países como Siria, Irán, Israel, Arabia Saudita, Francia y Estados Unidos.

En los últimos años, después de 2005, las alianzas políticas han acabado basándose en principios religiosos o étnicos, y las dos coaliciones han sumado miembros de todas las facciones indistintamente: la Alianza del 14 de marzo y la Alianza del 8 de marzo, donde maronitas, sunnitas, chiítas, armenios y drusos se opusieron a Amal, Hizbulá (chiítas), en unidad con maronitas, drusos, armenios y sunnitas respectivamente.

Esta «revolución» política y de partidos no ha mejorado claramente la vida de los ciudadanos libaneses; por el contrario, ha trasladado al Estado libanés el conflicto geopolítico en Oriente Medio entre Estados Unidos, Arabia Saudí, Israel e Irán, Siria y Hizbulá.

La asunción de responsabilidades por la explosión de Beirut

Es difícil que se depuren responsabilidades por la impresionante explosión del puerto de Beirut ocurrida el pasado 4 de agosto.

Sin embargo, las manifestaciones de ciudadanos libaneses que comenzaron ya en febrero de 2020 muestran nuevamente que parte de la población de este país necesita y merece una clase política diferente, capaz de intervenir en la economía y de cambiar radicalmente el proceso de privatización neoliberal promovido en Líbano desde los años noventa. Las desigualdades quedan patentes en esta nación.

A pesar de que se trata de un país con solo cuatro millones de habitantes, en la lista de multimillonarios de Forbes 2020, 17 eran de esta nacionalidad, y en 2019 ascendían a 20. Actualmente cuenta con un elevado nivel de alfabetización, buenas universidades y una inteligencia cosmopolita, de modo que las responsabilidades políticas de esta generación tienen un gran calado.

Sería necesario que antes de que explote una nueva fase interna más violenta, los libaneses puedan tratar de cambiar su futuro sin estar bajo el yugo de los intereses extranjeros.


Marco Demichelis es investigador de Estudios Islámicos e Historia de Oriente Medio, en la Universidad de Navarra.


Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 7/9/2020

Líbano necesita liberarse de su pasado (y de las injerencias externas)

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Protesta en Teherán el 11 de enero de 2020, tras el derribo de un avión de pasajeros ucraniano alcanzado por error por un misil iraní, en un incidente que dejó 176 muertos, la mayoría iraníes. Foto: MojNews / Wikimedia Commons

El bloque conservador se hizo con el control del Parlamento de Irán, incluidos los 30 escaños de Teherán, en las elecciones legislativas celebradas en el país el pasado 21 de febrero, unos comicios que estuvieron marcados por una participación que apenas llegó al 42% (la más baja en la historia de la República Islámica), la descalificación previa de muchos de los candidatos reformistas y moderados, y el llamamiento al boicot por parte de facciones de la oposición.

La Coalición de la Unidad, encabezada por el exalcalde de Teherán y antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Baqer Qalibaf, y en la que se habían unido las dos listas principales de los conservadores y ultraconservadores, logró al menos 256 escaños de los 290 que componen la cámara.

El Parlamento iraní, que en la última legislatura ha estado dominado por los reformistas y los moderados, cambia así de manos, en un giro que podría obedecer no solo a la abultadísima abstención y al veto sufrido por muchos candidatos opositores, sino también a la crisis económica, consecuencia de, entre otros factores, las sanciones impuestas por Estados Unidos; a la represión de las recientes protestas populares contra el gobierno; o incluso al derribo por error del avión ucraniano de pasajeros el mes pasado, durante la reacción iraní al asesinato por parte de EE UU del comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución Qasem Soleimani.

En 2017, el centrista Hasan Rohaní, apoyado por los reformistas, fue reelegido presidente en unos comicios en los que votaron cerca de dos tercios de los electores, y que, como se ha recordado estos días, fue visto casi como un referéndum sobre el acuerdo nuclear firmado por Teherán con las potencias occidentales. Sin embargo, la decisión del presidente de EE UU, Donald Trump, de dar por finiquitado el acuerdo ha impulsado a los ultras en Irán, aparte de dañar la economía al reactivar las sanciones. La subida del precio de la gasolina en noviembre del año pasado, por ejemplo, provocó fuertes protestas que fueron reprimidas con dureza.

Tras los comicios del 21 de febrero, el líder supremo iraní, Alí Jameneí, llegó a denunciar una «campaña mediática extranjera» para «desalentar» a los votantes y que no acudiesen las urnas. «Se oponen a las elecciones porque no quieren que el fenómeno de la participación popular en las urnas en nombre de la religión y al servicio a la revolución se institucionalice como una realidad», subrayó el ayatolá, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Esta «campaña negativa» habría comenzado meses antes de las elecciones y se intensificó, según Jameneí, aprovechando el temor por la propagación del coronavirus causante de la COVID-19.

Cuando se celebraron las elecciones legislativas en la República Islámica, el brote de la epidemia en Irán había causado ya ocho muertos, con 43 contagiados confirmados, y provocado el cierre de escuelas y universidades en diez provincias, al tiempo que los países vecinos empezaban ya a bloquear fronteras y se suspendían cada vez más vuelos. Los últimos datos (7 de marzo) elevan a 5.823 el número de casos en el país (el tercero más afectado del mundo, tras China y Corea del Sur), y a 145 el de fallecidos.

No obstante, y tal y como contaba tras las elecciones Ángeles Espinosa, corresponsal de El País en la región, «pocos han creído la excusa posterior de que el temor al coronavirus alentado por la prensa extranjera alejó a los votantes. Al contrario, muchos iraníes sospechan que los responsables han jugado con el anuncio del brote para justificar el desinterés».

En cualquier caso, los resultados de estas elecciones legislativas suponen un duro golpe para Rohaní, que, con las próximas elecciones presidenciales de 2021 en el horizonte, está agotando ya su segundo y último mandato.

Cómo funciona el veto a los candidatos

En cada elección en Irán, ya sean parlamentarias o presidenciales, se registran como candidatos miles de personas. Para las legislativas de este año se inscribieron en torno a 14.000 iraníes. Pero, para poder presentarse, los candidatos tienen que pasar primero el visto bueno del Consejo de Guardianes, la institución más influyente del país, solo por debajo del líder supremo, que designa directamente a la mitad de sus doce miembros. La ley establece que los candidatos deben ser «personalidades políticas y religiosas» de nacionalidad iraní, administradores experimentados, con buenos antecedentes, «dignos de confianza y virtuosos», y creyentes y comprometidos con los principios de la República Islámica y la confesión oficial del país (el islam chií). En estas elecciones, el Consejo de Guardianes, que no está obligado a explicar las razones de sus vetos, rechazó a aproximadamente la mitad de los inscritos. Algunos de los que no pasaron la criba eran representantes de partidos conservadores, pero la inmensa mayoría se identificaban como reformistas o moderados. Además, a unos 90 candidatos reformistas que eran ya miembros del Parlamento se les impidió presentarse a la reelección.

Giro conservador en Irán con baja participación y opositores vetados

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