Donald Trump

El presidente electo de EE UU, Joe Biden. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son los socios económicos y políticos de más importancia estratégica para Estados Unidos en Asia Occidental. Es posible que el presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, no cuenten con un proyecto esencialmente diferente para la región, pero sí van a aportar un tipo diferente de diplomacia.

A pesar de que muchos dan por hecho que la presidencia de Biden será una extensión de las políticas de Obama, existen nuevas realidades en Oriente Medio que el presidente electo deberá tener en cuenta.

Los países del CCG están divididos, debido al embargo, liderado por Arabia Saudí, impuesto a Catar desde 2017. Para muchos líderes del CCG, resucitar la política exterior de Obama no es lo ideal. Fue durante su presidencia cuando ocurrieron las revueltas de la Primavera Árabe en 2011, el golpe militar en Egipto de 2013, el ascenso de grupos extremistas y, por último, el acuerdo nuclear con Irán.

Riad y Abu Dabi disfrutaron con la campaña de «máxima presión» contra Irán llevada a cabo por Trump, y con la pasividad del ahora presidente saliente ante los abusos contra los derechos humanos.

Biden ha declarado públicamente que él no habría tolerado el cruel asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, el encarcelamiento de mujeres activistas saudíes, o los crímenes de guerra en Yemen. La impaciencia de Biden con Arabia Saudí y su probable tolerancia con Irán chocan con un creciente lobby en Washington, en el que tanto Riad como Abu Dabi han invertido mucho.

La supuesta intención del Gobierno estadounidense de acabar con la crisis humanitaria causada por los bombardeos saudíes en Yemen fue bloqueada por el círculo íntimo de Trump. Por tanto, en ausencia de ese círculo, Riad tendrá que conformarse con compromisos más simples por parte de los hutíes. La retirada gradual de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la guerra de Yemen entre 2017 y 2019, les colocó en una situación menos sólida que la de su vecino saudí ante la derrota de Trump.

Junto con Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones con Israel el 13 de agosto de 2020, en los denominados oficialmente Acuerdos de Abraham. Este impactante movimiento histórico fue considerado una traición por la causa palestina, e innecesario desde la perspectiva geopolítica de los EAU. Aún así, puede entenderse como un intento desesperado por agudizar la rivalidad con Irán.

Irán es, de hecho, el principal foco a la hora de determinar la política exterior de Estados Unidos con respecto al CCG. La firma del acuerdo nuclear en 2015, oficialmente conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), supuso para el régimen iraní la oportunidad de iniciar una nueva era marcada por la ruptura del aislamiento global y las sanciones lideradas por EE UU. Tres años después, Trump se retiró unilateralmente del acuerdo y comenzó una campaña de «máxima presión» que implicó sanciones económicas más severas contra el sector financiero iraní.

Biden ha declarado que EE UU volverá a unirse al acuerdo, con el objetivo de allanar el camino para continuar negociando. No obstante, es imposible predecir cómo evaluará Biden el grado de cumplimiento por parte de Irán, considerando las referencias tan poco claras que deja su predecesor. Después de todo, el hecho de que Irán fuese el mayor enemigo de Trump no significa que vaya a ser el mayor aliado de Biden. Por otra parte, no puede olvidarse la decepción de Riad con Trump durante los ataques a Aramco de septiembre de 2019.

Irak es otro de los lugares donde estallaron las disputas entre EE UU e Irán, como resultado de las protestas contra el gobierno de Bagdad que comenzaron en octubre de 2019. Riad acogió con gran satisfacción los intentos de Trump de respaldar a los grupos apoyados por Teherán en Irak. Giorgio Cafiero, director de Gulf State Analytics, una consultora de riesgos geopolíticos con sede en Washington, considera las acciones de Trump en Irak como «las más audaces en términos de contrarrestar la influencia regional de Irán, algo especialmente subrayado por el descarado asesinato del general Qasem Soleimani en enero de 2020». No obstante, Cafiero señala asimismo que, desde los ataques contra Aramco en septiembre de 2019, «a los saudíes les preocupa la verdadera voluntad de Trump de defender al reino de las amenazas que suponen los grupos respaldados por Irán en la región y que tienen una relación hostil con Riad».

Kuwait, Omán y Catar verían con buenos ojos una desescalada con Irán, así como cualquier intento por finalizar la crisis del Golfo. Mientras que Omán acogerá positivamente los planes de Biden para acabar con la ayuda militar estadounidense a Arabia Saudí en la guerra en Yemen, Kuwait espera encontrar un líder estadounidense más «neutral» para reparar la grieta abierta en la región.

Por su parte, Doha cuenta con la voluntad de Biden de poner fin al embargo, después de que Trump parezca haber ignorado las relaciones institucionales estratégicas a largo plazo de Estados Unidos con los países del CCG, y el interés de Washington de mantener un frente unido en el Golfo frente a Irán. En cualquier caso, la paz entre Riad y Doha parece más probable que un acuerdo en el que también esté incluida Abu Dabi, salvo que Biden supere las expectativas. Aunque si el presidente electo decide centrarse más en las relaciones de EE UU con el continente asiático en general que en el Golfo, esa voluntad por sí sola no será suficiente para acabar con la crisis.

En cuanto a Libia, es más probable que Biden apoye al Gobierno de Acuerdo Nacional respaldado por Turquía y Catar, en contraste con el enfoque pro EAU de Trump y su dependencia de los aliados europeos y rusos. En otras palabras, puede haber más presión a Abu Dabi para que acate el embargo internacional de armas a Libia. Por el contrario, la venta aprobada por EE UU de materiales de defensa avanzada (F-35) a los Emiratos (una tecnología que hasta ahora solo proporcionaba a Israel en la región), el 10 de noviembre de 2020, supone un auténtico punto de inflexión.

En el ámbito económico, se espera que Biden restituya el papel glogal de EE UU en la lucha contra el cambio climático reincoporándose al Acuerdo de París, del que salió Trump mediante una orden ejecutiva. Las políticas medioambientales de Biden se centran en prohibir el fracking (fractura hidráulica), tanto en aguas estadounidenses como en el territorio federal, una medida que beneficiaría a los países del CCG, ya que incrementaría los precios globales del petróleo. El columnista saudí Sultan Althari señala que la iniciativa «les proporcionaría [a los países del CCG] un salvavidas especialmente necesario a la hora de conseguir el delicado equilibrio entre aliviar las dificultades económicas causadas por la pandemia, y los ambiciosos planes para diversificar los medios de producción y conseguir una transición exitosa hacia economías más basadas en el conocimiento».

En general, Estados Unidos mantendrá su alianza estratégica con sus amigos del Golfo, aunque no todas las posturas de Washington serán bien recibidas. Y algunos asuntos que están perdiendo ya la relevancia y el apoyo que tuvieron, como la guerra en Yemen, el bloqueo a Catar, o una escalada de la tensión con Irán, es probable que vayan, poco a poco, finalizando.


Zeidon Alkinani es un escritor y analista político independiente iraquí-sueco, máster en Políticas Públicas Internacionales por el University College de Londres. Su investigación se centra, entre otros temas, en la región de Oriente Medio y el Norte de África, Irak, el sectarismo, la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio, la Primavera Árabe y el desarrollo durante la posguerra.


Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 3/12/2020
Traducción del original en inglés: What does Biden’s presidency mean for the future of the Gulf?

La presidencia de Biden y el futuro del Golfo

Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son los socios económicos y políticos de más importancia estratégica para Estados Unidos en Asia Occidental. Es posible que el presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, no… Leer

El presidente de EE UU, Donald Trump, y el primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, tras presentar el plan de paz de EE UU para Israel y Palestina, en la Casa Blanca. Foto: The White House / Flickr

«Mi propuesta presenta una oportunidad con la que ganarían los dos lados, una solución realista de dos Estados que resuelve el riesgo que suponía para la seguridad de Israel un Estado palestino». Así desvelaba este martes Donald Trump en la Casa Blanca su «acuerdo del siglo» para Israel y Palestina, en una solemne ceremonia en la que el presidente estadounidense apareció acompañado del primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, y en la que, significativamente, no hubo representación palestina alguna, ni de ningún otro mandatario internacional.

El acuerdo fue rechazado de inmediato y con vehemencia por el presidente palestino, Mahmud Abás (lo calificó como «la bofetada del siglo»), y también por las distintas facciones palestinas, en una poco habitual muestra de unidad. En las calles de Gaza y Cisjordania el anuncio fue recibido con airadas protestas, mientras que Amnistía Internacional señalaba que se trata de «un manual para más sufrimiento y abusos».

Esperado desde hace más de dos años, el plan se ha dado finalmente a conocer en un momento políticamente crucial, tanto para Trump como para Netanyahu. El primero busca ponerle un broche histórico a su política internacional y, según muchos analistas, desviar también el foco del juicio político (impeachment) al que está siendo sometido en el Senado; el segundo, imputado por fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos de corrupción, y candidato asimismo en los comicios generales que celebrará Israel en marzo (los terceros en menos de un año), recibe un espaldarazo fundamental de su principal y más poderoso socio, y prácticamente carta blanca para consolidar promesas electorales que hasta ahora eran consideradas problemáticas, como la anexión de las colonias en los territorios ocupados.

¿Cuáles son los principales puntos del acuerdo?

En esencia, el plan de Trump mantiene la llamada solución de los dos Estados, reconociendo el derecho palestino a tener uno, pero anteponiendo en cualquier caso la seguridad de Israel y dando por muertas las demarcaciones que aún reconoce la ONU. Para ello contempla cambios fronterizos que permitirían a Israel anexionarse parte de Cisjordania. También amplía el territorio palestino, pero lo fragmenta más aún, dejando dentro los asentamientos israelíes. Además, en uno de sus aspectos más polémicos, apuntala Jerusalén como «capital indivisible» de Israel y, en principio, de un futuro Estado palestino que se antoja inviable.

¿Quién lo ha negociado y cómo?

Uno de los principales artífices del plan es Jared Kushner, yerno de Trump y asesor del presidente. Kushner elaboró la hoja de ruta junto con el embajador estadounidense en Israel, David Friedman, y el ahora exenviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Jason Greenblatt.

El equipo hizo un primer amago de presentar su acuerdo hace dos años, pero acabó aplazándolo una y otra vez, alegando que quería esperar a contar con un gobierno estable en Israel, y esperando conseguir asimismo más apoyos de los países árabes. Mientras, Trump seguía haciendo gestos políticos hacia Netanyahu, como el reconocimiento por parte de Washington de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

Los líderes palestinos se han negado a negociar en los términos previstos y, de hecho, no tienen contacto oficial con Washington desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel en 2017.

¿En qué se diferencia de acuerdos anteriores?

El acuerdo presentado por Trump incluye nuevas propuestas referentes al trazado de fronteras entre Israel y los territorios ocupados, y concreta el estatus de Jerusalén, que en procesos de paz anteriores se había dejado siempre como uno de los puntos finales sobre los que llegar a un consenso, una vez que se hubiesen conseguido los demás objetivos.

Resucita además la solución de los dos Estados, que empezó a gestarse tras el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP en 1993, a través de los Acuerdos de Oslo de ese mismo año, pero que estaba enterrada en la práctica.

Trump argumentó este martes que su plan de paz es «diferente» al de sus predecesores porque contiene muchos más detalles «técnicos» de partida, con 80 páginas de propuestas. «Esta es la primera vez que Israel ha autorizado la publicación de un mapa conceptual que ilustra las concesiones territoriales que está dispuesto a hacer para conseguir la paz», subrayó.

Lo más novedoso, no obstante, quizá sea que, a diferencia de todos los demás acuerdos de paz negociados por Estados Unidos, la Casa Blanca no ha buscado esta vez la aprobación de Palestina antes de cerrar el plan, sino que le ha bastado la luz verde israelí.

¿Desde cuándo están estancadas las negociaciones?

El último plan de paz de Washington para la zona lo presentó Barack Obama en 2011, e incluía un Estado palestino basado en las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días de 1967, «con intercambios de tierra acordados mutuamente», algo que Netanyahu rechazó.

Aunque hubo un intento, fallido, de retomar conversaciones directas entre palestinos e israelíes en 2010, la negociaciones están estancadas desde 2008, cuando Israel lanzó la operación Plomo Fundido en la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes por Hamás, una operación que dejó más de 1.400 palestinos muertos.

¿Cómo cambiarían las fronteras actuales con el plan de Trump, y cómo sería el Estado palestino?

La Casa Blanca señala que su plan «quiere lograr un reconocimiento mutuo del Estado de Israel como una nación-Estado para el pueblo judío y el futuro Estado de Palestina como el Estado-nación del pueblo palestino, con los mismos derechos civiles para todos los ciudadanos».

El mapa que marca muestra, no obstante, un Estado palestino hiperfragmentado a modo de archipiélago, con asentamientos israelíes en su interior, conectados con el Estado israelí a través de corredores que parten el territorio.

Asimismo, concede a Israel zonas al oeste del valle del río Jordán, situadas en Cisjordania, con lo que este área ocupada quedaría sin salida directa a Jordania, a la que estaría vinculada por dos carreteras que cruzarían territorio israelí. «El valle del Jordán, que es crítico para la seguridad nacional de Israel, estará bajo la soberanía de Israel», sentencia el texto. Se trata de una zona que constituye alrededor del 30% del territorio de Cisjordania, y su anexión es un reclamo histórico de la derecha israelí.

Cisjordania y Gaza estarían unidas a través de un túnel que las conectaría y que atravesaría Israel.

Según el plan, las nuevas fronteras garantizan una «expansión territorial» a los palestinos a través de territorios en el desierto del Negev, que supondrían un territorio «comparable en tamaño» al que controlaban antes de 1967.

Mapa del plan del gobierno estadounidense de Donald Trump para Israel y Palestina. Mapa: Presidencia de Estados Unidos

¿Qué pasaría con los asentamientos?

Los asentamientos israelíes existentes en Cisjordania (considerados ilegales por la legislación internacional) serían incorporados al Estado de Israel, que se comprometería a no construir nuevos asentamientos, expandir los existentes o aprobar planes para construcción en las zonas que serán parte del Estado de Palestino.

Israel no procederá a demoler estructuras existentes, una moratoria que no incluye «construcciones ilegales» ni aquellas que «supongan un riesgo de seguridad, según determine el Estado de Israel», o «demoliciones de castigo por actos de terrorismo».

Cerca del 97% de los israelíes en asentamientos en Cisjordania quedarían en territorio israelí adyacente, cifra similar para los palestinos en Cisjordania que quedarían en territorio palestino.

¿Y con Jerusalén?

La propuesta de la Casa Blanca reconoce a «Jerusalén como capital de Israel» y reitera que «debería permanecer como una ciudad íntegra».

Además, sostiene que Israel debe ser guardián de los lugares religiosos en Jerusalén, tanto judíos, como cristianos y musulmanes, y aboga por mantener el «estatus quo actual».

En cuanto a la capital del hipotético Estado palestino, el plan recoge que debería ubicarse en Jerusalén Este, concretamente, en «todas las zonas al este y el norte de las barreras de seguridad existentes, incluyendo Kafr Aqab, la parte este de Shuafat y Abu Dis», y que podría ser renombrada como Al Quds (como la denominan los árabes) o con otra denominación que decidan los palestinos.

Esto significa que la posible capital palestina se localizaría en barrios ubicados en las afueras de la Jerusalén actual.

¿Algún cambio sobre Gaza?

El plan recuerda que Gaza ha estado gobernada por el grupo islámico Hamás, al que describe como una «organización terrorista, responsable de asesinatos y ataques a miles de israelíes», y concede a Israel la soberanía de las aguas territoriales de la franja, al considerar que son vitales para la seguridad del Estado israelí.

Advierte además de que «no habrá mejoras significativas en Gaza hasta que haya un alto el fuego con Israel, una desmilitarización completa de la franja y una estructura de gobierno que permita a la comunidad internacional invertir de forma segura y cómoda» para mejorar su economía.

La iniciativa propone también que Israel ceda territorio a los palestinos cerca de Gaza, que pueden ser «áreas pobladas y no pobladas».

¿Quién se encargaría de la seguridad, y cómo?

Israel mantendría una «responsabilidad de seguridad predominante» del Estado de Palestina, con las fuerzas palestinas encargadas únicamente de la seguridad interna, de la lucha antiterrorista, la seguridad fronteriza y la respuesta a desastres.

Israel sería responsable de la seguridad en los cruces internacionales y, en el caso de Rafá, en la frontera con Egipto, se abordarían acuerdos específicos con El Cairo.

Además, Israel mantendría el control del espacio aéreo al oeste del río Jordán, mientras que la Armada israelí podría bloquear la entrega de «armas y materiales para la fabricación de materiales en el Estado de Palestina, incluida Gaza».

Gráfico: Carlos G. Kindelán / 20minutos

¿Podrían regresar los refugiados palestinos?

La iniciativa aborda uno de los temas más espinosos en unas hipotéticas negociaciones entre israelíes y palestinos: el derecho de retorno de los refugiados.

A ese respecto, y pese a lo que establece la resolución 194 de la ONU, el plan marca que «no habrá derecho de retorno, o absorción de ningún refugiado palestino en Israel».

Establece, no obstante, tres opciones para los refugiados palestinos que busquen un sitio permanente de residencia: «absorción» para aquellos registrados en la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en el futuro Estado palestino; integración en sus países actuales de acogida; o su reasentamiento en los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que los acepten.

En ese sentido, el plan indica que «los hermanos árabes tienen la responsabilidad moral de integrar a los refugiados en sus territorios del mismo modo que los judíos fueron integrados en el Estado de Israel».

¿Qué limitaciones tendría el nuevo Estado palestino

Entre otras, Palestina no podría alcanzar acuerdos militares, de Inteligencia o seguridad con ningún Estado u organización que «afecte de forma adversa la seguridad de Israel» ni podrá desarrollar capacidades «militares o paramilitares» dentro o fuera de su territorio.

Tampoco podría unirse a organizaciones internacionales sin el consentimiento de Israel, y debería retirar sus demandas contra Israel, EE UU y los ciudadanos de estos países ante el TPI, la CIJ o cualquier otro tribunal, así como no recurrir a Interpol contra ellos.

Así, el nuevo estado no podría tener «capacidades que puedan amenazar al Estado de Israel», mientras que Israel tendría derecho a «desmantelar o destruir» instalaciones utilizadas para producir armas o con «propósitos hostiles», así como para adoptar medidas de seguridad para mantener Palestina «desmilitarizada».

¿Recoge el plan alguna demanda palestina?

Según declaró a Efe el experto de la Universidad George Washington Nizar Farsakh, antiguo asesor del ex primer ministro palestino Salam Fayad y miembro en el pasado del equipo negociador palestino, cuando se lee el plan, «si se compara con la postura palestina publicada en la página web del Departamento de Estado, es exactamente lo opuesto a lo que los palestinos piden».

Trump prometió a los palestinos una inversión de 50.000 millones de dólares para duplicar su PIB y crear un millón de empleos, pero exigió a cambio un alto el fuego con Israel, cambios en su estructura de Gobierno y la desmilitarización de Gaza.

¿Hay un plazo para negociar?

Aunque Abás ya ha dicho «mil veces no» a la propuesta, Trump le ha dado cuatro años para superar sus reservas y sentarse a la mesa de negociación, y el Gobierno israelí ha indicado asimismo que está dispuesto a esperar ese tiempo.

¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional?

La ONU seguirá defendiendo una solución al conflicto que pase por la creación de dos Estados basados en las fronteras previas a 1967, según dijo este mismo martes el secretario general de la organización, António Guterres.

Entre los países árabes, Egipto llamó a Israel y Palestina a considerar «a fondo» el plan de Trump, y aplaudió los esfuerzos de Washington para lograr un acuerdo «amplio y justo». En una línea semejante se expresó Arabia Saudí, valorando positivamente los esfuerzos de EE UU y reafirmando su «apoyo a lograr una solución justa y completa al conflicto palestino».

Rusia considera que el plan debe ser analizado por el llamado Cuarteto de Madrid, formado por EE UU, la ONU, la UE y la propia Rusia, mientras que Irán afirmó que el acuerdo busca «humillar» a los musulmanes, y que «está muerto» antes de ver la luz. Es un plan que «nace muerto», indicó igualmente el Gobierno de Turquía.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó por su parte que el plan de paz «podría ser un paso positivo hacia adelante», y la Unión Europea señaló, a través de su Alto Representante para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, que la propuesta «supone una oportunidad para relanzar los muy necesarios esfuerzos» para lograr un acuerdo.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó por su parte que el plan de paz «podría ser un paso positivo hacia adelante», y la Unión Europea señaló, a través de su Alto Representante para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, que la propuesta «supone una oportunidad para relanzar los muy necesarios esfuerzos» para lograr un acuerdo.


Publicado originalmente en 20minutos
Con información de Efe y Europa Press

Las claves de un ‘acuerdo del siglo’ a la medida de Israel, inaceptable para los palestinos y oportuno para Trump

«Mi propuesta presenta una oportunidad con la que ganarían los dos lados, una solución realista de dos Estados que resuelve el riesgo que suponía para la seguridad de Israel un Estado palestino». Así desvelaba este martes Donald Trump en la… Leer

El general iraní Qasem Soleimani. Foto: Sayyed Shahaboddin Vajedi / Wikimedia Commons

El pasado 3 de enero un dron estadounidense atacaba el convoy en el que viaja el general de división iraní Qasem Soleimani, comandante en jefe de las Fuerzas Quods. Salía del aeropuerto de Bagdad junto con Abu Mahdi al-Muhandis, el líder de las Fuerzas de Movilización de Irak, cuando recibieron el ataque de EE UU.

Desde entonces, la República Islámica de Irán ha movilizado a civiles y militares para tratar de dar la respuesta más contundente posible sin ver afectada su credibilidad internacional.

Desde que Jamenei pusiera a Soleimani al frente de las Fuerzas Quods (1998), Irán ha multiplicado exponencialmente su presencia revolucionaria en el exterior proyectándose hacia el mundo árabe, Europa e incluso América Latina.

Al fallecido general se le considera el responsable del establecimiento de Hizbulá en el sur del Líbano, del adiestramiento de las milicias chiíes en Irak, del alzamiento de los hutíes en Yemen y, más recientemente, el artífice de la victoria de Al Asad en Siria. Por estas y otras razones, podemos considerar que con la muerte de Soleimani también muere, de alguna manera, la dimensión exterior de la «Revolución Iraní» del 1979.

Esta trayectoria de terror tan prolongada podría haber acabado antes, pero es cierto que Soleimani, como experto en inteligencia y contrainteligencia, cuidaba con mucho mimo todo lo relacionado con su seguridad.

Los motivos de Trump

Algunas fuentes apuntan que el general iraní podría haber sido traicionado por algún colaborador que dio la posición para su ejecución. Más allá de este detalle, cabe preguntarse por qué el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sin permiso del Congreso, decidió acometer semejante acción en ese preciso momento y no antes.

En los últimos meses, Irán traspasó la línea roja de «lo aceptable» en varias ocasiones, acometiendo acciones tales como el asalto a buques petroleros en Ormuz, el ataque a la refinería de Abqaid, el asesinato de un contratista estadounidense en Irak y, sobre todo, el asalto de la Embajada de EE UU en Bagdad. Si bien es cierto que todas estas acciones fueron interpretadas por Washington como «actos de provocación», el asalto a la delegación diplomática trajo a la cabeza al presidente Trump reminiscencias del asalto de Teherán de 1979 y sobre todo, el de Bengasi en 2012.

No podemos olvidar que nos encontramos en un año electoral en Estados Unidos y que el presidente Trump fue especialmente duro con la candidata Clinton vertiendo acusaciones de inacción durante la crisis de Bengasi que acabó con la muerte del embajador estadounidense Stevens.

Funeral de Qasem Soleimani en Ahvaz, Irán, el pasado 5 de enero. Foto: Ayoub Hosseinsangi / Tasnim News Agency / Wikimedia Commons

Teherán se aprovecha

Si bien la pérdida en términos estratégicos es muy grande para Irán, Teherán está tratando de sacar el mayor partido posible.

Por un lado, el cortejo fúnebre ha sido paseado por Nayaf y Kerbala (Irak), dos de las ciudades iraquíes donde se han producido las más duras manifestaciones contra la presencia iraní. De hecho, en noviembre pasado los consulados iraníes fueron asediados por miles de árabes que gritaban «Irán, Bara, Bara» (Irán, fuera, fuera).

Después el cadáver fue trasladado a Teherán, donde la movilización del régimen fue usada para tapar el descontento popular con la subida del precio de la gasolina y que en los últimos dos meses se ha saldado con más de 1 000 detenidos.

En lo que a la reacción de Teherán se refiere, ésta debe ser interpretada en sus justos términos, ya que el ataque contra las dos bases estadounidenses no ha producido daños personales, puesto que la mayor parte de los misiles lanzados desde Irán no alcanzaron su objetivo o explotaron en el aire. De hecho, la acción bélica debe ser entendida más como una medida para consumo interno que como una acción con vocación estratégica.

Escalada improbable

Si bien muchos especialistas han especulado con la posibilidad de que el conflicto escale, resulta altamente improbable que esto ocurra, ya que a ninguna de las partes implicadas le interesa verse involucrada en una guerra.

En lo que al presidente Trump se refiere, además de tener en contra a buena parte de la clase política, incluyendo a muchos miembros de su gobierno, tiene que abordar un año electoral marcado por el impeachment y hay que recordar que su estrategia hace cuatro años fue la de «sacar a EE UU de conflictos inútiles».

En lo que a Irán se refiere, ante el incremento de las protestas a las que está teniendo que hacer frente el régimen, Teherán pretende elevar la tensión con EE UU al máximo para lograr que el síndrome del enemigo exterior acalle la voz de una población, que no ve los progresos económicos y sociales prometidos por el presidente Rohaní.

En todo caso, y como conclusión, la muerte del general Soleimani supone un duro golpe a la proyección exterior de un régimen revolucionario que desde hace años se ha institucionalizado.


Alberto Priego es profesor agregado en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de Relaciones Internacionales, Universidad Pontificia Comillas.


Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 9/1/2020

Qasem Soleimani: la muerte de la revolución iraní en el mundo árabe

El pasado 3 de enero un dron estadounidense atacaba el convoy en el que viaja el general de división iraní Qasem Soleimani, comandante en jefe de las Fuerzas Quods. Salía del aeropuerto de Bagdad junto con Abu Mahdi al-Muhandis, el… Leer

Donald Trump y Barack Obama
Donald Trump y Barack Obama, durante la toma de posesión d Trump como presidente de EE UU, el 20 de enero de 2017. Foto: M. Santos / US Air Force

Donald Trump no ha ocultado nunca su intención de revertir hasta donde le fuese posible las iniciativas impulsadas y puestas en marcha por su predecesor en la Casa Blanca. Desde que asumió la presidencia el 20 de enero de 2017, el magnate ha intentado modificar, o directamente eliminar, los principales logros de Barack Obama, incluyendo algunos de los más emblemáticos, como los referidos a la sanidad o el medio ambiente. Trump no es, desde luego, el primer mandatario que trata de corregir el legado recibido, tanto en Estados Unidos como en cualquier otro país, pero pocos lo han hecho de un modo tan sistemático y tan poco sutil.

En este sentido, el anuncio hecho esta semana por el presidente de que EE UU abandona el pacto nuclear alcanzado con Irán puede interpretarse como un nuevo paso en lo que algunos expertos han definido como política negativa de Trump, más orientada a destruir lo anterior que a proponer novedades o mejorar lo alcanzado.

El acuerdo con Irán, firmado por Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, además de por Washington y Teherán, fue conseguido tras largas y duras negociaciones durante la anterior Administración estadounidense, con un fuerte coste político para Obama, quien tuvo que enfrentarse a una enorme presión, no solo parte del Partido Republicano, sino también de tradicionales aliados de EE UU en la región, como Arabia Saudí y, especialmente, Israel (junto con el poderoso lobby pro israelí en Washington).

‘America First’

Nada más asumir el cargo, en su primera jornada de trabajo, Trump firmó una orden ejecutiva (vendrían muchas más después, todas ellas rubricadas de forma teatral ante las cámaras) para sacar a EE UU del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), un tratado impulsado por Obama y que EE UU había alcanzado junto con otros 11 países.

La decisión se enmarcaba en la nueva política proteccionista de la Casa Blanca (America First, Estados Unidos primero), que llevaría posteriormente a Washington a forzar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México, y a imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, así como altas tasas a productos chinos.

Algunas de estas decisiones comerciales están aún en suspenso (en abril el Gobierno estadounidense afirmó que se estaba planteando volver al TPP porque «cree en el libre comercio», las espadas de la negociación del TLCAN siguen en alto, y los aranceles del metal a la UE y otros países no se han materializado todavía), pero el efecto publicitario, especialmente de cara a su base electoral, ya se ha conseguido.

Adiós a París

Más definitiva fue la que quizá haya sido, junto con la ruptura unilateral del pacto iraní, su decisión internacional más trascendental hasta ahora: la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, en junio de 2017.

Al abandonar el tratado, Trump anunció que EE UU «cesará todas las implementaciones» de sus compromisos climáticos en el marco de París «a partir de hoy», lo que incluye la meta propuesta por Obama de reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26% y un 28% respecto a los niveles de 2005.

El acuerdo, dijo el mandatario, fue «negociado mal y con desesperación» por el Gobierno de Obama, «en detrimento» de la economía y el crecimiento de EE UU. Después, la famosa frase: «He sido elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París».

Las ‘correciones’ de las políticas de Obama con respecto al medio ambiente también han tenido lugar de puertas adentro. En diciembre del año pasado, por ejemplo, Trump ordenó la mayor reducción de tierras públicas protegidas en la historia de EE UU, al recortar más de 9.200 kilómetros cuadrados en dos parques en Utah, una medida que fue alabada por los conservadores del estado y duramente criticada por ecologistas y tribus nativas. En concreto, Trump ordenó reducir sustancialmente la superficie de dos monumentos nacionales que habían resguardado tanto Obama, como Bill Clinton.

Además, Trump ha anunciado permisos para perforar el Ártico en busca de combustibles fósiles, y ha reactivado la construcción de polémicos oleoductos congelados por su antecesor en el cargo.

Soñadores y sanidad

Otro de los grandes caballos de batalla de Trump ha sido, y sigue siendo, la inmigración, y también aquí su medida más controvertida hasta ahora (aparte de la construcción del muro en la frontera con México) es un disparo directo contra el legado de Obama: la eliminación del plan DACA, una iniciativa aprobada por el anterior inquilino de la Casa Blanca, que protege de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad (los conocidos como dreamers, soñadores).

De momento, diversos reveses judiciales contra el Gobierno de Trump mantienen vivo el plan, y el propio presidente ha sido ambiguo sobre quién se vería afectado exactamente, al tiempo que es consciente del valor del DACA como moneda de cambio en la negociación que mantiene con el Congreso sobre su política migratoria (y el dinero que necesita para su muro).

Sin abandonar la política interior, la otra gran obsesión ‘anti-Obama’ de Trump es el sistema de protección sanitaria puesto en marcha por su predecesor, la norma conocida como Obamacare. Tumbarla fue una de sus promesas electorales estrella, y el magnate neoyorquino no se ha rendido aún, pero hasta ahora no ha contado con el apoyo suficiente en el Congreso para derogar y reemplazar la reforma.

El pasado mes de septiembre, la oposición de tres senadores hizo imposible aprobar el proyecto de ley impulsado por el presidente, en el que era ya su segundo intento. Días antes, no obstante, Trump anunció su intencion de asfixiar el programa, reduciendo en un 90% los fondos destinados a publicidad y ayuda para las inscripciones ciudadanas en el mercado de seguros médicos de la ley.

Frenazo en Cuba

Por último, y volviendo al exterior, Trump ha dado marcha atrás, o al menos ha frenado en seco, con respecto a una de las decisiones de la anterior Administración calificadas como «históricas»: la apertura con Cuba y la progresiva normalización de las relaciones bilaterales, tras medio siglo de hostilidades.

En un discurso pronunciado el pasado mes de junio en Miami (donde se concentra la mayor cantidad de exiliados y disidentes cubanos en EE UU), el presidente anunció un cambio, «con efecto inmediato», de la política estadounidense hacia la isla, que incluye el mantenimiento del embargo comercial y financiero que había empezado a aliviar Obama, y su oposición a las peticiones internacionales de que el Congreso lo levante.

Una vez más, sin embargo, también en el caso de Cuba es importante distinguir entre las palabras y los hechos. Pese al lenguaje habitual de cambios radicales empleado por Trump, lo cierto es que sus medidas no anulan las relaciones diplomáticas con La Habana restablecidas por Obama, ni prohíben las conexiones aéreas y marítimas con la isla. De momento, tan solo se revisan algunos aspectos de la relación bilateral encaminados a reducir los pagos de estadounidenses a empresas controladas por militares cubanos, o a aumentar las restricciones de viajes individuales a Cuba.


Publicado originalmente en 20minutos

El fin del pacto con Irán, otro golpe de Trump al legado de Obama

Donald Trump no ha ocultado nunca su intención de revertir hasta donde le fuese posible las iniciativas impulsadas y puestas en marcha por su predecesor en la Casa Blanca. Desde que asumió la presidencia el 20 de enero de 2017,… Leer

Barack Obama, en Chicago, durante su último discurso en público como presidente de los Estados Unidos. Foto: The White House / Wikimedia Commons

Al 44º presidente de los Estados Unidos se le podrán reprochar muchas cosas, pero la falta de optimismo no es una de ellas. Cuando el pasado día 11, de vuelta en su querida Chicago, Barack Obama se despidió del pueblo estadounidense en su último discurso público (una nueva demostración de su brillante oratoria y de su capacidad para conectar con la gente), el todavía inquilino de la Casa Blanca recuperó, sin dudarlo, el histórico lema que le llevó hasta la presidencia por primera vez, hace ocho años. Ante una audiencia entregada que clamaba por el imposible («Four more years!», ¡cuatro años más!), y pese al ‘coitus interruptus’ de saber que en tan solo unos días ocupará su puesto un personaje como Donald Trump, Obama cerró sus palabras con el mismo mensaje de esperanza que convenció a millones de personas en 2008, haciendo posible la hazaña de situar por vez primera a un hombre negro en el cargo más importante del país, y, en muchos sentidos, del mundo: Yes, we can (Sí, podemos). Y luego añadió: Yes, we did (Sí, lo hicimos; sí, pudimos). Pero, ¿ha podido realmente?

En términos generales, Obama deja un país mejor que el que encontró, al menos en lo que respecta a la economía, pero también un buen número de expectativas frustradas o directamente incumplidas. El que fuera el candidato del «cambio» y la «esperanza»ha sido asimismo, para muchos, el presidente de las oportunidades perdidas, unas oportunidades que, a la vista de quien va a sentarse en el Despacho Oval a partir del próximo viernes, no van a volver a repetirse fácilmente. Y algunos de sus logros más importantes, como la reforma sanitaria o la migratoria, podrían tener los días contados.

En el exterior, Obama, premiado en 2009 con un Nobel de la Paz que resultó ser, probablemente, algo prematuro, tampoco puede presumir demasiado. El entusiasmo inicial que despertó en todo el mundo el cambio que el joven presidente suponía con respecto a su antecesor (George W. Bush), con sus acercamientos al mundo musulmán (qué lejos queda ya aquel famoso discurso en El Cairo), o sus decisiones de poner fin a dos guerras (Afganistán e Irak), se fue transformando poco a poco en decepción y, en muchas ocasiones, en más de lo mismo.

Quedarán, en el apartado del debe, sus fracasos en el trágico atolladero de Siria y en el moribundo proceso de paz palestino-israelí, o los miles de muertes causadas por sus drones (durante el mandato de Obama, EE UU ha bombardeado un total de siete países —Afganistán, Irak, Pakistán, Somalia, Yemen, Libia y Siria—, frente a los cuatro bombardeados por Bush —los cuatro primeros— ). En el apartado del haber, pasos históricos como la reapertura de relaciones con Cuba y el acuerdo nuclear con Irán, sus iniciativas en contra de la tortura, o momentos ‘cumbre’ como, dejando a un lado las normas del derecho internacional, el asesinato del líder de Al Qaeda y cerebro de los atentados del 11-S, Osama Bin Laden.

Cambios profundos

No obstante, y como siempre en estos casos, tan injusto sería culpar al presidente de todos los aspectos negativos ocurridos durante su mandato, como atribuirle en exclusiva todos los logros. La sociedad estadounidense, como la global, ha experimentado durante estos ocho años cambios muy profundos, unos cambios que han acabado traduciéndose, de algún modo, en una gran polarización ideológica y una evidente desconexión entre ciudadanos y politicos, de izquierda a derecha, reflejadas en manifestaciones tan distintas como el movimiento Occupy que se extendió por EE UU en 2011 tras el 15-M español, o la inesperada elección como presidente del millonario Donald Trump en 2016. Unos cambios que, al mismo tiempo, han permitido también hitos como el reconocimiento, en todo el país, de la legalidad del matrimonio entre homosexuales, o el hecho de que, por primera vez, una mujer (Hillary Clinton) haya estado a punto de ocupar la Casa Blanca.

Paradójicamente, ha sido durante el mandato del primer presidente negro cuando los hondos conflictos raciales tan presentes aún en EE UU han vuelto a exacerbarse (debido, sobre todo, a la violencia discriminatoria ejercida por la Policía contra ciudadanos negros), y ha sido también durante el mandato del que iba a ser «el presidente de la gente» cuando hemos conocido, por ejemplo, el masivo espionaje cibernético al que el Gobierno estadounidense somete a sus ciudadanos. A menudo, también es cierto, Obama se ha dado de frente contra el muro de la falta de apoyo político, especialmente en el Congreso, una cámara que ha estado férreamente dominada por los republicanos en estos últimos años: para cuando el presidente quiso apretar el acelerador de sus reformas, en el tramo final de su mandato, ya era demasiado tarde. A su pesar, Guantánamo sigue abierto, y el cambio en las leyes que regulan la posesión de armas, pendiente.

Tal vez el error, visto sobre todo desde Europa, o desde la Europa más de izquierdas, haya sido creer que Obama era un auténtico revolucionario, y no tanto lo que finalmente resultó ser: un presidente con honestas intenciones transformadoras, pero dependiente, al fin y al cabo, y no siempre en contra de su voluntad, de los mecanismos de poder (políticos, económicos, militares) y los valores tradicionales (capitalismo incuestionable, cierto chauvinismo) que siguen marcando buena parte de la realidad de su país.

Lo que parece claro es que Obama se va con la popularidad prácticamente intacta, un factor al que probablemente haya contribuido el clima viciado que ha caracterizado las últimas elecciones presidenciales. Según un último sondeo de Associated Press-Norc Center for Public Affairs, el 57% de los estadounidenses encuestados aprueban su gestión, lo que le sitúa muy por delante de su predecesor (Bush se fue con un 32%) y ligeramente por encima de Ronald Reagan (51%), aunque aún lejos de Bill Clinton (63%). Para el 27%, Obama ha sido incapaz de mantener su promesa de unificar el país, y uno de cada tres opina que ha incumplido sus compromisos, si bien el 44% cree que, al menos, lo ha intentado.

Obama asumió la presidencia de EE UU con una herencia, la de George W. Bush, que incluía, entre otras cosas, dos guerras, una crisis económica interna sin precedentes desde la Gran Depresión y una imagen de Estados Unidos en el mundo por los suelos. El nuevo presidente ofrecía, para empezar, un talante completamente distinto: más inteligente y tolerante, con un mejor carácter y un fino y agudo sentido del humor, educado en Harvard pero no elitista, soñador pero realista, progresista pero en modo alguno radical, e inmune (algo que ha logrado mantener) a cualquier escándalo de corrupción o de carácter personal. Repasamos ahora su legado, recordando también sus promesas y retos de hace ocho años, tanto en política exterior como en política interior.

EL LEGADO DE OBAMA EN EL EXTERIOR

Oriente Medio

Cuando Obama llegó al poder en enero de 2009, tres años antes del estallido de la ‘primavera árabe’, y ocho antes de la sangrienta irrupción de Estado Islámico, el nuevo presidente tenía ante sí tres desafíos fundamentales en lo que respecta a la región más convulsa del planeta: retirar las tropas estadounidenses de Irak y y lograr la estabilización del país, poner fin a la guerra en Afganistán, y contribuir a un proceso de paz real entre palestinos e israelíes. Ocho años después, la retirada de los soldados es una realidad en Irak, pero el país, asolado por el terrorismo yihadista, la división sectaria y la debilidad de su gobierno tras la nefasta gestión estadounidense que siguió a la invasión de 2003, está muy lejos de ser estable; la guerra de Afganistán se cerró más bien en falso (EE UU aún mantiene tropas allí); y el proceso de paz palestino-israelí está completamente muerto.

En el camino, las nuevas realidades de la zona han supuesto un desafío constante, al que la administración estadounidense no ha sabido responder adecuadamente. La tragedia de la guerra en Siria es, tal vez, el principal ejemplo: la política contradictoria y pasiva de Washington ha contribuido a perpetuar el conflicto y ha dado alas a la Rusia de Putin, cuyo apoyo incondicional al régimen de Asad sigue haciendo imposible una salida. Por otro lado, EE UU ha intentado distanciar su discurso de la política israelí, pero no ha presionado lo suficiente como para forzar avances en el proceso de paz, e incluso ha alcanzado niveles récord en la venta de armas a este país. Y en Yemen, donde otra guerra prácticamente olvidada sigue masacrando a la población, Washington mantiene su respaldo a la coalición, liderada por Arabia Saudí, que está lanzando las bombas.

Según explica a 20minutos.es Ignacio Álvarez-Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y coordinador de Oriente Medio y el Magreb en la Fundación Alternativas, «la inacción, el distanciamiento y la parálisis» que han caracterizado la política «fallida, errática e improvisada» de Obama en Oriente Medio han dejado una región «bastante peor de lo que estaba hace ocho años», incluyendo la expansión de Estado Islámico, frente al que EE UU no ha sido capaz de oponer una estrategia verdaderamente eficaz. Aún reconociendo el condicionante de la herencia de Bush, Álvarez-Ossorio no duda en hablar de «gran decepción», tras un principio que parecía esperanzador, «gracias al discurso en El Cairo, o al hecho de que se dejase caer a Mubarak en Egipto».

Sin embargo, teniendo en cuenta las duras críticas recibidas por Bush a causa de su intervencionismo en la región, ¿qué opciones reales tenía Obama? «Podía haber explorado más otras alternativas, basadas en una diplomacia más coherente y en el multilateralismo, en buscar otros actores», explica Álvarez-Osorio. «El intervencionismo militar no es la única opción, pero es difícil ganar credibilidad cuando tus principales aliados siguen siendo países autocráticos, o cuando el distanciamiento de gobiernos como el saudí o el israelí es tan tibio».

El mayor logro conseguido por la administración de Obama en Oriente Medio es, sin duda, la consecución del acuerdo con Irán, un acuerdo que permitió controlar la escalada nuclear en este país y levantar las sanciones impuestas a Teherán; que, en cualquier caso, no es atribuible en exclusiva a la diplomacia estadounidense, y que está pendiente ahora de lo que pueda hacer con él el nuevo presidente Trump.

Cuba y Corea del Norte

Junto con el acuerdo nuclear con Irán, el otro gran momento del mandato de Obama en política exterior ha sido la normalización de las relaciones con Cuba, un proceso cuya primera fase culminó en el histórico apretón de manos en La Habana entre el presidente estadounidense y el cubano, Raúl Castro, en marzo de 2016. Era la primera vez en 88 años que un mandatario de EE UU visitaba la isla, un gesto comparable, en significación histórica, a la visita que Obama hizo también a Hiroshima, la primera de un presidente estadounidense a la ciudad japonesa arrasada por la primera bomba atómica hace 50 años.

No obstante, tampoco aquí el éxito es atribuible tan solo a Obama. La situación de cierto aperturismo en la isla tras la retirada de Fidel Castro del poder, y el final de los años duros de George W. Bush fueron factores fundamentales. Y no hay que olvidar que, al igual que en lo referente a Irán, el nuevo presidente, Trump, tendrá la autoridad ejecutiva de revertir las propuestas diplomáticas de Obama para con la isla, incluyendo la relajación de las sanciones y las restricciones de viaje. Trump, de momento, mantiene abiertas «todas las opciones».

Con otro de los tradicionales antagonistas de EE UU, Corea del Norte, las cosas no han ido tan bien, aunque, en este caso, ha sido la postura aislacionista y beligerante del régimen dictatorial de Pionyang la que no ha contribuido, precisamente, a allanar el camino. La tensión nuclear, las provocaciones a los vecinos y los ensayos armamentísticos han seguido incrementándose, y los conatos de diálogo parecen haber pasado a mejor vida.

Europa y Rusia

«Cuando Obama fue elegido en 2008 se generó una gran expectación en Europa», comenta a 20minutos.es Carlota García Encina, investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid: «Parecía, sobre todo en comparación con los años de Bush, que se iniciaba una nueva relación transatlántica, pero la generación de Obama no se siente tan ligada al Viejo Continente como las anteriores y, aunque en un primer momento el trato fue cordial, EE UU empezó a mirar cada vez más a Asia y a los países emergentes, y a dejar claro su deseo de que los países europeos se fuesen haciendo cargo de su propia defensa», añade.

Esta cierta distancia, no obstante, ha ido evolucionando a lo largo de todo el mandato, especialmente ante la magnitud de problemas globales como el terrorismo o la llegada masiva de refugiados, o debido a situaciones de crisis como la guerra en Ucrania. García Encina señala, en este sentido, que «Obama fue cada vez más consciente de que necesitaba una Europa fuerte, de que no existe una alternativa, y de que estadounidenses y europeos son quienes siguen haciéndose cargo de la mayoría de los problemas del mundo». «Por eso», agrega, «Obama ha venido insistiendo, sobre todo al final de su presidencia, en la necesidad de ‘más Europa’ [cuando apoyó la opción contraria al brexit, por ejemplo], y de una Europa más activa que reactiva».

La relación con el otro lado del Atlántico, sin embargo, ha estado marcada por la creciente tensión, cuando no enemistad directa, con la Rusia de Putin. Como recuerda García Encina, los planes de Obama para mejorar las relaciones con Moscú (ese «volver a empezar» que se propuso al inicio de su segundo mandato) se vieron truncados por la guerra en Ucrania y la anexión rusa de Crimea en 2014, y, especialmente, por el apoyo del Kremlin al régimen sirio de Bashar al Asad. Tras las acusaciones a Moscú de haber intervenido en la campaña electoral estadounidense, y a pesar del ‘idilio’ político entre Vladimir Putin y Donald Trump, restablecer una mínima normalidad entre ambas potencias no va a ser tarea fácil.

Tratados comerciales

Antes de ser elegido presidente, Obama, quien llegó a ser acusado de «proteccionista encubierto» por su primer rival electoral, el republicano John McCain, se había mostrado partidario, en general, del libre comercio mundial, si bien matizando que «no todos los acuerdos son buenos». Al término de su mandato, el balance en este sentido es más bien pobre, con solo tres acuerdos implementados exitosamente (Panamá, Colombia y Corea del Sur), algo no necesariamente negativo para los detractores de este tipo de tratados, tanto desde la derecha más proteccionista («roban trabajo a los locales y favorecen a las empresas extranjeras»), como desde el activismo izquierdista («contribuyen a aumentar el poder de las grandes corporaciones frente a los gobiernos, y minan los derechos sociales y laborales»).

Los dos grandes objetivos de su administración fueron el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP). El TPP, firmado en febrero de 2016 por 12 países que, juntos, representan el 40% de la economía mundial, todavía no ha sido ratificado y, teniendo en cuenta que Trump ha anunciado la retirada estadounidense del mismo, su futuro es, siendo optimistas, incierto. Mientras, el TTIP, la controvertida propuesta de libre comercio entre EE UU y la UE, sigue negociándose, pero está siendo abandonada por cada vez más políticos a ambos lados del Atlántico. «A diferencia de lo que ocurre en Europa», indica García Encina, «el TTIP no está en el debate público en EE UU; es un asunto de Washington».

EL LEGADO DE OBAMA EN CASA

Economía

Obama llegó al poder en mitad de una crisis económica descomunal, cuyos efectos aún siguen sufriéndose en medio mundo. Con más de 9 millones de parados, el desempleo afectaba al 6,7% de la población activa; la deuda pública superaba los 10.600 millones de dólares; la industria financiera estaba a un paso del colapso, y 700.000 millones de dólares eran dedicados a gasto militar. Grandes empresas habían quebrado, la confianza de los inversores era prácticamente inexistente, había decrecido alarmantemente la capacidad adquisitiva y, por tanto, el consumo; la industria automovilística (uno de los motores del país) estaba en coma, y el déficit presupuestario alcanzaba un registro histórico de 483.000 millones de dólares, sin contar con los 700.000 millones del erario público destinados a rescatar, principalmente, a los bancos y entidades financieras a la vez causantes y víctimas de buena parte de la crisis.

Al inicio de su primer mandato, Obama impulsó un importante paquete de estímulo económico y una serie de reformas legales y financieras que, poco a poco, han ido dando frutos. Su gobierno supervisó la salvación de General Motors, implementó un Programa de Viviendas Asequibles que evitó que millones de propietarios perdieran sus casas al permitirles refinanciar sus hipotecas, y negoció un acuerdo que anuló muchos de los recortes de impuestos aprobados en la era de George W. Bush, a cambio de congelar el gasto general, e incluyendo importantes medidas fiscales como la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009.

Ocho años después, el desempleo ha caído al 4,6%, el nivel más bajo desde 2007, y la creación de puestos de trabajo sigue estable, con 178.000 nuevos empleos registrados el pasado mes de noviembre. Además, y pese a que Obama no ha conseguido avances en su empeño por aumentar el salario mínimo federal (el Congreso, dominado por los republicanos, se ha opuesto sistemáticamente), o a que el poder adquisitivo sigue sin alcanzar los niveles esperados (el ingreso de los hogares en 2015 seguía siendo inferior al de 2007), los sueldos, en general, han empezado a recuperarse (aunque sigue existiendo desigualdad entre hombres y mujeres), y el mercado de valores está alcanzando nuevos máximos.

Según un informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, el crecimiento de los salarios reales ha sido en estos últimos años el más rápido desde principios de la década de los setenta, y en el tercer trimestre de 2016, la economía estadounidense creció un 11,5% por encima del máximo registrado antes de la crisis, con la renta per capita situada un 4% sobre los niveles anteriores a 2009.

Sanidad

La reforma del sistema sanitario estadounidense fue, desde un principio, la gran apuesta de Barack Obama, y también el principal blanco de los ataques al presidente provenientes de los sectores más conservadores. Su implementación, aunque fuese rebajando en parte sus ambiciosos planes iniciales, ha sido, según él mismo, su gran legado. Su futuro, considerando que Trump ha prometido hincarle el diente («suspenderla» y «aprobar una propuesta mejor») nada más asumir la presidencia, está en el aire.

Básicamente, el llamado Obamacare, el paquete de reformas sanitarias aprobado en 2010, tiene como objetivo permitir un mayor acceso de los ciudadanos al sistema de salud, en un país donde no existe una sanidad pública como tal. Los estadounidenses pueden ahora comprar seguros médicos federalmente regulados y subsidiados por el Estado, lo que ha permitido que el porcentaje de personas sin protección se haya reducido del 15,7% (un total de 30 millones) en 2011 al 9,1% en 2015.

La ley, por ejemplo, prohíbe a las compañías de seguros tener en cuenta condiciones preexistentes, y les exige otorgar cobertura a todos los solicitantes, ofreciéndoles las mismas tarifas sin importar su estado de salud o su sexo. Además, aumenta las subvenciones y la cobertura de Medicaid, el programa de seguros de salud del Gobierno.

La reforma, sin embargo, ha tenido que convivir con serios problemas, incluyendo el hecho de que varios estados gobernados por republicanos se han negado a aplicar su parte, o graves dificultades informáticas que fueron ampliamente divulgadas por la prensa y utilizadas por la oposición, disparando las críticas de sus detractores.

Inmigración

La reforma migratoria fue, junto con la sanitaria, la otra gran promesa de Obama durante la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca en 2008, pero sus esfuerzos por que el Congreso la sacase adelante cayeron una y otra vez en saco roto. Finalmente, nada más ser reelegido, el presidente anunció que no estaba dispuesto a seguir esperando, y que aprobaría una serie de medidas por decreto (acción ejecutiva). Lo hizo, finalmente, y entre las airadas críticas de los republicanos, en 2014.

Esta ‘minireforma’ no afectaba a aspectos como la ciudadanía o la residencia permanente (Obama no podía llegar tan lejos, con la ley en la mano), pero sí permitía regularizar la situación de cerca de la mitad de los inmigrantes indocumentados que residen en el país (unos cinco millones, de un total de 11 millones de ‘sin papeles’). En concreto, la reforma afectaba a aquellos que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, y que pueden demostrar que llevan en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales. La ley está ahora suspendida por una larga batalla legal en la que se ha cuestionado su constitucionalidad.

Por otro lado, la dura y xenófoba retórica anti-inmigración del presidente electo, Donald Trump, ha hecho olvidar a menudo que la administración de Obama ostenta el récord de deportaciones de EE UU hasta la fecha, con una media de 400.000 al año. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno de Obama deportó a cerca de 2,5 millones de inmigrantes entre 2009 y 2015. El mayor número de deportaciones se produjo en 2012, cuando fueron expulsadas 410.000 personas, alrededor del doble que en 2003. Un informe de 2013 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU señalaba que alrededor de 369.000 inmigrantes irregulares fueron deportados durante ese año. La mayoría de los deportados, 241.493, eran mexicanos.

Crimen y armas

Las afirmaciones de Donald Trump según las cuales la criminalidad en EE UU está «peor que nunca» son falsas. Es cierto que en algunas grandes ciudades ha crecido la tasa de homicidios, pero, en general, los índices de delincuencia han bajado de forma constante durante los ocho años de gobierno de Barack Obama, uno de cuyos grandes objetivos (no cumplido del todo) ha sido la reforma del sistema de justicia penal y, en especial, intentar acabar con la discriminación racial que conlleva actualmente.

Como destaca la BBC en un repaso al legado de Obama en este aspecto crucial de la política doméstica, en 2010 el presidente firmó la llamada Acta de Sentencias, con la que se equiparararon las penas por posesión de crack y de cocaína en polvo. Hasta entonces, los castigos para los condenados por lo primero, la mayoría ciudadanos afroamericanoss, eran muy severas. En ese mismo año, Obama firmó otra ley que establece que el tiempo mínimo de prisión obligatoria por posesión de cocaína, que suele implicar desproporcionadamente a delincuentes de raza negra, sea más acorde con las penas de cocaína en polvo.

En enero de 2016, por otra parte, Obama tomó una serie de medidas ejecutivas destinadas a limitar el uso del aislamiento en las cárceles federales y proporcionar un mejor trato a los reclusos con enfermedades mentales. También ha utilizado su poder presidencial para conmutar las penas por drogas a más de 1.000 infractores no violentos, y ha apoyado una política del Departamento de Justicia que dio lugar a la liberación anticipada de unos 6.000 reclusos.

Su gran frustración, no obstante, ha sido no poder lograr un mayor control sobre la posesión de armas de fuego. Tras la matanza de la escuela primaria de Sandy Hook en Connecticut, el 14 de diciembre de 2012, Obama pidió mayores restricciones, algo en lo que ha insistido desde entonces, públicamente, varias veces. Sin embargo, debido al poder de presión de lobbies como la Asociación Nacional del Rifle, y a la oposición del ala más conservadora del Congreso, al final no ha podido promulgar nuevas políticas importantes al respecto.

Guantánamo

Antes de ser elegido por primera vez, Obama prometió que cerraría la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, lo antes posible. De hecho, en la primera semana tras su toma de posesión (el segundo día, para ser exactos), el nuevo presidente firmó un decreto que contemplaba la clausura definitiva, «en menos de un año», de esta prisión militar, un complejo penitenciario fuera de la ley por el que habían pasado entonces casi 800 hombres, considerados por EE UU «combatientes enemigos ilegales»; la mayoría de ellos, acusados de pertenecer a los talibanes o a Al Qaeda, algunos sometidos a torturas, y ninguno con el derecho reconocido a un juicio previo o a la representación de un abogado. Ocho años después, y aunque con menos prisioneros (45 en la actualidad, frente a los 242 reos que había en 2009), el gran símbolo de la ‘guerra contra el terror’ de George W. Bush sigue abierto.

A lo largo de estos ocho años, Obama ha intentado en numerosas ocasiones hacer efectivo el cierre de la prisión, pero se ha encontrado una y otra vez con el rechazo y las restricciones del Congreso, reacio, principalmente, al traslado a suelo estadounidense de prisioneros que supondría la clausura de la base. En respuesta, la administración de Obama ha ido llevando a cabo un plan de transferencia de prisioneros a otros países, pero no ha sido suficiente.

Medio ambiente y cambio climático

Obama llegó a la Casa Blanca con una agenda medioambiental muy clara y es justo reconocer que ha tratado de cumplirla. El presidente ha intentado impulsar las energías renovables, promoviendo la construcción de más plantas solares y tomando medidas para modernizar la industria y hacerla menos dependiente del carbón. También prohibió perforaciones petroleras en el Atlántico y el Ártico, y participó activamente en el debate internacional sobre el calentamiento global, contribuyendo de forma determinante a la negociación del gran acuerdo para combatir el cambio climático que 195 países firmaron durante el COP21 en París, en diciembre de 2015.

Este acuerdo, ratificado por EE UU (y amenazado ahora por la postura en contra de Trump), estableció una serie de nuevas regulaciones que controlan la contaminación de las centrales eléctricas de carbón y limitan la minería del carbón y la perforación de petróleo y gas, tanto en tierras continentales como en aguas costeras.

Además, el presidente estadounidense hizo uso de su autoridad ejecutiva para designar un total de 548 millones de acres (más de 2,2 millones de Km²) de territorio como hábitat protegido, más que cualquier presidente anterior.

Obama, sin embargo, dejó pasar también oportunidades importantes. A principios de su mandato, cuando los demócratas tenían aún mayoría, el Congreso llegó a aprobar un estricto programa para controlar las emisiones de carbono. El Senado, sin embargo, dio prioridad a las reformas financiera y sanitaria, y, para cuando la ley volvió al Congreso, los demócratas estaban ya en minoría.


Publicado originalmente en 20minutos

El agridulce legado de Barack Obama, un cambio a medias

Al 44º presidente de los Estados Unidos se le podrán reprochar muchas cosas, pero la falta de optimismo no es una de ellas. Cuando el pasado día 11, de vuelta en su querida Chicago, Barack Obama se despidió del pueblo… Leer