El hundimiento de los regímenes políticos en el Próximo y Medio Oriente, tras la Guerra de Irak (2001–2003) y la Guerra de Siria después del fracaso de la primavera árabe en 2011, propició el surgimiento de movimientos políticos fuertemente ideologizados con una concepción religiosa radical como Estado Islámico (EI) o Daesh.
En los territorios que permanecieron bajo su control se llevaron a cabo una serie de acciones presentadas como la aplicación estricta de los principios islámicos, pero que, de hecho, suponían ataques contra la concepción occidental de la sociedad, como la destrucción de la biblioteca de Mosul y el saqueo de museos y yacimientos arqueológicos como Nimrud, Hatra, Dur Sharrukin (Khorsabad), incluyendo el palacio de Senaquerib, y especialmente el conjunto arqueológico de la ciudad de Palmira, considerada Patrimonio de la Humanidad (World Heritage Site) por la UNESCO desde 1980, donde fueron destruidos los templos de Bel y Baalshamin, el León de A–lat, el Arco monumental, la Torre de Elahbel y diversas secciones del castillo.
No se trata únicamente de una reafirmación ideológica, sino de la transmisión de un mensaje al mundo occidental que entiende los monumentos histórico-arqueológicos como elementos esenciales de un pasado cultural e ideológico común de la Humanidad. Esta moderna iconoclastia constituye un acto político y propagandístico, que llegó incluso a la decapitación pública del conservador del centro arqueológico, Khaled al–Asaad, acusado de apostasía e idolatría.
Las destrucciones realizadas por Estado islámico desde 2004 no constituyen una excepción, al sumarse, entre otros, al saqueo de los museos egipcios durante las revueltas políticas entre 2011 y 2013, o la voladura por los talibanes de los budas de Bamiyan, también patrimonio de la UNESCO, en 2001.
El trasfondo ideológico para dichas destrucciones no es únicamente la defensa del monoteísmo, sino una versión moderna de la Damnatio memoriae (condena y eliminación de la memoria) romana, un intento de borrar la existencia de una determinada estructura social y cultural en un territorio como sistema para negar el derecho a la existencia representado por los elementos icónicos de su pasado.
Destruir el pasado significa negar el presente y, especialmente, el futuro. Infamar los vestigios del pasado es también una herramienta político–social destinada a reafirmar la posesión de un territorio mediante la desaparición de los elementos tangibles de su historia. Es una forma de desarraigo.
La iconoclastia incluye, no obstante, problemáticas diferentes. En otros casos, la destrucción de los símbolos del pasado puede simbolizar una revisión de la propia historia, entendiendo que los cambios sociales contemporáneos deben aplicarse también a la construcción del discurso narrativo del pasado. Es el caso de las estatuas confederadas en Estados Unidos.
Las destrucciones de yacimientos arqueológicos por parte de Estado Islámico tienen también un claro componente de beneficio económico. El saqueo de los museos de Irak durante la invasión de 2003 propició la entrada en el circuito semiclandestino de antigüedades de un gran número de materiales arqueológicos, en parte perdidos definitivamente dentro de las redes ilegales del mercado negro de obras de arte.
Ese saqueo fue seguido por el intento de forzar una modificación de la legislación iraquí para permitir la exportación legal del patrimonio histórico–arqueológico. Con la justificación de preservar una herencia cultural común, se actualizaron las prácticas coloniales que supusieron la exportación del patrimonio arqueológico de Mesopotamia, el Próximo Oriente y Egipto entre finales del siglo XVIII y el siglo XX. Estas son las principales colecciones de los museos europeos y estadounidenses.
Estos materiales, junto a los procedentes de los territorios subsaharianos, asiáticos y oceánicos, se encuentran en muchos casos en litigio de devolución tras las reclamaciones de los países de procedencia. Los pleitos sólo en una pequeña parte culminan con el retorno de los mismos. Esto hace perdurar la fractura y el despojo del patrimonio en aplicación de principios neocoloniales derivados de una errónea, pero arraigada, idea de superioridad cultural.
El tráfico de antigüedades ha constituido durante años una de las principales fuentes de financiación de Daesh. Exporta el producto de sus expolios a través de las permeables fronteras de Turquía, Jordania y el Líbano con la complicidad activa y pasiva de las redes de tráfico de obras de arte y las autoridades políticas, responsables de la comercialización y del cierre de las fronteras.
Se trata de un tráfico que ha comportado un volumen tan elevado de exportaciones ilegales, realizado casi sin enmascaramiento, que forzó la resolución 2199 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 15 de marzo de 2015 por la que se declaraba ilegal el comercio de obras de arte histórico–arqueológicas procedentes de Irak y Siria.
Este intento por combatir el tráfico ilícito no tiene muchas posibilidades de servir, al depender fundamentalmente de la voluntad de dos grupos de gobiernos: aquellos que deben impedir el tránsito de los materiales procedentes del saqueo de museos y yacimientos por su territorio, y los que albergan puertos francos de depósito y «enfriamiento» de los materiales antes de que, una vez «blanqueados», pueden incorporarse al mercado clandestino del arte y, lo que es peor, en muchas ocasiones al comercio legal.
En concreto, la resolución de Naciones Unidas incluía: la condena a la destrucción de enclaves del patrimonio cultural de Irak y Siria, con especial mención a los edificios de carácter religioso; la prohibición de llevar a cabo cualquier tipo de tráfico de antigüedades con organizaciones como ISIL, ANF y Al Qaeda; la reafirmación de la ilegalidad del tráfico de obras de arte procedentes de Irak; y la declaración como ilegal del tráfico de obras de arte procedentes de Siria.
En todo caso, las iniciativas de la ONU y la UNESCO se han demostrado ineficaces debido a la propia extensión de la idea de lo que es y significa el patrimonio histórico–arqueológico en muchos países, cuyos dirigentes llegan a considerar dicha destrucción como un problema menor dentro de las tensiones políticas, sociales y económicas que les afectan, mucho más profundas y acuciantes que la conservación de las obras de arte.
Posiblemente, entra en juego también una decisión calculada de minimizar la expansión de Estado Islámico dentro de una política de contención de daños que pasa por la colaboración encubierta. Como en cualquier transacción económica, existe la venta como resultado de una creciente demanda, pero no se actúa con la suficiente firmeza frente a las redes de tráfico ni tampoco ante los intermediarios en las transacciones ni los receptores de los materiales, dado que, con excepción de las piezas mejor conocidas y catalogadas, el mercado de materiales arqueológicos y de obras de arte se nutre del desconocimiento de la procedencia y del blanqueo a que son sometidos los objetos expoliados.
La problemática indicada no dispone de una solución a corto plazo pese a que haga ya más de dos décadas de su inicio. Cabe recordar que todavía en la actualidad, y después de tres cuartos de siglo del final de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias del saqueo de los tesoros artísticos europeos por la Alemania nazi continúan sin resolverse. Eso pese a la ingente labor realizada, incluyendo, en el caso de Francia, la creación y difusión de fondos documentales destinados a la identificación de los propietarios legítimos de obras que forman parte de las colecciones nacionales francesas y, en su caso, proceder a su devolución.
Si el citado es un caso difícil pero asumible dado que muchas de las piezas estaban catalogadas antes de 1939, en el caso de los bienes procedentes del saqueo contemporáneo de yacimientos arqueológicos realizados sin ningún tipo de registro técnico, el problema puede llegar a ser irresoluble.
Glòria Munilla Cabrillana es profesora agregada de Estudios de Artes y Humanidades y directora del Máster Interuniversitario del Mediterráneo Antiguo en la Universitat Oberta de Catalunya.
Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 14/7/2021
El hundimiento de los regímenes políticos en el Próximo y Medio Oriente, tras la Guerra de Irak (2001–2003) y la Guerra de Siria después del fracaso de la primavera árabe en 2011, propició el surgimiento de movimientos políticos fuertemente ideologizados… Leer
En la calle Al Rashid de Bagdad, los puestos, las casas de té y los restaurantes sirven a clientes sin mascarilla en mercados abarrotados, a pesar de que la COVID-19 sigue propagándose rápidamente entre la población. Esta concurrida calle ejemplifica un fracaso preexistente de gestión, que ha afectado a muchos países en desarrollo, sacudidos por el impacto de la pandemia en sus economías.
Cerca de allí, en la plaza Al Rusafi, porteadores exhaustos acarrean pesadas cargas cruzándose en una telaraña de tráfico bajo el sol abrasador del inmisericorde verano iraquí. Un caballo enganchado a un carro observa a los conductores de taxis convertidos en autobuses llamar a gritos a los últimos pasajeros para completar un asiento vacío. Las bocinas se mezclan con una retaíla de insultos lanzados a bocajarro por un enojado conductor que quiere pasar, pero no puede. El diario repertorio de caos continúa, y el estruendo resuena por toda la plaza, en el mismo lugar donde los coches bomba han incinerado a tantos seres humanos en los últimos años.
A los más vulnerables a la pobreza se les ha instado a quedarse en casa, pero no se les ha ofrecido ninguna alternativa, y la ausencia de apoyo financiero les está empujando a retomar sus trabajos en un entorno de riesgo. Si bien la flexibilización de las restricciones de movimiento ha permitido a los trabajadores diarios poder mantener a sus familias, las autoridades no han habilitado equipos móviles de concienciación sobre medidas sanitarias en los mercados abarrotados, ni han organizado la distribución de mascarillas, cada vez más caras.
En Irak, al igual que en los otros países que se están enfrentando a los múltiples desafíos planteados por la pandemia, las personas pertenecientes a los grupos más frágiles tienen que valerse por sí mismas, mientras el gobierno se dispara a sí mismo en la carrera por contener la propagación de las infecciones de COVID-19.
Para los residentes de las muchas áreas empobrecidas del centro y el este de Bagdad, quedarse en casa es un lujo que no se pueden permitir. «Nos moriríamos de hambre», dice Mohammed Turki, un porteador de 44 años, sentado en un callejón cercano.
Turki lleva 16 años trabajando como porteador, ganando, en el mejor de los casos, unos 20 dólares al día. «Pero eso es solo si puedo encontrar trabajo», aclara. De lo contrario, su salario diario transportando mercancías en los mercados de Bagdad no supera los 8 dólares, apenas suficiente para alimentar a sus cuatro hijos.
Actualmente, un paquete de mascarillas quirúrgicas cuesta en Bagdad 13 dólares.
Hacia el mediodía, los propietarios de las tiendas de la cercana plaza Al Rusafi que se quejan de la caída de las ventas bajan sus persianas. Las consecuencias económicas de la COVID-19 están ensombreciendo muchos modos de vida.
Tomando como referencia proyecciones del Banco Mundial según las cuales la pobreza se duplicará en 2020, un informe del Ministerio de Planificación iraquí, con el apoyo de UNICEF y otras organizaciones, señaló que «4,5 millones (11,7%) de iraquíes más corren el riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza, como resultado del impacto socioeconómico de la COVID-19», añadiendo que «este fuerte aumento incrementaría la tasa de pobreza nacional hasta el 31,7%, desde el 20% de 2018».
En el Irak posterior a la invasión, gobiernos consecutivos han fracasado, o han carecido de la voluntad suficiente, a la hora de diversificar la economía dependiente del petróleo del país. Han mantenido en el limbo la industria y la agricultura nacionales, centrándose en cambio en inundar el mercado iraquí con productos importados.
Un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el impacto de la COVID-19 y la caída de los precios del petróleo indica que «altos niveles de conflicto, junto con el brote de la COVID-19 y la caída de los ingresos del petróleo, pueden aumentar la pobreza extrema».
Ali Tawfiq se encuentra entre quienes corren ese riesgo de caer más profundamente aún en la pobreza, si se vuelve a imponer un confinamiento total para frenar la propagación de la COVID-19. Para poder seguir cuidando de su padre ciego, de sus dos hermanos discapacitados (un vendedor y otro porteador), y de él mismo, no ve otra opción que seguir tirando de un carrito a través de mercados abarrotados.
«Soy yo el que sostiene a mi familia. No venir al mercado significa no poder comer ni beber», dice.
Tawfiq, de 19 años, pertenece a una de las varias generaciones oprimidas por la guerra que Estados Unidos y sus aliados libraron contra Irak en 2003. Comenzó a trabajar como porteador a la edad de diez años. Pocos años después de la ocupación, perdió a su hermana en un ataque terrorista. «Mi hermana murió en la explosión de un coche bomba en Al Mansour en 2007. Tenía solo diez años», cuenta.
Cada día va a trabajar a pie desde la zona de Alawi Al Hilla. Su hermano mudo de 14 años empezó a trabajar con él hace cuatro. Su hermano mayor, un veterano herido durante la lucha contra los militantes del autodenominado Estado Islámico (EI), y dado de baja posteriormente, dedica sus mañanas a vender botellas de agua en la plaza.
Mientras Tawfiq habla, una bandera iraquí hecha jirones ondea a duras apenas con el escaso viento, colocada en la mano de la estatua de Ma’ruf al Rusafi. Si el poeta estuviera vivo, tal vez reclamaría su tribuna y diría:
Tú, que preguntas por nosotros en Bagdad,
somos ganado en una tierra estéril
El oeste se elevó a los cielos, observándonos
y seguimos mirando desde abajo
El centro de Bagdad exhibe en toda su crudeza la miseria que envuelve al Irak de hoy y borra el esplendor de su pasado. Allí, tanto la historia como los seres humanos han quedado abandonados. Las grietas atraviesan el minarete de la mezquita de Al Khulafa, de la época abasí. El agua subterránea daña los cimientos y el minarete se va inclinando gradualmente hacia el este, al borde del colapso. En el lado opuesto de la calle Al Jumhuriyah, la humedad domina las paredes del interior de la catedral de San José. Dos lugares históricos de referencia que ahora están cerrados a los visitantes.
Montones de basura se acumulan al pie de antiguas mezquitas e iglesias, y de las tradicionales casas shanshūl, en callejuelas ruinosas donde se despoja de su infancia a los porteadores más jóvenes. Mapas de desesperación invaden los rostros de mendigos traumatizados (mujeres y niños), y de ancianos que pasan lo que les queda de vida sorbiendo té hirviendo en las numerosas casas de té de la calle Al Rashid, horrorizados ante la draconiana deformación que ha sufrido su ciudad.
Y mientras Tawfiq, su hermano y Turki deambulaban por los zocos de Bagdad tirando de carritos en chanclas, los políticos que llegaron tras la invasión y su séquito mordían las arcas del Estado como termitas. Los «agentes», como fueron etiquetados por los ciudadanos corrientes, alimentaron sus obesas cuentas bancarias en lugar de invertir en unas infraestructuras en constante deterioro. El debilitado sector de la salud del país es solo un ejemplo.
Un médico empleado por el Estado que trabajó recientemente en uno de los hospitales de Bagdad designados para pacientes de COVID-19 describe en privado la situación de los hospitales iraquíes como «bastante miserable».
El Ministerio de Sanidad de Irak ha confirmado hasta ahora más de 177.000 casos de COVID-19, mientras que la enfermedad ha acabado con la vida de alrededor de 6.000 pacientes infectados*. Los profesionales sanitarios, sin embargo, aseguran en privado que calculan números más altos que los detectados.
«No digo que las estadísticas oficiales mientan, pero no reflejan la realidad», dice uno de ellos, que prefiere permanecer anónimo.
Atrapados en un constante tifón de conflictos y corrupción, los hospitales se encuentran abarrotados con un número «inmenso» de personas infectadas, la capacidad de hacer test es insuficiente, y las camas de UCI para pacientes en fases críticas están tan limitadas que «ponemos a los enfermos en listas de espera» para tratarlos cuando mueran otros pacientes, añade.
Lo que dice no es sorprendente. Si bien el confinamiento impuesto por las autoridades como respuesta a la aparición inicial de infecciones resultó decisivo para frenar el aumento de casos de COVID-19 durante unos meses, la medida no se implementó adecuadamente ni se respetó por completo, especialmente considerando que el vecino de Irak, Irán, es uno de los epicentros de la pandemia en Oriente Medio.
Los concurridos mercados y los pequeños comercios en los barrios populares permanecieron abiertos, a diferencia de los de las calles principales y las áreas más lujosas. Se ordenó el cierre de los restaurantes cuando las autoridades levantaron parcialmente el toque de queda, pero muchos de los que se encuentran en el principal mercado de Shorja, o entre las calles Al Rashid y Al Saadoun, dos de las vías más importantes del centro de Bagdad, permanecieron abiertos.
«En mi opinión, hay al menos 10.000 casos nuevos cada día», dice el médico. Otro doctor, que pide asimismo permanecer en el anonimato, calcula que el número real de pacientes con COVID-19 es al menos el doble de lo que se detecta cada día.
El Ministerio de Sanidad informa de alrededor de 4.000 contagios diarios* de COVID-19.
Los médicos en Bagdad critican la gestión del brote por parte del gobierno, y denuncian que la mayoría de los principales hospitales de la ciudad tuvieron que centrarse en tratar y aislar a pacientes de COVID-19, mientras que otros centros recibían solo urgencias no relacionadas con el coronavirus.
De este modo, y según explica el doctor, las personas que sufren otras dolencias tienen menos posibilidades de ser tratadas en los hospitales públicos, y las familias no saben dónde recibirán sus seres queridos la atención necesaria.
Según datos del Banco Mundial, en Irak hay solo 1,4 camas de hospital por cada 1.000 habitantes.
Los pacientes llegan a un determinado hospital pensando que la sala de emergencias recibe todos los casos, pero son redirigidos a otro lugar, a un hospital especializado, lo que, teniendo en cuenta los tristemente famosos atascos de tráfico en Bagdad, «aumenta la carga», explica el médico. Ante la presión de los familiares de pacientes en estado crítico, «en ocasiones te ves obligado a recibir pacientes con COVID-19 en una sala de emergencias donde hay pacientes que no tienen COVID-19», dice. Así, pacientes que ya eran vulnerables se enfrentan a veces al riesgo de contraer el virus.
«Podría haber un plan alternativo, como, por ejemplo, designar edificios específicos para pacientes [de COVID-19] en cuarentena, con el fin de que los hospitales públicos puedan seguir funcionando con normalidad», indica.
El 4 de agosto, el ministro de Sanidad del país anunció que los hospitales públicos de Bagdad reanudarían sus operaciones regulares, ya que se habían designado cuatro hospitales para atender a las personas contagiadas con COVID-19, una decisión que fue alabada por los médicos. Sin embargo, el gobierno dio otro paso atrás, al levantar el toque de queda de 24 horas que generalmente comienza el jueves y termina el sábado.
En cualquier caso, los pacientes se han enfrentado siempre a «obstáculos» en los hospitales públicos, que no suelen ofrecer servicios médicos integrales, según explica el médico.
«La gente dice que el sistema de salud se ha derrumbado, pero lo cierto es que ni siquiera había uno antes […]. Llevamos mucho tiempo al límite, la COVID-19 nos ha dado un empujón, y ahora estamos cayendo hacia el abismo», añade.
Este joven médico está actualmente en su casa, tratándose a sí mismo del asalto de la COVID-19 a su propio cuerpo.
* Datos a 18 de agosto de 2020
Nabil Salih es un periodista freelance establecido en Bagdad.
Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 18/8/2020
Traducción del original en inglés: For Iraqis, the choice is between pandemic or poverty
En la calle Al Rashid de Bagdad, los puestos, las casas de té y los restaurantes sirven a clientes sin mascarilla en mercados abarrotados, a pesar de que la COVID-19 sigue propagándose rápidamente entre la población. Esta concurrida calle ejemplifica… Leer
Mosul, Irak, 10/5/2017: Un hombre lleva a dos niños en una silla de ruedas, huyendo de los combates entre militantes de Estado Islámico y fuerzas del Ejército iraquí. Foto: Maya Alleruzzo (AP).
Mosul, Irak, 10/5/2017: Un hombre lleva a dos niños en una silla de ruedas, huyendo de los combates entre militantes de Estado Islámico y fuerzas del Ejército iraquí. Foto: Maya Alleruzzo (AP).
Al 44º presidente de los Estados Unidos se le podrán reprochar muchas cosas, pero la falta de optimismo no es una de ellas. Cuando el pasado día 11, de vuelta en su querida Chicago, Barack Obama se despidió del pueblo estadounidense en su último discurso público (una nueva demostración de su brillante oratoria y de su capacidad para conectar con la gente), el todavía inquilino de la Casa Blanca recuperó, sin dudarlo, el histórico lema que le llevó hasta la presidencia por primera vez, hace ocho años. Ante una audiencia entregada que clamaba por el imposible («Four more years!», ¡cuatro años más!), y pese al ‘coitus interruptus’ de saber que en tan solo unos días ocupará su puesto un personaje como Donald Trump, Obama cerró sus palabras con el mismo mensaje de esperanza que convenció a millones de personas en 2008, haciendo posible la hazaña de situar por vez primera a un hombre negro en el cargo más importante del país, y, en muchos sentidos, del mundo: Yes, we can (Sí, podemos). Y luego añadió: Yes, we did (Sí, lo hicimos; sí, pudimos). Pero, ¿ha podido realmente?
En términos generales, Obama deja un país mejor que el que encontró, al menos en lo que respecta a la economía, pero también un buen número de expectativas frustradas o directamente incumplidas. El que fuera el candidato del «cambio» y la «esperanza»ha sido asimismo, para muchos, el presidente de las oportunidades perdidas, unas oportunidades que, a la vista de quien va a sentarse en el Despacho Oval a partir del próximo viernes, no van a volver a repetirse fácilmente. Y algunos de sus logros más importantes, como la reforma sanitaria o la migratoria, podrían tener los días contados.
En el exterior, Obama, premiado en 2009 con un Nobel de la Paz que resultó ser, probablemente, algo prematuro, tampoco puede presumir demasiado. El entusiasmo inicial que despertó en todo el mundo el cambio que el joven presidente suponía con respecto a su antecesor (George W. Bush), con sus acercamientos al mundo musulmán (qué lejos queda ya aquel famoso discurso en El Cairo), o sus decisiones de poner fin a dos guerras (Afganistán e Irak), se fue transformando poco a poco en decepción y, en muchas ocasiones, en más de lo mismo.
Quedarán, en el apartado del debe, sus fracasos en el trágico atolladero de Siria y en el moribundo proceso de paz palestino-israelí, o los miles de muertes causadas por sus drones (durante el mandato de Obama, EE UU ha bombardeado un total de siete países —Afganistán, Irak, Pakistán, Somalia, Yemen, Libia y Siria—, frente a los cuatro bombardeados por Bush —los cuatro primeros— ). En el apartado del haber, pasos históricos como la reapertura de relaciones con Cuba y el acuerdo nuclear con Irán, sus iniciativas en contra de la tortura, o momentos ‘cumbre’ como, dejando a un lado las normas del derecho internacional, el asesinato del líder de Al Qaeda y cerebro de los atentados del 11-S, Osama Bin Laden.
No obstante, y como siempre en estos casos, tan injusto sería culpar al presidente de todos los aspectos negativos ocurridos durante su mandato, como atribuirle en exclusiva todos los logros. La sociedad estadounidense, como la global, ha experimentado durante estos ocho años cambios muy profundos, unos cambios que han acabado traduciéndose, de algún modo, en una gran polarización ideológica y una evidente desconexión entre ciudadanos y politicos, de izquierda a derecha, reflejadas en manifestaciones tan distintas como el movimiento Occupy que se extendió por EE UU en 2011 tras el 15-M español, o la inesperada elección como presidente del millonario Donald Trump en 2016. Unos cambios que, al mismo tiempo, han permitido también hitos como el reconocimiento, en todo el país, de la legalidad del matrimonio entre homosexuales, o el hecho de que, por primera vez, una mujer (Hillary Clinton) haya estado a punto de ocupar la Casa Blanca.
Paradójicamente, ha sido durante el mandato del primer presidente negro cuando los hondos conflictos raciales tan presentes aún en EE UU han vuelto a exacerbarse (debido, sobre todo, a la violencia discriminatoria ejercida por la Policía contra ciudadanos negros), y ha sido también durante el mandato del que iba a ser «el presidente de la gente» cuando hemos conocido, por ejemplo, el masivo espionaje cibernético al que el Gobierno estadounidense somete a sus ciudadanos. A menudo, también es cierto, Obama se ha dado de frente contra el muro de la falta de apoyo político, especialmente en el Congreso, una cámara que ha estado férreamente dominada por los republicanos en estos últimos años: para cuando el presidente quiso apretar el acelerador de sus reformas, en el tramo final de su mandato, ya era demasiado tarde. A su pesar, Guantánamo sigue abierto, y el cambio en las leyes que regulan la posesión de armas, pendiente.
Tal vez el error, visto sobre todo desde Europa, o desde la Europa más de izquierdas, haya sido creer que Obama era un auténtico revolucionario, y no tanto lo que finalmente resultó ser: un presidente con honestas intenciones transformadoras, pero dependiente, al fin y al cabo, y no siempre en contra de su voluntad, de los mecanismos de poder (políticos, económicos, militares) y los valores tradicionales (capitalismo incuestionable, cierto chauvinismo) que siguen marcando buena parte de la realidad de su país.
Lo que parece claro es que Obama se va con la popularidad prácticamente intacta, un factor al que probablemente haya contribuido el clima viciado que ha caracterizado las últimas elecciones presidenciales. Según un último sondeo de Associated Press-Norc Center for Public Affairs, el 57% de los estadounidenses encuestados aprueban su gestión, lo que le sitúa muy por delante de su predecesor (Bush se fue con un 32%) y ligeramente por encima de Ronald Reagan (51%), aunque aún lejos de Bill Clinton (63%). Para el 27%, Obama ha sido incapaz de mantener su promesa de unificar el país, y uno de cada tres opina que ha incumplido sus compromisos, si bien el 44% cree que, al menos, lo ha intentado.
Obama asumió la presidencia de EE UU con una herencia, la de George W. Bush, que incluía, entre otras cosas, dos guerras, una crisis económica interna sin precedentes desde la Gran Depresión y una imagen de Estados Unidos en el mundo por los suelos. El nuevo presidente ofrecía, para empezar, un talante completamente distinto: más inteligente y tolerante, con un mejor carácter y un fino y agudo sentido del humor, educado en Harvard pero no elitista, soñador pero realista, progresista pero en modo alguno radical, e inmune (algo que ha logrado mantener) a cualquier escándalo de corrupción o de carácter personal. Repasamos ahora su legado, recordando también sus promesas y retos de hace ocho años, tanto en política exterior como en política interior.
Cuando Obama llegó al poder en enero de 2009, tres años antes del estallido de la ‘primavera árabe’, y ocho antes de la sangrienta irrupción de Estado Islámico, el nuevo presidente tenía ante sí tres desafíos fundamentales en lo que respecta a la región más convulsa del planeta: retirar las tropas estadounidenses de Irak y y lograr la estabilización del país, poner fin a la guerra en Afganistán, y contribuir a un proceso de paz real entre palestinos e israelíes. Ocho años después, la retirada de los soldados es una realidad en Irak, pero el país, asolado por el terrorismo yihadista, la división sectaria y la debilidad de su gobierno tras la nefasta gestión estadounidense que siguió a la invasión de 2003, está muy lejos de ser estable; la guerra de Afganistán se cerró más bien en falso (EE UU aún mantiene tropas allí); y el proceso de paz palestino-israelí está completamente muerto.
En el camino, las nuevas realidades de la zona han supuesto un desafío constante, al que la administración estadounidense no ha sabido responder adecuadamente. La tragedia de la guerra en Siria es, tal vez, el principal ejemplo: la política contradictoria y pasiva de Washington ha contribuido a perpetuar el conflicto y ha dado alas a la Rusia de Putin, cuyo apoyo incondicional al régimen de Asad sigue haciendo imposible una salida. Por otro lado, EE UU ha intentado distanciar su discurso de la política israelí, pero no ha presionado lo suficiente como para forzar avances en el proceso de paz, e incluso ha alcanzado niveles récord en la venta de armas a este país. Y en Yemen, donde otra guerra prácticamente olvidada sigue masacrando a la población, Washington mantiene su respaldo a la coalición, liderada por Arabia Saudí, que está lanzando las bombas.
Según explica a 20minutos.es Ignacio Álvarez-Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y coordinador de Oriente Medio y el Magreb en la Fundación Alternativas, «la inacción, el distanciamiento y la parálisis» que han caracterizado la política «fallida, errática e improvisada» de Obama en Oriente Medio han dejado una región «bastante peor de lo que estaba hace ocho años», incluyendo la expansión de Estado Islámico, frente al que EE UU no ha sido capaz de oponer una estrategia verdaderamente eficaz. Aún reconociendo el condicionante de la herencia de Bush, Álvarez-Ossorio no duda en hablar de «gran decepción», tras un principio que parecía esperanzador, «gracias al discurso en El Cairo, o al hecho de que se dejase caer a Mubarak en Egipto».
Sin embargo, teniendo en cuenta las duras críticas recibidas por Bush a causa de su intervencionismo en la región, ¿qué opciones reales tenía Obama? «Podía haber explorado más otras alternativas, basadas en una diplomacia más coherente y en el multilateralismo, en buscar otros actores», explica Álvarez-Osorio. «El intervencionismo militar no es la única opción, pero es difícil ganar credibilidad cuando tus principales aliados siguen siendo países autocráticos, o cuando el distanciamiento de gobiernos como el saudí o el israelí es tan tibio».
El mayor logro conseguido por la administración de Obama en Oriente Medio es, sin duda, la consecución del acuerdo con Irán, un acuerdo que permitió controlar la escalada nuclear en este país y levantar las sanciones impuestas a Teherán; que, en cualquier caso, no es atribuible en exclusiva a la diplomacia estadounidense, y que está pendiente ahora de lo que pueda hacer con él el nuevo presidente Trump.
Junto con el acuerdo nuclear con Irán, el otro gran momento del mandato de Obama en política exterior ha sido la normalización de las relaciones con Cuba, un proceso cuya primera fase culminó en el histórico apretón de manos en La Habana entre el presidente estadounidense y el cubano, Raúl Castro, en marzo de 2016. Era la primera vez en 88 años que un mandatario de EE UU visitaba la isla, un gesto comparable, en significación histórica, a la visita que Obama hizo también a Hiroshima, la primera de un presidente estadounidense a la ciudad japonesa arrasada por la primera bomba atómica hace 50 años.
No obstante, tampoco aquí el éxito es atribuible tan solo a Obama. La situación de cierto aperturismo en la isla tras la retirada de Fidel Castro del poder, y el final de los años duros de George W. Bush fueron factores fundamentales. Y no hay que olvidar que, al igual que en lo referente a Irán, el nuevo presidente, Trump, tendrá la autoridad ejecutiva de revertir las propuestas diplomáticas de Obama para con la isla, incluyendo la relajación de las sanciones y las restricciones de viaje. Trump, de momento, mantiene abiertas «todas las opciones».
Con otro de los tradicionales antagonistas de EE UU, Corea del Norte, las cosas no han ido tan bien, aunque, en este caso, ha sido la postura aislacionista y beligerante del régimen dictatorial de Pionyang la que no ha contribuido, precisamente, a allanar el camino. La tensión nuclear, las provocaciones a los vecinos y los ensayos armamentísticos han seguido incrementándose, y los conatos de diálogo parecen haber pasado a mejor vida.
«Cuando Obama fue elegido en 2008 se generó una gran expectación en Europa», comenta a 20minutos.es Carlota García Encina, investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid: «Parecía, sobre todo en comparación con los años de Bush, que se iniciaba una nueva relación transatlántica, pero la generación de Obama no se siente tan ligada al Viejo Continente como las anteriores y, aunque en un primer momento el trato fue cordial, EE UU empezó a mirar cada vez más a Asia y a los países emergentes, y a dejar claro su deseo de que los países europeos se fuesen haciendo cargo de su propia defensa», añade.
Esta cierta distancia, no obstante, ha ido evolucionando a lo largo de todo el mandato, especialmente ante la magnitud de problemas globales como el terrorismo o la llegada masiva de refugiados, o debido a situaciones de crisis como la guerra en Ucrania. García Encina señala, en este sentido, que «Obama fue cada vez más consciente de que necesitaba una Europa fuerte, de que no existe una alternativa, y de que estadounidenses y europeos son quienes siguen haciéndose cargo de la mayoría de los problemas del mundo». «Por eso», agrega, «Obama ha venido insistiendo, sobre todo al final de su presidencia, en la necesidad de ‘más Europa’ [cuando apoyó la opción contraria al brexit, por ejemplo], y de una Europa más activa que reactiva».
La relación con el otro lado del Atlántico, sin embargo, ha estado marcada por la creciente tensión, cuando no enemistad directa, con la Rusia de Putin. Como recuerda García Encina, los planes de Obama para mejorar las relaciones con Moscú (ese «volver a empezar» que se propuso al inicio de su segundo mandato) se vieron truncados por la guerra en Ucrania y la anexión rusa de Crimea en 2014, y, especialmente, por el apoyo del Kremlin al régimen sirio de Bashar al Asad. Tras las acusaciones a Moscú de haber intervenido en la campaña electoral estadounidense, y a pesar del ‘idilio’ político entre Vladimir Putin y Donald Trump, restablecer una mínima normalidad entre ambas potencias no va a ser tarea fácil.
Antes de ser elegido presidente, Obama, quien llegó a ser acusado de «proteccionista encubierto» por su primer rival electoral, el republicano John McCain, se había mostrado partidario, en general, del libre comercio mundial, si bien matizando que «no todos los acuerdos son buenos». Al término de su mandato, el balance en este sentido es más bien pobre, con solo tres acuerdos implementados exitosamente (Panamá, Colombia y Corea del Sur), algo no necesariamente negativo para los detractores de este tipo de tratados, tanto desde la derecha más proteccionista («roban trabajo a los locales y favorecen a las empresas extranjeras»), como desde el activismo izquierdista («contribuyen a aumentar el poder de las grandes corporaciones frente a los gobiernos, y minan los derechos sociales y laborales»).
Los dos grandes objetivos de su administración fueron el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP). El TPP, firmado en febrero de 2016 por 12 países que, juntos, representan el 40% de la economía mundial, todavía no ha sido ratificado y, teniendo en cuenta que Trump ha anunciado la retirada estadounidense del mismo, su futuro es, siendo optimistas, incierto. Mientras, el TTIP, la controvertida propuesta de libre comercio entre EE UU y la UE, sigue negociándose, pero está siendo abandonada por cada vez más políticos a ambos lados del Atlántico. «A diferencia de lo que ocurre en Europa», indica García Encina, «el TTIP no está en el debate público en EE UU; es un asunto de Washington».
Obama llegó al poder en mitad de una crisis económica descomunal, cuyos efectos aún siguen sufriéndose en medio mundo. Con más de 9 millones de parados, el desempleo afectaba al 6,7% de la población activa; la deuda pública superaba los 10.600 millones de dólares; la industria financiera estaba a un paso del colapso, y 700.000 millones de dólares eran dedicados a gasto militar. Grandes empresas habían quebrado, la confianza de los inversores era prácticamente inexistente, había decrecido alarmantemente la capacidad adquisitiva y, por tanto, el consumo; la industria automovilística (uno de los motores del país) estaba en coma, y el déficit presupuestario alcanzaba un registro histórico de 483.000 millones de dólares, sin contar con los 700.000 millones del erario público destinados a rescatar, principalmente, a los bancos y entidades financieras a la vez causantes y víctimas de buena parte de la crisis.
Al inicio de su primer mandato, Obama impulsó un importante paquete de estímulo económico y una serie de reformas legales y financieras que, poco a poco, han ido dando frutos. Su gobierno supervisó la salvación de General Motors, implementó un Programa de Viviendas Asequibles que evitó que millones de propietarios perdieran sus casas al permitirles refinanciar sus hipotecas, y negoció un acuerdo que anuló muchos de los recortes de impuestos aprobados en la era de George W. Bush, a cambio de congelar el gasto general, e incluyendo importantes medidas fiscales como la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009.
Ocho años después, el desempleo ha caído al 4,6%, el nivel más bajo desde 2007, y la creación de puestos de trabajo sigue estable, con 178.000 nuevos empleos registrados el pasado mes de noviembre. Además, y pese a que Obama no ha conseguido avances en su empeño por aumentar el salario mínimo federal (el Congreso, dominado por los republicanos, se ha opuesto sistemáticamente), o a que el poder adquisitivo sigue sin alcanzar los niveles esperados (el ingreso de los hogares en 2015 seguía siendo inferior al de 2007), los sueldos, en general, han empezado a recuperarse (aunque sigue existiendo desigualdad entre hombres y mujeres), y el mercado de valores está alcanzando nuevos máximos.
Según un informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, el crecimiento de los salarios reales ha sido en estos últimos años el más rápido desde principios de la década de los setenta, y en el tercer trimestre de 2016, la economía estadounidense creció un 11,5% por encima del máximo registrado antes de la crisis, con la renta per capita situada un 4% sobre los niveles anteriores a 2009.
La reforma del sistema sanitario estadounidense fue, desde un principio, la gran apuesta de Barack Obama, y también el principal blanco de los ataques al presidente provenientes de los sectores más conservadores. Su implementación, aunque fuese rebajando en parte sus ambiciosos planes iniciales, ha sido, según él mismo, su gran legado. Su futuro, considerando que Trump ha prometido hincarle el diente («suspenderla» y «aprobar una propuesta mejor») nada más asumir la presidencia, está en el aire.
Básicamente, el llamado Obamacare, el paquete de reformas sanitarias aprobado en 2010, tiene como objetivo permitir un mayor acceso de los ciudadanos al sistema de salud, en un país donde no existe una sanidad pública como tal. Los estadounidenses pueden ahora comprar seguros médicos federalmente regulados y subsidiados por el Estado, lo que ha permitido que el porcentaje de personas sin protección se haya reducido del 15,7% (un total de 30 millones) en 2011 al 9,1% en 2015.
La ley, por ejemplo, prohíbe a las compañías de seguros tener en cuenta condiciones preexistentes, y les exige otorgar cobertura a todos los solicitantes, ofreciéndoles las mismas tarifas sin importar su estado de salud o su sexo. Además, aumenta las subvenciones y la cobertura de Medicaid, el programa de seguros de salud del Gobierno.
La reforma, sin embargo, ha tenido que convivir con serios problemas, incluyendo el hecho de que varios estados gobernados por republicanos se han negado a aplicar su parte, o graves dificultades informáticas que fueron ampliamente divulgadas por la prensa y utilizadas por la oposición, disparando las críticas de sus detractores.
La reforma migratoria fue, junto con la sanitaria, la otra gran promesa de Obama durante la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca en 2008, pero sus esfuerzos por que el Congreso la sacase adelante cayeron una y otra vez en saco roto. Finalmente, nada más ser reelegido, el presidente anunció que no estaba dispuesto a seguir esperando, y que aprobaría una serie de medidas por decreto (acción ejecutiva). Lo hizo, finalmente, y entre las airadas críticas de los republicanos, en 2014.
Esta ‘minireforma’ no afectaba a aspectos como la ciudadanía o la residencia permanente (Obama no podía llegar tan lejos, con la ley en la mano), pero sí permitía regularizar la situación de cerca de la mitad de los inmigrantes indocumentados que residen en el país (unos cinco millones, de un total de 11 millones de ‘sin papeles’). En concreto, la reforma afectaba a aquellos que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, y que pueden demostrar que llevan en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales. La ley está ahora suspendida por una larga batalla legal en la que se ha cuestionado su constitucionalidad.
Por otro lado, la dura y xenófoba retórica anti-inmigración del presidente electo, Donald Trump, ha hecho olvidar a menudo que la administración de Obama ostenta el récord de deportaciones de EE UU hasta la fecha, con una media de 400.000 al año. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno de Obama deportó a cerca de 2,5 millones de inmigrantes entre 2009 y 2015. El mayor número de deportaciones se produjo en 2012, cuando fueron expulsadas 410.000 personas, alrededor del doble que en 2003. Un informe de 2013 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU señalaba que alrededor de 369.000 inmigrantes irregulares fueron deportados durante ese año. La mayoría de los deportados, 241.493, eran mexicanos.
Las afirmaciones de Donald Trump según las cuales la criminalidad en EE UU está «peor que nunca» son falsas. Es cierto que en algunas grandes ciudades ha crecido la tasa de homicidios, pero, en general, los índices de delincuencia han bajado de forma constante durante los ocho años de gobierno de Barack Obama, uno de cuyos grandes objetivos (no cumplido del todo) ha sido la reforma del sistema de justicia penal y, en especial, intentar acabar con la discriminación racial que conlleva actualmente.
Como destaca la BBC en un repaso al legado de Obama en este aspecto crucial de la política doméstica, en 2010 el presidente firmó la llamada Acta de Sentencias, con la que se equiparararon las penas por posesión de crack y de cocaína en polvo. Hasta entonces, los castigos para los condenados por lo primero, la mayoría ciudadanos afroamericanoss, eran muy severas. En ese mismo año, Obama firmó otra ley que establece que el tiempo mínimo de prisión obligatoria por posesión de cocaína, que suele implicar desproporcionadamente a delincuentes de raza negra, sea más acorde con las penas de cocaína en polvo.
En enero de 2016, por otra parte, Obama tomó una serie de medidas ejecutivas destinadas a limitar el uso del aislamiento en las cárceles federales y proporcionar un mejor trato a los reclusos con enfermedades mentales. También ha utilizado su poder presidencial para conmutar las penas por drogas a más de 1.000 infractores no violentos, y ha apoyado una política del Departamento de Justicia que dio lugar a la liberación anticipada de unos 6.000 reclusos.
Su gran frustración, no obstante, ha sido no poder lograr un mayor control sobre la posesión de armas de fuego. Tras la matanza de la escuela primaria de Sandy Hook en Connecticut, el 14 de diciembre de 2012, Obama pidió mayores restricciones, algo en lo que ha insistido desde entonces, públicamente, varias veces. Sin embargo, debido al poder de presión de lobbies como la Asociación Nacional del Rifle, y a la oposición del ala más conservadora del Congreso, al final no ha podido promulgar nuevas políticas importantes al respecto.
Antes de ser elegido por primera vez, Obama prometió que cerraría la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, lo antes posible. De hecho, en la primera semana tras su toma de posesión (el segundo día, para ser exactos), el nuevo presidente firmó un decreto que contemplaba la clausura definitiva, «en menos de un año», de esta prisión militar, un complejo penitenciario fuera de la ley por el que habían pasado entonces casi 800 hombres, considerados por EE UU «combatientes enemigos ilegales»; la mayoría de ellos, acusados de pertenecer a los talibanes o a Al Qaeda, algunos sometidos a torturas, y ninguno con el derecho reconocido a un juicio previo o a la representación de un abogado. Ocho años después, y aunque con menos prisioneros (45 en la actualidad, frente a los 242 reos que había en 2009), el gran símbolo de la ‘guerra contra el terror’ de George W. Bush sigue abierto.
A lo largo de estos ocho años, Obama ha intentado en numerosas ocasiones hacer efectivo el cierre de la prisión, pero se ha encontrado una y otra vez con el rechazo y las restricciones del Congreso, reacio, principalmente, al traslado a suelo estadounidense de prisioneros que supondría la clausura de la base. En respuesta, la administración de Obama ha ido llevando a cabo un plan de transferencia de prisioneros a otros países, pero no ha sido suficiente.
Obama llegó a la Casa Blanca con una agenda medioambiental muy clara y es justo reconocer que ha tratado de cumplirla. El presidente ha intentado impulsar las energías renovables, promoviendo la construcción de más plantas solares y tomando medidas para modernizar la industria y hacerla menos dependiente del carbón. También prohibió perforaciones petroleras en el Atlántico y el Ártico, y participó activamente en el debate internacional sobre el calentamiento global, contribuyendo de forma determinante a la negociación del gran acuerdo para combatir el cambio climático que 195 países firmaron durante el COP21 en París, en diciembre de 2015.
Este acuerdo, ratificado por EE UU (y amenazado ahora por la postura en contra de Trump), estableció una serie de nuevas regulaciones que controlan la contaminación de las centrales eléctricas de carbón y limitan la minería del carbón y la perforación de petróleo y gas, tanto en tierras continentales como en aguas costeras.
Además, el presidente estadounidense hizo uso de su autoridad ejecutiva para designar un total de 548 millones de acres (más de 2,2 millones de Km²) de territorio como hábitat protegido, más que cualquier presidente anterior.
Obama, sin embargo, dejó pasar también oportunidades importantes. A principios de su mandato, cuando los demócratas tenían aún mayoría, el Congreso llegó a aprobar un estricto programa para controlar las emisiones de carbono. El Senado, sin embargo, dio prioridad a las reformas financiera y sanitaria, y, para cuando la ley volvió al Congreso, los demócratas estaban ya en minoría.
Publicado originalmente en 20minutos
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Entre el 16 y el 19 de mayo de 1916, en plena Guerra Mundial, fue ratificado en las cancillerías europeas uno de los documentos más controvertidos de la historia: el pacto por el que británicos y franceses, con el consentimiento de Rusia y a espaldas de los pueblos afectados, planearon repartirse las posesiones del Imperio Otomano en Oriente Próximo una vez acabada la contienda. En palabras del historiador árabe George Antonius (1891-1942), «una estupidez producto de la desconfianza y la codicia».
Firmado en secreto hace ahora cien años, el conocido como Acuerdo Sykes-Picot (por los nombres de sus negociadores) estipulaba que, pese a las promesas hechas a los árabes a cambio de su ayuda contra los turcos, la región se dividiría en dos grandes áreas administradas por ambas potencias. Finalmente, en la Conferencia de Paz de París de 1919 se optó por un nuevo reparto bajo la forma de mandatos, y las fronteras que conocemos hoy fueron dibujándose en las décadas siguientes a través de otros acontecimientos, como la creación del Estado de Israel o la nueva república turca, que acabaron siendo más significativos.
El tratado de Sykes-Picot y sus consecuencias no son los únicos orígenes de la inestabilidad que ha sufrido la zona en el último siglo, y a la artificialidad de sus fronteras y de las que surgieron después no es fácil oponer otras más ‘racionales’ (basadas en grupos étnicos o religiosos) que hubiesen garantizado la paz. El legado del imperialismo es una pesada losa, pero también lo son las dictaduras que han castigado Oriente Medio durante generaciones, el extremismo religioso, los dobles raseros de la comunidad internacional, el intervencionismo, o los intereses derivados del petróleo.
Y, sin embargo, Sykes-Picot sigue siendo invocado como el gran pecado original, tal vez por su innegable carácter simbólico: cuando, en junio de 2014, el grupo Estado Islámico llevó a cabo su espectacular expansión, lo primero que hizo tras conectar las zonas que controlaba en Siria e Irak fue «dar por muerto» el histórico pacto.
Cien años después, el futuro de la región, incluyendo el de los Estados más periféricos a los que el tratado no afectó directamente, parece tan turbio como su pasado, y su presente, con tres países en guerra abierta, cientos de miles de muertos por la violencia, millones de refugiados, economías destrozadas, derechos humanos sistemáticamente violados y una ‘primavera árabe’ que es ya como un sueño lejano, no deja mucho espacio para la esperanza.
La guerra civil en Siria, ya en su sexto año, tiene su origen en las protestas contra el gobierno dictatorial de Bashar al Asad, iniciadas en 2011 en el contexto de la ‘primavera árabe’, y que el régimen reprimió duramente. La compleja realidad étnica, social y religiosa del país, los apoyos internacionales (Rusia, Irán y Hizbulá, con el Gobierno; Turquía, Arabia Saudí y las monarquías del Golfo, con los rebeldes), la descomposición de la oposición moderada, la determinante irrupción del yihadismo fundamentalista (Estado Islámico, Al Qaeda), y el rechazo a una intervención directa por parte de EE UU han estancado el conflicto. Pese a la frágil y poco respetada tregua de los últimos meses, los intentos de conversaciones de paz han sido, hasta ahora, un fracaso.
En lo que va de siglo, y después de los 25 años de la dictadura de Sadam Husein (incluyendo la devastadora guerra contra Irán y las acciones genocidas contra los kurdos), Irak ha sufrido una invasión (la liderada por EE UU en 2003), una guerra civil (2006-2007), el terrorismo de Al Qaeda y, ahora, la sangrienta expansión de Estado Islámico y continuos atentados masivos. Tras el fracaso del Gobierno sectarista de Al Maliki, el nuevo ejecutivo reformista de Al Abadi se enfrenta a grandes protestas, en un sistema político con hondas raíces en el clientelismo y en los intereses de los diferentes grupos que conforman la sociedad iraquí. En primera línea contra Estado Islámico, los kurdos, repartidos entre Irak, Siria, Irán y Turquía, y a los que tanto Sykes-Picot como los tratados posteriores negaron un Estado independiente, han visto incrementadas sus aspiraciones.
Hasta el año pasado, en Yemen se superponían cuatro conflictos: el del Gobierno contra la guerrilla hutí; la revuelta separatista en el sur; las protestas de la ‘primavera árabe’ (que acabaron sacando del poder al presidente Saleh tras 33 años en el cargo); y la actividad de los yihadistas asociados a Al Qaeda. En enero de 2015, los hutíes (chiíes) forzaron la salida del nuevo presidente, Mansur Hadi. El teórico respaldo del régimen chií de Irán a la guerrilla, y el consiguiente temor de Arabia Saudí (suní) por perder influencia, motivó una intervención militar de una coalición árabe liderada por los saudíes, cuyos bombardeos han causado más de la mitad de las víctimas civiles en más de un año de conflicto.
Con el proceso de paz enterrado, y después de la Segunda Intifada, los últimos años han estado marcados por la mano dura del Gobierno israelí del conservador Benjamin Netanyahu, la expansión de las colonias ilegales israelíes en los territorios ocupados, las operaciones militares contra una franja de Gaza en la que 1,5 millones de personas siguen viviendo en estado de sitio, y las acciones violentas de una nueva generación de jóvenes palestinos que ya no esperan prácticamente nada de sus divididas, ineficaces y maniatadas autoridades. La guerra en Siria y en Irak y la tensión con Irán han alejado el foco informativo de Palestina, e Israel confía en sacar provecho del caos en que están inmersos sus vecinos.
La crisis de los refugiados sirios (Turquía es, con mucho, el país que más acoge, y la principal puerta de entrada de éstos a Europa) y el polémico acuerdo (ahora en entredicho) sobre deportaciones alcanzado con la UE han protagonizado la agenda de la convulsa política turca en los últimos meses, en medio del creciente autoritarismo del presidente Erdoğan, con acoso a sus enemigos políticos y a la prensa, e intentos por acaparar más poder. Implicada militarmente en la guerra siria, Turquía sufre, además, una grave oleada terrorista y la ruptura del alto el fuego con la guerrilla kurda del PKK tras dos años de tensa paz.
Tras décadas de continua violencia (15 años de guerra civil, control militar sirio, guerrillas palestinas, invasiones israelíes), la precaria estabilidad del Líbano, un complicado experimento de reparto de poder entre sus diferentes minorías étnicas y religiosas, y sus poderes económicos y políticos, ha vuelto a ser sacudida, esta vez por la guerra en la vecina siria. Los refugiados han desbordado el país, huyendo de un conflicto en el que participa militarmente la milicia libanesa chií Hizbulá, auténtico «Estado dentro del Estado» y uno de los principales agentes en el Gobierno actual, mientras el Parlamento lleva dos años sin ponerse de acuerdo para elegir un nuevo presidente.
Inmersa en una lucha con el Irán chií por la hegemonía en la región, y origen ideológico (y a menudo financiero) del extremismo religioso yihadista, Arabia Saudí continúa bajo la acusación constante de las organizaciones de derechos humanos (discriminación de la mujer, de los homosexuales, represión de la oposición política). Bajo el nuevo rey, Salman, el país ha abandonado su tradicional política de discreción para entrar en nueva era más agresiva en la que se enmarcarían los bombardeos sobre Yemen, el incremento de las ejecuciones, la ayuda a los insurgentes sirios, el reforzamiento del eje con las otras monarquías absolutistas del Golfo (especialmente Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos), o los movimientos para alterar el precio del petróleo, cuya caída le está afectando seriamente.
Los años de enfrentamiento frontal con Occidente que caracterizaron las presidencias de Ahmadineyad han dado paso a un mayor entendimiento, de la mano del más moderado Rohaní, con el pacto nuclear alcanzado en 2014 y el levantamiento de sanciones económicas como principal consecuencia. El poder real, no obstante, sigue en manos de una reaccionaria élite religiosa, las violaciones de los derechos humanos y la represión política continúan, y el país, en una creciente rivalidad con Arabia Saudí, y considerado aún la gran amenaza por Israel, está implicado militarmente en Siria (respaldando a Asad) e Irak (milicias chiíes contra los suníes de Estado Islámico), mientras mantiene su apoyo a Hizbulá y a la guerrilla hutí en Yemen.
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Más información:
» Acuerdo Sykes-Picot (1916)
» How the Curse of Sykes-Picot Still Haunts the Middle East (Robin Wright, en The New Yorker)
» Sykes-Picot Roundup (The Afternoon Map)
» Could Different Borders Have Saved the Middle East? (Nick Danforth, en The New York Times)
» Middle East still rocking from first world war pacts made 100 years ago (Ian Black, en The Guardian)
» Don’t Blame Sykes-Picot for the Middle East’s Mess (Steven A. Cook y Amr T. Leheta, en Foreign Policy)
» Rant: The Next Week will be Full of Op-Eds about Sykes-Picot: Almost All of them Will Get it Wrong (Michael Collins, Middle East Institute Editor’s Blog)
» La regla y el pegamento de Sykes-Picot 100 años después (Itxaso Domínguez de Olazabal, en esglobal)
» The clash within a civilisation (The Economist)
» The war within (The Economist)
» Unintended consequences (The Economist)
» Middle East – The Mother of All Humanitarian Crises (Baher Kamal, en Inter Press Service)
Entre el 16 y el 19 de mayo de 1916, en plena Guerra Mundial, fue ratificado en las cancillerías europeas uno de los documentos más controvertidos de la historia: el pacto por el que británicos y franceses, con el consentimiento… Leer
Quienes confiaban en que el nuevo año trajese al fin la progresiva resolución, si no de todos, sí al menos de algunos de los conflictos que están castigando Oriente Medio, van a tener, muy probablemente, que seguir esperando: una de las claves fundamentales para llegar a alcanzar cierta estabilidad y poner freno a la violencia que arrasa actualmente países como Siria o Yemen pasa por la voluntad de cooperación de las dos grandes potencias de la región, Irán y Arabia Saudí, y eso es algo que, tras la crisis desatada esta semana entre ambos países, no parece que vaya a ocurrir a corto plazo.
La enconada rivalidad entre Riad y Teherán, un enfrentamiento de décadas interconectado con la tensión religiosa (el 95% de los 29 millones de habitantes de Arabia Saudí son musulmanes suníes; el 89% de los 78 millones de Irán, musulmanes chiíes), pero cuyos motivos reales tienen mucho más que ver con la lucha por obtener el dominio geopolítico de la región, se ha acrecentado más aún si cabe estos últimos días, tras la ejecución el pasado sábado, por parte de las autoridades saudíes, de 47 personas acusadas de «terrorismo», entre ellas, un influyente clérigo chií, Nimr Al Nimr.
Los sentenciados, en su mayoría suníes de nacionalidad saudí, murieron en doce prisiones distribuidas por todo el país (decapitados en ocho de ellas, fusilados en las cuatro restantes), en una masiva aplicación de la pena capital que bien podría haber escandalizado no solo a Irán, sino a cualquier otro país, incluyendo los occidentales, que tan a menudo hacen la vista gorda ante los abusos saudíes contra los derechos humanos. Pero no fue el desatado uso del patíbulo lo que soliviantó a las autoridades de Teherán, que, a fin de cuentas, ejecutan a al menos 300 personas al año, frente a la media de 80 de Arabia Saudí (más de 150 en 2015 bajo el reinado del nuevo rey Salman), sino el hecho de que entre los ajusticiados se encontrara el mencionado Al Nimr, una figura muy crítica con el régimen de Riad y que gozaba de una gran popularidad entre la minoritaria comunidad chií de Arabia Saudí.
La ejecución de Al Nimr fue recibida en Irán como una provocación en toda regla. Tan solo unas horas después de que se llevase a cabo la sentencia, grupos de manifestantes incendiaron la embajada saudí en Teherán clamando venganza, y, pese a que el Gobierno iraní condenó el ataque, Arabia Saudí respondió rompiendo relaciones diplomáticas con Irán. En los días siguientes lo harían también Sudán, Bahréin, Yibuti y Somalia, mientras que los Emiratos Árabes Unidos reducían sus contactos con Teherán, y Catar y Kuwait llamaban a consultas a los embajadores iraníes en estos países.
Esta última crisis es, en todo caso, la escenificación política de un conflicto que lleva años dirimiéndose fuera de las fronteras de ambos países, en guerras subsidiarias (proxy, en el término inglés comúnmente utilizado por los expertos) donde las dos potencias están desempeñando un papel determinante, apoyando a sus respectivas facciones afines.
De momento, un enfrentamiento bélico directo entre Irán y Arabia Saudí, de catastróficas consecuencias para ambos y para el resto de la región, no parece, muy probable. Por un lado, los dos tienen demasiado que perder; por otro, la rivalidad ya se está expresando suficientemente en el complicado tablero que constituyen actualmente los conflictos de Siria, Yemen e Irak. El problema es que este enfrentamiento indirecto puede acabar resultando igual de catastrófico.
En Siria, Irán respalda abiertamente, junto con Rusia, al régimen de Bashar al Asad (por afinidad religiosa —la élite gobernante siria es alauí, una rama del islam conectada con el chiísmo—, pero, sobre todo, para extender su influencia y mantener el eje de territorio amigo que le conecta con la milicia chií Hizbulá en Líbano), mientras que de Arabia Saudí ha partido una parte esencial del apoyo obtenido por las milicias integristas (salafistas y yihadistas) que han acabado eliminando la oposición laica y moderada al régimen de Damasco.
La ayuda de Moscú a Asad es, sin duda, esencial, pero sin la intervención de Teherán, y también de sus aliados chiíes de Hizbulá, el dictador sirio habría tenido serios problemas para mantenere en el poder. Y sin la intervención saudí (especialmente la indirecta, a través de dinero más o menos privado), los grupos yihadistas, incluyendo Estado Islámico, no habrían llegado hasta donde están ahora, ni la oposición laica estaría tan debilitada.
Las escasas esperanzas de que llegue a alcanzarse un acuerdo sobre el futuro de Siria, y de que puedan avanzar las hasta el momento infructuosas negociaciones de paz, pasan, aparte de por el compromiso de actores externos como Rusia o EE UU, por el entendimiento entre Riad y Teherán, no solo en lo referente a su injerencia (armamentística, política y financiera) en el conflicto, sino, especialmente, y como destaca la analista Itxaso Domínguez de Olazábal, para hacer de la lucha contra Estado Islámico el objetivo prioritario de ambos, más allá de sus intereses contrapuestos. Algo que, por ahora, no está en la agenda real de ninguna de las dos potencias.
En Yemen, mientras tanto, los papeles se reparten al contrario: los saudíes apoyan al régimen del presidente Abd Rabu Mansur Hadi, liderando una coalición internacional que lleva meses bombardeando el país sin piedad, en un intento de acabar con la rebelión de los hutíes, un grupo opositor chií que, con el supuesto respaldo de Irán (según Teherán, solo moral), se hizo a principios de 2015 con el control de la capital, Saná, y forzó la salida del mandatario.
Teherán, a su vez, ha multiplicado su presencia militar en Irak (país de mayoría chií), donde milicias iraníes combaten a los yihadistas suníes de Estado Islámico, de forma paralela a la lucha contra Daesh que llevan a cabo el Ejército regular iraquí y los combatientes kurdos. Irán es, asimismo, y por otro lado, el principal valedor de la milicia chií libanesa Hizbulá, un factor que podría contribuir de forma determinante a desactivar el bloqueo político en el que se encuentra Líbano, sin presidente desde mayo de 2014.
Superada al menos —aparentemente— la antigua simplificación de «árabes contra persas», la tentación contemporánea, alentada por el enfoque igualmente simplificador de muchos medios de comunicación, es reducir toda esta crisis a un enfrentamiento religioso, o sectario, entre suníes y chiíes, en una lucha que se habría venido produciendo «durante siglos», y a la que se acude cada vez más a la hora de explicar todos y cada uno de los conflictos de Oriente Medio, con la excepción del palestino-israelí.
La realidad, sin embargo, es bastante más compleja, y tiene como fondo principal el uso que los poderes políticos han hecho y siguen haciendo de esa rivalidad religiosa, invocando argumentos sectaristas para justificar ambiciones estratégicas. La tensión sectaria, evidentemente, existe y juega un papel innegable en los diferentes escenarios de violencia que padece la región, pero es el continuo secuestro identitario que supone la utilización de esa tensión como elemento excluyente (no solo por ambas partes, sino también por Occidente) lo que la ha exacerbado hasta sus incendiarios niveles actuales.
Según explica Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, bajo este enfoque exclusivamente sectarista subyace un intento de «debilitar a los escasos regímenes seculares que habían conseguido éxitos relativos a la hora de instaurar un Estado moderno, centralizado y avanzado; convertir a estos países en Estados fallidos y volver a las lógicas sectarias y tribales». En este sentido, resulta útil recordar, por ejemplo, el desastre político a que dio lugar en Irak el enfoque sectario del gobierno auspiciado por Estados Unidos tras la invasión de 2003.
Tampoco es cierto, por otra parte, que suníes y chiíes hayan estado en guerra constante desde el cisma que dio lugar a las dos principales ramas del islam, durante el periodo que siguió a la muerte del profeta Mahoma, en el siglo VII. Ambos grupos han alternado periodos de gran conflictividad con largas épocas de convivencia más o menos pacífica, y han compartido objetivos e intereses (dos ejemplos significativos: el califato otomano, de naturaleza suní, obtuvo el respaldo de importantes grupos chiíes a principios del siglo XX; y durante la guerra entre Irán e Irak —1980-1988—, muchos chiíes iraquíes combatieron al lado de Bagdad, anteponiendo la identidad nacional a la religiosa o, al menos, compartiendo con sus compatriotas suníes su condición de víctimas obligadas a luchar por el régimen de Sadam Husein).
Dicho esto, el elemento religioso tampoco puede obviarse, pero la clave en este sentido se encuentra más en el extremismo que caracteriza a los gobiernos, tanto de Irán como de Arabia Saudí (los dos son teocracias fundamentalistas regidas por la sharia, o ley islámica), que en el hecho de que pertenezcan a ramas religiosas diferentes.
A continuación, los episodios más destacados del enfrentamiento entre saudíes e iraníes a lo largo de las últimas décadas, incluyendo las claves de la crisis actual:
Durante las décadas más tensas de la Guerra Fría, tanto Irán como Arabia Saudí fueron considerados por Occidente como países aliados frente a la influencia soviética en Oriente Medio (especialmente en Siria y, en menor medida, en Egipto). Con el Irán del sha, colocado en el poder después de que los servicios secretos del Reino Unido y Estados Unidos se encargasen de derrocar al incómodo primer ministro Mohammad Mosaddeq en 1953, se podía contar para cualquier cosa. Y respecto a Arabia Saudí, la tranquilidad estaba también asegurada gracias, en parte, el pacto más o menos secreto alcanzado el 14 de febrero de 1945 a bordo del crucero Quincy entre el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt (que volvía de la Conferencia de Yalta) y el rey saudí Ibn Saud. Por este acuerdo se reconocía que la estabilidad de Arabia Saudí forma parte de «los intereses vitales» de EE UU (petróleo), el reino saudí se comprometía a garantizar el aprovisionamiento energético y Washington le otorgaba, a cambio, «la protección incondicional contra cualquier amenaza exterior». Además, Ibn Saud concedía el monopolio de la explotación del petróleo a las compañías estadounidenses, lideradas por la Aramco del clan Rockefeller, durante un plazo de 60 años, al término del cual Riad recuperaría sus pozos.
Todo esto cambió en febrero de 1979 con el triunfo de la revolución islámica en Irán, liderada por el ayatolá Jomeini. Desde entonces, el objetivo declarado de Teherán de exportar la revolución a todo el mundo musulmán, y, en concreto, la asunción por parte de Teherán de la doctrina de Wilayat Faqih (gobierno del faqih), según la cual el máximo poder temporal entre los chiíes debe residir en su líder supremo, ha chocado de frente con los intereses de Arabia Saudí, que, como guardiana de los lugares más sagrados del islam (La Meca y Medina), insiste en proclamarse como líder del islam suní, mayoritario entre los musulmanes de todo el mundo.
La ineficacia de Irán a la hora de extender la revolución (con la excepción de su influencia en Líbano, a través de la milicia Hizbulá) fue tranquilizando, no obstante, las suspicacias saudíes, mientras que en el interior del reino, cada vez más rico gracias a los ingresos del petróleo, iba cobrando más y más fuerza la interpretación salafista (fundamentalista) del islam suní, que, entre otras cosas, considera herejes a los chiíes.
La guerra entre Irán e Irak, que comenzó en 1980, supuso el primer escenario en el que Arabia Saudí se opuso expresamente a Irán. Pese a no ser un aliado natural del régimen iraquí (laico) de Sadam Husein, Riad financió el esfuerzo bélico de Bagdad con unos 25.000 millones de dólares, y animó a los países vecinos (Kuwait, Emiratos, Catar, Bahréin) a que hicieran lo mismo.
En 1981, Arabia Saudí creó el Consejo de Cooperación del Golfo para extender su zona de influencia y aislar en lo posible la onda expansiva de la revolución iraní. La iniciativa, sin embargo, no fue muy eficaz, ya que el resto de las monarquías del Golfo se mostraron reticentes a participar en una fuerza militar conjunta bajo el mando saudí.
La guerra irano-iraquí tuvo consecuencias también en el aspecto económico, ya que, con el fin de debilitar las finanzas iraníes, Riad aumentó considerablemente su producción de petróleo, en un intento de hacer caer los precios y poner en peligro las exportaciones petroleras de Irán, base fundamental de la economía del país persa. Según explica la experta Agnès Levallois en el diario Le Monde, uno de los principales factores que explican la rivalidad entre Arabia Saudí e Irán es, precisamente, esta competencia sobre la gestión de los recursos energéticos y económicos de la región.
Irán, por su parte, respondió a la invasión iraquí que dio lugar a la guerra desarrollando una estrategia de «defensa preventiva», basada en la creación de lazos (milicias paramilitares, partidos políticos) con árabes chiíes en otros países, lo que le permitiría actuar de manera subsidiaria más allá de su territorio, algo que Arabia Saudí no vio precisamente con buenos ojos.
El 31 de julio de 1987, las autoridades saudíes reprimieron una multitudinaria manifestación antiestadounidense y antiisraelí de peregrinos iraníes en La Meca. Durante los disturbios murieron 400 peregrinos, 275 de ellos iraníes. En respuesta, grupos de manifestantes asaltaron la embajada saudí en Teherán y retuvieron al personal diplomático como rehenes. Uno de los funcionarios saudíes murió y, en abril del año siguiente, Arabia Saudí rompió relaciones diplomáticas con Irán por primera vez.
Ambos países, sin embargo, dejarían a un lado sus diferencias para hacer frente común contra Sadam Husein, cuando éste invadió Kuwait en 1990, dando lugar a la Primera Guerra del Golfo. En 1991, Irán volvió a autorizar los vuelos directos de peregrinos a La Meca.
Durante el resto de la década de los noventa, las relaciones entre Irán y Arabia Saudí, así como entre Irán y Estados Unidos, mejoraron notablemente, gracias, en parte, a las presidencias en Irán del pragmático Hashemi Rafsanjani (1989-1997) y del reformista Mohamed Jatamí (1997-2005).
Tras largas negociaciones, saudiés e iraníes retomaron relaciones diplomáticas y comerciales y, en 1997, Irán organizó la cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica, en la que participaron 54 países, y a la que acudió el entonces príncipe heredero y futuro rey de Arabia Saudí, Abdala bin Abdulaziz.
Dos años más tarde, Jatamí viajó a Arabia Saudí, en la primera visita oficial al reino de un presidente iraní desde la revolución de 1979.
La caída de Sadam Husein tras la invasión de Irak por parte de la coalición liderada por Estados Unidos en 2003 alteró la balanza sectaria en la región. Pese al carácter laico del régimen de Sadam, el dictador, un suní, había enfatizado la vertiente religiosa de su gobierno, en un intento por ganarse simpatías durante los duros años de sanciones económicas internacionales que siguieron a la Primera Guerra del Golfo.
Ahora, Arabia Saudí perdía un importante contrapeso suní frente al poder chií de Irán, en un país, Irak, donde la mayoría de la población es también chií, al tiempo que, de la mano de Washington, el Gobierno iraquí pasaba a manos de un chií, Nouri Al-Maliki (en el poder hasta 2014).
La guerra civil en Irak que siguió a la invasión estadounidense, la creciente actividad terrorista de Al Qaeda (una organización suní que bebe de la ideología salafista que mana del manantial fundamentalista saudí) contra objetivos chiíes (civiles incluidos), la proliferación de milicias chiíes proiraníes y, finalmente, la política discriminatoria hacia la comunidad suní del gobierno de Maliki, convirtieron Irak en un nuevo escenario de enfrentamiento entre las dos potencias, y fueron abonando asimismo el terreno para el nacimiento de Estado Islámico.
El estallido en 2011 de las revueltas populares que sacudieron Oriente Medio y el Magreb, la conocida como «primavera árabe», supuso nuevos enfrentamientos entre Irán y Arabia Saudí, aliados con facciones enfrentadas entre sí en diversos escenarios, especialmente, en Siria, Bahréin y, posteriormente, Yemen.
En marzo de 2011, tropas del Consejo de Cooperación del Golfo, encabezadas por Arabia Saudí (un millar de soldados) y con participación también de militares emiratíes (500), entraron en Bahréin para ayudar al Gobierno de este país (suní) en su represión contra las protestas de la mayoría chií (la llamada «revolución de la plaza de la Perla»), unas protestas que contaban con el respaldo de Teherán. Hubo miles de detenidos y se impuso el estado de emergencia.
Teherán rechazó la intervención militar saudí en Bahréin, y los países del Golfo, liderados por Riad, denunciaron la «permanente interferencia iraní» en sus asuntos, sobre todo tras el descubrimiento de una red de espionaje relacionada con Irán. El jefe de las tropas enviadas a Bahréin, el general Mutlaq bin Salem, llegó a decir que su objetivo era evitar una «agresión extranjera» en el país árabe, en clara referencia a Irán.
Mientras, en Siria, Irán es, desde que comenzo la guerra civil en 2011, el principal apoyo del presidente Bashar al Asad (alauí, una rama del chiísmo). Damasco recibe de Teherán ayuda tanto militar como financiera. Arabia Saudí, por su parte, respalda a los grupos opositores, mayoritariamente suníes, y dominados ahora por las distintas facciones yihadistas, lo que ha complicado terriblemente el rompecabezas sirio, y ha puesto en entredicho el papel saudí en el conflicto.
Desde marzo de 2015, Arabia Saudí lidera una coalición militar internacional árabe en apoyo del presidente de Yemen, Abd Rabu Mansur Hadi, quien fue desalojado del palacio presidencial en enero de ese año por los rebeldes hutíes. Los hutíes profesan el zaidismo, una rama islámica relacionada con la vertiente imamí del chiísmo (institucionalizada en Irán), lo que, en teoría, les hace aliados de Teherán. De hecho, tanto Arabia Saudí como el Gobierno yemení han denunciado en reiteradas ocasiones que los hutíes están recibiendo apoyo de Teherán, algo que Irán, quien no oculta su apoyo moral a los rebeldes, niega.
Según explica Levallois, Arabia Saudí está convencida, «de un modo casi paranóico», de que la revuelta hutí supone la emergencia de una nueva «colonia iraní» al otro lado de sus fronteras, «mientras que lo único que reclaman las minorías chiíes es tener los mismos derechos que sus conciudadanos suníes».
En cualquier caso, exista o no ese apoyo directo iraní, la reducción del conflicto en Yemen a un mero enfrentamiento entre chiíes y suníes supone, de nuevo, una gran simplificación, e implica considerar suníes a todos los rivales de los hutíes, algo que no es cierto.
Como explicaban en la revista Middle East Report los profesores Stacey Philbrick Yadav y Sheila Carapico, «el zaidismo está relacionado con la rama imamí del chiísmo del mismo modo que, por ejemplo, los ortodoxos griegos son una rama del catolicismo. Relacionar ambos credos puede tener sentido, tal vez, en términos esquemáticos, pero en lo relativo a doctrina, prácticas, políticas y hasta festividades religiosas, el zaidismo y el chiísmo imamí son muy distintos. […] En el limitado sentido en que este conflicto es ‘sectario’, también lo es institucional, ya que empezó con la rivalidad existente entre campamentos hutíes y campamentos salafistas financiados por Arabia Saudí […], un relato bastante más interconectado con el poder estatal contemporáneo que con ‘eternas disputas’ entre las dos ramas dominantes del islam».
La guerra en Yemen ha causado ya casi 6.000 muertos, de ellos 2.800 civiles, y desatado una gravísima crisis humanitaria. Según datos de Naciones Unidas, más de 21 millones de personas en Yemen requieren algún tipo de ayuda humanitaria para sobrevivir, lo que supone alrededor de un 80% de la población, incluidas las 2,3 millones de personas que se han visto desplazadas.
Después de doce años de crisis, el acuerdo nuclear alcanzado finalmente el pasado 14 de julio entre Irán y el denominado Grupo 5+1 (EE UU, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania) permitió el inicio de la vuelta de Teherán al escenario político internacional, y supondrá, con el progresivo levantamiento de las sanciones económicas, un respiro financiero para el país de los ayatolás.
Arabia Saudí, que se opuso desde un principio a este acuerdo (Irán llegó a acusar a Riad de aliarse con el enemigo número uno, Israel, para impedir que las negociaciones salieran adelante), teme que los nuevos ingresos económicos que empezarán a fluir poco a poco hacia Irán permitan a Teherán incrementar su influencia en la región, al tiempo que se siente, de algún modo, desplazada en las preferencias de sus aliados tradicionales, empezando por Estados Unidos.
El pasado día 2, Arabia Saudí anunció la ejecución de 47 acusados de «terrorismo», incluyendo al clérigo disidente chií Nimr Al Nimr, una acción ante la que Estados Unidos y los países europeos, maniatados por sus intereses económicos con el reino saudí, permanecieron callados o respondieron de la manera más tibia posible, pero que causó fuertes protestas, no solo en Irán y entre la propia comunidad chií saudí, sino también en Irak, donde cientos de chiíes tomaron las calles pidiendo al gobierno iraquí el cierre de la embajada saudí (reabierta el mes pasado tras 25 años), y en la parte india de Cachemira, donde miles de chiíes se manifestaron contra la ejecución, blandiendo carteles con la imagen del clérigo o llevando banderas negras.
La reacción más intensa, no obstante, se produjo, obviamente, en Irán, donde manifestantes llegaron a incendiar la embajada saudí en Teherán. El asalto a la delegación diplomática derivó en la decisión de Riad de romper relaciones diplomáticas con Teherán, una iniciativa a la que se sumaron posteriormente Sudán, Bahréin, Yibuti y Somalia.
Según la versión oficial, Al Nimr, detenido en julio de 2012 por apoyar los disturbios contra las autoridades saudíes que estallaron en febrero de 2011 en la provincia de Al Qatif, en el este del país y de mayoría chií, fue sentenciado a la pena capital por «desobedecer a las autoridades, instigar a la violencia sectaria y ayudar a células terroristas». Para Irán, Al Nimr no era más que una voz crítica contra el régimen de Riad, y su muerte se enmarca en la represión sistemática que, según Teherán, ejerce el reino saudí contra su minoría chií.
La muerte del clérigo, sin embargo, no puede entenderse sin tener en cuenta la situación interna por la que atraviesa el régimen saudí. De hecho, Arabia Saudí ha aplicado en muy pocas ocasiones la pena capital a detenidos relacionados con protestas de la minoría chií. Así, la mayoría de los expertos coinciden en interpretar la ejecución de Al Nimr como una cortina de humo destinada a desviar la atención de la población, en un momento en el que el Gobierno, atenazado por la caída del precio del petróleo, se enfrenta a una incipiente crisis económica, con un déficit presupuestario cercano a los 80.000 millones de dólares, un desempleo (sobre todo el juvenil) en aumento, y serios recortes sociales a la vista que amenazan con minar el privilegiado estado del bienestar al que están acostumbrados los saudíes.
A ello se añadiría la necesidad de aplacar las voces de las facciones religiosas suníes más ultraconservadoras, cuyas críticas al régimen se han multiplicado en los últimos meses; el deseo de dar un respiro mediático a la guerra en Yemen, estancada y sin resultados favorables claros para el reino saudí; y, por supuesto, la intención de reafirmar la autoridad saudí en la región, en un momento en el que, tras la firma del acuerdo nuclear con Irán, Riad se siente menos respaldada internacionalmente.
Por último, las 47 ejecuciones del pasado sábado pueden interpretarse asimismo como un gesto más dentro de la campaña de mano dura que, obligado a consolidar su poder ante las intrigas internas, parece estar llevando a cabo el nuevo rey saudí, Salman bin Abdulaziz, desde que accedió al trono hace un año tras la muerte de su medio hermano, el rey Abdala, y en colaboración con su hijo, el príncipe heredero sustituto y ministro de Defensa, Mohamed bin Salman.
Ambos serían los principales responsables de que Arabia Saudí haya abandonado la política de discreción y operaciones en la retaguarda que había caracterizado al país durante años, en una nueva era más agresiva en la que se enmarcarían, además de los bombardeos sobre Yemen, el incremento del número de ejecuciones, las ayudas a los insurgentes sirios, el reforzamiento del eje que forma con el resto de las monarquías absolutistas del Golfo (especialmente Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, ya que Omán sigue tratando de mantener un papel más neutral), o incluso los movimientos para alterar el precio del petróleo, destinados a perjudicar a Irán y a los países no pertenecientes a la OPEP.
En cuanto a Irán, las autoridades civiles del país respondieron a la ejecución de Al Nimr lanzando graves acusaciones contra Arabia Saudí (incluendo la de apoyar el terrorismo), pero, al mismo tiempo, han tratado asimismo de calmar los ánimos, empezando por el presidente del país, Hasan Rohaní, quien condenó lo ocurrido en la delegación diplomática saudí y aseguró que el Ministerio del Interior, el servicio secreto y la policía debían perseguir a los responsables. «El ataque de extremistas contra la embajada saudí en Teherán es injustificable y tuvo consecuencias negativas para la imagen de Irán», indico: «Este tipo de actos tienen que terminar de una vez por todasx.
Menos moderada se han mostrado, como era de esperar, la otra columna del poder en Irán: la religiosa. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo el domingo pasado que los políticos del reino saudí se enfrentarán a un castigo divino por la muerte el clérigo ejecutado. «La sangre injustamente derramada de este mártir oprimido, sin duda pronto mostrará su efecto, y la divina venganza caerá sobre los políticos saudíes», afirmó. El Consejo de Guardianes de la Revolución, por su parte, prometió una «dura venganza» contra la dinastía real saudí.
Publicado originalmente en 20minutos
Quienes confiaban en que el nuevo año trajese al fin la progresiva resolución, si no de todos, sí al menos de algunos de los conflictos que están castigando Oriente Medio, van a tener, muy probablemente, que seguir esperando: una de… Leer
La idea, que probablemente tomó cuerpo entre los muros de la prisión iraquí de Bucca tras la invasión estadounidense de Irak, llevaba años fraguándose, pero su resolución duró apenas unos meses: después de una serie de ataques que comenzaron en enero de 2014, y en una auténtica guerra relámpago, los yihadistas fundamentalistas sunníes del conocido entonces como EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, por sus siglas en inglés) tomaron Mosul, se hicieron en unas semanas con el control de un extenso territorio en el norte de Irak, lo anexionaron a las zonas que dominaban ya en Siria, y, en un comunicado lleno de referencias a las viejas glorias del imperio musulmán, proclamaron un nuevo «califato» bajo el nombre de Estado Islámico (EI).
La fecha elegida para la proclamación, el 29 de junio, no podía ser más significativa: acababa de comenzar el mes sagrado del Ramadán. Días más tarde, el flamante líder del grupo, Abu Bakr al Bagdadi, autodesignado ahora califa y «príncipe de los creyentes», y el segundo terrorista más buscado en la lista del FBI, solo por detrás del sucesor de Bin Laden en Al Qaeda, llamaba a los musulmanes de todo el mundo a jurarle lealtad y a unirse a la lucha.
Un año, decenas de miles de muertos y tres millones de desplazados después, EI (a quien sus enemigos prefieren denominar por su acrónimo árabe Daesh, un término fonéticamente despectivo), no solo ha logrado sobrevivir a los ataques lanzados por una poco efectiva coalición internacional, por el régimen sirio y por las milicias kurdas, sino que, a pesar de las pérdidas sufridas recientemente, ha consolidado un territorio que abarca ya cerca de un tercio de Irak y alrededor de la mitad (si bien es cierto que con mucho desierto incluido) de Siria.
Sobre la base de un sólido colchón financiero, los yihadistas establecieron el centro iraquí de su «califato» en Mosul, capital de la provincia de Nínive, mientras que en Siria han logrado asegurar su principal bastión en Al Raqqa, al norte del país, tras arrebatársela al Frente al Nusra (filial de Al Qaeda) y otras facciones islamistas.
Su dominio se sustenta en cuatro ejes fundamentales: una interpretación radical, excluyente y visionaria de la religión como justificación teórica; el terror y la violencia como método coercitivo; la satisfacción de necesidades básicas para la población como elemento de cohesión social; y un efizaz aparato de propaganda que logra reclutar combatientes y simpatizantes en todo el mundo a través de mensajes, vídeos y foros, principalmente en las redes sociales de Internet.
El grupo, que opera ya como un auténtico Estado en las zonas que domina, se ha convertido además en la nueva marca de referencia del terrorismo yihadista internacional, coordinando ataques o poniendo en marcha e inspirando células durmientes o terroristas aislados (los llamados «lobos solitarios»), como demuestra la sangrienta oleada de ataques y atentados que marcaron este viernes la víspera del primer aniversario del «califato»: al menos 27 muertos en un atentado contra una mezquita chií en Kuwait, 37 turistas asesinados en un ataque en dos hoteles de Túnez, y un decapitado en una fábrica de la ciudad francesa de Lyon. El jueves, en una de las mayores matanzas perpetradas por los yihadistas en Siria hasta la fecha, los milicianos de EI acabaron con la vida de al menos 200 personas en un ataque a la ciudad fronteriza de Kobani, y durante combates con las fuerzas de la retaguardia kurda.
Según el último recuento realizado por la Misión de la ONU en Irak (UNAMI), entre junio y mayo de este año murieron más de 10.600 civiles por la violencia en este país. Y de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tres millones de iraquíes se encuentran desplazados desde enero de 2014, cuando comenzó la ofensiva de Estado Islámico.
A caballo entre el fanatismo religioso y la violencia nihilista, con planteamientos ideológicos teocráticos heredados de Al Qaeda, y con una macabra imaginería grabada en vídeo (decapitaciones, ejecuciones en masa, destrucción de joyas del patrimonio histórico y cultural), Estado Islámico ha sabido aprovechar no solo la debilidad militar de sus oponentes (un ejército iraquí inoperante y en retirada, una Siria devastada por más de cuatro años de guerra civil, una comunidad internacional dividida y dependiente de múltiples intereses geoestratégicos), o el efecto contagioso del terror entre la población, sino también el resentimiento generado entre muchos sunníes por los abusos del anterior gobierno iraquí de la minoría chií, el enfrentamiento sectario entre chiíes y sunníes exacerbado durante estos últimos años en Irak y favorecido por la invasión de EE UU, y, como señala el periodista Enric González, «la mezcla tóxica de petrodólares y fundamentalismo que emana de la Península Arábiga y muy especialmente de Arabia Saudí».
A pesar de que, según Estados Unidos, Estado Islámico habría perdido el control de entre 13.000 y 17.000 kilómetros cuadrados desde que instauró el «califato», el grupo sigue dominando actualmente unos 300.000 kilómetros cuadrados en el norte de Irak y en las provincias sirias de Homs, Al Raqqa, Deir al Zur, Al Hasaka, Hama, Alepo, Damasco y Rif Damasco.
No obstante, más importante que la extensión en sí del territorio (similar a la de Gran Bretaña, con una población de entre cuatro y cinco millones de personas) es la relevancia de sus últimas conquistas, especialmente las llevadas a cabo el pasado 17 de mayo, cuando EI se hizo con el control de Ramadi, la capital de la provincia iraquí de Ambar, y cuatro días después, cuando los yihadistas tomaron la histórica y monumental ciudad siria de Palmira, patrimonio de la humanidad y sede también de una de las más brutales prisiones del régimen de Bashar al Asad.
Ambas victorias han demostrado que EI posee ahora una capacidad de ataque que no tenía hace un año, y que le permite actuar simultáneamente en zonas separadas entre sí por cientos de kilómetros, combatiendo con éxito tanto al ejército iraquí como al sirio, incluso sin la ventaja del factor sorpresa con que tomaron Mosul en 2014.
Lo cierto es que la supervivencia del «califato» no parece amenazada a corto plazo, y que EI difícilmente va a poder ser derrotado mediante bombardeos y acciones puramente militares. Los más de 4.000 ataques aéreos lanzados hasta la fecha por la coalición internacional liderada por EE UU (comenzaron en agosto del año pasado en Irak y se extendieron a Siria en octubre) han matado, según Washington, a unos 10.000 combatientes yihadistas, pero EI no ha dejado de reclutar nuevos efectivos en todo este tiempo. Hasta ahora, el Ejército iraquí solo ha logrado recuperar Tikrit, y gracias al apoyo de las milicias chiíes proiraníes que lidera el general Qasem Soleimani.
Estado Islámico cuenta con unos 200.000 combatientes (muchos de ellos exmiembros sunníes de la antigua Guardia Republicana de Sadam Husein) y una cifra de militantes extranjeros procedentes de un centenar de países que oscila, según las fuentes, entre 15.000 y 30.000.
Los yihadistas mantienen dos grandes frentes abiertos: en Siria combaten contra las tropas del presidente Bashar al Asad, grupos rebeldes de tendencia islamista, el Frente al Nusra y las milicias kurdas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las Unidades de Protección del Pueblo kurdo sirio (YPG), quienes en ocasiones luchan en un frente común. En Irak, donde EI ha llegado a unos cien kilómetros de la capital, Bagdad, lucha contra grupos tribales, las milicias chiíes, las fuerzas gubernamentales y las fuerzas kurdas peshmerga.
Estos grupos están apoyados por la aviación de la coalición internacional que lidera EE UU y que, en Irak, está formada, además, por Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Jordania, Holanda y el Reino Unido. En Siria participan también en la campaña otros países árabes, como Bahréin, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
La última gran batalla se ha librado en la ciudad siria de Kobani, fronteriza con Turquía, donde este sábado la milicia a kurdo-siria YPG logró poner fin al violento asalto protagonizado desde la madrugada del jueves por Estado Islámico y neutralizar, tras más de dos días de intensos combates, los últimos focos de resistencia yihadistas. Kobani había sido recuperada por los kurdos el pasado mes de enero después de cuatro meses de asedio de Estado Islámico. Esta nueva ofensiva se ha saldado con más de 200 civiles muertos y cerca de 300 heridos.
Con el juramento de fidelidad realizado el pasado mes de marzo por el líder del grupo yihadista nigeriano Boko Haram, Abubakar Shekau, Estado Islámico amplió su influencia en esta zona de África (Boko Haram no opera únicamente en Nigeria, sino también en zonas de Chad, Níger y Camerún) y sumó entre 7.000 y 10.000 combatientes.
En el Magreb, y según informa Europa Press, Estado Islámico cuenta con la fidelidad de varios grupos presentes en tres países: Argelia, Libia y Egipto. En Argelia operan los Soldados del Califato en Argelia; en Egipto, los Soldados del Califato en la Tierra de Kinana y un grupo especialmente activo, Ansar Bait al Maqdis, los Seguidores de la Santa Casa, ahora conocido simplemente como Provincia del Sinaí, una de las 24 wilayas o provincias creadas por las autoridades de Estado Islámico. En Libia, un país convulsionado por un enfrentamiento civil entre los grupos armados que participaron en el derrocamiento de Muammar al Gadafi en 2011, se han creado tres provincias yihadistas: Fezán, Trípoli y Barqa, anunciadas en noviembre de 2014. Son los herederos de grupos como el Consejo de la Shura de Jóvenes Islámicos o los Leones de Libia.
Estado Islámico extiende también sus tentáculos en Afganistán, donde el Batallón Al Tawhid (término utilizado para referirse a la región de Áfganistán y Pakistán), Ansar al Tawhid en Tierras del Hind y la Provincia de Jorasán han proclamado su fidelidad. En Pakistán opera la Brigada Al Tawheed en Jorasan y el Movimiento Califato y Yihad, filiales declaradas de EI.
Por último, en Indonesia y Filipinas se han sometido a la autoridad del califa los Fieles del Califato en Filipinas y los Combatientes para la Libertad del Bangsamoro Islámico (BIFF, por sus siglas en inglés). En Indonesia han proclamado la baya (juramento de fidelidad) los Muyahidines del Timor Indonesio y Jamaah Ansharut Tauhid, los seguidores de Abu Bakr Bashir.
La mayoría de las wilayas declaradas hasta ahora corresponden a divisiones administrativas previas. Sin embargo, en muchas de ellas el grupo ni siquiera cuenta con presencia real. EI ha anunciado además su intención de conquistar o «liberar» países como España o la región del Cáucaso ruso de mayoría musulmana.
Otras organizaciones islamistas radicales no han proclamado la baya al califa, pero sí han declarado su simpatía y apoyo a su causa. Entre ellas están grupos menores como Al Attasam belKetab ua al Sunna (Sudán), el Consejo de la Shura de los Muyahidines en los Alrededores de Jerusalén (Palestina), Jamia Hafsa (Pakistán) o el Batallón Uqba bin Nafi (Túnez), pero también hay otros grupos más importantes.
Desde septiembre apoya a Estado Islámico el Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU), un grupo fundado en 1998 con el objetivo de derrocar al presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, e imponer la sharia (ley islámica) en el país. También ha llegado el apoyo a EI desde Filipinas, donde Abú Sayyaf pretende crear un estado musulmán en el oeste de Mindanao y el sur del archipiélago.
La mayoría de los actuales dirigentes de Estado Islámico son exoficiales iraquíes, incluyendo a numerosos antiguos miembros de sus comités de seguridad y estrategia militar, y todos ellos bajo el mando de Al Bagdadi. Éste, conocido también como califa Ibrahim, se mantiene en paradero desconocido, y apenas ha aparecido en público. Según algunas informaciones que no llegaron a ser confirmadas, Al Bagdadi habría resultado herido durante un bombardeo de la coalición internacional el pasado mes de marzo.
El otro personaje clave de Estado Islámico es el fallecido Haji Bakr, auténtico ideólogo del grupo, y que murió a principios de enero de 2014 durate un ataque de la Brigada de los Mártires de Siria en la ciudad de Tal Rifaat, en el norte de este país. Tras la muerte de Haji Bakr, el Consejo Militar de Estado Islámico pasó a estar dirigido por Abu Abdulrahman al Bilawi, a quién mataron las fuerzas de seguridad iraquíes en junio de ese mismo año. Le sucedió el coronel Abu Ayman al Iraqi, otro exoficial del ejercito de Sadam Husein.
El pasado 16 de mayo, la Casa Blanca informó de que fuerzas especiales de los Estados Unidos habían matado en Siria a Abu Sayyaf, otro de los líderes del grupo jihadista, implicado en las operaciones militares de EI y a cargo del comercio ilegal de petróleo y gas, así como de las operaciones financieras de la organización.
Con unos recursos económicos calculados en alrededor de 2.000 millones de dólares, Estado Islamico es actualmente el grupo yihadista más rico. Sus principales vías de financiación son la venta ilegal del petróleo de las zonas capturadas en Irak (en torno a un millón de dólares al día); los rescates por los secuestros y el dinero obtenido por la extorsión a comerciantes; los peajes que cobran por circular y transportar mercancías en las carreteras de su territorio; el robo de bancos; y los miles de dólares que consiguen tras colocar de contrabando en el mercado negro piezas saqueadas de museos y lugares arqueológicos.
Estado Islámico también se financia mediante donaciones de particulares, la mayoría procedentes de grandes fortunas del Golfo, aunque, a diferencia de otros grupos yihadistas, esta fuente de ingresos no parece ser tan determinante, ya que constituiría tan solo el 5% del total.
Las imágenes de los métodos represivos de Estado Islámico son bien conocidas. Los yihadistas han grabado en vídeo y difundido fusilamientos, decapitaciones, degollamientos y lapidaciones, así como la quema de sus víctimas o su lanzamiento desde azoteas de altos edificios.
En el territorio que controlan se aplica la interpretación más radical de la ley islámica, con matrimonios forzados de mujeres, situaciones de esclavitud de minorías sometidas (especialmente, la de los yazidíes), ejecuciones rutinarias por delitos menores, entrenamiento militar de menores, expolio de bienes, castigos brutales…
Testigos citados por la agencia Efe esta misma semana narran cómo las mujeres no pueden salir a la calle sin un mehrem o tutor, que tiene que ser un varón de la familia, y vestidas con el niqab, el velo que tapa todo el cuerpo menos los ojos. En los hospitales, las mujeres no pueden ser atendidas por médicos hombres, y viceversa, y los yihadistas han impuesto su propio programa en los colegios y la educación obligatoria para los menores de 7 a 18 años.
«Exigen impuestos por todo: por la limpieza y vigilancia de las calles, a los comerciantes, por el agua, la electricidad y el teléfono. En mi familia pagamos unos 50 dólares al mes, más de lo que pagábamos al régimen», explica uno de estos testigos, un sirio que vive en el califato autoproclamado por los yihadistas. «Y el aumento de las tasas no se ha traducido en una mejoría de los servicios: en Deir al Zur hay zonas en las que la electricidad se corta dos horas, cinco e incluso el día entero», añade. A estos impuestos se suma el zakat, o limosna obligatoria, y en el caso de los campesinos la donación de una parte de su cosecha a los radicales. La situación es similar en la provincia de Al Raqqa, bastión principal de los extremistas en Siria, y donde «un fumador puede ser condenado a tres días de cárcel y a barrer las calles durante otros tres».
En Irak, tras un año bajo el control de Estado Islámico, la vida de los habitantes de Mosul, la tercera ciudad más grande del país, situada a unos 400 kilómetros al norte de Bagdad y donde viven cerca de 2 millones de personas, también ha cambiado radicalmente: coches de la «Policía Islámica» patrullan las calles, los detenidos son procesados en «cortes islámicas», en la frontera del área controlada por los insurgentes se cobran tasas de aduana, y guardianes de la moral religiosa vigilan los mercados locales para asegurarse de que las mujeres van vestidas «correctamente».
Un mes después de entrar en la ciudad, los militantes islamistas dieron un ultimátum a los cristianos que aún no habían huido, para que aceptasen la llamada dhimma, un contrato usado antiguamente que ofrece protección a los no musulmanes que viven en sociedades islámicas a cambio de que se conviertan al islam o de que paguen un impuesto especial. Según el comunicado leído por los islamistas, los cristianos que no aceptasen ninguna de estas dos opciones, «morirían».
Junto a la represión de las poblaciones dominadas y a los cientos de miles de muertos y desplazados, el efecto devastador del avance de Estado Islámico se ha dejado también sentir en el valioso patrimonio histórico y cultural de la región.
Los yihadistas han dinamitado mezquitas y monumentos, saqueado museos, destrozado estatuas y acabado con piezas arqueológicas y artísticas de valor incalculable, incrementando más aún el expolio al que lleva años sometida toda la zona, debido a la guerra civil siria y a la situación de violencia constante en Irak.
El pasado día 23, el grupo comenzó a destruir mausoleos de la ciudad monumental siria de Palmira, patrimonio de la humanidad y una de las ruinas más espectaculares de la antigüedad grecorromana. Antes, los radicales de EI ya habían dañado gravemente las ruinas asirias de Nimrud (del siglo XIII a. C.) y de Hatra, también patrimonio de la humanidad; el Museo de la Civilización de la ciudad de Mosul y el yacimiento de Dur Sharrukin, capital asiria durante parte del reinado de Sargón II (722 – 705 a. C.).
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2006
2010
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2014
2015
Con información de la agencia Efe
Publicado originalmente en 20minutos
La idea, que probablemente tomó cuerpo entre los muros de la prisión iraquí de Bucca tras la invasión estadounidense de Irak, llevaba años fraguándose, pero su resolución duró apenas unos meses: después de una serie de ataques que comenzaron en enero de 2014, y en una auténtica guerra relámpago, los yihadistas fundamentalistas sunníes del conocido entonces como EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, por sus siglas en inglés) tomaron Mosul, se hicieron en unas semanas con el control […]
Este recomendable documental de la BBC, emitido originalmente en marzo de 2014 bajo el título de Freedom to Broadcast Hate (Libertad para retransmitir odio), y conducido por el periodista Nour-Eddine Zorgui, explora la relativamente reciente proliferación por todo Oriente Medio de canales de televisión desde los que telepredicadores radicales se dedican de forma incansable a propagar mensajes sectarios y de odio, sunníes contra chiíes, chiíes contra sunníes.
Muchos de estos canales, prohibidos hasta hace no mucho, han alcanzado una gran popularidad en los últimos años, especialmente en Egipto e Irak. La mayoría no hacen público el origen de sus fondos ni la localización de las sedes desde las que operan.
En la versión radiofónica del documental (BBC World Service), Madawi Al-Rasheed, profesora en el Middle East Centre de la London School of Economics, recuerda una clave importante para entender el conflicto actual entre las dos principales ramas del islam, más allá del enfrentamiento político y religioso que dio lugar al cisma, tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632:
El conflicto actual obedece a factores modernos, marcados, principalmente, por la represión que, en general, ha sufrido Oriente Medio bajo los gobiernos autoritarios. El poder autoritario polariza a la población: prohíbe la existencia de actores civiles y agentes sociales, no permite los partidos políticos y, al final, se produce un repliegue hacia la comodidad del territorio sectario. Ante la eliminación del concepto de ciudadanía, la gente se refugia en el círculo más cercano, y más cerrado, de su secta, ya sean sunníes o chiíes.
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La directora y escritora coreano-canadiense Ann Shin narra en este cortometraje, anticipo de lo que será un largometraje documental, el increíble reencuentro de dos supervivientes de la guerra entre Irak e Irán. La historia puede seguirse asimismo, en forma de serie online, en la página web del proyecto: My Enemy, My Brother.
La directora y escritora coreano-canadiense Ann Shin narra en este cortometraje, anticipo de lo que será un largometraje documental, el increíble reencuentro de dos supervivientes de la guerra entre Irak e Irán. La historia puede seguirse asimismo, en forma de… Leer
Una selección de fotografías tomadas en Oriente Medio esta semana. Pincha en los enlaces de las localizaciones para ver las imágenes.
Bait Hanun, Gaza (Palestina), 30/1/2015: Una niña descansa sobre un colchón en las ruinas de su casa, destruida durante los ataques israelíes del pasado verano. Este martes, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) anunció que se veía obligada a suspender sus ayudas para la restauración de viviendas y el pago de alquileres en Gaza, alegando que los donantes han incumplido sus compromisos financieros. «En octubre se prometieron 5.400 millones de dólares en la conferencia de El Cairo. Ninguna de estas ayudas ha llegado a Gaza. Es doloroso e inaceptable», indicó el organismo a través de un comunicado. Foto: Mohammed Abed / AFP
Ammán, Jordania, 2/2/2015: Vigilia en memoria de los rehenes japoneses Haruna Yukawa y Kenji Goto, asesinados por el grupo Estado Islámico. Los yihadistas anunciaron la «ejecución» de Yukawa el 25 de enero, y la del periodista Kenji Goto (a través de un vídeo donde se muestra su decapitación), el pasado sábado. Foto: Khalil Mazraawi / AFP
Ammán, Jordania, 6/2/2015: Manifestación contra Estado Islámico tras la muerte del piloto jordano Muaz Al Kasasbeh, brutalmente asesinado (quemado vivo) por los militantes del grupo Estado Islámico que le mantenían prisionero desde el 24 de diciembre. Las autoridades jordanas respondieron ejecutando este miércoles a la militante de Al Qaeda Sayida al Rishawi y a otro preso acusado de terrorismo. EI había pedido la excarcelación de Al Rishawi, condenada a muerte en Jordania después un intento de atentado fallido en Ammán en 2005, a cambio de la liberación del periodista japonés Kenji Goto, decapitado el pasado sábado, y de perdonarle la vida a Kasasbeh. Foto: Khalil Mazraawi / AFP
Jordania, 5/2/2015: Una bomba con versos del Corán, en un avión de la Real Fuerza Aérea de Jordania a punto de despegar para atacar posiciones del grupo Estado Islámico en la ciudad siria de Raqqa. Jordania llevó a cabo esta semana varios ataques contra el grupo yihadista, en respuesta al asesinato del piloto jordano Muaz Al Kasasbeh. Foto: Reuters / Petra News Agency
Saná, Yemen, 7/2/2015: Miles de seguidores del grupo rebelde de los hutíes, durante una manifestación en el principal estadio de la capital del Yemen. El movimiento de los hutíes formalizó este viernes su golpe de Estado, al emitir una declaración que estipula la disolución del Parlamento y la formación de un Consejo Presidencial para administrar la próxima etapa interina, de un máximo de dos años. El Consejo tendrá cinco miembros, y su objetivo es salir de la actual crisis política, agravada por la dimisión del presidente Abd Rabu Mansur Hadi hace dos semanas. Foto: Khaled Abdullah / Reuters
Sinyar, Irak, 2/2/2015. Las autoridades iraquíes anunciaron este sábado el hallazgo de una fosa común con 23 cadáveres de miembros de la minoría yazidí, entre ellos niños y mujeres, ejecutados por los yihadistas de Estado Islámico en la provincia de Nínive, en el norte del país. La fosa fue descubierta en las afueras de la aldea de Berdaya, próxima a la zona de Zemar. Las fuerzas de seguridad han hallado en las últimas semanas varias sepulturas clandestinas en áreas que fueron liberadas de la ocupación yihadista. El pasado lunes, al menos 30 cadáveres de ciudadanos yazidíes fueron localizados en una fosa común (foto) situada al suroeste del distrito de Sinyar, en Nínive, donde habían sido enterrados. Foto: Safin Hamed / AFP
El Cairo, Egipto, 4/2/2015: Un tribunal egipcio condenó este miércoles a cadena perpetua al activista y bloguero Ahmed Duma, una figura destacada en la revuelta que acabó con el gobierno de Hosni Mubarak en 2011, y a otros 229 activistas, acusados de «causar disturbios e incitar a la violencia». En principio, deberán cumplir al menos 25 años en prisión. Otras 39 personas fueron condenas a diez años de cárcel, mientras que un tribunal de menores se hizo cargo de otros 25 acusados en esta misma causa, relativa a los disturbios causados frente a la sede del Consejo de Ministros en El Cairo en diciembre de 2011, en los que se registraron víctimas mortales. En la imagen, Ahmed Duma (izquierda), durante el juicio. Foto: Reuters – Al Youm Al Saabi Newspaper
Kobane, Siria, 30/1/2015: Un francotirador kurdo observa las ruinas de la ciudad, recuperada por las tropas kurdas el pasado 26 de enero. Las celebraciones por el triunfo de las milicias kurdas sobre los yihadistas del grupo Estado Islámico en Kobane se vieron empañadas al llegar las primeras pruebas de la desolación en que se encuentra la localidad, completamente arrasada tras cuatro meses de asedio. Miles de familias han tenido que ser desplazadas a varios campos de refugiados al otro lado de la frontera con Turquía. Foto: Bulent Kilic / AFP
Ras a-Ain, Siria, 30/1/2015: Una combatiente de las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo (YPG, por sus siglas en kurdo), tras recibir su licencia militar. Aunque se considera que las YPG son el brazo armado del Partido de la Unión democrática (PYD), la principal agrupación política opositora kurda en Siria, la milicia ha intentado definirse como una organización apolítica y de varias etnias que defiende a todas las comunidades religiosas. Foto: Rodi Said / Reuters
Damasco, Siria, 5/2/2015: Una niña herida recibe asistencia médica en un hospital de campaña, tras al menos 20 ataques aéreos que, según activistas de la oposición, lanzaron las fuerzas leales al presidente sirio, Bashar Al Asad, contra el barrio de Douma y otras zonas del noreste de la capital del país. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de al menos 12 muertos y más de 100 heridos. Otras fuentes elevan la cifra de fallecidos a en torno a 60. Foto: Mohammed Badra / Reuters
Alepo, Siria, 4/2/2015: Helicópteros del ejército sirio dejaron caer el jueves dos bombas de barril sobre una plaza llena de gente en una localidad cercana a Alepo, causando la muerte de al menos 25 civiles, según informaron activistas de la oposición. Los ataques de las fuerzas gubernamentales se produjeron horas después de que los rebeldes bombardearan Damasco, causando nueve muertos. En la imagen, varios rebeldes sirios corren por una calle de Alepo, junto a edificios destrozados por la guerra. Foto: Fadi al-Halabi / AFP
Sanliurfa, Turquía, 2/2/2015: Una refugiada siria, sentada junto a su tienda en un campo de refugiados de la ONU. Unos 380.000 refugiados sirios, los más vulnerables, que residen en países próximos a Siria como Jordania, Líbano y Turquía, necesitan ser realojados urgentemente en otros estados, según afirmó este miércoles Amnistía Internacional. La ONG indicó que entre esos desplazados hay supervivientes de torturas y violaciones, así como enfermos y menores que han perdido a sus familias, y que tan solo una fracción mínima de ellos han sido reasentados hasta ahora. Foto: Bulent Kilic / AFP
Nayaf, Irak, 1/2/2015: Combatientes chiíes, enrolados en el ejército iraquí para combatir al grupo Estado Islámico, durante un entrenamiento en el desierto, al sur de Bagdad. Los ejercicios incluyen saltos a través de fuego y maniobras cuerpo a tierra en la arena. Foto: Alaa Al-Marjani / Reuters
Nai Saleh, Cisjordania (Palestina), 6/2/2015: Una mujer palestina se protege el rostro del gas lacrimógeno disparado por el ejército israelí, durante enfrentamientos ocurridos tras una manifestación de protesta contra la expansión de asentamientos judíos en tierras palestinas. Foto: Abbas Momani / AFP
Bolu, Turquía, febrero de 2015: Militares de un comando turco construyen un iglú durante las maniobras de invierno del ejército, en la zona de la sierra Köroğlu, una cordillera ubicada en el norte-noroeste del país, al norte de Ankara. Foto: Anadolu Agency
Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 2/2/2015: Un obrero descansa tras trabajar en la carga de un barco. Foto: Dan Kitwood
El Cairo, Egipto, 2/2/2015: Un momento de la representación de la obra Qasem Amin, La emancipación de las mujeres, por la Compañía de Danza y Teatro Modernos de Egipto, bajo la dirección del coreógrafo Walid Aouni. La obra se representó por primera vez en 2010, con el título de Las mujeres de Qasem Amin. Foto: Bassam Al-Zoghby / Al Ahram
El Cairo, Egipto, 5/2/1975: El pasado día 3 se cumplieron 40 años de la muerte de Um Kulzum, probablemente las más popular e influyente cantante de la historia no solo en su Egipto natal, sino en todo el mundo árabe. En la imagen, rescatada esta semana por el diario egipcio Al Ahram, un momento de su funeral, al que se calcula que asistieron cerca de cuatro millones de personas.
Rahat, Israel, 2/2/2015: Una bandada de estorninos, durante la puesta de sol en el desierto del Neguev. Foto: Menahem Kahana / AFP
Ashdod, Israel, 4/2/2015: Uno de los cerca de 40 surfistas que han participado esta semana en una competición celebrada en las playas del Mediterráneo. Foto: Oded Balilty / AP
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