A finales de esta semana se cumplirán siete meses desde que, el 17 de diciembre de 2010, un joven vendedor ambulante que protestaba por la confiscación de su mercancía por la policía se prendiese fuego en la localidad tunecina de Sidi Buzid, desencadenando un movimiento contra el desempleo y la carestía de la vida en este país, que supondría el inicio de una serie de revueltas en cadena por toda la región.
Lo que en un principio parecía una protesta meramente local acabó prendiendo como la pólvora en una región especialmente abonada para ello, después de décadas de dictaduras brutales, pobreza y menosprecio por los derechos humanos y las libertades más básicas.
Más allá del común denominador de la pertenencia al mundo árabe, cada país presentaba, y presenta, una realidad diferente, con problemas distintos. Pero los elementos coincidentes (sistemas autoritarios y represores, población oprimida y descontenta, juventud de los manifestantes, uso de las redes sociales) eran lo suficientemente obvios como para poder hablar de un elemento revolucionario global, de un despertar, de una «primavera árabe».
Siete meses después, esa primavera ha dado frutos importantes, pero también razones para el desánimo y el pesimismo. Han caído dos regímenes, Túnez y Egipto, pero, de momento, sólo el primero parece haber encontrado un camino más o menos claro hacia la democracia, y los dos lidian con los problemas de una transición difícil. Y los demás países oscilan entre la represión mantenida (Siria), las reformas maquilladas (Marruecos, Argelia, Jordania), la complicidad internacional (Arabia Saudí, Bahréin), la fuerza de una minoría de la población satisfecha por la riqueza petrolera (Emiratos), o, directamente, la guerra (Libia), por no hablar de la dificultad extra que supone para el pueblo palestino tener que hacer no una, sino dos revoluciones (una contra el ocupante israelí y otra contra sus propios dirigentes).
Todos ellos, en cualquier caso, han dejado de ocupar las primeras páginas de los medios de comunicación.
Es probable que las especiales condiciones que permiten el triunfo de una revolución en países tan férreamente controlados por sus regímenes sólo puedan prosperar si ocurren con cierta rapidez, como sucedió en los casos de Túnez o Egipto. Y es posible que, de no ser así, el régimen acabe haciendo efectiva su maquinaria represora, la atención y el apoyo internacional se vayan reduciendo y el desgaste vaya minando poco a poco a los revolucionarios.
Pero también puede ser que ese hipotético desgaste, o la impresión que podamos tener desde fuera, no lo sea en realidad. Cada país tiene su propio ritmo revolucionario, y donde unos necesitan dos semanas, otros necesitan un año.
Un análisis optimista pasa por creer que, al final, Gadafi caerá, y su caída renovará el impulso en otros países. Pasa por pensar que el levantamiento del pueblo sirio, pese a la complejidad étnica, religiosa y política que conlleva, es irreversible, y que Asad, tarde o temprano, con ayuda del exterior o sin ella, también caerá; que las reformas constitucionales aprobadas en Marruecos iniciarán un camino democratizador de no retorno contra el que poco podrá hacer ya la monarquía aluí; que el final del mandato del presidente de Yemen abrirá una puerta real de diálogo en el país…
De momento, en el balance negativo, a la lista de países endémicamente inestables (Irak, Líbano, Palestina) se han sumado bastantes más (Túnez, Egipto, Yemen, Libia, Siria, Bahréin), y en muchos casos, con escaladas de violencia y represión. Los gobernantes que están aguantando lo están haciendo a base de mano dura, o amparados en la ambigüedad de la comunidad internacional, que actúa más observando y, si acaso, reaccionando, que apoyando claramente las revueltas. El poder popular no ha arrasado,como en algún momento parecía que iba a ocurrir.
En lo positivo, no obstante, hay dos dictadores menos (Mubarak y Ben Ali), y otro está entre la espada y la pared (Gadafi). Pero, sobre todo, ha prendido una llama pro democrática que será muy difícil volver a apagar, pase lo que pase.
Hoy, por hoy, así es como están las cosas en los países donde las revueltas han sido más significativas:
El 14 de enero, después de casi un mes de protestas y manifestaciones en la calle contra el régimen, y tras 23 años en el poder, el presidente Zine El Abidine Ben Alí dejó su cargo y huyó a Arabia Saudí.
El pasado día 7, un tribunal penal de primera instancia tunecino condenó en rebeldía a Ben Ali a 15 años y seis meses de cárcel por posesión ilegal de armas y estupefacientes. Era la segunda sentencia emitida contra el exmandatario, quien ya había sido condenado el 20 de junio, en el primer proceso abierto contra él, a 35 años de cárcel por malversación de fondos públicos.
Las elecciones inicialmente previstas para el 24 de julio fueron aplazadas hasta el 23 de octubre, debido a que, según el gobierno en funciones, no había suficiente tiempo para elaborar un censo electoral ni para que las fuerzas políticas que van a participar en los comicios pudieran articularse convenientemente.
En espera de la cita electoral, tanto el gobierno provisional como la sociedad civil y los organismos internacionales están intentando preparar el camino. Este mismo viernes, por ejemplo, una treintena de profesores de la universidad de Túnez crearon el primer «Observatorio Tunecino de la Transición Democrática» para intentar «paliar el déficit de instituciones de investigación y contribuir a la transición política».
El Gobierno, por su parte, llevó a cabo hace unos días una remodelación parcial del Ejecutivo que afecta a cuatro ministerios e incluye un nuevo cargo denominado ministro delegado para el Ministerio del Interior Encargado de las Reformas. Y la UE ha anunciado que desplegará una misión de observación en las elecciones.
El precio de la revolución, por otro lado, ha sido alto. Después de décadas como paraíso turístico, y privilegiado por inversiones occidentales que hacían la vista gorda ante los abusos del régimen, Túnez se enfrenta ahora a una situación de inestabilidad que ha hundido hasta la mitad al sector del turismo (7% del PIB, 400.000 empleos directos y 300.000 indirectos). Además, la inversión extranjera ha caído un 24,5% y el PIB, un 7,8%. A ello hay que sumar el regreso de 120.000 emigrantes de Libia que han dejado de enviar dinero, la llegada de cerca de 80.000 refugiados de este país y el desplome del comercio con la nación vecina.
Tras 18 días de históricas manifestaciones populares, centradas en la plaza Tahrir de El Cairo, Hosni Mubarak abandonó finalmente el poder el 11 de febrero. Su proceso judicial y el de sus dos hijos está previsto para el 3 de agosto.
La caída de Mubarak nunca se habría producido sin el levantamiento popular, pero sólo fue posible debido a lo que, en la práctica, fue un golpe de Estado de los militares. La consecuencia es que la transición la están dirigiendo dos fuerzas conservadoras: el Ejército y, indirectamente, los Hermanos Musulmanes, cuyo apoyo a las revueltas fue, también, muy determinante, al aportar una gran masa ciudadana.
Los comicios parlamentarios están previstos para septiembre, y los presidenciales, para final de año.
De momento, el país no tiene una nueva constitución, sino sólo la antigua reformada, unos cambios que, pese a sus conexiones con el antiguo régimen, fueron aprobados en referéndum el pasado 20 de marzo, con el apoyo de los grupos islamistas y de la junta militar que, dirigida por el mariscal Tantawi, lidera el proceso de cambio.
La lentitud de la transición y la tensión que aún vive el país se han traducido en numerosas situaciones de violencia a lo largo de estos meses. Los días 28 y 29 de junio, una batalla campal entre policías y manifestantes en El Cairo dejó más de mil heridos y 43 detenidos, después de que cientos de personas se concentraran en el centro de la capital y se enfrentaran a las fuerzas del orden, en protesta por el ataque y arresto de familiares de víctimas de la revuelta de febrero. Y este viernes, decenas de miles de personas volvieron a protagonizar una jornada de reivindicación en la plaza de Tahrir , donde exigieron al Ejército que acelere las reformas democráticas.
Con respecto al futuro, el panorama político egipcio actual está formado por dos grandes fuerzas, los Hermanos Musulmanes y una serie de partidos pequeños y laicos, muchos de ellos, recientes. Los primeros (islamistas) son los que tienen la mejor capacidad organizativa, por lo que quieren elecciones cuanto antes. Los segundos están luchando por retrasar los comicios para organizarse mejor y ganar más fuerza.
Lo que ocurra finalmente en Egipto es, mucho más que en el caso de Túnez, trascendental para toda la primavera árabe, dado el peso político y poblacional del país del Nilo. Para muchos analistas, de hecho, la supervivencia de las revueltas en la región depende ahora mismo, esencialmente, de dos grandes factores: Que la democracia se abra paso en Egipto de un modo incuestionable, y que caiga el régimen libio de Muammar al Gadafi.
El 15 de febrero se inicia una revuelta popular contra el coronel Muammar al Gadafi, en el poder desde 1969. El régimen responde sofocando a los rebeldes a sangre y fuego, y el 19 de marzo, una coalición liderada por EE UU, Francia y el Reino Unido lanza una ofensiva militar contra el país, amparada en una resolución de la ONU para proteger a los civiles y asegurar la exclusión del espacio aéreo. El 31 de marzo, la OTAN asume el mando de la operación.
Pese a la presión internacional y las sanciones, y pese al abandono de muchos de sus diplomáticos, Gadafi, sin embargo, se niega a abandonar el poder.
En junio, 14 países habían reconocido ya al órgano político de los rebeldes, el Consejo Nacional de Transición.
Hasta ahora han muerto entre 10.000 y 15.000 personas, y hay más de 950.000 refugiados, según cifras de la ONU.
A pesar de los bombardeos de la OTAN y del aislamiento del régimen, el conflicto atraviesa un estancamiento que está perjudicando cada vez más a los rebeldes. La escasez de recursos del gobierno opositor es tremenda, tanto militarmente como en lo que respecta a bienes y servicios para atender las necesidades básicas de la población, y el acoso de las tropas de Gadafi se mantiene.
En este contexto, la solución militar se está volviendo cada vez más difícil. Este mismo domingo, el general de división francés Vincent Desportes indicaba en una entrevista que «los bombardeos de la OTAN no acabarán con el régimen de Gadafi, cuya estrategia de esperar puede resultar vencedora. Ha llegado el momento de encontrar un compromiso con las autoridades libias».
De momento, los 22 aliados que respaldan la intervención de la OTAN (el llamado Grupo de Contacto) están tratando de buscar vías políticas para aumentar la presión, incluyendo una llamada «hoja de ruta hacia la democracia» y la creación de un fondo, denominado Mecanismo Financiero Temporal para canalizar recursos al gobierno rebelde de Bengasi «de forma más transparente y bajo el paraguas de la ONU».
Desde que, a mediados de marzo, comenzaron las revueltas contra el régimen de Bashar al Asad, y según la ONU, han muerto en Siria unas 1.200 personas, víctimas de la represión gubernamental. Además, miles de ciudadanos han huido como refugiados a la vecina Turquía.
El último informe publicado por Amnistía Internacional (6 de julio) señala que el ejército y los servicios de seguridad sirios han cometido crímenes y otras violaciones de los derechos humanos de forma consciente y sistemática (asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas) contra la población, hechos que pueden calificarse de crímenes contra la humanidad.
El gobierno de Asad, por su parte, afirma que al menos 400 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto desde que comenzaron los disturbios.
El 20 de junio, el presidente sirio, en un intento de acallar las protestas, prometió elecciones parlamentarias y ampliar una amnistía para ciertos opositores.
Por ahora, no parece que Asad vaya a cambiar una estrategia de represión que le está dando buenos resultados. Al contrario que en Egipto, y a pesar de algunas deserciones, el Ejército no se ha desmarcado del régimen, y la intervención exterior, más allá de las sanciones económicas, no se contempla como opción, debido a intereses geoestratégicos (el polvorín del Líbano, la relación con Irán, las consecuencias en los territorios palestinos ocupados por Israel), y al temor de un incremento aún mayor de la violencia. Es cierto que la dictadura se ha debilitado, pero no lo suficiente.
La oposición, por su parte, trata de organizarse en el exilio, pero sus probabilidades de constituir una fuerza que cambie el escenario son pocas, en buena medida, debido a la compleja realidad étnica y religiosa de Siria, y al fuerte grado de sectarismo confesional existente en el país, fomentado durante décadas por el propio régimen (dominado por una minoría) para mantenerse en el poder.
Habrá que ver, en cualquier caso, qué surge de las reuniones consultivas del llamado diálogo nacional, que, convocadas por el presidente sirio, comenzaron este domingo en Damasco, sin una agenda clara y con el boicot de algunos opositores destacados.
A la primera sesión asistieron más de un centenar de representantes del régimen, políticos de distintas tendencias, intelectuales y opositores, que efectuaron sus propuestas para una futura conferencia más global del diálogo nacional.
Un factor clave es que, a diferencia de Túnez o Egipto, donde las dictaduras funcionaban bajo un maquillaje democrático, y manteniendo algunos derechos, lo que hay en Siria es una dictadura verdaderamente represora, que ha inculcado un fondo de miedo entre la población del que no es tan fácil desprenderse. Algunos analistas, no obstante, destacan que muchos suníes (la mayoría de la población) y hombres de negocios parecen dispuestos a apoyar una alternativa que estabilice ese país.
Una eventual caída del gobierno sirio afectaría de un modo muy importante al mapa político de Oriente Medio, especialmente en lo que respecta al Líbano.
El 27 de enero miles de manifestantes empiezan a reclamar en Saná la renuncia del presidente yemení, Alí Abdulá Saleh, en el poder desde hace 33 años. Los llamados Jóvenes de la Revolución inician una acampada en la capital del país a partir del 21 de febrero.
Después de meses de protestas y represión, con un saldo de cerca de 200 muertos, a mediados de mayo el presidente parecía estar dispuesto a aceptar un acuerdo con la oposición, diseñado por el Consejo de Cooperación del Golfo y con el apoyo de EE UU y de la UE, según el cual abandonaría el poder a cambio de inmunidad judicial. Por dos veces, sin embargo, se negó a firmarlo.
La situación dio un vuelco el 3 de junio, cuando un atentado contra el palacio presidencial, con un saldo de 11 muertos y 124 heridos, dejó gravemente herido a Saleh, quien fue hospitalizado en Arabia Saudí.
Desde el atentado contra Saleh, Yemen está en una especie de limbo, con una guerra civil continuamente a la vuelta de la esquina, que, de momento, tan sólo evita la incertidumbre por el futuro político y un frágil alto el fuego alcanzado entre partidarios y detractores del presidente. La oposición, por su parte, espera iniciar un proceso de transición antes de que Saleh regrese, lo que no parece muy factible.
El jueves pasado, Saleh apareció en la televisión oficial con un aspecto irreconocible, evidentes signos de quemaduras y el cuerpo inmóvil, en su primer discurso después de sufrir el atentado. Desde la capital saudí, el presidente aseguró que apoya la participación de todas las fuerzas políticas y el diálogo para salir de la crisis, pero no hizo ninguna referencia a la posibilidad de un traspaso del poder.
Una de las principales amenazas ahora es que Al Qaeda, que tiene una fuerte presencia en el país, y que ha sido la causa principal de que Estados Unidos apoyase incondicionalmente al régimen durante estos últimos años, termine por aprovechar este vacío de poder.
Las protestas contra el régimen autocrático de Bahréin, un pequeño reino en el Golfo gobernado por la familia Jalifah desde 1783, comenzaron el 14 de febrero.
La mayoría de los manifestantes eran musulmanes chiíes, rama del islam a la que pertenece asimismo la mayor parte de la población del país. El gobierno, sin embargo, está en manos de la minoría suní, como suníes son también las élites dirigentes de los demás estados del Golfo, y los miles de soldados saudíes y de los Emiratos que entraron en Bahréin a mediados de marzo para ayudar al régimen a «mantener el orden».
Con el apoyo de las tropas extranjeras, el Gobierno impuso un estado de emergencia que se tradujo en más de medio millar de detenidos y una auténtica mordaza informativa para los medios de comunicación extranjeros (los locales, están controlados), encaminada en buena parte a limpiar la imagen del país para conseguir volver a ser sede de uno de los grandes premios de Fórmula 1.
Hasta ahora, Estados Unidos ha mostrado una actitud tibia con respecto al régimen bahreiní del rey Hamad bin Isa Al Jalifah. La Quinta Flota estadounidense tiene sus bases en este país y Washington está especialmente preocupado por una posible ingerencia de Irán (la gran potencia chií) en la crisis, que ha dado su apoyo expreso a los manifestantes.
Según un informe del Departamento de Estado de EE UU, Washington aprobó 200 millones de dólares en ventas de equipo militar de firmas estadounidenses a Bahréin en 2010, tan sólo unos meses antes de que el régimen autocrático se viera conmovido por la inestabilidad y de que reprimiera enérgicamente a los manifestantes.
El pasado día 2 de julio se inició un proceso de diálogo nacional entre el Gobierno y la oposición, destinado a reformar un sistema político que los chiíes quiere hacer evolucionar hacia una monarquía constitucional.
Este diálogo, que incluye a representantes de diferentes grupos políticos y de la sociedad civil, está alentado por la comunidad internacional, en particular por Washington.
Antes del inicio de las conversaciones, las autoridades anunciaron una comisión independiente de cinco miembros, entre ellos juristas de renombre internacional, para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la represión.
En el contexto internacional, la crisis de Bahréin ha reforzado el papel de Arabia Saudí en la región, cuyo petróleo, poder económico, interés estratégico y oposición a Irán la hacen intocable para Occidente, pese a su larga lista de violaciones de derechos humanos y al carácter absolutista de su gobierno (la ministra española de Exteriores, sin ir más lejos, viajó recientemente a Riad para, según un comunicado del Gobierno español, «poner de relieve el excelente estado de las relaciones políticas hispano-saudíes, así como la estrecha amistad que mantienen las familias reales española y saudí»).
Su intervención en su vecino del Golfo y sus intentos por influir en la situación de Yemen han convertido a Arabia Saudí en una especie de garante y gran gendarme para las monarquías árabes autocráticas (no en vano, el Consejo de Cooperación del Golfo ha invitado a Marruecos a unirse a este grupo).
El 4 de febrero unos 12.000 jóvenes piden en Facebook que el rey Mohamed VI derogue la Constitución, que tome medidas para luchar contra la corrupción y que libere a los presos de conciencia. Convocan una protesta para el 20 de febrero, fecha que dará nombre al principal movimiento popular de oposición al régimen, al que más tarde se unirá Justicia y Espiritualidad, el gran movimiento islamista marroquí. Las manifestaciones del 20 de febrero reunieron a miles de personas, que reclamaron más democracia en 12 ciudades.
En un primer momento, el rey, que recibe el apoyo de contramanifestantes que se enfrentan a los opositores, se niega a ceder a «la demagogia» y hasta 200 jóvenes son procesados por disturbios, pero, en marzo, el monarca anuncia un recorte de sus poderes, a pesar de lo cual continúan las protestas. El 14 de abril Mohamed VI indulta a 148 presos de conciencia, la mayoría islamistas.
A mediados de junio, el rey convocó un referéndum sobre una nueva Constitución que, pese a recortar algunos de los poderes del monarca, no satisface al movimiento 20 de Febrero. La nueva Carta Magna se sometió a votación popular el 1 de julio, y obtuvo el respaldo del 98,49% de los ciudadanos.
Las claves de la nueva Constitución incluyen un nuevo estatus para el monarca, cuyo papel como Jefe del Estado deja de estar conectado con su papel como jefe religioso; la creación de la figura del presidente del Gobierno; reformas parlamentarias, con un mayor poder legislativo para el Congreso, y reconocimiento del bereber como idioma oficial junto al árabe.
Publicado originalmente en 20minutos
A finales de esta semana se cumplirán siete meses desde que, el 17 de diciembre de 2010, un joven vendedor ambulante que protestaba por la confiscación de su mercancía por la policía se prendiese fuego en la localidad tunecina de Sidi Buzid, desencadenando un movimiento contra el desempleo y la carestía de la vida en este país, que supondría el inicio de una serie de revueltas en cadena por toda la región. Lo que en un principio […]
• La comunidad libia de la zona rebelde, desbordada por las invisibles cicatrices mentales de la guerra. Pánico continuo, estrés, pérdida de percepción de la realidad, miedos nocturnos y volver a orinarse en la cama en el caso de los niños… Las consecuencias de la guerra en Libia van más allá de los muertos y los heridos. Los psicólogos en el hospital de Bengasi y en otras zonas tomadas por los rebeldes apenas dan abasto.
• Misrata, antes y despúes. Dos imágenes de la ciudad libia de Misrata (o Misurata), escenario de los combates más intensos entre los rebeldes y las tropas leales a Gadafi. La primera, tomada estos días, muestra los devastadores efectos de la guerra; la segunda (un vídeo, en realidad), pertenece a la fiesta del ramadán del año pasado.
• Un derramamiento de sangre respaldado por EE UU mancha la «primavera árabe» en Bahréin. Un duro e imprescindible artículo de Amy Goodman en Democracy Now! sobre la represión en Bahréin y la respuesta de Estados Unidos, aliado estratégico del país árabe.
• La revuelta árabe no empezó este año en Túnez, sino en Líbano en 2005. En su columna del diario británico The Independent, Fisk sitúa el inicio del actual movimiento de protestas en los días que siguieron al asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri, cuando cientos de miles de personas se manifestaron en Beirut para exigir la retirada de los 20.000 soldados sirios que permanecían aún en el país.
• El paseo de Gadafi por las calles de Tripoli. El líder libio se da un perfectamente escenificado baño de masas en la capital del país, a bordo de un vehículo descapotable, sonriendo, saludando y alzando los brazos en señal de victoria. El vídeo está tomado de la televisión estatal libia, que asegura que el paseo tiene lugar en mitad de un bombardeo de la coalición internacional.
• Ramala, 11 de abril. Las expectativas de los palestinos ante los primeros movimientos para una posible reconciliación entre Fatah (el partido que conforma la ANP, gobernante en Cisjordania) y Hamás (el movimiento islámico que detenta el poder en Gaza). En Nouvelles d’Orient, uno de los mejores blogs de Le Monde Diplomatique.
• El ministro de Exteriores israelí, imputado por fraude y blanqueo de dinero. Magnífico perfil del ‘ultra’ Avigdor Lieberman, por Enric González: «[…] Vive en una colonia en los territorios palestinos ocupados, ha sido condenado por pegar a un niño (2001) y es aficionado a las declaraciones escalofriantes: ha propuesto, entre otras cosas, la “ejecución sumaria” de los diputados árabes israelíes, el ahogamiento de los presos palestinos en el mar Muerto y el bombardeo de la presa egipcia de Asuán. La jefa de la diplomacia estadounidense, Hillary Clinton, se reunió una vez con él y desde entonces se niega a repetir la experiencia. Su público, sin embargo, agradece su mezcla de franqueza, populismo y odio a los árabes. […]».
• Inmigrantes atrapados en la «primavera árabe». La gran cantidad de trabajadores inmigrantes que quedaron en medio de los conflictos de Bahréin y Libia muestra la necesidad de crear políticas que defiendan sus derechos y no los intereses económicos de los países que exportan o importan mano de obra. Un reportaje de Simba Russeau (agencia IPS), ilustrado con fotografías de Emilio Morenatti.
Y también:
» La comunidad libia de la zona rebelde, desbordada por las invisibles cicatrices mentales de la guerra
» Un derramamiento de sangre respaldado por EE UU mancha la ‘primavera árabe’ en Bahréin
» La revuelta árabe no empezó este año en Túnez, sino en Líbano en 2005
» Ramala, 11 de abril […]
En noviembre del año pasado España negociaba la venta de más de 200 carros de combate, en un contrato de 3.000 millones de euros que será el mayor realizado hasta ahora por nuestra industria armamentística. El destinatario: Arabia Saudí, un país en el que la oposición política está prohibida, la práctica abierta de cualquier otra fe que no sea el islam es ilegal, hay graves restricciones en prácticamente todos los aspectos de la vida de las mujeres y se contempla la pena de muerte para casos de asesinato, apostasía, drogas, «brujería» y «comportamiento sexual inadecuado».
Algo más de dos años antes, España preveía facturar 1.500 millones de euros mediante la venta de material militar al mismo régimen libio cuyo ejército está reprimiendo ahora a sangre y fuego las protestas de sus propios ciudadanos.
Las revueltas populares que están sacudiendo los países de Oriente Medio y el Magreb tienen, además del efecto contagio y de los problemas económicos de la población, una causa fundamental: La falta de libertad y de democracia existente en todos los estados afectados. Monarquías absolutistas, repúblicas dictatoriales, falsas democracias… Cada uno a su estilo, los países de la región llevan décadas sumidos en corruptas autocracias con el interesado beneplácito de Occidente.
Durante años, la mayoría de los países europeos, y especialmente los más cercanos a la zona, España incluida, han antepuesto sus intereses económicos y geoestratégicos a la exigencia de valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. La idea era hacer la vista gorda (los informes de las organizaciones pro derechos humanos y otros organismos internacionales han estado siempre sobre la mesa) a cambio de asegurarnos tres cuestiones consideradas prioritarias: El freno al islamismo radical, el control de la inmigración y el mantenimiento del suministro de gas y petróleo.
En este sentido, y según reconoce el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, la política española con los países del Norte de África y de Oriente Próximo tiene como ejes prioritarios la seguridad («La actividad de grupos terroristas islamistas próximos a Al Qaeda representa una amenaza directa a estos países y a los intereses españoles»), la inmigración («La necesidad de gestionar esos flujos migratorios ha impulsado la firma de acuerdos con los países del Magreb, origen, tránsito y cada vez más destino de flujos migratorios hacia Europa») y las relaciones económicas («España adquiere una parte importante de sus suministros energéticos de la región: el 14% del petróleo –principalmente de Libia–, y el 33% del gas natural –de Argelia en particular–»).
Todo ello, sin olvidar, especialmente en estos tiempos de crisis, la necesidad de favorecer tanto la presencia de nuestras empresas en estos países, como las inversiones de estos países en nuestro territorio: Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las inversiones en España de los países de la Liga Árabe alcanzaron los 445,59 millones de euros entre 1993 y marzo de 2008. Los que más invirtieron fueron Libia (189,36 millones de euros), Arabia Saudí (71,68), Marruecos (38,71), Omán (38,05), Kuwait (31,34), Jordania (24,46), Emiratos Árabes Unidos (20,22) y Argelia (14,09).
Tratados de amistad y de cooperación, grandes contratos comerciales, visitas oficiales, restablecimiento de relaciones diplomáticas… Los gobiernos occidentales se defienden argumentando los mencionados intereses nacionales prioritarios y destacando los beneficios que las relaciones comerciales pueden traer a la población, o los efectos contraproducentes de medidas radicales como embargos y sanciones.
Otros, sin embargo, denuncian que los principales beneficiados de estas políticas no son los ciudadanos, sino las empresas internacionales y las oligarquías locales, y critican una doble moral que, si bien no se limita a esta región del mundo (EE UU, por ejemplo, mantiene el embargo sobre la dictadura cubana, pero comercia con China y es aliado de Arabia Saudí), es precisamente en ella donde ha salido a la luz ahora con más claridad que nunca.
En este sentido, las víctimas, los pueblos oprimidos del Magreb y Oriente Medio, no sólo están diciendo a sus tiranos «hasta aquí hemos llegado»; también están lanzándonos un claro mensaje: No hay seguridad ni progreso económico real si se dejan a un lado las libertades y los derechos humanos.
Estas son, estado por estado, las relaciones que ha mantenido España con los países afectados hasta ahora por las revueltas populares en el mundo árabe.
En los últimos 20 años, España se ha mantenido invariablemente como el tercer cliente de Libia, con un volumen de importaciones –alrededor del 11% del total– sólo ligeramente inferior al del segundo (Alemania) y casi el doble que el del cuarto (Francia o Turquía, según los años).
Las principales importaciones se centran en el sector de los hidrocarburos (gas y petróleo), destacando la presencia de Repsol-YPF, que, hasta el estallido de las revueltas actuales, estaba produciendo cerca de 280.000 barriles de petróleo al día.
Repsol y la Compañía Nacional de Petróleos de Libia firmaron en 2008 un nuevo acuerdo por el que se ampliaban los contratos hasta 2032, asegurando a Repsol la explotación de los cuantiosos recursos descubiertos por la petrolera española, cuyas reservas ascendían a 765 millones de barriles.
Del terrorismo a la «amistad»
España y Libia establecieron relaciones diplomáticas en 1961 (Gadafi llegó al poder en 1969), pero a partir de 1986 quedaron bloqueadas a raíz de la expulsión del entonces jefe de la diplomacia libia en Madrid, acusado de tener contactos con un grupo terrorista árabe. No fue hasta 1989 cuando las relaciones comenzaron a desbloquearse.
El presidente español José María Aznar viajó a Libia en septiembre de 2003 y habló con Gadafi sobre la crisis de Irak y el levantamiento de las sanciones a Libia por parte de la ONU.
El anterior ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, visitó Libia en julio de 2008 y entregó a Gadafi sendas cartas del Rey Juan Carlos y del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que se reafirmaba «la amistad» con el país magrebí. El viaje perseguía consolidar la relación bilateral, tras la visita que el líder libio hizo a España en diciembre de 2007, su primer viaje oficial a nuestro país en sus, por entonces, 39 años de mandato.
Fue precisamente tras la visita de Gadafi cuando las exportaciones de armas españolas a Libia se dispararon: Las exportaciones en material de defensa aumentaron un 7.700% en 2008. Durante el primer semestre de 2010, según datos de Industria, España vendió al Gobierno libio componentes de aeronaves por valor de 3,5 millones de euros, y en 2008 esperaba facturar 1.500 millones en la venta de material de defensa a Libia, según revela un cable de la legación estadounidense enviado a Washington. Libia fue el segundo destino de las ventas españolas de material de doble uso –civil o militar– en 2009, con 12,7 millones de euros, lo que representó un 12,8% del total.
Tras las últimas revueltas en Libia y la brutal represión del régimen de Gadafi, el Gobierno español ha iniciado los trámites para suspender la venta de armamento.
Derechos humanos y libertades
La situación en Libia, donde la expresión política independiente y las actividades en grupo están prohibidas, y donde el Gobierno impide desde hace décadas cualquier manifestación de disidencia, era ya preocupante antes de que el régimen iniciase la represión de las protestas.
El Gobierno de Gadafi anunció en 2009 su intención de expulsar a todos los «inmigrantes ilegales» y, según Amnistía Internacional, llevó a cabo deportaciones masivas de ciudadanos de Nigeria, Ghana y otros países.
Por otra parte, y según denuncia Human Rights Watch, dos cárceles de Libia, Abu Salim y Ain Zara, son reconocidas por la detención arbitraria de prisioneros políticos, y las autoridades llevan años arrestando a personas sin cargos, que mantienen en régimen de incomunicación durante meses.
Los intercambios comerciales de España con Egipto despegaron en 1982, con la firma del mayor contrato de exportación suscrito hasta entonces por nuestro país: A través de las empresas públicas Bazán y Enasa, España se comprometió a suministrar al Gobierno de Hosni Mubarak (recién ascendido al poder) material bélico por valor de 1.000 millones de dólares. Egipto se convertía así en el séptimo cliente comercial español.
En los noventa, España figuraba como la quinta nación en volumen de importaciones efectuado por Egipto (1,3%), y la sexta en exportaciones (1,8%).
Las exportaciones españolas a Egipto en 2006 alcanzaron los 410 millones de euros, mientras que las importaciones superaron los 1.500 millones. Maquinaria, aparatos eléctricos, pinturas y automóviles constituyen las principales ventas que las empresas españolas realizan al país árabe. Por su parte Egipto vende a España combustibles, productos siderúrgicos y cemento.
Unión Fenosa Gas se encuentra a la cabeza de la inversión española, con los 1.400 millones de dólares que destinará a una planta de licuefacción en Damietta (noreste de Egipto). Repsol, que durante años lideró los flujos inversores, abandonó Egipto en 2000. También están presentes, entre otras, FCC, Inditex y Cepsa.
«Buenas relaciones»
España y Egipto han mantenido, desde tiempos del franquismo, lo que el Ministerio de Exteriores define en su página web como unas «buenas relaciones bilaterales», en el marco de lo que reiteradamente se ha venido en llamar «nuestra tradicional amistad con el mundo árabe».
En 1989, Aznar viajó a El Cairo y ofreció a Mubarak su apoyo para combatir el terrorismo islámico, desbloquear el proceso de paz entre israelíes y palestinos, e impulsar el diálogo euromediterráneo.
En 2008 los Reyes realizaron su tercera visita a Egipto y firmaron el Tratado de Amistad y Cooperación para «fortalecer la lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos humanos». Un año después, Zapatero se entrevistó con Mubarak en El Cairo.
Mubarak, por su parte, ha visitado España en seis ocasiones.
Derechos humanos y libertades
El Gobierno egipcio ha ejercido hasta ahora una autoridad total, con un férreo control sobre la prensa, los sindicatos y las asociaciones profesionales. Las acusaciones de fraude electoral han sido constantes y las denuncias de tortura, que Human Rights Watch denomina «mal endémico» en el país, continuas.
El mantenimiento durante años de las leyes de emergencia ha permitido, además, innumerables detenciones arbitrarias. La ley egipcia preveía sanciones penales que sofocaban las actividades legítimas de las ONG, incluyendo el «participar en actividades políticas o sindicales». El gobierno también utilizaba la fuerza letal contra inmigrantes y solicitantes de refugio que trataban de cruzar a Israel.
España, Francia e Italia están entre los mayores donantes de ayuda al desarrollo de Túnez, pero también entre quienes más se beneficiaban de las conexiones con el régimen de Ben Alí. De las 3.500 empresas extranjeras en Túnez –la mayoría, con beneficios fiscales–, unas 60 son españolas, destacando las cementeras, que controlan casi la mitad del mercado local.
Una buena parte de la fruta que exporta Túnez es propiedad de empresas españolas como Lolita o Agrolito, pero es en el aceite de oliva donde se centran los intereses españoles en el país norteafricano. Túnez es el tercer país productor y el grupo español Borges es el primer transformador y exportador del aceite tunecino.
Otras empresas españolas afincadas en Túnez son Isofotón (energía solar), Soluciona (filial de Fenosa), y Teoinsa (ferrocarriles).
La tasa de cobertura de las exportaciones españolas a Túnez supera el 155%, con un superávit de 350 millones de euros en 2009.
«Aislar a los violentos»
En 2003 el Ejecutivo de Aznar acordó con el Gobierno tunecino promover un marco institucional que aumentase las inversiones y el comercio bilateral, y en 2004 Zapatero abogó en Túnez por un aumento de las relaciones y la cooperación «para aislar a los violentos», extremistas e integristas.
La última visita por parte española a Tunez fue la que realizó el ministro Moratinos, en mayo de 2009.
Derechos humanos y libertades
El régimen de Ben Alí, derribado por la revolución popular del pasado mes de enero tras más de 20 años en el poder, se caracterizaba por la corrupción y el nepotismo, con las grandes empresas del país en manos de la familia del presidente.
Túnez era un Estado policial de confidentes, con cárceles secretas, desaparecidos y registros domiciliarios sin orden judicial, donde se controlaba hasta el último correo electrónico, y en el que la censura estaba a la orden del día.
Los intereses de las empresas españolas en Argelia están relacionados principalmente con la industria del gas. España importa gas argelino, del que es altamente dependiente, por unos 3.900 millones de euros al año, y exporta industria auxiliar mecánica, tecnología industrial, manufacturas, medicamentos y otros productos por unos 2.000 millones de euros anuales.
En 2006 España y Argelia firmaron un acuerdo para promover las inversiones españolas en este país, y se constituyó un comité de seguimiento sobre los flujos migratorios. Ese mismo año el Gobierno español aprobó el proyecto para la construcción del gaseoducto que, a través de Almería, unirá Argelia con España para suministrar a toda la zona sur de Europa.
En 2007, no obstante, la compañía estatal argelina Sonatrach rescindió el contrato suscrito con Repsol-YPF y Gas Natural para desarrollar el gran proyecto integrado de gas natural de Gassi Touil, que las dos empresas españolas se adjudicaron en 2004 en un concurso internacional y que suponía su mayor contrato, valorado en 1.600 millones.
Entre los proyectos más ambiciosos de las empresas españolas en Argelia se encuentra la tercera fábrica Amoniaco, de Fertiberia, donde el Grupo Villar Mir ha invertido cerca de 117 millones de dólares.
Derechos humanos y libertades
En Argelia, las personas sospechosas de actividades subversivas o terroristas son frecuentemente juzgadas en procesos que no cumplen el derecho internacional sobre juicios justos.
Amnistía Internacional denuncia asimismo que el Gobierno de Bouteflika no ha tomado medidas significativas para abordar los graves y generalizados abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos armados y por las fuerzas de seguridad del Estado durante la guerra de los años noventa, y que periodistas y defensores de derechos humanos sufren hostigamiento y han sido procesados, acusados de difamación y otros delitos, por criticar a instituciones o cargos públicos.
España es el segundo cliente proveedor e inversor en Marruecos, después de Francia. Actualmente existen en el país vecino más de 600 empresas españolas, establecidas en diferentes sectores (banca, energía, telecomunicaciones, turismo), con un volumen total cercano a los 5.000 millones de euros.
La creciente implantación española en Marruecos no sólo se debe a la cercanía geográfica, sino también a sus reducidos costes de producción, a las ventajas fiscales para la exportación y a los tratados de libre comercio con la Unión Europea.
En 2008 se firmó del mayor acuerdo financiero suscrito entre ambos países, con una ayuda española de 520 millones de euros durante tres años, de los que 420 millones quedarán en manos de empresas españolas.
Entre las compañías españolas con inversiones en Marruecos, destacan Telefónica, Gas Natural, Abengoa, Alsa, SOS y el Grupo Barceló.
Colaboración «esencial»
Pese a los frecuentes conflictos diplomáticos con Marruecos, el Gobierno califica las relaciones españolas con el país magrebí de «excelentes».
Aparte del contencioso por Ceuta y Melilla, y de que Rabat controla el flujo migratorio de sus ciudadanos hacia España, la colaboración con el Ejecutivo marroquí se considera esencial para luchar contra el narcotráfico (Marruecos es la base principal del tráfico de drogas hacia la Península), para combatir a Al Qaeda en el Magreb y por la importante inversión española en el país vecino, aparte de por los acuerdos económicos (en materia de pesca, sobre todo) firmados entre Rabat y la UE.
Derechos humanos y libertades
La mayoría de las denuncias por violaciones de los derechos humanos en Marruecos están relacionadas con el conflicto saharaui, e incluyen detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones.
Los manifestantes que se echaron a la calle el pasado día 21 exigían reformas que garantizasen un funcionamiento más democrático de las instituciones, mayores garantías sociales, económicas y políticas, y el fin de la presión a los medios de comunicación y de la censura.
Por otra parte, y aunque la situación política en Marruecos no sea tan opresiva como en la Libia de Gadafi, el Túnez de Ben Alí, la Siria de Asad o el Egipto de Mubarak, los informes de la Embajada de EE UU en Rabat filtrados por Wikileaks sacaron a la luz una situación de grave corrupción en torno a la casa real. Según la revista Forbes, los negocios de Mohamed VI le han llevado a convertirse en el séptimo monarca más rico del mundo, con un patrimonio personal estimado en 2.500 millones de dólares.
La presencia española en Bahréin no es tan importante como en otros países de la región (el pequeño país árabe ocupa el puesto número 100 como cliente de productos españoles y el 93 como proveedor a España), pero existe. Las exportaciones están diversificadas, resultan atractivas para varios sectores y en 2010 superaron los 50 millones de euros (70 millones en 2009).
Las compras, por su parte, rondaron en 2010 los 67 millones de euros, y se centran en el sector del aluminio. Entre las empresas españolas con presencia en el país del Golfo se encuentran Mapfre, Zara y Mango.
En 2008 España y Bahréin firmaron un acuerdo para reforzar las relaciones en materia industrial, turística, de telecomunicaciones, infraestructuras y energía.
Derechos humanos y libertades
En Bahréin apenas hay representación ciudadana o instituciones políticas. No se consiente ni la disidencia ni las protestas. La oposición está sujeta a arrestos arbitrarios, con acusaciones de tortura y deportaciones, según el informe de Amnistía Internacional de 2009.
La mayoría chií exige una mayor representación a la clase gobernante (suní), y las mujeres, aunque tienen acceso a una mayor educación y disfrutan de una mejor calidad de vida que en algunos países vecinos del Golgo Pérsico, no tienen derechos políticos ni representación.
El gobierno es una monarquía hereditaria. La familia Jalifah gobierna el país desde 1783.
Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la balanza comercial bilateral con Yemen se caracteriza por la diversidad de las exportaciones españolas y por importaciones constituidas fundamentalmente por pescado.
En 2007 (último año contabilizado), nuestras exportaciones a Yemen ascendieron a 21,3 millones de euros, mientras que el valor de nuestras importaciones se situaba en 13,4 millones. Esto arrojó un saldo comercial positivo de 7,9 millones de euros y una tasa de cobertura favorable del 158,9%.
Pena de muerte
España mantiene relaciones diplomáticas con Yemen desde 1990, cuando se reunificaron Yemen del Norte y Yemen del Sur.
El país, uno de los más pobres del mundo, está catalogado de alto riesgo por el Ministerio de Asuntos Exteriores desde que ocho turistas españoles fallecieron en un atentado cometido por Al Qaeda en julio de 2007.
La visita más importante de un representante español al país árabe fue la realizada por el ministro Moratinos en abril de 2006, cuando el jefe de la diplomacia española subrayó el interés común en explorar proyectos empresariales conjuntos para los sectores de la pesca y el turismo.
El presidente de Yemen, Alí Abdula Saleh, visitó España en enero de 2008, cuando anunció la conmutación de la condena a la pena de muerte y la extradición a España que pesaba sobre un ciudadano español de origen sirio sentenciado en Yemen por actividades terroristas.
Durante esta visita las dos delegaciones firmaron además cuatro acuerdos de cooperación en el ámbito del turismo, de la educación, de la sanidad y de la protección de las inversiones.
Derechos humanos y libertades
En Yemen no existe pluralismo político real y hay graves restricciones a la libertad de reunión y expresión. En su Informe 2009, Aministía Internacional denuncia detenciones ilegales y por motivos de conciencia, juicios injustos, represiones violentas por parte del Estado y casos de tortura y brutalidad policiales, derivados principalmente de la lucha antiterrorista.
El sistema político es, en la práctica, unipartidista, ya que el Congreso General del Pueblo domina la vida política del país.
Existe pena de muerte para casos de asesinato, adulterio y homosexualidad, y aunque aún no ha habido ejecuciones por ello, la apostasía es considerada un crimen capital.
Publicado originalmente en 20minutos
En noviembre del año pasado España negociaba la venta de más de 200 carros de combate, en un contrato de 3.000 millones de euros que será el mayor realizado hasta ahora por nuestra industria armamentística. El destinatario: Arabia Saudí, un país en el que la oposición política está prohibida, la práctica abierta de cualquier otra fe que no sea el islam es ilegal, hay graves restricciones en prácticamente todos los aspectos de la vida de las mujeres y se […]
