Hace poco más de dos años, el 14 de enero de 2010, Zine al Abidín Ben Ali huía a Arabia Saudí, después de haber ocupado la presidencia de Túnez durante más de dos décadas. El dictador (ganó cuatro elecciones con porcentajes de hasta el 99,91% de los votos) cedía al fin el poder tras una revuelta popular que se había iniciado un mes antes, cuando Mohamed Buazizi, un joven de 26 años harto de una vida de constante humillación y sin expectativas, se inmoló a lo bonzo, falleciendo unas semanas después. Su muerte originó un movimiento solidario de protesta social entre los jóvenes pobres y en paro de su ciudad, que se extendió y acabó provocando la histórica caída del presidente. Había nacido la que pronto sería bautizada como «primavera árabe». El siguiente en caer, hace ahora justo un año, sería el presidente egipcio, Hosni Mubarak.
Desde entonces, Túnez ha sido el espejo en que se han mirado muchas de las sociedades árabes que han luchado o siguen luchando por hacer realidad un cambio tras años y años de opresión. También ha sido el modelo con el que, en contraste con la incertidumbre de Libia o la violencia polarizada de Egipto, Occidente respiraba más o menos tranquilo. La transición no era fácil, y las amenazas eran muchas, pero el país parecía caminar en la buena dirección: Elecciones, un gobierno de coalición, Ben Ali juzgado y condenado (aunque en ausencia), el turismo remontando tímidamente, los acuerdos comerciales a salvo… La presión de los salafistas (islamistas radicales) era cada vez más evidente, pero los disturbios en las universidades por el uso del nikab (velo integral), los ataques a galerías de arte, bares y santuarios sufíes, y las amenazas a personajes públicos eran vistos como actos puntuales de una minoría. Estaba el problema del atranque político, pero todos los procesos de transición son complicados. Como mucho, el país se encontraba en punto muerto.
Desde dentro, sin embargo, las cosas no se han visto nunca tan de color de rosa. El pasado martes por la noche, el dirigente izquierdista Chukri Bel Aid, un abogado de 47 años, líder del Partido de los Patriotas Demócratas Unificados (PPDU, integrado en el opositor Frente Popular), militante laico convencido y muy crítico con el Gobierno, denunciaba en un programa de televisión las «tentativas de desmantelar el Estado y crear milicias para aterrorizar a los ciudadanos y arrastrar al país hacia una espiral de violencia». Unas horas después, a la mañana siguiente, dos tiros acababan con su vida en la puerta de su casa.
El asesinato de Bel Aid, cuya autoría no ha sido aclarada aún, ha desbordado un vaso que ya estaba lleno. La oposición acusa al partido islamista Al Nahda (o Ennahda, en el Gobierno) de no haber hecho nada para impedirlo, o, directamente, de estar detrás, algo que los islamistas niegan. Y la tensión, entre tanto, se ha disparado, con una huelga general incluida. Porque, más allá de un enfrentamiento entre laicos e islamistas, el conflicto tiene también una base económica, en la que sindicatos y movimientos izquierdistas exigen al Gobierno políticas más sociales.
En los días siguientes a la muerte de Bel Aid han vuelto las manifestaciones y los disturbios a las calles, y el primer ministro ha amenazado con dimitir si su propio partido sigue rechazando su propuesta de crear un gobierno de tecnócratas como paso previo a la celebración de nuevas elecciones. Además, este mismo domingo, tres ministros y dos secretarios de Estado pertenecientes al partido Congreso Por la República (CPR) han renunciado a su cargo.
Y todo ello en un contexto regional cada vez más explosivo, con el terrorismo islamista ganando espacio en el Sáhara y el Sahel, y acusaciones de que parte de las armas de que se nutren los terroristas están llegando a través de Túnez, procedentes del caos libio.
Si la transición tunecina estaba en punto muerto, ahora parece haber perdido, además, los frenos.
Rachid Ghanuchi, el líder histórico del islamismo tunecino, proclamó al volver del exilio, tras la caída de Ben Ali, que Túnez iba a convertirse en «una sociedad democrática y modélica en el mundo árabe». La realidad, sin embargo, ha acabado situando al país en una difícil encrucijada. Los islamistas, muchos de los cuales fueron perseguidos, encarcelados y torturados durante la dictadura, cuentan con un innegable apoyo popular (y electoral), fruto en parte de su éxito entre las clases más castigadas por el paro y la miseria, y también de la división de la oposición. Y este apoyo puede derivar hacia un régimen donde vuelvan a perderse muchas libertades y a vulnerarse muchos derechos, especialmente, esta vez, para los sectores laicos de la población y para las mujeres.
En este sentido, es importante recordar que, desde la época del presidente Habib Burguiba (1957-1987), Túnez es uno de los países árabes donde más han arraigado formas de vida y pensamiento muy conectados con modelos occidentales.
Pero la tentación de alejar a los islamistas del poder, formando un gobierno (no electo directamente) de tecnócratas, y convocando nuevas elecciones, como ha propuesto el primer ministro, tiene también sus riesgos. Aparte de tratarse de una maniobra en principio poco democrática, el resultado puede ser contraproducente. Baste recordar la brutal guerra civil a la que dio lugar en Argelia la anulación de las elecciones que habían llevado a los islamistas al Gobierno, en los años noventa.
Estas son, en preguntas y respuestas, algunas de las principales claves de la evolución de Túnez desde la revolución y de su situación actual.
Túnez fue el primer país de la llamada «primavera árabe» en celebrar elecciones a una asamblea constituyente. Los comicios tuvieron lugar el 23 de octubre de 2011 y en ellos el partido islamista Al Nahda (renacimiento, en árabe) logró 90 de los 217 escaños del parlamento, 60 más que su más inmediato competidor, el centrista Consejo Por la República (CPR).
Se constituyeron entonces las primeras instituciones democráticas: La presidencia del Estado fue para en el líder del CPR, el laico moderado Moncef Marzuki, y la de la Asamblea Nacional Constituyente recayó en Mustafá Ben Yafaar, del socialdemócrata progresista Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL, o Al Takatul). El partido más votado, Al Nahda, se reservó la jefatura del Gobierno, con su secretario general, Hamadi Yabali, como primer ministro. En diciembre de ese mismo año los diputados aprobaron una nueva Constitución provisional.
La coalición de Gobierno ha sido conflictiva desde el principio. Ni Marzuki ni Ben Yafaar tienen en realidad mucho poder, y los dos socios del Ejecutivo acusan a Al Nahda de acaparar el proceso constituyente, por lo que le han retirado su apoyo y hasta han amenazado con dimitir. La lucha en el seno de la llamada ‘troika’ ha impedido el consenso necesario para designar a los principales ministros (tras meses de negociaciones infructuosas) y ha estancado también la redacción de la nueva Constitución, que tenía que haber estado lista el pasado mes de octubre.
Además, en el seno de Al Nahda existe también una gran división entre moderados, encabezados por el primer ministro Yabali, y radicales, partidarios de abrazar tesis más cercanas a las de los salafistas. Bajo la etiqueta de un «islamismo más auténtico», estos últimos sienten mayores simpatías por Ghanuchi, el líder histórico, cuya rivalidad con Yabali es cada vez mayor.
El salafismo es una corriente ultraconservadora del islam, tradicionalmente apática con respecto a la vida política, muy atomizada (hay multitud de predicadores, cada uno con sus propios seguidores), y que ha crecido, sobre todo, en los suburbios de las grandes ciudades y entre los sectores más humildes de la población. Los salafistas abogan por una interpretación literal del islam, en un intento de recuperar la «pureza» de la religión.
Una corriente del salafismo, denominada popularmente salafismo yihadista, rechaza limitar la acción religiosa a la predicación y hace de la ‘guerra santa’ el centro de su actividad. Los salafistas de esta tendencia defienden el combate armado con el fin de liberar los países musulmanes de toda ocupación extranjera. También se oponen a la mayor parte de los regímenes de los países musulmanes, que juzgan como impíos, y pretenden instaurar estados «verdaderamente islámicos». Históricamente reprimidos, han ido propagando su discurso en los últimos años a través de cadenas de televisión privadas, muchas de ellas de origen saudí.
Los salafistas de Túnez, ampliamente extendidos, sobre todo, en el sur del país, han protagonizado numerosos incidentes violentos, en un intento de desestabilizar al Gobierno, de presionarlo para que imponga la ley islámica, o, simplemente, de crear una situación de caos que haga imposible el desarrollo normal de la transición democrática.
Así, han atacado canales de televisión, tiendas en las que se vende alcohol, galerías de arte a las que acusan de «impías», cines en los que se proyectan películas «inmorales», y todo tipo de acontecimientos culturales. También han provocado disturbios en actos políticos de la oposición, han destrozado decenas de santuarios religiosos populares y, en general, llevan a cabo continuas campañas de intimidación y amenazas, especialmente contra periodistas y en la universidad, donde se oponen a la restricción del uso del nikab, persiguen a las mujeres que no lo llevan y amedrentan a los profesores que lo prohíben. Disponen, además, de grupos de matones armados.
Oficialmente, Al Nahda (y, especialmente, el primer ministro) trata de distanciarse de la violencia salafista y condena muchos de estos actos. La oposición, sin embargo, acusa al partido islamista de no combatir suficientemente a los salafistas, o incluso de connivencia con ellos. Políticos de Al Nahda han llegado a justificar algunos ataques hablando de «provocaciones laicas». El asesinado Bel Aid había denunciado que le había sido denegada la protección especial que había solicitado ante las continuas amenazas que recibía.
Aparte del agravamiento de la crisis política e institucional, desde la muerte de Bel Aid decenas de miles de manifestantes han protestado contra el crimen en las calles de la capital, Túnez, donde el miércoles murió un agente de policía por pedradas. También ha habido manifestaciones en otras ciudades como Sidi Bouzid, la cuna de la revolución que acabó con el régimen del presidente Ben Ali, y Gafsa, situada en el sur y considerada un bastión de seguidores del opositor de izquierdas asesinado. En esta última localidad se produjeron este viernes graves disturbios entre cientos de manifestantes anti islamistas y la policía (gases lacrimógenos incluidos), durante la celebración de un funeral simbólico en honor de Bel Aid.
Aún no se sabe, pero el esclarecimiento del crimen puede ser clave a la hora de apaciguar los ánimos en el país. Si, como se sospecha, los autores están más relacionados con el salafismo que con el islamismo oficial, su detención podría ser para Al Nahda, que ha sido acusada de instigar y hasta de estar detrás del asesinato, una buena oportunidad para dejar claro su distanciamiento de los extremistas, más allá de la condena del crimen en sí, que ha sido unánime.
Otro gesto importante por parte de Al Nahda podría ser la disolución de las llamadas «Ligas de Protección de la Revolución», una especie de milicias vecinales que, a modo de vigilantes, actúan al margen de la ley, a menudo contra sectores laicos. Estas milicias constituyen, junto con los grupos de matones salafistas y las bandas simplemente criminales, uno de los grandes problemas actuales de seguridad en Túnez, problemas que derivan de la incapacidad del Gobierno a la hora de reconstituir las fuerzas del orden tras la revolución.
Tras la caída de Ben Ali, la hasta entonces omnipresente policía secreta (unos 80.000 agentes) fue prácticamente desmantelada, y la policía ordinaria, formada por agentes a menudo mal pagados y poco motivados, sufre el estigma de seguir estando relacionada con las prácticas dictatoriales del pasado. El Ejército, por su parte, es relativamente pequeño (35.000 efectivos, en un país de 10,5 millones de habitantes), y, a diferencia de en Egipto, su papel en el mantenimiento del orden público es poco importante.
La crisis que vive Túnez no es solo un conflicto entre laicos e islamistas. Al igual que al inicio de la revolución, la difícil situación económica en la que sigue inmerso el país, con una alarmante pérdida de empleo, la inflación muy alta y numerosos casos de corrupción, sigue siendo un factor fundamental. Ello explica la huelga general del pasado viernes (la primera en más de 30 años), convocada por el principal sindicato del país (la Unión General de Trabajadores Tunecinos, UGTT), así como la división entre la derecha conservadora y religiosa, por un lado, y el sector trabajador y campesino, por otro.
A pesar del apoyo que tradicionalmente reciben los islamistas en muchas zonas rurales, es también en estas áreas donde más duramente está golpeando el desempleo. Y, en un país con una importante tradición sindical, el respaldo a grupos más cercanos al movimiento obrero puede llegar a ser más importante que la fidelidad a las opciones religioso-conservadoras.
No obstante, si bien es cierto que, de momento, la demanda de «trabajo, libertad y dignidad» que acompañó a la revolución sigue sin ser plenamente atendida por el Gobierno, también es verdad que el Ejecutivo ha dado algunos pasos en esa dirección. En los presupuestos de 2013, por ejemplo, el gasto público tiene un incremento del 4,9%, una cantidad que, en gran parte, se piensa destinar a programas encaminados a reducir las disparidades regionales y a estimular la creación de empleo. El Gobierno también ha sido elogiado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tras lograr firmar un acuerdo con los representantes sindicales y la patronal, que fue calificado de «hito social».
En general, la libertad política en Túnez se ha ido incrementando de manera exponencial durante estos dos años, pero existen muchas áreas donde organizaciones internacionales y locales de derechos humanos denuncian aún muchas carencias, sobre todos las relacionadas con la libertad de expresión y el funcionamiento de las instituciones. Todavía existen grandes obstáculos para el desarrollo de un sistema político abierto y democrático, empezando por la falta de una reforma de los ministerios clave: el de Justicia y el de Interior, que aún conservan prácticas más propias de la época de la dictadura.
Al cumplirse un año de la revolución, Amnistía Internacional publicó un informe en el que afirmaba que el actual Gobierno tunecino estaba haciendo retroceder los avances en la situación de los derechos humanos conseguidos tras la caída de Ben Ali, «lo cual hace dudar de su compromiso con las reformas». La ONG denunciaba, entre otras cosas, que habían aumentado las restricciones a la libertad de expresión de periodistas, artistas, críticos con el Gobierno, escritores y blogueros, «con la excusa de mantener el orden y la moral públicos». También indicaba que «las autoridades tunecinas no parecen haber podido o querido proteger a los ciudadanos de la agresiones de grupos al parecer afines a los salafistas».
Yabali insiste en que la mejor solución para Túnez pasa por su propuesta de formar un Gobierno de tecnócratas y «apolítico» hasta la celebración, «lo antes posible», de nuevas elecciones. El primer ministro ha reconocido que tomó esta decisión de manera individual sin consultarlo con su partido -Al Nahda-, pero asegura que va a «continuar con la realización de esta iniciativa», cuya responsabilidad asume, y que, dijo, tuvo que tomar «para salvar al país». Según Yabali, su propuesta «ofrece a todos los partidos y al pueblo alcanzar rápidamente una solución de concordia, y un gobierno independiente que trabaje para llevar a cabo los objetivos de la revolución».
El vicepresidente de Al Nahda, Abdelhamid Yalasi, aseguró que esta formación «no está de acuerdo con la postura tomada por el jefe del Gobierno». La división existente llevó finalmente este domingo a Yabali a amenazar con dimitir si la Asamblea Nacional Constituyente rechaza su propuesta, aunque no renunciará a su cargo como secretario general de Al Nahda, a pesar de las críticas recibidas. «Si los miembros [del nuevo gabinete] son aceptados, especialmente por los partidos con representación en la Asamblea, permaneceré como jefe del Gobierno», precisó.
Las propuestas, añadió Yabali, «deberán ser remitidas antes del lunes», día en el que está previsto que especifique la fecha del anuncio del nuevo ejecutivo. El primer ministro apunta que podría ser «a mediados de la semana siguiente como tarde».
En Túnez y en Argelia se han interceptado importantes alijos de armas procedentes de los antiguos depósitos de Gadafi, y los rebeldes tuareg y salafistas que se hicieron con el control del norte de Mali en marzo del año pasado nutrieron sus arsenales con armamento libio.
Un dirigente del partido opositor tunecino Nidá Tunis, Lazar Akremi, admitió recientemente que «Túnez se ha convertido en un pasillo por donde circulan armas» de Libia. «Necesitamos ayuda de Europa para restablecer la seguridad fronteriza, sobre todo con Libia, cuyas dificultades en reestructurar el Estado animan a muchos clanes mafiosos al comercio ilegal con sus iguales libios», indicó por su parte un portavoz de Al Nahda, quien señaló la falta de material como una de las principales carencias del país.
Ante la gravedad de la situación, Libia, Argelia y Túnez firmaron en la ciudad libia de Gadamés, cuatro días antes del ataque terrorista a la planta de gas argelina de In Amenas, un acuerdo de coordinación en materia de seguridad de fronteras y de lucha antiterrorista y contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los primeros ministros de los tres países manifestaron entonces que la situación en Mali se había «deteriorado» de tal manera que podría tener consecuencias para la seguridad y la estabilidad de la región.
Publicado originalmente en 20minutos
Nota: Aunque no consideramos a Túnez un país de Oriente Medio, incluimos este y otros artículos sobre el Magreb por la evidente significación de la llamada ‘primavera árabe’ en toda la región.
Hace poco más de dos años, el 14 de enero de 2010, Zine al Abidín Ben Ali huía a Arabia Saudí, después de haber ocupado la presidencia de Túnez durante más de dos décadas. El dictador (ganó cuatro elecciones con porcentajes de hasta el 99,91% de los votos) cedía al fin el poder tras una revuelta popular que se había iniciado un mes antes, cuando Mohamed Buazizi, un joven de 26 años harto de una vida de constante humillación […]
El 17 de diciembre de 2010, hace hoy un año, Mohamed Buazizi, un joven de 26 años harto de una vida de constante humillación y sin expectativas, se inmoló a lo bonzo en la puerta de la sede del gobierno regional de Sidi Buzid, en Túnez.
Buazizi falleció el 4 de enero, y su muerte originó un movimiento solidario de protesta social entre los jóvenes pobres y en paro de su deprimida ciudad. La protesta se extendió y acabó provocando la histórica caída del presidente Zine el Abidine Ben Alí. Había nacido lo que en unos pocos meses será bautizada como «primavera árabe».
Un año y miles de muertos después, han caído dictadores, están naciendo nuevos gobiernos, las urnas están dando más poder a los islamistas, se ha afianzado una forma global de protesta, y, sobre todo, se sigue luchando.
Este es un resumen, elaborado por la agencia Efe, de lo que ha ocurrido hasta ahora y de cómo está la situación, país por país, en los países de Oriente Medio y el Magreb:
La revolución acabó el 14 de enero, con el abandono del poder por el presidente Zine al Abidín Ben Ali, que huyó a Arabia Saudí, después de permanecer 23 años en el Gobierno, en los que ganó cuatro elecciones con porcentajes de incluso el 99,91% de los sufragios. Las revueltas duraron unos diez días y hubo 347 muertos.
El proceso culminó el 23 de octubre con la celebración de comicios en las que participó el 54,1 por ciento de los electores. El ganador fue el movimiento islamista conservador Al Nahda, liderado por Hamadi Yabali, que obtuvo 89 de los 217 escaños de la Asamblea Constituyente. El 13 de diciembre tomó posesión el nuevo presidente, Moncef Marzuki, del centrista Consejo por la República y el 14 Yabali fue designado primer ministro.
La revolución comenzó el 25 de enero con el «Día de la ira», en el que miles de manifestantes en El Cairo y otras ciudades egipcias convocados por Internet pedían reformas al régimen de Hosni Mubarak. Los manifestantes no querían que Mubarak se presentara a las elecciones ni que dirigiera la transición ni que colocara como sucesor a su hijo Gamal. Mubarak delegó el poder el 11 de febrero a una Junta Militar, fue hospitalizado en abril por una «crisis cardiaca» y, desde entonces, aparece en camilla en los juicios emprendidos contra él. Las revueltas iniciales se prolongaron durante 18 días y hubo al menos 846 muertos, según un informe de Amnistía Internacional (AI).
La primera fase de las elecciones se celebró los días 28 y 29 de noviembre en nueve provincias del país, entre ellas El Cairo y Alejandría con una tasa de participación del 52%. El Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de los Hermanos Musulmanes, fue el claro vencedor en el inicio de las elecciones legislativas egipcias, con un 40% de los votos, seguido de los salafistas del partido Al Nur (musulmanes ultraconservadores) con el 20%.
Las manifestaciones comenzaron de forma pacífica los días 15 y 16 de febrero en Bengasi, la segunda ciudad libia, por la detención de un activista de derechos humanos y en demanda de cambios democráticos al máximo dirigente del país, Muamar al Gadafi, en el poder durante 42 años.
El 27 de marzo la OTAN inició una campaña militar sobre Libia, semanas después de que las fuerzas leales al régimen comenzaran a acorralar a los grupos de insurgentes del país. La guerra duró ocho meses. La revuelta degeneró en guerra civil que terminó con el anuncio rebelde el 20 de octubre de la muerte de Gadafi en Sirte, su localidad natal. Las víctimas del conflicto se cifraron en 25.000 muertos y el doble de heridos, según el presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT), Mustafá Abdul Jalil.
El CNT gobierna el país desde entonces, presidido por Mustafá Abdul Jalil y se han convocado elecciones, previstas inicialmente para junio de 2012.
Las protestas se iniciaron el día 15 de marzo, cuando miles de personas se concentraron en las principales ciudades en respuesta a la convocatoria por Facebook de un «Día de la Ira» y con el eslogan «Una Siria sin tiranía, ni ley de emergencia», en vigor desde 1963. El 21 de abril el presidente Bachar al Asad derogó el estado de emergencia, que otorgaba amplios poderes a las fuerzas de seguridad para reprimir a los manifestantes.
Sin embargo, la represión de las protestas fue brutal y, casi nueve meses después, la ONU cifró en más de 5.000 los muertos, más de 300 de ellos menores de edad. La comunidad internacional mantiene fuertes sanciones económicas contra el régimen. La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, advirtió de que el país se dirige a una guerra civil.
Las manifestaciones comenzaron el 27 de enero para exigir que el presidente Abdulá Saleh no se presentara a la reelección en el país más pobre de la península arábiga. La represión de las manifestaciones causó cientos de muertos y heridos durante meses.
Finalmente, ya en el exilio, el presidente Saleh firmó el 23 de noviembre en Riad una iniciativa de reconciliación nacional que prevé una transición de dos años durante los cuales se enmendará la Constitución y se prepararán elecciones.
Las manifestaciones comenzaron el 14 de febrero protagonizadas por la mayoría chií que demandaba a la minoría suní que gobierna el país -el monarca Hamad bin Isa al Jalifa- la instauración de una monarquía parlamentaria con una Constitución que permita al pueblo elegir un gobierno y un Parlamento independientes.
En las revueltas se han producido más de 40 muertos. Las autoridades destruyeron el 18 de marzo el monumento a la Perla en la emblemática plaza de Manama que llevaba ese nombre después de que se convirtiera en símbolo de las protestas antigubernamentales.
Las protestas empezaron a mediados de febrero con manifestaciones convocadas en las redes sociales en reclamo de una Constitución democrática, en la que el rey sea soberano, pero no detente el poder Ejecutivo. El rey Mohamed VI respondió con la reforma de la Constitución y nuevas normas para reforzar la figura del primer ministro como «presidente de un poder ejecutivo efectivo».
Una nueva Carta Magna fue aprobada el pasado 1 de julio en referéndum con el 98,50 por ciento de los votos y una tasa de participación del 73,46% del votos.
Se celebraron elecciones el 25 noviembre, que fueron ganadas por el islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD), con 107 de los 295 escaños del Parlamento. Y el 29 de noviembre el rey Mohamed VI nombró al secretario general del PJD, Abdelilah Benkirán, primer ministro.
Las manifestaciones empezaron el 28 de enero, y aún continúan, en demanda de reformas políticas y económicas en varias ciudades del país. El rey Abdalá II cesó el 1 de febrero al Ejecutivo del primer ministro Samir Rifai, y le sustituyo por Maaruf Bajit.
Las protestas continuaron y el 17 de octubre el soberano hachemí cesó a Bajit y le sustituyó en el cargo por Aun Jasawneh, exjuez de la Corte Penal Internacional, y le encargó acelerar las reformas políticas.
El pasado 18 de noviembre miles de jordanos salieron a las calles de las principales ciudades para pedir al nuevo primer ministro que cumpla sus promesas de acelerar las reformas y luchar contra la corrupción, así como una nueva ley electoral que garantice una representación proporcional en el Parlamento.
Las protestas comenzaron el 12 de febrero para pedir que el gobierno derogara el «estado de emergencia» que regía el país desde hacía 19 años. Dicha ley había sido decretado el 9 de febrero de 1992 por presión del Ejército, tras el intento de insurrección por el Frente Islámico de Salvación (FIS), en protesta por la anulación de las legislativas, cuya primera ronda había ganado por mayoría.
Las recientes protestas se diluyeron tras la derogación de dicho estado de emergencia el 24 de febrero.
Con información de la agencia Efe
El 17 de diciembre de 2010, hace hoy un año, Mohamed Buazizi, un joven de 26 años harto de una vida de constante humillación y sin expectativas, se inmoló a lo bonzo en la puerta de la sede del gobierno… Leer
