Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son los socios económicos y políticos de más importancia estratégica para Estados Unidos en Asia Occidental. Es posible que el presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, no cuenten con un proyecto esencialmente diferente para la región, pero sí van a aportar un tipo diferente de diplomacia.
A pesar de que muchos dan por hecho que la presidencia de Biden será una extensión de las políticas de Obama, existen nuevas realidades en Oriente Medio que el presidente electo deberá tener en cuenta.
Los países del CCG están divididos, debido al embargo, liderado por Arabia Saudí, impuesto a Catar desde 2017. Para muchos líderes del CCG, resucitar la política exterior de Obama no es lo ideal. Fue durante su presidencia cuando ocurrieron las revueltas de la Primavera Árabe en 2011, el golpe militar en Egipto de 2013, el ascenso de grupos extremistas y, por último, el acuerdo nuclear con Irán.
Riad y Abu Dabi disfrutaron con la campaña de «máxima presión» contra Irán llevada a cabo por Trump, y con la pasividad del ahora presidente saliente ante los abusos contra los derechos humanos.
Biden ha declarado públicamente que él no habría tolerado el cruel asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, el encarcelamiento de mujeres activistas saudíes, o los crímenes de guerra en Yemen. La impaciencia de Biden con Arabia Saudí y su probable tolerancia con Irán chocan con un creciente lobby en Washington, en el que tanto Riad como Abu Dabi han invertido mucho.
La supuesta intención del Gobierno estadounidense de acabar con la crisis humanitaria causada por los bombardeos saudíes en Yemen fue bloqueada por el círculo íntimo de Trump. Por tanto, en ausencia de ese círculo, Riad tendrá que conformarse con compromisos más simples por parte de los hutíes. La retirada gradual de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la guerra de Yemen entre 2017 y 2019, les colocó en una situación menos sólida que la de su vecino saudí ante la derrota de Trump.
Junto con Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones con Israel el 13 de agosto de 2020, en los denominados oficialmente Acuerdos de Abraham. Este impactante movimiento histórico fue considerado una traición por la causa palestina, e innecesario desde la perspectiva geopolítica de los EAU. Aún así, puede entenderse como un intento desesperado por agudizar la rivalidad con Irán.
Irán es, de hecho, el principal foco a la hora de determinar la política exterior de Estados Unidos con respecto al CCG. La firma del acuerdo nuclear en 2015, oficialmente conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), supuso para el régimen iraní la oportunidad de iniciar una nueva era marcada por la ruptura del aislamiento global y las sanciones lideradas por EE UU. Tres años después, Trump se retiró unilateralmente del acuerdo y comenzó una campaña de «máxima presión» que implicó sanciones económicas más severas contra el sector financiero iraní.
Biden ha declarado que EE UU volverá a unirse al acuerdo, con el objetivo de allanar el camino para continuar negociando. No obstante, es imposible predecir cómo evaluará Biden el grado de cumplimiento por parte de Irán, considerando las referencias tan poco claras que deja su predecesor. Después de todo, el hecho de que Irán fuese el mayor enemigo de Trump no significa que vaya a ser el mayor aliado de Biden. Por otra parte, no puede olvidarse la decepción de Riad con Trump durante los ataques a Aramco de septiembre de 2019.
Irak es otro de los lugares donde estallaron las disputas entre EE UU e Irán, como resultado de las protestas contra el gobierno de Bagdad que comenzaron en octubre de 2019. Riad acogió con gran satisfacción los intentos de Trump de respaldar a los grupos apoyados por Teherán en Irak. Giorgio Cafiero, director de Gulf State Analytics, una consultora de riesgos geopolíticos con sede en Washington, considera las acciones de Trump en Irak como «las más audaces en términos de contrarrestar la influencia regional de Irán, algo especialmente subrayado por el descarado asesinato del general Qasem Soleimani en enero de 2020». No obstante, Cafiero señala asimismo que, desde los ataques contra Aramco en septiembre de 2019, «a los saudíes les preocupa la verdadera voluntad de Trump de defender al reino de las amenazas que suponen los grupos respaldados por Irán en la región y que tienen una relación hostil con Riad».
Kuwait, Omán y Catar verían con buenos ojos una desescalada con Irán, así como cualquier intento por finalizar la crisis del Golfo. Mientras que Omán acogerá positivamente los planes de Biden para acabar con la ayuda militar estadounidense a Arabia Saudí en la guerra en Yemen, Kuwait espera encontrar un líder estadounidense más «neutral» para reparar la grieta abierta en la región.
Por su parte, Doha cuenta con la voluntad de Biden de poner fin al embargo, después de que Trump parezca haber ignorado las relaciones institucionales estratégicas a largo plazo de Estados Unidos con los países del CCG, y el interés de Washington de mantener un frente unido en el Golfo frente a Irán. En cualquier caso, la paz entre Riad y Doha parece más probable que un acuerdo en el que también esté incluida Abu Dabi, salvo que Biden supere las expectativas. Aunque si el presidente electo decide centrarse más en las relaciones de EE UU con el continente asiático en general que en el Golfo, esa voluntad por sí sola no será suficiente para acabar con la crisis.
En cuanto a Libia, es más probable que Biden apoye al Gobierno de Acuerdo Nacional respaldado por Turquía y Catar, en contraste con el enfoque pro EAU de Trump y su dependencia de los aliados europeos y rusos. En otras palabras, puede haber más presión a Abu Dabi para que acate el embargo internacional de armas a Libia. Por el contrario, la venta aprobada por EE UU de materiales de defensa avanzada (F-35) a los Emiratos (una tecnología que hasta ahora solo proporcionaba a Israel en la región), el 10 de noviembre de 2020, supone un auténtico punto de inflexión.
En el ámbito económico, se espera que Biden restituya el papel glogal de EE UU en la lucha contra el cambio climático reincoporándose al Acuerdo de París, del que salió Trump mediante una orden ejecutiva. Las políticas medioambientales de Biden se centran en prohibir el fracking (fractura hidráulica), tanto en aguas estadounidenses como en el territorio federal, una medida que beneficiaría a los países del CCG, ya que incrementaría los precios globales del petróleo. El columnista saudí Sultan Althari señala que la iniciativa «les proporcionaría [a los países del CCG] un salvavidas especialmente necesario a la hora de conseguir el delicado equilibrio entre aliviar las dificultades económicas causadas por la pandemia, y los ambiciosos planes para diversificar los medios de producción y conseguir una transición exitosa hacia economías más basadas en el conocimiento».
En general, Estados Unidos mantendrá su alianza estratégica con sus amigos del Golfo, aunque no todas las posturas de Washington serán bien recibidas. Y algunos asuntos que están perdiendo ya la relevancia y el apoyo que tuvieron, como la guerra en Yemen, el bloqueo a Catar, o una escalada de la tensión con Irán, es probable que vayan, poco a poco, finalizando.
Zeidon Alkinani es un escritor y analista político independiente iraquí-sueco, máster en Políticas Públicas Internacionales por el University College de Londres. Su investigación se centra, entre otros temas, en la región de Oriente Medio y el Norte de África, Irak, el sectarismo, la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio, la Primavera Árabe y el desarrollo durante la posguerra.
Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 3/12/2020
Traducción del original en inglés: What does Biden’s presidency mean for the future of the Gulf?
Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son los socios económicos y políticos de más importancia estratégica para Estados Unidos en Asia Occidental. Es posible que el presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, no… Leer
El pasado 3 de enero un dron estadounidense atacaba el convoy en el que viaja el general de división iraní Qasem Soleimani, comandante en jefe de las Fuerzas Quods. Salía del aeropuerto de Bagdad junto con Abu Mahdi al-Muhandis, el líder de las Fuerzas de Movilización de Irak, cuando recibieron el ataque de EE UU.
Desde entonces, la República Islámica de Irán ha movilizado a civiles y militares para tratar de dar la respuesta más contundente posible sin ver afectada su credibilidad internacional.
Desde que Jamenei pusiera a Soleimani al frente de las Fuerzas Quods (1998), Irán ha multiplicado exponencialmente su presencia revolucionaria en el exterior proyectándose hacia el mundo árabe, Europa e incluso América Latina.
Al fallecido general se le considera el responsable del establecimiento de Hizbulá en el sur del Líbano, del adiestramiento de las milicias chiíes en Irak, del alzamiento de los hutíes en Yemen y, más recientemente, el artífice de la victoria de Al Asad en Siria. Por estas y otras razones, podemos considerar que con la muerte de Soleimani también muere, de alguna manera, la dimensión exterior de la «Revolución Iraní» del 1979.
Esta trayectoria de terror tan prolongada podría haber acabado antes, pero es cierto que Soleimani, como experto en inteligencia y contrainteligencia, cuidaba con mucho mimo todo lo relacionado con su seguridad.
Algunas fuentes apuntan que el general iraní podría haber sido traicionado por algún colaborador que dio la posición para su ejecución. Más allá de este detalle, cabe preguntarse por qué el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sin permiso del Congreso, decidió acometer semejante acción en ese preciso momento y no antes.
En los últimos meses, Irán traspasó la línea roja de «lo aceptable» en varias ocasiones, acometiendo acciones tales como el asalto a buques petroleros en Ormuz, el ataque a la refinería de Abqaid, el asesinato de un contratista estadounidense en Irak y, sobre todo, el asalto de la Embajada de EE UU en Bagdad. Si bien es cierto que todas estas acciones fueron interpretadas por Washington como «actos de provocación», el asalto a la delegación diplomática trajo a la cabeza al presidente Trump reminiscencias del asalto de Teherán de 1979 y sobre todo, el de Bengasi en 2012.
No podemos olvidar que nos encontramos en un año electoral en Estados Unidos y que el presidente Trump fue especialmente duro con la candidata Clinton vertiendo acusaciones de inacción durante la crisis de Bengasi que acabó con la muerte del embajador estadounidense Stevens.
Si bien la pérdida en términos estratégicos es muy grande para Irán, Teherán está tratando de sacar el mayor partido posible.
Por un lado, el cortejo fúnebre ha sido paseado por Nayaf y Kerbala (Irak), dos de las ciudades iraquíes donde se han producido las más duras manifestaciones contra la presencia iraní. De hecho, en noviembre pasado los consulados iraníes fueron asediados por miles de árabes que gritaban «Irán, Bara, Bara» (Irán, fuera, fuera).
Después el cadáver fue trasladado a Teherán, donde la movilización del régimen fue usada para tapar el descontento popular con la subida del precio de la gasolina y que en los últimos dos meses se ha saldado con más de 1 000 detenidos.
En lo que a la reacción de Teherán se refiere, ésta debe ser interpretada en sus justos términos, ya que el ataque contra las dos bases estadounidenses no ha producido daños personales, puesto que la mayor parte de los misiles lanzados desde Irán no alcanzaron su objetivo o explotaron en el aire. De hecho, la acción bélica debe ser entendida más como una medida para consumo interno que como una acción con vocación estratégica.
Si bien muchos especialistas han especulado con la posibilidad de que el conflicto escale, resulta altamente improbable que esto ocurra, ya que a ninguna de las partes implicadas le interesa verse involucrada en una guerra.
En lo que al presidente Trump se refiere, además de tener en contra a buena parte de la clase política, incluyendo a muchos miembros de su gobierno, tiene que abordar un año electoral marcado por el impeachment y hay que recordar que su estrategia hace cuatro años fue la de «sacar a EE UU de conflictos inútiles».
En lo que a Irán se refiere, ante el incremento de las protestas a las que está teniendo que hacer frente el régimen, Teherán pretende elevar la tensión con EE UU al máximo para lograr que el síndrome del enemigo exterior acalle la voz de una población, que no ve los progresos económicos y sociales prometidos por el presidente Rohaní.
En todo caso, y como conclusión, la muerte del general Soleimani supone un duro golpe a la proyección exterior de un régimen revolucionario que desde hace años se ha institucionalizado.
Alberto Priego es profesor agregado en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de Relaciones Internacionales, Universidad Pontificia Comillas.
Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 9/1/2020
El pasado 3 de enero un dron estadounidense atacaba el convoy en el que viaja el general de división iraní Qasem Soleimani, comandante en jefe de las Fuerzas Quods. Salía del aeropuerto de Bagdad junto con Abu Mahdi al-Muhandis, el… Leer
Donald Trump no ha ocultado nunca su intención de revertir hasta donde le fuese posible las iniciativas impulsadas y puestas en marcha por su predecesor en la Casa Blanca. Desde que asumió la presidencia el 20 de enero de 2017, el magnate ha intentado modificar, o directamente eliminar, los principales logros de Barack Obama, incluyendo algunos de los más emblemáticos, como los referidos a la sanidad o el medio ambiente. Trump no es, desde luego, el primer mandatario que trata de corregir el legado recibido, tanto en Estados Unidos como en cualquier otro país, pero pocos lo han hecho de un modo tan sistemático y tan poco sutil.
En este sentido, el anuncio hecho esta semana por el presidente de que EE UU abandona el pacto nuclear alcanzado con Irán puede interpretarse como un nuevo paso en lo que algunos expertos han definido como política negativa de Trump, más orientada a destruir lo anterior que a proponer novedades o mejorar lo alcanzado.
El acuerdo con Irán, firmado por Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, además de por Washington y Teherán, fue conseguido tras largas y duras negociaciones durante la anterior Administración estadounidense, con un fuerte coste político para Obama, quien tuvo que enfrentarse a una enorme presión, no solo parte del Partido Republicano, sino también de tradicionales aliados de EE UU en la región, como Arabia Saudí y, especialmente, Israel (junto con el poderoso lobby pro israelí en Washington).
Nada más asumir el cargo, en su primera jornada de trabajo, Trump firmó una orden ejecutiva (vendrían muchas más después, todas ellas rubricadas de forma teatral ante las cámaras) para sacar a EE UU del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), un tratado impulsado por Obama y que EE UU había alcanzado junto con otros 11 países.
La decisión se enmarcaba en la nueva política proteccionista de la Casa Blanca (America First, Estados Unidos primero), que llevaría posteriormente a Washington a forzar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México, y a imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, así como altas tasas a productos chinos.
Algunas de estas decisiones comerciales están aún en suspenso (en abril el Gobierno estadounidense afirmó que se estaba planteando volver al TPP porque «cree en el libre comercio», las espadas de la negociación del TLCAN siguen en alto, y los aranceles del metal a la UE y otros países no se han materializado todavía), pero el efecto publicitario, especialmente de cara a su base electoral, ya se ha conseguido.
Más definitiva fue la que quizá haya sido, junto con la ruptura unilateral del pacto iraní, su decisión internacional más trascendental hasta ahora: la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, en junio de 2017.
Al abandonar el tratado, Trump anunció que EE UU «cesará todas las implementaciones» de sus compromisos climáticos en el marco de París «a partir de hoy», lo que incluye la meta propuesta por Obama de reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26% y un 28% respecto a los niveles de 2005.
El acuerdo, dijo el mandatario, fue «negociado mal y con desesperación» por el Gobierno de Obama, «en detrimento» de la economía y el crecimiento de EE UU. Después, la famosa frase: «He sido elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París».
Las ‘correciones’ de las políticas de Obama con respecto al medio ambiente también han tenido lugar de puertas adentro. En diciembre del año pasado, por ejemplo, Trump ordenó la mayor reducción de tierras públicas protegidas en la historia de EE UU, al recortar más de 9.200 kilómetros cuadrados en dos parques en Utah, una medida que fue alabada por los conservadores del estado y duramente criticada por ecologistas y tribus nativas. En concreto, Trump ordenó reducir sustancialmente la superficie de dos monumentos nacionales que habían resguardado tanto Obama, como Bill Clinton.
Además, Trump ha anunciado permisos para perforar el Ártico en busca de combustibles fósiles, y ha reactivado la construcción de polémicos oleoductos congelados por su antecesor en el cargo.
Otro de los grandes caballos de batalla de Trump ha sido, y sigue siendo, la inmigración, y también aquí su medida más controvertida hasta ahora (aparte de la construcción del muro en la frontera con México) es un disparo directo contra el legado de Obama: la eliminación del plan DACA, una iniciativa aprobada por el anterior inquilino de la Casa Blanca, que protege de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad (los conocidos como dreamers, soñadores).
De momento, diversos reveses judiciales contra el Gobierno de Trump mantienen vivo el plan, y el propio presidente ha sido ambiguo sobre quién se vería afectado exactamente, al tiempo que es consciente del valor del DACA como moneda de cambio en la negociación que mantiene con el Congreso sobre su política migratoria (y el dinero que necesita para su muro).
Sin abandonar la política interior, la otra gran obsesión ‘anti-Obama’ de Trump es el sistema de protección sanitaria puesto en marcha por su predecesor, la norma conocida como Obamacare. Tumbarla fue una de sus promesas electorales estrella, y el magnate neoyorquino no se ha rendido aún, pero hasta ahora no ha contado con el apoyo suficiente en el Congreso para derogar y reemplazar la reforma.
El pasado mes de septiembre, la oposición de tres senadores hizo imposible aprobar el proyecto de ley impulsado por el presidente, en el que era ya su segundo intento. Días antes, no obstante, Trump anunció su intencion de asfixiar el programa, reduciendo en un 90% los fondos destinados a publicidad y ayuda para las inscripciones ciudadanas en el mercado de seguros médicos de la ley.
Por último, y volviendo al exterior, Trump ha dado marcha atrás, o al menos ha frenado en seco, con respecto a una de las decisiones de la anterior Administración calificadas como «históricas»: la apertura con Cuba y la progresiva normalización de las relaciones bilaterales, tras medio siglo de hostilidades.
En un discurso pronunciado el pasado mes de junio en Miami (donde se concentra la mayor cantidad de exiliados y disidentes cubanos en EE UU), el presidente anunció un cambio, «con efecto inmediato», de la política estadounidense hacia la isla, que incluye el mantenimiento del embargo comercial y financiero que había empezado a aliviar Obama, y su oposición a las peticiones internacionales de que el Congreso lo levante.
Una vez más, sin embargo, también en el caso de Cuba es importante distinguir entre las palabras y los hechos. Pese al lenguaje habitual de cambios radicales empleado por Trump, lo cierto es que sus medidas no anulan las relaciones diplomáticas con La Habana restablecidas por Obama, ni prohíben las conexiones aéreas y marítimas con la isla. De momento, tan solo se revisan algunos aspectos de la relación bilateral encaminados a reducir los pagos de estadounidenses a empresas controladas por militares cubanos, o a aumentar las restricciones de viajes individuales a Cuba.
Publicado originalmente en 20minutos
Donald Trump no ha ocultado nunca su intención de revertir hasta donde le fuese posible las iniciativas impulsadas y puestas en marcha por su predecesor en la Casa Blanca. Desde que asumió la presidencia el 20 de enero de 2017,… Leer
Al 44º presidente de los Estados Unidos se le podrán reprochar muchas cosas, pero la falta de optimismo no es una de ellas. Cuando el pasado día 11, de vuelta en su querida Chicago, Barack Obama se despidió del pueblo estadounidense en su último discurso público (una nueva demostración de su brillante oratoria y de su capacidad para conectar con la gente), el todavía inquilino de la Casa Blanca recuperó, sin dudarlo, el histórico lema que le llevó hasta la presidencia por primera vez, hace ocho años. Ante una audiencia entregada que clamaba por el imposible («Four more years!», ¡cuatro años más!), y pese al ‘coitus interruptus’ de saber que en tan solo unos días ocupará su puesto un personaje como Donald Trump, Obama cerró sus palabras con el mismo mensaje de esperanza que convenció a millones de personas en 2008, haciendo posible la hazaña de situar por vez primera a un hombre negro en el cargo más importante del país, y, en muchos sentidos, del mundo: Yes, we can (Sí, podemos). Y luego añadió: Yes, we did (Sí, lo hicimos; sí, pudimos). Pero, ¿ha podido realmente?
En términos generales, Obama deja un país mejor que el que encontró, al menos en lo que respecta a la economía, pero también un buen número de expectativas frustradas o directamente incumplidas. El que fuera el candidato del «cambio» y la «esperanza»ha sido asimismo, para muchos, el presidente de las oportunidades perdidas, unas oportunidades que, a la vista de quien va a sentarse en el Despacho Oval a partir del próximo viernes, no van a volver a repetirse fácilmente. Y algunos de sus logros más importantes, como la reforma sanitaria o la migratoria, podrían tener los días contados.
En el exterior, Obama, premiado en 2009 con un Nobel de la Paz que resultó ser, probablemente, algo prematuro, tampoco puede presumir demasiado. El entusiasmo inicial que despertó en todo el mundo el cambio que el joven presidente suponía con respecto a su antecesor (George W. Bush), con sus acercamientos al mundo musulmán (qué lejos queda ya aquel famoso discurso en El Cairo), o sus decisiones de poner fin a dos guerras (Afganistán e Irak), se fue transformando poco a poco en decepción y, en muchas ocasiones, en más de lo mismo.
Quedarán, en el apartado del debe, sus fracasos en el trágico atolladero de Siria y en el moribundo proceso de paz palestino-israelí, o los miles de muertes causadas por sus drones (durante el mandato de Obama, EE UU ha bombardeado un total de siete países —Afganistán, Irak, Pakistán, Somalia, Yemen, Libia y Siria—, frente a los cuatro bombardeados por Bush —los cuatro primeros— ). En el apartado del haber, pasos históricos como la reapertura de relaciones con Cuba y el acuerdo nuclear con Irán, sus iniciativas en contra de la tortura, o momentos ‘cumbre’ como, dejando a un lado las normas del derecho internacional, el asesinato del líder de Al Qaeda y cerebro de los atentados del 11-S, Osama Bin Laden.
No obstante, y como siempre en estos casos, tan injusto sería culpar al presidente de todos los aspectos negativos ocurridos durante su mandato, como atribuirle en exclusiva todos los logros. La sociedad estadounidense, como la global, ha experimentado durante estos ocho años cambios muy profundos, unos cambios que han acabado traduciéndose, de algún modo, en una gran polarización ideológica y una evidente desconexión entre ciudadanos y politicos, de izquierda a derecha, reflejadas en manifestaciones tan distintas como el movimiento Occupy que se extendió por EE UU en 2011 tras el 15-M español, o la inesperada elección como presidente del millonario Donald Trump en 2016. Unos cambios que, al mismo tiempo, han permitido también hitos como el reconocimiento, en todo el país, de la legalidad del matrimonio entre homosexuales, o el hecho de que, por primera vez, una mujer (Hillary Clinton) haya estado a punto de ocupar la Casa Blanca.
Paradójicamente, ha sido durante el mandato del primer presidente negro cuando los hondos conflictos raciales tan presentes aún en EE UU han vuelto a exacerbarse (debido, sobre todo, a la violencia discriminatoria ejercida por la Policía contra ciudadanos negros), y ha sido también durante el mandato del que iba a ser «el presidente de la gente» cuando hemos conocido, por ejemplo, el masivo espionaje cibernético al que el Gobierno estadounidense somete a sus ciudadanos. A menudo, también es cierto, Obama se ha dado de frente contra el muro de la falta de apoyo político, especialmente en el Congreso, una cámara que ha estado férreamente dominada por los republicanos en estos últimos años: para cuando el presidente quiso apretar el acelerador de sus reformas, en el tramo final de su mandato, ya era demasiado tarde. A su pesar, Guantánamo sigue abierto, y el cambio en las leyes que regulan la posesión de armas, pendiente.
Tal vez el error, visto sobre todo desde Europa, o desde la Europa más de izquierdas, haya sido creer que Obama era un auténtico revolucionario, y no tanto lo que finalmente resultó ser: un presidente con honestas intenciones transformadoras, pero dependiente, al fin y al cabo, y no siempre en contra de su voluntad, de los mecanismos de poder (políticos, económicos, militares) y los valores tradicionales (capitalismo incuestionable, cierto chauvinismo) que siguen marcando buena parte de la realidad de su país.
Lo que parece claro es que Obama se va con la popularidad prácticamente intacta, un factor al que probablemente haya contribuido el clima viciado que ha caracterizado las últimas elecciones presidenciales. Según un último sondeo de Associated Press-Norc Center for Public Affairs, el 57% de los estadounidenses encuestados aprueban su gestión, lo que le sitúa muy por delante de su predecesor (Bush se fue con un 32%) y ligeramente por encima de Ronald Reagan (51%), aunque aún lejos de Bill Clinton (63%). Para el 27%, Obama ha sido incapaz de mantener su promesa de unificar el país, y uno de cada tres opina que ha incumplido sus compromisos, si bien el 44% cree que, al menos, lo ha intentado.
Obama asumió la presidencia de EE UU con una herencia, la de George W. Bush, que incluía, entre otras cosas, dos guerras, una crisis económica interna sin precedentes desde la Gran Depresión y una imagen de Estados Unidos en el mundo por los suelos. El nuevo presidente ofrecía, para empezar, un talante completamente distinto: más inteligente y tolerante, con un mejor carácter y un fino y agudo sentido del humor, educado en Harvard pero no elitista, soñador pero realista, progresista pero en modo alguno radical, e inmune (algo que ha logrado mantener) a cualquier escándalo de corrupción o de carácter personal. Repasamos ahora su legado, recordando también sus promesas y retos de hace ocho años, tanto en política exterior como en política interior.
Cuando Obama llegó al poder en enero de 2009, tres años antes del estallido de la ‘primavera árabe’, y ocho antes de la sangrienta irrupción de Estado Islámico, el nuevo presidente tenía ante sí tres desafíos fundamentales en lo que respecta a la región más convulsa del planeta: retirar las tropas estadounidenses de Irak y y lograr la estabilización del país, poner fin a la guerra en Afganistán, y contribuir a un proceso de paz real entre palestinos e israelíes. Ocho años después, la retirada de los soldados es una realidad en Irak, pero el país, asolado por el terrorismo yihadista, la división sectaria y la debilidad de su gobierno tras la nefasta gestión estadounidense que siguió a la invasión de 2003, está muy lejos de ser estable; la guerra de Afganistán se cerró más bien en falso (EE UU aún mantiene tropas allí); y el proceso de paz palestino-israelí está completamente muerto.
En el camino, las nuevas realidades de la zona han supuesto un desafío constante, al que la administración estadounidense no ha sabido responder adecuadamente. La tragedia de la guerra en Siria es, tal vez, el principal ejemplo: la política contradictoria y pasiva de Washington ha contribuido a perpetuar el conflicto y ha dado alas a la Rusia de Putin, cuyo apoyo incondicional al régimen de Asad sigue haciendo imposible una salida. Por otro lado, EE UU ha intentado distanciar su discurso de la política israelí, pero no ha presionado lo suficiente como para forzar avances en el proceso de paz, e incluso ha alcanzado niveles récord en la venta de armas a este país. Y en Yemen, donde otra guerra prácticamente olvidada sigue masacrando a la población, Washington mantiene su respaldo a la coalición, liderada por Arabia Saudí, que está lanzando las bombas.
Según explica a 20minutos.es Ignacio Álvarez-Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y coordinador de Oriente Medio y el Magreb en la Fundación Alternativas, «la inacción, el distanciamiento y la parálisis» que han caracterizado la política «fallida, errática e improvisada» de Obama en Oriente Medio han dejado una región «bastante peor de lo que estaba hace ocho años», incluyendo la expansión de Estado Islámico, frente al que EE UU no ha sido capaz de oponer una estrategia verdaderamente eficaz. Aún reconociendo el condicionante de la herencia de Bush, Álvarez-Ossorio no duda en hablar de «gran decepción», tras un principio que parecía esperanzador, «gracias al discurso en El Cairo, o al hecho de que se dejase caer a Mubarak en Egipto».
Sin embargo, teniendo en cuenta las duras críticas recibidas por Bush a causa de su intervencionismo en la región, ¿qué opciones reales tenía Obama? «Podía haber explorado más otras alternativas, basadas en una diplomacia más coherente y en el multilateralismo, en buscar otros actores», explica Álvarez-Osorio. «El intervencionismo militar no es la única opción, pero es difícil ganar credibilidad cuando tus principales aliados siguen siendo países autocráticos, o cuando el distanciamiento de gobiernos como el saudí o el israelí es tan tibio».
El mayor logro conseguido por la administración de Obama en Oriente Medio es, sin duda, la consecución del acuerdo con Irán, un acuerdo que permitió controlar la escalada nuclear en este país y levantar las sanciones impuestas a Teherán; que, en cualquier caso, no es atribuible en exclusiva a la diplomacia estadounidense, y que está pendiente ahora de lo que pueda hacer con él el nuevo presidente Trump.
Junto con el acuerdo nuclear con Irán, el otro gran momento del mandato de Obama en política exterior ha sido la normalización de las relaciones con Cuba, un proceso cuya primera fase culminó en el histórico apretón de manos en La Habana entre el presidente estadounidense y el cubano, Raúl Castro, en marzo de 2016. Era la primera vez en 88 años que un mandatario de EE UU visitaba la isla, un gesto comparable, en significación histórica, a la visita que Obama hizo también a Hiroshima, la primera de un presidente estadounidense a la ciudad japonesa arrasada por la primera bomba atómica hace 50 años.
No obstante, tampoco aquí el éxito es atribuible tan solo a Obama. La situación de cierto aperturismo en la isla tras la retirada de Fidel Castro del poder, y el final de los años duros de George W. Bush fueron factores fundamentales. Y no hay que olvidar que, al igual que en lo referente a Irán, el nuevo presidente, Trump, tendrá la autoridad ejecutiva de revertir las propuestas diplomáticas de Obama para con la isla, incluyendo la relajación de las sanciones y las restricciones de viaje. Trump, de momento, mantiene abiertas «todas las opciones».
Con otro de los tradicionales antagonistas de EE UU, Corea del Norte, las cosas no han ido tan bien, aunque, en este caso, ha sido la postura aislacionista y beligerante del régimen dictatorial de Pionyang la que no ha contribuido, precisamente, a allanar el camino. La tensión nuclear, las provocaciones a los vecinos y los ensayos armamentísticos han seguido incrementándose, y los conatos de diálogo parecen haber pasado a mejor vida.
«Cuando Obama fue elegido en 2008 se generó una gran expectación en Europa», comenta a 20minutos.es Carlota García Encina, investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid: «Parecía, sobre todo en comparación con los años de Bush, que se iniciaba una nueva relación transatlántica, pero la generación de Obama no se siente tan ligada al Viejo Continente como las anteriores y, aunque en un primer momento el trato fue cordial, EE UU empezó a mirar cada vez más a Asia y a los países emergentes, y a dejar claro su deseo de que los países europeos se fuesen haciendo cargo de su propia defensa», añade.
Esta cierta distancia, no obstante, ha ido evolucionando a lo largo de todo el mandato, especialmente ante la magnitud de problemas globales como el terrorismo o la llegada masiva de refugiados, o debido a situaciones de crisis como la guerra en Ucrania. García Encina señala, en este sentido, que «Obama fue cada vez más consciente de que necesitaba una Europa fuerte, de que no existe una alternativa, y de que estadounidenses y europeos son quienes siguen haciéndose cargo de la mayoría de los problemas del mundo». «Por eso», agrega, «Obama ha venido insistiendo, sobre todo al final de su presidencia, en la necesidad de ‘más Europa’ [cuando apoyó la opción contraria al brexit, por ejemplo], y de una Europa más activa que reactiva».
La relación con el otro lado del Atlántico, sin embargo, ha estado marcada por la creciente tensión, cuando no enemistad directa, con la Rusia de Putin. Como recuerda García Encina, los planes de Obama para mejorar las relaciones con Moscú (ese «volver a empezar» que se propuso al inicio de su segundo mandato) se vieron truncados por la guerra en Ucrania y la anexión rusa de Crimea en 2014, y, especialmente, por el apoyo del Kremlin al régimen sirio de Bashar al Asad. Tras las acusaciones a Moscú de haber intervenido en la campaña electoral estadounidense, y a pesar del ‘idilio’ político entre Vladimir Putin y Donald Trump, restablecer una mínima normalidad entre ambas potencias no va a ser tarea fácil.
Antes de ser elegido presidente, Obama, quien llegó a ser acusado de «proteccionista encubierto» por su primer rival electoral, el republicano John McCain, se había mostrado partidario, en general, del libre comercio mundial, si bien matizando que «no todos los acuerdos son buenos». Al término de su mandato, el balance en este sentido es más bien pobre, con solo tres acuerdos implementados exitosamente (Panamá, Colombia y Corea del Sur), algo no necesariamente negativo para los detractores de este tipo de tratados, tanto desde la derecha más proteccionista («roban trabajo a los locales y favorecen a las empresas extranjeras»), como desde el activismo izquierdista («contribuyen a aumentar el poder de las grandes corporaciones frente a los gobiernos, y minan los derechos sociales y laborales»).
Los dos grandes objetivos de su administración fueron el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP). El TPP, firmado en febrero de 2016 por 12 países que, juntos, representan el 40% de la economía mundial, todavía no ha sido ratificado y, teniendo en cuenta que Trump ha anunciado la retirada estadounidense del mismo, su futuro es, siendo optimistas, incierto. Mientras, el TTIP, la controvertida propuesta de libre comercio entre EE UU y la UE, sigue negociándose, pero está siendo abandonada por cada vez más políticos a ambos lados del Atlántico. «A diferencia de lo que ocurre en Europa», indica García Encina, «el TTIP no está en el debate público en EE UU; es un asunto de Washington».
Obama llegó al poder en mitad de una crisis económica descomunal, cuyos efectos aún siguen sufriéndose en medio mundo. Con más de 9 millones de parados, el desempleo afectaba al 6,7% de la población activa; la deuda pública superaba los 10.600 millones de dólares; la industria financiera estaba a un paso del colapso, y 700.000 millones de dólares eran dedicados a gasto militar. Grandes empresas habían quebrado, la confianza de los inversores era prácticamente inexistente, había decrecido alarmantemente la capacidad adquisitiva y, por tanto, el consumo; la industria automovilística (uno de los motores del país) estaba en coma, y el déficit presupuestario alcanzaba un registro histórico de 483.000 millones de dólares, sin contar con los 700.000 millones del erario público destinados a rescatar, principalmente, a los bancos y entidades financieras a la vez causantes y víctimas de buena parte de la crisis.
Al inicio de su primer mandato, Obama impulsó un importante paquete de estímulo económico y una serie de reformas legales y financieras que, poco a poco, han ido dando frutos. Su gobierno supervisó la salvación de General Motors, implementó un Programa de Viviendas Asequibles que evitó que millones de propietarios perdieran sus casas al permitirles refinanciar sus hipotecas, y negoció un acuerdo que anuló muchos de los recortes de impuestos aprobados en la era de George W. Bush, a cambio de congelar el gasto general, e incluyendo importantes medidas fiscales como la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009.
Ocho años después, el desempleo ha caído al 4,6%, el nivel más bajo desde 2007, y la creación de puestos de trabajo sigue estable, con 178.000 nuevos empleos registrados el pasado mes de noviembre. Además, y pese a que Obama no ha conseguido avances en su empeño por aumentar el salario mínimo federal (el Congreso, dominado por los republicanos, se ha opuesto sistemáticamente), o a que el poder adquisitivo sigue sin alcanzar los niveles esperados (el ingreso de los hogares en 2015 seguía siendo inferior al de 2007), los sueldos, en general, han empezado a recuperarse (aunque sigue existiendo desigualdad entre hombres y mujeres), y el mercado de valores está alcanzando nuevos máximos.
Según un informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, el crecimiento de los salarios reales ha sido en estos últimos años el más rápido desde principios de la década de los setenta, y en el tercer trimestre de 2016, la economía estadounidense creció un 11,5% por encima del máximo registrado antes de la crisis, con la renta per capita situada un 4% sobre los niveles anteriores a 2009.
La reforma del sistema sanitario estadounidense fue, desde un principio, la gran apuesta de Barack Obama, y también el principal blanco de los ataques al presidente provenientes de los sectores más conservadores. Su implementación, aunque fuese rebajando en parte sus ambiciosos planes iniciales, ha sido, según él mismo, su gran legado. Su futuro, considerando que Trump ha prometido hincarle el diente («suspenderla» y «aprobar una propuesta mejor») nada más asumir la presidencia, está en el aire.
Básicamente, el llamado Obamacare, el paquete de reformas sanitarias aprobado en 2010, tiene como objetivo permitir un mayor acceso de los ciudadanos al sistema de salud, en un país donde no existe una sanidad pública como tal. Los estadounidenses pueden ahora comprar seguros médicos federalmente regulados y subsidiados por el Estado, lo que ha permitido que el porcentaje de personas sin protección se haya reducido del 15,7% (un total de 30 millones) en 2011 al 9,1% en 2015.
La ley, por ejemplo, prohíbe a las compañías de seguros tener en cuenta condiciones preexistentes, y les exige otorgar cobertura a todos los solicitantes, ofreciéndoles las mismas tarifas sin importar su estado de salud o su sexo. Además, aumenta las subvenciones y la cobertura de Medicaid, el programa de seguros de salud del Gobierno.
La reforma, sin embargo, ha tenido que convivir con serios problemas, incluyendo el hecho de que varios estados gobernados por republicanos se han negado a aplicar su parte, o graves dificultades informáticas que fueron ampliamente divulgadas por la prensa y utilizadas por la oposición, disparando las críticas de sus detractores.
La reforma migratoria fue, junto con la sanitaria, la otra gran promesa de Obama durante la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca en 2008, pero sus esfuerzos por que el Congreso la sacase adelante cayeron una y otra vez en saco roto. Finalmente, nada más ser reelegido, el presidente anunció que no estaba dispuesto a seguir esperando, y que aprobaría una serie de medidas por decreto (acción ejecutiva). Lo hizo, finalmente, y entre las airadas críticas de los republicanos, en 2014.
Esta ‘minireforma’ no afectaba a aspectos como la ciudadanía o la residencia permanente (Obama no podía llegar tan lejos, con la ley en la mano), pero sí permitía regularizar la situación de cerca de la mitad de los inmigrantes indocumentados que residen en el país (unos cinco millones, de un total de 11 millones de ‘sin papeles’). En concreto, la reforma afectaba a aquellos que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, y que pueden demostrar que llevan en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales. La ley está ahora suspendida por una larga batalla legal en la que se ha cuestionado su constitucionalidad.
Por otro lado, la dura y xenófoba retórica anti-inmigración del presidente electo, Donald Trump, ha hecho olvidar a menudo que la administración de Obama ostenta el récord de deportaciones de EE UU hasta la fecha, con una media de 400.000 al año. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno de Obama deportó a cerca de 2,5 millones de inmigrantes entre 2009 y 2015. El mayor número de deportaciones se produjo en 2012, cuando fueron expulsadas 410.000 personas, alrededor del doble que en 2003. Un informe de 2013 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU señalaba que alrededor de 369.000 inmigrantes irregulares fueron deportados durante ese año. La mayoría de los deportados, 241.493, eran mexicanos.
Las afirmaciones de Donald Trump según las cuales la criminalidad en EE UU está «peor que nunca» son falsas. Es cierto que en algunas grandes ciudades ha crecido la tasa de homicidios, pero, en general, los índices de delincuencia han bajado de forma constante durante los ocho años de gobierno de Barack Obama, uno de cuyos grandes objetivos (no cumplido del todo) ha sido la reforma del sistema de justicia penal y, en especial, intentar acabar con la discriminación racial que conlleva actualmente.
Como destaca la BBC en un repaso al legado de Obama en este aspecto crucial de la política doméstica, en 2010 el presidente firmó la llamada Acta de Sentencias, con la que se equiparararon las penas por posesión de crack y de cocaína en polvo. Hasta entonces, los castigos para los condenados por lo primero, la mayoría ciudadanos afroamericanoss, eran muy severas. En ese mismo año, Obama firmó otra ley que establece que el tiempo mínimo de prisión obligatoria por posesión de cocaína, que suele implicar desproporcionadamente a delincuentes de raza negra, sea más acorde con las penas de cocaína en polvo.
En enero de 2016, por otra parte, Obama tomó una serie de medidas ejecutivas destinadas a limitar el uso del aislamiento en las cárceles federales y proporcionar un mejor trato a los reclusos con enfermedades mentales. También ha utilizado su poder presidencial para conmutar las penas por drogas a más de 1.000 infractores no violentos, y ha apoyado una política del Departamento de Justicia que dio lugar a la liberación anticipada de unos 6.000 reclusos.
Su gran frustración, no obstante, ha sido no poder lograr un mayor control sobre la posesión de armas de fuego. Tras la matanza de la escuela primaria de Sandy Hook en Connecticut, el 14 de diciembre de 2012, Obama pidió mayores restricciones, algo en lo que ha insistido desde entonces, públicamente, varias veces. Sin embargo, debido al poder de presión de lobbies como la Asociación Nacional del Rifle, y a la oposición del ala más conservadora del Congreso, al final no ha podido promulgar nuevas políticas importantes al respecto.
Antes de ser elegido por primera vez, Obama prometió que cerraría la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, lo antes posible. De hecho, en la primera semana tras su toma de posesión (el segundo día, para ser exactos), el nuevo presidente firmó un decreto que contemplaba la clausura definitiva, «en menos de un año», de esta prisión militar, un complejo penitenciario fuera de la ley por el que habían pasado entonces casi 800 hombres, considerados por EE UU «combatientes enemigos ilegales»; la mayoría de ellos, acusados de pertenecer a los talibanes o a Al Qaeda, algunos sometidos a torturas, y ninguno con el derecho reconocido a un juicio previo o a la representación de un abogado. Ocho años después, y aunque con menos prisioneros (45 en la actualidad, frente a los 242 reos que había en 2009), el gran símbolo de la ‘guerra contra el terror’ de George W. Bush sigue abierto.
A lo largo de estos ocho años, Obama ha intentado en numerosas ocasiones hacer efectivo el cierre de la prisión, pero se ha encontrado una y otra vez con el rechazo y las restricciones del Congreso, reacio, principalmente, al traslado a suelo estadounidense de prisioneros que supondría la clausura de la base. En respuesta, la administración de Obama ha ido llevando a cabo un plan de transferencia de prisioneros a otros países, pero no ha sido suficiente.
Obama llegó a la Casa Blanca con una agenda medioambiental muy clara y es justo reconocer que ha tratado de cumplirla. El presidente ha intentado impulsar las energías renovables, promoviendo la construcción de más plantas solares y tomando medidas para modernizar la industria y hacerla menos dependiente del carbón. También prohibió perforaciones petroleras en el Atlántico y el Ártico, y participó activamente en el debate internacional sobre el calentamiento global, contribuyendo de forma determinante a la negociación del gran acuerdo para combatir el cambio climático que 195 países firmaron durante el COP21 en París, en diciembre de 2015.
Este acuerdo, ratificado por EE UU (y amenazado ahora por la postura en contra de Trump), estableció una serie de nuevas regulaciones que controlan la contaminación de las centrales eléctricas de carbón y limitan la minería del carbón y la perforación de petróleo y gas, tanto en tierras continentales como en aguas costeras.
Además, el presidente estadounidense hizo uso de su autoridad ejecutiva para designar un total de 548 millones de acres (más de 2,2 millones de Km²) de territorio como hábitat protegido, más que cualquier presidente anterior.
Obama, sin embargo, dejó pasar también oportunidades importantes. A principios de su mandato, cuando los demócratas tenían aún mayoría, el Congreso llegó a aprobar un estricto programa para controlar las emisiones de carbono. El Senado, sin embargo, dio prioridad a las reformas financiera y sanitaria, y, para cuando la ley volvió al Congreso, los demócratas estaban ya en minoría.
Publicado originalmente en 20minutos
Al 44º presidente de los Estados Unidos se le podrán reprochar muchas cosas, pero la falta de optimismo no es una de ellas. Cuando el pasado día 11, de vuelta en su querida Chicago, Barack Obama se despidió del pueblo… Leer
«Cuando hablamos del problema de los refugiados usamos un lenguaje deshumanizado que reduce la tragedia a números y estadísticas. Pero este sufrimiento afecta a personas reales, personas que, como nosotros, tienen familias, seres queridos, amigos, historias, sueños, objetivos… Solo cuando nos sentamos en frente de alguien concreto y le miramos a los ojos dejamos de ver un refugiado anónimo, un inmigrante más, y empezamos a ver al ser humano que tenemos delante, un ser humano que, como nosotros, ama, sufre sueña…».
Asi describe Amnistía Internacional su recién publicado, y emotivo, vídeo Look Beyond Borders, 4 Minutes Experiment (Mira más allá de las fronteras, un experimento de cuatro minutos), elaborado por la sección polaca de esta organización, algo que resulta especialmente significativo teniendo en cuenta el rechazo a los refugiados del actual gobierno de Polonia.
«Hace 20 años —explican los autores— el psicólogo Arthur Aron descubrió que cuatro minutos de contacto visual directo puede acercar a dos personas más que ninguna otra cosa. Basándonos en esta experiencia, decidimos llevar a cabo un sencillo experimento, en el que refugiados y ciudadanos europeos se sientan unos en frente de otros y se miran a los ojos. Resulta obvio que el tiempo que dedicamos a los demás es fundamental para comprender y conocer al otro».
El experimento se realizó en Berlín, una ciudad, que, por un lado, y según destacan los autores del vídeo, «simboliza la superación de las divisiones», y, por otro, «parece haberse convertido en el centro de la Europa contemporánea».
Los participantes en el experimento, continúan sus responsables, fueron personas corrientes que no se habían visto nunca antes: «las situaciones no fueron preparadas; queríamos que todo fuese natural, con reacciones espontáneas».
La mayoría de los refugiados que aparecen en el vídeo proceden de Siria y llegaron a Europa hace menos de un año.
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Con los brutales ataques terroristas de Bruselas y Lahore aún en la retina, medio centenar de líderes mundiales se reunieron esta semana en Washington para tratar de avanzar en el control de las armas nucleares, en una cumbre que al final se centró en la necesidad de dar una respuesta a la amenaza de que parte de ese devastador arsenal caiga en manos de grupos como Estado Islámico.
La cuarta Cumbre sobre Seguridad Nuclear (convocada, como las tres anteriores, por el presidente estadounidense, Barack Obama) se celebró, no obstante, con la previsible tara que supusieron las ausencias de algunos de los países que más tienen que decir en este asunto. La silla vacía más notable fue la de Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, decidió no acudir a la cita alegando una «falta de cooperación» durante los preparativos de la reunión.
Tampoco estuvo, aunque nadie la esperaba, Corea del Norte, cuyos constantes ejercicios militares, ensayos nucleares y comunicados amenazantes llevan teniendo en jaque al mundo en general, y a la región asiática del Pacífico en particular, desde los años noventa, y que aprovechó el encuentro, además, para lanzar un misil antiaéreo al mar (el sexto en un mes). Irán, recién salido del ‘eje del mal’ tras el acuerdo nuclear alcanzado en julio de 2015, y Bielorrusia, una ex república soviética que albergó ojivas nucleares hasta 1996, fueron los otros ausentes.
A pesar de los avances registrados en estos últimos años, el objetivo de conseguir un mundo sin más armas nucleares que se fijó Obama al inicio de su primer mandato (una de las razones por las que recibió el Nobel de la Paz) sigue todavía muy lejos. Y, si bien es cierto que el final de la Guerra Fría tras la caída de la Unión Soviética acabó con el temor a que un enfrentamiento nuclear entre las dos superpotencias terminase, literalmente, con la vida en el planeta tal y como la conocemos, un cuarto de siglo después la amenaza del uso de armas atómicas, con su apocalíptica capacidad de destrucción masiva, sigue ahí. Y, lo que es peor, a día de hoy nadie apuesta ya realmente por el desarme global.
En primer lugar, por la imposibilidad de ‘convencer’ a países como India y Pakistán —en los que el arsenal nuclear juega un papel fundamental en el equilibrio de su rivalidad—, Corea del Norte, o incluso Israel, que, aunque oficialmente ni lo confirma ni lo desmiente, pocos dudan de que tiene armas nucleares. Pero, sobre todo, por el poco interés que tienen en ello tanto Rusia como Estados Unidos.
Obama acaba de anunciar la mayor modernización del arsenal nuclear estadounidense desde la presidencia de Ronald Reagan, con una inversión de cerca de 900.000 millones de euros en las próximas tres décadas, en un proyecto que prevé mejorar las bombas y desarrollar nuevos sistemas para lanzarlas. Y el Kremlin, que está construyendo asimismo nuevas armas para sustituir a las antiguas, incluye en su cada vez más notoria política de distanciamiento de Occidente el rechazo a que las reglas sobre las armas atómicas se dicten en la Casa Blanca. Moscú sigue insistiendo en que sea el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), dependiente de la ONU, quien marque el paso, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que esta institución se limita a controlar a los países que aún no disponen de tecnología para fabricar bombas atómicas, y no a los que ya las poseen.
De hecho, la cumbre de Washington asumió de algún modo la renuncia al objetivo ideal del desarme, al poner el acento en el control del arsenal actual, más que en su eliminación definitiva, un control que, en cualquier caso, parece más necesario que nunca: toneladas de material nuclear y radiactivo se encuentran aún en instalaciones civiles consideradas poco seguras (centros de investigación, hospitales, centrales energéticas), y la posibilidad de que acaben en manos de «actores no estatales» (grupos terroristas, traficantes, mercado negro), es real.
Ese fue precisamente el gran peligro surgido tras el final de la Guerra Fría, la posibilidad de que todo o parte de ese plutonio y uranio que ya no controlan los estados pudiera llegar a ser utilizado por grupos terroristas con la suficiente capacidad técnica como para fabricar bombas (las llamadas «bombas sucias», por ejemplo) y atentar con ellas, sin los controles y ni la presión a los que, al menos en teoría, puede someter la comunidad internacional a países como Corea del Norte o Irán.
Durante décadas, la acumulación de armamento nuclear por parte de EE UU y la entonces Unión Soviética se produjo en el marco de una guerra disuasoria, en la que la utilización por parte de cualquiera de los dos garantizaba la destrucción total de ambos. Ahora, como recuerda el periodista Marc Bassets, «no es previsible que ni Al Qaeda ni el ISIS dejen de lanzar una bomba porque sus rivales puedan usarla en respuesta».
Las claves de lo acordado en la cumbre y de la amenaza del terrorismo nuclear, en preguntas y respuestas:
La Cumbre de Seguridad Nuclear se celebra cada dos años desde 2010 por iniciativa del presidente de EE UU, Barack Obama, quien prometió al comienzo de su primer mandato convertir en una prioridad la no proliferación nuclear e instó a la comunidad internacional a avanzar hacia «un mundo libre de armas atómicas», durante un discurso en Praga en 2009.
A Obama le queda menos de un año en el poder, por lo que esta cumbre, de dos días de duración (los pasados jueves y viernes), ha sido la última en su formato actual. Se desconoce si el próximo presidente o presidenta estadounidense, que llegará a la Casa Blanca en enero de 2017, querrá continuar con este proceso multilateral.
Los líderes de medio centenar de países, entre ellos, y además del propio Obama, el presidente francés, François Hollande; el de China, Xi Jinping; el de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; el de México, Enrique Peña Nieto; el de Argentina, Mauricio Macri; la de Chile, Michelle Bachelet; el primer ministro británico, David Cameron; el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-Hye.
Rusia, el país con el mayor arsenal nuclear del mundo, decidió no asistir por considerar que hubo «falta de cooperación al elaborar la agenda» del encuentro, según explicó el miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Su ausencia ha dificultado el alcance de grandes acuerdos sobre seguridad nuclear, pero la Casa Blanca confía en que la cita haya servido para aumentar la coordinación internacional en la lucha contra Estado Islámico, para tomar mayor conciencia de la posibilidad de que éste u otros grupos terroristas obtengan un arma nuclear, y para empezar a adoptar medidas al respecto.
Al término de la cumbre, no obstante, Obama no ocultó su decepción por la ausencia de Rusia: «Dado que Putin impuso una visión que enfatiza el poder militar por encima del desarrollo dentro de Rusia y la diversificación de la economía, no hemos visto el tipo de avances con Rusia que habría esperado», dijo.
Estados Unidos y Rusia concentran el 90% del arsenal nuclear del mundo.
El viernes, Obama instó a los líderes mundiales a proteger las instalaciones nucleares vulnerables para impedir que los «locos» de grupos como Estado Islámico accedan a armas atómicas o a bombas radiactivas. En su discurso, el presidente estadounidense aseguró que el mundo se enfrenta a una «persistente amenaza de terrorismo nuclear», que está evolucionando a pesar de los progresos en reducir este tipo de riesgos. «No podemos ser autocomplacientes», advirtió.
Si bien Obama aseguró que, de momento, ningún grupo ha tenido éxito a la hora de obtener materiales nucleares, también dijo que Al Qaeda estuvo «mucho tiempo» detrás de ellos, y mencionó acciones llevadas a cabo por miembros del grupo yihadista Estado Islámico, que plantean «preocupaciones similares». En este sentido, los atentados de Bruselas y, anteriormentre, París, han elevado la preocupación de que Estado Islámico (el grupo que reivindicó los ataques) pueda asaltar centrales nucleares con el fin de robar material y poder desarrollar bombas radiactivas.
«No hay ninguna duda de que si esos locos tienen alguna vez en sus manos una bomba nuclear o material nuclear, lo usarán para matar al mayor número posible de personas inocentes», señaló Obama. «Eso cambiaría nuestro mundo», añadió.
En los últimos años, y según indicó el presidente, se han reducido considerablemente los riesgos de robo y tráfico de material nuclear (EE UU y Japón, por ejemplo, han completado la tarea de eliminar todo el uranio altamente enriquecido y separar los combustibles de plutonio de un reactor japonés), pero Obama admitió asimismo que una parte de las 2.000 toneladas almacenadas en todo el mundo «no está debidamente protegida». De hecho, la seguridad en los silos nucleares de EE UU ha sido objeto de críticas.
Como primera medida, Obama anunció el viernes que hará público el arsenal nuclear estadounidense por primera vez en una década, así como una «descripción detallada» de las medidas de seguridad que toman las Fuerzas Armadas estadounidenses para protegerlo.
En principio, y según detalla el Centro de Estudios para la No Proliferación, los terroristas podrían desde robar directamente un arma nuclear en una instalación militar de alguno de los países que disponen de ellas, hasta atacar o sabotear una central nuclear, colocar un explosivo en una instalación, o robar o comprar ilegalmente material radiactivo de uso civil para fabricar una «bomba sucia» (artefactos explosivos relativamente baratos de fabricar, y capaces de diseminar elementos radiactivos en la atmósfera). Entre 1993 y 2011, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) detectó 2.164 casos de pérdida, robo o desaparición de materiales nucleares que podrían ser empleados para fabricar este tipo de bombas.
Construir un arma nuclear no es fácil, pero fabricar una bomba similar a la que destruyó Hiroshima es «muy posible dentro de las capacidades de un grupo terrorista avanzado», según advertía hace ya unos años Matthew Bunn, profesor adjunto en la Escuela John Kennedy de la Universidad de Harvard (EE UU). «Existe una enorme diferencia entre la dificultad de producir armas seguras y confiables para usar en un proyectil o avión de guerra, y fabricar armas inseguras y no confiables para transportar en un camión», indicaba.
Los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks revelaron, por ejemplo, la gran fragilidad de los controles sobre el personal implicado en el programa nuclear paquistaní, lo que en su día llevó a Washington a dar al problema prioridad estratégica, con el fin de evitar que empleados «radicales» accedan a las instalaciones.
El periodo de mayor descontrol sobre el armamento nuclear ocurrió tras la caída de la Unión Soviética, en 1991, cuando sus bases nucleares en Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania quedaron en una situación de gran vulnerabilidad. Además, muchos científicos perdieron su empleo y buscaron una salida laboral en otros países, llevándose consigo algunos de ellos el conocimiento y los archivos necesarios.
En un informe que elaboró para la revista Technology Review, el analista estadounidense de seguridad nacional especializado en armas nucleares Graham Allison indicó que «si los gobiernos no hacen más de lo que están haciendo actualmente, las posibilidades de que ocurra un ataque terrorista con armas nucleares contra una de las grandes ciudades occidentales en el plazo de una década son de más del 50%».
El uranio altamente enriquecido es el que presenta una pureza igual o superior al 85%, lo que permite utilizarlo para fabricar bombas atómicas. Actualmente, un total de 31 países se han declarado libres de este mineral, incluyendo todos los de Latinoamérica y el Caribe, según anunciaron al comienzo de la cumbre de Washington.
Desde la última cumbre de Seguridad Nuclear, diez países han destruido todo su uranio altamente enriquecido (en total, 400 kilos).
La mayoría de los expertos cree que más bien poco, aunque es verdad que el objetivo de la cumbre no era tanto realizar grandes anuncios o alcanzar compromisos novedosos, como hacer balance y fijar las líneas por las que debería guiarse la seguridad nuclear en los próximos años.
En general, la cumbre ha conseguido dar una mayor relevancia a la amenaza del terrorismo nuclear, pero, de momento, no se han estudiado fórmulas concretas para hacerle frente, algo muy complicado de lograr sin que exista una coordinación efectiva entre Rusia y Estados Unidos.
Tampoco se han abordado suficientemente casos que suscitan especial preocupación, como el de Pakistán, uno de los países que reconoce oficialmente poseer armas nucleares, y que sigue inmerso en una situación política muy inestable y de grave violencia, con una creciente presencia y actividad talibán y un protagonismo cada vez mayor del ejército en el Gobierno.
En cuanto a Corea del Norte, al menos China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo bilateral durante la cumbre, por el que se comprometen a trabajar conjuntamente para tratar de prevenir que Pyongyang, que dispone ya de la capacidad de instalar pequeñas bombas nucleares en misiles, realice nuevas pruebas pruebas de lanzamientos.
Según el presidente estadounidense, desde la primera cumbre se han hecho «progresos importantes», como la firma de un nuevo tratado START de desarme entre EE UU y Rusia para que las ojivas nucleares que poseen estén en 2018 en su nivel más bajo desde la década de 1950, la eliminación o retirada de más de tres toneladas de uranio enriquecido o plutonio, mejoras en la seguridad de instalaciones que albergan combustible nuclear, o la instalación de equipos para detectar radiaciones en más de 300 pasos fronterizos, aeropuertos y puertos marítimos.
Algunos expertos, no obstante, consideran que Obama solo ha conseguido una parte de lo que se propuso, dada la falta de consenso para alcanzar un tratado global vinculante sobre desarme nuclear.
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Con los brutales ataques terroristas de Bruselas y Lahore aún en la retina, medio centenar de líderes mundiales se reunieron esta semana en Washington para tratar de avanzar en el control de las armas nucleares, en una cumbre que al… Leer
El pasado martes tuvimos ocasión de charlar un rato sobre Estado Islámico y la situación en Siria tras los ataques de París, en el programa Buenos Días Canadá, que dirige y presenta Keiter Feliz en la emisora de radio de Toronto 360FM. Muchas gracias a Keiter por la invitación y por mencionar el blog.
El pasado martes tuvimos ocasión de charlar un rato sobre Estado Islámico y la situación en Siria tras los ataques de París, en el programa Buenos Días Canadá, que dirige y presenta Keiter Feliz en la emisora de radio de Toronto 360FM. […]
«La paz perpetua no es un concepto vacío, sino una idea práctica que, mediante soluciones graduales, se va acercando poco a poco hacia su realización final». La frase, del filósofo alemán Immanuel Kant, encabeza, más como un deseo que como una realidad, la sección que la página web Global Security dedica a registrar las guerras activas en el mundo. Se trata de un control que realizan de manera exhaustiva numerosos sitios en Internet (Wars in the World, ConflictMap, Global Conflict Tracker, Armed Conflict Database…). Ninguno de ellos tiene problemas por escasez de contenido.
A pesar de que actualmente no existe ninguna guerra activa declarada de forma oficial entre Estados diferentes, al menos 13 países sufren ahora mismo conflictos armados. Otros muchos padecen desde hace años e incluso décadas situaciones de grave violencia (la causada por el narcotráfico en México, por ejemplo, con decenas de miles de muertos), o realidades bélicas no resueltas aún y calificadas, según el momento, como conflictos de «alta» o «baja» intensidad (la guerra en Colombia, ahora en un frágil proceso de paz).
No obstante, el número de muertos en el mundo como consecuencia directa de las guerras tiende a ser cada vez menor, si nos remontamos lo suficientemente atrás y, especialmente, desde el final de la Guerra Fría. Entre 1950 y 2007 la media fue de 148.000 muertos al año en combates (sin contar las víctimas civiles); entre 2008 y 2012 esta cifra bajó a 28.000. Aún así, en 2013, y según datos del International Institute for Strategic Studies, los conflictos armados causaron en todo el planeta un total de 112.900 muertes (civiles incluidos), alrededor de 3.600 más que el año anterior. Los fallecidos por conflictos armados suponen alrededor del 10% del total de muertes violentas, una categoría que incluye homicidios y suicidios.
Ucrania y Gaza, seguidas de cerca por Irak, están acaparando en las últimas semanas la atención informativa, pero la guerra sigue siendo el día a día de millones de personas en otras partes del mundo cuyo olvido por parte de los medios de comunicación es poco menos que permanente. Son las guerras (Nigeria, República Centroafricana, Congo, Sudán del Sur…) a las que solo nos asomamos en ocasiones extremas, o cuando afectan a ciudadanos o intereses occidentales. Y eso sin contar otras situaciones de violencia estructural y continua que ejercen tantos Estados contra sus ciudadanos, y que no son consideradas técnicamente como «guerras».
Estos son los principales conflictos armados activos en este momento:
» El conflicto. La crisis actual es el desenlace de una tensión que fue en aumento desde que el 30 de junio se confirmó que habían sido asesinados tres jóvenes israelíes secuestrados semanas antes en Cisjordania, y cuya búsqueda dejó a su vez seis palestinos muertos, 118 heridos y 471 detenidos. Sin pruebas concluyentes, el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu acusó del secuestro a Hamás, que negó estar implicada. La situación se agravó cuando dos días después ultranacionalistas judíos se vengaron quemando vivo a un joven palestino en Jerusalén. El hostigamiento de Israel a la estructura de Hamás durante la búsqueda de los estudiantes israelíes acabó traduciéndose en el lanzamiento de cohetes desde Gaza contra territorio israelí, lo que llevó al Gobierno de Netanyahu a desencadenar una nueva ofensiva contra la franja, iniciada el pasado día 7. De fondo, el fracaso de las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes, que Israel dio por concluidas tras el pacto de reconciliación alcanzado por Hamás (gobernante en Gaza y considerada un grupo terrorista por Israel y muchos países occidentales) y Al Fatah (gobernante en Cisjordania y a cargo de la Autoridad Nacional Palestina). Israel, respaldado por EE UU, justifica el ataque en su «derecho a defenderse». Hamás, en su resistencia ante la ocupación y la agresión israelíes.
» Qué está pasado ahora. Después de diez días de intensos bombardeos sobre Gaza y de centenares de cohetes lanzados desde la franja contra Israel (la mayoría sin alcanzar sus blancos o interceptados por el sistema de defensa aérea israelí), Israel inició el jueves una ofensiva terrestre, con el objetivo de destruir los arsenales de cohetes de los milicianos palestinos y los túneles a través de los cuáles realizan éstos incursiones en Israel. Antes, fracasó un intento de alto el fuego propuesto por Egipto. Hamás pone como condiciones el fin del bloqueo (económico y humano) israelí a la franja y la liberación de presos detenidos en cárceles israelíes. Este domingo, Israel accedió a respetar una tregua humanitaria de dos horas al día, tal como había solicitado Hamás, aunque solo en un barrio que ha sido bombardeado por tierra y aire repetidamente, provocando el éxodo de miles de personas, que no saben ya dónde refugiarse.
» Las víctimas. En los 13 días transcurridos desde que se inició la llamada operación Margen Protector han muerto, según cifras oficiales de las autoridades de Gaza, más de 400 palestinos (96 de ellos solo este domingo, la jornada más sangrienta desde el principio de la ofensiva). La mayoría son civiles, y muchos de ellos, niños. Además, desde que comenzó la invasión terrestre, el número de desplazados internos en la franja se ha duplicado, superando ya los 50.000 y desbordando las previsiones de la ONU. En el lado israelí murieron este domingo 13 soldados. Hasta ahora habían fallecido cinco militares y dos civiles israelíes.
Embed from Getty ImagesBombas israelíes sobre Gaza, el 7 de julio. Foto: Said Khatib / AFP / Getty Images
» El conflicto. A mediados de junio, los yihadistas extremistas suníes del EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, por sus siglas en inglés) se hicieron con el control de Mosul, la tercera ciudad más grande de Irak y la más importante de su zona norte, y, en una espectacular ofensiva, empezaron a avanzar hacia Bagdad y los santuarios chiíes de Kerbala y Nayaf, ante la desbandada del ejército regular iraquí. El avance del EIIL, un grupo escindido de Al Qaeda y cuyos métodos son más brutales aún que los de esta organización, provocó la huida de cientos de miles de personas, principalmente hacia el Kurdistán iraquí. La ofensiva se producía después de que los yihadistas se hubieran hecho con buena parte del nordeste de Siria, y con el objetivo de establecer un estado islámico entre los dos países. La violencia sectaria entre suníes y chiíes ha sido una constante en Irak desde la invasión liderada por EE UU que derrocó a Sadam Husein en 2003. El punto máximo se alcanzó durante la guerra civil de 2006-2007, y la tensión volvió a recrudecerse en 2013 debido al resentimiento de la población suní con la mayoría chií (actualmente en el gobierno liderado por Nuri al Maliki), a la que los suníes acusan de practicar una discriminación sistemática. La guerra en Siria también está afectando. Los lazos entre los suníes de Irak y los de Siria son fuertes, y las tribus suníes iraquíes preciben la «opresión chií» como algo general, proveniente tanto del Gobierno iraquí como de la minoría alauí siria (el alauismo, confesión a la que pertenece el presidente sirio, Bashar al Asad, es una rama del islam que comparte prácticas con el chiísmo).
» Qué esta pasando ahora. A finales de junio, y coincidiendo con el inicio del Ramadán, el mes sagrado musulmán, el EIIL, rebautizado como «Estado Islámico», anunció la instauración de un «califato» en el territorio que controla, y por encima de las actuales fronteras. Unos días después, el líder del grupo y autoproclamado «califa», el hasta entonces esquivo Abu Bakr al Bagdadi, realizó su primera aparición pública. Desde entonces, los extremistas han ido imponiendo su interpretación radical de la ley islámica, especialmente en Mosul. Este viernes dieron un ultimátum a los cada vez menos cristianos que quedan en la ciudad, amenazándoles de muerte si no se convierten o pagan un impuesto especial. Miles de cristianos han huido ya hacia la vecina región del Kurdistán iraquí. Y en el resto de Irak, la violencia continúa: este sábado estallaron varios coches bomba en Bagdad, causando la muerte de al menos 26 personas.
» Las víctimas. Desde la invasión de Irak liderada por EE UU en 2003 han muerto en Irak por causas violentas unas 193.000 personas, incluyendo combatientes y civiles. En 2012 hubo casi 4.600 muertos, en 2013 la cifra se disparó hasta los 9.500, y en lo que llevamos de 2014 van ya más de 7.800. El alto comisario de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, informó de que 600.000 iraquíes han sido desplazados a causa de la ofensiva de los militantes suníes. Se suman a otro medio millón de desplazados este año, cuando el grupo yihadista se hizo con el control de varias ciudades en el oeste del país.
» El conflicto. La guerra civil en Siria, que ha entrado ya en su cuarto año, tiene su origen en las protestas contra el régimen del presidente Bashar al Asad que, con el trasfondo de la llamada ‘Primavera árabe’, se iniciaron en marzo de 2011. El Gobierno reprimió con dureza a los manifestantes y lo que había empezado como una protesta pacífica se acabó convirtiendo en una rebelión armada. Los grupos de la oposición, que se han ido formando a lo largo del conflicto, abarcan desde rebeldes de ideología más moderada hasta militantes islámicos extremistas, e incluyen, principalmente, al Ejército Libre Sirio y al Frente Islámico, respectivamente. Operan, también, muchos grupos fuera de control, y en la parte este del país se han ido haciendo fuertes los yihadistas del denominado ahora Estado Islámico. Hasta el momento, y más allá de autorizar la destrucción de armas químicas en Siria, la comunidad internacional no ha intervenido directamente. El régimen de Asad cuenta con el apoyo de Rusia e Irán, mientras que EE UU, Turquía, Arabia Saudí y Catar transfieren armas a los rebeldes. En general, los países occidentales respaldan a la oposición moderada siria.
» Qué está pasando ahora. El 7 de mayo, la ciudad de Homs, uno de los bastiones rebeldes, fue entregada a las tropas gubernamentales bajo una tregua, tras cerca de tres años de brutal asedio gubernamental. El 3 de junio se celebraron elecciones presidenciales en las regiones controladas por el Gobierno. Asad ganó los comicios con el 88,7% de los votos, entre denuncias de fraude y de «farsa» por parte de la oposición. El 14 de junio, las fuerzas gubernamentales se hicieron con el control del pueblo fronterizo de Kasab, recapturando así todos los territorios perdidos previamente en la ofensiva rebelde de Latakia. Por su parte, los rebeldes capturaron Tall al-Gomo, cerca de Nawa, en la Gobernación de Daraa, y volvieron a entrar en la región de Qalamun. Durante su ofensiva en Irak, los yihadistas del EIIL se apoderaron de armas pesadas y equipo del ejercito iraquí, que han empezado a trasladar a Siria. Actualmente, el Gobierno sirio controla entre el 30% y el 40% del territorio del país, y al 60% de la población.
» Las víctimas. La guerra civil en Siria ha dejado hasta el momento más de 150.000 muertos, de los cuales 51.212 son víctimas civiles. El número de refugiados supera ya los tres millones. Ciudades enteras están completamente devastadas y el daño causado al patrimonio histórico y cultural es inmenso. El 40% de la población vive en una situación de crisis. Se han usado armas químicas en repetidas ocasiones, y ambos bandos han sido acusados desde diversas organizaciones y gobiernos de cometer crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos. Se trata del conflicto más brutal de los surgidos a raíz de la ‘Primavera árabe’, y de una de las peores guerras del siglo XXI.
» El conflicto. En Yemen se superponen actualmente cuatro conflictos: el que enfrenta al Gobierno con la guerrilla huthi en el norte del país; las revueltas en la región de Adén, motivadas por el escaso desarrollo del antiguo Yemen del Sur; las protestas cívicas de la ‘Primavera árabe’ (que, tras la firma de un acuerdo, forzaron la salida del presidente Alí Abdullah Saleh, después de 33 años en el poder), y la presencia de los grupos armados yihadistas asociados a Al Qaeda. Uno de estos grupos, Ansar al Sharía tomó a mediados de 2011 el control de una parte del sur del país, y llegó a declarar la instauración de un emirato islámico en la provincia petrolera de Shabua. Restablecida la estabilidad gubernamental en el país tras la crisis provocada por la salida de Saleh, desde febrero de 2012 el nuevo gobierno redobló su ofensiva contra las bases de Al Qaeda, causando centenares de muertos en el sur, a la vez que se produjo un incremento en la actividad terrorista de este grupo. Yemen es, después de Pakistán, el país donde EE UU realiza más ataques con drones (aparatos aéreos teledirigidos, no tripulados).
» Qué está pasando ahora. Esta semana se han recrudecido los enfrentamientos entre rebeldes chiíes y miembros de tribus islamistas del norte del país. Los rebeldes huthi, pertenecientes a una secta chií, han estado combatiendo contra rivales suníes islamistas de una de las tribus más grandes de Yemen (respaldada por una unidad local del ejército), en la provincia de Jouf.
» Las víctimas. Durante los 10 meses de 2011 que duraron las protestas contra Saleh hubo al menos 746 muertos en enfrentamientos entre leales al presidente y fuerzas de seguridad y los opositores. Por otra parte, en las ciudades bajo control de Al Qaeda se ha impuesto un interpretación estricta de la ley islámica, con detenciones arbitrarias y ejecuciones, lo que ha provocado grandes desplazamientos de población civil. Cientos de personas han muerto en atentados terroristas: los más graves: el 21 de mayo de 2012 en la capital, Saná (83 muertos), el 4 de agosto en Abyan (33 muertos), y el 5 de diciembre de 2013 de nuevo en Saná (68 muertos). Los combates en el norte, entre tanto, han dejado más de un centenar de muertos solo en este mes de julio.
» El conflicto. El final del régimen comunista impuesto por la invasión soviética de los años ochenta dejó un país en guerra civil entre las diferentes facciones de muyahidines. Al amparo de Pakistán, surgió entonces el movimiento fundamentalista islámico talibán, que acabó haciéndose con el poder. La negativa talibán a entregar a Osama Bin Laden tras los atentados del 11-S motivó una intervención internacional liderada por EE UU que depuso al régimen integrista. En 2004 Hamid Karzai fue elegido presidente, con el reto de extender el poder del Gobierno más allá de la capital, Kabul, con la ayuda de una fuerza internacional integrada por 48 países. La espiral de violencia, sin embargo, no cesó. El deterioro de la seguridad fue el argumento que esgrimió a finales de 2009 el presidente estadounidense, Barack Obama, para relanzar la implicación internacional en el conflicto afgano. Obama estableció también 2011 como el año del inicio de la retirada de tropas, que antes de 2014 deberían haber completado el repliegue. La progresiva retirada del contingente internacional se vio acompañada de una escalada de violencia del movimiento talibán. El alto nivel de corrupción y la lucha contra el narcotráfico son los otros dos grandes desafíos en un país donde los factores étnicos y de alianzas juegan asimismo un papel fundamental.
» Qué está pasando ahora. El pasado 5 de abril se celebraron elecciones presidenciales, resultando ganador Abdullah Abdullah (exministro de Asuntos Exteriores). Sin embargo, fue necesaria una segunda vuelta frente a Ashraf Ghani, celebrada en junio y cuyos resultados están aún por determinar. En mayo, los talibanes lanzaron una nueva ofensiva contra las fuerzas internacionales, incluyendo un atentado contra el ministerio de Justicia de Jalalabad. El 15 de julio un atentado con coche bomba causó 89 muertos y 80 heridos en el distrito de Orgun.
» Las víctimas. Hasta el pasado 17 de julio, y desde la invasión de 2001, se han registrado 3.460 muertes militares de la coalición en Afganistán. Más de 23.500 soldados de la coalición internacional han resultado heridos. Respecto a la población civil, varias fuentes cifran en aproximadamente 20.000 los muertos por acciones de violencia entre los años 2001 y 2013.Y en cuanto a las fuerzas de seguridad afganas, se han contabilizado 13.729 muertos y otros 16.511 heridos entre finales de 2001 y principios de 2014, incluyendo tanto a miembros del ejercito como de la policía.
» El conflicto. Aparte de la disputa que mantiene por el estado de Cachemira, que actualmente pertenece a la India pero que los paquistaníes reclaman como propio, Pakistán sufre desde hace cerca de una década un conflicto en el noroeste del país, que enfrenta al ejército gubernamental con grupos armados religiosos, movimientos locales y elementos de la delincuencia organizada, apoyados por grupos terroristas y contingentes de muyahidines. El conflicto estalló cuando las tensiones provocadas por la búsqueda de miembros de Al Qaeda por parte del ejército paquistaní derivaron en enfrentamientos con combatientes de la región de Waziristán. Mientras, los lazos con EE UU se debilitaron por una serie de incidentes en 2011, entre los que destaca la muerte de Bin Laden en una operación de comandos de EE UU en el norte del país. Pese a ello, el difícil aliado de Washington en la llamada «guerra contra el terrorismo», un aliado cuyo aparato de seguridad está acusado de seguir ofreciendo apoyo encubierto a facciones talibanes, juega un papel clave en el proceso de paz en Afganistán.
» Qué está pasando ahora. El ejército intenta desde 2005 eliminar a los guerrilleros de las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA, en inglés), en el noroeste de Pakistán, pero ahora concentra la ofensiva en Waziristán del Norte, donde los grupos insurgentes operan libremente desde que huyeron del fronterizo Afganistán tras la ocupación de EE UU en 2001. El 15 de junio comenzó una nueva campaña militar, motivada en parte por un atentado contra el aeropuerto internacional de Karachi, que mató a 18 personas. Por otra parte, el goteo de muertes causadas por drones de Estados Unidos sigue siendo constante, con cientos de blancos alcanzados desde 2004. Este mismo sábado, misiles lanzados desde un drone estadounidense causaron la muerte de ocho militantes talibanes en la frontera con Afganistán.
» Las víctimas. El conflicto en el noroeste de Pakistan ha causado más de dos millones de desplazados internos, la mayoría de los cuales padecían ya situaciones de extrema pobreza. Al menos 500.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en la región de Waziristán del Norte, desde que el ejército inició una ofensiva actual contra de grupos rebeldes. Y en cuanto a los muertos en el conflicto, las cifras incluyen unos 5.000 soldados y 28.000 combatientes entre 2003 y 2014, así como más de 20.000 civiles. Además, cientos de personas (entre 200 y más de 800, según las fuentes) han muerto por ataques de drones estadounidenses.
» El conflicto. Ucrania, el país más poderoso, después de Rusia, surgido de la desintegración de la Unión Soviética, fue escenario desde noviembre del año pasado de protestas ciudadanas por el rechazo de las autoridades a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Tras ser depuesto el presidente Víktor Yanukóvich por la presión popular, y después de tomar el mando un gobierno provisional, tropas rusas entraron en la provincia de Crimea, asegurando defender los intereses de los rusos que residen allí. El 11 de marzo, Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon unilateralmente su independencia de Ucrania y proclamaron la República de Crimea, reconocida solo por Rusia, que promulgó la anexión del territorio. La tensión fue en aumento a partir del pasado mes de abril, con la ocupación por parte de grupos prorrusos de sedes de la administración regional de ciudades del este de Ucrania –incluidas Donetsk, Jarkov y Lugansk–, con la intención (siguiendo el ejemplo crimeo) de anexionarse a Rusia.
» Qué está pasando ahora. Tras el periodo de relativa calma que siguió a la retirada de los insurgentes del norte de Donetsk, el conflicto se ha reavivado desde principios de julio. El día 14 ocurrieron intensos combates en los alrededores de Rozkishnie (Lugansk), el 16 las tropas ucranianas se replegaron a sus posiciones y el día 17 las milicias de la región de Donetsk tomaron la localidad fronteriza de Marinivka. Ese mismo día se estrelló un avión comercial de Malaysia Airlines, con 295 pasajeros a bordo, en la localidad de Grabovo, en la región de Donetsk, una zona que se disputan las tropas gubernamentales y los rebeldes. Según han confirmado los servicios de Inteligencia de EE UU, el avión fue derribado por un misil. Las autoridades ucranianas culparon a las milicias prorrusas, y las autoridades de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk culparon a Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania difundió este domingo en Internet la grabación de una supuesta conversación telefónica entre dos jefes de las milicias prorrusas que, de ser cierta, incriminaría a los separatistas y también a Moscú en la ocultación de pruebas del derribo. El suceso ha reactivado un conflicto que parecía estancado en un punto de no retorno.
» Las víctimas. Según el Ministerio de Sanidad de Ucrania, a fecha del 11 de junio, 225 personas habían muerto desde el inicio de la contraofensiva gubernamental. Entre 15.000 y 20.000 refugiados llegaron a Sviatohirsk provenientes de Sloviansk tras la intensificación del bombardeo en la ciudad por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania a finales de mayo. Según fuentes rusas, 70.000 refugiados han cruzado la frontera hacia Rusia desde el inicio de los combates. La ONU publicó en mayo un informe en el que observaba un «deterioro alarmante» de los derechos humanos en el territorio controlado por insurgentes, con casos de asesinatos selectivos, tortura y secuestros. Rusia condenó el informe, afirmando que ignoraba los abusos cometidos por el gobierno ucraniano.
» El conflicto. La República Centroafricana vive una gravísima crisis desde finales de 2012, cuando cuatro facciones rebeldes musulmanas agrupadas en la formación Séléka se levantaron en armas al considerar que el entonces presidente François Bozizé no había respetado los acuerdos de paz de 2007. Estos acuerdos preveían la integración de combatientes rebeldes en el Ejército centroafricano, la liberación de prisioneros políticos y el pago a los milicianos sublevados que optaran por el desarme. Los países de la región enviaron entonces una fuerza multinacional para defender la capital, Bangui, del avance de los insurgentess, que llegaron a estar a sólo 160 kilómetros de la ciudad. Las negociaciones entre el Gobierno y los líderes de Séléka llevadas a cabo en enero de 2013 finalizaron con la firma de un nuevo acuerdo de paz, pero los rebeldes perpetraron un golpe de Estado en marzo de ese año que depuso a Bozizé y situó al frente del país al líder de Séléka, Michel Djotodia. Djotodia solo se mantuvo en el cargo hasta enero de 2014, fecha en que presentó su dimisión ante la oleada de violencia desatada en el país, que provocó centenares de muertos. Los milicianos de Séléka atacaron sobre todo barrios y aldeas de mayoría cristiana; los grupos de autodefensa, enclaves musulmanes. No obstante, la violencia interconfesional es un fenómeno reciente en el país, donde los diferentes grupos religiosos habían convivido hasta ahora en relativa armonía, a pesar de las históricas quejas de la minoría musulmana del norte, que se ha sentido abandonada por los sucesivos gobiernos cristianos. Ambos grupos están utilizando el discurso religioso con fines políticos, pero resulta difícil obviar los intereses económicos y la corrupción generados en la lucha por el control del tráfico de diamantes y de madera.
» Qué está pasando ahora. El pasado mes de febrero, el secretario general de la ONU pidió al Consejo de Seguridad el despliegue de 3.000 soldados internacionales para reforzar a los 6.000 militares de la Unión Africana y 2.000 franceses que se encuentran ya en el país con el fin de mantener la paz y proteger a los civiles. En junio, medio centenar de personas murieron en la ciudad de Bambari durante un nuevo rebrote de violencia, y en agresiones coordinadas por grupos armados como las milicias cristianas anti-Balaka o los exrebeldes musulmanes Séléka.
» Las víctimas. A finales de 2013, las organizaciones humanitarias sobre el terreno y testigos, que responsabilizaban principalmente a los exrebeldes, denunciaban ejecuciones extrajudiciales, torturas, ataques indiscriminados a civiles, agresiones sexuales a mujeres y niñas, pueblos arrasados, infraestructuras destruidas, viviendas y cosechas incendiadas, hospitales saturados, escuelas saqueadas… La falta de seguridad, además, hacía que ni Naciones Unidas ni las agencias internacionales pudiesen acceder a los lugares más remotos en los que se precisaba ayuda. Aproximadamente un 70% de los niños en edad escolar no podían acudir a clase. Muchos desplazados (hay cerca de un millón en total) han buscado refugio en el campo, en la selva o en misiones religiosas, donde, según ha alertado el Comité Internacional de la Cruz Roja, las condiciones son muy precarias, sin acceso a agua potable o a comida, y sin las necesarias medidas de higiene, por lo que se teme la propagación de enfermedades como la malaria.
» El conflicto. En julio de 2011, poco después de proclamarse la independencia de Sudán del Sur, el líder del Movimiento Popular de Liberación de Sudán, ala política del Ejército Popular de Liberación de Sudán, Salva Kiir, juró como primer presidente de la nueva república. El primer año de independencia estuvo protagonizado de nuevo por los conflictos fronterizos con el gobierno de Sudán, y también por las luchas tribales en el interior del país. Además, en enero de 2012 el conflicto petrolífero entre ambos países provocó que Sudán del Sur parase la producción de petróleo al no alcanzar un acuerdo sobre la tarifa de tránsito del crudo a través de su vecino del norte, de momento la única vía de exportación con la que cuenta. En diciembre de 2013 el régimen de Kiir frustró un intento de golpe de Estado, tras enfrentamientos con militares disidentes que en cuatro días provocaron más de 500 muertos, principalmente en la capital y el estado de Jonglei. Desde entonces se han sucedido los combates, causando miles de fallecidos y situando al país al borde de la guerra civil.
» Qué está pasando ahora. Pese a que a principios de mayo el presidente Kiir y el líder de los rebeldes, Riek Machar, firmaron un acuerdo para el cese de las hostilidades, la situación de violencia continúa. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas advirtió este miércoles de que está dispuesto a considerar «medidas adecuadas» contra las partes en conflicto, en caso de que no pongan fin a la violencia y negocien un Gobierno de transición. Tanto la ONU como la UE ya han impuesto sanciones a los líderes militares de ambos bandos. El Consejo de Seguridad se ha mostrado «alarmado» por informaciones según las cuales las dos partes están reclutando milicianos y haciéndose con armas, lo que viola los acuerdos de paz.
» Las víctimas. Se calcula que en 2011 alrededor de 1.000 personas murieron en los enfrentamientos entre las comunidades Murle y Lou Nuer. En cuanto al conflicto fronterizo con Jartum, el número de desplazados asciende ya a 150.000, según cifras de ACNUR de junio de 2012. Los campos de refugiados sursudaneses, que carecen de recursos para alimentar y trasladar a los desplazados lejos de las zonas fronterizas de conflicto, están saturados. Según datos facilitados por Oxfam, desde que se iniciaron los combates entre las tropas gubernamentales y las fuerzas rebeldes el pasado año, más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y se encuentran desplazadas dentro del país, y más de 350.000 han huido a países vecinos. Muchas han tenido que atravesar el río Nilo para llegar hasta Uganda, dejando atrás todas sus posesiones y poniendo en peligro sus vidas.A mediados del pasado mes de mayo se confirmó un brote de cólera que hizo saltar las alarmas ante una posible emergencia sanitaria, que se sumaría a la creciente y dramática crisis alimentaria. Tan sólo el 15% de la población tiene acceso a letrinas sanitarias seguras e higiénicas, y el 30% no tiene acceso a agua limpia.
» El conflicto. La inestabilidad de Mali, un país con estratégicos yacimientos de uranio, se hizo cada vez más patente a partir de 2007, cuando Amadou Tounami Touré revalidó su liderazgo en las elecciones presidenciales. Al tiempo que grupos rebeldes hostigaban a la población y se producían secuestros, e incluso asesinatos, de occidentales, el Movimiento Nacional por la Liberación de Azawad (MNLA), una escisión de la antigua guerrilla tuareg, se levantó en armas para reivindicar la autodeterminación del norte del país. Las autoridades de Bamako acusaban al MNLA de estar apoyado por Al Qaeda en Magreb Islámico (AQMI), por el grupo islamista radical Ansar al Din, por excombatientes de las fuerzas del difunto coronel libio Muamar al Gadafi y por traficantes. De hecho, el estallido de la revolución tuareg, de la que, en parte, se ‘apropiaron’ los islamistas, se produjo al abrigo de la guerra en Libia, y de las armas y mercenarios que salieron de este país. En marzo de 2012, decenas de militares se sublevaron, y el amotinamiento acabó convirtiéndose en un golpe de Estado. El 1 de abril, el presidente dimitió, como parte del acuerdo alcanzado con la Junta militar para volver al orden constitucional, pero en enero de 2013 la crisis se agravó ante el avance de los grupos radicales islámicos, lo que provocó la intervención militar de Francia. En junio de 2013 el Gobierno y los rebeldes firmaron un primer alto el fuego, y en agosto Ibrahim Bubakar Keita ganó las elecciones presidenciales. Los enfrentamientos y los atentados, sin embargo, continúan.
» Qué está pasando ahora. Tras el nuevo alto el fuego alcanzado en mayo, este miércoles comenzaron en Argelia las conversaciones de paz entre el Gobierno y los rebeldes tuareg. En vísperas de la negociación, ambos bandos intercambiaron prisioneros. Un total de 45 soldados malienses fueron recibidos por el primer ministro Moussa Mara en el aeropuerto de Bamako, y dos autobuses llegaron al aeropuerto desde el centro de la ciudad con 41 tuaregs que habían estado detenidos en la capital.
» Las víctimas. Más de un millar de soldados y combatientes han muerto en los diferentes conflictos entre Gobierno, tropas extranjeras, grupos tuareg y grupos islamistas. En mayo de 2012, Amnistía Internacional publicó un informe en el que aseguraba que Mali estaba sufriendo la peor situación desde 1960 en lo que respecta a los derechos humanos, a la vez que denunciaba los abusos cometidos por los fundamentalistas islámicos en las zonas que controlaban, y la utilización de niños soldado. Human Rights Watch denunció asimismo violaciones de los derechos humanos y asesinatos de civiles por parte del ejército gubernamental. Y en abril del año pasado, Médicos sin Fronteras informó de que unos 70.000 refugiados malienses continuaban en condiciones precarias en el desierto de Mauritania, con escasas esperanzas de regresar a su país de origen por las tensiones étnicas en el norte de Mali. Por otra parte, grupos islamistas dañaron o destruyeron importantes monumentos históricos durante el conflicto, especialmente en Timbuktu.
» El conflicto. Somalia vive sin un Gobierno estable central desde que en 1991 fue derrocado el dictador Mohamed Barre (el Ejecutivo actual tiene carácter transitorio), y en medio de luchas entre los clanes, liderados por los «señores de la guerra» que se han disputado el control de las regiones desde entonces. Aunque a comienzos de los noventa el país fue escenario de una guerra civil, con el tiempo los distintos dominios se consolidaron, si bien los enfrentamientos entre clanes por disputas territoriales continuaron. En 2006 se creó una alianza entre varios «señores de la guerra», con el fin de contrarrestar el creciente poder de las «cortes islámicas». Los «señores de la guerra» acusaban a las «cortes islámicas» de estar apoyadas por Al Qaeda. Los combates entre ambas partes se saldaron, en menos de tres meses, con más de 350 muertos. Frente al apoyo militar que Etiopía dio al presidente Yusuf Ahmed, Eritrea envió armas a las «cortes islámicas». Los combates entre milicianos islamistas y fuerzas gubernamentales y etíopes no cesaron, a pesar de los diversos anuncios de alto el fuego y de las efímeras treguas, y causaron miles de muertos. La violencia alcanzó en 2009 a tres ministros, que murieron junto a otras 12 personas en un atentado en Mogadiscio.
» Qué está pasando ahora. En 2004 diferentes facciones llegaron a un acuerdo para conformar un Gobierno de transición y unificar el país, y en 2012 se aprobó una nueva Constitución provisional. Pero, a pesar de los avances políticos logrados en los últimos años, Somalia sigue inmersa en el conflicto armado. El Palacio Presidencial de Mogadiscio, sede del Gobierno transitorio, sufrió a principios de julio un fuerte ataque (8 muertos), el segundo en este año, que fue reivindicado por la milicia islamista Al Shabab. Este grupo, que anunció en febrero de 2012 su unión formal a Al Qaeda, lucha para instaurar un estado islámico de tipo wahabí en Somalia, y comete asimismo numerosos actos terroristas en Kenia.
» Las víctimas. Desde 1991, el conflicto somalí ha causado más de 400.000 muertos (3.150 en 2013). En 2012, la Agencia para los Refugiados de la ONU informó de que más de un millón de somalíes habían huido ya hacia los países vecinos, y de que la mayoría citaban la inseguridad y la escasez alimentaria como principales motivos de su huida. Además, más de 1,3 millones de somalíes se encontraban desplazados internamente en el país. En total, un tercio de la población de Somalia, estimada en 7,5 millones de personas, se encuentra desplazada forzosamente.
» El conflicto. La permanencia en las provincias fronterizas congoleñas de las milicias hutus de Ruanda, huidas de su país tras perpetrar el genocidio de los tutsis en 1994, ha constituido el principal factor de desestabilización en la historia más reciente de la República Democrática del Congo (RDC). La presencia de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR, hutus) motivó que Ruanda (gobernada desde entonces por tutsis) invadiera dos veces la RDC, en 1996 y 1998, desencadenando sendas guerras. Por su parte, la minoría tutsi congoleña alega vivir bajo la amenaza de un nuevo genocidio de la mano de las milicias hutus ruandesas. Para defenderlos, el general disidente congolés Laurent Nkunda, de etnia tutsi, se hizo con una fuerza de 3.000 hombres, supuestamente apoyados por Ruanda, y, a finales de 2007, se plantó a las puertas de Goma. Solo la intervención de la Misión de la ONU les impidió tomar la ciudad (Naciones Unidas tiene casi 17.000 cascos azules en la RDC, su mayor despliegue en el mundo). Apenas seis años después del fin de una cruel guerra civil en la que habían muerto más de cinco millones de personas, el país volvía a estar sacudido por la violencia. Aunque el Gobierno firmó en enero de 2008 un acuerdo de cese de las hostilidades, los enfrentamientos entre el Ejército y las milicias de Nkunda se reanudaron en octubre de ese año. Nkunda, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad, fue finalmente arrestado en Ruanda en enero de 2009. La parte oriental de la RDC es una zona muy rica en diamantes, oro y otros recursos naturales, como el coltán, que han sido, al mismo tiempo, parte importante en el origen de la guerra y fuente de financiación para los combatientes.
» Qué está pasando ahora. El fin de décadas de conflicto armado en el este de la República Democrática del Congo parece estar más cerca, después de los logros políticos y militares conseguidos en 2013, incluyendo el aumento de la cooperación regional y la disolución del grupo militar rebelde Movimiento 23 de Marzo, que opera fundamentalmente en la provincia de Kivu del Norte.
» Las víctimas. Más de 2,7 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en el país, muchas de ellas de varios sitios en pocos meses, y más de 398.000 viven en 31 campos de desplazados y dependen exclusivamente de la ayuda humanitaria. Según explica la ONG Oxfam, las comunidades de Kivu del Norte y Sur aún se enfrentan a asesinatos, violaciones, secuestros, torturas y extorsiones económicas a manos de muchos grupos armados que todavía controlan gran parte de la región. Las fuerzas de seguridad del Gobierno también han llevado a cabo abusos contra la población civil. Las familias viven destrozadas por la continua tensión de vivir bajo la violencia y la explotación, con niños que no pueden asistir a la escuela, una escasez de alimentos generalizada y la consiguiente desnutrición, una atención sanitaria inadecuada y la falta de instalaciones de agua potable y saneamiento.
» El conflicto. Desde octubre de 2010 Nigeria es escenario de una serie de brutales atentados, en su mayoría perpetrados por el grupo radical islamista Boko Haram. Boko Haram, cuyo nombre significa «La educación no islámica es pecado», es una secta que lucha por imponer la ley islámica en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y cristiana en el sur. La secta inició su campaña violenta en 2009 cuando su fundador, Mohamed Yusuf, murió en un intento de fuga mientras se encontraba bajo custodia policial. Boko Haram fue el grupo responsable del atentado del 26 de agosto de 2011 contra la sede de la ONU en Abuya ( 24 muertos), y del perpetrado el 25 diciembre de ese mismo año, cuando murieron al menos 44 personas en cinco ataques contra templos cristianos en los que se celebraban los servicios religiosos de Navidad. Los últimos incidentes protagonizados por el grupo datan del pasado 15 de abril, cuando cerca de 200 niñas fueron secuestradas en una escuela-residencia en Chibok, al noroeste, horas después de que en Abuya, murieran otras 75 personas por un atentado con bomba en una estación de autobuses. Un total de 44 de las escolares secuestradas lograron escapar, y el 5 de mayo el líder del grupo, Abubakar Shekau, reivindicó en un vídeo la autoría del secuestro. Por otra parte, Nigeria sufre asimismo el llamado Conflicto del Delta del Niger, que surgió por las tensiones entre las empresas petróleras internacionales y los pueblos locales en la década de los noventa, especialmente con los pueblos ogoni y ijaw. La competencia por la riqueza petrolera ha alimentado la violencia entre los innumerables grupos étnicos, lo que ha llevado a la militarización completa del área, a la formación de milicias tribales y al aumento de efectivos de las fuerzas armadas y la policía nigerianas.
» Qué está pasando ahora. La semana pasada, al menos 45 personas murieron en un ataque de Boko Haram a la población de Damboa, en el norte de Nigeria. Los terroristas asediaron la población durante la noche, disparando contra sus habitantes y lanzando explosivos a sus viviendas. Según testigos citados por Efe, las calles quedaron «sembradas de cadáveres».
» Las víctimas. El pasado mes de marzo, un informe de Amnistía Internacional denunciaba que el incremento de los ataques de Boko Haram, así como las represalias incontroladas de las fuerzas de seguridad, habían provocado la muerte de al menos 1.500 personas al noreste Nigeria (más de la mitad, civiles) en los tres primeros meses del año. Según diversas fuentes, el grupo islamista ha matado ya a más de 3.000 personas desde que inició su campaña violenta. En el Conflicto del Delta del Níger han muerto desde 2004 entre 4.000 y 5.000 personas.
Con documentación de 20minutos.es, Efe, Reuters, Wikipedia, Oxfam, International Institute for Strategic Studies, Iraq Body Count, The New York Times, El Mundo, El País, RTVE, BBC, entre otras fuentes.
Publicado originalmente en 20minutos
«La paz perpetua no es un concepto vacío, sino una idea práctica que, mediante soluciones graduales, se va acercando poco a poco hacia su realización final». La frase, del filósofo alemán Immanuel Kant, encabeza, más como un deseo que como una realidad, la sección que la página web Global Security dedica a registrar las guerras activas en el mundo. Se trata de un control que realizan de manera exhaustiva numerosos sitios en […]
¿Por qué se decide intervenir militarmente en Libia y no en Costa de Marfil, o en otros países sometidos a regímenes dictatoriales? ¿Qué posibilidades tienen de salir adelante las resoluciones contra los asentamientos israelíes en Palestina, mientras las siga vetando Estados Unidos, como hizo hace poco más de un mes? ¿Llegará a plantearse siquiera alguna resolución de condena sobre la situación de los derechos humanos en China?
La polémica no es nueva, y tampoco será esta, probablemente, la última vez que vuelva a plantearse: ¿Sirve realmente de algo la ONU?
En lo que respecta a su labor humanitaria, la respuesta es que sí. Millones de personas (desplazados, refugiados, niños, víctimas de hambrunas y de conflictos bélicos) dependen diariamente de la labor y de los fondos de Naciones Unidas para sobrevivir. En lo que se refiere a su capacidad política de intervención y de garante de la paz y la democracia, sin embargo, la respuesta es que también sirve, pero sólo a los intereses de los cinco países que, desde hace más de seis décadas, dominan el Consejo de Seguridad mediante el ejercicio del derecho de veto.
Cinco de los llamados países emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (los denominados «BRICS», una palabra inventada por los economistas a partir de sus nombres), parecen estar dispuestos a unir sus esfuerzos para lograr un cambio en el funcionamiento del Consejo de Seguridad. Para ello intentarán aprovechar el hecho de que este año los cinco forman parte de este organismo: Rusia y China como miembros permanentes, y los otros tres, como no permanentes.
Razones de peso no les faltan: Los cinco tienen en común una gran población (Rusia y Brasil por encima de los 140 millones, China e India por encima de los 1.100 millones), un enorme territorio (casi 38.5 millones de km² en total), una gigantesca cantidad de recursos naturales, y un imparable crecimiento económico (tanto en su PIB como en su participación en el comercio internacional, con la excepción de Rusia).
De momento ya han empezado a intentar hacerse oír con una sola voz: Reunidos hace unos días en la ciudad de Sanya, en la isla china de Hainan, todos ellos, salvo Sudáfrica, abogaron por una solución diplomática a la crisis en Libia y criticaron el uso de la fuerza como primera opción.
No es la primera vez, en cualquier caso, que se pide una reforma del Consejo de Seguridad. Ya en en 2005, el entonces denominado Grupo de los Cuatro (Alemania, Brasil, India y Japón) solicitó su ampliación hasta un total de 25 miembros. Conviene recordar que Japón y Alemania están entre los cuatro países que más contribuyen económicamente a los fondos de la ONU, y que Brasil e India son, por su parte, dos de los que más tropas aportan a las misiones de paz.
Entre los países que abogan por una ONU más democrática se encuentra España.
A diferencia de otros órganos de la ONU, que sólo pueden realizar recomendaciones a los gobiernos, el Consejo de Seguridad puede tomar decisiones (conocidas como «resoluciones») y, en principio, obligar a los miembros a cumplirlas, de acuerdo a lo estipulado por la Carta de las Naciones Unidas. Su labor, además, no se limita a la adopción de resoluciones en caso de conflicto. De él dependen también, entre otros organismos, los tribunales penales para la ex Yugoslavia y Ruanda, o las Fuerzas de Paz de la ONU.
El actual funcionamiento del Consejo de Seguridad, con cinco miembros permanentes con derecho a veto (EE UU, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia), se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, y es un reflejo del status quo internacional surgido del conflicto. La primera sesión se celebró el 17 de enero de 1946 en Londres.
En total, el Consejo está formado por 15 naciones, los cinco miembros permanentes más otros diez temporales. Estos últimos son elegidos cada dos años por la Asamblea General (el conjunto de todos los países de la ONU), como representantes regionales (tres países africanos, dos asiáticos, dos latinoamericanos, dos de Europa occidental u otras regiones -con al menos uno europeo- y uno de Europa del Este, además de un país árabe). La presidencia rota mensualmente de manera alfabética.
Cada miembro tiene un voto, y las decisiones suelen requerir el voto afirmativo de, al menos, nueve miembros, teniendo en cuenta el derecho a veto de los cinco permanentes. Si uno de ellos lo ejerce, la resolución no puede adoptarse.
El derecho a veto y la condición de irremplazables de que gozan los cinco países que pueden ejercerlo está en el origen de lo que muchos expertos y representantes de las naciones sin capacidad de decidir vienen denunciando desde hace décadas: El Consejo de Seguridad sólo es eficaz cuando se trata de velar por los intereses de sus miembros permanentes, y es incapaz de actuar contra estos.
La «responsabilidad de defender a las poblaciones civiles», reconocida por la Asamblea General de la ONU en 2005, y base de la resolución que ha autorizado el ataque de la coalición internacional a las fuerzas de Gadafi, podría haberse aplicado también, por ejemplo en Costa de Marfil. Pero, como señala en el diario Público Philippe Moreau-Desfarges, especialista en relaciones internacionales, «Costa de Marfil no es Libia, está lejos de Europa».
Sin poner en cuestión la intención real de frenar la sangrienta represión de Gadafi, no hay que olvidar que Europa se enfrentaba a una avalancha de inmigrantes que huían del conflicto, por no hablar de los intereses energéticos de Occidente en el país magrebí.
Y si se trata de actuar contra dictadores que «ponen en peligro» a su propia población, ¿por qué no hacerlo contra Kim Yong-il, en Corea del Norte; Obiang, en Guinea Ecuatorial; Al Bashir, en Sudán; Lukashenko, en Bielorrusia o, con más razón ahora, contra los regímenes autocráticos que están machacando a los manifestantes en los países árabes?
La lista de dictaduras (Chad, Turkmenistán, Irán, Arabia Saudí, Siria, Cuba, la propia China…), cada una en su estilo, sería interminable: Según el último Índice de Democracia anual que elabora la revista The Economist, en el mundo existían en 2010 un total de 55 gobiernos dictatoriales.
La resolución sobre Libia salió adelante porque tanto Rusia como China decidieron finalmente abstenerse en lugar de votar en contra. La historia, sin embargo, está llena de resoluciones que han sido rechazadas debido al derecho a veto. Entre las más recientes, la resolución palestina que reafirmaba la ilegalidad de los asentamientos judíos en territorio ocupado y que, pese a contar con un amplio respaldo internacional, se estrelló contra el veto de EE UU el pasado mes de febrero. Se calcula que alrededor de un centenar de resoluciones sobre el conflicto palestino israelí se han quedado en nada o no han llegado a cumplirse.
Al final, las resoluciones en las que se autoriza a intervenir en los asuntos internos de otros países son la excepción. Los intereses de los miembros permanentes han acabado asentando el concepto de no injerencia, a costa del mandato de «mantener la paz y la seguridad» con que fue creado el Consejo de Seguridad. Tal vez porque, mientras que la «responsabilidad de proteger» no es vinculante, la soberanía de los Estados sigue siendo prioritaria y, como señalan los expertos en el mencionado artículo en Público, «aunque se violen los derechos de sus poblaciones, sólo el Consejo de Seguridad puede decidir si la paz está amenazada y tomar medidas para proteger esa paz».
Así, el Consejo de Seguridad no ha hecho nada, de momento, en países como Yemen o Bahréin (ambos aliados de EE UU en el Golfo Pérsico), a pesar de que la represión contra las revueltas populares en ambos casos han dejado ya más de un centenar de muertos.
Tampoco parece probable una resolución, si quiera de condena, contra las violaciones de los derechos humanos en Chechenia, por parte de Rusia; en Tibet, por parte de China, o en los territorios palestinos ocupados, por parte de Israel. Los dos primeros tienen derecho a veto, y el tercero cuenta con el apoyo incondicional de EE UU, aunque se trate de un apoyo más crítico ahora.
El derecho a veto ha sido utilizado en unas 250 ocasiones desde la creación de Naciones Unidas (el número no es exacto porque muchas votaciones se han realizado a puerta cerrada). Los países que más lo han ejercido son la antigua Unión Soviética (en 120 ocasiones) y EE UU (más de 80). El Reino Unido ha emitido su veto al menos 32 veces y Francia, una veintena.
En total, EE UU ha vetado en solitario al menos 58 resoluciones. De ellas, más de 40 eran de condena a Israel. Por su parte, Rusia sólo ha ejercido su veto en tres ocasiones desde el colapso de la URSS en 1991.
En las últimas décadas, no obstante, y especialmente desde el final de la Guerra Fría, el veto se ha ido utilizando cada vez menos. Pero ello se debe a la creciente práctica de no someter a la votación del Consejo las cuestiones susceptibles de ser vetadas (lo que se ha venido en denominar «veto tácito»). Mientras que el uso del veto es público e implica costes políticos para quienes lo ejercen, el «veto tácito» permite, de forma más discreta, retrasar o impedir las decisiones del Consejo en cuestiones de particular interés para un país.
En la declaración final que los mandatarios de los cinco países del grupo BRICS firmaron la semana pasada en China, estos afirmaban que la reforma de Naciones Unidas «es necesaria para que la ONU sea más efectiva, eficiente y representativa, y para que pueda tratar los desafíos globales actuales con mayor éxito».
Por ahora, sin embargo, se trata sólo de palabras. Por un lado, dos de los miembros de este organismo, Rusia y China, tienen privilegios en el Consejo de Seguridad a los que no es fácil que renuncien. El grupo en sí es, pese a sus características comunes, tremendamente heterogéneo y con intereses, tanto económicos como geoestratégicos, muy distintos.
Por otro lado, habría que concretar si estas reformas se refieren al sistema de votación, al número total de miembros, al número de miembros con derecho a veto o al veto en sí.
Por último, cualquier propuesta en este sentido se ha encontrado siempre con el mismo problema evidente: La única forma de modificar el derecho a veto es mediante la decisión de los países que tienen precisamente ese derecho.
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¿Por qué se decide intervenir militarmente en Libia y no en Costa de Marfil, o en otros países sometidos a regímenes dictatoriales? ¿Qué posibilidades tienen de salir adelante las resoluciones contra los asentamientos israelíes en Palestina, mientras las siga vetando Estados Unidos, como hizo hace poco más de un mes? ¿Llegará a plantearse siquiera alguna resolución de condena sobre la situación de los derechos humanos en China? La polémica no es nueva, y tampoco será esta, probablemente, […]
