Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son los socios económicos y políticos de más importancia estratégica para Estados Unidos en Asia Occidental. Es posible que el presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, no cuenten con un proyecto esencialmente diferente para la región, pero sí van a aportar un tipo diferente de diplomacia.
A pesar de que muchos dan por hecho que la presidencia de Biden será una extensión de las políticas de Obama, existen nuevas realidades en Oriente Medio que el presidente electo deberá tener en cuenta.
Los países del CCG están divididos, debido al embargo, liderado por Arabia Saudí, impuesto a Catar desde 2017. Para muchos líderes del CCG, resucitar la política exterior de Obama no es lo ideal. Fue durante su presidencia cuando ocurrieron las revueltas de la Primavera Árabe en 2011, el golpe militar en Egipto de 2013, el ascenso de grupos extremistas y, por último, el acuerdo nuclear con Irán.
Riad y Abu Dabi disfrutaron con la campaña de «máxima presión» contra Irán llevada a cabo por Trump, y con la pasividad del ahora presidente saliente ante los abusos contra los derechos humanos.
Biden ha declarado públicamente que él no habría tolerado el cruel asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, el encarcelamiento de mujeres activistas saudíes, o los crímenes de guerra en Yemen. La impaciencia de Biden con Arabia Saudí y su probable tolerancia con Irán chocan con un creciente lobby en Washington, en el que tanto Riad como Abu Dabi han invertido mucho.
La supuesta intención del Gobierno estadounidense de acabar con la crisis humanitaria causada por los bombardeos saudíes en Yemen fue bloqueada por el círculo íntimo de Trump. Por tanto, en ausencia de ese círculo, Riad tendrá que conformarse con compromisos más simples por parte de los hutíes. La retirada gradual de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la guerra de Yemen entre 2017 y 2019, les colocó en una situación menos sólida que la de su vecino saudí ante la derrota de Trump.
Junto con Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones con Israel el 13 de agosto de 2020, en los denominados oficialmente Acuerdos de Abraham. Este impactante movimiento histórico fue considerado una traición por la causa palestina, e innecesario desde la perspectiva geopolítica de los EAU. Aún así, puede entenderse como un intento desesperado por agudizar la rivalidad con Irán.
Irán es, de hecho, el principal foco a la hora de determinar la política exterior de Estados Unidos con respecto al CCG. La firma del acuerdo nuclear en 2015, oficialmente conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), supuso para el régimen iraní la oportunidad de iniciar una nueva era marcada por la ruptura del aislamiento global y las sanciones lideradas por EE UU. Tres años después, Trump se retiró unilateralmente del acuerdo y comenzó una campaña de «máxima presión» que implicó sanciones económicas más severas contra el sector financiero iraní.
Biden ha declarado que EE UU volverá a unirse al acuerdo, con el objetivo de allanar el camino para continuar negociando. No obstante, es imposible predecir cómo evaluará Biden el grado de cumplimiento por parte de Irán, considerando las referencias tan poco claras que deja su predecesor. Después de todo, el hecho de que Irán fuese el mayor enemigo de Trump no significa que vaya a ser el mayor aliado de Biden. Por otra parte, no puede olvidarse la decepción de Riad con Trump durante los ataques a Aramco de septiembre de 2019.
Irak es otro de los lugares donde estallaron las disputas entre EE UU e Irán, como resultado de las protestas contra el gobierno de Bagdad que comenzaron en octubre de 2019. Riad acogió con gran satisfacción los intentos de Trump de respaldar a los grupos apoyados por Teherán en Irak. Giorgio Cafiero, director de Gulf State Analytics, una consultora de riesgos geopolíticos con sede en Washington, considera las acciones de Trump en Irak como «las más audaces en términos de contrarrestar la influencia regional de Irán, algo especialmente subrayado por el descarado asesinato del general Qasem Soleimani en enero de 2020». No obstante, Cafiero señala asimismo que, desde los ataques contra Aramco en septiembre de 2019, «a los saudíes les preocupa la verdadera voluntad de Trump de defender al reino de las amenazas que suponen los grupos respaldados por Irán en la región y que tienen una relación hostil con Riad».
Kuwait, Omán y Catar verían con buenos ojos una desescalada con Irán, así como cualquier intento por finalizar la crisis del Golfo. Mientras que Omán acogerá positivamente los planes de Biden para acabar con la ayuda militar estadounidense a Arabia Saudí en la guerra en Yemen, Kuwait espera encontrar un líder estadounidense más «neutral» para reparar la grieta abierta en la región.
Por su parte, Doha cuenta con la voluntad de Biden de poner fin al embargo, después de que Trump parezca haber ignorado las relaciones institucionales estratégicas a largo plazo de Estados Unidos con los países del CCG, y el interés de Washington de mantener un frente unido en el Golfo frente a Irán. En cualquier caso, la paz entre Riad y Doha parece más probable que un acuerdo en el que también esté incluida Abu Dabi, salvo que Biden supere las expectativas. Aunque si el presidente electo decide centrarse más en las relaciones de EE UU con el continente asiático en general que en el Golfo, esa voluntad por sí sola no será suficiente para acabar con la crisis.
En cuanto a Libia, es más probable que Biden apoye al Gobierno de Acuerdo Nacional respaldado por Turquía y Catar, en contraste con el enfoque pro EAU de Trump y su dependencia de los aliados europeos y rusos. En otras palabras, puede haber más presión a Abu Dabi para que acate el embargo internacional de armas a Libia. Por el contrario, la venta aprobada por EE UU de materiales de defensa avanzada (F-35) a los Emiratos (una tecnología que hasta ahora solo proporcionaba a Israel en la región), el 10 de noviembre de 2020, supone un auténtico punto de inflexión.
En el ámbito económico, se espera que Biden restituya el papel glogal de EE UU en la lucha contra el cambio climático reincoporándose al Acuerdo de París, del que salió Trump mediante una orden ejecutiva. Las políticas medioambientales de Biden se centran en prohibir el fracking (fractura hidráulica), tanto en aguas estadounidenses como en el territorio federal, una medida que beneficiaría a los países del CCG, ya que incrementaría los precios globales del petróleo. El columnista saudí Sultan Althari señala que la iniciativa «les proporcionaría [a los países del CCG] un salvavidas especialmente necesario a la hora de conseguir el delicado equilibrio entre aliviar las dificultades económicas causadas por la pandemia, y los ambiciosos planes para diversificar los medios de producción y conseguir una transición exitosa hacia economías más basadas en el conocimiento».
En general, Estados Unidos mantendrá su alianza estratégica con sus amigos del Golfo, aunque no todas las posturas de Washington serán bien recibidas. Y algunos asuntos que están perdiendo ya la relevancia y el apoyo que tuvieron, como la guerra en Yemen, el bloqueo a Catar, o una escalada de la tensión con Irán, es probable que vayan, poco a poco, finalizando.
Zeidon Alkinani es un escritor y analista político independiente iraquí-sueco, máster en Políticas Públicas Internacionales por el University College de Londres. Su investigación se centra, entre otros temas, en la región de Oriente Medio y el Norte de África, Irak, el sectarismo, la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio, la Primavera Árabe y el desarrollo durante la posguerra.
Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 3/12/2020
Traducción del original en inglés: What does Biden’s presidency mean for the future of the Gulf?
Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son los socios económicos y políticos de más importancia estratégica para Estados Unidos en Asia Occidental. Es posible que el presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, no… Leer
Quienes confiaban en que el nuevo año trajese al fin la progresiva resolución, si no de todos, sí al menos de algunos de los conflictos que están castigando Oriente Medio, van a tener, muy probablemente, que seguir esperando: una de las claves fundamentales para llegar a alcanzar cierta estabilidad y poner freno a la violencia que arrasa actualmente países como Siria o Yemen pasa por la voluntad de cooperación de las dos grandes potencias de la región, Irán y Arabia Saudí, y eso es algo que, tras la crisis desatada esta semana entre ambos países, no parece que vaya a ocurrir a corto plazo.
La enconada rivalidad entre Riad y Teherán, un enfrentamiento de décadas interconectado con la tensión religiosa (el 95% de los 29 millones de habitantes de Arabia Saudí son musulmanes suníes; el 89% de los 78 millones de Irán, musulmanes chiíes), pero cuyos motivos reales tienen mucho más que ver con la lucha por obtener el dominio geopolítico de la región, se ha acrecentado más aún si cabe estos últimos días, tras la ejecución el pasado sábado, por parte de las autoridades saudíes, de 47 personas acusadas de «terrorismo», entre ellas, un influyente clérigo chií, Nimr Al Nimr.
Los sentenciados, en su mayoría suníes de nacionalidad saudí, murieron en doce prisiones distribuidas por todo el país (decapitados en ocho de ellas, fusilados en las cuatro restantes), en una masiva aplicación de la pena capital que bien podría haber escandalizado no solo a Irán, sino a cualquier otro país, incluyendo los occidentales, que tan a menudo hacen la vista gorda ante los abusos saudíes contra los derechos humanos. Pero no fue el desatado uso del patíbulo lo que soliviantó a las autoridades de Teherán, que, a fin de cuentas, ejecutan a al menos 300 personas al año, frente a la media de 80 de Arabia Saudí (más de 150 en 2015 bajo el reinado del nuevo rey Salman), sino el hecho de que entre los ajusticiados se encontrara el mencionado Al Nimr, una figura muy crítica con el régimen de Riad y que gozaba de una gran popularidad entre la minoritaria comunidad chií de Arabia Saudí.
La ejecución de Al Nimr fue recibida en Irán como una provocación en toda regla. Tan solo unas horas después de que se llevase a cabo la sentencia, grupos de manifestantes incendiaron la embajada saudí en Teherán clamando venganza, y, pese a que el Gobierno iraní condenó el ataque, Arabia Saudí respondió rompiendo relaciones diplomáticas con Irán. En los días siguientes lo harían también Sudán, Bahréin, Yibuti y Somalia, mientras que los Emiratos Árabes Unidos reducían sus contactos con Teherán, y Catar y Kuwait llamaban a consultas a los embajadores iraníes en estos países.
Esta última crisis es, en todo caso, la escenificación política de un conflicto que lleva años dirimiéndose fuera de las fronteras de ambos países, en guerras subsidiarias (proxy, en el término inglés comúnmente utilizado por los expertos) donde las dos potencias están desempeñando un papel determinante, apoyando a sus respectivas facciones afines.
De momento, un enfrentamiento bélico directo entre Irán y Arabia Saudí, de catastróficas consecuencias para ambos y para el resto de la región, no parece, muy probable. Por un lado, los dos tienen demasiado que perder; por otro, la rivalidad ya se está expresando suficientemente en el complicado tablero que constituyen actualmente los conflictos de Siria, Yemen e Irak. El problema es que este enfrentamiento indirecto puede acabar resultando igual de catastrófico.
En Siria, Irán respalda abiertamente, junto con Rusia, al régimen de Bashar al Asad (por afinidad religiosa —la élite gobernante siria es alauí, una rama del islam conectada con el chiísmo—, pero, sobre todo, para extender su influencia y mantener el eje de territorio amigo que le conecta con la milicia chií Hizbulá en Líbano), mientras que de Arabia Saudí ha partido una parte esencial del apoyo obtenido por las milicias integristas (salafistas y yihadistas) que han acabado eliminando la oposición laica y moderada al régimen de Damasco.
La ayuda de Moscú a Asad es, sin duda, esencial, pero sin la intervención de Teherán, y también de sus aliados chiíes de Hizbulá, el dictador sirio habría tenido serios problemas para mantenere en el poder. Y sin la intervención saudí (especialmente la indirecta, a través de dinero más o menos privado), los grupos yihadistas, incluyendo Estado Islámico, no habrían llegado hasta donde están ahora, ni la oposición laica estaría tan debilitada.
Las escasas esperanzas de que llegue a alcanzarse un acuerdo sobre el futuro de Siria, y de que puedan avanzar las hasta el momento infructuosas negociaciones de paz, pasan, aparte de por el compromiso de actores externos como Rusia o EE UU, por el entendimiento entre Riad y Teherán, no solo en lo referente a su injerencia (armamentística, política y financiera) en el conflicto, sino, especialmente, y como destaca la analista Itxaso Domínguez de Olazábal, para hacer de la lucha contra Estado Islámico el objetivo prioritario de ambos, más allá de sus intereses contrapuestos. Algo que, por ahora, no está en la agenda real de ninguna de las dos potencias.
En Yemen, mientras tanto, los papeles se reparten al contrario: los saudíes apoyan al régimen del presidente Abd Rabu Mansur Hadi, liderando una coalición internacional que lleva meses bombardeando el país sin piedad, en un intento de acabar con la rebelión de los hutíes, un grupo opositor chií que, con el supuesto respaldo de Irán (según Teherán, solo moral), se hizo a principios de 2015 con el control de la capital, Saná, y forzó la salida del mandatario.
Teherán, a su vez, ha multiplicado su presencia militar en Irak (país de mayoría chií), donde milicias iraníes combaten a los yihadistas suníes de Estado Islámico, de forma paralela a la lucha contra Daesh que llevan a cabo el Ejército regular iraquí y los combatientes kurdos. Irán es, asimismo, y por otro lado, el principal valedor de la milicia chií libanesa Hizbulá, un factor que podría contribuir de forma determinante a desactivar el bloqueo político en el que se encuentra Líbano, sin presidente desde mayo de 2014.
Superada al menos —aparentemente— la antigua simplificación de «árabes contra persas», la tentación contemporánea, alentada por el enfoque igualmente simplificador de muchos medios de comunicación, es reducir toda esta crisis a un enfrentamiento religioso, o sectario, entre suníes y chiíes, en una lucha que se habría venido produciendo «durante siglos», y a la que se acude cada vez más a la hora de explicar todos y cada uno de los conflictos de Oriente Medio, con la excepción del palestino-israelí.
La realidad, sin embargo, es bastante más compleja, y tiene como fondo principal el uso que los poderes políticos han hecho y siguen haciendo de esa rivalidad religiosa, invocando argumentos sectaristas para justificar ambiciones estratégicas. La tensión sectaria, evidentemente, existe y juega un papel innegable en los diferentes escenarios de violencia que padece la región, pero es el continuo secuestro identitario que supone la utilización de esa tensión como elemento excluyente (no solo por ambas partes, sino también por Occidente) lo que la ha exacerbado hasta sus incendiarios niveles actuales.
Según explica Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, bajo este enfoque exclusivamente sectarista subyace un intento de «debilitar a los escasos regímenes seculares que habían conseguido éxitos relativos a la hora de instaurar un Estado moderno, centralizado y avanzado; convertir a estos países en Estados fallidos y volver a las lógicas sectarias y tribales». En este sentido, resulta útil recordar, por ejemplo, el desastre político a que dio lugar en Irak el enfoque sectario del gobierno auspiciado por Estados Unidos tras la invasión de 2003.
Tampoco es cierto, por otra parte, que suníes y chiíes hayan estado en guerra constante desde el cisma que dio lugar a las dos principales ramas del islam, durante el periodo que siguió a la muerte del profeta Mahoma, en el siglo VII. Ambos grupos han alternado periodos de gran conflictividad con largas épocas de convivencia más o menos pacífica, y han compartido objetivos e intereses (dos ejemplos significativos: el califato otomano, de naturaleza suní, obtuvo el respaldo de importantes grupos chiíes a principios del siglo XX; y durante la guerra entre Irán e Irak —1980-1988—, muchos chiíes iraquíes combatieron al lado de Bagdad, anteponiendo la identidad nacional a la religiosa o, al menos, compartiendo con sus compatriotas suníes su condición de víctimas obligadas a luchar por el régimen de Sadam Husein).
Dicho esto, el elemento religioso tampoco puede obviarse, pero la clave en este sentido se encuentra más en el extremismo que caracteriza a los gobiernos, tanto de Irán como de Arabia Saudí (los dos son teocracias fundamentalistas regidas por la sharia, o ley islámica), que en el hecho de que pertenezcan a ramas religiosas diferentes.
A continuación, los episodios más destacados del enfrentamiento entre saudíes e iraníes a lo largo de las últimas décadas, incluyendo las claves de la crisis actual:
Durante las décadas más tensas de la Guerra Fría, tanto Irán como Arabia Saudí fueron considerados por Occidente como países aliados frente a la influencia soviética en Oriente Medio (especialmente en Siria y, en menor medida, en Egipto). Con el Irán del sha, colocado en el poder después de que los servicios secretos del Reino Unido y Estados Unidos se encargasen de derrocar al incómodo primer ministro Mohammad Mosaddeq en 1953, se podía contar para cualquier cosa. Y respecto a Arabia Saudí, la tranquilidad estaba también asegurada gracias, en parte, el pacto más o menos secreto alcanzado el 14 de febrero de 1945 a bordo del crucero Quincy entre el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt (que volvía de la Conferencia de Yalta) y el rey saudí Ibn Saud. Por este acuerdo se reconocía que la estabilidad de Arabia Saudí forma parte de «los intereses vitales» de EE UU (petróleo), el reino saudí se comprometía a garantizar el aprovisionamiento energético y Washington le otorgaba, a cambio, «la protección incondicional contra cualquier amenaza exterior». Además, Ibn Saud concedía el monopolio de la explotación del petróleo a las compañías estadounidenses, lideradas por la Aramco del clan Rockefeller, durante un plazo de 60 años, al término del cual Riad recuperaría sus pozos.
Todo esto cambió en febrero de 1979 con el triunfo de la revolución islámica en Irán, liderada por el ayatolá Jomeini. Desde entonces, el objetivo declarado de Teherán de exportar la revolución a todo el mundo musulmán, y, en concreto, la asunción por parte de Teherán de la doctrina de Wilayat Faqih (gobierno del faqih), según la cual el máximo poder temporal entre los chiíes debe residir en su líder supremo, ha chocado de frente con los intereses de Arabia Saudí, que, como guardiana de los lugares más sagrados del islam (La Meca y Medina), insiste en proclamarse como líder del islam suní, mayoritario entre los musulmanes de todo el mundo.
La ineficacia de Irán a la hora de extender la revolución (con la excepción de su influencia en Líbano, a través de la milicia Hizbulá) fue tranquilizando, no obstante, las suspicacias saudíes, mientras que en el interior del reino, cada vez más rico gracias a los ingresos del petróleo, iba cobrando más y más fuerza la interpretación salafista (fundamentalista) del islam suní, que, entre otras cosas, considera herejes a los chiíes.
La guerra entre Irán e Irak, que comenzó en 1980, supuso el primer escenario en el que Arabia Saudí se opuso expresamente a Irán. Pese a no ser un aliado natural del régimen iraquí (laico) de Sadam Husein, Riad financió el esfuerzo bélico de Bagdad con unos 25.000 millones de dólares, y animó a los países vecinos (Kuwait, Emiratos, Catar, Bahréin) a que hicieran lo mismo.
En 1981, Arabia Saudí creó el Consejo de Cooperación del Golfo para extender su zona de influencia y aislar en lo posible la onda expansiva de la revolución iraní. La iniciativa, sin embargo, no fue muy eficaz, ya que el resto de las monarquías del Golfo se mostraron reticentes a participar en una fuerza militar conjunta bajo el mando saudí.
La guerra irano-iraquí tuvo consecuencias también en el aspecto económico, ya que, con el fin de debilitar las finanzas iraníes, Riad aumentó considerablemente su producción de petróleo, en un intento de hacer caer los precios y poner en peligro las exportaciones petroleras de Irán, base fundamental de la economía del país persa. Según explica la experta Agnès Levallois en el diario Le Monde, uno de los principales factores que explican la rivalidad entre Arabia Saudí e Irán es, precisamente, esta competencia sobre la gestión de los recursos energéticos y económicos de la región.
Irán, por su parte, respondió a la invasión iraquí que dio lugar a la guerra desarrollando una estrategia de «defensa preventiva», basada en la creación de lazos (milicias paramilitares, partidos políticos) con árabes chiíes en otros países, lo que le permitiría actuar de manera subsidiaria más allá de su territorio, algo que Arabia Saudí no vio precisamente con buenos ojos.
El 31 de julio de 1987, las autoridades saudíes reprimieron una multitudinaria manifestación antiestadounidense y antiisraelí de peregrinos iraníes en La Meca. Durante los disturbios murieron 400 peregrinos, 275 de ellos iraníes. En respuesta, grupos de manifestantes asaltaron la embajada saudí en Teherán y retuvieron al personal diplomático como rehenes. Uno de los funcionarios saudíes murió y, en abril del año siguiente, Arabia Saudí rompió relaciones diplomáticas con Irán por primera vez.
Ambos países, sin embargo, dejarían a un lado sus diferencias para hacer frente común contra Sadam Husein, cuando éste invadió Kuwait en 1990, dando lugar a la Primera Guerra del Golfo. En 1991, Irán volvió a autorizar los vuelos directos de peregrinos a La Meca.
Durante el resto de la década de los noventa, las relaciones entre Irán y Arabia Saudí, así como entre Irán y Estados Unidos, mejoraron notablemente, gracias, en parte, a las presidencias en Irán del pragmático Hashemi Rafsanjani (1989-1997) y del reformista Mohamed Jatamí (1997-2005).
Tras largas negociaciones, saudiés e iraníes retomaron relaciones diplomáticas y comerciales y, en 1997, Irán organizó la cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica, en la que participaron 54 países, y a la que acudió el entonces príncipe heredero y futuro rey de Arabia Saudí, Abdala bin Abdulaziz.
Dos años más tarde, Jatamí viajó a Arabia Saudí, en la primera visita oficial al reino de un presidente iraní desde la revolución de 1979.
La caída de Sadam Husein tras la invasión de Irak por parte de la coalición liderada por Estados Unidos en 2003 alteró la balanza sectaria en la región. Pese al carácter laico del régimen de Sadam, el dictador, un suní, había enfatizado la vertiente religiosa de su gobierno, en un intento por ganarse simpatías durante los duros años de sanciones económicas internacionales que siguieron a la Primera Guerra del Golfo.
Ahora, Arabia Saudí perdía un importante contrapeso suní frente al poder chií de Irán, en un país, Irak, donde la mayoría de la población es también chií, al tiempo que, de la mano de Washington, el Gobierno iraquí pasaba a manos de un chií, Nouri Al-Maliki (en el poder hasta 2014).
La guerra civil en Irak que siguió a la invasión estadounidense, la creciente actividad terrorista de Al Qaeda (una organización suní que bebe de la ideología salafista que mana del manantial fundamentalista saudí) contra objetivos chiíes (civiles incluidos), la proliferación de milicias chiíes proiraníes y, finalmente, la política discriminatoria hacia la comunidad suní del gobierno de Maliki, convirtieron Irak en un nuevo escenario de enfrentamiento entre las dos potencias, y fueron abonando asimismo el terreno para el nacimiento de Estado Islámico.
El estallido en 2011 de las revueltas populares que sacudieron Oriente Medio y el Magreb, la conocida como «primavera árabe», supuso nuevos enfrentamientos entre Irán y Arabia Saudí, aliados con facciones enfrentadas entre sí en diversos escenarios, especialmente, en Siria, Bahréin y, posteriormente, Yemen.
En marzo de 2011, tropas del Consejo de Cooperación del Golfo, encabezadas por Arabia Saudí (un millar de soldados) y con participación también de militares emiratíes (500), entraron en Bahréin para ayudar al Gobierno de este país (suní) en su represión contra las protestas de la mayoría chií (la llamada «revolución de la plaza de la Perla»), unas protestas que contaban con el respaldo de Teherán. Hubo miles de detenidos y se impuso el estado de emergencia.
Teherán rechazó la intervención militar saudí en Bahréin, y los países del Golfo, liderados por Riad, denunciaron la «permanente interferencia iraní» en sus asuntos, sobre todo tras el descubrimiento de una red de espionaje relacionada con Irán. El jefe de las tropas enviadas a Bahréin, el general Mutlaq bin Salem, llegó a decir que su objetivo era evitar una «agresión extranjera» en el país árabe, en clara referencia a Irán.
Mientras, en Siria, Irán es, desde que comenzo la guerra civil en 2011, el principal apoyo del presidente Bashar al Asad (alauí, una rama del chiísmo). Damasco recibe de Teherán ayuda tanto militar como financiera. Arabia Saudí, por su parte, respalda a los grupos opositores, mayoritariamente suníes, y dominados ahora por las distintas facciones yihadistas, lo que ha complicado terriblemente el rompecabezas sirio, y ha puesto en entredicho el papel saudí en el conflicto.
Desde marzo de 2015, Arabia Saudí lidera una coalición militar internacional árabe en apoyo del presidente de Yemen, Abd Rabu Mansur Hadi, quien fue desalojado del palacio presidencial en enero de ese año por los rebeldes hutíes. Los hutíes profesan el zaidismo, una rama islámica relacionada con la vertiente imamí del chiísmo (institucionalizada en Irán), lo que, en teoría, les hace aliados de Teherán. De hecho, tanto Arabia Saudí como el Gobierno yemení han denunciado en reiteradas ocasiones que los hutíes están recibiendo apoyo de Teherán, algo que Irán, quien no oculta su apoyo moral a los rebeldes, niega.
Según explica Levallois, Arabia Saudí está convencida, «de un modo casi paranóico», de que la revuelta hutí supone la emergencia de una nueva «colonia iraní» al otro lado de sus fronteras, «mientras que lo único que reclaman las minorías chiíes es tener los mismos derechos que sus conciudadanos suníes».
En cualquier caso, exista o no ese apoyo directo iraní, la reducción del conflicto en Yemen a un mero enfrentamiento entre chiíes y suníes supone, de nuevo, una gran simplificación, e implica considerar suníes a todos los rivales de los hutíes, algo que no es cierto.
Como explicaban en la revista Middle East Report los profesores Stacey Philbrick Yadav y Sheila Carapico, «el zaidismo está relacionado con la rama imamí del chiísmo del mismo modo que, por ejemplo, los ortodoxos griegos son una rama del catolicismo. Relacionar ambos credos puede tener sentido, tal vez, en términos esquemáticos, pero en lo relativo a doctrina, prácticas, políticas y hasta festividades religiosas, el zaidismo y el chiísmo imamí son muy distintos. […] En el limitado sentido en que este conflicto es ‘sectario’, también lo es institucional, ya que empezó con la rivalidad existente entre campamentos hutíes y campamentos salafistas financiados por Arabia Saudí […], un relato bastante más interconectado con el poder estatal contemporáneo que con ‘eternas disputas’ entre las dos ramas dominantes del islam».
La guerra en Yemen ha causado ya casi 6.000 muertos, de ellos 2.800 civiles, y desatado una gravísima crisis humanitaria. Según datos de Naciones Unidas, más de 21 millones de personas en Yemen requieren algún tipo de ayuda humanitaria para sobrevivir, lo que supone alrededor de un 80% de la población, incluidas las 2,3 millones de personas que se han visto desplazadas.
Después de doce años de crisis, el acuerdo nuclear alcanzado finalmente el pasado 14 de julio entre Irán y el denominado Grupo 5+1 (EE UU, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania) permitió el inicio de la vuelta de Teherán al escenario político internacional, y supondrá, con el progresivo levantamiento de las sanciones económicas, un respiro financiero para el país de los ayatolás.
Arabia Saudí, que se opuso desde un principio a este acuerdo (Irán llegó a acusar a Riad de aliarse con el enemigo número uno, Israel, para impedir que las negociaciones salieran adelante), teme que los nuevos ingresos económicos que empezarán a fluir poco a poco hacia Irán permitan a Teherán incrementar su influencia en la región, al tiempo que se siente, de algún modo, desplazada en las preferencias de sus aliados tradicionales, empezando por Estados Unidos.
El pasado día 2, Arabia Saudí anunció la ejecución de 47 acusados de «terrorismo», incluyendo al clérigo disidente chií Nimr Al Nimr, una acción ante la que Estados Unidos y los países europeos, maniatados por sus intereses económicos con el reino saudí, permanecieron callados o respondieron de la manera más tibia posible, pero que causó fuertes protestas, no solo en Irán y entre la propia comunidad chií saudí, sino también en Irak, donde cientos de chiíes tomaron las calles pidiendo al gobierno iraquí el cierre de la embajada saudí (reabierta el mes pasado tras 25 años), y en la parte india de Cachemira, donde miles de chiíes se manifestaron contra la ejecución, blandiendo carteles con la imagen del clérigo o llevando banderas negras.
La reacción más intensa, no obstante, se produjo, obviamente, en Irán, donde manifestantes llegaron a incendiar la embajada saudí en Teherán. El asalto a la delegación diplomática derivó en la decisión de Riad de romper relaciones diplomáticas con Teherán, una iniciativa a la que se sumaron posteriormente Sudán, Bahréin, Yibuti y Somalia.
Según la versión oficial, Al Nimr, detenido en julio de 2012 por apoyar los disturbios contra las autoridades saudíes que estallaron en febrero de 2011 en la provincia de Al Qatif, en el este del país y de mayoría chií, fue sentenciado a la pena capital por «desobedecer a las autoridades, instigar a la violencia sectaria y ayudar a células terroristas». Para Irán, Al Nimr no era más que una voz crítica contra el régimen de Riad, y su muerte se enmarca en la represión sistemática que, según Teherán, ejerce el reino saudí contra su minoría chií.
La muerte del clérigo, sin embargo, no puede entenderse sin tener en cuenta la situación interna por la que atraviesa el régimen saudí. De hecho, Arabia Saudí ha aplicado en muy pocas ocasiones la pena capital a detenidos relacionados con protestas de la minoría chií. Así, la mayoría de los expertos coinciden en interpretar la ejecución de Al Nimr como una cortina de humo destinada a desviar la atención de la población, en un momento en el que el Gobierno, atenazado por la caída del precio del petróleo, se enfrenta a una incipiente crisis económica, con un déficit presupuestario cercano a los 80.000 millones de dólares, un desempleo (sobre todo el juvenil) en aumento, y serios recortes sociales a la vista que amenazan con minar el privilegiado estado del bienestar al que están acostumbrados los saudíes.
A ello se añadiría la necesidad de aplacar las voces de las facciones religiosas suníes más ultraconservadoras, cuyas críticas al régimen se han multiplicado en los últimos meses; el deseo de dar un respiro mediático a la guerra en Yemen, estancada y sin resultados favorables claros para el reino saudí; y, por supuesto, la intención de reafirmar la autoridad saudí en la región, en un momento en el que, tras la firma del acuerdo nuclear con Irán, Riad se siente menos respaldada internacionalmente.
Por último, las 47 ejecuciones del pasado sábado pueden interpretarse asimismo como un gesto más dentro de la campaña de mano dura que, obligado a consolidar su poder ante las intrigas internas, parece estar llevando a cabo el nuevo rey saudí, Salman bin Abdulaziz, desde que accedió al trono hace un año tras la muerte de su medio hermano, el rey Abdala, y en colaboración con su hijo, el príncipe heredero sustituto y ministro de Defensa, Mohamed bin Salman.
Ambos serían los principales responsables de que Arabia Saudí haya abandonado la política de discreción y operaciones en la retaguarda que había caracterizado al país durante años, en una nueva era más agresiva en la que se enmarcarían, además de los bombardeos sobre Yemen, el incremento del número de ejecuciones, las ayudas a los insurgentes sirios, el reforzamiento del eje que forma con el resto de las monarquías absolutistas del Golfo (especialmente Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, ya que Omán sigue tratando de mantener un papel más neutral), o incluso los movimientos para alterar el precio del petróleo, destinados a perjudicar a Irán y a los países no pertenecientes a la OPEP.
En cuanto a Irán, las autoridades civiles del país respondieron a la ejecución de Al Nimr lanzando graves acusaciones contra Arabia Saudí (incluendo la de apoyar el terrorismo), pero, al mismo tiempo, han tratado asimismo de calmar los ánimos, empezando por el presidente del país, Hasan Rohaní, quien condenó lo ocurrido en la delegación diplomática saudí y aseguró que el Ministerio del Interior, el servicio secreto y la policía debían perseguir a los responsables. «El ataque de extremistas contra la embajada saudí en Teherán es injustificable y tuvo consecuencias negativas para la imagen de Irán», indico: «Este tipo de actos tienen que terminar de una vez por todasx.
Menos moderada se han mostrado, como era de esperar, la otra columna del poder en Irán: la religiosa. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo el domingo pasado que los políticos del reino saudí se enfrentarán a un castigo divino por la muerte el clérigo ejecutado. «La sangre injustamente derramada de este mártir oprimido, sin duda pronto mostrará su efecto, y la divina venganza caerá sobre los políticos saudíes», afirmó. El Consejo de Guardianes de la Revolución, por su parte, prometió una «dura venganza» contra la dinastía real saudí.
Publicado originalmente en 20minutos
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