«Hay motivos razonables para concluir que la actual ocupación israelí del territorio palestino es ilegal según el derecho internacional, debido a su permanencia y a las acciones emprendidas por Israel para anexionar partes del territorio, tanto de facto como de jure. Las acciones de Israel que tienen por objeto crear hechos irreversibles sobre el terreno y ampliar su control sobre el territorio son tanto reflejos como impulsores de su ocupación permanente».
Así encabeza las conclusiones de su primer informe la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel1. «Al seguir ocupando el territorio palestino por la fuerza, Israel incurre en responsabilidades internacionales y sigue violando los derechos de los palestinos, individualmente y como pueblo», añade la Comisión, uno de cuyos objetivos es hacer llegar la situación a la Corte Internacional de Justicia.
El informe, presentado este jueves, recuerda que, según el derecho internacional humanitario, la ocupación de territorio en tiempo de guerra es una situación temporal y no priva a la potencia ocupada de su condición de Estado ni de su soberanía.
En una comparecencia ante los medios este mismo jueves, la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, antigua Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, fue más allá y aseguró que «declaraciones recientes del secretario general [de la ONU, António Guterres] y de numerosos Estados miembros han indicado claramente que cualquier intento de anexión unilateral del territorio de un Estado por otro Estado es una violación del derecho internacional y es nulo y sin efecto».
«La semana pasada, 143 Estados miembros, incluido Israel, votaron a favor de una resolución de la Asamblea General que reafirma esto», añadió Pillay, en referencia a la votación del pasado 12 septiembre en la que la Asamblea General rechazó la anexión por parte de Rusia de cuatro territorios ucranianos, con solo cinco votos en contra —Corea del Norte, Siria, Nicaragua, Bielorrusia y la propia Rusia—. Pillay agregó que para que este principio fundamental de la Carta de la ONU «tenga sentido», debe «aplicarse universalmente», incluyendo en el caso del territorios palestino ocupado.
En el informe, de 28 páginas, la Comisión revisa políticas y acciones empleadas por Israel para mantener la ocupación y anexionarse partes del territorio palestino ocupado. Entre esas acciones, el documento destaca que Israel ha sostenido y hecho avanzar su «empresa de asentamientos», e incluye declaraciones de funcionarios israelíes que reafirman la intención de mantener un control permanente sobre el territorio, en violación del derecho internacional.
«Al ignorar el derecho internacional, estableciendo o facilitando el establecimiento de asentamientos, y al transferir directa o indirectamente a civiles israelíes a estos asentamientos, los sucesivos gobiernos de Israel han establecido hechos sobre el terreno para garantizar el control permanente de Israel en Cisjordania», afirmó Pillay.
Según el informe, Israel continúa violando los derechos de los palestinos, tanto individualmente como en conjunto, ya que expropia tierras y recursos naturales, unas acciones que requieren confiscación, demolición y desplazamiento de los residentes.
«Hay mucho daño silencioso y trauma psicológico, que puede no ser evidente de inmediato, como resultado de la erosión de los derechos económicos, sociales y culturales», advierte el Comisionado Miloon Kothari, en declaraciones recogidas en la web de noticias de la ONU. «Estos procesos debilitantes tienen graves consecuencias a corto y largo plazo y deben abordarse con urgencia», agrega.
La Comisión ha analizado los impactos de las políticas de ocupación y anexión específicamente en las mujeres y los niños. Con respecto a estos últimos, indica que «el ambiente coercitivo tiene un impacto especialmente severo en los niños palestinos, quienes experimentan una presencia militar constante, frecuentes enfrentamientos y actos de violencia, restricciones de movimiento y demolición de viviendas y destrucción de infraestructura y propiedades».
«Desde principios de 2022, un total de 20 niños han sido asesinados en Cisjordania y actualmente hay 56 órdenes de demolición pendientes contra escuelas en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Desde 1967, miles de niños han sido desplazados y trasladados a la fuerza como resultado de la demolición de 28.000 viviendas palestinas», añade.
El informe destaca además que este «ambiente coercitivo» que obliga a los palestinos a abandonar sus hogares «ha fragmentado a la sociedad palestina y obstaculizado el derecho a la autodeterminación».
Con respecto al uso de la tierra, el informe señala: «La tierra es un recurso natural clave, parte integral de la identidad y la economía palestinas. Actualmente, los palestinos pueden construir en menos del 1 por ciento de la tierra en el Área C77 debido a las políticas de planificación israelíes y a la expropiación de más de 2 millones de dunams [unas 200.000 hectáreas] de tierra por parte de Israel desde 1967. Israel ha expropiado tierras en Cisjordania por una variedad de de fines, incluidos la construcción de asentamientos, zonas industriales, tierras agrícolas y de pastoreo para colonos y carreteras, en contravención del derecho internacional».
En el apartado dedicado a las consecuencias de la ocupación en lo referente a los derechos humanos, el informe detalla que «Israel ha creado y mantiene un entorno complejo de coerción, que incluye la demolición de viviendas y la destrucción de bienes, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, el encarcelamiento masivo, la violencia de los colonos, la circulación restringida a través de puestos de control y en carreteras, y limitaciones en el acceso a medios de subsistencia, necesidades básicas, servicios y asistencia humanitaria».
El informe concluye diciendo que algunas de las políticas y acciones del gobierno israelí pueden constituir «elementos» de crímenes bajo el derecho penal internacional, incluido «el crimen de guerra» de transferir parte de su propia población civil al territorio ocupado.
«Las acciones de los gobiernos israelíes revisadas en nuestro informe constituyen un régimen ilegal de ocupación y anexión que debe abordarse», señala Chris Sidoti, otro de los comisionados, en declaraciones recogidas asimismo en la web de noticias de la ONU.
Sidoti agrega que el sistema internacional y los Estados individuales deben actuar y cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. «Eso debe comenzar en esta sesión de la Asamblea General con una remisión a la Corte Internacional de Justicia», recalca.
La misión diplomática de Israel ante Naciones Unidas criticó rápidamente el informe este mismo jueves, denunciando que el documento no menciona el «conflicto de mayo de 2021», a Hamás, o «actos de terrorismo». (El informe se enmarca en la investigación independiente abierta para dilucidar si Israel cometió abusos de los derechos humanos en Cisjordania y la Franja de Gaza tras los once días de guerra entre Israel y Hamás en mayo de 2021).
La misión israelí aludió también los «comentarios flagrantemente antisemitas de un miembro de la Comisión», en referencia a las declaraciones de Kothari, según informa AP. «Los comisionados que hicieron comentarios antisemitas y que se involucraron de manera proactiva en el activismo contra Israel, tanto antes como después de su nombramiento, no tienen legitimidad ni credibilidad para abordar el tema en cuestión», dijo la misión israelí en un comunicado. «Son parte de la agenda antiisraelí que lamentablemente todavía existe en las Naciones Unidas», añadió.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Yair Lapid, calificó también este viernes como «antisemita» el informe. «Precisamente porque yo no era primer ministro cuando se llevó a cabo la operación ‘Guardián de las Murallas’ me siento obligado a enfatizar que el informe de la ONU es parcial, falso y flagrantemente subjetivo», señaló Lapid en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press. «No todas las críticas contra Israel incurren en el antisemitismo, pero este informe sí ha sido escrito por antisemitas», añadió.
¹ La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel recibe su mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los comisionados no son personal de la ONU y no se les paga por su trabajo.
Más información y fuentes:
» Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel
» La ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal, determina la Comisión de Investigación (ONU)
» UN experts decry Israeli occupation of Palestinian areas (AP)
» La ONU determina que la ocupación israelí en territorio palestino es ilegal (Europa Press)
«Hay motivos razonables para concluir que la actual ocupación israelí del territorio palestino es ilegal según el derecho internacional, debido a su permanencia y a las acciones emprendidas por Israel para anexionar partes del territorio, tanto de facto como de… Leer
Desde el final de las guerras napoleónicas se ha ido denominando el enfermo de Europa a diferentes potencias. El Imperio Otomano inauguró el uso de este epíteto, pero le han ido siguiendo otros hasta la actualidad. Reino Unido, Irlanda, España, Portugal o la Rusia postsoviética han sido algunos de los enfermos de Europa desde entonces.
En el s. XIX el enfermo por antonomasia fue el Imperio Otomano. Aunque incapaz de mantener el control sobre todos los territorios bajo su soberanía, era visto, a su vez, como el tapón necesario para frenar el expansionismo ruso desde las costas del Mar Negro hacia el Mediterráneo. De ahí el apoyo brindado por Francia, Reino Unido y Cerdeña al sultán Abdülmecit I durante el conflicto de Crimea (1853-1856) entre los imperios otomano y ruso.
Rusia aspiraba a tener una salida al mar Mediterráneo para comunicar sus puertos del Mar Negro, pues su flota debía pasar por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, bajo control otomano. Esto hacía la comunicación entre Rusia y el Mediterráneo prácticamente imposible en caso de conflicto entre los imperios.
Después de la I Guerra Mundial y hasta 1936 esta zona quedó bajo soberanía británica. El enfermo Imperio Otomano desapareció después de la guerra y su sucesora, la república turca fundada por Mustafá Kemal Atatürk, fue desprovista del control sobre los estrechos que controlaban el acceso al Mar Negro desde el Egeo.
En 1936, a las puertas del segundo conflicto mundial y como resultado de la Convención de Montreaux (Suiza), el Reino Unido le transfirió la soberanía sobre esos territorios a la Turquía moderna.
El acuerdo fue producto de una ardua negociación a varias bandas entre Australia, Bulgaria, Francia, Grecia, Japón, Rumania, la URSS, el III Reich, Reino Unido y Yugoslavia. Quedaron al margen de las conversaciones los EE UU, de acuerdo con su aislacionismo de entreguerras, y la Italia fascista, aún doliente por no haber conseguido hacer valer sus pretensiones territoriales sobre la península de Anatolia. El III Reich se negó a firmar el acuerdo final mientras que Japón mostró grandes reservas. Los bandos de la inminente guerra estaban ya configurándose.
La convención de Montreaux pretendió garantizar el tránsito por los estrechos de las flotas militares y mercantes de todos los Estados ribereños del Mar Negro y estableció algunas limitaciones importantes para el paso por los estrechos de los buques de guerra de Estados no ribereños.
Con la firma de 1936, Turquía quedó en posición de hacer valer sus intereses en caso de un hipotético conflicto dentro del Mar Negro. Este tratado no ha sido sustituido desde entonces.
Dentro de las dinámicas que ha puesto en marcha la invasión rusa a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022, el Gobierno del Reino Unido ha planteado en las últimas semanas la posibilidad de enviar uno de sus dos nuevos portaaviones junto con su grupo de combate hacia el Mar Negro. Dentro de la nueva estrategia para un Reino Unido global en el escenario pos-brexit, la nostalgia imperial británica le ha jugado una mala pasada al primer ministro. Esa propuesta no es posible.
La convención de Montreaux impide por varios motivos que un Estado no ribereño pueda desplazar una fuerza de tareas de ese tipo más allá de los estrechos turcos. Además, hay dos miembros de la OTAN entre los Estados ribereños: Rumanía y Turquía. La presencia naval de la Alianza Atlántica en el Mar Negro debe estar capitaneada por ellos, si es que existe una posición común y unánime al respecto.
Ankara ha constatado que existe un estado de guerra de facto entre Rusia y Ucrania. Por tanto, ha hecho valer la convención de Montreaux y su posición geopolítica como llave del tránsito entre el Mar Negro y el Mediterráneo, por supuesto de acuerdo con sus propios intereses.
Aplicando lo estipulado en 1936, ha tomado la decisión de cerrar el paso de sus estrechos a cualquier barco de guerra extranjero. Esto dificultará una posible escalada de la situación. Los barcos de la OTAN desplegados en el Mar Negro deben abandonarlo en un plazo máximo de veintiún días desde que entraron en él y no podrán volver hasta que Turquía lo permita.
Por su parte, Rusia no podrá reforzar desde el Báltico su flota en el Mar Negro, aunque podrá mover algunas de sus unidades desde el Caspio a través del canal Volga-Don. Por otra parte, su base naval de Tartús (Siria) también queda aislada de los puertos del Mar Negro.
La conexión entre el conflicto sirio y el conflicto ucraniano tenderá a ser mayor durante las próximas semanas. Parece confirmarse que Rusia va a promover la participación de sirios en el conflicto ucraniano como fuerza de choque.
Esto evitará el coste político de reclutas rusos muertos o heridos, pero también aumentará la brutalidad de los combates en Ucrania y extenderá a este teatro algunas de las terribles formas de lucha ensayadas en la guerra siria.
Con su decisión, Turquía ha defendido sus intereses inmediatos en el conflicto, evitando que ante sus costas se concentren buques de la OTAN y rusos con el consabido riesgo de escalada, pero también ha dificultado algunas formas de presión que podrían haber tomado sus aliados.
Las relaciones de Rusia con Turquía a lo largo de la última década no han sido fáciles ni han estado exentas de tensiones, pero actualmente ambos actores se necesitan aunque sus intereses choquen en algunos escenarios. A fin de cuentas, los drones turcos que utilizan las fuerzas ucranianas intentan ser derribados por los mismos sistemas antiaéreos rusos que Ankara compró a Moscú.
El área de influencia rusa se extiende más allá del este de Europa, y en la zona del Mar Negro, el Cáucaso y Oriente Medio se encuentra con otro actor regional de primer orden. Turquía hoy no puede ser considerado el enfermo de Europa.
Luis Velasco es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Vigo, y coordinador del programa de máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 15/3/2022
Desde el final de las guerras napoleónicas se ha ido denominando el enfermo de Europa a diferentes potencias. El Imperio Otomano inauguró el uso de este epíteto, pero le han ido siguiendo otros hasta la actualidad. Reino Unido, Irlanda, España,… Leer
Al 44º presidente de los Estados Unidos se le podrán reprochar muchas cosas, pero la falta de optimismo no es una de ellas. Cuando el pasado día 11, de vuelta en su querida Chicago, Barack Obama se despidió del pueblo estadounidense en su último discurso público (una nueva demostración de su brillante oratoria y de su capacidad para conectar con la gente), el todavía inquilino de la Casa Blanca recuperó, sin dudarlo, el histórico lema que le llevó hasta la presidencia por primera vez, hace ocho años. Ante una audiencia entregada que clamaba por el imposible («Four more years!», ¡cuatro años más!), y pese al ‘coitus interruptus’ de saber que en tan solo unos días ocupará su puesto un personaje como Donald Trump, Obama cerró sus palabras con el mismo mensaje de esperanza que convenció a millones de personas en 2008, haciendo posible la hazaña de situar por vez primera a un hombre negro en el cargo más importante del país, y, en muchos sentidos, del mundo: Yes, we can (Sí, podemos). Y luego añadió: Yes, we did (Sí, lo hicimos; sí, pudimos). Pero, ¿ha podido realmente?
En términos generales, Obama deja un país mejor que el que encontró, al menos en lo que respecta a la economía, pero también un buen número de expectativas frustradas o directamente incumplidas. El que fuera el candidato del «cambio» y la «esperanza»ha sido asimismo, para muchos, el presidente de las oportunidades perdidas, unas oportunidades que, a la vista de quien va a sentarse en el Despacho Oval a partir del próximo viernes, no van a volver a repetirse fácilmente. Y algunos de sus logros más importantes, como la reforma sanitaria o la migratoria, podrían tener los días contados.
En el exterior, Obama, premiado en 2009 con un Nobel de la Paz que resultó ser, probablemente, algo prematuro, tampoco puede presumir demasiado. El entusiasmo inicial que despertó en todo el mundo el cambio que el joven presidente suponía con respecto a su antecesor (George W. Bush), con sus acercamientos al mundo musulmán (qué lejos queda ya aquel famoso discurso en El Cairo), o sus decisiones de poner fin a dos guerras (Afganistán e Irak), se fue transformando poco a poco en decepción y, en muchas ocasiones, en más de lo mismo.
Quedarán, en el apartado del debe, sus fracasos en el trágico atolladero de Siria y en el moribundo proceso de paz palestino-israelí, o los miles de muertes causadas por sus drones (durante el mandato de Obama, EE UU ha bombardeado un total de siete países —Afganistán, Irak, Pakistán, Somalia, Yemen, Libia y Siria—, frente a los cuatro bombardeados por Bush —los cuatro primeros— ). En el apartado del haber, pasos históricos como la reapertura de relaciones con Cuba y el acuerdo nuclear con Irán, sus iniciativas en contra de la tortura, o momentos ‘cumbre’ como, dejando a un lado las normas del derecho internacional, el asesinato del líder de Al Qaeda y cerebro de los atentados del 11-S, Osama Bin Laden.
No obstante, y como siempre en estos casos, tan injusto sería culpar al presidente de todos los aspectos negativos ocurridos durante su mandato, como atribuirle en exclusiva todos los logros. La sociedad estadounidense, como la global, ha experimentado durante estos ocho años cambios muy profundos, unos cambios que han acabado traduciéndose, de algún modo, en una gran polarización ideológica y una evidente desconexión entre ciudadanos y politicos, de izquierda a derecha, reflejadas en manifestaciones tan distintas como el movimiento Occupy que se extendió por EE UU en 2011 tras el 15-M español, o la inesperada elección como presidente del millonario Donald Trump en 2016. Unos cambios que, al mismo tiempo, han permitido también hitos como el reconocimiento, en todo el país, de la legalidad del matrimonio entre homosexuales, o el hecho de que, por primera vez, una mujer (Hillary Clinton) haya estado a punto de ocupar la Casa Blanca.
Paradójicamente, ha sido durante el mandato del primer presidente negro cuando los hondos conflictos raciales tan presentes aún en EE UU han vuelto a exacerbarse (debido, sobre todo, a la violencia discriminatoria ejercida por la Policía contra ciudadanos negros), y ha sido también durante el mandato del que iba a ser «el presidente de la gente» cuando hemos conocido, por ejemplo, el masivo espionaje cibernético al que el Gobierno estadounidense somete a sus ciudadanos. A menudo, también es cierto, Obama se ha dado de frente contra el muro de la falta de apoyo político, especialmente en el Congreso, una cámara que ha estado férreamente dominada por los republicanos en estos últimos años: para cuando el presidente quiso apretar el acelerador de sus reformas, en el tramo final de su mandato, ya era demasiado tarde. A su pesar, Guantánamo sigue abierto, y el cambio en las leyes que regulan la posesión de armas, pendiente.
Tal vez el error, visto sobre todo desde Europa, o desde la Europa más de izquierdas, haya sido creer que Obama era un auténtico revolucionario, y no tanto lo que finalmente resultó ser: un presidente con honestas intenciones transformadoras, pero dependiente, al fin y al cabo, y no siempre en contra de su voluntad, de los mecanismos de poder (políticos, económicos, militares) y los valores tradicionales (capitalismo incuestionable, cierto chauvinismo) que siguen marcando buena parte de la realidad de su país.
Lo que parece claro es que Obama se va con la popularidad prácticamente intacta, un factor al que probablemente haya contribuido el clima viciado que ha caracterizado las últimas elecciones presidenciales. Según un último sondeo de Associated Press-Norc Center for Public Affairs, el 57% de los estadounidenses encuestados aprueban su gestión, lo que le sitúa muy por delante de su predecesor (Bush se fue con un 32%) y ligeramente por encima de Ronald Reagan (51%), aunque aún lejos de Bill Clinton (63%). Para el 27%, Obama ha sido incapaz de mantener su promesa de unificar el país, y uno de cada tres opina que ha incumplido sus compromisos, si bien el 44% cree que, al menos, lo ha intentado.
Obama asumió la presidencia de EE UU con una herencia, la de George W. Bush, que incluía, entre otras cosas, dos guerras, una crisis económica interna sin precedentes desde la Gran Depresión y una imagen de Estados Unidos en el mundo por los suelos. El nuevo presidente ofrecía, para empezar, un talante completamente distinto: más inteligente y tolerante, con un mejor carácter y un fino y agudo sentido del humor, educado en Harvard pero no elitista, soñador pero realista, progresista pero en modo alguno radical, e inmune (algo que ha logrado mantener) a cualquier escándalo de corrupción o de carácter personal. Repasamos ahora su legado, recordando también sus promesas y retos de hace ocho años, tanto en política exterior como en política interior.
Cuando Obama llegó al poder en enero de 2009, tres años antes del estallido de la ‘primavera árabe’, y ocho antes de la sangrienta irrupción de Estado Islámico, el nuevo presidente tenía ante sí tres desafíos fundamentales en lo que respecta a la región más convulsa del planeta: retirar las tropas estadounidenses de Irak y y lograr la estabilización del país, poner fin a la guerra en Afganistán, y contribuir a un proceso de paz real entre palestinos e israelíes. Ocho años después, la retirada de los soldados es una realidad en Irak, pero el país, asolado por el terrorismo yihadista, la división sectaria y la debilidad de su gobierno tras la nefasta gestión estadounidense que siguió a la invasión de 2003, está muy lejos de ser estable; la guerra de Afganistán se cerró más bien en falso (EE UU aún mantiene tropas allí); y el proceso de paz palestino-israelí está completamente muerto.
En el camino, las nuevas realidades de la zona han supuesto un desafío constante, al que la administración estadounidense no ha sabido responder adecuadamente. La tragedia de la guerra en Siria es, tal vez, el principal ejemplo: la política contradictoria y pasiva de Washington ha contribuido a perpetuar el conflicto y ha dado alas a la Rusia de Putin, cuyo apoyo incondicional al régimen de Asad sigue haciendo imposible una salida. Por otro lado, EE UU ha intentado distanciar su discurso de la política israelí, pero no ha presionado lo suficiente como para forzar avances en el proceso de paz, e incluso ha alcanzado niveles récord en la venta de armas a este país. Y en Yemen, donde otra guerra prácticamente olvidada sigue masacrando a la población, Washington mantiene su respaldo a la coalición, liderada por Arabia Saudí, que está lanzando las bombas.
Según explica a 20minutos.es Ignacio Álvarez-Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y coordinador de Oriente Medio y el Magreb en la Fundación Alternativas, «la inacción, el distanciamiento y la parálisis» que han caracterizado la política «fallida, errática e improvisada» de Obama en Oriente Medio han dejado una región «bastante peor de lo que estaba hace ocho años», incluyendo la expansión de Estado Islámico, frente al que EE UU no ha sido capaz de oponer una estrategia verdaderamente eficaz. Aún reconociendo el condicionante de la herencia de Bush, Álvarez-Ossorio no duda en hablar de «gran decepción», tras un principio que parecía esperanzador, «gracias al discurso en El Cairo, o al hecho de que se dejase caer a Mubarak en Egipto».
Sin embargo, teniendo en cuenta las duras críticas recibidas por Bush a causa de su intervencionismo en la región, ¿qué opciones reales tenía Obama? «Podía haber explorado más otras alternativas, basadas en una diplomacia más coherente y en el multilateralismo, en buscar otros actores», explica Álvarez-Osorio. «El intervencionismo militar no es la única opción, pero es difícil ganar credibilidad cuando tus principales aliados siguen siendo países autocráticos, o cuando el distanciamiento de gobiernos como el saudí o el israelí es tan tibio».
El mayor logro conseguido por la administración de Obama en Oriente Medio es, sin duda, la consecución del acuerdo con Irán, un acuerdo que permitió controlar la escalada nuclear en este país y levantar las sanciones impuestas a Teherán; que, en cualquier caso, no es atribuible en exclusiva a la diplomacia estadounidense, y que está pendiente ahora de lo que pueda hacer con él el nuevo presidente Trump.
Junto con el acuerdo nuclear con Irán, el otro gran momento del mandato de Obama en política exterior ha sido la normalización de las relaciones con Cuba, un proceso cuya primera fase culminó en el histórico apretón de manos en La Habana entre el presidente estadounidense y el cubano, Raúl Castro, en marzo de 2016. Era la primera vez en 88 años que un mandatario de EE UU visitaba la isla, un gesto comparable, en significación histórica, a la visita que Obama hizo también a Hiroshima, la primera de un presidente estadounidense a la ciudad japonesa arrasada por la primera bomba atómica hace 50 años.
No obstante, tampoco aquí el éxito es atribuible tan solo a Obama. La situación de cierto aperturismo en la isla tras la retirada de Fidel Castro del poder, y el final de los años duros de George W. Bush fueron factores fundamentales. Y no hay que olvidar que, al igual que en lo referente a Irán, el nuevo presidente, Trump, tendrá la autoridad ejecutiva de revertir las propuestas diplomáticas de Obama para con la isla, incluyendo la relajación de las sanciones y las restricciones de viaje. Trump, de momento, mantiene abiertas «todas las opciones».
Con otro de los tradicionales antagonistas de EE UU, Corea del Norte, las cosas no han ido tan bien, aunque, en este caso, ha sido la postura aislacionista y beligerante del régimen dictatorial de Pionyang la que no ha contribuido, precisamente, a allanar el camino. La tensión nuclear, las provocaciones a los vecinos y los ensayos armamentísticos han seguido incrementándose, y los conatos de diálogo parecen haber pasado a mejor vida.
«Cuando Obama fue elegido en 2008 se generó una gran expectación en Europa», comenta a 20minutos.es Carlota García Encina, investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid: «Parecía, sobre todo en comparación con los años de Bush, que se iniciaba una nueva relación transatlántica, pero la generación de Obama no se siente tan ligada al Viejo Continente como las anteriores y, aunque en un primer momento el trato fue cordial, EE UU empezó a mirar cada vez más a Asia y a los países emergentes, y a dejar claro su deseo de que los países europeos se fuesen haciendo cargo de su propia defensa», añade.
Esta cierta distancia, no obstante, ha ido evolucionando a lo largo de todo el mandato, especialmente ante la magnitud de problemas globales como el terrorismo o la llegada masiva de refugiados, o debido a situaciones de crisis como la guerra en Ucrania. García Encina señala, en este sentido, que «Obama fue cada vez más consciente de que necesitaba una Europa fuerte, de que no existe una alternativa, y de que estadounidenses y europeos son quienes siguen haciéndose cargo de la mayoría de los problemas del mundo». «Por eso», agrega, «Obama ha venido insistiendo, sobre todo al final de su presidencia, en la necesidad de ‘más Europa’ [cuando apoyó la opción contraria al brexit, por ejemplo], y de una Europa más activa que reactiva».
La relación con el otro lado del Atlántico, sin embargo, ha estado marcada por la creciente tensión, cuando no enemistad directa, con la Rusia de Putin. Como recuerda García Encina, los planes de Obama para mejorar las relaciones con Moscú (ese «volver a empezar» que se propuso al inicio de su segundo mandato) se vieron truncados por la guerra en Ucrania y la anexión rusa de Crimea en 2014, y, especialmente, por el apoyo del Kremlin al régimen sirio de Bashar al Asad. Tras las acusaciones a Moscú de haber intervenido en la campaña electoral estadounidense, y a pesar del ‘idilio’ político entre Vladimir Putin y Donald Trump, restablecer una mínima normalidad entre ambas potencias no va a ser tarea fácil.
Antes de ser elegido presidente, Obama, quien llegó a ser acusado de «proteccionista encubierto» por su primer rival electoral, el republicano John McCain, se había mostrado partidario, en general, del libre comercio mundial, si bien matizando que «no todos los acuerdos son buenos». Al término de su mandato, el balance en este sentido es más bien pobre, con solo tres acuerdos implementados exitosamente (Panamá, Colombia y Corea del Sur), algo no necesariamente negativo para los detractores de este tipo de tratados, tanto desde la derecha más proteccionista («roban trabajo a los locales y favorecen a las empresas extranjeras»), como desde el activismo izquierdista («contribuyen a aumentar el poder de las grandes corporaciones frente a los gobiernos, y minan los derechos sociales y laborales»).
Los dos grandes objetivos de su administración fueron el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP). El TPP, firmado en febrero de 2016 por 12 países que, juntos, representan el 40% de la economía mundial, todavía no ha sido ratificado y, teniendo en cuenta que Trump ha anunciado la retirada estadounidense del mismo, su futuro es, siendo optimistas, incierto. Mientras, el TTIP, la controvertida propuesta de libre comercio entre EE UU y la UE, sigue negociándose, pero está siendo abandonada por cada vez más políticos a ambos lados del Atlántico. «A diferencia de lo que ocurre en Europa», indica García Encina, «el TTIP no está en el debate público en EE UU; es un asunto de Washington».
Obama llegó al poder en mitad de una crisis económica descomunal, cuyos efectos aún siguen sufriéndose en medio mundo. Con más de 9 millones de parados, el desempleo afectaba al 6,7% de la población activa; la deuda pública superaba los 10.600 millones de dólares; la industria financiera estaba a un paso del colapso, y 700.000 millones de dólares eran dedicados a gasto militar. Grandes empresas habían quebrado, la confianza de los inversores era prácticamente inexistente, había decrecido alarmantemente la capacidad adquisitiva y, por tanto, el consumo; la industria automovilística (uno de los motores del país) estaba en coma, y el déficit presupuestario alcanzaba un registro histórico de 483.000 millones de dólares, sin contar con los 700.000 millones del erario público destinados a rescatar, principalmente, a los bancos y entidades financieras a la vez causantes y víctimas de buena parte de la crisis.
Al inicio de su primer mandato, Obama impulsó un importante paquete de estímulo económico y una serie de reformas legales y financieras que, poco a poco, han ido dando frutos. Su gobierno supervisó la salvación de General Motors, implementó un Programa de Viviendas Asequibles que evitó que millones de propietarios perdieran sus casas al permitirles refinanciar sus hipotecas, y negoció un acuerdo que anuló muchos de los recortes de impuestos aprobados en la era de George W. Bush, a cambio de congelar el gasto general, e incluyendo importantes medidas fiscales como la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009.
Ocho años después, el desempleo ha caído al 4,6%, el nivel más bajo desde 2007, y la creación de puestos de trabajo sigue estable, con 178.000 nuevos empleos registrados el pasado mes de noviembre. Además, y pese a que Obama no ha conseguido avances en su empeño por aumentar el salario mínimo federal (el Congreso, dominado por los republicanos, se ha opuesto sistemáticamente), o a que el poder adquisitivo sigue sin alcanzar los niveles esperados (el ingreso de los hogares en 2015 seguía siendo inferior al de 2007), los sueldos, en general, han empezado a recuperarse (aunque sigue existiendo desigualdad entre hombres y mujeres), y el mercado de valores está alcanzando nuevos máximos.
Según un informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, el crecimiento de los salarios reales ha sido en estos últimos años el más rápido desde principios de la década de los setenta, y en el tercer trimestre de 2016, la economía estadounidense creció un 11,5% por encima del máximo registrado antes de la crisis, con la renta per capita situada un 4% sobre los niveles anteriores a 2009.
La reforma del sistema sanitario estadounidense fue, desde un principio, la gran apuesta de Barack Obama, y también el principal blanco de los ataques al presidente provenientes de los sectores más conservadores. Su implementación, aunque fuese rebajando en parte sus ambiciosos planes iniciales, ha sido, según él mismo, su gran legado. Su futuro, considerando que Trump ha prometido hincarle el diente («suspenderla» y «aprobar una propuesta mejor») nada más asumir la presidencia, está en el aire.
Básicamente, el llamado Obamacare, el paquete de reformas sanitarias aprobado en 2010, tiene como objetivo permitir un mayor acceso de los ciudadanos al sistema de salud, en un país donde no existe una sanidad pública como tal. Los estadounidenses pueden ahora comprar seguros médicos federalmente regulados y subsidiados por el Estado, lo que ha permitido que el porcentaje de personas sin protección se haya reducido del 15,7% (un total de 30 millones) en 2011 al 9,1% en 2015.
La ley, por ejemplo, prohíbe a las compañías de seguros tener en cuenta condiciones preexistentes, y les exige otorgar cobertura a todos los solicitantes, ofreciéndoles las mismas tarifas sin importar su estado de salud o su sexo. Además, aumenta las subvenciones y la cobertura de Medicaid, el programa de seguros de salud del Gobierno.
La reforma, sin embargo, ha tenido que convivir con serios problemas, incluyendo el hecho de que varios estados gobernados por republicanos se han negado a aplicar su parte, o graves dificultades informáticas que fueron ampliamente divulgadas por la prensa y utilizadas por la oposición, disparando las críticas de sus detractores.
La reforma migratoria fue, junto con la sanitaria, la otra gran promesa de Obama durante la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca en 2008, pero sus esfuerzos por que el Congreso la sacase adelante cayeron una y otra vez en saco roto. Finalmente, nada más ser reelegido, el presidente anunció que no estaba dispuesto a seguir esperando, y que aprobaría una serie de medidas por decreto (acción ejecutiva). Lo hizo, finalmente, y entre las airadas críticas de los republicanos, en 2014.
Esta ‘minireforma’ no afectaba a aspectos como la ciudadanía o la residencia permanente (Obama no podía llegar tan lejos, con la ley en la mano), pero sí permitía regularizar la situación de cerca de la mitad de los inmigrantes indocumentados que residen en el país (unos cinco millones, de un total de 11 millones de ‘sin papeles’). En concreto, la reforma afectaba a aquellos que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, y que pueden demostrar que llevan en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales. La ley está ahora suspendida por una larga batalla legal en la que se ha cuestionado su constitucionalidad.
Por otro lado, la dura y xenófoba retórica anti-inmigración del presidente electo, Donald Trump, ha hecho olvidar a menudo que la administración de Obama ostenta el récord de deportaciones de EE UU hasta la fecha, con una media de 400.000 al año. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno de Obama deportó a cerca de 2,5 millones de inmigrantes entre 2009 y 2015. El mayor número de deportaciones se produjo en 2012, cuando fueron expulsadas 410.000 personas, alrededor del doble que en 2003. Un informe de 2013 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU señalaba que alrededor de 369.000 inmigrantes irregulares fueron deportados durante ese año. La mayoría de los deportados, 241.493, eran mexicanos.
Las afirmaciones de Donald Trump según las cuales la criminalidad en EE UU está «peor que nunca» son falsas. Es cierto que en algunas grandes ciudades ha crecido la tasa de homicidios, pero, en general, los índices de delincuencia han bajado de forma constante durante los ocho años de gobierno de Barack Obama, uno de cuyos grandes objetivos (no cumplido del todo) ha sido la reforma del sistema de justicia penal y, en especial, intentar acabar con la discriminación racial que conlleva actualmente.
Como destaca la BBC en un repaso al legado de Obama en este aspecto crucial de la política doméstica, en 2010 el presidente firmó la llamada Acta de Sentencias, con la que se equiparararon las penas por posesión de crack y de cocaína en polvo. Hasta entonces, los castigos para los condenados por lo primero, la mayoría ciudadanos afroamericanoss, eran muy severas. En ese mismo año, Obama firmó otra ley que establece que el tiempo mínimo de prisión obligatoria por posesión de cocaína, que suele implicar desproporcionadamente a delincuentes de raza negra, sea más acorde con las penas de cocaína en polvo.
En enero de 2016, por otra parte, Obama tomó una serie de medidas ejecutivas destinadas a limitar el uso del aislamiento en las cárceles federales y proporcionar un mejor trato a los reclusos con enfermedades mentales. También ha utilizado su poder presidencial para conmutar las penas por drogas a más de 1.000 infractores no violentos, y ha apoyado una política del Departamento de Justicia que dio lugar a la liberación anticipada de unos 6.000 reclusos.
Su gran frustración, no obstante, ha sido no poder lograr un mayor control sobre la posesión de armas de fuego. Tras la matanza de la escuela primaria de Sandy Hook en Connecticut, el 14 de diciembre de 2012, Obama pidió mayores restricciones, algo en lo que ha insistido desde entonces, públicamente, varias veces. Sin embargo, debido al poder de presión de lobbies como la Asociación Nacional del Rifle, y a la oposición del ala más conservadora del Congreso, al final no ha podido promulgar nuevas políticas importantes al respecto.
Antes de ser elegido por primera vez, Obama prometió que cerraría la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, lo antes posible. De hecho, en la primera semana tras su toma de posesión (el segundo día, para ser exactos), el nuevo presidente firmó un decreto que contemplaba la clausura definitiva, «en menos de un año», de esta prisión militar, un complejo penitenciario fuera de la ley por el que habían pasado entonces casi 800 hombres, considerados por EE UU «combatientes enemigos ilegales»; la mayoría de ellos, acusados de pertenecer a los talibanes o a Al Qaeda, algunos sometidos a torturas, y ninguno con el derecho reconocido a un juicio previo o a la representación de un abogado. Ocho años después, y aunque con menos prisioneros (45 en la actualidad, frente a los 242 reos que había en 2009), el gran símbolo de la ‘guerra contra el terror’ de George W. Bush sigue abierto.
A lo largo de estos ocho años, Obama ha intentado en numerosas ocasiones hacer efectivo el cierre de la prisión, pero se ha encontrado una y otra vez con el rechazo y las restricciones del Congreso, reacio, principalmente, al traslado a suelo estadounidense de prisioneros que supondría la clausura de la base. En respuesta, la administración de Obama ha ido llevando a cabo un plan de transferencia de prisioneros a otros países, pero no ha sido suficiente.
Obama llegó a la Casa Blanca con una agenda medioambiental muy clara y es justo reconocer que ha tratado de cumplirla. El presidente ha intentado impulsar las energías renovables, promoviendo la construcción de más plantas solares y tomando medidas para modernizar la industria y hacerla menos dependiente del carbón. También prohibió perforaciones petroleras en el Atlántico y el Ártico, y participó activamente en el debate internacional sobre el calentamiento global, contribuyendo de forma determinante a la negociación del gran acuerdo para combatir el cambio climático que 195 países firmaron durante el COP21 en París, en diciembre de 2015.
Este acuerdo, ratificado por EE UU (y amenazado ahora por la postura en contra de Trump), estableció una serie de nuevas regulaciones que controlan la contaminación de las centrales eléctricas de carbón y limitan la minería del carbón y la perforación de petróleo y gas, tanto en tierras continentales como en aguas costeras.
Además, el presidente estadounidense hizo uso de su autoridad ejecutiva para designar un total de 548 millones de acres (más de 2,2 millones de Km²) de territorio como hábitat protegido, más que cualquier presidente anterior.
Obama, sin embargo, dejó pasar también oportunidades importantes. A principios de su mandato, cuando los demócratas tenían aún mayoría, el Congreso llegó a aprobar un estricto programa para controlar las emisiones de carbono. El Senado, sin embargo, dio prioridad a las reformas financiera y sanitaria, y, para cuando la ley volvió al Congreso, los demócratas estaban ya en minoría.
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Con los brutales ataques terroristas de Bruselas y Lahore aún en la retina, medio centenar de líderes mundiales se reunieron esta semana en Washington para tratar de avanzar en el control de las armas nucleares, en una cumbre que al final se centró en la necesidad de dar una respuesta a la amenaza de que parte de ese devastador arsenal caiga en manos de grupos como Estado Islámico.
La cuarta Cumbre sobre Seguridad Nuclear (convocada, como las tres anteriores, por el presidente estadounidense, Barack Obama) se celebró, no obstante, con la previsible tara que supusieron las ausencias de algunos de los países que más tienen que decir en este asunto. La silla vacía más notable fue la de Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, decidió no acudir a la cita alegando una «falta de cooperación» durante los preparativos de la reunión.
Tampoco estuvo, aunque nadie la esperaba, Corea del Norte, cuyos constantes ejercicios militares, ensayos nucleares y comunicados amenazantes llevan teniendo en jaque al mundo en general, y a la región asiática del Pacífico en particular, desde los años noventa, y que aprovechó el encuentro, además, para lanzar un misil antiaéreo al mar (el sexto en un mes). Irán, recién salido del ‘eje del mal’ tras el acuerdo nuclear alcanzado en julio de 2015, y Bielorrusia, una ex república soviética que albergó ojivas nucleares hasta 1996, fueron los otros ausentes.
A pesar de los avances registrados en estos últimos años, el objetivo de conseguir un mundo sin más armas nucleares que se fijó Obama al inicio de su primer mandato (una de las razones por las que recibió el Nobel de la Paz) sigue todavía muy lejos. Y, si bien es cierto que el final de la Guerra Fría tras la caída de la Unión Soviética acabó con el temor a que un enfrentamiento nuclear entre las dos superpotencias terminase, literalmente, con la vida en el planeta tal y como la conocemos, un cuarto de siglo después la amenaza del uso de armas atómicas, con su apocalíptica capacidad de destrucción masiva, sigue ahí. Y, lo que es peor, a día de hoy nadie apuesta ya realmente por el desarme global.
En primer lugar, por la imposibilidad de ‘convencer’ a países como India y Pakistán —en los que el arsenal nuclear juega un papel fundamental en el equilibrio de su rivalidad—, Corea del Norte, o incluso Israel, que, aunque oficialmente ni lo confirma ni lo desmiente, pocos dudan de que tiene armas nucleares. Pero, sobre todo, por el poco interés que tienen en ello tanto Rusia como Estados Unidos.
Obama acaba de anunciar la mayor modernización del arsenal nuclear estadounidense desde la presidencia de Ronald Reagan, con una inversión de cerca de 900.000 millones de euros en las próximas tres décadas, en un proyecto que prevé mejorar las bombas y desarrollar nuevos sistemas para lanzarlas. Y el Kremlin, que está construyendo asimismo nuevas armas para sustituir a las antiguas, incluye en su cada vez más notoria política de distanciamiento de Occidente el rechazo a que las reglas sobre las armas atómicas se dicten en la Casa Blanca. Moscú sigue insistiendo en que sea el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), dependiente de la ONU, quien marque el paso, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que esta institución se limita a controlar a los países que aún no disponen de tecnología para fabricar bombas atómicas, y no a los que ya las poseen.
De hecho, la cumbre de Washington asumió de algún modo la renuncia al objetivo ideal del desarme, al poner el acento en el control del arsenal actual, más que en su eliminación definitiva, un control que, en cualquier caso, parece más necesario que nunca: toneladas de material nuclear y radiactivo se encuentran aún en instalaciones civiles consideradas poco seguras (centros de investigación, hospitales, centrales energéticas), y la posibilidad de que acaben en manos de «actores no estatales» (grupos terroristas, traficantes, mercado negro), es real.
Ese fue precisamente el gran peligro surgido tras el final de la Guerra Fría, la posibilidad de que todo o parte de ese plutonio y uranio que ya no controlan los estados pudiera llegar a ser utilizado por grupos terroristas con la suficiente capacidad técnica como para fabricar bombas (las llamadas «bombas sucias», por ejemplo) y atentar con ellas, sin los controles y ni la presión a los que, al menos en teoría, puede someter la comunidad internacional a países como Corea del Norte o Irán.
Durante décadas, la acumulación de armamento nuclear por parte de EE UU y la entonces Unión Soviética se produjo en el marco de una guerra disuasoria, en la que la utilización por parte de cualquiera de los dos garantizaba la destrucción total de ambos. Ahora, como recuerda el periodista Marc Bassets, «no es previsible que ni Al Qaeda ni el ISIS dejen de lanzar una bomba porque sus rivales puedan usarla en respuesta».
Las claves de lo acordado en la cumbre y de la amenaza del terrorismo nuclear, en preguntas y respuestas:
La Cumbre de Seguridad Nuclear se celebra cada dos años desde 2010 por iniciativa del presidente de EE UU, Barack Obama, quien prometió al comienzo de su primer mandato convertir en una prioridad la no proliferación nuclear e instó a la comunidad internacional a avanzar hacia «un mundo libre de armas atómicas», durante un discurso en Praga en 2009.
A Obama le queda menos de un año en el poder, por lo que esta cumbre, de dos días de duración (los pasados jueves y viernes), ha sido la última en su formato actual. Se desconoce si el próximo presidente o presidenta estadounidense, que llegará a la Casa Blanca en enero de 2017, querrá continuar con este proceso multilateral.
Los líderes de medio centenar de países, entre ellos, y además del propio Obama, el presidente francés, François Hollande; el de China, Xi Jinping; el de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; el de México, Enrique Peña Nieto; el de Argentina, Mauricio Macri; la de Chile, Michelle Bachelet; el primer ministro británico, David Cameron; el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-Hye.
Rusia, el país con el mayor arsenal nuclear del mundo, decidió no asistir por considerar que hubo «falta de cooperación al elaborar la agenda» del encuentro, según explicó el miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Su ausencia ha dificultado el alcance de grandes acuerdos sobre seguridad nuclear, pero la Casa Blanca confía en que la cita haya servido para aumentar la coordinación internacional en la lucha contra Estado Islámico, para tomar mayor conciencia de la posibilidad de que éste u otros grupos terroristas obtengan un arma nuclear, y para empezar a adoptar medidas al respecto.
Al término de la cumbre, no obstante, Obama no ocultó su decepción por la ausencia de Rusia: «Dado que Putin impuso una visión que enfatiza el poder militar por encima del desarrollo dentro de Rusia y la diversificación de la economía, no hemos visto el tipo de avances con Rusia que habría esperado», dijo.
Estados Unidos y Rusia concentran el 90% del arsenal nuclear del mundo.
El viernes, Obama instó a los líderes mundiales a proteger las instalaciones nucleares vulnerables para impedir que los «locos» de grupos como Estado Islámico accedan a armas atómicas o a bombas radiactivas. En su discurso, el presidente estadounidense aseguró que el mundo se enfrenta a una «persistente amenaza de terrorismo nuclear», que está evolucionando a pesar de los progresos en reducir este tipo de riesgos. «No podemos ser autocomplacientes», advirtió.
Si bien Obama aseguró que, de momento, ningún grupo ha tenido éxito a la hora de obtener materiales nucleares, también dijo que Al Qaeda estuvo «mucho tiempo» detrás de ellos, y mencionó acciones llevadas a cabo por miembros del grupo yihadista Estado Islámico, que plantean «preocupaciones similares». En este sentido, los atentados de Bruselas y, anteriormentre, París, han elevado la preocupación de que Estado Islámico (el grupo que reivindicó los ataques) pueda asaltar centrales nucleares con el fin de robar material y poder desarrollar bombas radiactivas.
«No hay ninguna duda de que si esos locos tienen alguna vez en sus manos una bomba nuclear o material nuclear, lo usarán para matar al mayor número posible de personas inocentes», señaló Obama. «Eso cambiaría nuestro mundo», añadió.
En los últimos años, y según indicó el presidente, se han reducido considerablemente los riesgos de robo y tráfico de material nuclear (EE UU y Japón, por ejemplo, han completado la tarea de eliminar todo el uranio altamente enriquecido y separar los combustibles de plutonio de un reactor japonés), pero Obama admitió asimismo que una parte de las 2.000 toneladas almacenadas en todo el mundo «no está debidamente protegida». De hecho, la seguridad en los silos nucleares de EE UU ha sido objeto de críticas.
Como primera medida, Obama anunció el viernes que hará público el arsenal nuclear estadounidense por primera vez en una década, así como una «descripción detallada» de las medidas de seguridad que toman las Fuerzas Armadas estadounidenses para protegerlo.
En principio, y según detalla el Centro de Estudios para la No Proliferación, los terroristas podrían desde robar directamente un arma nuclear en una instalación militar de alguno de los países que disponen de ellas, hasta atacar o sabotear una central nuclear, colocar un explosivo en una instalación, o robar o comprar ilegalmente material radiactivo de uso civil para fabricar una «bomba sucia» (artefactos explosivos relativamente baratos de fabricar, y capaces de diseminar elementos radiactivos en la atmósfera). Entre 1993 y 2011, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) detectó 2.164 casos de pérdida, robo o desaparición de materiales nucleares que podrían ser empleados para fabricar este tipo de bombas.
Construir un arma nuclear no es fácil, pero fabricar una bomba similar a la que destruyó Hiroshima es «muy posible dentro de las capacidades de un grupo terrorista avanzado», según advertía hace ya unos años Matthew Bunn, profesor adjunto en la Escuela John Kennedy de la Universidad de Harvard (EE UU). «Existe una enorme diferencia entre la dificultad de producir armas seguras y confiables para usar en un proyectil o avión de guerra, y fabricar armas inseguras y no confiables para transportar en un camión», indicaba.
Los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks revelaron, por ejemplo, la gran fragilidad de los controles sobre el personal implicado en el programa nuclear paquistaní, lo que en su día llevó a Washington a dar al problema prioridad estratégica, con el fin de evitar que empleados «radicales» accedan a las instalaciones.
El periodo de mayor descontrol sobre el armamento nuclear ocurrió tras la caída de la Unión Soviética, en 1991, cuando sus bases nucleares en Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania quedaron en una situación de gran vulnerabilidad. Además, muchos científicos perdieron su empleo y buscaron una salida laboral en otros países, llevándose consigo algunos de ellos el conocimiento y los archivos necesarios.
En un informe que elaboró para la revista Technology Review, el analista estadounidense de seguridad nacional especializado en armas nucleares Graham Allison indicó que «si los gobiernos no hacen más de lo que están haciendo actualmente, las posibilidades de que ocurra un ataque terrorista con armas nucleares contra una de las grandes ciudades occidentales en el plazo de una década son de más del 50%».
El uranio altamente enriquecido es el que presenta una pureza igual o superior al 85%, lo que permite utilizarlo para fabricar bombas atómicas. Actualmente, un total de 31 países se han declarado libres de este mineral, incluyendo todos los de Latinoamérica y el Caribe, según anunciaron al comienzo de la cumbre de Washington.
Desde la última cumbre de Seguridad Nuclear, diez países han destruido todo su uranio altamente enriquecido (en total, 400 kilos).
La mayoría de los expertos cree que más bien poco, aunque es verdad que el objetivo de la cumbre no era tanto realizar grandes anuncios o alcanzar compromisos novedosos, como hacer balance y fijar las líneas por las que debería guiarse la seguridad nuclear en los próximos años.
En general, la cumbre ha conseguido dar una mayor relevancia a la amenaza del terrorismo nuclear, pero, de momento, no se han estudiado fórmulas concretas para hacerle frente, algo muy complicado de lograr sin que exista una coordinación efectiva entre Rusia y Estados Unidos.
Tampoco se han abordado suficientemente casos que suscitan especial preocupación, como el de Pakistán, uno de los países que reconoce oficialmente poseer armas nucleares, y que sigue inmerso en una situación política muy inestable y de grave violencia, con una creciente presencia y actividad talibán y un protagonismo cada vez mayor del ejército en el Gobierno.
En cuanto a Corea del Norte, al menos China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo bilateral durante la cumbre, por el que se comprometen a trabajar conjuntamente para tratar de prevenir que Pyongyang, que dispone ya de la capacidad de instalar pequeñas bombas nucleares en misiles, realice nuevas pruebas pruebas de lanzamientos.
Según el presidente estadounidense, desde la primera cumbre se han hecho «progresos importantes», como la firma de un nuevo tratado START de desarme entre EE UU y Rusia para que las ojivas nucleares que poseen estén en 2018 en su nivel más bajo desde la década de 1950, la eliminación o retirada de más de tres toneladas de uranio enriquecido o plutonio, mejoras en la seguridad de instalaciones que albergan combustible nuclear, o la instalación de equipos para detectar radiaciones en más de 300 pasos fronterizos, aeropuertos y puertos marítimos.
Algunos expertos, no obstante, consideran que Obama solo ha conseguido una parte de lo que se propuso, dada la falta de consenso para alcanzar un tratado global vinculante sobre desarme nuclear.
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«La paz perpetua no es un concepto vacío, sino una idea práctica que, mediante soluciones graduales, se va acercando poco a poco hacia su realización final». La frase, del filósofo alemán Immanuel Kant, encabeza, más como un deseo que como una realidad, la sección que la página web Global Security dedica a registrar las guerras activas en el mundo. Se trata de un control que realizan de manera exhaustiva numerosos sitios en Internet (Wars in the World, ConflictMap, Global Conflict Tracker, Armed Conflict Database…). Ninguno de ellos tiene problemas por escasez de contenido.
A pesar de que actualmente no existe ninguna guerra activa declarada de forma oficial entre Estados diferentes, al menos 13 países sufren ahora mismo conflictos armados. Otros muchos padecen desde hace años e incluso décadas situaciones de grave violencia (la causada por el narcotráfico en México, por ejemplo, con decenas de miles de muertos), o realidades bélicas no resueltas aún y calificadas, según el momento, como conflictos de «alta» o «baja» intensidad (la guerra en Colombia, ahora en un frágil proceso de paz).
No obstante, el número de muertos en el mundo como consecuencia directa de las guerras tiende a ser cada vez menor, si nos remontamos lo suficientemente atrás y, especialmente, desde el final de la Guerra Fría. Entre 1950 y 2007 la media fue de 148.000 muertos al año en combates (sin contar las víctimas civiles); entre 2008 y 2012 esta cifra bajó a 28.000. Aún así, en 2013, y según datos del International Institute for Strategic Studies, los conflictos armados causaron en todo el planeta un total de 112.900 muertes (civiles incluidos), alrededor de 3.600 más que el año anterior. Los fallecidos por conflictos armados suponen alrededor del 10% del total de muertes violentas, una categoría que incluye homicidios y suicidios.
Ucrania y Gaza, seguidas de cerca por Irak, están acaparando en las últimas semanas la atención informativa, pero la guerra sigue siendo el día a día de millones de personas en otras partes del mundo cuyo olvido por parte de los medios de comunicación es poco menos que permanente. Son las guerras (Nigeria, República Centroafricana, Congo, Sudán del Sur…) a las que solo nos asomamos en ocasiones extremas, o cuando afectan a ciudadanos o intereses occidentales. Y eso sin contar otras situaciones de violencia estructural y continua que ejercen tantos Estados contra sus ciudadanos, y que no son consideradas técnicamente como «guerras».
Estos son los principales conflictos armados activos en este momento:
» El conflicto. La crisis actual es el desenlace de una tensión que fue en aumento desde que el 30 de junio se confirmó que habían sido asesinados tres jóvenes israelíes secuestrados semanas antes en Cisjordania, y cuya búsqueda dejó a su vez seis palestinos muertos, 118 heridos y 471 detenidos. Sin pruebas concluyentes, el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu acusó del secuestro a Hamás, que negó estar implicada. La situación se agravó cuando dos días después ultranacionalistas judíos se vengaron quemando vivo a un joven palestino en Jerusalén. El hostigamiento de Israel a la estructura de Hamás durante la búsqueda de los estudiantes israelíes acabó traduciéndose en el lanzamiento de cohetes desde Gaza contra territorio israelí, lo que llevó al Gobierno de Netanyahu a desencadenar una nueva ofensiva contra la franja, iniciada el pasado día 7. De fondo, el fracaso de las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes, que Israel dio por concluidas tras el pacto de reconciliación alcanzado por Hamás (gobernante en Gaza y considerada un grupo terrorista por Israel y muchos países occidentales) y Al Fatah (gobernante en Cisjordania y a cargo de la Autoridad Nacional Palestina). Israel, respaldado por EE UU, justifica el ataque en su «derecho a defenderse». Hamás, en su resistencia ante la ocupación y la agresión israelíes.
» Qué está pasado ahora. Después de diez días de intensos bombardeos sobre Gaza y de centenares de cohetes lanzados desde la franja contra Israel (la mayoría sin alcanzar sus blancos o interceptados por el sistema de defensa aérea israelí), Israel inició el jueves una ofensiva terrestre, con el objetivo de destruir los arsenales de cohetes de los milicianos palestinos y los túneles a través de los cuáles realizan éstos incursiones en Israel. Antes, fracasó un intento de alto el fuego propuesto por Egipto. Hamás pone como condiciones el fin del bloqueo (económico y humano) israelí a la franja y la liberación de presos detenidos en cárceles israelíes. Este domingo, Israel accedió a respetar una tregua humanitaria de dos horas al día, tal como había solicitado Hamás, aunque solo en un barrio que ha sido bombardeado por tierra y aire repetidamente, provocando el éxodo de miles de personas, que no saben ya dónde refugiarse.
» Las víctimas. En los 13 días transcurridos desde que se inició la llamada operación Margen Protector han muerto, según cifras oficiales de las autoridades de Gaza, más de 400 palestinos (96 de ellos solo este domingo, la jornada más sangrienta desde el principio de la ofensiva). La mayoría son civiles, y muchos de ellos, niños. Además, desde que comenzó la invasión terrestre, el número de desplazados internos en la franja se ha duplicado, superando ya los 50.000 y desbordando las previsiones de la ONU. En el lado israelí murieron este domingo 13 soldados. Hasta ahora habían fallecido cinco militares y dos civiles israelíes.
Embed from Getty ImagesBombas israelíes sobre Gaza, el 7 de julio. Foto: Said Khatib / AFP / Getty Images
» El conflicto. A mediados de junio, los yihadistas extremistas suníes del EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, por sus siglas en inglés) se hicieron con el control de Mosul, la tercera ciudad más grande de Irak y la más importante de su zona norte, y, en una espectacular ofensiva, empezaron a avanzar hacia Bagdad y los santuarios chiíes de Kerbala y Nayaf, ante la desbandada del ejército regular iraquí. El avance del EIIL, un grupo escindido de Al Qaeda y cuyos métodos son más brutales aún que los de esta organización, provocó la huida de cientos de miles de personas, principalmente hacia el Kurdistán iraquí. La ofensiva se producía después de que los yihadistas se hubieran hecho con buena parte del nordeste de Siria, y con el objetivo de establecer un estado islámico entre los dos países. La violencia sectaria entre suníes y chiíes ha sido una constante en Irak desde la invasión liderada por EE UU que derrocó a Sadam Husein en 2003. El punto máximo se alcanzó durante la guerra civil de 2006-2007, y la tensión volvió a recrudecerse en 2013 debido al resentimiento de la población suní con la mayoría chií (actualmente en el gobierno liderado por Nuri al Maliki), a la que los suníes acusan de practicar una discriminación sistemática. La guerra en Siria también está afectando. Los lazos entre los suníes de Irak y los de Siria son fuertes, y las tribus suníes iraquíes preciben la «opresión chií» como algo general, proveniente tanto del Gobierno iraquí como de la minoría alauí siria (el alauismo, confesión a la que pertenece el presidente sirio, Bashar al Asad, es una rama del islam que comparte prácticas con el chiísmo).
» Qué esta pasando ahora. A finales de junio, y coincidiendo con el inicio del Ramadán, el mes sagrado musulmán, el EIIL, rebautizado como «Estado Islámico», anunció la instauración de un «califato» en el territorio que controla, y por encima de las actuales fronteras. Unos días después, el líder del grupo y autoproclamado «califa», el hasta entonces esquivo Abu Bakr al Bagdadi, realizó su primera aparición pública. Desde entonces, los extremistas han ido imponiendo su interpretación radical de la ley islámica, especialmente en Mosul. Este viernes dieron un ultimátum a los cada vez menos cristianos que quedan en la ciudad, amenazándoles de muerte si no se convierten o pagan un impuesto especial. Miles de cristianos han huido ya hacia la vecina región del Kurdistán iraquí. Y en el resto de Irak, la violencia continúa: este sábado estallaron varios coches bomba en Bagdad, causando la muerte de al menos 26 personas.
» Las víctimas. Desde la invasión de Irak liderada por EE UU en 2003 han muerto en Irak por causas violentas unas 193.000 personas, incluyendo combatientes y civiles. En 2012 hubo casi 4.600 muertos, en 2013 la cifra se disparó hasta los 9.500, y en lo que llevamos de 2014 van ya más de 7.800. El alto comisario de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, informó de que 600.000 iraquíes han sido desplazados a causa de la ofensiva de los militantes suníes. Se suman a otro medio millón de desplazados este año, cuando el grupo yihadista se hizo con el control de varias ciudades en el oeste del país.
» El conflicto. La guerra civil en Siria, que ha entrado ya en su cuarto año, tiene su origen en las protestas contra el régimen del presidente Bashar al Asad que, con el trasfondo de la llamada ‘Primavera árabe’, se iniciaron en marzo de 2011. El Gobierno reprimió con dureza a los manifestantes y lo que había empezado como una protesta pacífica se acabó convirtiendo en una rebelión armada. Los grupos de la oposición, que se han ido formando a lo largo del conflicto, abarcan desde rebeldes de ideología más moderada hasta militantes islámicos extremistas, e incluyen, principalmente, al Ejército Libre Sirio y al Frente Islámico, respectivamente. Operan, también, muchos grupos fuera de control, y en la parte este del país se han ido haciendo fuertes los yihadistas del denominado ahora Estado Islámico. Hasta el momento, y más allá de autorizar la destrucción de armas químicas en Siria, la comunidad internacional no ha intervenido directamente. El régimen de Asad cuenta con el apoyo de Rusia e Irán, mientras que EE UU, Turquía, Arabia Saudí y Catar transfieren armas a los rebeldes. En general, los países occidentales respaldan a la oposición moderada siria.
» Qué está pasando ahora. El 7 de mayo, la ciudad de Homs, uno de los bastiones rebeldes, fue entregada a las tropas gubernamentales bajo una tregua, tras cerca de tres años de brutal asedio gubernamental. El 3 de junio se celebraron elecciones presidenciales en las regiones controladas por el Gobierno. Asad ganó los comicios con el 88,7% de los votos, entre denuncias de fraude y de «farsa» por parte de la oposición. El 14 de junio, las fuerzas gubernamentales se hicieron con el control del pueblo fronterizo de Kasab, recapturando así todos los territorios perdidos previamente en la ofensiva rebelde de Latakia. Por su parte, los rebeldes capturaron Tall al-Gomo, cerca de Nawa, en la Gobernación de Daraa, y volvieron a entrar en la región de Qalamun. Durante su ofensiva en Irak, los yihadistas del EIIL se apoderaron de armas pesadas y equipo del ejercito iraquí, que han empezado a trasladar a Siria. Actualmente, el Gobierno sirio controla entre el 30% y el 40% del territorio del país, y al 60% de la población.
» Las víctimas. La guerra civil en Siria ha dejado hasta el momento más de 150.000 muertos, de los cuales 51.212 son víctimas civiles. El número de refugiados supera ya los tres millones. Ciudades enteras están completamente devastadas y el daño causado al patrimonio histórico y cultural es inmenso. El 40% de la población vive en una situación de crisis. Se han usado armas químicas en repetidas ocasiones, y ambos bandos han sido acusados desde diversas organizaciones y gobiernos de cometer crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos. Se trata del conflicto más brutal de los surgidos a raíz de la ‘Primavera árabe’, y de una de las peores guerras del siglo XXI.
» El conflicto. En Yemen se superponen actualmente cuatro conflictos: el que enfrenta al Gobierno con la guerrilla huthi en el norte del país; las revueltas en la región de Adén, motivadas por el escaso desarrollo del antiguo Yemen del Sur; las protestas cívicas de la ‘Primavera árabe’ (que, tras la firma de un acuerdo, forzaron la salida del presidente Alí Abdullah Saleh, después de 33 años en el poder), y la presencia de los grupos armados yihadistas asociados a Al Qaeda. Uno de estos grupos, Ansar al Sharía tomó a mediados de 2011 el control de una parte del sur del país, y llegó a declarar la instauración de un emirato islámico en la provincia petrolera de Shabua. Restablecida la estabilidad gubernamental en el país tras la crisis provocada por la salida de Saleh, desde febrero de 2012 el nuevo gobierno redobló su ofensiva contra las bases de Al Qaeda, causando centenares de muertos en el sur, a la vez que se produjo un incremento en la actividad terrorista de este grupo. Yemen es, después de Pakistán, el país donde EE UU realiza más ataques con drones (aparatos aéreos teledirigidos, no tripulados).
» Qué está pasando ahora. Esta semana se han recrudecido los enfrentamientos entre rebeldes chiíes y miembros de tribus islamistas del norte del país. Los rebeldes huthi, pertenecientes a una secta chií, han estado combatiendo contra rivales suníes islamistas de una de las tribus más grandes de Yemen (respaldada por una unidad local del ejército), en la provincia de Jouf.
» Las víctimas. Durante los 10 meses de 2011 que duraron las protestas contra Saleh hubo al menos 746 muertos en enfrentamientos entre leales al presidente y fuerzas de seguridad y los opositores. Por otra parte, en las ciudades bajo control de Al Qaeda se ha impuesto un interpretación estricta de la ley islámica, con detenciones arbitrarias y ejecuciones, lo que ha provocado grandes desplazamientos de población civil. Cientos de personas han muerto en atentados terroristas: los más graves: el 21 de mayo de 2012 en la capital, Saná (83 muertos), el 4 de agosto en Abyan (33 muertos), y el 5 de diciembre de 2013 de nuevo en Saná (68 muertos). Los combates en el norte, entre tanto, han dejado más de un centenar de muertos solo en este mes de julio.
» El conflicto. El final del régimen comunista impuesto por la invasión soviética de los años ochenta dejó un país en guerra civil entre las diferentes facciones de muyahidines. Al amparo de Pakistán, surgió entonces el movimiento fundamentalista islámico talibán, que acabó haciéndose con el poder. La negativa talibán a entregar a Osama Bin Laden tras los atentados del 11-S motivó una intervención internacional liderada por EE UU que depuso al régimen integrista. En 2004 Hamid Karzai fue elegido presidente, con el reto de extender el poder del Gobierno más allá de la capital, Kabul, con la ayuda de una fuerza internacional integrada por 48 países. La espiral de violencia, sin embargo, no cesó. El deterioro de la seguridad fue el argumento que esgrimió a finales de 2009 el presidente estadounidense, Barack Obama, para relanzar la implicación internacional en el conflicto afgano. Obama estableció también 2011 como el año del inicio de la retirada de tropas, que antes de 2014 deberían haber completado el repliegue. La progresiva retirada del contingente internacional se vio acompañada de una escalada de violencia del movimiento talibán. El alto nivel de corrupción y la lucha contra el narcotráfico son los otros dos grandes desafíos en un país donde los factores étnicos y de alianzas juegan asimismo un papel fundamental.
» Qué está pasando ahora. El pasado 5 de abril se celebraron elecciones presidenciales, resultando ganador Abdullah Abdullah (exministro de Asuntos Exteriores). Sin embargo, fue necesaria una segunda vuelta frente a Ashraf Ghani, celebrada en junio y cuyos resultados están aún por determinar. En mayo, los talibanes lanzaron una nueva ofensiva contra las fuerzas internacionales, incluyendo un atentado contra el ministerio de Justicia de Jalalabad. El 15 de julio un atentado con coche bomba causó 89 muertos y 80 heridos en el distrito de Orgun.
» Las víctimas. Hasta el pasado 17 de julio, y desde la invasión de 2001, se han registrado 3.460 muertes militares de la coalición en Afganistán. Más de 23.500 soldados de la coalición internacional han resultado heridos. Respecto a la población civil, varias fuentes cifran en aproximadamente 20.000 los muertos por acciones de violencia entre los años 2001 y 2013.Y en cuanto a las fuerzas de seguridad afganas, se han contabilizado 13.729 muertos y otros 16.511 heridos entre finales de 2001 y principios de 2014, incluyendo tanto a miembros del ejercito como de la policía.
» El conflicto. Aparte de la disputa que mantiene por el estado de Cachemira, que actualmente pertenece a la India pero que los paquistaníes reclaman como propio, Pakistán sufre desde hace cerca de una década un conflicto en el noroeste del país, que enfrenta al ejército gubernamental con grupos armados religiosos, movimientos locales y elementos de la delincuencia organizada, apoyados por grupos terroristas y contingentes de muyahidines. El conflicto estalló cuando las tensiones provocadas por la búsqueda de miembros de Al Qaeda por parte del ejército paquistaní derivaron en enfrentamientos con combatientes de la región de Waziristán. Mientras, los lazos con EE UU se debilitaron por una serie de incidentes en 2011, entre los que destaca la muerte de Bin Laden en una operación de comandos de EE UU en el norte del país. Pese a ello, el difícil aliado de Washington en la llamada «guerra contra el terrorismo», un aliado cuyo aparato de seguridad está acusado de seguir ofreciendo apoyo encubierto a facciones talibanes, juega un papel clave en el proceso de paz en Afganistán.
» Qué está pasando ahora. El ejército intenta desde 2005 eliminar a los guerrilleros de las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA, en inglés), en el noroeste de Pakistán, pero ahora concentra la ofensiva en Waziristán del Norte, donde los grupos insurgentes operan libremente desde que huyeron del fronterizo Afganistán tras la ocupación de EE UU en 2001. El 15 de junio comenzó una nueva campaña militar, motivada en parte por un atentado contra el aeropuerto internacional de Karachi, que mató a 18 personas. Por otra parte, el goteo de muertes causadas por drones de Estados Unidos sigue siendo constante, con cientos de blancos alcanzados desde 2004. Este mismo sábado, misiles lanzados desde un drone estadounidense causaron la muerte de ocho militantes talibanes en la frontera con Afganistán.
» Las víctimas. El conflicto en el noroeste de Pakistan ha causado más de dos millones de desplazados internos, la mayoría de los cuales padecían ya situaciones de extrema pobreza. Al menos 500.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en la región de Waziristán del Norte, desde que el ejército inició una ofensiva actual contra de grupos rebeldes. Y en cuanto a los muertos en el conflicto, las cifras incluyen unos 5.000 soldados y 28.000 combatientes entre 2003 y 2014, así como más de 20.000 civiles. Además, cientos de personas (entre 200 y más de 800, según las fuentes) han muerto por ataques de drones estadounidenses.
» El conflicto. Ucrania, el país más poderoso, después de Rusia, surgido de la desintegración de la Unión Soviética, fue escenario desde noviembre del año pasado de protestas ciudadanas por el rechazo de las autoridades a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Tras ser depuesto el presidente Víktor Yanukóvich por la presión popular, y después de tomar el mando un gobierno provisional, tropas rusas entraron en la provincia de Crimea, asegurando defender los intereses de los rusos que residen allí. El 11 de marzo, Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon unilateralmente su independencia de Ucrania y proclamaron la República de Crimea, reconocida solo por Rusia, que promulgó la anexión del territorio. La tensión fue en aumento a partir del pasado mes de abril, con la ocupación por parte de grupos prorrusos de sedes de la administración regional de ciudades del este de Ucrania –incluidas Donetsk, Jarkov y Lugansk–, con la intención (siguiendo el ejemplo crimeo) de anexionarse a Rusia.
» Qué está pasando ahora. Tras el periodo de relativa calma que siguió a la retirada de los insurgentes del norte de Donetsk, el conflicto se ha reavivado desde principios de julio. El día 14 ocurrieron intensos combates en los alrededores de Rozkishnie (Lugansk), el 16 las tropas ucranianas se replegaron a sus posiciones y el día 17 las milicias de la región de Donetsk tomaron la localidad fronteriza de Marinivka. Ese mismo día se estrelló un avión comercial de Malaysia Airlines, con 295 pasajeros a bordo, en la localidad de Grabovo, en la región de Donetsk, una zona que se disputan las tropas gubernamentales y los rebeldes. Según han confirmado los servicios de Inteligencia de EE UU, el avión fue derribado por un misil. Las autoridades ucranianas culparon a las milicias prorrusas, y las autoridades de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk culparon a Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania difundió este domingo en Internet la grabación de una supuesta conversación telefónica entre dos jefes de las milicias prorrusas que, de ser cierta, incriminaría a los separatistas y también a Moscú en la ocultación de pruebas del derribo. El suceso ha reactivado un conflicto que parecía estancado en un punto de no retorno.
» Las víctimas. Según el Ministerio de Sanidad de Ucrania, a fecha del 11 de junio, 225 personas habían muerto desde el inicio de la contraofensiva gubernamental. Entre 15.000 y 20.000 refugiados llegaron a Sviatohirsk provenientes de Sloviansk tras la intensificación del bombardeo en la ciudad por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania a finales de mayo. Según fuentes rusas, 70.000 refugiados han cruzado la frontera hacia Rusia desde el inicio de los combates. La ONU publicó en mayo un informe en el que observaba un «deterioro alarmante» de los derechos humanos en el territorio controlado por insurgentes, con casos de asesinatos selectivos, tortura y secuestros. Rusia condenó el informe, afirmando que ignoraba los abusos cometidos por el gobierno ucraniano.
» El conflicto. La República Centroafricana vive una gravísima crisis desde finales de 2012, cuando cuatro facciones rebeldes musulmanas agrupadas en la formación Séléka se levantaron en armas al considerar que el entonces presidente François Bozizé no había respetado los acuerdos de paz de 2007. Estos acuerdos preveían la integración de combatientes rebeldes en el Ejército centroafricano, la liberación de prisioneros políticos y el pago a los milicianos sublevados que optaran por el desarme. Los países de la región enviaron entonces una fuerza multinacional para defender la capital, Bangui, del avance de los insurgentess, que llegaron a estar a sólo 160 kilómetros de la ciudad. Las negociaciones entre el Gobierno y los líderes de Séléka llevadas a cabo en enero de 2013 finalizaron con la firma de un nuevo acuerdo de paz, pero los rebeldes perpetraron un golpe de Estado en marzo de ese año que depuso a Bozizé y situó al frente del país al líder de Séléka, Michel Djotodia. Djotodia solo se mantuvo en el cargo hasta enero de 2014, fecha en que presentó su dimisión ante la oleada de violencia desatada en el país, que provocó centenares de muertos. Los milicianos de Séléka atacaron sobre todo barrios y aldeas de mayoría cristiana; los grupos de autodefensa, enclaves musulmanes. No obstante, la violencia interconfesional es un fenómeno reciente en el país, donde los diferentes grupos religiosos habían convivido hasta ahora en relativa armonía, a pesar de las históricas quejas de la minoría musulmana del norte, que se ha sentido abandonada por los sucesivos gobiernos cristianos. Ambos grupos están utilizando el discurso religioso con fines políticos, pero resulta difícil obviar los intereses económicos y la corrupción generados en la lucha por el control del tráfico de diamantes y de madera.
» Qué está pasando ahora. El pasado mes de febrero, el secretario general de la ONU pidió al Consejo de Seguridad el despliegue de 3.000 soldados internacionales para reforzar a los 6.000 militares de la Unión Africana y 2.000 franceses que se encuentran ya en el país con el fin de mantener la paz y proteger a los civiles. En junio, medio centenar de personas murieron en la ciudad de Bambari durante un nuevo rebrote de violencia, y en agresiones coordinadas por grupos armados como las milicias cristianas anti-Balaka o los exrebeldes musulmanes Séléka.
» Las víctimas. A finales de 2013, las organizaciones humanitarias sobre el terreno y testigos, que responsabilizaban principalmente a los exrebeldes, denunciaban ejecuciones extrajudiciales, torturas, ataques indiscriminados a civiles, agresiones sexuales a mujeres y niñas, pueblos arrasados, infraestructuras destruidas, viviendas y cosechas incendiadas, hospitales saturados, escuelas saqueadas… La falta de seguridad, además, hacía que ni Naciones Unidas ni las agencias internacionales pudiesen acceder a los lugares más remotos en los que se precisaba ayuda. Aproximadamente un 70% de los niños en edad escolar no podían acudir a clase. Muchos desplazados (hay cerca de un millón en total) han buscado refugio en el campo, en la selva o en misiones religiosas, donde, según ha alertado el Comité Internacional de la Cruz Roja, las condiciones son muy precarias, sin acceso a agua potable o a comida, y sin las necesarias medidas de higiene, por lo que se teme la propagación de enfermedades como la malaria.
» El conflicto. En julio de 2011, poco después de proclamarse la independencia de Sudán del Sur, el líder del Movimiento Popular de Liberación de Sudán, ala política del Ejército Popular de Liberación de Sudán, Salva Kiir, juró como primer presidente de la nueva república. El primer año de independencia estuvo protagonizado de nuevo por los conflictos fronterizos con el gobierno de Sudán, y también por las luchas tribales en el interior del país. Además, en enero de 2012 el conflicto petrolífero entre ambos países provocó que Sudán del Sur parase la producción de petróleo al no alcanzar un acuerdo sobre la tarifa de tránsito del crudo a través de su vecino del norte, de momento la única vía de exportación con la que cuenta. En diciembre de 2013 el régimen de Kiir frustró un intento de golpe de Estado, tras enfrentamientos con militares disidentes que en cuatro días provocaron más de 500 muertos, principalmente en la capital y el estado de Jonglei. Desde entonces se han sucedido los combates, causando miles de fallecidos y situando al país al borde de la guerra civil.
» Qué está pasando ahora. Pese a que a principios de mayo el presidente Kiir y el líder de los rebeldes, Riek Machar, firmaron un acuerdo para el cese de las hostilidades, la situación de violencia continúa. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas advirtió este miércoles de que está dispuesto a considerar «medidas adecuadas» contra las partes en conflicto, en caso de que no pongan fin a la violencia y negocien un Gobierno de transición. Tanto la ONU como la UE ya han impuesto sanciones a los líderes militares de ambos bandos. El Consejo de Seguridad se ha mostrado «alarmado» por informaciones según las cuales las dos partes están reclutando milicianos y haciéndose con armas, lo que viola los acuerdos de paz.
» Las víctimas. Se calcula que en 2011 alrededor de 1.000 personas murieron en los enfrentamientos entre las comunidades Murle y Lou Nuer. En cuanto al conflicto fronterizo con Jartum, el número de desplazados asciende ya a 150.000, según cifras de ACNUR de junio de 2012. Los campos de refugiados sursudaneses, que carecen de recursos para alimentar y trasladar a los desplazados lejos de las zonas fronterizas de conflicto, están saturados. Según datos facilitados por Oxfam, desde que se iniciaron los combates entre las tropas gubernamentales y las fuerzas rebeldes el pasado año, más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y se encuentran desplazadas dentro del país, y más de 350.000 han huido a países vecinos. Muchas han tenido que atravesar el río Nilo para llegar hasta Uganda, dejando atrás todas sus posesiones y poniendo en peligro sus vidas.A mediados del pasado mes de mayo se confirmó un brote de cólera que hizo saltar las alarmas ante una posible emergencia sanitaria, que se sumaría a la creciente y dramática crisis alimentaria. Tan sólo el 15% de la población tiene acceso a letrinas sanitarias seguras e higiénicas, y el 30% no tiene acceso a agua limpia.
» El conflicto. La inestabilidad de Mali, un país con estratégicos yacimientos de uranio, se hizo cada vez más patente a partir de 2007, cuando Amadou Tounami Touré revalidó su liderazgo en las elecciones presidenciales. Al tiempo que grupos rebeldes hostigaban a la población y se producían secuestros, e incluso asesinatos, de occidentales, el Movimiento Nacional por la Liberación de Azawad (MNLA), una escisión de la antigua guerrilla tuareg, se levantó en armas para reivindicar la autodeterminación del norte del país. Las autoridades de Bamako acusaban al MNLA de estar apoyado por Al Qaeda en Magreb Islámico (AQMI), por el grupo islamista radical Ansar al Din, por excombatientes de las fuerzas del difunto coronel libio Muamar al Gadafi y por traficantes. De hecho, el estallido de la revolución tuareg, de la que, en parte, se ‘apropiaron’ los islamistas, se produjo al abrigo de la guerra en Libia, y de las armas y mercenarios que salieron de este país. En marzo de 2012, decenas de militares se sublevaron, y el amotinamiento acabó convirtiéndose en un golpe de Estado. El 1 de abril, el presidente dimitió, como parte del acuerdo alcanzado con la Junta militar para volver al orden constitucional, pero en enero de 2013 la crisis se agravó ante el avance de los grupos radicales islámicos, lo que provocó la intervención militar de Francia. En junio de 2013 el Gobierno y los rebeldes firmaron un primer alto el fuego, y en agosto Ibrahim Bubakar Keita ganó las elecciones presidenciales. Los enfrentamientos y los atentados, sin embargo, continúan.
» Qué está pasando ahora. Tras el nuevo alto el fuego alcanzado en mayo, este miércoles comenzaron en Argelia las conversaciones de paz entre el Gobierno y los rebeldes tuareg. En vísperas de la negociación, ambos bandos intercambiaron prisioneros. Un total de 45 soldados malienses fueron recibidos por el primer ministro Moussa Mara en el aeropuerto de Bamako, y dos autobuses llegaron al aeropuerto desde el centro de la ciudad con 41 tuaregs que habían estado detenidos en la capital.
» Las víctimas. Más de un millar de soldados y combatientes han muerto en los diferentes conflictos entre Gobierno, tropas extranjeras, grupos tuareg y grupos islamistas. En mayo de 2012, Amnistía Internacional publicó un informe en el que aseguraba que Mali estaba sufriendo la peor situación desde 1960 en lo que respecta a los derechos humanos, a la vez que denunciaba los abusos cometidos por los fundamentalistas islámicos en las zonas que controlaban, y la utilización de niños soldado. Human Rights Watch denunció asimismo violaciones de los derechos humanos y asesinatos de civiles por parte del ejército gubernamental. Y en abril del año pasado, Médicos sin Fronteras informó de que unos 70.000 refugiados malienses continuaban en condiciones precarias en el desierto de Mauritania, con escasas esperanzas de regresar a su país de origen por las tensiones étnicas en el norte de Mali. Por otra parte, grupos islamistas dañaron o destruyeron importantes monumentos históricos durante el conflicto, especialmente en Timbuktu.
» El conflicto. Somalia vive sin un Gobierno estable central desde que en 1991 fue derrocado el dictador Mohamed Barre (el Ejecutivo actual tiene carácter transitorio), y en medio de luchas entre los clanes, liderados por los «señores de la guerra» que se han disputado el control de las regiones desde entonces. Aunque a comienzos de los noventa el país fue escenario de una guerra civil, con el tiempo los distintos dominios se consolidaron, si bien los enfrentamientos entre clanes por disputas territoriales continuaron. En 2006 se creó una alianza entre varios «señores de la guerra», con el fin de contrarrestar el creciente poder de las «cortes islámicas». Los «señores de la guerra» acusaban a las «cortes islámicas» de estar apoyadas por Al Qaeda. Los combates entre ambas partes se saldaron, en menos de tres meses, con más de 350 muertos. Frente al apoyo militar que Etiopía dio al presidente Yusuf Ahmed, Eritrea envió armas a las «cortes islámicas». Los combates entre milicianos islamistas y fuerzas gubernamentales y etíopes no cesaron, a pesar de los diversos anuncios de alto el fuego y de las efímeras treguas, y causaron miles de muertos. La violencia alcanzó en 2009 a tres ministros, que murieron junto a otras 12 personas en un atentado en Mogadiscio.
» Qué está pasando ahora. En 2004 diferentes facciones llegaron a un acuerdo para conformar un Gobierno de transición y unificar el país, y en 2012 se aprobó una nueva Constitución provisional. Pero, a pesar de los avances políticos logrados en los últimos años, Somalia sigue inmersa en el conflicto armado. El Palacio Presidencial de Mogadiscio, sede del Gobierno transitorio, sufrió a principios de julio un fuerte ataque (8 muertos), el segundo en este año, que fue reivindicado por la milicia islamista Al Shabab. Este grupo, que anunció en febrero de 2012 su unión formal a Al Qaeda, lucha para instaurar un estado islámico de tipo wahabí en Somalia, y comete asimismo numerosos actos terroristas en Kenia.
» Las víctimas. Desde 1991, el conflicto somalí ha causado más de 400.000 muertos (3.150 en 2013). En 2012, la Agencia para los Refugiados de la ONU informó de que más de un millón de somalíes habían huido ya hacia los países vecinos, y de que la mayoría citaban la inseguridad y la escasez alimentaria como principales motivos de su huida. Además, más de 1,3 millones de somalíes se encontraban desplazados internamente en el país. En total, un tercio de la población de Somalia, estimada en 7,5 millones de personas, se encuentra desplazada forzosamente.
» El conflicto. La permanencia en las provincias fronterizas congoleñas de las milicias hutus de Ruanda, huidas de su país tras perpetrar el genocidio de los tutsis en 1994, ha constituido el principal factor de desestabilización en la historia más reciente de la República Democrática del Congo (RDC). La presencia de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR, hutus) motivó que Ruanda (gobernada desde entonces por tutsis) invadiera dos veces la RDC, en 1996 y 1998, desencadenando sendas guerras. Por su parte, la minoría tutsi congoleña alega vivir bajo la amenaza de un nuevo genocidio de la mano de las milicias hutus ruandesas. Para defenderlos, el general disidente congolés Laurent Nkunda, de etnia tutsi, se hizo con una fuerza de 3.000 hombres, supuestamente apoyados por Ruanda, y, a finales de 2007, se plantó a las puertas de Goma. Solo la intervención de la Misión de la ONU les impidió tomar la ciudad (Naciones Unidas tiene casi 17.000 cascos azules en la RDC, su mayor despliegue en el mundo). Apenas seis años después del fin de una cruel guerra civil en la que habían muerto más de cinco millones de personas, el país volvía a estar sacudido por la violencia. Aunque el Gobierno firmó en enero de 2008 un acuerdo de cese de las hostilidades, los enfrentamientos entre el Ejército y las milicias de Nkunda se reanudaron en octubre de ese año. Nkunda, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad, fue finalmente arrestado en Ruanda en enero de 2009. La parte oriental de la RDC es una zona muy rica en diamantes, oro y otros recursos naturales, como el coltán, que han sido, al mismo tiempo, parte importante en el origen de la guerra y fuente de financiación para los combatientes.
» Qué está pasando ahora. El fin de décadas de conflicto armado en el este de la República Democrática del Congo parece estar más cerca, después de los logros políticos y militares conseguidos en 2013, incluyendo el aumento de la cooperación regional y la disolución del grupo militar rebelde Movimiento 23 de Marzo, que opera fundamentalmente en la provincia de Kivu del Norte.
» Las víctimas. Más de 2,7 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en el país, muchas de ellas de varios sitios en pocos meses, y más de 398.000 viven en 31 campos de desplazados y dependen exclusivamente de la ayuda humanitaria. Según explica la ONG Oxfam, las comunidades de Kivu del Norte y Sur aún se enfrentan a asesinatos, violaciones, secuestros, torturas y extorsiones económicas a manos de muchos grupos armados que todavía controlan gran parte de la región. Las fuerzas de seguridad del Gobierno también han llevado a cabo abusos contra la población civil. Las familias viven destrozadas por la continua tensión de vivir bajo la violencia y la explotación, con niños que no pueden asistir a la escuela, una escasez de alimentos generalizada y la consiguiente desnutrición, una atención sanitaria inadecuada y la falta de instalaciones de agua potable y saneamiento.
» El conflicto. Desde octubre de 2010 Nigeria es escenario de una serie de brutales atentados, en su mayoría perpetrados por el grupo radical islamista Boko Haram. Boko Haram, cuyo nombre significa «La educación no islámica es pecado», es una secta que lucha por imponer la ley islámica en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y cristiana en el sur. La secta inició su campaña violenta en 2009 cuando su fundador, Mohamed Yusuf, murió en un intento de fuga mientras se encontraba bajo custodia policial. Boko Haram fue el grupo responsable del atentado del 26 de agosto de 2011 contra la sede de la ONU en Abuya ( 24 muertos), y del perpetrado el 25 diciembre de ese mismo año, cuando murieron al menos 44 personas en cinco ataques contra templos cristianos en los que se celebraban los servicios religiosos de Navidad. Los últimos incidentes protagonizados por el grupo datan del pasado 15 de abril, cuando cerca de 200 niñas fueron secuestradas en una escuela-residencia en Chibok, al noroeste, horas después de que en Abuya, murieran otras 75 personas por un atentado con bomba en una estación de autobuses. Un total de 44 de las escolares secuestradas lograron escapar, y el 5 de mayo el líder del grupo, Abubakar Shekau, reivindicó en un vídeo la autoría del secuestro. Por otra parte, Nigeria sufre asimismo el llamado Conflicto del Delta del Niger, que surgió por las tensiones entre las empresas petróleras internacionales y los pueblos locales en la década de los noventa, especialmente con los pueblos ogoni y ijaw. La competencia por la riqueza petrolera ha alimentado la violencia entre los innumerables grupos étnicos, lo que ha llevado a la militarización completa del área, a la formación de milicias tribales y al aumento de efectivos de las fuerzas armadas y la policía nigerianas.
» Qué está pasando ahora. La semana pasada, al menos 45 personas murieron en un ataque de Boko Haram a la población de Damboa, en el norte de Nigeria. Los terroristas asediaron la población durante la noche, disparando contra sus habitantes y lanzando explosivos a sus viviendas. Según testigos citados por Efe, las calles quedaron «sembradas de cadáveres».
» Las víctimas. El pasado mes de marzo, un informe de Amnistía Internacional denunciaba que el incremento de los ataques de Boko Haram, así como las represalias incontroladas de las fuerzas de seguridad, habían provocado la muerte de al menos 1.500 personas al noreste Nigeria (más de la mitad, civiles) en los tres primeros meses del año. Según diversas fuentes, el grupo islamista ha matado ya a más de 3.000 personas desde que inició su campaña violenta. En el Conflicto del Delta del Níger han muerto desde 2004 entre 4.000 y 5.000 personas.
Con documentación de 20minutos.es, Efe, Reuters, Wikipedia, Oxfam, International Institute for Strategic Studies, Iraq Body Count, The New York Times, El Mundo, El País, RTVE, BBC, entre otras fuentes.
Publicado originalmente en 20minutos
«La paz perpetua no es un concepto vacío, sino una idea práctica que, mediante soluciones graduales, se va acercando poco a poco hacia su realización final». La frase, del filósofo alemán Immanuel Kant, encabeza, más como un deseo que como una realidad, la sección que la página web Global Security dedica a registrar las guerras activas en el mundo. Se trata de un control que realizan de manera exhaustiva numerosos sitios en […]
Este sábado se cumple un mes desde que la oposición siria denunció la muerte de al menos 1.300 personas en un ataque con armas químicas perpetrado en las afueras de Damasco por, según la propia oposición, las fuerzas gubernamentales. Desde entonces, la guerra en el país árabe ha recobrado un protagonismo internacional que parecía agotado, aunque, de momento, sin muchas consecuencias reales para la población, que sigue sufriendo los efectos del conflicto, mientras se suceden las amenazas, los informes, las declaraciones políticas, los movimientos diplomáticos y los análisis de los expertos. Éste es un resumen cronológico de lo ocurrido en relación a las armas químicas en estos 30 días:
21 de agosto. La oposición siria denuncia la muerte por armas químicas de al menos 1.300 personas en el suburbio de Guta, a las afueras de Damasco, y responsabiliza del ataque al régimen de Bashar al Asad, que niega cualquier responsabilidad. Las espantosas imágenes de las víctimas facilitadas por los rebeldes dan la vuelta al mundo.
24 de agosto. Médicos Sin Fronteras afirma que en tres hospitales de Damasco fueron atendidos unos 3.600 pacientes con síntomas neurotóxicos, de los que 355 murieron. Obama se reúne con su equipo de seguridad para analizar las opciones de una intervención militar de castigo en Siria.
25 de agosto. Siria permite a los inspectores de la ONU investigar el ataque con armas químicas. Al día siguiente, los expertos, con menos tiempo del acordado, comienzan a recopilar pruebas sobre el terreno. Recogen muestras de sangre de las víctimas, se reúnen con los familiares y se entrevistan con los médicos que los trataron.
27 de agosto. El presidente de EE UU, Barack Obama, quien había trazado hace meses una «línea roja» en el uso de armamento químico, indica que «debe haber una respuesta adecuada» al régimen sirio. Rusia mantiene que no existen pruebas contra el gobierno de Damasco. El diario The Washington Post y la cadena NBC apuntan a que el ataque puede ser cuestión de días.
29 de agosto. El Parlamento británico rechaza el plan del primer ministro, David Cameron, para intervenir en Siria. Obama estudia una acción militar en solitario.
30 de agosto. En comentarios por separado, Obama y el secretario de Estado de EE UU, John Kerry, condenan duramente al Gobierno sirio, y reiteran que el ataque del 21 de agosto no puede quedar impune. «No podemos aceptar un mundo en que mujeres y niños y civiles inocentes son gaseados a una escala terrible», afirma el presidente. Ambos insisten, no obstante, en que cualquier respuesta militar será puntual, y limitada a una operación de castigo.
31 de agosto. Obama anuncia que ha autorizado el uso de la fuerza militar para castigar a Siria, con activos militares ya posicionados para realizar un ataque, pero aclara que primero buscará la autorización del Congreso. «Hoy estoy pidiendo al Congreso enviar al mundo el mensaje de que estamos listos para movernos como una nación», declara.
5 de septiembre. Cameron asegura que pruebas realizadas en un laboratorio en el Reino Unido demuestran que se utilizó gas sarín en el ataque con armas químicas del 21 de agosto.
6 de septiembre. Once países, entre ellos España, urgen a una respuesta internacional contra Siria durante la cumbre del G20 en San Petersburgo.
9 de septiembre. En una entrevista en la cadena CBS, Asad niega que su gobierno haya usado armas químicas y mantiene que EE UU no tiene ninguna prueba de ello.
10 de septiembre. Siria acepta la propuesta de Rusia de que Damasco coopere con la comunidad internacional en el control de sus armas químicas y en su total destrucción. El Congreso de EE UU retrasa la votación para autorizar un ataque militar.
12 de septiembre. El presidente sirio, Bashar al Asad, anuncia que Siria entregará sus armas químicas, si bien niega haberlas usado. Al día siguiente Siria solicita adherirse a la Convención Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas. EE UU y Rusia inician negociaciones sobre el modo de poner bajo supervisión internacional las armas químicas de Siria, sin ocultar sus desacuerdos, pero coincidiendo en que es una «oportunidad única para encontrar una salida» negociada al conflicto que desangra el país.
14 de septiembre. Kerry y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergéi Lavrov, acuerdan un plan para «la retirada y eliminación» del arsenal químico del régimen sirio, a condición de que Damasco entregue, en el plazo de una semana, una lista precisa de todo este material. La destrucción del arsenal tendría lugar en el plazo de un año, a mediados de 2014. EE UU, no obstante, no insistirá en incorporar la amenaza de una acción militar, aunque el régimen sirio incumpla su compromiso de entregar las armas químicas. La opción militar quedaría así excluida del proyecto de resolución que se presentará al Consejo de Seguridad de la ONU.
16 de septiembre. El informe elaborado por los inspectores de la ONU confirma la presencia de gas sarín en pacientes, cohetes y sobre el terreno, si bien no establece responsabilidades (no era ese su objetivo). La ONU habla de crímenes de guerra. EE UU, Francia y el Reino Unido creen que los «detalles» del informe apuntan a que fue el régimen de Al Asad quien cometió el ataque. El Gobierno español señala que «ha quedado suficientemente acreditado el uso de gas sarín, realizado a gran escala y por medio de misiles tierra-tierra que procedían de zonas ocupadas y controladas por el ejército sirio».
18 de septiembre. Rusia tacha el informe de los inspectores de la ONU de parcial y de haber sido elaborado con prejuicios. Afirma, además, que Siria le ha proporcionado pruebas del uso de armas químicas por parte de los rebeldes, y que presentará estas pruebas a la ONU.
19 de septiembre. Al Asad indica en una entrevista en la cadena Fox que «llevará un año» y mil millones de dólares destruir el arsenal químico de su país, pero asegura estar «comprometido» a cumplir el acuerdo negociado por EE UU y Rusia. Kerry pide al Consejo de Seguridad que tome una decisión sobre Siria« “la próxima semana».
21 de septiembre. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirma que el Gobierno sirio ha facilitado «la información esperada» sobre su programa de armamento químico, y que ya se ha empezado a analizar. Al Asad dice que no está «enganchado al poder», pero añade que no lo abandonará hasta las elecciones de 2014.
Fuente: Agencias
Este sábado se cumple un mes desde que la oposición siria denunció la muerte de al menos 1.300 personas en un ataque con armas químicas perpetrado en las afueras de Damasco por, según la propia oposición, las fuerzas gubernamentales. Desde… Leer
Comparar al presidente ruso, Vladimir Putin, con el legendario Rasputín no deja de ser una licencia con una buena dosis de tópico, pero si consideramos al segundo más como un símbolo que como un personaje estrictamente histórico, la comparación gana puntos. Porque, al margen de sus supuestas proezas sexuales, Rasputín, en el imaginario occidental al menos, es la intriga, la seducción, la mano de hierro y el pulso que no tiembla, el poder que o se odia o se idolatra. Y ahí, Putin, amo y señor de los destinos de Rusia en lo que llevamos de siglo, estratega más o menos discreto que siempre logra caer de pie, piedra en el todopoderoso zapato de Estados Unidos, pesadilla para quienes creían que con el final de la guerra fría acabarían las disidencias, controlador de la mayoría de los medios de comunicación de su país, adicto al trabajo, aspirante a sex symbol en su versión macho, azote de homosexuales, y tan criticado en Occidente como respaldado por los propios rusos (en 2012 su popularidad rondaba el 73% y un año después sigue estando en torno al 60%), ahí, Putin empieza a encajar un poco mejor en el rastro dejado hace cien años por el místico maquiavélico que campó por el palacio del último zar como Pedro por su casa.
Sus controvertidas políticas y actuaciones no son nada nuevo. Antiguo miembro de la soviética KGB (fue espía en la Alemania Oriental entre 1985 y 1990), Putin llegó al poder en el año 2000 como principal instigador de la brutal (y eficaz) represión en Chechenia. Ese mismo año tuvo que lidiar con el desastre del submarino Kursk, y, dos años más tarde, con las duras críticas que recibió por la forma letal con que se puso fin a la toma de rehenes en un teatro de Moscú, una historia que se repitió en 2004, en el trágico secuestro de la escuela de Beslán.
Durante su primer mandato, Putin, además de restablecer el himno soviético (cambiándole la letra), recentralizó el poder en Rusia, y en 2004 arrasó en las elecciones. Un año después encarceló (por evasión de impuestos) al hombre más rico del país, el fundador y presidente de la petrolera Yukos, Mijail Jodorkovsky. En 2006, y de nuevo en 2009, le cortó el gas a Ucrania, y en 2008 amenazó con apuntar sus misiles a los países de la UE (en respuesta a los planes antimisiles de Estados Unidos), y reconoció la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, tras intervenir militarmente en esta última, en lo que se interpetró como un nuevo expansionismo ruso. Putin siguió ejerciendo el poder en la sombra durante la presidencia de su protegido, Dimitri Medvedev (2008-2012), y volvió a ser elegido presidente (por tercera vez, y con acusaciones de fraude) en 2012.
Es a partir de este último año, sin embargo, cuando su vertiente más polémica (y, para sus críticos, autoritaria), parece haberse desatado. En apenas unos meses, su gobierno ha aprobado varias leyes que, en la práctica, discriminan a los homosexuales, su sistema judicial ha encarcelado a las integrantes de un grupo punk-rock feminista por criticarle (las ya célebres Pussy Riot), y ha ordenado detener a la directora de un museo que permitió colgar una obra en la que aparecía en camisón de mujer. Además, ha conseguido colocar como alcalde de Moscú, un puesto clave en Rusia, a su candidato y gran aliado, Serguéi Sobianin, venciendo al hombre de moda en la oposición rusa, el joven abogado y bloguero que lideró las protestas del año pasado contra Putin, Alexéi Navalni, de 37 años.
Pero si su influencia ha seguido creciendo en el interior, es en el ámbito internacional donde Putin está resultando cada vez más determinante, especialmente en la crisis siria. El apoyo del Kremlin al régimen de Bashar al Asad (al que también respaldan otros países, como China o Irán) lleva más de dos años bloqueando una posible resolución de condena (o de algo más) por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y, en las últimas semanas, está siendo clave en la evolución de las amenazas de Estados Unidos tras el ataque con armas químicas ocurrido cerca de Damasco.
El último episodio de esta guerra diplomática ha puesto de manifiesto una vez más la habilidad del presidente ruso, o más bien de su equipo, ya que, en este caso, el protagonista fue su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien, con una astuta y rápida reacción, convirtió una frase retórica del secretario de Estado estadounidense, John Kerry, en una iniciativa destinada a evitar un ataque militar de EE UU sobre Siria. Preguntado sobre qué ocurriría si Asad accediese a ceder el control de sus armas quimicas, Kerry respondió: «Seguro que sí, podría entregar todas y cada una de sus armas químicas a la comunidad internacional la semana próxima, entregarlas todas y sin retraso, pero no lo va a hacer y además no se puede hacer». Moscú se tomó en serio las palabras del secretario de Estado, trasladó la propuesta a Damasco y el régimen sirio la aceptó, al menos aparentemente. El asunto ha obligado a Obama a conceder entrevistas, a retrasar la votación sobre el ataque en el Senado y a asegurar que estudiará la iniciativa rusa.
Paralela a este nuevo talante más constructivo, Putin mantiene asimismo su tradicional actitud dura, tratando de no abandonar del todo sus posiciones, de cara a un posible ataque de EE UU. Este mismo miércoles, el presidente ruso advirtió de que una intervención militar estadounidense contra Siria «desataría una nueva ola de terrorismo», y señaló que el uso de armas químicas es responsabilidad de la oposición al Gobierno de Asad. En un artículo de opinión publicado en la edición digital del diario The New York Times, Putin indicó que «no hay dudas de que se utilizó gas venenoso en Siria», pero que «todas las razones apuntan a creer que no fue empleado por el Ejército, sino por las fuerzas de oposición, para provocar una intervención extranjera», posición frontalmente opuesta a la de Estados Unidos, que asegura tener pruebas de un ataque del régimen sirio el pasado 21 de agosto.
En la cuidada estrategia de Moscú en torno a la crisis siria está jugando también un papel fundamental el trabajo de los servicios de información. A principios de este mes, por ejemplo, el ministerio ruso de Defensa informó de que sus radares habían detectado el lanzamiento de dos «objetos balísticos» desde el Mediterráneo central hacia la zona oriental de este mar, donde se encuentra Siria. Posteriormente, el Gobierno israelí tuvo que confirmar que habían sido ellos los autores, y explicó que se trataba de un ensayo militar conjunto con Estados Unidos.
Lo cierto es que, al margen del problema de Siria, los desencuentros entre el gobierno de Putin y la Casa Blanca han sido constantes, empezando por el rechazo ruso a la invasión de Irak de 2003, pasando por el escándalo de los espías rusos detenidos en EE UU en 2010, y terminando (de momento) por el asilo concedido por Moscú al extécnico de la CIA y la NSA Edward Snowden, el hombre que reveló al mundo cómo el Gobierno de Obama espía indiscriminadamente a millones de ciudadanos.
Y son precisamente inciativas como esta última las que permiten al presidente ruso mantenerse para muchos como estandarte del contrapoder, en un escenario internacional que parece peligrosamente condenado al unilateralismo. Para sus defensores en el exterior, los ataques a Putin forman parte de una estrategia de descrédito encaminada a justificar la política estadounidense. Para los rusos que le respaldan en el interior (la mayoría), Putin representa la garantía de que su país, a pesar de los graves problemas económicos y sociales, a pesar de la corrupción, continúa teniendo un papel destacado en el mundo; el símbolo de una identidad nacionalista muy arraigada; un ejemplo de firmeza y vigor tras los difíciles años del errático Boris Yeltsin y el postcolapso soviético.
Las imágenes con que los libros de historia acompañan la vida pública de Rasputín nos muestran a un personaje que parece salido directamente de un delirio expresionista, con su larga barba, su pelo ralo dividido en dos, sus austero hábito negro, sus admiradoras entregadas y una mirada capaz de atravesar a cualquiera que se le ponga por delante. Cien años después, las agencias oficiales de Putin difunden publirreportajes en los que el presidente aparece pescando peces gigantes, montando caballos pura sangre, con el torso desnudo, jugando al hockey, tocando el piano con un elegante traje, sumergiéndose en el fondo del mar a bordo de un batiscafo, practicando judo y esquí de fondo, demostrando su gran amor por los animales o conduciendo bólidos de Fórmula 1 y motos que harían las delicias de los Ángeles del Infierno. Las comparaciones, al final, nunca son justas.
Publicado originalmente en 20minutos
Comparar al presidente ruso, Vladimir Putin, con el legendario Rasputín no deja de ser una licencia con una buena dosis de tópico, pero si consideramos al segundo más como un símbolo que como un personaje estrictamente histórico, la comparación gana puntos. Porque, al margen de sus supuestas proezas sexuales, Rasputín, en el imaginario occidental al menos, es la intriga, la seducción, la mano de hierro y el pulso que no tiembla, el poder que o se odia o se idolatra. […]
Los horrores y las masacres llevan sucediéndose en Siria desde hace más de dos años. Cientos de miles de muertos, millones de refugiados y desplazados, un país descompuesto y dividido por un odio que durará generaciones… Si, al margen de que sea o no la mejor opción, las razones para una intervención internacional se fundamentan en intentar detener semejante tragedia, hace mucho tiempo ya que esas razones están sobre la mesa. Y, por otra parte, ninguno de los dilemas y los caminos sin salida que han desaconsejado esa intervención en el pasado han cambiado ahora en lo más mínimo. Las posibilidades de una victoria militar clara y rápida siguen siendo escasas, y el riesgo de que el conflicto se vuelva más duro (represalias, ataques indiscriminados), o incluso de que se extienda a otros países de la región, sigue siendo muy alto. De tener éxito, además, las perspectivas de futuro, teniendo en cuenta la cantidad de grupos extremistas que hay operando sobre el terreno y la fragmentación de la oposición, no son muy halagüeñas.
La diferencia, lo que ha cambiado en estos últimos días hasta el punto de que estemos hablando ya de intervención «inminente» y de planes de ataque, es la posibilidad de que se hayan utilizado armas químicas contra la población. No es la primera vez que se aduce el uso de este armamento prohibido por las leyes internacionales, pero hasta la semana pasada no se había reportado un ataque verosímil a una escala tan brutal. Y Estados Unidos, país en el que están ahora fijadas todas las miradas, pese a mantener una posición de prudencia, ya dijo en su día que esa era la «línea roja» cuyo traspaso no estaba dispuesto a permitir. (El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, tiene prevista una rueda de prensa sobre la crisis siria para este mismo lunes).
Es, por tanto, una cuestión de umbrales, pero también de legitimidad. Hasta el absurdo de la guerra tiene sus códigos, y unas formas de matar son aceptables y otras no, aunque los muertos estén igual de muertos. En teoría, las leyes internacionales consideran el armamento nuclear, biológico y químico como algo que tiene que ser especialmente regulado y controlado, lo use quien lo use. Cualquiera que lo emplee debe enfrentarse a una respuesta. En caso contrario, su utilización podría acabar por normalizarse.
Eso no significa que sea automáticamente legítimo intervenir sin el respaldo de Naciones Unidas. Las lecciones de la invasión de Irak liderada por EE UU, con su sarta de mentiras sobre las armas de destrucción masiva, están aún muy recientes como para haberlas olvidado ya. Pero sí es cierto que abre muchas puertas para justificar un ataque.
James Blitz repasa en el Financial Times precedentes y opciones:
Existen precedentes de acciones legales sin el respaldo de la ONU. Estados Unidos y sus aliados bombardearon Serbia durante 78 días en 1998 para detener la limpieza étnica en Kosovo, y esta acción no tenía autorización de la ONU. No obstante, el presidente Bill Clinton invocó entonces el argumento de que era correcto proteger a una población que estaba en peligro. Por otra parte, Estados Unidos podría argumentar que Siria está violando el Protocolo de Ginebra de 1925, que prohíbe el uso de gases tóxicos en la guerra. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, las potencias mundiales han prohibido la utilización de armas químicas y, especialmente, de agentes nerviosos. Estados Unidos podría defender ahora el argumento de que una respuesta militar está justificada, ya que se trata de prevenir que el uso indiscriminado de armas químicas se convierta en una nueva forma de hacer la guerra.
Las diferencias con la guerra de los Balcanes, sin embargo, son notables. En un escenario como el sirio, con los tanques y la artillería del régimen situados en ciudades, como Damasco, el riesgo de causar daño a civiles es mucho mayor.
En cualquier caso, mientras Rusia siga oponiéndose, no hay ninguna posibilidad de que el Consejo de Seguridad autorice una intervención militar en Siria. Otra cosa es que esto sea relevante o no. La experiencia demuestra que, a la hora de verdad, el respaldo de la ONU importa poco cuando las potencias occidentales están resueltas a seguir adelante. De hecho, Obama ni siquiera necesitaría la aprobación del Congreso de su país.
De momento, la división es total. EE UU, el Reino Unido y Francia han amenazado (los europeos, con bastante más vehemencia que Washington) con una «respuesta contundente» si la investigación demuestra el uso de componentes neurotóxicos. Alemania, que sigue siendo la voz discordante en el bando aliado, descarta cualquier tipo de intervención militar. Rusia y China se oponen expresamente a un ataque («no hay pruebas»), e Irán habla incluso de represalias si éste llega a producirse. La Unión Europea ha evitado pronunciarse, a la espera de «los resultados de la investigación», e Israel ha dicho que «no vamos a intervenir en el tumulto regional, pero si nos atacan, responderemos».
Según las siempre macabras quinielas de la guerra, en un eventual ataque a Siria podrían tomar parte Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Arabia Saudí, Catar, Jordania y, probablemente, Turquía, con la ayuda de otros 27 países.
Entre tanto, los inspectores de Naciones Unidas han llegado finalmente este lunes a la zona del supuesto ataque químico, cerca de Damasco. Despues de seis días negándose, el Gobierno sirio cedió a la presión internacional y permitió que una comisión de la ONU accediese al lugar de los hechos. Los expertos están ahora recogiendo muestras y entrevistando a heridos. Para los países partidarios de la intervención, no obstante, la inspección llega demasiado tarde. Y los inspectores, a todo esto, han sido recibidos a tiros. Uno de sus vehículos fue atacado múltiples veces por francotiradores no identificados.
A estas alturas parece claro que el ataque químico se produjo. Uno de los informes más concluyentes en ese sentido es el hecho público hace unos días por Médicos sin Fronteras. Según esta ONG, tres hospitales de la provincia de Damasco a los que presta su apoyo la organización informaron de la llegada de aproximadamente 3.600 pacientes con síntomas neurotóxicos en un periodo de menos de tres horas durante la mañana del pasado día 21. De ellos, 355 fallecieron.
No está tan claro aún, sin embargo, quién fue el responsable. Los rebeldes, obviamente, acusan al régimen; el régimen, a los rebeldes. Resulta difícil creer que alguien pueda perpetrar semejante monstruosidad contra su propia gente, aunque sea con motivos propagandísticos, o para forzar una intervención internacional, pero tampoco encaja en el sentido común que el Gobierno sirio lance un ataque de esas características justo cuando acaban de llegar los inspectores de la ONU. Sea como fuere, eso es, precisamente, lo que hay que investigar. No tanto el «qué», sino el «quién».
Las especulaciones, mientras tanto, continúan. Brian Whitaker se hace eco en su blog de un reportaje publicado por Phil Sands en The National, un diario de los Emiratos, según el cual el bombardeo fue ordenado por oficiales que ignoraban el contenido químico de los misiles. Una de las fuentes de Sands (procedente de «una familia con buenos contactos, tanto entre la oposición como entre los fieles al régimen») indica:
Personas cercanas al régimen nos han contado que que los misiles químicos fueron suministrados tan solo unas horas antes de los ataques. No procedían del Ministerio de Defensa, sino del servicio de inteligencia de la fuerza aérea, bajo las órdenes de Hafez Maklouf [primo de Bashar al Asad]. Los oficiales del ejercito aseguran que no sabían que se trataba de armas químicas. E incluso algunas de las personas que las transportaron afirman que no tenían ni idea de que lo que había en esos cohetes. Pensaban que eran explosivos convencionales.
La comunidad internacional parece haber salido de su letargo con respecto a Siria, pero lo ha hecho sin una sola voz, demasiado tarde y con la opción de más guerra aún como única alternativa. En su editorial de este lunes, El País señala:
Las potencias occidentales tardaron en implicarse en Siria porque pensaron que Al Asad tenía los días contados. Y esa misma tardanza es la que ahora dificulta extraordinariamente la intervención. Al contrario de lo que ocurrió en Libia, el régimen no implosionó, y la situación ha derivado, al cabo de dos años y medio, en una brutal guerra sectaria que enfrenta a suníes, chiíes, alauíes, cristianos y kurdos. Nadie quiere poner las botas en Siria y se estudia una ofensiva con misiles tierra-aire contra objetivos militares y, tal vez, una zona de exclusión aérea. Las opciones son escasas y el riesgo de inflamar toda la región es alto. […]. Con las espadas en alto, la conferencia sobre Siria prevista en Ginebra en octubre parece un sarcasmo, pero es la única alternativa pacífica que queda.
Más información y fuentes:
» Is a US attack on Syria now inevitable? (Mark Mardell, en la BBC)
» US rallies support for Syria air strikes (Brian Whitaker, en Al Bab)
» Una eventual intervención militar en Siria divide a las principales potencias mundiales (20minutos.es)
» La opción de los Tomahawk (Íñigo Sánez de Ugarte, en Guerra Eterna)
» Strikes on Syria may now start – but the solutions are not military (Mark-Malloch-Brown, en The Financial Times)
» Obama’s Limited Options: Bombing Syria unlikely to be Effective (Juan Cole, en Informed Comment)
» Obama no necesita aprobación del Congreso si decide intervenir en Siria (AFP)
» Obama Can Strike Syria Unilaterally (Time)
» Syrian chemical attack spurs finger-pointing inside Assad regime (The National)
» Top U.S. officer outlines options for military force in Syria (Reuters)
» El avispero sirio (El País, editorial)
» Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (ONU)
Leer también:
» El brutal ataque químico en Siria, supuesto, pero verosímil
» Los rebeldes sirios, la democracia y la única salida posible
» Siria, un atolladero cada vez más sangriento
Los horrores y las masacres llevan sucediéndose en Siria desde hace más de dos años. Cientos de miles de muertos, millones de refugiados y desplazados, un país descompuesto y dividido por un odio que durará generaciones… Si, al margen de… Leer
«Se ha llegado a decir que los rebeldes son ángeles, pero los combatientes que tienen un pasado democrático, los que creen en el mosaico sirio y desean un Estado para todos, son solo una minoría. La mayoría de los rebeldes está muy lejos de tener pensamientos democráticos, tiene otras aspiraciones». Son palabras, recogidas por Reuters, del brasileño Paulo Pinheiro, jefe de un equipo independiente de expertos comisionados por la ONU que acaba de realizar un informe sobre la guerra en Siria
Pinheiro, que adelantó este martes en París algunas de las conclusiones del trabajo, destacó también que el conflicto se está radicalizando cada vez más y que las atrocidades van en aumento: «En lo que respecta a radicalización, violaciones de los derechos humanos y leyes de la guerra, el informe es terrible», dijo. El documento se presentará oficialmente el próximo 4 de junio, y está basado en entrevistas a víctimas y testigos realizadas fuera de Siria, ya que los expertos no han podido entrar en el país.
Pinheiro no quiso pronunciarse sobre la decisión de la Unión Europea de levantar el embargo de armas a ciertos grupos de rebeldes sirios, adoptada este mismo martes, pero sí dejó claro que «es muy difícil distinguir entre rebeldes buenos y malos». En medio, una vez más, de una gran división, la UE acabó permitiendo a sus Estados miembros que suministren armas a grupos de la oposición, al ser incapaz de ponerse de acuerdo para renovar el embargo existente hasta ahora. Todos los países se comprometieron, no obstante, a no hacerlo antes de agosto, con el fin de dar una oportunidad a las conversaciones de paz que se están intentando preparar, con muchos problemas, en Ginebra. La decisión, que nadie se plantea de momento, al menos a corto plazo, ha supuesto un nuevo encontronazo con Rusia.
Según informa Reuters, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto incluir al grupo radical islamista Frente Al Nusra, uno de los que combaten contra las fuerzas de de Bashar a Asad, en la lista negra de las facciones de Al Qaeda en Irak. Numerosos militantes radicales suníes provenientes de Arabia Saudí, Libia, Túnez, Líbano y Egipto, además del propio Irak, han radicalizado a los grupos rebeldes en los últimos meses, y la milicia libanesa chií Hizbulá está combatiendo al lado del régimen. Las tensiones entre suníes y chiíes en toda la región se han disparado. Irán (chií) respalda al Gobierno sirio; Catar y Arabia Saudí (suníes) ayudan (con armas y dinero) a los rebeldes.
La exfiscal general suiza y del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia Carla del Ponte, una de los cuatro comisionados del equipo de expertos que ha realizado el informe, asegura que «los dos bandos han cometido crímenes». Y añade: «Su crueldad es increíble, nunca había visto algo así, ni siquiera en Bosnia».
Este miércoles, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que condena la presencia de combatientes extranjeros en la guerra civil siria, así como los recientes ataques perpetrados en torno a la ciudad de Qusair, asediada por las fuerzas leales al régimen de Asad. «Si la situación actual persiste, o se deteriora todavía más, el aumento de las masacres entre grupos será una certidumbre y no un riesgo», dijo la Alta Comisionada para este organismo, Navi Pillay.
Pillay ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de que el Consejo de Seguridad ordene al Tribunal Penal Internacional que investigue los crímenes internacionales cometidos por ambas partes: «La comunidad internacional parece incapaz de asumir un fuerte compromiso para resolver la crisis. A veces parece que no podemos hacer más que llorar y contar los muertos», ha dicho.
Naciones Unidas calcula que desde marzo de 2011, cuando comenzó el levantamiento popular contra el régimen de Bashar al Asad, han muerto unas 70.000 personas a causa de los combates. Los grupos opositores elevan la cifra a 94.000.
Lo cierto es que esta última constatación de los expertos de la ONU solo puede sorprender a quienes aún sigan pretendiendo entender Oriente Medio en términos de blanco y negro, de aliados o enemigos, de «buenos y malos». La realidad es, obviamente, mucho más compleja, y llegado este punto no parece haber soluciones perfectas, en las que el remedio no acabe siendo peor, o tan malo al menos, como la enfermedad. Cada vez más analistas, de hecho, se están limitando a reflejar el «callejón sin salida» de Siria, y pocos son los que se atreven a mojarse.
Lo que sí empieza a estar claro es que, sin más ayuda exterior, los rebeldes sirios van a tener muy complicado acabar por sí solos con el régimen brutal de Bashar al Asad. Y, en el caso de que el Gobierno logre finalmente imponerse (según Asad, ya va camino de ello, gracias a la llegada de los primeros misiles comprados a Rusia y, en menor medida, a la ayuda de Hizbulá), en lo que venga después las represalias son bastante más probables que las reformas.
Pero a la vez, un apoyo militar decidido que facilite la victoria de la oposición conlleva el riesgo de que sean los radicales islamistas quienes dominen el futuro Estado, con el consiguiente peligro de radicalización, sectarización y desestabilización regional, si es que puede hablarse de estabilidad en una zona donde el mayor problema es, precisamente, el carácter ficticio e interesado con que en tantas ocasiones se ha aplicado hasta ahora ese concepto.
Rusia, Irán, China y otros países abogan por una «solución pacífica», pero sus propuestas, aparte de ser poco factibles (y menos creíbles), suponen, en la práctica, la continuidad del régimen de Asad, y eso es algo que a estas alturas resulta no solo dudosamente viable sino también moralmente intolerable.
Y, sin embargo, tal vez es en estos países donde esté la clave. Un cambio en su actual postura diplomática de apoyo al Gobierno sirio, aunque fuese con matices, aunque se edulcorase con retórica, aunque fuese condicionado, dejaría solo a Bashar al Asad y podría provocar eventualmente la caída del régimen, sin necesidad de meter más armas en un conflicto que ya es lo bastante sangriento. La solución duradera a una guerra rara vez es más guerra.
Este giro, que no tiene por qué ser un cheque en blanco, facilitaría también una transición más política, menos marcada por la victoria militar de unos grupos cuyas intenciones democráticas es casi imposible garantizar. Y, tras la celebración de unas elecciones limpias (y todo lo supervisadas que se quiera), obligaría a Occidente a respetar la decisión del pueblo, por más que ésta no fuese de su agrado (como en Egipto o en Túnez), o estuviese cargada de dificultades e incertidumbres.
Se ha hablado incluso del peligro de desintegración del Estado sirio, del país, que supondría la caída del régimen y el ascenso de un gobierno dominado por radicales suníes. Y la desintegración de un Estado es algo que Occidente suele considerar poco menos que una catástrofe. Pero en realidad tampoco puede decirse que Siria haya estado nunca muy integrada, teniendo en cuenta que se trata de un país nacido, como tantos otros en Oriente Medio, del tiralíneas y las cenizas del colonialismo europeo.
Se trata, en definitiva, de elegir entre dos males. Pero mientas que uno de ellos es real, está ocurriendo, el otro es, de momento, solo posible. Es un riesgo muy alto, pero habrá que asumirlo y tratar de minimizarlo. Como indica el dicho inglés, «ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él». No quedan muchas más opciones.
Hoy por hoy, todo esto es, desde luego, ciencia ficción. Pero al menos sería algo más que «llorar y contar los muertos».
Más información y fuentes:
» U.N. investigators say most Syria rebels not seeking democracy (Reuters)
» La mayoría de los combatientes opositores no busca la democracia en Siria (Europa Press / Reuters)
» La UE levanta con condiciones su embargo de armas a la oposición siria (Efe)
» Rusia: la UE muestra un “doble rasero” al levantar el embargo de armas (Efe)
» Catar y Arabia Saudí sufragan la revuelta siria
» La ONU condena el aumento de combatientes extranjeros en Siria y el asedio a Al Qusair (RTVE / Agencias)
Leer también: Las razones de Rusia
«Se ha llegado a decir que los rebeldes son ángeles, pero los combatientes que tienen un pasado democrático, los que creen en el mosaico sirio y desean un Estado para todos, son solo una minoría. La mayoría de los rebeldes… Leer
Después de 20 meses de combates y bombardeos, más de 35.000 muertos, unos 400.000 refugiados (700.000 para fin de año), en torno a dos millones y medio de desplazados, incontables vidas destrozadas, daños incalculables en ciudades e infraestructuras y más de un año de duras sanciones económicas internacionales, la guerra civil en Siria parece estar alcanzando al fin un desenlace, y el régimen de Bashar Al Asad podría tener sus días contados. El problema es saber cuántos días son esos, o si, lo más probable, serán más bien semanas o incluso varios meses.
Los últimos acontecimientos sobre el terreno hacen pensar que, efectivamente, la balanza está empezando a desequilibrarse. Los rebeldes han conseguido avances importantes y han derribado, por primera vez, aviones del Gobierno. También han capturado bases militares y han logrado interrumpir algunas vías de suministro del régimen. Por otra parte, los heterogéneos grupos de la oposición han conseguido llegar a un acuerdo y elegir un líder común provisional.
Pero lo más significativo puede ser el aumento de la presión internacional. Nadie habla aún de una intervención militar directa, pero el tono, animado por la debilidad en que parece encontrarse el gobierno de Damasco, empieza a ser distinto. La OTAN ha anunciado el despliegue de misiles Patriot en suelo turco para la defensa de la frontera con Siria, y ha destacado un gran número de efectivos en la zona (en principio, para defender a Turquía de un posible ataque, pero el caso es que ahí están); las advertencias de EE UU y otros países occidentales se han hecho más duras ante la posibilidad de que Asad pueda estar planteándose utilizar armas químicas y, lo verdaderamente importante, Rusia ha empezado a aflojar su apoyo al régimen sirio. Básicamente, y al margen de otros respaldos más morales que reales, a Asad solo le queda Irán.
Estas son las claves que podrían estar marcando el principio del fin de la guerra en Siria, y los problemas que vendrán el día después.
En el apartado militar, las unidades de rebeldes sirios operan según tres estrategias fundamentales: Cortar las rutas de suministro del régimen, capturar bases militares y apoderarse del mayor número de armas posible. En las tres están teniendo éxito, aunque de momento no de una manera que pueda considerarse totalmente definitiva. Lo que sí parece claro es que los rebeldes han empezado a dar muestras de una mayor organización y efectividad, algo de lo que no habían sido capaces hasta ahora. De hecho, no han cedido terreno desde el mes de septiembre, a pesar de que la respuesta militar del régimen no ha dejado de incrementarse.
Gracias a esta presión, los rebeldes han podido hacerse con el control de grandes regiones del norte del país (donde ya solo pueden ser atacados por aire), y sumar armas más pesadas a las que reciben ya desde Arabia Saudí y Catar a través de la frontera turca. Hace algo más de una semana consiguieron derribar un caza y un helicóptero del ejército usando misiles tierra-aire.
La captura de armas es fundamental para los insurgentes, ya que las potencias occidentales y los países de la zona han rechazado hasta ahora armarlos directamente, debido a dos razones: la falta de unión entre los opositores y el creciente número de militantes fundamentalistas islámicos (‘yihadistas’ y salafistas) entre las filas rebeldes. No obstante, esta política podría estar cambiando ya, al menos de forma extraoficial. El diario francés Le Figaro, por ejemplo, ha revelado que asesores militares franceses se reunieron con insurgentes sirios en las últimas semanas, para identificar a posibles receptores de suministros de armas. Los agentes franceses conversaron directamente con miembros del Ejército Libre Sirio «en una zona entre el Líbano y Damasco», según el diario. Agentes británicos y estadounidenses también estarían en conversaciones con líderes rebeldes.
Las fuerzas opositoras que siguen luchando por controlar Alepo (la segunda ciudad más grandes de Siria) culminaron el pasado 18 de noviembre un asedio de casi dos meses al conquistar el emplazamiento del Regimiento 46º, una de las unidades importantes dentro de las fuerzas del Gobierno destacadas en torno a la ciudad. Según indicó a la BBC Elias Hanna, un analista militar en la Universidad Americana de Beirut, esta victoria fue un «punto de inflexión táctico que puede dar lugar a un cambio estratégico». Dos días más tarde, los rebeldes reforzaron su control de la provincia Deir Az Zur (situada al este del país y rica en petróleo) tras capturar un batallón de artillería, después de otro asedio de tres semanas.
Milicias de la oposición siria han tomado ya numerosas posiciones en torno a las localidades de Idlib, Deir Az Zur y la propia Alepo. Con estos objetivos rodeados, o a punto de ser capturados, la siguiente ciudad en caer podría ser la importante localidad de Hama, en el oeste del país. En sus avances, los rebeldes han conseguido conquistar un aeropuerto militar y dos campos de petróleo, mientras siguen atacando asimismo bases militares cercanas a Damasco.
Los combates que se libran en torno a la capital y, en concreto, en la autovía que une la ciudad con el aeropuerto, han empezado a afectar al tráfico aéreo. El pasado 29 de noviembre hubo interrupciones de vuelos, y, como indica Jordi Pérez Colomé en eldiario.es, si la situación se empieza a repetir, la llegada de la crucial ayuda iraní al régimen puede verse comprometida.
En Damasco, el éxito de los rebeldes reside en que, pese a que no han logrado avanzar significativamente aún, tampoco han podido ser rechazados todavía por las fuerzas del régimen, e incluso han conseguido atentar contra infraestructuras militares (y también en zonas civiles) en la ciudad. James Miller explica en EAWorldView que la lucha es muy complicada para el Gobierno, porque, además de los ataques militares que recibe desde los alrededores de la ciudad, muchos rebeldes y enemigos del régimen están infiltrados en barrios y distritos del interior de la capital y sus suburbios.
También es importante la cuestion de la lealtad de los soldados sirios al régimen, ya que las deserciones, a medida que los rebeldes vayan logrando nuevas victorias, pueden convertirse en un elemento desequilibrador clave. Según explica Stephen Starr, autor del libro Revuelta en Siria: testigos del levantamiento, el creciente uso de artillería al inicio de la guerra y de bombardeos aéreos ahora es una señal clara de que el Ejército no confía en sus propios soldados, y de que tienen que recurrir al uso indiscriminado de la fuerza para derrotar a los rebeldes.
De forma paralela al desgaste causado por los éxitos militares rebeldes, y en parte como consecuencia de ello, el régimen sirio ha visto cómo la presión de las potencias occidentales se ha incrementado notablemente en los últimos días. Las últimas informaciones suministradas por los servicios de inteligencia estadounidenses, en el sentido de que el ejército sirio podría estar ultimando los preparativos para la utilización de armas químicas en la guerra, han hecho saltar las alarmas. Tanto Washington como Londres han advertido a Asad de que no tolerarán el uso de este tipo de armamento, y han amenazado, aunque sin llegar a concretar, con tomar medidas. El uso de armas químicas requeriría una respuesta lo más rápida posible, por lo que se supone que estas «medidas» no se refieren a un incremento de las sanciones económicas, o a pasar armas a los rebeles, sino a medidas militares más directas que probablemente incluirían bombardeos aéreos y las largamente demandadas por la oposición zonas de exclusión aérea.
La CIA sostiene que Siria cuenta «desde hace años» con un programa de armas químicas, y que dispone de un arsenal que puede ser utilizado en aviones de combate, misiles balísticos y cohetes de artillería. La agencia de espionaje estadounidense también sospecha que Siria ha intentado desarrollar agentes nerviosos más tóxicos y persistentes, como el gas VX, y que posee gas mostaza y gas sarín. Además, un informe independiente, que cita a agencias de inteligencia árabes y occidentales, calcula que Siria posee unas mil toneladas de armas químicas, almacenadas en medio centenar de pueblos y ciudades.
Siria no ha firmado la Convención sobre Armas Químicas ni ha ratificado la Convención sobre Armas Biológicas y Tóxicas, y el régimen no ha negado que posee este tipo de armas, aunque insiste en que «en el caso de tenerlas, jamás las utilizaría» contra su propia población. Damasco acusa a las potencias occidentales de inventar la amenaza de las armas químicas como excusa para una eventual intervención militar, de un modo que no es difícil relacionar con aquellas inexistentes armas de destrucción masiva que invocaban EE UU y sus aliados como justificación para la invasión de Irak.
«Lo que genera preocupación en torno a las noticias publicadas por los medios es nuestro temor a que algunos de los países que respaldan al terrorismo y a los terroristas [en referencia a los rebeldes] puedan entregarles armas químicas y afirmar que fue el Gobierno sirio el que usó este armamento», indicó este domingo el Ministerio de Exteriores sirio en una carta enviada a Naciones Unidas.
La clave del final del régimen de Bashar al Asad estará, probablemente, en Rusia. Hasta ahora, tanto Moscú como Pekín han impedido con su veto condenas firmes a Siria por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, haciendo imposible que se llegue a plantear una intervención militar como la llevada a cabo en Libia. Ni EE UU ni la UE han mostrado mucho interés en una acción semejante (que sería ejecutada por la OTAN), argumentando que, con Irán, Líbano e Israel a tiro de piedra, el riesgo de desestabilización y de guerra a gran escala en la zona es mucho mayor que el que existía en Libia, donde, por otra parte, había también más intereses económicos (gas y petróleo) en juego. Pero, en cualquier caso, el rechazo ruso (más explícito y determinante que el chino, en este caso) ha impedido que la opción se haya llegado ni siquiera tener en cuenta, y, lo más importante, Asad ha sentido que no estaba aislado ante la comunidad internacional.
Ahora, sin embargo, Rusia parece haber entendido que el final de Asad puede estar cerca, y necesita situarse en una mejor posición de cara al día después, cuando sus lazos históricos y económicos con Damasco (una relación que se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, y que incluye un importante comercio de armas y el uso por parte de Moscú de la base naval siria de Tartus) podrían volverse en su contra. Por otra parte, la especial sensibilidad de la población rusa ante políticas que siguen «los dictados de Occidente» y su «doble moral» es ahora menos importante para el Kremlin, una vez pasadas ya las elecciones de marzo.
Pero, al margen de estas consideraciones de lectura más política, también es cierto que Moscú, que ha apostado desde el principio por una salida negociada a la crisis, esté empezando a asumir que eso no será posible, y que el régimen de Asad está cada vez más debilitado. El jueves, Vladimir Vasilyev, aliado del presidente Vladimir Putin en el Parlamento ruso, indicó que «seguimos pensando que el actual gobierno ruso debería llevar a cabo sus funciones, pero el tiempo está demostrando que esa tarea está más allá de sus fuerzas».
Así, la diplomacia ha empezado a funcionar ya de un modo más activo. El pasado lunes Putin se reunió en Estambul con el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, un paso importante, ya que ambos países han encabezado las dos posiciones opuestas sobre el conflicto (Turquía, partidaria de una intervención más directa; Rusia, partidaria de no intervenir). Y el jueves el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, mantuvo un encuentro en Dublín con la seceretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, y con el enviado internacional en Siria, Lakhdar Brahimi.
A pesar de todo, las espadas entre Rusia y EE UU siguen en alto, al menos de cara a la galería. Las negociaciones no van a ser fáciles ni rápidas. Tras la reunión de Dublín, Clinton dijo que «no creo que nadie piense que exista algún progreso importante», y Lavrov se mostró igual de escéptico: «No haría pronósticos optimistas. Queda por ver qué saldrá de esto», declaró. Los rusos, además, se han desmarcado también de las acusaciones sobre las armas químicas.
Según sugería hace unos días The New York Times, la discusión se centra ahora no tanto en cómo acabar con Asad, sino en qué hacer una vez que el presidente sirio haya caído. En este sentido, a EE UU le preocupa su falta de influencia en los grupos rebeldes, y cada vez más voces están reclamando a Washington que, al igual que han hecho la Unión Europea (encabezada por Francia) y varios países del Golfo, reconozca plenamente a la coalición de oposición siria.
El problema es a quién reconocer y a quién apoyar. Como explica en su blog el periodista Íñigo Sáenz de Ugarte, EE UU se encuentra ante el mismo difícil dilema al que ya tuvo que enfrentarse en Irak: «Los grupos del exilio están formados por gente desconocida en Siria, sin contar con los aprovechados que quieren hacer negocio (siempre hay mucho dinero disponible). Los grupos del interior del país, incluidas las milicias, responden más a lealtades locales, no cuentan con una organización nacional que les represente y coordine, y tienen una presencia importante de grupos suníes e islamistas a los que se supone hostiles a los intereses de EE UU y Europa».
La tentación es optar por la la recientemente formada Coalición Nacional de Fuerzas Revolucionarias y de Oposición de Siria, la alianza opositora creada el mes pasado en Catar bajo los auspicios de las potencias árabes y occidentales y, según afirma Joshua Landis, profesor de estudios de Oriente Medio en la Universidad de Oklahoma y experto en Siria, «relativamente proamericana, no demasiado antiisraelí y no demasiado islamista».
Sáenz de Ugarte, sin embargo, recuerda que «quienes llevan la iniciativa sobre el terreno son grupos armados, unos integrados por ciudadanos que han abandonado sus profesiones para coger las armas y otros auspiciados por grupos radicales que no tienen la menor intención de seguir las pautas que desearían los lectores de la prensa occidental. Libertad para ellos significa elegir su propio destino, y eso puede no pasar necesariamente por respetar los derechos de las minorías o de la mujer».
Mientras tanto, los rebeldes (o por lo menos los que están organizados) también empiezan ya a prepararse para la caída del régimen. Este sábado, un total de 263 figuras destacadas de la oposición, civiles y militares, la mayoría de tendencia islamista, eligieron en Turquía al general de brigada Selim Idris, un antiguo oficial del Ejército sirio que desertó, como jefe del nuevo mando unificado de la rebelión armada. Idris liderará un mando conjunto de 30 miembros.
Según informó la agencia Reuters, la nueva dirección del comando centralizado de la insurgencia incluye a numerosos dirigentes vinculados a los Hermanos Musulmanes, y también a grupos salafistas, partidarios de una interpretación estricta y tradicional de la ley islámica. En cambio, margina a otros oficiales de alto rango que han desertado de las filas del Ejército para unirse a la rebelión. En concreto, se calcula que dos tercios de los mandos pertenecen a los Hermanos Musulmanes y sus aliados, un reflejo del peso cada vez mayor que tienen las milicias islamistas en los combates.
Está por ver, sin embargo, el alcance real de este acuerdo alcanzado en Turquía, ya que muchas de las unidades y milicias que están luchando en el interior del país, islamistas radicales incluidos, están fuera del control de los grupos que conforman el Ejército Libre Sirio, o simplemente no lo reconocen.
Pocos son los analistas que se atreven a vaticinar un final rápido del régimen de Bashar al Asad, pero también son pocos los que ponen en duda que esto ocurrirá tarde o temprano, agotadas ya las posibilidades de una salida negociada con la oposición. Y ante ese escenario, al presidente sirio le quedarán dos opciones: Exiliarse o, como él mismo ha insistido en sus pocas apariciones públicas durante la crisis, «morir en Siria».
Con respecto a la posibilidad del exilio, los rumores han comenzado ya, una prueba más de que la situación no es la que era hace tan solo unos meses. Según informó esta semana el diario israelí Haaretz, Asad estaría estudiando pedir asilo político en algún país de América Latina para él y su familia, en el caso de que fuera obligado a abandonar Damasco. Las fuentes citadas por el periódico indicaban que la diplomacia siria habría inicado «contactos» con Cuba, Venezuela y Ecuador.
Según el diario, el viceministro sirio de Exteriores, Faisal al Miqdad, mantuvo encuentros en estos tres países latinoamericanos y llevó consigo cartas personales clasificadas de Asad a los respectivos presidentes. El Ministerio de Exteriores venezolano confirmó al diario El Universal que Al Miqdad entregó una carta para el presidente del país, Hugo Chávez, que éste recibió antes de viajar a Cuba el miércoles pasado para recibir tratamiento médico.
Publicado originalmente en 20minutos
Después de 20 meses de combates y bombardeos, más de 35.000 muertos, unos 400.000 refugiados (700.000 para fin de año), en torno a dos millones y medio de desplazados, incontables vidas destrozadas, daños incalculables en ciudades e infraestructuras y más de un año de duras sanciones económicas internacionales, la guerra civil en Siria parece estar alcanzando al fin un desenlace, y el régimen de Bashar Al Asad podría tener sus días contados. […]
