Emmanuel Macron

El presidente de Egipto, Abdel Fatah Al Sisi. Foto: Presidencia de Rusia

En febrero de 2020, cuando regresaba a El Cairo para visitar a su familia, Patrick Zaky, un estudiante de máster en la Universidad de Bolonia, fue arrestado por las autoridades egipcias. Zaky, un investigador de derechos de género que trabaja para la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR, por sus siglas en inglés), fue detenido por cargos que incluían «difundir noticias falsas» e «incitación a la protesta». Su abogado, Wael Ghally, afirmó que fue «golpeado y torturado». Diez meses después, sigue en prisión, a la espera de la audiencia previa al juicio.

Posteriormente, después de una reunión con 13 embajadores y diplomáticos europeos sobre la situación de los derechos humanos en Egipto, otros tres miembros del personal de la EIPR fueron detenidos, entre el 15 y el 19 de noviembre. El director administrativo de la EIPR, Mohamed Basheer; su director ejecutivo, Gasser Abdel Razek; y su director de justicia penal, Karim Ennarah, fueron acusados de «terrorismo» y «difusión de noticias falsas».

Aparentemente, recibieron un tratamiento de castigo. Fueron recluidos en régimen de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Tora Liman, sin contacto con el mundo exterior. A Basheer también se le negó el contacto con sus abogados, y su detención se renovó en secreto, tres días antes de la fecha prevista para la audiencia. A Abdel Razek lo afeitaron a la fuerza, lo dejaron sin calefacción ni ropa de invierno, y lo obligaron a dormir sobre una fría tabla de metal sin una manta. Todos ellos fueron añadidos al llamado Caso 855/2020, que incluye a muchos destacados defensores de los derechos humanos, periodistas y académicos, como Mohamed Al Baqer, Mahinour Al Masry, Islam Mohamed, Solafa Magdy y Hazem Hosny.

El 1 de diciembre se congelaron los activos de la EIPR y los tribunales se negaron incluso a escuchar las pruebas en contra de su clasificación como organización «terrorista».

Después de una gran protesta internacional, con políticos, diplomáticos y hasta celebridades pidiendo la liberación del personal de la EIPR, las autoridades egipcias liberaron repentinamente a Abdel Razek, Ennarah y Basheer en la noche del 3 de diciembre. Sin embargo, Zaky, como muchos otros acusados en el Caso 855/2020, permanece en prisión y, según diversas informaciones, su detención fue renovada por otros 45 días a principios de este mes por un tribunal de El Cairo. Las condiciones de la audiencia fueron excepcionalmente brutales incluso para los estándares egipcios: alrededor de 700 personas asistieron a una sesión en la que se escucharon hasta 50 casos. Según se informó, fueron obligados a esperar 12 horas sin acceso a alimentos, agua o servicios sanitarios, en una situación que afectó asimismo a niños muy pequeños nacidos bajo custodia.

Mientras, aunque han sido puestos en libertad, no se han retirado los cargos que pesan sobre el resto de los miembros de la EIPR, cuyos bienes personales permanecen congelados. Merece la pena señalar también que Abdel Razek, Ennarah y Basheer fueron liberados directamente de la prisión de Tora, un procedimiento inusual, ya que normalmente los prisioneros son trasladados primero a una comisaría de policía, antes de ser puestos en libertad. Esto sugiere que la liberación podría haber sido una intervención directa del presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, unos días antes de su visita a París el 7 de diciembre para «fortalecer la cooperación» con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Muchos creen que la liberación de estos detenidos fue una medida cosmética para socavar la campaña de solidaridad internacional, allanar a Francia el camino para la reunión, y dejar en evidencia a los pocos gobiernos europeos que mencionaron, tímidamente, los derechos humanos, como aprovechó para recordar el propio Sisi durante su conferencia conjunta con Macron. A cambio, el presidente francés, facilitó lo que Sisi llamó «construcción de civilización», al negarse a imponer condiciones relacionadas con los derechos humanos a los acuerdos para la venta de armas francesas a Egipto, dando así a Sisi, en la práctica, carta blanca para el terrorismo de estado.

Por desgracia, ni las detenciones de los miembros de la EIPR ni la cooperación de Francia con Egipto son una sorpresa. Se trata, sencillamente, del último capítulo de una situación cuyo patrón se ha venido repitiendo durante los últimos seis años: el régimen represivo de Sisi se ha fortalecido gracias al apoyo ‘pragmático’ europeo y a un enfoque permisivo con respecto al terrible historial de violaciones de los derechos humanos de Egipto.

Desde que llegó al poder en 2013, Sisi ha ido reduciendo el espacio político y civil de Egipto, hasta el punto de que los egipcios se quejan con frecuencia de que si respiran en la dirección equivocada corren el riesgo de ser detenidos y ‘desaparecidos’ en el sistema judicial del país, una pesadilla en la que los juicios masivos, los cargos falsos y la corrupción son la norma.

Además, ha ampliado el control del gobierno sobre el poder judicial y el proceso político: «dañar la unidad social basada en la paz», «alterar el orden público» y «obstruir la labor de las autoridades» entran ahora dentro de la definición legal de «terrorismo». Y el uso que se ha dado a estas herramientas es escalofriante. El régimen ha perpetrado asesinatos en masa, incluyendo 3.185 personas presuntamente asesinadas por las fuerzas de seguridad desde julio de 2013, entre ellas, las al menos 900 que murieron en la masacre de Rabaa en agosto de 2013. Ha dictado cada vez más sentencias de muerte preliminares, impuestas a 2.433 personas (a 1.884 de ellas en juicios masivos), incluidos 11 niños. Y al menos 766 detenidos han muerto estando bajo custodia, por tortura, negligencia o asesinato directo. Esas son las cifras conocidas; las reales son, probablemente, mucho peores. Lo que es seguro es que el régimen de Sisi está tan aterrorizado por la disidencia que está exprimiendo la vida de los egipcios.

Las atroces violaciones de los derechos humanos en Egipto constituyen una bofetada cada vez más pública para la UE. La última advertencia severa, al más puro estilo de la mafia, se produjo como reacción a una mera reunión sobre derechos humanos con figuras del gobierno europeo, y el mismo día en que la UE publicó su «Plan de acción para los derechos humanos y la democracia 2020-2024». Sin embargo, la reacción del bloque revela el callejón sin salida de su estrategia actual: sus gobiernos se limitaron a emitir declaraciones de «profunda preocupación», y solo después de una importante campaña internacional. Desde entonces, las delegaciones europeas han continuado operando con normalidad: el embajador danés disfrutó de un plato de koshari con los medios estatales de Egipto, el embajador noruego celebró las nuevas relaciones comerciales ecológicas, y el Reino Unido firmó su asociación económica estratégica con Egipto. La propia UE celebró una reunión para el fortalecimiento de las relaciones con una serie de países entre los que se encontraba Egipto, a pesar de que los abusos contra los derechos humanos del régimen de Sisi han sido descritos como peores incluso que los del expresidente Mubarak.

¿Cómo se ha llegado a esto?

Aprovechando la ‘crisis de los refugiados’ de Europa y los ataques terroristas, Sisi convenció a Bruselas y a los estados miembros clave de que su fuerza era el último bastión contra el terrorismo islamista y ante la ‘avalancha’ de migrantes. Ninguna de estas cosas es cierta: hay pocas señales de radicalización violenta en Egipto, y el país no es una ruta de migración importante. De hecho, la evidencia muestra que la represión sistemática aumenta significativamente las posibilidades de radicalización, y que el empobrecimiento y la represión alimentan el deseo de emigrar. Sisi ha desestabilizado Egipto, haciéndolo más precario y transformándolo, en la práctica, en un «sumidero de inseguridad».

Sin embargo, con el fin de parecer duros a nivel nacional en cuestiones de seguridad e inmigración, y motivados por intereses económicos relacionados con préstamos, inversiones y el incremento de la venta de armas, los líderes europeos han caído de buen grado en la trampa mortal de Sisi. Estas opciones se han presentado públicamente como un sacrificio de los valores fundamentales de la UE, ante la necesidad de estabilidad y seguridad. Y, si bien es cierto que esas decisiones pueden favorecer los intereses comerciales de las empresas europeas, no ocurre lo mismo con el interés nacional. De hecho, al contribuir al empobrecimiento y a la represión, los gobiernos europeos están incrementando la inseguridad, actuando directamente contra ese interés nacional.

Los gobiernos europeos deberían reconocer las grietas que presenta su estrategia actual. Hay muchas formas en las que podrían adoptar una postura clara contra Sisi, desde convocar a los embajadores de Egipto o retirar los suyos de El Cairo, hasta establecer un consejo de derechos humanos para el país en el próximo 46º Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, o suspender los compromisos de «lucha contra el terrorismo». También podrían hablar públicamente contra el régimen, o añadir e implementar condiciones relacionadas con los derechos humanos a las relaciones económicas con Egipto, incluyendo el comercio de armas. La UE podría también utilizar las recientemente aprobadas «sanciones Magnitsky» para prohibir los viajes y congelar los activos europeos de Sisi, su ministro del Interior y el director de la prisión de Tora.

A principios de esta semana, Sisi fue recibido en Francia con un desfile de caballería por París. Lo que habría que hacer ahora, sin embargo, es retirar la alfombra roja y aprender.


Andrea Teti es profesor titular de Política y Relaciones Internacionales y director científico del Proyecto de Transformaciones Árabes en la Universidad de Aberdeen, y miembro del Centro Europeo de Asuntos Internacionales con sede en Bruselas. En Twitter: @a_teti.

Vivienne Matthies-Boon es profesora adjunta de Relaciones Internacionales de Oriente Medio en la Universidad de Amsterdam. Su trabajo se centra especialmente en el trauma político que sufren los activistas dentro y fuera de Egipto. Sus escritos pueden encontrarse en academia.edu.


Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 11/12/2020
Traducción del original en inglés: Dancing with the devil: how the EU is complicit in Egypt’s brutal regime

Bailando con el diablo: la complicidad de la UE con el brutal régimen egipcio

En febrero de 2020, cuando regresaba a El Cairo para visitar a su familia, Patrick Zaky, un estudiante de máster en la Universidad de Bolonia, fue arrestado por las autoridades egipcias. Zaky, un investigador de derechos de género que trabaja… Leer

El puerto de Beirut, devastado por la gran explosión del pasado 4 de agosto, que causó al menos 190 muertos y 6.500 heridos, además de daños incalculables. Foto: Mahdi Shojaeian / Mehr News Agency / Wikimedia Commons

Hay muchos motivos históricos e intereses económicos detrás de las asiduas visitas del presidente francés Emmanuel Macron a Beirut en los últimos meses. Líbano se está enfrentando a una nueva crisis económica, política y social, que en el pasado dio origen a una peligrosa falta de seguridad que puso al país entero en una débil situación, en la que la verdadera soberanía brilla por su ausencia.

La invasión siria de Líbano en 1976 y de Israel en 1982 son las más poderosas, y el control de Damasco, Teherán, Tel Aviv y Riad en la política interna del país ha sido importante en los últimos treinta años, tras del fin oficial de la guerra civil (1991).

La población civil lleva décadas intentando hacer lo mismo que trata de promover ahora: liberarse del sistema político neofeudal que ha fragmentado el país en enclaves divididos por razones étnicas, religiosas y políticas, y que en las últimas décadas lo ha dejado a merced de los intereses de países extranjeros, vecinos y no vecinos, en el difícil tablero geopolítico de Oriente Medio.

En los últimos años se han producido protestas en el país, como la Revolución de los Cedros, que, tras el asesinato del primer ministro Rafic Hariri (2005), intentó impulsar movimientos civiles desde abajo, si bien estos nunca fueron realmente independientes de los partidos políticos clásicos.

Liberarse del pasado

Los asesinatos de los periodistas Samir Kassir y Gebran Tueni en 2005, ambos miembros de una sociedad civil que quería llamar la atención sobre el problema de la soberanía de Líbano, son sintomáticos de la dificultad de este país para liberarse de su pasado.

Sin embargo, hay diferentes niveles de responsabilidad por la situación libanesa. En parte se debe al elevado nivel de apoyo por parte de la población; asimismo, las fuerzas de seguridad han mantenido siempre una posición de salvaguarda de la corrupción del gobierno; y otro aspecto es la gestión colonial de Francia desde el siglo XIX.

La última visita del presidente francés, en el centenario de la creación del «Gran Líbano», señala una total ausencia de capacidad de crítica histórica, pues resulta bastante claro que, por un lado, la situación libanesa actual es tan delicada por motivos relacionados con el nivel de corrupción interna, la falta de capacidad a la hora de contar con candidatos y políticos independientes de los señores feudales de hoy, así como por su economía, completamente privatizada y en la que el valor de ser ciudadano no tiene sentido porque no existe un sistema público que proteja a quienes pagan impuestos al Estado.

Y por otro lado está la creación de una convivencia enraizada en la visión de superioridad de una etnia o religión sobre las otras, originada en la fase colonial.

Como se sabe, el «Gran Líbano» fue constituido para permitir a los maronitas cristianos ser mayoría relativa en un nuevo Estado más próximo a Francia y al colonialismo europeo.

La situación cambió en el siglo XX, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, abriendo el país a la independencia y a la multiplicación de los conflictos internos de matriz colonial entre el presidente cristiano y el primer ministro musulmán.

Precarios equilibrios internos

Este conflicto político duró hasta el momento en que la presencia militar y civil de la Organización para la Liberación de Palestina (1971-1975) modificó unos equilibrios internos ya precarios.

Desde entonces, la soberanía del país ha estado dominada por los intereses extranjeros y los diferentes actores internos que han luchado por preservar una posición de poder con la ayuda de países como Siria, Irán, Israel, Arabia Saudita, Francia y Estados Unidos.

En los últimos años, después de 2005, las alianzas políticas han acabado basándose en principios religiosos o étnicos, y las dos coaliciones han sumado miembros de todas las facciones indistintamente: la Alianza del 14 de marzo y la Alianza del 8 de marzo, donde maronitas, sunnitas, chiítas, armenios y drusos se opusieron a Amal, Hizbulá (chiítas), en unidad con maronitas, drusos, armenios y sunnitas respectivamente.

Esta «revolución» política y de partidos no ha mejorado claramente la vida de los ciudadanos libaneses; por el contrario, ha trasladado al Estado libanés el conflicto geopolítico en Oriente Medio entre Estados Unidos, Arabia Saudí, Israel e Irán, Siria y Hizbulá.

La asunción de responsabilidades por la explosión de Beirut

Es difícil que se depuren responsabilidades por la impresionante explosión del puerto de Beirut ocurrida el pasado 4 de agosto.

Sin embargo, las manifestaciones de ciudadanos libaneses que comenzaron ya en febrero de 2020 muestran nuevamente que parte de la población de este país necesita y merece una clase política diferente, capaz de intervenir en la economía y de cambiar radicalmente el proceso de privatización neoliberal promovido en Líbano desde los años noventa. Las desigualdades quedan patentes en esta nación.

A pesar de que se trata de un país con solo cuatro millones de habitantes, en la lista de multimillonarios de Forbes 2020, 17 eran de esta nacionalidad, y en 2019 ascendían a 20. Actualmente cuenta con un elevado nivel de alfabetización, buenas universidades y una inteligencia cosmopolita, de modo que las responsabilidades políticas de esta generación tienen un gran calado.

Sería necesario que antes de que explote una nueva fase interna más violenta, los libaneses puedan tratar de cambiar su futuro sin estar bajo el yugo de los intereses extranjeros.


Marco Demichelis es investigador de Estudios Islámicos e Historia de Oriente Medio, en la Universidad de Navarra.


Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 7/9/2020

Líbano necesita liberarse de su pasado (y de las injerencias externas)

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