Hace poco más de dos años, el 14 de enero de 2010, Zine al Abidín Ben Ali huía a Arabia Saudí, después de haber ocupado la presidencia de Túnez durante más de dos décadas. El dictador (ganó cuatro elecciones con porcentajes de hasta el 99,91% de los votos) cedía al fin el poder tras una revuelta popular que se había iniciado un mes antes, cuando Mohamed Buazizi, un joven de 26 años harto de una vida de constante humillación y sin expectativas, se inmoló a lo bonzo, falleciendo unas semanas después. Su muerte originó un movimiento solidario de protesta social entre los jóvenes pobres y en paro de su ciudad, que se extendió y acabó provocando la histórica caída del presidente. Había nacido la que pronto sería bautizada como «primavera árabe». El siguiente en caer, hace ahora justo un año, sería el presidente egipcio, Hosni Mubarak.
Desde entonces, Túnez ha sido el espejo en que se han mirado muchas de las sociedades árabes que han luchado o siguen luchando por hacer realidad un cambio tras años y años de opresión. También ha sido el modelo con el que, en contraste con la incertidumbre de Libia o la violencia polarizada de Egipto, Occidente respiraba más o menos tranquilo. La transición no era fácil, y las amenazas eran muchas, pero el país parecía caminar en la buena dirección: Elecciones, un gobierno de coalición, Ben Ali juzgado y condenado (aunque en ausencia), el turismo remontando tímidamente, los acuerdos comerciales a salvo… La presión de los salafistas (islamistas radicales) era cada vez más evidente, pero los disturbios en las universidades por el uso del nikab (velo integral), los ataques a galerías de arte, bares y santuarios sufíes, y las amenazas a personajes públicos eran vistos como actos puntuales de una minoría. Estaba el problema del atranque político, pero todos los procesos de transición son complicados. Como mucho, el país se encontraba en punto muerto.
Desde dentro, sin embargo, las cosas no se han visto nunca tan de color de rosa. El pasado martes por la noche, el dirigente izquierdista Chukri Bel Aid, un abogado de 47 años, líder del Partido de los Patriotas Demócratas Unificados (PPDU, integrado en el opositor Frente Popular), militante laico convencido y muy crítico con el Gobierno, denunciaba en un programa de televisión las «tentativas de desmantelar el Estado y crear milicias para aterrorizar a los ciudadanos y arrastrar al país hacia una espiral de violencia». Unas horas después, a la mañana siguiente, dos tiros acababan con su vida en la puerta de su casa.
El asesinato de Bel Aid, cuya autoría no ha sido aclarada aún, ha desbordado un vaso que ya estaba lleno. La oposición acusa al partido islamista Al Nahda (o Ennahda, en el Gobierno) de no haber hecho nada para impedirlo, o, directamente, de estar detrás, algo que los islamistas niegan. Y la tensión, entre tanto, se ha disparado, con una huelga general incluida. Porque, más allá de un enfrentamiento entre laicos e islamistas, el conflicto tiene también una base económica, en la que sindicatos y movimientos izquierdistas exigen al Gobierno políticas más sociales.
En los días siguientes a la muerte de Bel Aid han vuelto las manifestaciones y los disturbios a las calles, y el primer ministro ha amenazado con dimitir si su propio partido sigue rechazando su propuesta de crear un gobierno de tecnócratas como paso previo a la celebración de nuevas elecciones. Además, este mismo domingo, tres ministros y dos secretarios de Estado pertenecientes al partido Congreso Por la República (CPR) han renunciado a su cargo.
Y todo ello en un contexto regional cada vez más explosivo, con el terrorismo islamista ganando espacio en el Sáhara y el Sahel, y acusaciones de que parte de las armas de que se nutren los terroristas están llegando a través de Túnez, procedentes del caos libio.
Si la transición tunecina estaba en punto muerto, ahora parece haber perdido, además, los frenos.
Rachid Ghanuchi, el líder histórico del islamismo tunecino, proclamó al volver del exilio, tras la caída de Ben Ali, que Túnez iba a convertirse en «una sociedad democrática y modélica en el mundo árabe». La realidad, sin embargo, ha acabado situando al país en una difícil encrucijada. Los islamistas, muchos de los cuales fueron perseguidos, encarcelados y torturados durante la dictadura, cuentan con un innegable apoyo popular (y electoral), fruto en parte de su éxito entre las clases más castigadas por el paro y la miseria, y también de la división de la oposición. Y este apoyo puede derivar hacia un régimen donde vuelvan a perderse muchas libertades y a vulnerarse muchos derechos, especialmente, esta vez, para los sectores laicos de la población y para las mujeres.
En este sentido, es importante recordar que, desde la época del presidente Habib Burguiba (1957-1987), Túnez es uno de los países árabes donde más han arraigado formas de vida y pensamiento muy conectados con modelos occidentales.
Pero la tentación de alejar a los islamistas del poder, formando un gobierno (no electo directamente) de tecnócratas, y convocando nuevas elecciones, como ha propuesto el primer ministro, tiene también sus riesgos. Aparte de tratarse de una maniobra en principio poco democrática, el resultado puede ser contraproducente. Baste recordar la brutal guerra civil a la que dio lugar en Argelia la anulación de las elecciones que habían llevado a los islamistas al Gobierno, en los años noventa.
Estas son, en preguntas y respuestas, algunas de las principales claves de la evolución de Túnez desde la revolución y de su situación actual.
Túnez fue el primer país de la llamada «primavera árabe» en celebrar elecciones a una asamblea constituyente. Los comicios tuvieron lugar el 23 de octubre de 2011 y en ellos el partido islamista Al Nahda (renacimiento, en árabe) logró 90 de los 217 escaños del parlamento, 60 más que su más inmediato competidor, el centrista Consejo Por la República (CPR).
Se constituyeron entonces las primeras instituciones democráticas: La presidencia del Estado fue para en el líder del CPR, el laico moderado Moncef Marzuki, y la de la Asamblea Nacional Constituyente recayó en Mustafá Ben Yafaar, del socialdemócrata progresista Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL, o Al Takatul). El partido más votado, Al Nahda, se reservó la jefatura del Gobierno, con su secretario general, Hamadi Yabali, como primer ministro. En diciembre de ese mismo año los diputados aprobaron una nueva Constitución provisional.
La coalición de Gobierno ha sido conflictiva desde el principio. Ni Marzuki ni Ben Yafaar tienen en realidad mucho poder, y los dos socios del Ejecutivo acusan a Al Nahda de acaparar el proceso constituyente, por lo que le han retirado su apoyo y hasta han amenazado con dimitir. La lucha en el seno de la llamada ‘troika’ ha impedido el consenso necesario para designar a los principales ministros (tras meses de negociaciones infructuosas) y ha estancado también la redacción de la nueva Constitución, que tenía que haber estado lista el pasado mes de octubre.
Además, en el seno de Al Nahda existe también una gran división entre moderados, encabezados por el primer ministro Yabali, y radicales, partidarios de abrazar tesis más cercanas a las de los salafistas. Bajo la etiqueta de un «islamismo más auténtico», estos últimos sienten mayores simpatías por Ghanuchi, el líder histórico, cuya rivalidad con Yabali es cada vez mayor.
El salafismo es una corriente ultraconservadora del islam, tradicionalmente apática con respecto a la vida política, muy atomizada (hay multitud de predicadores, cada uno con sus propios seguidores), y que ha crecido, sobre todo, en los suburbios de las grandes ciudades y entre los sectores más humildes de la población. Los salafistas abogan por una interpretación literal del islam, en un intento de recuperar la «pureza» de la religión.
Una corriente del salafismo, denominada popularmente salafismo yihadista, rechaza limitar la acción religiosa a la predicación y hace de la ‘guerra santa’ el centro de su actividad. Los salafistas de esta tendencia defienden el combate armado con el fin de liberar los países musulmanes de toda ocupación extranjera. También se oponen a la mayor parte de los regímenes de los países musulmanes, que juzgan como impíos, y pretenden instaurar estados «verdaderamente islámicos». Históricamente reprimidos, han ido propagando su discurso en los últimos años a través de cadenas de televisión privadas, muchas de ellas de origen saudí.
Los salafistas de Túnez, ampliamente extendidos, sobre todo, en el sur del país, han protagonizado numerosos incidentes violentos, en un intento de desestabilizar al Gobierno, de presionarlo para que imponga la ley islámica, o, simplemente, de crear una situación de caos que haga imposible el desarrollo normal de la transición democrática.
Así, han atacado canales de televisión, tiendas en las que se vende alcohol, galerías de arte a las que acusan de «impías», cines en los que se proyectan películas «inmorales», y todo tipo de acontecimientos culturales. También han provocado disturbios en actos políticos de la oposición, han destrozado decenas de santuarios religiosos populares y, en general, llevan a cabo continuas campañas de intimidación y amenazas, especialmente contra periodistas y en la universidad, donde se oponen a la restricción del uso del nikab, persiguen a las mujeres que no lo llevan y amedrentan a los profesores que lo prohíben. Disponen, además, de grupos de matones armados.
Oficialmente, Al Nahda (y, especialmente, el primer ministro) trata de distanciarse de la violencia salafista y condena muchos de estos actos. La oposición, sin embargo, acusa al partido islamista de no combatir suficientemente a los salafistas, o incluso de connivencia con ellos. Políticos de Al Nahda han llegado a justificar algunos ataques hablando de «provocaciones laicas». El asesinado Bel Aid había denunciado que le había sido denegada la protección especial que había solicitado ante las continuas amenazas que recibía.
Aparte del agravamiento de la crisis política e institucional, desde la muerte de Bel Aid decenas de miles de manifestantes han protestado contra el crimen en las calles de la capital, Túnez, donde el miércoles murió un agente de policía por pedradas. También ha habido manifestaciones en otras ciudades como Sidi Bouzid, la cuna de la revolución que acabó con el régimen del presidente Ben Ali, y Gafsa, situada en el sur y considerada un bastión de seguidores del opositor de izquierdas asesinado. En esta última localidad se produjeron este viernes graves disturbios entre cientos de manifestantes anti islamistas y la policía (gases lacrimógenos incluidos), durante la celebración de un funeral simbólico en honor de Bel Aid.
Aún no se sabe, pero el esclarecimiento del crimen puede ser clave a la hora de apaciguar los ánimos en el país. Si, como se sospecha, los autores están más relacionados con el salafismo que con el islamismo oficial, su detención podría ser para Al Nahda, que ha sido acusada de instigar y hasta de estar detrás del asesinato, una buena oportunidad para dejar claro su distanciamiento de los extremistas, más allá de la condena del crimen en sí, que ha sido unánime.
Otro gesto importante por parte de Al Nahda podría ser la disolución de las llamadas «Ligas de Protección de la Revolución», una especie de milicias vecinales que, a modo de vigilantes, actúan al margen de la ley, a menudo contra sectores laicos. Estas milicias constituyen, junto con los grupos de matones salafistas y las bandas simplemente criminales, uno de los grandes problemas actuales de seguridad en Túnez, problemas que derivan de la incapacidad del Gobierno a la hora de reconstituir las fuerzas del orden tras la revolución.
Tras la caída de Ben Ali, la hasta entonces omnipresente policía secreta (unos 80.000 agentes) fue prácticamente desmantelada, y la policía ordinaria, formada por agentes a menudo mal pagados y poco motivados, sufre el estigma de seguir estando relacionada con las prácticas dictatoriales del pasado. El Ejército, por su parte, es relativamente pequeño (35.000 efectivos, en un país de 10,5 millones de habitantes), y, a diferencia de en Egipto, su papel en el mantenimiento del orden público es poco importante.
La crisis que vive Túnez no es solo un conflicto entre laicos e islamistas. Al igual que al inicio de la revolución, la difícil situación económica en la que sigue inmerso el país, con una alarmante pérdida de empleo, la inflación muy alta y numerosos casos de corrupción, sigue siendo un factor fundamental. Ello explica la huelga general del pasado viernes (la primera en más de 30 años), convocada por el principal sindicato del país (la Unión General de Trabajadores Tunecinos, UGTT), así como la división entre la derecha conservadora y religiosa, por un lado, y el sector trabajador y campesino, por otro.
A pesar del apoyo que tradicionalmente reciben los islamistas en muchas zonas rurales, es también en estas áreas donde más duramente está golpeando el desempleo. Y, en un país con una importante tradición sindical, el respaldo a grupos más cercanos al movimiento obrero puede llegar a ser más importante que la fidelidad a las opciones religioso-conservadoras.
No obstante, si bien es cierto que, de momento, la demanda de «trabajo, libertad y dignidad» que acompañó a la revolución sigue sin ser plenamente atendida por el Gobierno, también es verdad que el Ejecutivo ha dado algunos pasos en esa dirección. En los presupuestos de 2013, por ejemplo, el gasto público tiene un incremento del 4,9%, una cantidad que, en gran parte, se piensa destinar a programas encaminados a reducir las disparidades regionales y a estimular la creación de empleo. El Gobierno también ha sido elogiado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tras lograr firmar un acuerdo con los representantes sindicales y la patronal, que fue calificado de «hito social».
En general, la libertad política en Túnez se ha ido incrementando de manera exponencial durante estos dos años, pero existen muchas áreas donde organizaciones internacionales y locales de derechos humanos denuncian aún muchas carencias, sobre todos las relacionadas con la libertad de expresión y el funcionamiento de las instituciones. Todavía existen grandes obstáculos para el desarrollo de un sistema político abierto y democrático, empezando por la falta de una reforma de los ministerios clave: el de Justicia y el de Interior, que aún conservan prácticas más propias de la época de la dictadura.
Al cumplirse un año de la revolución, Amnistía Internacional publicó un informe en el que afirmaba que el actual Gobierno tunecino estaba haciendo retroceder los avances en la situación de los derechos humanos conseguidos tras la caída de Ben Ali, «lo cual hace dudar de su compromiso con las reformas». La ONG denunciaba, entre otras cosas, que habían aumentado las restricciones a la libertad de expresión de periodistas, artistas, críticos con el Gobierno, escritores y blogueros, «con la excusa de mantener el orden y la moral públicos». También indicaba que «las autoridades tunecinas no parecen haber podido o querido proteger a los ciudadanos de la agresiones de grupos al parecer afines a los salafistas».
Yabali insiste en que la mejor solución para Túnez pasa por su propuesta de formar un Gobierno de tecnócratas y «apolítico» hasta la celebración, «lo antes posible», de nuevas elecciones. El primer ministro ha reconocido que tomó esta decisión de manera individual sin consultarlo con su partido -Al Nahda-, pero asegura que va a «continuar con la realización de esta iniciativa», cuya responsabilidad asume, y que, dijo, tuvo que tomar «para salvar al país». Según Yabali, su propuesta «ofrece a todos los partidos y al pueblo alcanzar rápidamente una solución de concordia, y un gobierno independiente que trabaje para llevar a cabo los objetivos de la revolución».
El vicepresidente de Al Nahda, Abdelhamid Yalasi, aseguró que esta formación «no está de acuerdo con la postura tomada por el jefe del Gobierno». La división existente llevó finalmente este domingo a Yabali a amenazar con dimitir si la Asamblea Nacional Constituyente rechaza su propuesta, aunque no renunciará a su cargo como secretario general de Al Nahda, a pesar de las críticas recibidas. «Si los miembros [del nuevo gabinete] son aceptados, especialmente por los partidos con representación en la Asamblea, permaneceré como jefe del Gobierno», precisó.
Las propuestas, añadió Yabali, «deberán ser remitidas antes del lunes», día en el que está previsto que especifique la fecha del anuncio del nuevo ejecutivo. El primer ministro apunta que podría ser «a mediados de la semana siguiente como tarde».
En Túnez y en Argelia se han interceptado importantes alijos de armas procedentes de los antiguos depósitos de Gadafi, y los rebeldes tuareg y salafistas que se hicieron con el control del norte de Mali en marzo del año pasado nutrieron sus arsenales con armamento libio.
Un dirigente del partido opositor tunecino Nidá Tunis, Lazar Akremi, admitió recientemente que «Túnez se ha convertido en un pasillo por donde circulan armas» de Libia. «Necesitamos ayuda de Europa para restablecer la seguridad fronteriza, sobre todo con Libia, cuyas dificultades en reestructurar el Estado animan a muchos clanes mafiosos al comercio ilegal con sus iguales libios», indicó por su parte un portavoz de Al Nahda, quien señaló la falta de material como una de las principales carencias del país.
Ante la gravedad de la situación, Libia, Argelia y Túnez firmaron en la ciudad libia de Gadamés, cuatro días antes del ataque terrorista a la planta de gas argelina de In Amenas, un acuerdo de coordinación en materia de seguridad de fronteras y de lucha antiterrorista y contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los primeros ministros de los tres países manifestaron entonces que la situación en Mali se había «deteriorado» de tal manera que podría tener consecuencias para la seguridad y la estabilidad de la región.
Publicado originalmente en 20minutos
Nota: Aunque no consideramos a Túnez un país de Oriente Medio, incluimos este y otros artículos sobre el Magreb por la evidente significación de la llamada ‘primavera árabe’ en toda la región.
Hace poco más de dos años, el 14 de enero de 2010, Zine al Abidín Ben Ali huía a Arabia Saudí, después de haber ocupado la presidencia de Túnez durante más de dos décadas. El dictador (ganó cuatro elecciones con porcentajes de hasta el 99,91% de los votos) cedía al fin el poder tras una revuelta popular que se había iniciado un mes antes, cuando Mohamed Buazizi, un joven de 26 años harto de una vida de constante humillación […]
Una campaña para alentar la participación en las elecciones tunecinas. Idea y vídeo: Chaîne de EngagementCitoyen.
Una campaña para alentar la participación en las elecciones tunecinas. Idea y vídeo: Chaîne de EngagementCitoyen.
Hace apenas un mes, Túnez seguía siendo, a ojos de Occidente, ese pequeño país tranquilo y estable del Norte de África que acataba sin rechistar las exigencias de EE UU en su lucha contra el terrorismo islamista y al que adulaban sin rubor los gobiernos europeos (sus vecinos del sur, Francia, Italia y España, especialmente); un rincón lleno de sol, playas, magníficas ruinas históricas y el suficiente exotismo árabe en un ambiente seguro como para atraer cada año a miles de turistas. ¿Una dictadura? Tal vez, pero nada grave. La apariencia democrática era suficiente y, en cualquier caso, era una dictadura amiga.
Hoy, esos mismos ojos contemplan un escenario en plena revolución popular, en el que, tras semanas de revueltas callejeras, represión policial, poco convincentes promesas de cambio y decenas de muertos, la democracia real podría estar llamando por fin a la puerta, por primera vez en un país árabe.
La explicación es sencilla: No es que Túnez haya cambiado de la noche a la mañana, es que nunca ha sido lo que la mayoría de los gobiernos occidentales preferían creer (o hacer creer) que era.
Durante más de 20 años, y tras la cortina de una falsa democracia, el régimen autoritario de Zine al Abidine Ben Alí había convertido el país magrebí en el coto privado de la familia gobernante, donde la corrupción y el nepotismo campaban a sus anchas y la falta de libertad a todos los niveles era flagrante.
Los ingresos del turismo y las ayudas estadounidenses y europeas, a cambio de la contención del islamismo y de la inmigración, permitieron un espejismo de prosperidad económica que, sin embargo, se vino abajo al estallar la crisis global en 2008. El paro y los precios se dispararon, los sueldos se hundieron y la juventud, principal víctima de la situación, salió a la calle.
Las demandas económicas y sociales dieron pronto el lógico paso a la exigencia de libertad y democracia, y la oleada ha resultado ser incontenible. Ben Alí está huido, el Gobierno disuelto; los europeos, pendientes de una posible evacuación, y la gente, esperando al fin unas elecciones que se han anunciado ya para dentro de un mes.
Todavía es una incógnita si la transición será un éxito o no, como lo es también hasta qué punto la revuelta tunecina hará poner sus barbas a remojar a los gobernantes vecinos.
En Argelia (otro régimen falsamente democrático, pero, a diferencia de Túnez, de orientación pseudosocialista) ya ha habido protestas populares contra el gobierno de Bouteflika por la situación económica. En Egipto, Mubarak acaba de ganar (otra vez) unas elecciones tildadas de farsa por la oposición, mientras crece la tensión y la violencia contra la minoría cristiana y por la marginación de los islamistas. Y en Marruecos, que tiene en la reciente revuelta saharaui la punta de lanza de la contestación social por el deterioro económico, la corrupción del régimen ha quedado al descubierto por los cables de Wikileaks. La Libia del eterno Gadafi es, por ahora, un hueso más difícil de roer.
Pero, de momento, el cambio se ha producido, y esta vez no ha sido un cambio impulsado por los militares. Estas son las claves de lo ocurrido:
Situado en la costa mediterránea africana, y con 10,3 millones de habitantes (el 98%, musulmanes), Túnez es el país más pequeño del Magreb, la parte occidental del mundo árabe, que incluye asimismo a Marruecos, Argelia y Libia. El 40% de su territorio está ocupado por el desierto del Sáhara, mientras que el resto es suelo fértil y adecuado para la agricultura.
Hasta ahora, Túnez era el país magrebí menos conflictivo, lo que, unido a sus playas, su sol, su gran riqueza histórica y cultural, y la garantía de confort y seguridad para los visitantes, le hacían un gran reclamo para el turismo (más de 126.000 españoles lo visitan cada año).
Con un gobierno proestadounidense, y considerado un Estado modélico en la zona por Occidente, Túnez es el socio norteafricano de la UE que más ayudas recibe per cápita, aunque en términos absolutos le supera Marruecos. La inversión extranjera está capitaneada por Francia, con 1.250 empresas presentes en Túnez, seguida de Italia, Alemania, el Reino Unido, Bélgica, Holanda y España.
Las ayudas exteriores, junto a los ingresos provenientes del turismo, la industria manufacturera y los fosfatos, habían hecho de Túnez un país relativamente próspero, hasta que estalló la crisis económica mundial en 2008.
Con la crisis, la inversión extranjera cayó en picado (un 33% en 2009) y se dispararon los precios de los productos básicos, pero el país habría podido mantener el tipo de no ser por la persistencia de sus dos grandes problemas endémicos: el paro y la corrupción.
El paro, que afecta sobre todo a la juventud, en una nación donde dos tercios de la población es joven (el 55%, menor de 25 años), supera el 15%, y las políticas del Gobierno para atajarlo han sido inexistentes o ineficaces.
Al ser la educación obligatoria, muchos de estos parados son universitarios (el número de licenciados se ha triplicado en la última década) que se ven abocados, bien a emigrar a Europa, algo nada fácil ante las políticas cada vez más restrictivas del Viejo Continente, bien a orientar su futuro hacia un destino precario y poco apetecible en la agricultura.
La corrupción y el nepotismo han sido, por su parte, la seña de identidad del régimen. Las grandes empresas están en manos de los Trabelsi, la familia del hasta ahora presidente Ben Alí y su esposa, Leila. Muchas de ellas han sido expropiadas en aras del «interés nacional». Y la redistribución de las grandes ganancias que estas empresas generan brilla por su ausencia o se reduce a asociaciones de solidaridad, controladas también por el partido oficial.
Junto al descontento económico, la falta de libertad ha sido el otro gran factor que ha acabado agotando la paciencia de los tunecinos.
Túnez es un Estado policial de confidentes, donde se controla hasta el último correo electrónico, y en el que la censura, desde los libros y los medios de comunicación hasta las redes sociales en Internet, está a la orden del día. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la existencia de cárceles secretas, desaparecidos, registros domiciliarios sin orden judicial, palizas…
Existen tres partidos de oposición, pero apenas tienen fuerza y están aislados (las elecciones las gana siempre el partido del Gobierno con porcentajes superiores al 80%). Y al igual que en Egipto o Argelia, el régimen ha ido debilitando o eliminando las estructuras sociales intermedias (partidos, sindicatos, asociaciones) capaces de plantar cara al poder.
La situación del país quedaba bien reflejada en los cables de los diplomáticos estadounidenses sobre Túnez sacados a la luz por Wikileaks, y publicados, entre otros medios, por El País. Algunos extractos:
El presidente Ben Alí está envejecido, su régimen sufre de esclerosis y no hay un claro sucesor. Muchos tunecinos están frustrados por la falta de libertad política y sienten rabia por la corrupción de la familia del presidente, por las elevadas tasas de desempleo y por las desigualdades regionales.
El extremismo es una amenaza continua. […]. El gobierno tunecino no acepta consejos ni críticas nacionales o internacionales. En lugar de ello, intenta imponer un control todavía mayor, echando a menudo mano de la policía […]. Túnez es un Estado policial, con escasa libertad de expresión o asociación, y con serios problemas de derechos humanos.
El presidente hace lo que su mujer le pide que haga […]. Los miembros de la amplia familia de Ben Alí pueden hacer lo que quieran con impunidad, incluido falsificar documentos.
Ante esta situación, EE UU y la UE han jugado con Túnez durante años la baza de mirar para otro lado a cambio de contar con un aliado fiel en la zona, dándole carta blanca para hacer el trabajo sucio en tres frentes: la lucha contra el islamismo radical (especialmente desde el 11-S), la contención de la inmigración (en 2001 la UE firmó varios acuerdos con Túnez para controlar la emigración clandestina) y la protección del turismo (sobre todo, tras el atentado de 2002 vinculado a Al Qaeda en una sinagoga en la isla de Jerba, en el que murieron 15 personas).
Sin embargo, es precisamente la corrupción, la represión y la pobreza lo que, como demuestran las experiencias de Argelia y Egipto, da alas a los islamistas. Y es precisamente la corrupción, la represión y la pobreza lo que ha acabado sacando al pueblo a la calle y fulminando la imagen de Túnez como paraíso turístico.
A pesar de los ‘apagones’ y de la censura que ha ejercido el Gobierno durante las protestas, el papel de redes sociales en Internet como Facebook o Twitter ha sido de una importancia considerable en la revuelta que ha derrocado al presidente.
El alto nivel de educación y de acceso a la Red de los jóvenes tunecinos les ha servido para organizarse a través de unas nuevas tecnologías que, a su vez, han llevado los detalles de las protestas a todo el mundo, sorteando el control del régimen.
En este sentido, una página web, Nawaat.org, se ha convertido en el gran portavoz de la rebelión ciudadana, con la publicación, en árabe y en francés, de centenares de textos, vídeos y fotos, así como de convocatorias a manifestaciones, comunicados, reacciones…
La contestación social comenzó a mediados de diciembre con manifestaciones, muchas de ellas violentas (cócteles molotov, pedradas), en varias ciudades del país. La represión policial fue muy dura y ha habido decenas de muertos (21, según cifras oficiales; cerca de 70, según la Federación Internacional de Derechos Humanos) y centenares de detenidos.
Se trata de una revuelta sin líderes definidos (los partidos de la oposición están demasiado aislados y son marginales), protagonizada principalmente por jóvenes, y en el contexto de un país con una amplia clase media y una importante tradición secular (los islamistas han quedado al margen de las protestas).
La mayoría de los participantes en las manifestaciones son estudiantes, pero también han salido a la calle trabajadores, intelectuales, campesinos… Esta es la cronología de los hechos:
Ingeniero electrónico y, posteriormente, militar formado en academias de Francia y EE UU, Zine al Abidine Ben Alí, de 73 años, tomó el poder en 1987 por medio de un golpe de Estado. Después modificó la Constitución para poder presentarse indefinidamente a elecciones, denunciadas repetidamente por organizaciones de derechos humanos y la oposición como fraudulentas.
Tras deponer al que fuera presidente de Túnez entre 1957 y 1987, Habib Burguiba, dirigió el país de forma personal, otorgando privilegios y concentrando el poder en muy pocas manos. El régimen se convirtió en una cleptocracia dirigida por los Trabelsi, apellido de la familia de la primera dama.
Son muchas las voces discordantes que le culpan de haber ignorado los derechos humanos y los valores democráticos, acusaciones que él siempre negó. Ben Alí rechazaba las críticas que le achacan haber amañado las votaciones, y llegó a comunicar que procesaría a todo aquel que se atreviese a «difundir mentiras para dañar la imagen de Túnez».
Fue elegido por unanimidad para un primer mandato de cinco años en 1989 y reelegido como único candidato de nuevo en 1994. En 1999, ganó un nuevo mandato de cinco años con un 99,4% de los votos, a pesar de la introducción del pluripartidismo.
Un referéndum en 2002 sobre una nueva Carta Magna que permitía a Ben Alí extender su gobierno hasta el año 2014 fue aprobado por más del 99% de los votantes. Ben Alí ganó con el 94,4% de los votos en las elecciones presidenciales de 2004. En 2009 fue reelegido para un quinto mandato con 89,62% de los votos .
Es el primer ministro de Túnez, y se proclamó presidente en funciones el 14 de enero. Un día después, sin embargo, el Consejo Constitucional señaló que este puesto debía ser ocupado por el presidente del Parlamento, Fued Mebaza.
Economista, y vinculado totalmente a Ben Alí, Ghanuchi ha estado en el Gobierno tunecino desde los tiempos del anterior presidente, Habib Bourguiba.
Presidente del Parlamento y recién nombrado presidente interino, será el encargado de liderar la transición hacia la democracia. Ha anunciado elecciones para dentro de 60 días y ha prometido un gobierno de unidad nacional durante el actual proceso político. Tiene 77 años y es licenciado en Derecho y en Económicas.
Lidera el partido opositor Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades. Según informa El País, Mebaza ha aceptado su propuesta de formar un gobierno de coalición.
Diputado izquierdista y ex candidato a la presidencia por el opositor Partido Demócrata Progresista, una de las pocas formaciones legales de Túnez.
No es fácil calcular el peso real de los islamistas radicales en Túnez, ya que los partidos y asociaciones de esta tendencia han sido desarticulados durante el régimen de Ben Alí. Uno de sus líderes es Rachid Ghanuchi, quien ha pasado cinco años en prisión. Condenado a cadena perpetua en 1992 por rebeldía, en 1993 el Reino Unido le concedió asilo político. Según El País, tiene prohibida la entrada en Estados Unidos, Egipto y Líbano.
La ausencia de los islamistas en la revuelta popular puede haber sido una de las claves del éxito de las protestas. En países donde tienen mucho más peso, como Argelia o Egipto, la amenaza de una deriva hacia un gobierno islamista radical habría hecho mucho más difícil el triunfo de una revolución como ésta.
El Ejército tunecino es relativamente pequeño en comparación con el de otros países árabes. No ha tomado parte activa en la represión de la revuelta, de la que se ha encargado la Policía, aunque fue desplegado en la capital para evitar disturbios y saqueos.
Túnez ha iniciado una transición histórica hacia la democracia, pero el éxito de este camino sigue siendo muy incierto y depende de muchos factores.
Por un lado, no existen líderes definidos en la revuelta popular, y la oposición es muy débil. Tal y como señala el experto Michael Koplow en la revista Foreign Policy, «si se celebran elecciones no está nada claro quién puede haber con la suficiente cualificación como para ser aceptado como candidato por la gente».
Además, las personas encargadas de liderar el actual proceso político hasta la formación del prometido gobierno de coalición proceden del régimen de Ben Alí.
Sin embargo, estos problemas pueden verse contrarrestados por el hecho de que la revuelta cuenta con la neutralidad del Ejército y con el importante apoyo de la clase media y de la élite intelectual del país.
Por otra parte, los islamistas, diezmados por la represión del régimen, no deberían suponer un obstáculo para la democratización del país. La gran homogeneidad que, a diferencia de otros países del Norte de África, caracteriza a la sociedad tunecina, también puede hacer las cosas más fáciles.
Publicado originalmente en 20minutos
Nota: Pese a que, técnicamente, no consideramos a Túnez un país de Oriente Medio, incluimos este artículo por las consecuencias que la revolución tunecina está teniendo en los países de la región que sí son objeto de este blog.
Hace apenas un mes, Túnez seguía siendo, a ojos de Occidente, ese pequeño país tranquilo y estable del Norte de África que acataba sin rechistar las exigencias de EE UU en su lucha contra el terrorismo islamista y al que adulaban sin rubor los gobiernos europeos (sus vecinos del sur, Francia, Italia y España, especialmente); un rincón lleno de sol, playas, magníficas ruinas históricas y el suficiente exotismo árabe en un ambiente seguro como para atraer cada año a miles de turistas. […]
