Consejo de Seguridad

Un inspector examina un proyectil caído en uno de los suburbios de Damasco donde ocurrió el ataque químico del 21 de agosto. Imagen: Human Rights Watch (captura de vídeo)

Este sábado se cumple un mes desde que la oposición siria denunció la muerte de al menos 1.300 personas en un ataque con armas químicas perpetrado en las afueras de Damasco por, según la propia oposición, las fuerzas gubernamentales. Desde entonces, la guerra en el país árabe ha recobrado un protagonismo internacional que parecía agotado, aunque, de momento, sin muchas consecuencias reales para la población, que sigue sufriendo los efectos del conflicto, mientras se suceden las amenazas, los informes, las declaraciones políticas, los movimientos diplomáticos y los análisis de los expertos. Éste es un resumen cronológico de lo ocurrido en relación a las armas químicas en estos 30 días:

21 de agosto. La oposición siria denuncia la muerte por armas químicas de al menos 1.300 personas en el suburbio de Guta, a las afueras de Damasco, y responsabiliza del ataque al régimen de Bashar al Asad, que niega cualquier responsabilidad. Las espantosas imágenes de las víctimas facilitadas por los rebeldes dan la vuelta al mundo.

24 de agosto. Médicos Sin Fronteras afirma que en tres hospitales de Damasco fueron atendidos unos 3.600 pacientes con síntomas neurotóxicos, de los que 355 murieron. Obama se reúne con su equipo de seguridad para analizar las opciones de una intervención militar de castigo en Siria.

25 de agosto. Siria permite a los inspectores de la ONU investigar el ataque con armas químicas. Al día siguiente, los expertos, con menos tiempo del acordado, comienzan a recopilar pruebas sobre el terreno. Recogen muestras de sangre de las víctimas, se reúnen con los familiares y se entrevistan con los médicos que los trataron.

27 de agosto. El presidente de EE UU, Barack Obama, quien había trazado hace meses una «línea roja» en el uso de armamento químico, indica que «debe haber una respuesta adecuada» al régimen sirio. Rusia mantiene que no existen pruebas contra el gobierno de Damasco. El diario The Washington Post y la cadena NBC apuntan a que el ataque puede ser cuestión de días.

29 de agosto. El Parlamento británico rechaza el plan del primer ministro, David Cameron, para intervenir en Siria. Obama estudia una acción militar en solitario.

30 de agosto. En comentarios por separado, Obama y el secretario de Estado de EE UU, John Kerry, condenan duramente al Gobierno sirio, y reiteran que el ataque del 21 de agosto no puede quedar impune. «No podemos aceptar un mundo en que mujeres y niños y civiles inocentes son gaseados a una escala terrible», afirma el presidente. Ambos insisten, no obstante, en que cualquier respuesta militar será puntual, y limitada a una operación de castigo.

31 de agosto. Obama anuncia que ha autorizado el uso de la fuerza militar para castigar a Siria, con activos militares ya posicionados para realizar un ataque, pero aclara que primero buscará la autorización del Congreso. «Hoy estoy pidiendo al Congreso enviar al mundo el mensaje de que estamos listos para movernos como una nación», declara.

5 de septiembre. Cameron asegura que pruebas realizadas en un laboratorio en el Reino Unido demuestran que se utilizó gas sarín en el ataque con armas químicas del 21 de agosto.

6 de septiembre. Once países, entre ellos España, urgen a una respuesta internacional contra Siria durante la cumbre del G20 en San Petersburgo.

9 de septiembre. En una entrevista en la cadena CBS, Asad niega que su gobierno haya usado armas químicas y mantiene que EE UU no tiene ninguna prueba de ello.

10 de septiembre. Siria acepta la propuesta de Rusia de que Damasco coopere con la comunidad internacional en el control de sus armas químicas y en su total destrucción. El Congreso de EE UU retrasa la votación para autorizar un ataque militar.

12 de septiembre. El presidente sirio, Bashar al Asad, anuncia que Siria entregará sus armas químicas, si bien niega haberlas usado. Al día siguiente Siria solicita adherirse a la Convención Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas. EE UU y Rusia inician negociaciones sobre el modo de poner bajo supervisión internacional las armas químicas de Siria, sin ocultar sus desacuerdos, pero coincidiendo en que es una «oportunidad única para encontrar una salida» negociada al conflicto que desangra el país.

14 de septiembre. Kerry y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergéi Lavrov, acuerdan un plan para «la retirada y eliminación» del arsenal químico del régimen sirio, a condición de que Damasco entregue, en el plazo de una semana, una lista precisa de todo este material. La destrucción del arsenal tendría lugar en el plazo de un año, a mediados de 2014. EE UU, no obstante, no insistirá en incorporar la amenaza de una acción militar, aunque el régimen sirio incumpla su compromiso de entregar las armas químicas. La opción militar quedaría así excluida del proyecto de resolución que se presentará al Consejo de Seguridad de la ONU.

16 de septiembre. El informe elaborado por los inspectores de la ONU confirma la presencia de gas sarín en pacientes, cohetes y sobre el terreno, si bien no establece responsabilidades (no era ese su objetivo). La ONU habla de crímenes de guerra. EE UU, Francia y el Reino Unido creen que los «detalles» del informe apuntan a que fue el régimen de Al Asad quien cometió el ataque. El Gobierno español señala que «ha quedado suficientemente acreditado el uso de gas sarín, realizado a gran escala y por medio de misiles tierra-tierra que procedían de zonas ocupadas y controladas por el ejército sirio».

Mapa elaborado por Human Rights Watch (publicado el 17 de septiembre) a partir de los datos aportados por el informe de los inspectores de la ONU sobre el ataque con armas químicas en Siria del 21 de agosto. Muestra las posibles trayectorias y zonas de origen de dos de los ataques con artillería ocurridos ese día.

18 de septiembre. Rusia tacha el informe de los inspectores de la ONU de parcial y de haber sido elaborado con prejuicios. Afirma, además, que Siria le ha proporcionado pruebas del uso de armas químicas por parte de los rebeldes, y que presentará estas pruebas a la ONU.

19 de septiembre. Al Asad indica en una entrevista en la cadena Fox que «llevará un año» y mil millones de dólares destruir el arsenal químico de su país, pero asegura estar «comprometido» a cumplir el acuerdo negociado por EE UU y Rusia. Kerry pide al Consejo de Seguridad que tome una decisión sobre Siria« “la próxima semana».

21 de septiembre. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirma que el Gobierno sirio ha facilitado «la información esperada» sobre su programa de armamento químico, y que ya se ha empezado a analizar. Al Asad dice que no está «enganchado al poder», pero añade que no lo abandonará hasta las elecciones de 2014.

Fuente: Agencias

Siria: cronología de un mes marcado por las armas químicas

21/9/2013

Miguel Máiquez

👁

La sala de reuniones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Foto: Patrick Gruban / Wikimedia Commons

¿Por qué se decide intervenir militarmente en Libia y no en Costa de Marfil, o en otros países sometidos a regímenes dictatoriales? ¿Qué posibilidades tienen de salir adelante las resoluciones contra los asentamientos israelíes en Palestina, mientras las siga vetando Estados Unidos, como hizo hace poco más de un mes? ¿Llegará a plantearse siquiera alguna resolución de condena sobre la situación de los derechos humanos en China?

La polémica no es nueva, y tampoco será esta, probablemente, la última vez que vuelva a plantearse: ¿Sirve realmente de algo la ONU?

En lo que respecta a su labor humanitaria, la respuesta es que sí. Millones de personas (desplazados, refugiados, niños, víctimas de hambrunas y de conflictos bélicos) dependen diariamente de la labor y de los fondos de Naciones Unidas para sobrevivir. En lo que se refiere a su capacidad política de intervención y de garante de la paz y la democracia, sin embargo, la respuesta es que también sirve, pero sólo a los intereses de los cinco países que, desde hace más de seis décadas, dominan el Consejo de Seguridad mediante el ejercicio del derecho de veto.

Cinco de los llamados países emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (los denominados «BRICS», una palabra inventada por los economistas a partir de sus nombres), parecen estar dispuestos a unir sus esfuerzos para lograr un cambio en el funcionamiento del Consejo de Seguridad. Para ello intentarán aprovechar el hecho de que este año los cinco forman parte de este organismo: Rusia y China como miembros permanentes, y los otros tres, como no permanentes.

Razones de peso no les faltan: Los cinco tienen en común una gran población (Rusia y Brasil por encima de los 140 millones, China e India por encima de los 1.100 millones), un enorme territorio (casi 38.5 millones de km² en total), una gigantesca cantidad de recursos naturales, y un imparable crecimiento económico (tanto en su PIB como en su participación en el comercio internacional, con la excepción de Rusia).

De momento ya han empezado a intentar hacerse oír con una sola voz: Reunidos hace unos días en la ciudad de Sanya, en la isla china de Hainan, todos ellos, salvo Sudáfrica, abogaron por una solución diplomática a la crisis en Libia y criticaron el uso de la fuerza como primera opción.

No es la primera vez, en cualquier caso, que se pide una reforma del Consejo de Seguridad. Ya en en 2005, el entonces denominado Grupo de los Cuatro (Alemania, Brasil, India y Japón) solicitó su ampliación hasta un total de 25 miembros. Conviene recordar que Japón y Alemania están entre los cuatro países que más contribuyen económicamente a los fondos de la ONU, y que Brasil e India son, por su parte, dos de los que más tropas aportan a las misiones de paz.

Entre los países que abogan por una ONU más democrática se encuentra España.

La ONU de los vencedores

A diferencia de otros órganos de la ONU, que sólo pueden realizar recomendaciones a los gobiernos, el Consejo de Seguridad puede tomar decisiones (conocidas como «resoluciones») y, en principio, obligar a los miembros a cumplirlas, de acuerdo a lo estipulado por la Carta de las Naciones Unidas. Su labor, además, no se limita a la adopción de resoluciones en caso de conflicto. De él dependen también, entre otros organismos, los tribunales penales para la ex Yugoslavia y Ruanda, o las Fuerzas de Paz de la ONU.

El actual funcionamiento del Consejo de Seguridad, con cinco miembros permanentes con derecho a veto (EE UU, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia), se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, y es un reflejo del status quo internacional surgido del conflicto. La primera sesión se celebró el 17 de enero de 1946 en Londres.

En total, el Consejo está formado por 15 naciones, los cinco miembros permanentes más otros diez temporales. Estos últimos son elegidos cada dos años por la Asamblea General (el conjunto de todos los países de la ONU), como representantes regionales (tres países africanos, dos asiáticos, dos latinoamericanos, dos de Europa occidental u otras regiones -con al menos uno europeo- y uno de Europa del Este, además de un país árabe). La presidencia rota mensualmente de manera alfabética.

Cada miembro tiene un voto, y las decisiones suelen requerir el voto afirmativo de, al menos, nueve miembros, teniendo en cuenta el derecho a veto de los cinco permanentes. Si uno de ellos lo ejerce, la resolución no puede adoptarse.

Doble rasero

El derecho a veto y la condición de irremplazables de que gozan los cinco países que pueden ejercerlo está en el origen de lo que muchos expertos y representantes de las naciones sin capacidad de decidir vienen denunciando desde hace décadas: El Consejo de Seguridad sólo es eficaz cuando se trata de velar por los intereses de sus miembros permanentes, y es incapaz de actuar contra estos.

La «responsabilidad de defender a las poblaciones civiles», reconocida por la Asamblea General de la ONU en 2005, y base de la resolución que ha autorizado el ataque de la coalición internacional a las fuerzas de Gadafi, podría haberse aplicado también, por ejemplo en Costa de Marfil. Pero, como señala en el diario Público Philippe Moreau-Desfarges, especialista en relaciones internacionales, «Costa de Marfil no es Libia, está lejos de Europa».

Sin poner en cuestión la intención real de frenar la sangrienta represión de Gadafi, no hay que olvidar que Europa se enfrentaba a una avalancha de inmigrantes que huían del conflicto, por no hablar de los intereses energéticos de Occidente en el país magrebí.

Y si se trata de actuar contra dictadores que «ponen en peligro» a su propia población, ¿por qué no hacerlo contra Kim Yong-il, en Corea del Norte; Obiang, en Guinea Ecuatorial; Al Bashir, en Sudán; Lukashenko, en Bielorrusia o, con más razón ahora, contra los regímenes autocráticos que están machacando a los manifestantes en los países árabes?

La lista de dictaduras (Chad, Turkmenistán, Irán, Arabia Saudí, Siria, Cuba, la propia China…), cada una en su estilo, sería interminable: Según el último Índice de Democracia anual que elabora la revista The Economist, en el mundo existían en 2010 un total de 55 gobiernos dictatoriales.

No intervención

La resolución sobre Libia salió adelante porque tanto Rusia como China decidieron finalmente abstenerse en lugar de votar en contra. La historia, sin embargo, está llena de resoluciones que han sido rechazadas debido al derecho a veto. Entre las más recientes, la resolución palestina que reafirmaba la ilegalidad de los asentamientos judíos en territorio ocupado y que, pese a contar con un amplio respaldo internacional, se estrelló contra el veto de EE UU el pasado mes de febrero. Se calcula que alrededor de un centenar de resoluciones sobre el conflicto palestino israelí se han quedado en nada o no han llegado a cumplirse.

Al final, las resoluciones en las que se autoriza a intervenir en los asuntos internos de otros países son la excepción. Los intereses de los miembros permanentes han acabado asentando el concepto de no injerencia, a costa del mandato de «mantener la paz y la seguridad» con que fue creado el Consejo de Seguridad. Tal vez porque, mientras que la «responsabilidad de proteger» no es vinculante, la soberanía de los Estados sigue siendo prioritaria y, como señalan los expertos en el mencionado artículo en Público, «aunque se violen los derechos de sus poblaciones, sólo el Consejo de Seguridad puede decidir si la paz está amenazada y tomar medidas para proteger esa paz».

Así, el Consejo de Seguridad no ha hecho nada, de momento, en países como Yemen o Bahréin (ambos aliados de EE UU en el Golfo Pérsico), a pesar de que la represión contra las revueltas populares en ambos casos han dejado ya más de un centenar de muertos.

Tampoco parece probable una resolución, si quiera de condena, contra las violaciones de los derechos humanos en Chechenia, por parte de Rusia; en Tibet, por parte de China, o en los territorios palestinos ocupados, por parte de Israel. Los dos primeros tienen derecho a veto, y el tercero cuenta con el apoyo incondicional de EE UU, aunque se trate de un apoyo más crítico ahora.

El «veto tácito»

El derecho a veto ha sido utilizado en unas 250 ocasiones desde la creación de Naciones Unidas (el número no es exacto porque muchas votaciones se han realizado a puerta cerrada). Los países que más lo han ejercido son la antigua Unión Soviética (en 120 ocasiones) y EE UU (más de 80). El Reino Unido ha emitido su veto al menos 32 veces y Francia, una veintena.

En total, EE UU ha vetado en solitario al menos 58 resoluciones. De ellas, más de 40 eran de condena a Israel. Por su parte, Rusia sólo ha ejercido su veto en tres ocasiones desde el colapso de la URSS en 1991.

En las últimas décadas, no obstante, y especialmente desde el final de la Guerra Fría, el veto se ha ido utilizando cada vez menos. Pero ello se debe a la creciente práctica de no someter a la votación del Consejo las cuestiones susceptibles de ser vetadas (lo que se ha venido en denominar «veto tácito»). Mientras que el uso del veto es público e implica costes políticos para quienes lo ejercen, el «veto tácito» permite, de forma más discreta, retrasar o impedir las decisiones del Consejo en cuestiones de particular interés para un país.

«Una ONU más representativa»

En la declaración final que los mandatarios de los cinco países del grupo BRICS firmaron la semana pasada en China, estos afirmaban que la reforma de Naciones Unidas «es necesaria para que la ONU sea más efectiva, eficiente y representativa, y para que pueda tratar los desafíos globales actuales con mayor éxito».

Por ahora, sin embargo, se trata sólo de palabras. Por un lado, dos de los miembros de este organismo, Rusia y China, tienen privilegios en el Consejo de Seguridad a los que no es fácil que renuncien. El grupo en sí es, pese a sus características comunes, tremendamente heterogéneo y con intereses, tanto económicos como geoestratégicos, muy distintos.

Por otro lado, habría que concretar si estas reformas se refieren al sistema de votación, al número total de miembros, al número de miembros con derecho a veto o al veto en sí.

Por último, cualquier propuesta en este sentido se ha encontrado siempre con el mismo problema evidente: La única forma de modificar el derecho a veto es mediante la decisión de los países que tienen precisamente ese derecho.

Publicado originalmente en 20minutos

El derecho de veto sigue atrancando la ONU 65 años después

19/4/2011

Miguel Máiquez