Un ciudadano vota en el referéndum constitucional de Egipto, en El Cairo. Foto: Ed Giles / Getty Images
Es la primera parada en el camino trazado por los militares egipcios para legitimar y apuntalar el golpe de Estado que acabó con el gobierno islamista del presidente Mohamed Mursi: aprobar una nueva constitución para, en unos meses, poder celebrar unas elecciones a las que, aunque aún no lo ha anunciado de manera oficial, es muy probable que se presente el general golpista Abdul Fatah al Sisi, jefe de las fuerzas armadas y actual hombre fuerte del país.
La nueva carta magna, redactada por el gobierno instaurado por el ejército, ha empezado a someterse a referéndum este martes, en un proceso electoral que durará dos días. Teniendo en cuenta la imposibilidad de una campaña libre por el «No», la abrumadora propaganda por el «Sí» desplegada por la maquinaria del Estado, la previsiblemente importante abstención ciudadana y el boicot anunciado por los islamistas, el resultado a favor parece cantado. Como cuenta el periodista Mikel Ayestaran, «las calles de todo el país están empapeladas de carteles pidiendo el ‘Sí’ y los medios de información se han volcado con el nuevo texto. No hay espacio para el ‘No’, las voces críticas han sido silenciadas y políticos y activistas de la oposición han sido detenidos por mostrar su rechazo a la constitución».
El objetivo del Gobierno interino egipcio es demostrar, a través de las urnas, que los militares contaban con apoyo popular, tanto cuando derrocaron al presidente Mursi como en la brutal represión de los Hermanos Musulmanes que vino después. Públicamente, las autoridades sostienen que el nuevo borrador constitucional es una notable mejora con respecto a la carta anterior, puesto que reconoce más derechos y libertades y representa un paso crucial en el camino a la «estabilidad».
La nueva constitución viene a reemplazar a la aprobada en referéndum en diciembre de 2012 (una consulta en la que participó tan solo el 33% del electorado), y que fue suspendida tras el golpe de Estado de julio de 2013.
La constitución de Mursi no era, ciertamente, un modelo de carta democrática o respetuosa con los derechos humanos. Sus críticos, las fuerzas liberales y laicas, aseguran, con razón, que el gobierno respaldado por los Hermanos Musulmanes alumbró una constitución que no representaba la realidad de la sociedad egipcia, y que no protegía las libertades por las que luchó la revolución que acabó con el régimen de Hosni Mubarak en 2011. Ni los derechos de las mujeres ni los de los cristianos (aproximadamente el 10% de la población) estaban suficientemente salvaguardados.
Pero la nueva constitución, la del general Al Sisi, aparte de emanar de una autoridad ilegítima, tampoco es precisamente ejemplar. Es cierto que reconoce una mayor libertad religiosa (aunque solo protege el credo y la práctica religiosa de «aquellos que creen en las religiones celestiales: islam, cristianismo y judaísmo»), pero, en la práctica, supone un importante fortalecimiento del poder del ejército.
Para empezar, conserva la cláusula que hace posible que los civiles sean juzgados en tribunales militares. No permite estos juicios expresamente, pero las excepciones son tantas, que lo que en realidad se pretende es no tolerar ningún tipo de amenaza percibida contra el poder militar. Por otra parte, los militares tendrán control sobre el nombramiento del ministro de Defensa durante los dos primeros periodos presidenciales tras la aprobación de la constitución, una disposición que implica que el presidente no podrá decidir libremente sobre la elección de este cargo.
En la nueva constitución, que fue redactada por un comité de 50 personas, entre las que solo había dos representantes de partidos islamistas, el islam sigue siendo «la religión del Estado» y los principios de la sharia se mantienen como «la principal fuente de legislación». Sin embargo, y tal y como se explica bien en este análisis de la BBC, ha sido eliminada una disposición de la constitución de 2012 que daba una detallada definición de estos «principios». Por otro lado, con el nuevo texto, los partidos «no podrán ser formados sobre la base de religión, género, raza o geografía». En la constitución anterior tan solo se especificaba que no podrían «discriminar» atendiendo a la religión.
Otra disposición importante de la nueva carta magna es que, por primera vez, el Parlamento tendrá la facultad de remover a un presidente electo y procesarlo.
Entre los aspectos mejorados con respecto a la constitución anterior destacan la inclusión de la prohibición explícita del tráfico de personas y una mayor protección para los menores, cláusula esta última que quedó fuera en la constitución islamista anterior. El nuevo borrador establece que «todos los menores de 18 años son niños», lo que abre la puerta a prohibir los matrimonios forzosos de mujeres menores de edad.
Aparte de la casi totalidad de las opiniones expresadas en los canales de televisión, tanto públicos como privados, la nueva constitución tiene el apoyo de los partidos Al Nur (salafistas), Dustour, Wafd y Egipcios Libres. El movimiento popular Tamarod, responsable en buena parte de la convocatoria que sacó a miles de egipcios a la calle en contra de Mursi, antes del golpe militar, también respalda el «Sí». En general, la constitución de Al Sisi tiene las bendiciones de un amplio espectro que incluye a liberales, socialistas, naseristas, nacionalistas e incluso socialdemócratas, unidos por el común denominador de su rechazo al islamismo.
En contra de la nueva carta magna están el Partido Fuerte de Egipto, el movimiento juvenil 6 de Abril (uno de los instigadores de las protestas que llevaron a la caída de Mubarak), el movimiento Socialistas Revolucionarios y el movimiento No a los Juicios Militares. La mayoría de las razones de su rechazo se encuentran en los artículos que mantienen o amplían el poder de los militares, o en el hecho de que se trate de un proceso promovido por autoridades golpistas.
En cuanto a los islamistas, la coalición Alianza Nacional de Apoyo a la Legitimidad (NASL), en la órbita de los ilegalizados (y declarados «grupo terrorista») Hermanos Musulmanes, anunció su boicot al referéndum.
En su crónica previa al referéndum, el corresponsal de El País en El Cairo, David Alandete, escribe:
El Cairo ha quedado cubierto estos días de miles de grandes carteles, azules y verdes, en los que se lee «sí a la constitución». Muchos van acompañados por el marchamo de la foto del general Al Sisi, que considera presentarse a la presidencia, con uniforme militar. Un anuncio radiofónico repite machaconamente la frase «vota sí, vota contra el terrorismo». En el golpe de Estado los militares no dejaron muchas opciones al poder de Morsi y los Hermanos Musulmanes. Ahora han seguido ese mismo patrón. El sí parece ser la única opción de Egipto.
La agencia AP, por su parte, ha recogido los testimonios de varios ciudadanos en las calles de la capital egipcia. Estos son algunos de ellos:
«He votado “Sí” porque creo que estamos en una crisis. Esta constitución no es perfecta, pero necesitamos avanzar primero y arreglarla después». (Ameena Abd Al-Salaama, 65 años, en el barrio de Zamalek, una zona rica de la ciudad)
«Los Hermanos Musulmanes son como un pollo sin cabeza que está exhalando su último aliento, y un “sí” significará su final. Yo estoy aquí para enviar al mundo y a aquellos que odian a Egipto el mensaje de que queremos vivir y que nuestro país vuelva a funcionar». (Alaa al-Nabi Mohammed, 67 años, en el barrio de Imbaba)
«Esta constitución no está construida desde la legitimidad. Yo no voy a votar. Sé que va a aprobarse, lo queramos o no, pero no puedo participar en algo de lo que no estoy covencido. Y si digo algo en contra de ella, me detendrán. Mantenerse callado es mejor». (Hani Abdel-hakim, 33 años, en el barrio de Assuit, de mayoría islamista)
«Voy a votar “Sí”. Voté “Sí” en el referéndum anterior y votaré “Sí” otra vez. Porque necesitamos un país seguro, necesitamos progreso. Solo Dios sabe si las cosas cambiarán en realidad, o no». (Fatma Ahmed, 58 años, en Ciudad Nasser)
«Sinceramente, no puedo ir a votar. Yo estuve con los manifestantes en las protestas de Rabaa, y les vi morir. Para mi, este referéndum no tiene ninguna legitimación». (Ahmed Zakaria, 24 años, cerca de un colegio electoral situado junto a la mezquita de Rabaa Adawiyya, la zona donde las fuerzas de seguridad disolvieron violentamente una protesta de varios días en favor de Mursi, con el resultado de unos 300 muertos)
El pasado 28 de diciembre, un par de días después de que los Hermanos Musulmanes fuesen declarados «organización terrorista», la arabista Luz Gómez García señalaba en un imprescindible artículo, publicado en El País, que la nueva carta magna egicpia «refuerza el papel de la religión y las Fuerzas Armadas, y su publicación coincide con una ley que restringe el derecho de reunión. El país es hoy más militar y más islamista que hace tres años». Y concluía:
La nueva Constitución, tan semejante a sus predecesoras, no podrá hacer frente al cambio social que ha vivido Egipto. Ha nacido apoyándose en la represión y no augura su fin. La declaración, por parte del Gobierno golpista, de los Hermanos Musulmanes como organización terrorista es una sentencia a muerte para la democracia. Lo lógico sería que Egipto se siga considerando revolucionario y le aplique a Al Sisi el correctivo que le aplicó a Morsi por menos.
Más información y fuentes:
» Egypt’s winding path toward a new constitution (Ursula Lindsey, en Mada Masr)
» Referendo en Egipto: qué está en juego (BBC)
» Egipto, represión y Constitución (Luz Gómez García, en El País)
» Egypt votes this week on new constitution, with result already known (Nancy A. Youssef, en McClatchy)
» Una constitución a medida del régimen (David Alandete, en El País)
» Egypt’s Good, Bad, and Ugly (H. A. Hellyer, en Foreing Policy)
» A constitutional mirage in Egypt (Islam Abdel-Rahman, en openDemocracy)
» Doing the math on Egypt’s referendum (Wael Nawara, en Al Monitor)
» Voices of Egypt’s voters on draft constitution (AP)
» On Egypt’s General Sisi (Nervana)
Es la primera parada en el camino trazado por los militares egipcios para legitimar y apuntalar el golpe de Estado que acabó con el gobierno islamista del presidente Mohamed Mursi: aprobar una nueva constitución para, en unos meses, poder celebrar unas elecciones a las que, aunque aún no lo ha anunciado de manera oficial, es muy probable que se presente el general golpista Abdul Fatah al Sisi, jefe de las fuerzas armadas y actual hombre fuerte del país. […]
«Oh, y otorga al poder ejecutivo el derecho de provocar una lluvia de muerte desde las alturas».
Viñeta de Paul Noth en The New Yorker.
«Oh, y otorga al poder ejecutivo el derecho de provocar una lluvia de muerte desde las alturas». Viñeta de Paul Noth en The New Yorker.
Después de seis meses de trabajos y tras una votación que fue boicoteada por la oposición laica y por la minoría cristiana copta, la Asamblea Constituyente egipcia, dominada por los islamistas, aprobó este viernes el borrador de la nueva Constitución del país. El texto, cuyos 234 artículos fueron votados uno a uno durante más de 15 horas, será presentado ahora al presidente, Mohamed Mursi, para que convoque un referéndum popular.
La nueva Carta Magna, que nace sin consenso y en plena crisis institucional por el ‘decretazo‘ de Mursi, incluye algunos puntos positivos, bastantes negativos, y numerosas contradicciones.
En el contexto de otros países de la región, no se trata de una Constitución especialmente retrógrada o dictatorial: limita la duración del mandato presidencial a ocho años (en dos periodos de cuatro), frena el intento de dar más relevancia aún a la ley islámica (si bien sigue siendo la referencia principal), garantiza (aunque de manera insuficiente) muchos derechos fundamentales, y aumenta algo (poco) el control sobre el ejército.
En sus principios generales, la Carta señala que «el sistema político se basa en los principios democráticos y la consulta, en la igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos, el multipartidismo político, la alternancia pacífica del poder, la separación y el equilibrio de los poderes del Estado, la soberanía de la ley, el respeto a los derechos humanos y las libertades».
Sin embargo, más allá de las declaraciones generales, la nueva Constitución presenta también, al analizarla en detalle, muchos puntos negros: Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han denunciado que falla en la protección real de los derechos humanos, «ignora» los derechos de las mujeres, limita la libertad de expresión en nombre de la religión y permite juicios militares a civiles. Además, el texto aprobado discrimina a unas religiones y favorece a otras, no elimina la pena de muerte, mantiene privilegios no democráticos para las fuerzas armadas, no protege suficientemente a refugiados e inmigrantes, evita una prohibición firme del trabajo infantil y, por supuesto, no contempla la laicidad del Estado.
De algún modo, la Carta Magna propuesta supone, más que un retroceso ultraconservador con respecto a la actual (no pretende convertir Egipto en una república fundamentalista islámica, como muchos temían tras la victoria electoral de los Hermanos Musulmanes), una decepción con respecto a las expectativas que, tras la revolución, albergaban los grupos laicos, opositores y de defensa de los derechos humanos.
Estos son algunos aspectos clave de la Constitución egipcia que será sometida a referéndum.
• El islam y la ley. La nueva Carta Magna establece, al igual que la actual, que el islam es la religión oficial del Estado y que «los principios» de la ley islámica (sharia) son la fuente principal de la legislación. Esta declaración, la que más debate ha generado, fue finalmente consensuada con grupos de la oposición, y supone una derrota para los salafistas (islamistas ultraconservadores), quienes pretendían eliminar el término «principios» y dejar la sharia como fuente única de la legislación. Para contentar a los salafistas, el borrador incluye un artículo en el que se detalla que esos principios abarcan toda la jurisprudencia de la sharia y los fundamentos contenidos en la suna, o tradición del profeta Mahoma.
• Otras religiones. El Estado garantiza la libertad de la práctica del culto religioso y la construcción de lugares para el culto, pero solo para las religiones monoteístas de origen abrahámico, es decir, el islam, el cristianismo y el judaísmo. El resto de los grupos religiosos, como, por ejemplo, los bahais, continuarán sin protección y sin libertad de culto. De entre los no musulmanes (minorías), solo cristianos y judíos tienen derecho a regular sus asuntos religiosos o a que sean reconocidos sus líderes. Amnistía Internacional indica que tampoco queda clara la protección de minorías musulmanas como los chiíes.
• Igualdad y mujeres. La Carta indica, en su artículo 33, que «todos los ciudadanos son iguales ante la ley, e iguales en derechos y obligaciones sin discriminación», y elimina un punto de un borrador previo en el que se afirmaba que la igualdad de la mujer debía estar sujeta a la sharia. El problema es que, al admitirse la sharia como fuente de legislación, queda abierta una puerta a la discriminación por género, sobre todo en cuestiones como el divorcio, la igualdad en el matrimonio o las «obligaciones familiares», y especialmente al haberse prescindido finalmente en este artículo de la frase «sin distinción de raza, sexo o religión», una concreción recomendada para evitar que el principio de igualdad pueda verse menoscabado, por ejemplo, en la interpretación de un juez o en leyes posteriores.
• Protección de derechos. El artículo 81 indica que ninguna ley puede limitar los derechos y libertades básicos de los ciudadanos, pero añade que éstos no pueden contradecir lo establecido en el apartado dedicado al Estado y la sociedad. El artículo 10 de este apartado señala que «el Estado y la sociedad se comprometerán en la preservación de la verdadera naturaleza de la familia egipcia», y el artículo 11 dice que «el Estado protegerá la ética, la moral y el orden público». Estos conceptos, como destaca Human Rights Watch, son tan ambiguos y, sobre todo, tan interpretables, que pueden suponer una amenaza para la protección de los derechos fundamentales.
• Libertad de expresión. A pesar de que la nueva Constitución protege la libertad de expresión (artículo 41), el insulto —tanto a personas como a «los profetas»—, la «blasfemia» y la «difamación» religiosa siguen siendo delito. Tanto HRW como AI denuncian que la figura del «insulto» (al presidente, por ejemplo) ha sido usada ampliamente como excusa para perseguir a opositores.
• Ejército y justicia militar. El artículo 198 indica que no se permite juzgar a un civil ante la justicia militar, pero añade la excepción de que se trate de «delitos que dañen a las fuerzas armadas». Es decir, sí se permiten los juicios militares a civiles. Amnistía Internacional indica que en los 17 meses que duró el gobierno militar (desde febrero de 2011 hasta junio de 2012) pasaron por tribunales militares unos 12.000 civiles, y recuerda que el fin de estos juicios es una de las principales reivindicaciones de muchos manifestantes. En los juicios militares, según AI, no se dan una serie de garantías básicas, como el derecho a preparar una defensa con tiempo suficiente, el derecho a elegir abogado o el derecho a apelar a un tribunal superior. Por otra parte, la nueva Carta Magna mantiene muchos de los privilegios de que disfrutan los militares, incluyendo la elección del ministro de Defensa. Por otra parte, se amplía la supervisión de sus asuntos, pero se seguirá haciendo al margen del Parlamento.
• Separación de poderes. El texto constitucional señala que el presidente deberá «tener en cuenta» los límites que hay entre los poderes del Estado (el ejecutivo, que preside; el legislativo y el judicial). No se habla, en principio, de una obligación, lo que resulta muy conveniente ante la decisión de Mursi de blindar sus decretos contra posibles actuaciones de la justicia.
• Trabajo infantil. La nueva Constitución permite trabajar a los niños que están aún en educación primaria, y no especifica la prohibición de que lo hagan en condiciones potencialmente peligrosas o de explotación económica. Actualmente se calcula en 7 millones el número de niños que trabajan en Egipto, principalmente en zonas rurales, donde son muchas las familias que no podrían subsistir sin los ingresos que aportan sus hijos.
Puede argumentarse que muchos de estos puntos, especialmente los referidos a la religión, obedecen a una realidad cultural, social e histórica distinta a la occidental, y que, por tanto, no pueden ser juzgados del mismo modo, o no deberían ser juzgados en absoluto. Una encuesta realizada en 2010 por el Pew Research Centre, por ejemplo, revelaba que el 84% de los musulmanes en Egipto estaba a favor de la pena de muerte para los apóstatas del islam. Pero, aún comprendiendo la fuerza del ‘argumento cultural’, en este blog se defiende la universalidad de los derechos fundamentales del ser humano recogidos, entre otros documentos, en la declaración de la ONU de 1948 (que, por cierto, firmó Egipto), y se entiende, además, que la igualdad de derechos, la libertad de expresión, la protección de la infancia, la libertad religiosa, la separación total entre Estado y religión, el antimilitarismo o la eliminación de la pena de muerte y de cualquier tipo de tortura, deberían ser objetivos sin excepciones.
Más información y fuentes:
» Principales artículos del borrador de la nueva Constitución egipcia (Efe)
» Los artículos clave de la Constitución egipcia (El País)
» La nueva Constitución egipcia: ‘exprés’, contradictoria y sin consenso social (El Mundo)
» Egypt’s new constitution limits fundamental freedoms and ignores the rights of women (Amnistía Internacional)
» Egypt: New Constitution Mixed on Support of Rights (Human Rights Watch)
Después de seis meses de trabajos y tras una votación que fue boicoteada por la oposición laica y por la minoría cristiana copta, la Asamblea Constituyente egipcia, dominada por los islamistas, aprobó este viernes el borrador de la nueva Constitución… Leer
Apenas 24 horas después de haber salido reforzado por su papel como mediador en el alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, el presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi, ha vuelto a acaparar la atención informativa este jueves al ordenar que todas sus decisiones sean definitivas e inapelables ante la justicia hasta la entrada en vigor de la nueva Constitución.
La medida, adoptada tras los continuos enfrentamientos entre el presidente y el Poder Judicial, supone un golpe a la separación de poderes en Egipto y, en la práctica, sitúa a Mursi por encima de la ley. Ninguna institución del Estado podrá anular sus decretos. Además, Mursi ha destituido a uno de sus principales oponentes, el fiscal general del Estado, Abdel Maguid Mahmud, a quien el Gobierno, dominado por los Hermanos Musulmanes, responsabiliza de la absolución de importantes líderes del régimen de Mubarak. En su lugar ha nombrado a Talat Abdullá.
La vicepresidenta del Tribunal Constitucional Supremo egipcio, Tahani al Gebali, ya ha dicho que la decisión de Mursi de blindar sus plenos poderes ejecutivos y legislativos le convierte en un «presidente ilegítimo». La oposición, por su parte, ha exigido la retirada del decreto. «Hay una diferencia entre decisiones revolucionarias y decisiones dictatoriales», afirmó el activista Wael Ghonim, una de las figuras clave en la revolución que acabó con el régimen de Mubarak el año pasado.
Las nuevas medidas aprobadas por Mursi son las siguientes:
No es el primer golpe de mano del presidente egipcio, quien el pasado mes de agosto ya purgó la cúpula militar.
Desde El Cairo, Ricard González (El País) escribe:
[…] el principal blanco de la ofensiva de Mursi es un sector del estamento judicial, liderado por el Tribunal Constitucional. La disputa con las altas instancias de la judicatura arranca con la disolución de la primera Asamblea Constituyente, así como del Parlamento, ambos órganos dominados por los islamistas. Desde su inicio, la transición egipcia ha sido una lucha descarnada entre varios movimientos políticos y centros de poder. La ausencia de cualquier tipo de consenso, ni tan siquiera entre las fuerzas revolucionarias, provocó la politización de la judicatura. Y muy especialmente de sus altas jerarquías, plagada de magistrados fieles a Mubarak y hostiles a la ideología islamista.
Sin embargo, habrá que ver si Mursi consigue sus objetivos con este audaz movimiento, o más bien consigue galvanizar y unir a sus detractores. Desde su investidura el pasado mes de junio, las manifestaciones populares de rechazo hacia su Gobierno han sido de alcance más bien limitado. ¿Dominará entre revolucionarios y laicos la satisfacción por la reapertura de los juicios a los responsables policiales de la era Mubarak o el temor a una nueva Constitución de corte teocrático?
Para este viernes hay convocada una manifestación en la plaza Tahrir contra la actuación policial en las últimas protestas. La decisión de Mursi puede elevar aún más la tensión, ya que la oposición ha llamado a los ciudadanos a protestar de forma masiva contra un decreto que, sin embargo, también ha sido celebrado. Miles de personas se manifestaron el jueves frente a la Corte Suprema en apoyo de la iniciativa del presidente.
Más información y fuentes:
» El auto golpe de Mursi (Issandr El Amrani, en The Arabist)
» Poder absoluto: el decreto de Mursi aturde a los egipcios (Bassem Sabry, en Al Monitor)
» Mursi se sitúa por encima de la ley (El País)
» Rabia opositora en Egipto por el nuevo decreto del presidente (BBC)
» El nuevo faraón (Egyptian Chronicles)
Apenas 24 horas después de haber salido reforzado por su papel como mediador en el alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, el presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi, ha vuelto a acaparar la atención informativa este jueves al… Leer
Egipto votará mañana en referéndum las primeras reformas constitucionales propuestas tras la caída de Mubarak. Pese al avance democrático que pueda suponer la mera celebración de una consulta ciudadana en condiciones de libertad, la propuesta en sí ha sido criticada por la conexión que tiene aún con el régimen. Un ejemplo, el editorial de hoy del diario canadiense The Globe And Mail (traducido al castellano):
El referéndum que va a celebrar mañana Egipto sobre la reforma constitucional no es la expresión de la voluntad popular, sino, más bien, el último legado de un pasado antidemocrático, un ejercicio ilegítimo que carece del apoyo de la vanguardia revolucionaria del país, y que puede poner en peligro la transición hacia una democracia real.
En sí mismas, las reformas propuestas resultan loables e inofensivas. La imposición de un límite al número de mandatos presidenciales y a las leyes de emergencia, así como el establecimiento de la figura del vicepresidente, son cambios positivos y responden a las quejas contra el gobierno del ex presidente Hosni Mubarak.
Pero, en el caso de que sea aprobada, la nueva constitación es una invitación a la tiranía. Los poderes de las leyes de emergencia quedarían limitados, pero no eliminados. Y se contemplan pocos límites nuevos al poder presidencial.
Se trata, en realidad, de pequeños ajustes, tal y como admitió al semanario Al Ahram Tarek El-Beshri, jefe del comité de expertos juristas -designado por el Ejército- que redactó los borradores de las enmiendas: «Nos hemos limitado a reformar artículos previamente reformados de la Constitución. No se trata de una reforma de la Constitución en sí. Es una Constitución temporal que estará vigente durante un año, o tal vez algo menos».
Empezar a meterles mano a las leyes básicas en un momento tan temprano de la revolución es un error. De hecho, Egipto ya estraba gobernado en gran medida por las leyes antes de la revolución, pero eran malas leyes, selladas por un parlamento elegido pero débil. Y teniendo en cuenta que la propuesta de llevar a cabo futuras reformas viene de este parlamento dócil, existe el riesgo de que acabe consolidándose en el poder un nuevo hombre fuerte.
Así las cosas, el Ejército no se está limitando a gobernar el país; también está trazando la agenda política. La semana pasada los activistas fueron expulsados de la plaza Tahrir.
Muchas facciones de la oposición están esforzándose para organizar nuevos partidos políticos, un proceso que requiere debate, tiempo y voluntad de incluir diferentes opiniones.
Jóvenes demócratas, líderes liberales como Mohamed El Baradei y el ex candidato presidencial Ayman Nour hacen bien en rechazar el referéndum. El Ejército asegura que será una «experiencia democrática». Pero más bien se parece al conocido escenario en el que la vieja guardia acaba trampeando la democracia, tal y como le habría gustado a Hosni Mubarak.
The Globe And Mail
