Irán ha vivido este miércoles una jornada especialmente dramática, marcada por la multitudinaria conmemoración del fin del periodo de duelo por la muerte de Mahsa Amini, y por un brutal atentado en un santuario de Shiraz, reivindicado por Estado Islámico, que ha dejado al menos 15 muertos y 40 heridos.
En Saqez, en el Kurdistán iraní, miles de personas desafiaron a las autoridades y se congregaron en el cementerio de Aichi, donde está enterrada la joven Amini, muerta el pasado 16 de septiembre a los 22 años cuando se encontraba bajo custodia policial, tras haber sido detenida por la llamada Policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico. Fue la más multitudinaria de las numerosas concentraciones que se llevaron a cabo en varias ciudades del país durante la jornada de este miércoles.
A pesar de que la oficina del gobernador de la provincia había anunciado que la familia no iba a celebrar la ceremonia –el rito, propio de la cultura chií iraní, de poner fin a un periodo de luto recordando al difunto pasados 40 días de su muerte–, ni la fuerte presencia policial ni las advertencias de las autoridades evitaron que una auténtica marea humana se dirigiese hacia el cementerio de la ciudad de la que era originaria la joven, con las consignas que se han hecho ya habituales desde que comenzaron las protestas en todo el país tras la muerte de Amini: «Mujer, vida, libertad», «Muerte al dictador» (en referencia al líder supremo de Irán, Ali Jameneí), «Todos somos Mahsa»…
Medios oficiales como la agencia Fars indicaron que la concentración reunió a unas 2.000 personas, pero, como informa Efe, los vídeos compartidos por activistas en redes sociales muestran una multitud mucho mayor, incluyendo colas kilométricas en las carreteras en dirección al cementerio.
En la propia ciudad natal de Amini se produjeron choques con las fuerzas de seguridad, que medios oficiales como la agencia ISNA calificaron como «enfrentamientos dispersos». Sin embargo, la ONG Hengaw, una organización con sede en Noruega que monitorea los abusos a los derechos humanos en las regiones kurdas de Irán, aseguró que la Policía usó gases lacrimógenos y llegó a disparar a la multitud. Testigos citados por el diario The Guardian confirmaron que hubo disparos, mientras que el Gobierno iraní dijo que las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a responder a los disturbios. Las autoridades restringieron el acceso a internet en toda la provincia para intentar controlar las protestas, según informó la plataforma NetBlocks.
Fue precisamente en el cementerio de Aichi donde, el pasado 17 de septiembre, un día después de la muerte de Amini, comenzaron las protestas y se quemaron los primeros pañuelos en rechazo a la obligatoriedad del velo islámico. Desde entonces se suceden las manifestaciones, centradas ahora sobre todo en las universidades, en medio de una fuerte represión que ha causado al menos 108 muertos, informa Efe, con datos de la ONG Iran Human Rights.
Entre las movilizaciones de este miércoles destacó asimismo la convocada por los médicos de la capital, Teherán, en protesta por la presencia de agentes de seguridad en los hospitales donde se recuperan los heridos en las concentraciones por la muerte de Amini. Europa Press informa de que testigos presenciales consultados por la agencia alemana DPA hablaron de un «enorme despliegue policial» para controlar la manifestación, que acabó siendo disuelta con el lanzamiento de gases lacrimógenos.
Mientras, en Shiraz, en el sureste del país, al menos 15 personas murieron y otras 40 resultaron heridas en un ataque armado contra el santuario chií de Shah Cheragh, que ha sido reivindicado por Estado Islámico.
Según explicó un responsable de Seguridad de la gobernación de Fars, el ataque se produjo mientras los fieles realizaban sus oraciones, en la hora en que más visitantes suele haber en el templo. Al parecer, el atentado fue llevado a cabo por un único individuo, que comenzó a disparar con un rifle tras lograr entrar en el santuario, y que fue finalmente detenido, según aseguraron las autoridades. Otras fuentes, no obstante, hablan de al menos tres atacantes y dos arrestados.
El presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha afirmado que el ataque fue perpetrado por «los enemigos de la revolución islámica» y ha prometido «una respuesta severa», mientras que el ministro de Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, ha dicho que Teherán tomará medidas contra «terroristas y entrometidos extranjeros». «Este crimen ha dejado completamente claras las siniestras intenciones de los promotores del terror y la violencia en Irán», ha añadido Amir-Abdollahian en un comunicado difundido por los medios estatales.
Estado Islámico (grupo yihadista suní) ha reivindicado varios ataques anteriores en Irán, incluido el doble atentado de 2017 en Teherán, que tuvo como objetivo el Parlamento y la tumba del fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini, con el resultado de 23 muertos (incluidos cinco atacantes) y medio centenar de heridos.
Más información y fuentes:
» Miles de iraníes recuerdan a Amini en su tumba al terminar el luto (Efe)
» Iran’s security forces reportedly open fire as thousands mourn Mahsa Amini (The Guardian)
» Iran protests: Police fire on Mahsa Amini mourners – witnesses (BBC)
» Cientos de manifestantes protestan contra el Gobierno de Irán junto a la tumba de Mahsa Amini (Europa Press)
» Estado Islámico reivindica el ataque con 15 muertos en un santuario de Irán (Efe)
» Islamic State claims Iran shrine attack, Iran vows response (Reuters)
Leer también:
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» Órdenes de «reprimir sin piedad» las protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini
Irán ha vivido este miércoles una jornada especialmente dramática, marcada por la multitudinaria conmemoración del fin del periodo de duelo por la muerte de Mahsa Amini, y por un brutal atentado en un santuario de Shiraz, reivindicado por Estado Islámico,… Leer
El hundimiento de los regímenes políticos en el Próximo y Medio Oriente, tras la Guerra de Irak (2001–2003) y la Guerra de Siria después del fracaso de la primavera árabe en 2011, propició el surgimiento de movimientos políticos fuertemente ideologizados con una concepción religiosa radical como Estado Islámico (EI) o Daesh.
En los territorios que permanecieron bajo su control se llevaron a cabo una serie de acciones presentadas como la aplicación estricta de los principios islámicos, pero que, de hecho, suponían ataques contra la concepción occidental de la sociedad, como la destrucción de la biblioteca de Mosul y el saqueo de museos y yacimientos arqueológicos como Nimrud, Hatra, Dur Sharrukin (Khorsabad), incluyendo el palacio de Senaquerib, y especialmente el conjunto arqueológico de la ciudad de Palmira, considerada Patrimonio de la Humanidad (World Heritage Site) por la UNESCO desde 1980, donde fueron destruidos los templos de Bel y Baalshamin, el León de A–lat, el Arco monumental, la Torre de Elahbel y diversas secciones del castillo.
No se trata únicamente de una reafirmación ideológica, sino de la transmisión de un mensaje al mundo occidental que entiende los monumentos histórico-arqueológicos como elementos esenciales de un pasado cultural e ideológico común de la Humanidad. Esta moderna iconoclastia constituye un acto político y propagandístico, que llegó incluso a la decapitación pública del conservador del centro arqueológico, Khaled al–Asaad, acusado de apostasía e idolatría.
Las destrucciones realizadas por Estado islámico desde 2004 no constituyen una excepción, al sumarse, entre otros, al saqueo de los museos egipcios durante las revueltas políticas entre 2011 y 2013, o la voladura por los talibanes de los budas de Bamiyan, también patrimonio de la UNESCO, en 2001.
El trasfondo ideológico para dichas destrucciones no es únicamente la defensa del monoteísmo, sino una versión moderna de la Damnatio memoriae (condena y eliminación de la memoria) romana, un intento de borrar la existencia de una determinada estructura social y cultural en un territorio como sistema para negar el derecho a la existencia representado por los elementos icónicos de su pasado.
Destruir el pasado significa negar el presente y, especialmente, el futuro. Infamar los vestigios del pasado es también una herramienta político–social destinada a reafirmar la posesión de un territorio mediante la desaparición de los elementos tangibles de su historia. Es una forma de desarraigo.
La iconoclastia incluye, no obstante, problemáticas diferentes. En otros casos, la destrucción de los símbolos del pasado puede simbolizar una revisión de la propia historia, entendiendo que los cambios sociales contemporáneos deben aplicarse también a la construcción del discurso narrativo del pasado. Es el caso de las estatuas confederadas en Estados Unidos.
Las destrucciones de yacimientos arqueológicos por parte de Estado Islámico tienen también un claro componente de beneficio económico. El saqueo de los museos de Irak durante la invasión de 2003 propició la entrada en el circuito semiclandestino de antigüedades de un gran número de materiales arqueológicos, en parte perdidos definitivamente dentro de las redes ilegales del mercado negro de obras de arte.
Ese saqueo fue seguido por el intento de forzar una modificación de la legislación iraquí para permitir la exportación legal del patrimonio histórico–arqueológico. Con la justificación de preservar una herencia cultural común, se actualizaron las prácticas coloniales que supusieron la exportación del patrimonio arqueológico de Mesopotamia, el Próximo Oriente y Egipto entre finales del siglo XVIII y el siglo XX. Estas son las principales colecciones de los museos europeos y estadounidenses.
Estos materiales, junto a los procedentes de los territorios subsaharianos, asiáticos y oceánicos, se encuentran en muchos casos en litigio de devolución tras las reclamaciones de los países de procedencia. Los pleitos sólo en una pequeña parte culminan con el retorno de los mismos. Esto hace perdurar la fractura y el despojo del patrimonio en aplicación de principios neocoloniales derivados de una errónea, pero arraigada, idea de superioridad cultural.
El tráfico de antigüedades ha constituido durante años una de las principales fuentes de financiación de Daesh. Exporta el producto de sus expolios a través de las permeables fronteras de Turquía, Jordania y el Líbano con la complicidad activa y pasiva de las redes de tráfico de obras de arte y las autoridades políticas, responsables de la comercialización y del cierre de las fronteras.
Se trata de un tráfico que ha comportado un volumen tan elevado de exportaciones ilegales, realizado casi sin enmascaramiento, que forzó la resolución 2199 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 15 de marzo de 2015 por la que se declaraba ilegal el comercio de obras de arte histórico–arqueológicas procedentes de Irak y Siria.
Este intento por combatir el tráfico ilícito no tiene muchas posibilidades de servir, al depender fundamentalmente de la voluntad de dos grupos de gobiernos: aquellos que deben impedir el tránsito de los materiales procedentes del saqueo de museos y yacimientos por su territorio, y los que albergan puertos francos de depósito y «enfriamiento» de los materiales antes de que, una vez «blanqueados», pueden incorporarse al mercado clandestino del arte y, lo que es peor, en muchas ocasiones al comercio legal.
En concreto, la resolución de Naciones Unidas incluía: la condena a la destrucción de enclaves del patrimonio cultural de Irak y Siria, con especial mención a los edificios de carácter religioso; la prohibición de llevar a cabo cualquier tipo de tráfico de antigüedades con organizaciones como ISIL, ANF y Al Qaeda; la reafirmación de la ilegalidad del tráfico de obras de arte procedentes de Irak; y la declaración como ilegal del tráfico de obras de arte procedentes de Siria.
En todo caso, las iniciativas de la ONU y la UNESCO se han demostrado ineficaces debido a la propia extensión de la idea de lo que es y significa el patrimonio histórico–arqueológico en muchos países, cuyos dirigentes llegan a considerar dicha destrucción como un problema menor dentro de las tensiones políticas, sociales y económicas que les afectan, mucho más profundas y acuciantes que la conservación de las obras de arte.
Posiblemente, entra en juego también una decisión calculada de minimizar la expansión de Estado Islámico dentro de una política de contención de daños que pasa por la colaboración encubierta. Como en cualquier transacción económica, existe la venta como resultado de una creciente demanda, pero no se actúa con la suficiente firmeza frente a las redes de tráfico ni tampoco ante los intermediarios en las transacciones ni los receptores de los materiales, dado que, con excepción de las piezas mejor conocidas y catalogadas, el mercado de materiales arqueológicos y de obras de arte se nutre del desconocimiento de la procedencia y del blanqueo a que son sometidos los objetos expoliados.
La problemática indicada no dispone de una solución a corto plazo pese a que haga ya más de dos décadas de su inicio. Cabe recordar que todavía en la actualidad, y después de tres cuartos de siglo del final de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias del saqueo de los tesoros artísticos europeos por la Alemania nazi continúan sin resolverse. Eso pese a la ingente labor realizada, incluyendo, en el caso de Francia, la creación y difusión de fondos documentales destinados a la identificación de los propietarios legítimos de obras que forman parte de las colecciones nacionales francesas y, en su caso, proceder a su devolución.
Si el citado es un caso difícil pero asumible dado que muchas de las piezas estaban catalogadas antes de 1939, en el caso de los bienes procedentes del saqueo contemporáneo de yacimientos arqueológicos realizados sin ningún tipo de registro técnico, el problema puede llegar a ser irresoluble.
Glòria Munilla Cabrillana es profesora agregada de Estudios de Artes y Humanidades y directora del Máster Interuniversitario del Mediterráneo Antiguo en la Universitat Oberta de Catalunya.
Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 14/7/2021
El hundimiento de los regímenes políticos en el Próximo y Medio Oriente, tras la Guerra de Irak (2001–2003) y la Guerra de Siria después del fracaso de la primavera árabe en 2011, propició el surgimiento de movimientos políticos fuertemente ideologizados… Leer
«Me amenazó con matar a mi hija, violarme, hacer fotos y distribuirlas a todo el mundo. Me obligó a mirar mientras torturaban cruelmente a mujeres. Era tan horrible que me puse enferma solo de verlo», relata una mujer anónima en un vídeo en el que detalla su captura en Afrin, en el norte de Siria.
Afrin era una región de mayoría kurda donde las mujeres tenían más derechos que en ningún otro lugar de Siria, un país patriarcal sumido en una guerra sangrienta. El matrimonio infantil y la poligamia estaban prohibidos, y la violencia doméstica, penalizada.
Durante buena parte de la guerra en Siria, la ciudad de Afrin se mantuvo segura, convertida en un santuario que acogía a todo el mundo. Shiler Sildo, una antigua residente en Afrin de 31 años de edad, voluntaria en la Media Luna Roja kurda, explica a openDemocracy que «disfrutábamos de un ambiente de libertad donde todo el mundo, especialmente las mujeres, podía mostrarse como quisiera. Podías vestir pantalones cortos, faldas, vestidos cortos, lo que fuera».
«Había un nivel de criminalidad muy bajo. Tener esa clase de seguridad en Siria era especial. Había una atmósfera utópica, era un lugar muy pacífico», recuerda Shiler.
Pero esto pronto cambió.
Desde 2018, Afrin ha estado bajo el control de milicias respaldadas por Turquía, que tomaron el control de la región tras una operación de dos meses que sacó de allí a las fuerzas kurdas. Para muchos civiles residentes en la ciudad, es como vivir en estado de sitio.
En marzo de 2018, Shiler y su familia huyeron de su casa de cinco dormitorios. «La ciudad ya no podía seguir aguantando la tensión entre las distintas facciones», dice.
Una comisión reciente de Naciones Unidas ha encontrado grandes evidencias de que «la situación de las mujeres kurdas es precaria». La Comisión de Investigación sobre Siria de la ONU halló pruebas abrumadoras de violaciones diarias, violencia sexual, acoso y tortura, en la primera mitad de 2020. Solo en febrero, el informe documenta la violación de al menos 30 mujeres en la ciudad kurda de Tal Abyad . «Las facciones están cometiendo cientos e incluso miles de violaciones a diario», señala Shyler, con preocupación.
A principios de este año, un vídeo mostró a mujeres siendo sacadas de la celda secreta, ilegal y abarrotada de una prisión. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó de que estaban desnudas cuando las encontraron.
Estas atrocidades se asemejan a lo que padeció la población kurda a manos de Estado Islámico en varias partes de Irak y Siria, tan solo unos años antes. La diferencia es que estas mujeres no están siendo torturadas por un grupo militante islamista, sino que se encuentran bajo el control de milicias respaldadas por Turquía, un país miembro de la OTAN y aliado de Estados Unidos.
Hay ahora «un clima generalizado de miedo a la tortura, hasta el punto de que muchas mujeres no salen de sus casas porque no quieren convertirse en el objetivo de los grupo armados», indica Meghan Bodette, fundadora del proyecto Mujeres Desaparecidas de Afrin, una página web lanzada en 2018 para rastrear las desapariciones de mujeres en la zona, la otra gran preocupación, junto a la tortura.
Desde enero de 2018, un total de 173 mujeres y niñas han sido presuntamente secuestradas. Solo se ha informado de la liberación de 64 de ellas, mientras que el destino de las 109 restantes sigue sin conocerse. Meghan lo califica como una «total campaña de terror contra la población kurda». Otros investigadores locales de derechos humanos aseguran que ha habido más de 1.500 secuestros. Es importante reseñar que Meghan solo documenta los casos de aquellas mujeres de las que se conoce la identidad completa.
Muchos kurdos huyeron de Afrin en 2018, entre ellos, Hassan Hassan, de 50 años, que cuenta a openDemocracy cómo su familia escapó «con solo algo de comida y la ropa puesta, dejando atrás nuestra casa, los álbumes de fotos, libros de toda una vida, juguetes de niños, muebles y aparatos eléctricos».
La familia de Hassan se refugió en un pueblo y vivió en una cueva durante 45 días: «Había bombardeos a diario, F-16 y drones en el cielo. Pudimos escapar del asedio gracias a la misericordia de Dios». Ahora viven en el lúgubre campamento de Shahba, cerca de Alepo, con otros desplazados internos, incluyendo Shiler y sus tres hijos.
Hassan y Shiler dejaron atrás a unos 200.000 habitantes en Afrin. Los que se quedaron se arriesgaron a ser torturados y secuestrados. Primos, amigos y vecinos de Hassan han desaparecido.
Su nueva vida tampoco ha supuesto un respiro en su sufrimiento. «Ayer no pudimos dormir por el estruendo de las bombas», dice Shiler.
La zona donde se encuentra el campo estuvo anteriormente bajo el control de Estado Islámico, que colocó cientos de minas. Shiler ha sido testigo de la pérdida de vidas, y pasa junto a cuerpos todos los días. «Soportamos este tipo de vida porque, geográficamente, nos sentimos cerca de casa», explica.
Hace ahora un año, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ordenó invadir este enclave kurdo en Siria para «eliminar a todos los elementos del PKK [Partido de los Trabajadores del Kurdistán] y de las YPG [Unidades de Protección Popular]», grupos que considera terroristas. Describió el área como una «zona segura» de unos 480 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera. La violencia fue consecuencia de la orden de Donald Trump de retirar todas las tropas estadounidenses del norte de Siria.
Según Human Rights Watch, la realidad en esta «zona segura» es un horror de saqueos diarios, ejecuciones, tiroteos y desplazamientos forzados. Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de la ONG, afirma que existen «pruebas irrefutables de por qué las ‘zonas seguras’ propuestas por Turquía no son seguras en absoluto».
Meghan cita la retirada de Trump como un desencadenante de muchas «ramificaciones políticas internas en los Estados Unidos», lo que hizo que los medios occidentales se tomaran mucho más en serio los asesinatos, gracias a un nuevo ángulo político estadounidense.
Un ejemplo fue el asesinato de Hevrin Khalaf, una política e ingeniera civil kurdo-siria, que fue torturada y ejecutada durante la Operación Primavera de Paz, la ofensiva turca de 2019 en el noreste de Siria. Un vídeo de Bellingcat relaciona su muerte con rebeldes respaldados por Turquía. Otras fuente han informado de que estuvo involucrado Ahrar al-Sharqiya, un grupo rebelde sirio que lucha como parte del Ejército Nacional Sirio apoyado por Turquía, a pesar de que este lo ha negado.
El asesinato de Khalaf fue descrito en el diario conservador turco Yeni Safak como una exitosa operación antiterrorista, lo que no podría estar más lejos de la verdad. Khalaf dedicó su vida a la democracia y al feminismo. La autopsia indicó que la sacaron de su automóvil con tanta violencia que le arrancaron el pelo. Luego le dispararon en la cabeza a quemarropa y murió a consecuencia de una hemorragia cerebral grave.
Meghan está preocupada por la «política expansionista y muy nacionalista de Turquía», que, según indica, se extiende a Siria y constituye un gran peligro para las minorías étnicas y religiosas. «Mientras mantengan territorio en Siria, existe el riesgo de que intenten invadir y ocupar más», añade.
Un informe del Centro de Información de Rojava revela que más de 40 exmiembros de Estado Islámico están «siendo refugiados, financiados y protegidos por Turquía en las regiones ocupadas», y que están trabajando en Afrin. Shiler, una antigua maestra, asegura que su escuela, que una vez albergó a más de 200 alumnos, es ahora un centro de la inteligencia turca, y que hay una foto de Erdoğan en pleno centro de Afrin. Hassan afirma que su granja «se la han apropiado excombatientes de Estado Islámico».
La sola mención de Estado Islámico es preocupante, particularmente para las mujeres yazidíes, la minoría religiosa que sufrió un genocidio a manos de los militantes de ese grupo. Amy Austin Holmes, investigadora en la Iniciativa para Oriente Medio de la Universidad de Harvard y miembro del Wilson Center, dice que «se calcula que el 90% de la población yazidí de Afrin ha sido expulsada de sus hogares». ¿Cómo puede sobrevivir esta comunidad tras tanta persecución a lo largo de los años?
El doctor Jan Ilhan Kizilhan, un destacado psicólogo kurdo-alemán que trabaja con los yazidíes, habla del trauma colectivo al que se enfrenta este grupo. «Toda la comunidad se ve afectada directa e indirectamente por los asesinatos. Te conviertes en parte de ese trauma colectivo. Si estás sufriendo, es posible que tengas pesadillas, trastornos del sueño y una sensación de impotencia».
Según Jan, eso es también lo que está sucediendo en Afrin: «[Militantes] están cometiendo violaciones, pero también están destruyendo la dignidad de la sociedad. Es un ataque a tu comprensión del mundo, porque la pregunta es: ¿cómo puede un humano hacer esto?».
Hassan y Shiler comparten esa opinión: «Cuando nos enteramos de lo que les pasa a las mujeres, sentimos que nos pasa a todas. Es difícil para los demás entender el impacto psicológico que nos causa», dice Shiler. Hassan, por su parte, cree que su padre, fallecido recientemente, murió «de dolor».
La comisión de la ONU también detalla el saqueo y la destrucción de sitios religiosos, santuarios y cementerios de una profunda importancia en la región de Afrin.
El informe de la ONU ha confirmado los hallazgos de Meghan, quien, no obstante, y aunque se muetsra agradecida por ello, explica que «tan pronto como estos grupos controlaron el territorio, comenzaron a cometer atrocidades contra la población civil, así que creo que es demasiado tarde». Es muy difícil para los periodistas acceder a esta zona, y quienes hablan arriesgan sus vidas.
«Los medios de comunicación no tienen permitido el acceso, por lo que la gente de Afrin desconoce el número de violaciones que se cometen cada día. La gente está tan asustada que prefiere morir en sus hogares en lugar de salir», dice Shiler.
Estos informes deberían ser usados por Naciones Unidas como una herramienta pata justificar la imposición de sanciones a los Estados responsables de los crímenes. Actualmente, Estados Unidos no ha sancionado a ninguno de los grupos armados respaldados por Turquía, y están permitiendo, de hecho, una operación de ingeniería demográfica con los kurdos, muchos de los cuales perdieron a sus familias luchando al lado de las fuerzas estadounidenses contra Estado Islámico.
Estados Unidos y el Reino Unido son responsables. El Reino Unido congeló las nuevas licencias de exportación para la venta de armas a Turquía, pero las licencias existentes aún pueden utilizarse.
«A Turquía no le importa si ocurren estas violaciones, está satisfecha con cualquier cosa que haga la vida miserable a los kurdos. Pero creo que no les gusta que se hable de ello internacionalmente, y que se le preste atención», señala Meghan.
Shiler, por su parte, piensa que la ocupación es «como el infierno».
Rachel Hagan es una periodista independiente, editora y escritora, especializada en derechos de la mujer y actualidad internacional. Su trabajo ha sido publicado en The Independent, VICE, The Financial Times, Glamour Magazine, ELLE, Huck Magazine y otros.
Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 11/11/2020
Traducción del original en inglés: How Syria’s Afrin became hell for Kurds
«Me amenazó con matar a mi hija, violarme, hacer fotos y distribuirlas a todo el mundo. Me obligó a mirar mientras torturaban cruelmente a mujeres. Era tan horrible que me puse enferma solo de verlo», relata una mujer anónima en… Leer
Mosul, Irak, 10/5/2017: Un hombre lleva a dos niños en una silla de ruedas, huyendo de los combates entre militantes de Estado Islámico y fuerzas del Ejército iraquí. Foto: Maya Alleruzzo (AP).
Mosul, Irak, 10/5/2017: Un hombre lleva a dos niños en una silla de ruedas, huyendo de los combates entre militantes de Estado Islámico y fuerzas del Ejército iraquí. Foto: Maya Alleruzzo (AP).
Manbij, Siria, 12/8/2016: Las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza dominada por milicianos kurdos, han expulsado este viernes a Estado Islámico de la ciudad de Manbij, en el norte de Siria, con apoyo aéreo de la coalición que lidera EE UU. En su huida, los yihadistas han capturado a unos 2.000 civiles. En la imagen, una mujer fuma un cigarrillo tras la liberación de la ciudad (fumar es una de las actividades prohibidas por Estado Islámico en los territorios que controla). Foto: Rodi Said (Reuters). Más fotos.
Manbij, Siria, 12/8/2016: Las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza dominada por milicianos kurdos, han expulsado este viernes a Estado Islámico de la ciudad de Manbij, en el norte de Siria, con apoyo aéreo de la coalición que lidera EE UU. En su huida, los yihadistas han capturado a unos 2.000 civiles. En la imagen, una mujer fuma un cigarrillo tras la liberación de la ciudad (fumar es una de las actividades prohibidas por Estado Islámico en los territorios que controla).
Foto: Rodi Said (Reuters).
Con los brutales ataques terroristas de Bruselas y Lahore aún en la retina, medio centenar de líderes mundiales se reunieron esta semana en Washington para tratar de avanzar en el control de las armas nucleares, en una cumbre que al final se centró en la necesidad de dar una respuesta a la amenaza de que parte de ese devastador arsenal caiga en manos de grupos como Estado Islámico.
La cuarta Cumbre sobre Seguridad Nuclear (convocada, como las tres anteriores, por el presidente estadounidense, Barack Obama) se celebró, no obstante, con la previsible tara que supusieron las ausencias de algunos de los países que más tienen que decir en este asunto. La silla vacía más notable fue la de Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, decidió no acudir a la cita alegando una «falta de cooperación» durante los preparativos de la reunión.
Tampoco estuvo, aunque nadie la esperaba, Corea del Norte, cuyos constantes ejercicios militares, ensayos nucleares y comunicados amenazantes llevan teniendo en jaque al mundo en general, y a la región asiática del Pacífico en particular, desde los años noventa, y que aprovechó el encuentro, además, para lanzar un misil antiaéreo al mar (el sexto en un mes). Irán, recién salido del ‘eje del mal’ tras el acuerdo nuclear alcanzado en julio de 2015, y Bielorrusia, una ex república soviética que albergó ojivas nucleares hasta 1996, fueron los otros ausentes.
A pesar de los avances registrados en estos últimos años, el objetivo de conseguir un mundo sin más armas nucleares que se fijó Obama al inicio de su primer mandato (una de las razones por las que recibió el Nobel de la Paz) sigue todavía muy lejos. Y, si bien es cierto que el final de la Guerra Fría tras la caída de la Unión Soviética acabó con el temor a que un enfrentamiento nuclear entre las dos superpotencias terminase, literalmente, con la vida en el planeta tal y como la conocemos, un cuarto de siglo después la amenaza del uso de armas atómicas, con su apocalíptica capacidad de destrucción masiva, sigue ahí. Y, lo que es peor, a día de hoy nadie apuesta ya realmente por el desarme global.
En primer lugar, por la imposibilidad de ‘convencer’ a países como India y Pakistán —en los que el arsenal nuclear juega un papel fundamental en el equilibrio de su rivalidad—, Corea del Norte, o incluso Israel, que, aunque oficialmente ni lo confirma ni lo desmiente, pocos dudan de que tiene armas nucleares. Pero, sobre todo, por el poco interés que tienen en ello tanto Rusia como Estados Unidos.
Obama acaba de anunciar la mayor modernización del arsenal nuclear estadounidense desde la presidencia de Ronald Reagan, con una inversión de cerca de 900.000 millones de euros en las próximas tres décadas, en un proyecto que prevé mejorar las bombas y desarrollar nuevos sistemas para lanzarlas. Y el Kremlin, que está construyendo asimismo nuevas armas para sustituir a las antiguas, incluye en su cada vez más notoria política de distanciamiento de Occidente el rechazo a que las reglas sobre las armas atómicas se dicten en la Casa Blanca. Moscú sigue insistiendo en que sea el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), dependiente de la ONU, quien marque el paso, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que esta institución se limita a controlar a los países que aún no disponen de tecnología para fabricar bombas atómicas, y no a los que ya las poseen.
De hecho, la cumbre de Washington asumió de algún modo la renuncia al objetivo ideal del desarme, al poner el acento en el control del arsenal actual, más que en su eliminación definitiva, un control que, en cualquier caso, parece más necesario que nunca: toneladas de material nuclear y radiactivo se encuentran aún en instalaciones civiles consideradas poco seguras (centros de investigación, hospitales, centrales energéticas), y la posibilidad de que acaben en manos de «actores no estatales» (grupos terroristas, traficantes, mercado negro), es real.
Ese fue precisamente el gran peligro surgido tras el final de la Guerra Fría, la posibilidad de que todo o parte de ese plutonio y uranio que ya no controlan los estados pudiera llegar a ser utilizado por grupos terroristas con la suficiente capacidad técnica como para fabricar bombas (las llamadas «bombas sucias», por ejemplo) y atentar con ellas, sin los controles y ni la presión a los que, al menos en teoría, puede someter la comunidad internacional a países como Corea del Norte o Irán.
Durante décadas, la acumulación de armamento nuclear por parte de EE UU y la entonces Unión Soviética se produjo en el marco de una guerra disuasoria, en la que la utilización por parte de cualquiera de los dos garantizaba la destrucción total de ambos. Ahora, como recuerda el periodista Marc Bassets, «no es previsible que ni Al Qaeda ni el ISIS dejen de lanzar una bomba porque sus rivales puedan usarla en respuesta».
Las claves de lo acordado en la cumbre y de la amenaza del terrorismo nuclear, en preguntas y respuestas:
La Cumbre de Seguridad Nuclear se celebra cada dos años desde 2010 por iniciativa del presidente de EE UU, Barack Obama, quien prometió al comienzo de su primer mandato convertir en una prioridad la no proliferación nuclear e instó a la comunidad internacional a avanzar hacia «un mundo libre de armas atómicas», durante un discurso en Praga en 2009.
A Obama le queda menos de un año en el poder, por lo que esta cumbre, de dos días de duración (los pasados jueves y viernes), ha sido la última en su formato actual. Se desconoce si el próximo presidente o presidenta estadounidense, que llegará a la Casa Blanca en enero de 2017, querrá continuar con este proceso multilateral.
Los líderes de medio centenar de países, entre ellos, y además del propio Obama, el presidente francés, François Hollande; el de China, Xi Jinping; el de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; el de México, Enrique Peña Nieto; el de Argentina, Mauricio Macri; la de Chile, Michelle Bachelet; el primer ministro británico, David Cameron; el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-Hye.
Rusia, el país con el mayor arsenal nuclear del mundo, decidió no asistir por considerar que hubo «falta de cooperación al elaborar la agenda» del encuentro, según explicó el miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Su ausencia ha dificultado el alcance de grandes acuerdos sobre seguridad nuclear, pero la Casa Blanca confía en que la cita haya servido para aumentar la coordinación internacional en la lucha contra Estado Islámico, para tomar mayor conciencia de la posibilidad de que éste u otros grupos terroristas obtengan un arma nuclear, y para empezar a adoptar medidas al respecto.
Al término de la cumbre, no obstante, Obama no ocultó su decepción por la ausencia de Rusia: «Dado que Putin impuso una visión que enfatiza el poder militar por encima del desarrollo dentro de Rusia y la diversificación de la economía, no hemos visto el tipo de avances con Rusia que habría esperado», dijo.
Estados Unidos y Rusia concentran el 90% del arsenal nuclear del mundo.
El viernes, Obama instó a los líderes mundiales a proteger las instalaciones nucleares vulnerables para impedir que los «locos» de grupos como Estado Islámico accedan a armas atómicas o a bombas radiactivas. En su discurso, el presidente estadounidense aseguró que el mundo se enfrenta a una «persistente amenaza de terrorismo nuclear», que está evolucionando a pesar de los progresos en reducir este tipo de riesgos. «No podemos ser autocomplacientes», advirtió.
Si bien Obama aseguró que, de momento, ningún grupo ha tenido éxito a la hora de obtener materiales nucleares, también dijo que Al Qaeda estuvo «mucho tiempo» detrás de ellos, y mencionó acciones llevadas a cabo por miembros del grupo yihadista Estado Islámico, que plantean «preocupaciones similares». En este sentido, los atentados de Bruselas y, anteriormentre, París, han elevado la preocupación de que Estado Islámico (el grupo que reivindicó los ataques) pueda asaltar centrales nucleares con el fin de robar material y poder desarrollar bombas radiactivas.
«No hay ninguna duda de que si esos locos tienen alguna vez en sus manos una bomba nuclear o material nuclear, lo usarán para matar al mayor número posible de personas inocentes», señaló Obama. «Eso cambiaría nuestro mundo», añadió.
En los últimos años, y según indicó el presidente, se han reducido considerablemente los riesgos de robo y tráfico de material nuclear (EE UU y Japón, por ejemplo, han completado la tarea de eliminar todo el uranio altamente enriquecido y separar los combustibles de plutonio de un reactor japonés), pero Obama admitió asimismo que una parte de las 2.000 toneladas almacenadas en todo el mundo «no está debidamente protegida». De hecho, la seguridad en los silos nucleares de EE UU ha sido objeto de críticas.
Como primera medida, Obama anunció el viernes que hará público el arsenal nuclear estadounidense por primera vez en una década, así como una «descripción detallada» de las medidas de seguridad que toman las Fuerzas Armadas estadounidenses para protegerlo.
En principio, y según detalla el Centro de Estudios para la No Proliferación, los terroristas podrían desde robar directamente un arma nuclear en una instalación militar de alguno de los países que disponen de ellas, hasta atacar o sabotear una central nuclear, colocar un explosivo en una instalación, o robar o comprar ilegalmente material radiactivo de uso civil para fabricar una «bomba sucia» (artefactos explosivos relativamente baratos de fabricar, y capaces de diseminar elementos radiactivos en la atmósfera). Entre 1993 y 2011, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) detectó 2.164 casos de pérdida, robo o desaparición de materiales nucleares que podrían ser empleados para fabricar este tipo de bombas.
Construir un arma nuclear no es fácil, pero fabricar una bomba similar a la que destruyó Hiroshima es «muy posible dentro de las capacidades de un grupo terrorista avanzado», según advertía hace ya unos años Matthew Bunn, profesor adjunto en la Escuela John Kennedy de la Universidad de Harvard (EE UU). «Existe una enorme diferencia entre la dificultad de producir armas seguras y confiables para usar en un proyectil o avión de guerra, y fabricar armas inseguras y no confiables para transportar en un camión», indicaba.
Los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks revelaron, por ejemplo, la gran fragilidad de los controles sobre el personal implicado en el programa nuclear paquistaní, lo que en su día llevó a Washington a dar al problema prioridad estratégica, con el fin de evitar que empleados «radicales» accedan a las instalaciones.
El periodo de mayor descontrol sobre el armamento nuclear ocurrió tras la caída de la Unión Soviética, en 1991, cuando sus bases nucleares en Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania quedaron en una situación de gran vulnerabilidad. Además, muchos científicos perdieron su empleo y buscaron una salida laboral en otros países, llevándose consigo algunos de ellos el conocimiento y los archivos necesarios.
En un informe que elaboró para la revista Technology Review, el analista estadounidense de seguridad nacional especializado en armas nucleares Graham Allison indicó que «si los gobiernos no hacen más de lo que están haciendo actualmente, las posibilidades de que ocurra un ataque terrorista con armas nucleares contra una de las grandes ciudades occidentales en el plazo de una década son de más del 50%».
El uranio altamente enriquecido es el que presenta una pureza igual o superior al 85%, lo que permite utilizarlo para fabricar bombas atómicas. Actualmente, un total de 31 países se han declarado libres de este mineral, incluyendo todos los de Latinoamérica y el Caribe, según anunciaron al comienzo de la cumbre de Washington.
Desde la última cumbre de Seguridad Nuclear, diez países han destruido todo su uranio altamente enriquecido (en total, 400 kilos).
La mayoría de los expertos cree que más bien poco, aunque es verdad que el objetivo de la cumbre no era tanto realizar grandes anuncios o alcanzar compromisos novedosos, como hacer balance y fijar las líneas por las que debería guiarse la seguridad nuclear en los próximos años.
En general, la cumbre ha conseguido dar una mayor relevancia a la amenaza del terrorismo nuclear, pero, de momento, no se han estudiado fórmulas concretas para hacerle frente, algo muy complicado de lograr sin que exista una coordinación efectiva entre Rusia y Estados Unidos.
Tampoco se han abordado suficientemente casos que suscitan especial preocupación, como el de Pakistán, uno de los países que reconoce oficialmente poseer armas nucleares, y que sigue inmerso en una situación política muy inestable y de grave violencia, con una creciente presencia y actividad talibán y un protagonismo cada vez mayor del ejército en el Gobierno.
En cuanto a Corea del Norte, al menos China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo bilateral durante la cumbre, por el que se comprometen a trabajar conjuntamente para tratar de prevenir que Pyongyang, que dispone ya de la capacidad de instalar pequeñas bombas nucleares en misiles, realice nuevas pruebas pruebas de lanzamientos.
Según el presidente estadounidense, desde la primera cumbre se han hecho «progresos importantes», como la firma de un nuevo tratado START de desarme entre EE UU y Rusia para que las ojivas nucleares que poseen estén en 2018 en su nivel más bajo desde la década de 1950, la eliminación o retirada de más de tres toneladas de uranio enriquecido o plutonio, mejoras en la seguridad de instalaciones que albergan combustible nuclear, o la instalación de equipos para detectar radiaciones en más de 300 pasos fronterizos, aeropuertos y puertos marítimos.
Algunos expertos, no obstante, consideran que Obama solo ha conseguido una parte de lo que se propuso, dada la falta de consenso para alcanzar un tratado global vinculante sobre desarme nuclear.
Publicado originalmente en 20minutos
Con los brutales ataques terroristas de Bruselas y Lahore aún en la retina, medio centenar de líderes mundiales se reunieron esta semana en Washington para tratar de avanzar en el control de las armas nucleares, en una cumbre que al… Leer
El pasado martes tuvimos ocasión de charlar un rato sobre Estado Islámico y la situación en Siria tras los ataques de París, en el programa Buenos Días Canadá, que dirige y presenta Keiter Feliz en la emisora de radio de Toronto 360FM. Muchas gracias a Keiter por la invitación y por mencionar el blog.
El pasado martes tuvimos ocasión de charlar un rato sobre Estado Islámico y la situación en Siria tras los ataques de París, en el programa Buenos Días Canadá, que dirige y presenta Keiter Feliz en la emisora de radio de Toronto 360FM. […]
Al menos 41 personas murieron y 200 resultaron heridas en un doble atentado suicida reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, en el barrio de Burch Barachne, uno de los feudos del grupo chií libanés Hizbulá, en el sur de Beirut.
Al menos 41 personas murieron y 200 resultaron heridas en un doble atentado suicida reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, en el barrio de Burch Barachne, uno de los feudos del grupo chií libanés Hizbulá, en el sur de… Leer
Apenas cinco meses después de las pasadas elecciones generales de junio, más de 54 millones de ciudadanos turcos vuelven a tener una cita con las urnas este domingo, en unos comicios anticipados marcados por una creciente tesión interna, y con una población cada vez más polarizada. Turquía, que, a pesar de todas sus contradicciones, parecía destinada a consolidarse como ejemplo de que es posible vertebrar democracia e islam, oriente y occidente, tradición y modernidad, llega a esta nueva convocatoria electoral con el sueño de la convivencia, si no agotado, sí seriamente resquebrajado.
La celebración de estas elecciones es la consecuencia de la incapacidad de los principales partidos políticos turcos de llegar a un acuerdo para la formación de un ejecutivo tras los comicios del pasado mes de junio, en los que el gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP, islamista, conservador) perdió por primera vez la mayoría absoluta en 13 años, y ninguna formación logró tampoco el número suficiente de escaños. Para la mayor parte de los analistas y, especialmente, para los detractores del actual presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, la verdadera explicación hay que buscarla, sin embargo, en el empeño del mandatario turco, fundador y líder del AKP, por acrecentar su poder.
Para ello, Erdoğan, que ha dirigido el destino del país desde que su partido llegó al gobierno en 2002, pero cuyo puesto es ahora —al menos, en teoría— esencialmente representativo, necesita que el AKP logre la mayoría necesaria para reformar la Constitución y convertir su cargo en el de un presidente con verdadero poder ejecutivo, en una república presidencialista a la manera de Estados Unidos o Francia. La influencia que, a pesar de su obligada neutralidad, aún ejerce Erdoğan sobre el panorama político turco, habría sido determinante en el fracaso de las negociaciones para formar gobierno.
La crisis política es, no obstante, tan solo una de las caras del deterioro del modelo turco, minado desde hace años por la deriva autoritaria del Gobierno, continuos ataques a la prensa crítica, represión policial ante protestas ciudadanas, casos de corrupción con altos cargos implicados, una división cada vez mayor entre los grupos más conservadores y religiosos, los izquierdistas, los ‘indignados’, los nacionalistas y las minorías; la eterna amenaza latente de los sectores descontentos del ejército; la pérdida de la oportunidad de oro que tuvo Turquía de convertirse en una influyente referencia regional tras la ‘primavera árabe’ y, especialmente, el frenazo del supuesto milagro económico conseguido, al precio de un importante incremento de la desigualdad, bajo la batuta neoliberal del AKP: el crecimiento del 10% registrado por la economía turca durante la pasada década se ha quedado ahora en un raquítico 3% (según la previsión actual), la lira se ha desplomado frente al dólar y el euro, y la inflación no para de subir.
Todos estos problemas palidecen, en cualquier caso, en comparación con el repunte de la violencia experimentado en los últimos meses. Todavía en estado de shock tras el brutal ataque terrorista del pasado 10 de octubre contra una concentración por la paz de militantes izquierdistas (102 muertos, el peor atentado en la historia moderna del país, en una doble acción suicida atribuida a Estado Islámico —EI—), la sociedad turca asiste además a un déjà vu con el que esperaba no tener que volver a enfrentarse en mucho tiempo: el alto el fuego roto por la guerrilla kurda del PKK tras dos años de tensa paz, y la contundente respuesta militar del Gobierno, han devuelto a la memoria de la población los peores años de los enfrentamientos entre el ejército y los militantes kurdos, la llamada «década perdida», que, en los años noventa, se saldó con decenas de miles de muertos y desplazados.
Y, mientras, Turquía se ha implicado militarmente de un modo más claro en la guerra civil de Siria, sumando a los esporádicos bombardeos a las bases de EI efectuados junto a la coalición internacional, ataques contra posiciones kurdas en el país vecino, todo ello bajo el consabido paraguas de la «guerra contra el terrorismo», y a pesar de que son precisamente los kurdos quienes han logrado frenar de un modo más efectivo la expansión de los yihadistas.
Así, el Gobierno turco se ha convertido en uno de los actores geopolíticos más activos en Siria, con un respaldo diplomático rotundo a la oposición armada que se enfrenta al régimen de Bashar al Asad, pero su posición ha quedado muy debilitada desde que Rusia envió hace un mes a sus cazabombarderos a este país, interviniendo a favor del régimen sirio, y contra los grupos respaldados por Turquía. En consecuencia, la relación diplomática entre Ankara y Moscú es ahora muy tensa, cuando hace pocos años, Erdoğan aún describía a Rusia como una alternativa a la UE. Rusia se ha negado incluso a efectuar una rebaja negociada previamente en los precios del gas natural que importa Turquía. Con su postura respecto a Siria, el Gobierno turco se ha distanciado incluso de sus aliados en el seno de la OTAN, organización a la que el país pertenece desde hace 60 años.
Por otro lado, con más de dos millones de refugiados sirios en su territorio, Turquía es el país que más desplazados por este conflicto acoge, una situación desbordante para Ankara pero que, al mismo tiempo, puede suponer un punto de inflexión en su relación con la UE, al ser Turquía el origen de la mayoría de los refugiados que, en un dramático éxodo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, están tratando de llegar a Europa desde el pasado verano.
A mediados de octubre, el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, y la canciller alemana, Angela Merkel, acordaron poner en marcha un proceso para acelerar algunos aspectos pendientes en la propuesta de incorporación turca a la Unión Europea, a cambio de la colaboración de las autoridades turcas en «la gestión» del crítico flujo de inmigrantes y refugiados procedentes en su mayoría del conflicto sirio.
Estas son las claves de unas elecciones cruciales para el futuro de Turquía, que van a ser observadas por miles de voluntarios turcos y por un equipo de 40 parlamentarios europeos de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), y en las que, pese a los malos augurios y a las múltiples sombras que atenazan al país, muchos ciudadanos mantienen depositadas grandes esperanzas:
Las elecciones generales celebradas en Turquía el pasado 7 de junio supusieron un importante cambio en el paisaje político del país. El gobernante AKP logró la victoria, pero perdió la mayoría absoluta que ostentaba desde 2002, y una nueva formación de izquierdas, el pro kurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), logró entrar en el Parlamento. El resultado fue una Asamblea fragmentada en cuatro partidos: Partido Justicia y Desarrollo, AKP, islamista y conservador, con un 40,82% de los votos y 258 (tenía 311) de los 550 diputados del Parlamento; Partido Popular Republicano, CHP, laico y socialdemócrata, con el 24,9% y 131 escaños; Partido Democrático de los Pueblos, HDP, con el 16,2% y 80 diputados; y Partido de Acción Nacionalista, MHP, religioso, ultranacionalista y muy a la derecha, con el 13,1% y 79 representantes. Era necesario, pues, llegar a acuerdos.
El presidente Erdoğan, en el cargo desde 2014, y anteriormente, desde 2003, primer ministro, encargó entonces formar gobierno a Ahmet Davutoglu, el líder de la lista más votada, el AKP. Tanto el CHP como el MHP exigieron para apoyarle dos condiciones: renunciar al plan de Erdoğan para acrecentar sus poderes instaurando una república presidencialista, y llevar a juicio los casos de corrupción relacionados con miembros del AKP.
Ambas condiciones fueron rechazadas, y el plazo de 45 días estipulado para llegar a un acuerdo expiró, entre acusaciones de la oposición a Erdoğan de entorpecer los intentos para lograr un pacto, algo que el AKP niega. Erdoğan convocó entonces nuevas elecciones para este 1 de noviembre, y los partidos volvieron a sumergirse en una campaña que, a pesar de que ha tenido una agenda menos intensa que la anterior (los recursos económicos estaban, en la mayoría de los casos, muy agotados) ha estado marcada por graves acusaciones mutuas, por el terrorismo, y por la reactivación de los ataques de y contra el PKK. El propio Erdoğan ha tenido una gran presencia, participando en numerosos mítines presentados oficialmente como actos contra el terrorismo.
El Parlamento turco, denominado Gran Asamblea Nacional, tiene un total de 550 escaños, con lo que para lograr la mayoría absoluta es necesario obtener 276 diputados. No obstante, para poder modificar la Constitución (el objetivo de Erdoğan) son necesarios 367 votos, si bien con 330 es posible convocar un referéndum para realizar modificaciones en la Carta Magna a través del voto popular.
Los miembros del Parlamento son elegidos en 85 distritos electorales, mediante un sistema de representación proporcional en el que es necesario superar el 10% de los votos para obtener un escaño, un porcentaje muy superior al de otros países (en Alemania es el 5%; en Suecia, el 4%). Ello supone que si, por ejemplo, un partido consigue 40 escaños, pero con solo el 9,5% de los votos (lo que logró el DYP en 2002), sus asientos se reparten entre los partidos que sí han superado ese umbral. Es decir, se trata de un sistema en el que los partidos grandes parten con una gran ventaja frente a los pequeños.
Uno de los factores que han marcado la campaña electoral ha sido la supuesta permisividad del Gobierno frente al islamismo extremista, y la consecuente escasa atención que las autoridades habrían dedicado a las redes de Estado Islámico en Turquía, a la difusión de su ideología y a su labor de captación de miembros. De hecho, solo después del doble atentado suicida de Ankara, la masacre en la que murieron 102 personas, fueron desmanteladas células islamistas, y se confiscó material y explosivos.
Anteriormentre, el pasado 20 de julio, un suicida supuestamente miembro de EI mató a 32 personas cuando se inmoló en medio de un grupo de activistas que había viajado a Suruc, en la frontera con Siria, para ayudar en la reconstrucción de la ciudad de Kobane, destruida por la guerra. Muchos criticaron entonces al Gobierno de Ankara por no proteger a sus ciudadanos, y por permitir que EI hubiese conseguido un punto de apoyo en territorio turco. Poco después, dos policías fueron asesinados por un grupo vinculado al PKK. El gobierno turco respondió bombardeando las posiciones del PKK, tanto en Turquía como en el norte de Irak.
El AKP ha seguido insistiendo en sus mítines en que la amenaza principal es el PKK, y pidiendo la unidad del país frente a quienes quieren «despedazarlo», a pesar de que la guerrilla kurda renunció hace años a sus antiguas reivindicaciones independentistas. Tanto Davutoglu como Erdoğan han sugerido que el atentado de Ankara no fue obra solo de Estado Islámico, sino que contó asimismo con la colaboración de miembros del PKK, e incluso de las milicias kurdas de Siria, coordinadas por el Partido Unión Democrática (PYD), una versión que no ha sido confirmada por la Fiscalía.
Así, el electorado acude a las urnas en una profunda división social en la que para unos el enemigo es el «terrorismo kurdo» respaldado por la izquierda, y para otros el Gobierno «que apoya a los terroristas islámicos».
El PKK anunció un nuevo alto el fuego unilateral tras el atentado del 10 de octubre en la capital, y prometió suspender todos sus ataques, salvo «actividades de defensa propia», para no interferir con las urnas. Este alto el fuego había sido reclamado por miembros del HDP para impedir que el AKP explotara el problema de la seguridad e impusiera zonas militares restringidas en el sureste del país con fines electoralistas, lo que podría dañar las expectativas del partido pro kurdo de entrar en el Parlamento.
La presión que el Gobierno turco ejerce contra los medios de comunicación críticos ha sido la otra gran piedra de toque en la recta final de la campaña electoral. El incidente más sonado ocurrió el pasado jueves, con la toma de control estatal de dos diarios y dos canales de televisión, todos críticos con el Gobierno del AKP, después de que un tribunal ordenara intervenir el holding Koza Ipek. Los diarios Bugün y Millet no salieron a la venta, y Bugün TV y Kanaltürk dejaron de emitir, después de que la policía turca se presentara en su redacción compartida en Estambul. Los administradores fiduciarios nombrados por el Gobierno, acompañados por la policía, expulsaron a los periodistas que no aceptaron adaptarse a la nueva línea editorial favorable al AKP.
Formalmente, la empresa está intervenida en el marco de un proceso contra Koza Ipek por «financiación y propaganda a favor del terrorismo», en referencia a los vínculos del conglomerado con el predicador turco Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos, y enemigo declarado de Erdoğan. Los fiscales turcos describen la red de seguidores de Gülen como «organización terrorista», pese a no conocerse actividad violenta y no existir sentencia judicial al respeto.
La presión gubernamental contra la prensa crítica en Turquía no es, en cualquier caso, un problema nuevo. Uno de los periodistas más conocidos de Turquía, Ahmet Hakan, fue gravemente apaleado el pasado 1 de octubre por parte de cuatro sicarios, supuestamente vinculados al AKP. Y, en 2013, Turquía ostentó, por segundo año consecutivo, el récord de ser el país con más profesionales de la información en la cárcel, con un total de 40.
Por un lado, y como consecuencia del largo conflicto con el independentismo kurdo, Turquía tiene una legislación muy amplia para combatir el terrorismo, que el Gobierno usa a menudo para juzgar a periodistas que son críticos con el Ejecutivo. Muchos periodistas han sido procesados por el mero hecho de informar sobre actividades de grupos armados kurdos. Por otra parte, muchos profesionales de la información han sido encarcelados también en los últimos años por denuncias de conspiración contra el Gobierno por parte de los adversarios secularistas de Erdoğan.
La mayoría de los sondeos predicen un escenario similar al salido de las elecciones del pasado mes de junio, con una subida del AKP, aunque insuficiente aún para obtener la mayoría absoluta, ligeros ascensos tanto del CPH como del MHP, y un descenso del HDP, que, no obstante, se mantendría por encima del 10% necesario para entrar en el Parlamento. Según los analistas, el CPH captaría los votos fugados del HDP tras la reactivación del conflicto kurdo, y el MHP, los de los descontentos con la política del AKP.
La media de las últimas encuestas publicadas otorga un 41,4% de los votos al AKP, un 26,8% al CHP, un 15,5% al MHP, y un 12,7% al HDP.
Publicado originalmente en 20minutos
Apenas cinco meses después de las pasadas elecciones generales de junio, más de 54 millones de ciudadanos turcos vuelven a tener una cita con las urnas este domingo, en unos comicios anticipados marcados por una creciente tesión interna, y con una población cada vez más polarizada. Turquía, que, a pesar de todas sus contradicciones, parecía destinada a consolidarse como ejemplo de que es posible vertebrar democracia e islam, oriente y occidente, tradición y modernidad, llega a esta nueva […]
La idea, que probablemente tomó cuerpo entre los muros de la prisión iraquí de Bucca tras la invasión estadounidense de Irak, llevaba años fraguándose, pero su resolución duró apenas unos meses: después de una serie de ataques que comenzaron en enero de 2014, y en una auténtica guerra relámpago, los yihadistas fundamentalistas sunníes del conocido entonces como EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, por sus siglas en inglés) tomaron Mosul, se hicieron en unas semanas con el control de un extenso territorio en el norte de Irak, lo anexionaron a las zonas que dominaban ya en Siria, y, en un comunicado lleno de referencias a las viejas glorias del imperio musulmán, proclamaron un nuevo «califato» bajo el nombre de Estado Islámico (EI).
La fecha elegida para la proclamación, el 29 de junio, no podía ser más significativa: acababa de comenzar el mes sagrado del Ramadán. Días más tarde, el flamante líder del grupo, Abu Bakr al Bagdadi, autodesignado ahora califa y «príncipe de los creyentes», y el segundo terrorista más buscado en la lista del FBI, solo por detrás del sucesor de Bin Laden en Al Qaeda, llamaba a los musulmanes de todo el mundo a jurarle lealtad y a unirse a la lucha.
Un año, decenas de miles de muertos y tres millones de desplazados después, EI (a quien sus enemigos prefieren denominar por su acrónimo árabe Daesh, un término fonéticamente despectivo), no solo ha logrado sobrevivir a los ataques lanzados por una poco efectiva coalición internacional, por el régimen sirio y por las milicias kurdas, sino que, a pesar de las pérdidas sufridas recientemente, ha consolidado un territorio que abarca ya cerca de un tercio de Irak y alrededor de la mitad (si bien es cierto que con mucho desierto incluido) de Siria.
Sobre la base de un sólido colchón financiero, los yihadistas establecieron el centro iraquí de su «califato» en Mosul, capital de la provincia de Nínive, mientras que en Siria han logrado asegurar su principal bastión en Al Raqqa, al norte del país, tras arrebatársela al Frente al Nusra (filial de Al Qaeda) y otras facciones islamistas.
Su dominio se sustenta en cuatro ejes fundamentales: una interpretación radical, excluyente y visionaria de la religión como justificación teórica; el terror y la violencia como método coercitivo; la satisfacción de necesidades básicas para la población como elemento de cohesión social; y un efizaz aparato de propaganda que logra reclutar combatientes y simpatizantes en todo el mundo a través de mensajes, vídeos y foros, principalmente en las redes sociales de Internet.
El grupo, que opera ya como un auténtico Estado en las zonas que domina, se ha convertido además en la nueva marca de referencia del terrorismo yihadista internacional, coordinando ataques o poniendo en marcha e inspirando células durmientes o terroristas aislados (los llamados «lobos solitarios»), como demuestra la sangrienta oleada de ataques y atentados que marcaron este viernes la víspera del primer aniversario del «califato»: al menos 27 muertos en un atentado contra una mezquita chií en Kuwait, 37 turistas asesinados en un ataque en dos hoteles de Túnez, y un decapitado en una fábrica de la ciudad francesa de Lyon. El jueves, en una de las mayores matanzas perpetradas por los yihadistas en Siria hasta la fecha, los milicianos de EI acabaron con la vida de al menos 200 personas en un ataque a la ciudad fronteriza de Kobani, y durante combates con las fuerzas de la retaguardia kurda.
Según el último recuento realizado por la Misión de la ONU en Irak (UNAMI), entre junio y mayo de este año murieron más de 10.600 civiles por la violencia en este país. Y de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tres millones de iraquíes se encuentran desplazados desde enero de 2014, cuando comenzó la ofensiva de Estado Islámico.
A caballo entre el fanatismo religioso y la violencia nihilista, con planteamientos ideológicos teocráticos heredados de Al Qaeda, y con una macabra imaginería grabada en vídeo (decapitaciones, ejecuciones en masa, destrucción de joyas del patrimonio histórico y cultural), Estado Islámico ha sabido aprovechar no solo la debilidad militar de sus oponentes (un ejército iraquí inoperante y en retirada, una Siria devastada por más de cuatro años de guerra civil, una comunidad internacional dividida y dependiente de múltiples intereses geoestratégicos), o el efecto contagioso del terror entre la población, sino también el resentimiento generado entre muchos sunníes por los abusos del anterior gobierno iraquí de la minoría chií, el enfrentamiento sectario entre chiíes y sunníes exacerbado durante estos últimos años en Irak y favorecido por la invasión de EE UU, y, como señala el periodista Enric González, «la mezcla tóxica de petrodólares y fundamentalismo que emana de la Península Arábiga y muy especialmente de Arabia Saudí».
A pesar de que, según Estados Unidos, Estado Islámico habría perdido el control de entre 13.000 y 17.000 kilómetros cuadrados desde que instauró el «califato», el grupo sigue dominando actualmente unos 300.000 kilómetros cuadrados en el norte de Irak y en las provincias sirias de Homs, Al Raqqa, Deir al Zur, Al Hasaka, Hama, Alepo, Damasco y Rif Damasco.
No obstante, más importante que la extensión en sí del territorio (similar a la de Gran Bretaña, con una población de entre cuatro y cinco millones de personas) es la relevancia de sus últimas conquistas, especialmente las llevadas a cabo el pasado 17 de mayo, cuando EI se hizo con el control de Ramadi, la capital de la provincia iraquí de Ambar, y cuatro días después, cuando los yihadistas tomaron la histórica y monumental ciudad siria de Palmira, patrimonio de la humanidad y sede también de una de las más brutales prisiones del régimen de Bashar al Asad.
Ambas victorias han demostrado que EI posee ahora una capacidad de ataque que no tenía hace un año, y que le permite actuar simultáneamente en zonas separadas entre sí por cientos de kilómetros, combatiendo con éxito tanto al ejército iraquí como al sirio, incluso sin la ventaja del factor sorpresa con que tomaron Mosul en 2014.
Lo cierto es que la supervivencia del «califato» no parece amenazada a corto plazo, y que EI difícilmente va a poder ser derrotado mediante bombardeos y acciones puramente militares. Los más de 4.000 ataques aéreos lanzados hasta la fecha por la coalición internacional liderada por EE UU (comenzaron en agosto del año pasado en Irak y se extendieron a Siria en octubre) han matado, según Washington, a unos 10.000 combatientes yihadistas, pero EI no ha dejado de reclutar nuevos efectivos en todo este tiempo. Hasta ahora, el Ejército iraquí solo ha logrado recuperar Tikrit, y gracias al apoyo de las milicias chiíes proiraníes que lidera el general Qasem Soleimani.
Estado Islámico cuenta con unos 200.000 combatientes (muchos de ellos exmiembros sunníes de la antigua Guardia Republicana de Sadam Husein) y una cifra de militantes extranjeros procedentes de un centenar de países que oscila, según las fuentes, entre 15.000 y 30.000.
Los yihadistas mantienen dos grandes frentes abiertos: en Siria combaten contra las tropas del presidente Bashar al Asad, grupos rebeldes de tendencia islamista, el Frente al Nusra y las milicias kurdas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las Unidades de Protección del Pueblo kurdo sirio (YPG), quienes en ocasiones luchan en un frente común. En Irak, donde EI ha llegado a unos cien kilómetros de la capital, Bagdad, lucha contra grupos tribales, las milicias chiíes, las fuerzas gubernamentales y las fuerzas kurdas peshmerga.
Estos grupos están apoyados por la aviación de la coalición internacional que lidera EE UU y que, en Irak, está formada, además, por Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Jordania, Holanda y el Reino Unido. En Siria participan también en la campaña otros países árabes, como Bahréin, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
La última gran batalla se ha librado en la ciudad siria de Kobani, fronteriza con Turquía, donde este sábado la milicia a kurdo-siria YPG logró poner fin al violento asalto protagonizado desde la madrugada del jueves por Estado Islámico y neutralizar, tras más de dos días de intensos combates, los últimos focos de resistencia yihadistas. Kobani había sido recuperada por los kurdos el pasado mes de enero después de cuatro meses de asedio de Estado Islámico. Esta nueva ofensiva se ha saldado con más de 200 civiles muertos y cerca de 300 heridos.
Con el juramento de fidelidad realizado el pasado mes de marzo por el líder del grupo yihadista nigeriano Boko Haram, Abubakar Shekau, Estado Islámico amplió su influencia en esta zona de África (Boko Haram no opera únicamente en Nigeria, sino también en zonas de Chad, Níger y Camerún) y sumó entre 7.000 y 10.000 combatientes.
En el Magreb, y según informa Europa Press, Estado Islámico cuenta con la fidelidad de varios grupos presentes en tres países: Argelia, Libia y Egipto. En Argelia operan los Soldados del Califato en Argelia; en Egipto, los Soldados del Califato en la Tierra de Kinana y un grupo especialmente activo, Ansar Bait al Maqdis, los Seguidores de la Santa Casa, ahora conocido simplemente como Provincia del Sinaí, una de las 24 wilayas o provincias creadas por las autoridades de Estado Islámico. En Libia, un país convulsionado por un enfrentamiento civil entre los grupos armados que participaron en el derrocamiento de Muammar al Gadafi en 2011, se han creado tres provincias yihadistas: Fezán, Trípoli y Barqa, anunciadas en noviembre de 2014. Son los herederos de grupos como el Consejo de la Shura de Jóvenes Islámicos o los Leones de Libia.
Estado Islámico extiende también sus tentáculos en Afganistán, donde el Batallón Al Tawhid (término utilizado para referirse a la región de Áfganistán y Pakistán), Ansar al Tawhid en Tierras del Hind y la Provincia de Jorasán han proclamado su fidelidad. En Pakistán opera la Brigada Al Tawheed en Jorasan y el Movimiento Califato y Yihad, filiales declaradas de EI.
Por último, en Indonesia y Filipinas se han sometido a la autoridad del califa los Fieles del Califato en Filipinas y los Combatientes para la Libertad del Bangsamoro Islámico (BIFF, por sus siglas en inglés). En Indonesia han proclamado la baya (juramento de fidelidad) los Muyahidines del Timor Indonesio y Jamaah Ansharut Tauhid, los seguidores de Abu Bakr Bashir.
La mayoría de las wilayas declaradas hasta ahora corresponden a divisiones administrativas previas. Sin embargo, en muchas de ellas el grupo ni siquiera cuenta con presencia real. EI ha anunciado además su intención de conquistar o «liberar» países como España o la región del Cáucaso ruso de mayoría musulmana.
Otras organizaciones islamistas radicales no han proclamado la baya al califa, pero sí han declarado su simpatía y apoyo a su causa. Entre ellas están grupos menores como Al Attasam belKetab ua al Sunna (Sudán), el Consejo de la Shura de los Muyahidines en los Alrededores de Jerusalén (Palestina), Jamia Hafsa (Pakistán) o el Batallón Uqba bin Nafi (Túnez), pero también hay otros grupos más importantes.
Desde septiembre apoya a Estado Islámico el Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU), un grupo fundado en 1998 con el objetivo de derrocar al presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, e imponer la sharia (ley islámica) en el país. También ha llegado el apoyo a EI desde Filipinas, donde Abú Sayyaf pretende crear un estado musulmán en el oeste de Mindanao y el sur del archipiélago.
La mayoría de los actuales dirigentes de Estado Islámico son exoficiales iraquíes, incluyendo a numerosos antiguos miembros de sus comités de seguridad y estrategia militar, y todos ellos bajo el mando de Al Bagdadi. Éste, conocido también como califa Ibrahim, se mantiene en paradero desconocido, y apenas ha aparecido en público. Según algunas informaciones que no llegaron a ser confirmadas, Al Bagdadi habría resultado herido durante un bombardeo de la coalición internacional el pasado mes de marzo.
El otro personaje clave de Estado Islámico es el fallecido Haji Bakr, auténtico ideólogo del grupo, y que murió a principios de enero de 2014 durate un ataque de la Brigada de los Mártires de Siria en la ciudad de Tal Rifaat, en el norte de este país. Tras la muerte de Haji Bakr, el Consejo Militar de Estado Islámico pasó a estar dirigido por Abu Abdulrahman al Bilawi, a quién mataron las fuerzas de seguridad iraquíes en junio de ese mismo año. Le sucedió el coronel Abu Ayman al Iraqi, otro exoficial del ejercito de Sadam Husein.
El pasado 16 de mayo, la Casa Blanca informó de que fuerzas especiales de los Estados Unidos habían matado en Siria a Abu Sayyaf, otro de los líderes del grupo jihadista, implicado en las operaciones militares de EI y a cargo del comercio ilegal de petróleo y gas, así como de las operaciones financieras de la organización.
Con unos recursos económicos calculados en alrededor de 2.000 millones de dólares, Estado Islamico es actualmente el grupo yihadista más rico. Sus principales vías de financiación son la venta ilegal del petróleo de las zonas capturadas en Irak (en torno a un millón de dólares al día); los rescates por los secuestros y el dinero obtenido por la extorsión a comerciantes; los peajes que cobran por circular y transportar mercancías en las carreteras de su territorio; el robo de bancos; y los miles de dólares que consiguen tras colocar de contrabando en el mercado negro piezas saqueadas de museos y lugares arqueológicos.
Estado Islámico también se financia mediante donaciones de particulares, la mayoría procedentes de grandes fortunas del Golfo, aunque, a diferencia de otros grupos yihadistas, esta fuente de ingresos no parece ser tan determinante, ya que constituiría tan solo el 5% del total.
Las imágenes de los métodos represivos de Estado Islámico son bien conocidas. Los yihadistas han grabado en vídeo y difundido fusilamientos, decapitaciones, degollamientos y lapidaciones, así como la quema de sus víctimas o su lanzamiento desde azoteas de altos edificios.
En el territorio que controlan se aplica la interpretación más radical de la ley islámica, con matrimonios forzados de mujeres, situaciones de esclavitud de minorías sometidas (especialmente, la de los yazidíes), ejecuciones rutinarias por delitos menores, entrenamiento militar de menores, expolio de bienes, castigos brutales…
Testigos citados por la agencia Efe esta misma semana narran cómo las mujeres no pueden salir a la calle sin un mehrem o tutor, que tiene que ser un varón de la familia, y vestidas con el niqab, el velo que tapa todo el cuerpo menos los ojos. En los hospitales, las mujeres no pueden ser atendidas por médicos hombres, y viceversa, y los yihadistas han impuesto su propio programa en los colegios y la educación obligatoria para los menores de 7 a 18 años.
«Exigen impuestos por todo: por la limpieza y vigilancia de las calles, a los comerciantes, por el agua, la electricidad y el teléfono. En mi familia pagamos unos 50 dólares al mes, más de lo que pagábamos al régimen», explica uno de estos testigos, un sirio que vive en el califato autoproclamado por los yihadistas. «Y el aumento de las tasas no se ha traducido en una mejoría de los servicios: en Deir al Zur hay zonas en las que la electricidad se corta dos horas, cinco e incluso el día entero», añade. A estos impuestos se suma el zakat, o limosna obligatoria, y en el caso de los campesinos la donación de una parte de su cosecha a los radicales. La situación es similar en la provincia de Al Raqqa, bastión principal de los extremistas en Siria, y donde «un fumador puede ser condenado a tres días de cárcel y a barrer las calles durante otros tres».
En Irak, tras un año bajo el control de Estado Islámico, la vida de los habitantes de Mosul, la tercera ciudad más grande del país, situada a unos 400 kilómetros al norte de Bagdad y donde viven cerca de 2 millones de personas, también ha cambiado radicalmente: coches de la «Policía Islámica» patrullan las calles, los detenidos son procesados en «cortes islámicas», en la frontera del área controlada por los insurgentes se cobran tasas de aduana, y guardianes de la moral religiosa vigilan los mercados locales para asegurarse de que las mujeres van vestidas «correctamente».
Un mes después de entrar en la ciudad, los militantes islamistas dieron un ultimátum a los cristianos que aún no habían huido, para que aceptasen la llamada dhimma, un contrato usado antiguamente que ofrece protección a los no musulmanes que viven en sociedades islámicas a cambio de que se conviertan al islam o de que paguen un impuesto especial. Según el comunicado leído por los islamistas, los cristianos que no aceptasen ninguna de estas dos opciones, «morirían».
Junto a la represión de las poblaciones dominadas y a los cientos de miles de muertos y desplazados, el efecto devastador del avance de Estado Islámico se ha dejado también sentir en el valioso patrimonio histórico y cultural de la región.
Los yihadistas han dinamitado mezquitas y monumentos, saqueado museos, destrozado estatuas y acabado con piezas arqueológicas y artísticas de valor incalculable, incrementando más aún el expolio al que lleva años sometida toda la zona, debido a la guerra civil siria y a la situación de violencia constante en Irak.
El pasado día 23, el grupo comenzó a destruir mausoleos de la ciudad monumental siria de Palmira, patrimonio de la humanidad y una de las ruinas más espectaculares de la antigüedad grecorromana. Antes, los radicales de EI ya habían dañado gravemente las ruinas asirias de Nimrud (del siglo XIII a. C.) y de Hatra, también patrimonio de la humanidad; el Museo de la Civilización de la ciudad de Mosul y el yacimiento de Dur Sharrukin, capital asiria durante parte del reinado de Sargón II (722 – 705 a. C.).
2004
2006
2010
2012
2013
2014
2015
Con información de la agencia Efe
Publicado originalmente en 20minutos
La idea, que probablemente tomó cuerpo entre los muros de la prisión iraquí de Bucca tras la invasión estadounidense de Irak, llevaba años fraguándose, pero su resolución duró apenas unos meses: después de una serie de ataques que comenzaron en enero de 2014, y en una auténtica guerra relámpago, los yihadistas fundamentalistas sunníes del conocido entonces como EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, por sus siglas en inglés) tomaron Mosul, se hicieron en unas semanas con el control […]
