Guerra Rusia – Ucrania

Soldados israelíes inspeccionan las mochilas de escolares en Tel Rumeida, Hebrón (Cisjordania), en 2012. Foto: Friends123 / Wikimedia Commons

«Hay motivos razonables para concluir que la actual ocupación israelí del territorio palestino es ilegal según el derecho internacional, debido a su permanencia y a las acciones emprendidas por Israel para anexionar partes del territorio, tanto de facto como de jure. Las acciones de Israel que tienen por objeto crear hechos irreversibles sobre el terreno y ampliar su control sobre el territorio son tanto reflejos como impulsores de su ocupación permanente».

Así encabeza las conclusiones de su primer informe la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel1. «Al seguir ocupando el territorio palestino por la fuerza, Israel incurre en responsabilidades internacionales y sigue violando los derechos de los palestinos, individualmente y como pueblo», añade la Comisión, uno de cuyos objetivos es hacer llegar la situación a la Corte Internacional de Justicia.

El informe, presentado este jueves, recuerda que, según el derecho internacional humanitario, la ocupación de territorio en tiempo de guerra es una situación temporal y no priva a la potencia ocupada de su condición de Estado ni de su soberanía.

En una comparecencia ante los medios este mismo jueves, la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, antigua Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, fue más allá y aseguró que «declaraciones recientes del secretario general [de la ONU, António Guterres] y de numerosos Estados miembros han indicado claramente que cualquier intento de anexión unilateral del territorio de un Estado por otro Estado es una violación del derecho internacional y es nulo y sin efecto».

«La semana pasada, 143 Estados miembros, incluido Israel, votaron a favor de una resolución de la Asamblea General que reafirma esto», añadió Pillay, en referencia a la votación del pasado 12 septiembre en la que la Asamblea General rechazó la anexión por parte de Rusia de cuatro territorios ucranianos, con solo cinco votos en contra —Corea del Norte, Siria, Nicaragua, Bielorrusia y la propia Rusia—. Pillay agregó que para que este principio fundamental de la Carta de la ONU «tenga sentido», debe «aplicarse universalmente», incluyendo en el caso del territorios palestino ocupado.

Asegurarse un «control permanente»

En el informe, de 28 páginas, la Comisión revisa políticas y acciones empleadas por Israel para mantener la ocupación y anexionarse partes del territorio palestino ocupado. Entre esas acciones, el documento destaca que Israel ha sostenido y hecho avanzar su «empresa de asentamientos», e incluye declaraciones de funcionarios israelíes que reafirman la intención de mantener un control permanente sobre el territorio, en violación del derecho internacional.

«Al ignorar el derecho internacional, estableciendo o facilitando el establecimiento de asentamientos, y al transferir directa o indirectamente a civiles israelíes a estos asentamientos, los sucesivos gobiernos de Israel han establecido hechos sobre el terreno para garantizar el control permanente de Israel en Cisjordania», afirmó Pillay.

Según el informe, Israel continúa violando los derechos de los palestinos, tanto individualmente como en conjunto, ya que expropia tierras y recursos naturales, unas acciones que requieren confiscación, demolición y desplazamiento de los residentes.

«Hay mucho daño silencioso y trauma psicológico, que puede no ser evidente de inmediato, como resultado de la erosión de los derechos económicos, sociales y culturales», advierte el Comisionado Miloon Kothari, en declaraciones recogidas en la web de noticias de la ONU. «Estos procesos debilitantes tienen graves consecuencias a corto y largo plazo y deben abordarse con urgencia», agrega.

Impacto en los niños

La Comisión ha analizado los impactos de las políticas de ocupación y anexión específicamente en las mujeres y los niños. Con respecto a estos últimos, indica que «el ambiente coercitivo tiene un impacto especialmente severo en los niños palestinos, quienes experimentan una presencia militar constante, frecuentes enfrentamientos y actos de violencia, restricciones de movimiento y demolición de viviendas y destrucción de infraestructura y propiedades».

«Desde principios de 2022, un total de 20 niños han sido asesinados en Cisjordania y actualmente hay 56 órdenes de demolición pendientes contra escuelas en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Desde 1967, miles de niños han sido desplazados y trasladados a la fuerza como resultado de la demolición de 28.000 viviendas palestinas», añade.

El informe destaca además que este «ambiente coercitivo» que obliga a los palestinos a abandonar sus hogares «ha fragmentado a la sociedad palestina y obstaculizado el derecho a la autodeterminación».

Con respecto al uso de la tierra, el informe señala: «La tierra es un recurso natural clave, parte integral de la identidad y la economía palestinas. Actualmente, los palestinos pueden construir en menos del 1 por ciento de la tierra en el Área C77 debido a las políticas de planificación israelíes y a la expropiación de más de 2 millones de dunams [unas 200.000 hectáreas] de tierra por parte de Israel desde 1967. Israel ha expropiado tierras en Cisjordania por una variedad de de fines, incluidos la construcción de asentamientos, zonas industriales, tierras agrícolas y de pastoreo para colonos y carreteras, en contravención del derecho internacional».

«Crimen de guerra»

En el apartado dedicado a las consecuencias de la ocupación en lo referente a los derechos humanos, el informe detalla que «Israel ha creado y mantiene un entorno complejo de coerción, que incluye la demolición de viviendas y la destrucción de bienes, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, el encarcelamiento masivo, la violencia de los colonos, la circulación restringida a través de puestos de control y en carreteras, y limitaciones en el acceso a medios de subsistencia, necesidades básicas, servicios y asistencia humanitaria».

El informe concluye diciendo que algunas de las políticas y acciones del gobierno israelí pueden constituir «elementos» de crímenes bajo el derecho penal internacional, incluido «el crimen de guerra» de transferir parte de su propia población civil al territorio ocupado.

«Las acciones de los gobiernos israelíes revisadas en nuestro informe constituyen un régimen ilegal de ocupación y anexión que debe abordarse», señala Chris Sidoti, otro de los comisionados, en declaraciones recogidas asimismo en la web de noticias de la ONU.

Sidoti agrega que el sistema internacional y los Estados individuales deben actuar y cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. «Eso debe comenzar en esta sesión de la Asamblea General con una remisión a la Corte Internacional de Justicia», recalca.

«Antisemitismo»

La misión diplomática de Israel ante Naciones Unidas criticó rápidamente el informe este mismo jueves, denunciando que el documento no menciona el «conflicto de mayo de 2021», a Hamás, o «actos de terrorismo». (El informe se enmarca en la investigación independiente abierta para dilucidar si Israel cometió abusos de los derechos humanos en Cisjordania y la Franja de Gaza tras los once días de guerra entre Israel y Hamás en mayo de 2021).

La misión israelí aludió también los «comentarios flagrantemente antisemitas de un miembro de la Comisión», en referencia a las declaraciones de Kothari, según informa AP. «Los comisionados que hicieron comentarios antisemitas y que se involucraron de manera proactiva en el activismo contra Israel, tanto antes como después de su nombramiento, no tienen legitimidad ni credibilidad para abordar el tema en cuestión», dijo la misión israelí en un comunicado. «Son parte de la agenda antiisraelí que lamentablemente todavía existe en las Naciones Unidas», añadió.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Yair Lapid, calificó también este viernes como «antisemita» el informe. «Precisamente porque yo no era primer ministro cuando se llevó a cabo la operación ‘Guardián de las Murallas’ me siento obligado a enfatizar que el informe de la ONU es parcial, falso y flagrantemente subjetivo», señaló Lapid en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press. «No todas las críticas contra Israel incurren en el antisemitismo, pero este informe sí ha sido escrito por antisemitas», añadió.


¹ La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel recibe su mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los comisionados no son personal de la ONU y no se les paga por su trabajo.

Más información y fuentes:
» Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel
» La ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal, determina la Comisión de Investigación (ONU)
» UN experts decry Israeli occupation of Palestinian areas (AP)
» La ONU determina que la ocupación israelí en territorio palestino es ilegal (Europa Press)

Una comisión de la ONU califica de ilegal la ocupación israelí y la equipara a las anexiones rusas

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La Torre de la Doncella (en turco, Kız Kulesi), a la entrada sur del Estrecho del Bósforo, en Estambul, Turquía. Foto: David Bjorgen / Wikimedia Commons

Desde el final de las guerras napoleónicas se ha ido denominando el enfermo de Europa a diferentes potencias. El Imperio Otomano inauguró el uso de este epíteto, pero le han ido siguiendo otros hasta la actualidad. Reino Unido, Irlanda, España, Portugal o la Rusia postsoviética han sido algunos de los enfermos de Europa desde entonces.

En el s. XIX el enfermo por antonomasia fue el Imperio Otomano. Aunque incapaz de mantener el control sobre todos los territorios bajo su soberanía, era visto, a su vez, como el tapón necesario para frenar el expansionismo ruso desde las costas del Mar Negro hacia el Mediterráneo. De ahí el apoyo brindado por Francia, Reino Unido y Cerdeña al sultán Abdülmecit I durante el conflicto de Crimea (1853-1856) entre los imperios otomano y ruso.

Rusia aspiraba a tener una salida al mar Mediterráneo para comunicar sus puertos del Mar Negro, pues su flota debía pasar por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, bajo control otomano. Esto hacía la comunicación entre Rusia y el Mediterráneo prácticamente imposible en caso de conflicto entre los imperios.

La Turquía moderna y el control de los estrechos

Después de la I Guerra Mundial y hasta 1936 esta zona quedó bajo soberanía británica. El enfermo Imperio Otomano desapareció después de la guerra y su sucesora, la república turca fundada por Mustafá Kemal Atatürk, fue desprovista del control sobre los estrechos que controlaban el acceso al Mar Negro desde el Egeo.

En 1936, a las puertas del segundo conflicto mundial y como resultado de la Convención de Montreaux (Suiza), el Reino Unido le transfirió la soberanía sobre esos territorios a la Turquía moderna.

El acuerdo fue producto de una ardua negociación a varias bandas entre Australia, Bulgaria, Francia, Grecia, Japón, Rumania, la URSS, el III Reich, Reino Unido y Yugoslavia. Quedaron al margen de las conversaciones los EE UU, de acuerdo con su aislacionismo de entreguerras, y la Italia fascista, aún doliente por no haber conseguido hacer valer sus pretensiones territoriales sobre la península de Anatolia. El III Reich se negó a firmar el acuerdo final mientras que Japón mostró grandes reservas. Los bandos de la inminente guerra estaban ya configurándose.

La convención de Montreaux pretendió garantizar el tránsito por los estrechos de las flotas militares y mercantes de todos los Estados ribereños del Mar Negro y estableció algunas limitaciones importantes para el paso por los estrechos de los buques de guerra de Estados no ribereños.

Con la firma de 1936, Turquía quedó en posición de hacer valer sus intereses en caso de un hipotético conflicto dentro del Mar Negro. Este tratado no ha sido sustituido desde entonces.

Paso cerrado a los buques de guerra

Dentro de las dinámicas que ha puesto en marcha la invasión rusa a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022, el Gobierno del Reino Unido ha planteado en las últimas semanas la posibilidad de enviar uno de sus dos nuevos portaaviones junto con su grupo de combate hacia el Mar Negro. Dentro de la nueva estrategia para un Reino Unido global en el escenario pos-brexit, la nostalgia imperial británica le ha jugado una mala pasada al primer ministro. Esa propuesta no es posible.

La convención de Montreaux impide por varios motivos que un Estado no ribereño pueda desplazar una fuerza de tareas de ese tipo más allá de los estrechos turcos. Además, hay dos miembros de la OTAN entre los Estados ribereños: Rumanía y Turquía. La presencia naval de la Alianza Atlántica en el Mar Negro debe estar capitaneada por ellos, si es que existe una posición común y unánime al respecto.

Ankara ha constatado que existe un estado de guerra de facto entre Rusia y Ucrania. Por tanto, ha hecho valer la convención de Montreaux y su posición geopolítica como llave del tránsito entre el Mar Negro y el Mediterráneo, por supuesto de acuerdo con sus propios intereses.

Aplicando lo estipulado en 1936, ha tomado la decisión de cerrar el paso de sus estrechos a cualquier barco de guerra extranjero. Esto dificultará una posible escalada de la situación. Los barcos de la OTAN desplegados en el Mar Negro deben abandonarlo en un plazo máximo de veintiún días desde que entraron en él y no podrán volver hasta que Turquía lo permita.

Rusia busca una vía hacia el Mediterráneo

Por su parte, Rusia no podrá reforzar desde el Báltico su flota en el Mar Negro, aunque podrá mover algunas de sus unidades desde el Caspio a través del canal Volga-Don. Por otra parte, su base naval de Tartús (Siria) también queda aislada de los puertos del Mar Negro.

La conexión entre el conflicto sirio y el conflicto ucraniano tenderá a ser mayor durante las próximas semanas. Parece confirmarse que Rusia va a promover la participación de sirios en el conflicto ucraniano como fuerza de choque.

Esto evitará el coste político de reclutas rusos muertos o heridos, pero también aumentará la brutalidad de los combates en Ucrania y extenderá a este teatro algunas de las terribles formas de lucha ensayadas en la guerra siria.

Una decisión geoestratégica

Con su decisión, Turquía ha defendido sus intereses inmediatos en el conflicto, evitando que ante sus costas se concentren buques de la OTAN y rusos con el consabido riesgo de escalada, pero también ha dificultado algunas formas de presión que podrían haber tomado sus aliados.

Las relaciones de Rusia con Turquía a lo largo de la última década no han sido fáciles ni han estado exentas de tensiones, pero actualmente ambos actores se necesitan aunque sus intereses choquen en algunos escenarios. A fin de cuentas, los drones turcos que utilizan las fuerzas ucranianas intentan ser derribados por los mismos sistemas antiaéreos rusos que Ankara compró a Moscú.

El área de influencia rusa se extiende más allá del este de Europa, y en la zona del Mar Negro, el Cáucaso y Oriente Medio se encuentra con otro actor regional de primer orden. Turquía hoy no puede ser considerado el enfermo de Europa.


Luis Velasco es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Vigo, y coordinador del programa de máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto Español de Estudios Estratégicos.


Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 15/3/2022

Turquía, el cancerbero del Bósforo, y la guerra rusa contra Ucrania

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