Más de la mitad de todos los periodistas encarcelados actualmente en el mundo se encuentran en prisiones de Turquía, Irán y China, y Turquía ostenta, por segundo año consecutivo, el triste récord de ser el país con más profesionales de… Leer
Más de la mitad de todos los periodistas encarcelados actualmente en el mundo se encuentran en prisiones de Turquía, Irán y China, y Turquía ostenta, por segundo año consecutivo, el triste récord de ser el país con más profesionales de la información en la cárcel, con un total de 40. En Irán son 35 y en China, 32. Son datos del informe anual correspondiente a 2013 presentado este miércoles en Nueva York por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El informe muestra una caída del número global de reporteros detenidos (211 en 2013, frente a los 232 de 2012), y destaca que en América Latina no hay ningún periodista encarcelado. El único registrado en todo el continente americano se encuentra en Estados Unidos.
Tras Turquía, Irán y China, la lista de países con más periodistas encarcelados está encabezada por Eritrea, Vietnam, Siria, Azerbaiyán, Etiopía, Egipto y Uzbekistán. Es decir, cuatro de los diez primeros son países de Oriente Medio.
«Si ya resulta perturbador observar un aumento de la cifra de periodistas encarcelados en países como Vietnam y Egipto, es escandaloso que Turquía sea por segundo año consecutivo el país con mayor cantidad de periodistas presos», declaró Joel Simon, director ejecutivo del CPJ.
Varios factores contribuyen al hecho de que Turquía, una democracia, miembro de la OTAN, aliado clave de EE UU y aspirante a ingresar en la Unión Europea, tenga más periodistas encarcelados que ningún otro país.
Por un lado, y como consecuencia del largo conflicto con el independentismo kurdo, Turquía tiene una legislación muy amplia para combatir el terrorismo, que el Gobierno usa a menudo para juzgar a periodistas que son críticos con el Ejecutivo. Muchos periodistas han sido procesados por el mero hecho de informar sobre actividades de grupos armados kurdos. Por otra parte, muchos profesionales de la información han sido encarcelados también en los últimos años por denuncias de conspiración contra el Gobierno por parte de los adversarios secularistas de Erdoğan.
Según denuncia el CPJ, los procesos a los periodistas turcos son una forma de presión del Gobierno sobre la prensa, «en una nación con una inclinación cada vez más autoritaria». No obstante, el informe de este año refleja asimismo un pequeño descenso en el número de periodistas presos, de 49 a 40, ya que algunos profesionales fueron puestos en libertad mientras esperaban juicio, y otros quedaron libres en atención al tiempo de cárcel cumplido durante las largas detenciones previas a sus juicios.
Muchos de los periodistas liberados en Turquía desde octubre de 2012 se encuentran todavía procesados. Uno de ellos, Nedim Sener, se enfrenta a hasta 15 años de cárcel, acusado de apoyar el supuesto complot terrorista relacionado con la red Ergenekon.
Tras la publicación del informe anual, la coordinadora del CPJ para Europa y Asia Central, Nina Ognianova, señaló que «en los últimos años, Turquía ha pasado de ser una esperanza a ser una preocupación en la región, con un espacio cada vez más reducido para la libertad de expresión». «Turquía se encuentra ahora en una encrucijada, y no es aún demasiado tarde para poder elegir entre el camino del autoritarismo y la censura, o el de la democracia y la tolerancia. Puede comenzar liberando a los 40 periodistas que permanecen en sus cárceles», añadió.
En cuanto a Irán, la cantidad de periodistas presos también ha descendido ligeramente, de 45 a 35, en este caso debido a que algunas sentencias caducaron y a que el Gobierno ha continuado aplicando una política de excarcelaciones temporales para algunos de los detenidos, quienes, sin embargo, no saben si tendrán que regresar a la cárcel o no, o cuándo lo harán. En cualquier caso, el CPJ denuncia que las autoridades iraníes continúan realizando arrestos y condenando a largas penas de cárcel a periodistas reformistas y miembros de minorías, a pesar de la elección en junio de un nuevo presidente, Hasan Rohaní.
En Egipto, donde no había ningún periodista en prisión en 2012, las autoridades encarcelaron en 2013 a un total de cinco profesionales. Tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Mursi el 3 de julio de 2013, el nuevo ejecutivo instalado con el apoyo de las Fuerzas Armadas detuvo a decenas de periodistas nacionales y extranjeros, en particular a aquellos críticos del nuevo gobierno o con simpatías hacia Mursi y los Hermanos Musulmanes. Posteriormente, la mayoría fueron liberados.
Un caso particular es Siria, donde el número de periodistas encarcelados por el régimen del presidente Bashar al Asad bajó de 15 a 12 con respecto a 2012, aunque el informe no contabiliza a los 30 reporteros desaparecidos en el país, que en su mayoría se cree fueron secuestrados por grupos armados de la oposición. Entre ellos hay tres españoles: el enviado especial de El Mundo Javier Espinosa, el fotógrafo frelance Ricardo García Vilanova, y el redactor de El Periódico Marc Marginedas.
Más información y fuentes:
» La cifra de periodistas presos en el mundo registra su segundo peor año (CPJ)
» Listado de periodistas encarcelados en el mundo en 2013, país por país y caso por caso
Más de la mitad de todos los periodistas encarcelados actualmente en el mundo se encuentran en prisiones de Turquía, Irán y China, y Turquía ostenta, por segundo año consecutivo, el triste récord de ser el país con más profesionales de… Leer
Entre los 60 millones de personas que siguieron en directo el pasado lunes el tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia de EE UU se encontraban varias decenas de presos de Guantánamo. Algunos de los detenidos en la base, considerados menos peligrosos o menos problemáticos, tienen permitido vivir en celdas comunitarias con acceso a televisión vía satélite. En dos de estas celdas los presos vieron el debate en la pantalla; en otra, lo siguieron por la radio. Probablemente, acabaron decepcionados. A pesar de que el cara a cara electoral estaba dedicado a política internacional, ni el actual presidente, Barack Obama, ni su rival, el candidato republicano, Mitt Romney, hicieron mención alguna a su situación o al destino de la prisión ilegal donde están recluidos. Se habló de Al Qaeda, de terrorismo, de seguridad… Pero, al igual que en los dos debates anteriores, ni una palabra sobre Guantánamo.
Hace cuatro años, el centro de detención de Guantánamo, en Cuba, era uno de los temas estrella en la campaña electoral. En un intento por pasar página sobre uno de los asuntos más polémicos del mandato de George W. Bush, tanto Obama como el republicano John McCain se comprometieron a cerrar la prisión si ganaban, y a poner fin al escándalo de mantener una cárcel donde centenares de capturados en la llamada «guerra global contra el terror» permanecían retenidos y desprovistos de los derechos constitucionales más básicos. Una cárcel que, además, cuesta una fortuna a los contribuyentes estadounidenses (es la más cara del mundo), en plena época de austeridad económica. Cuatro años después el centro sigue funcionando, 166 presos continúan encerrados entre sus alambradas y el debate sobre su futuro brilla por su ausencia.
Para Obama Guantánamo es un tema incómodo. Su deseo de cerrarla chocó de frente con el problema de trasladar a los detenidos a suelo estadounidense y con el veto republicano en el Congreso, pero no por ello deja de ser una promesa inclumplida. Y Romney, por su parte, no tiene mucho que decir: Guantánamo le parece bien como está.
No obstante, el relativo velo de silencio que parece cubrir a la que un día fuera la prisión ilegal más famosa del mundo se rasga de vez en cuando. Aunque con cuentagotas, noticias puntuales han vuelto a situar recientemente a Guantánamo en los titulares (la muerte de un preso, la salida de otro, una declaración en un juicio). Y un toque de atención importante podría venir ahora de la mano de Wikileaks.
La organización que lidera Julian Assange comenzó a a difundir esta semana un centenar de documentos del Departamento de Defensa de EE UU que recogen instrucciones para tratar a los sospechosos bajo custodia de las autoridades militares estadounidenses. Entre ellos hay manuales para las cárceles en Irak (incluida la tristemente famosa prisión de Abu Grhaib), y también para Guantánamo. Los detalles se irán conociendo en los próximos días, pero, de momento, Assange ya ha adelantado que los documentos tienen «una importancia histórica», porque «Guantánamo se ha convertido en el símbolo del abuso sistemático de los derechos humanos».
Estas son, cerca ya de once años después de su puesta en funcionamiento, las claves de la situación actual del centro de detención, en 10 preguntas y respuestas.
Una prisión de alta seguridad situada en una base naval que EE UU tiene en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Desde 2002, las autoridades estadounidenses la han usado como centro de detención para acusados de terrorismo, muchos de ellos capturados en Afganistán durante la invasión de este país que siguió a los atentados del 11-S en EE UU.
Guantánamo es una parte del sistema de centros de detención que mantiene EE UU en el exterior, y que incluye cárceles en Irak y Afganistán. Decenas de detenidos han sido llevados hasta esta prisión desde otros centros de detención secretos de la CIA.
El pasado 11 de enero se cumplieron 10 años del traslado de los primeros detenidos a Guantánamo. A finales de octubre de 2012 quedan en la base 166. Proceden de más de una veintena de países, aunque actualmente la mayor parte son yemeníes. Según las autoridades estadounidenses, en Guantánamo han llegado a estar recluidas hasta 779 personas. Casi todos, sin cargos ni juicio. Técnicamente, EE UU los considera «combatientes enemigos ilegales» (la mayoría están acusados de pertenecer a los talibanes o a Al Qaeda), y no prisioneros de guerra, por lo que entiende que no tiene por qué aplicarles la Convención de Ginebra y, por tanto, que puede retenerlos indefinidamente sin juicio y sin derecho a la representación de un abogado. No obstante, Washington ha admitido que, salvo los miembros de Al Qaeda, el resto de los prisioneros sí estarían amparados por las convenciones internacionales. Expertos y juristas hablan de «vacío legal».
Todos los detenidos (de más de 40 nacionalidades) que han pasado por Guantánamo o siguen allí son hombres y de religión musulmana. Una docena eran menores de edad cuando ingresaron. Al menos nueve han muerto en la cárcel, seis de ellos, suicidándose. Actualmente los prisioneros están encerrados en una prisión que es una réplica de una cárcel de máxima seguridad de EE UU. Los responsables del centro aseguran que el trato es «humano y justo».
Durante su campaña de 2008 para la presidencia, Barack Obama se comprometió a cerrar la prisión de Guantánamo y a derogar los tribunales militares para juzgar a presuntos terroristas. El día después de tomar posesión de su cargo, ya en 2009, el nuevo presidente ilegalizó las técnicas de tortura en los interrogatorios y firmó un decreto por el que ordenaba el cierre del centro de detención en el plazo de un año.
Un problema fundamental, sin embargo, ha hecho que esta orden haya caído en saco roto: El traslado de los detenidos a suelo estadounidense para ser juzgados o para ingresar en otra prisión. Los republicanos, con mayoría hasta ahora en el Congreso, se oponen frontalmente aduciendo que sería una amenaza para la seguridad nacional, y en dos ocasiones, en 2009 y 2010, el Congreso vetó el uso de fondos públicos (80 millones de dólares) para el traslado de los presos de Guantánamo a cualquier otro territorio del país.
El argumento republicano es que, en el supuesto de que algun juicio se declare nulo por, por ejemplo, el uso de torturas durante los interrogatorios, sospechosos de terrorismo podrían quedar en libertad dentro de las fronteras del país. El caso clave es el de Ahmed Ghailiani, el único detenido de Guantánamo que ha sido sometido a un juicio civil, y que fue absuelto en Nueva York de 284 de los 285 cargos presentados contra él, incluendo el delito de terrorismo (posteriormente fue condenado por los atentados contra las embajadas en Kenia y Tanzania). Su juicio paralizó cualquier otro intento de procesar a detenidos de Guantánamo en territorio de EE UU.
Sería una forma de acabar con la prisión, ya que todos los detenidos son extranjeros. Más de medio millar han sido transferidos de Guantánamo a otros países desde 2002. En concreto, a Afganistán, Albania, Alemania, Arabia Saudí, Argelia, Australia, Bahréin, Bangladesh, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Maldivas, Marruecos, Mauritania, Pakistán, Catar, Reino Unido, Rusia, Somalia, Sudán, Suecia, Tayikistán, Túnez, Turquía, Uganda y Yemen. No obstante, otros países se niegan acoger a sus propios nacionales detenidos, y algunos ponen condiciones que Washington considera inviables. El pasado mes de septiembre, el Departamento de Justicia anunció que otros 55 presos del centro podían ser transferidos a terceros países.
No. A lo largo de la legislatura, la Casa Blanca ha insistido en que permanece comprometida con «el difícil desafío de cerrar Guantánamo». Preguntado al respecto en un programa de televisión, hace un par de semanas, Obama declaró que «todavía quiero cerrar Guantánamo». El presidente reconoció que «no hemos sido capaces de sacar ese tema adelante en el Congreso» y agregó que «necesitamos poner en pie toda una nueva arquitectura legal y para ello hace falta la ayuda del Capitolio».
El candidato republicano aboga por mantener operativo el centro de detención. En 2007 dijo: «Me alegro de que [los detenidos] estén en Guantánamo. No los quiero en nuestro suelo. Los quiero en Guantánamo, donde no tienen acceso a los abogados a los que sí tendrían acceso en nuestro suelo. No los quiero en nuestras cárceles, los quiero allí. Algunos dicen que debríamos cerrar Guantánamo. Mi opinión es que deberíamos multiplicar Guantánamo por dos».
En enero de 2010 el Departamento de Justicia decidió que 50 de los entonces 196 detenidos en Guantánamo debían permanecer en la prisión indefinidamente, sin un juicio. En marzo de 2011, Obama dio marcha atrás y ordenó la reanudación de las comisiones militares en Guantánamo para los detenidos relacionados con los atentados del 11-S:uno de los cerebros del ataque (Jalid Shaij Mohamed), y cuatro de sus presuntos cómplices.
Hasta ahora, seis detenidos han sido condenados por una comisión militar, cuatro de ellos tras declararse culpables en virtud de un acuerdo de admisión de culpabilidad. Cuatro cumplen pena de Guantánamo y dos han sido repatriados. El Gobierno estadounidense tiene intención de pedir la pena de muerte para seis detenidos que han sido acusados para ser juzgados por una comisión militar. Según denuncia Amnistía Internacional, los seis fueron objeto de desaparición forzada bajo custodia secreta de la CIA con anterioridad a su traslado a Guantánamo, y todos ellos sufrieron tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes así como reclusión en régimen de incomunicación durante periodos de hasta cuatro años.
Entre junio de 2008 y finales de noviembre de 2011, la corte federal de primera instancia dictó 47 resoluciones sobre el fondo de peticiones de habeas corpus (obligación de presentar a todo detenido en un plazo concreto ante el juez, que puede ordenar su libertad inmediata si no encontrara motivo suficiente de arresto). En 22 casos, relacionados con 38 individuos, el juez resolvió que la detención era ilegítima. En 25 casos, el tribunal decidió que la detención era legítima en el marco de la «guerra contra el terror» de Estados Unidos. La Corte de Apelaciónde Washington DC ha emitido 16 resoluciones en apelación: en 12 de ellas falló en contra del detenido, y en las otras vcuatro devolvió el caso a la corte federal de primera instancia para que emprendiera nuevas actuaciones.
En abril de 2011, WikiLeaks difundió 759 documentos secretos del Pentágono que revelaban que el Gobierno de EE UU utilizó la prisión de Guantánamo de forma ilegal para obtener información de sus reclusos, muchos de ellos claramente inocentes. De acuerdo a los documentos oficiales filtrados, en la prisión de Guatánamo, Estados Unidos «creó un sistema policial y penal sin garantías en el que solo importaban dos cuestiones: cuánta información se obtendría de los presos, aunque fueran inocentes, y si podían ser peligrosos en el futuro».
A lo largo de 4.759 folios, firmados por los mandos de la base y enviados al Comando Sur del Departamento de Defensa de Miami, se daba cuenta de que sólo el 22% de los detenidos eran de alto interés para los servicios de inteligencia estadounidenses por la información que desvelaban en los interrogatorios, en muchos de los casos por delación, por lo que la mayoría fueron devueltos a sus países de origen o llevados a terceros países. Un total de 485 de ellos estuvieron recluidos al menos cuatro años.
El pasado jueves, Wikileaks comenzó a publicar un centenar de documentos del Departamento de Defensa de EE UU que recogen directrices y procedimientos para tratar los sospechosos bajo custodia de las autoridades militares estadounidenses en las cárceles en Irak y en Guantánamo. Entre los primeros publicados se encuentra un manual de procedimiento militar para el Campamento Delta de la base situada en Cuba, difundido entre el personal civil y militar en noviembre de 2002. En él se establecen las normas administrativas, el reglamento de confinamiento y el código de conducta de los funcionarios.
Varios de estos nuevos documentos están relacionados con interrogatorios a detenidos realizados en el pasado. Wikileaks asegura que, pese a que en ellos se especifica que la violencia física directa estaba prohibida, los documentos también revelan que «una política sistemática de aterrorizar a los detenidos durante los interrogatorios, combinada con una política de destruir las grabaciones de los mismos, dio como resultado abusos e impunidad».
Hamed Abderraman Ahmed, el único ciudadano español que estuvo retenido en Guantánamo (permaneció en la base desde febrero de 2002 hasta febrero de 2004, cuando fue extraditado a España), fue condenado en 2005 a seis años de prisión en España por integración en organización terrorista. En julio de 2006 fue puesto en libertad tras ser absuelto por el Tribunal Supremo. Vive en Ceuta.
Publicado originalmente en 20minutos
Entre los 60 millones de personas que siguieron en directo el pasado lunes el tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia de EE UU se encontraban varias decenas de presos de Guantánamo. Algunos de los detenidos en la base, considerados menos peligrosos o menos problemáticos, tienen permitido vivir en celdas comunitarias con acceso a televisión vía satélite. En dos de estas celdas los presos vieron el debate en la pantalla; en otra, lo siguieron por la radio. […]
El presidente del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR), Nabil Rajab, ha sido condenado este jueves a tres años de cárcel por haber participado en protestas contra el Gobierno de Bahréin, según informó su abogado Mohamed al Jishi. Rajab ha sido llamado a declarar por la fiscalía en reiteradas ocasiones en los últimos meses, y permaneció detenido entre el 5 y el 28 de mayo, y de nuevo a partir del 6 de junio, a causa de unas afirmaciones que publicó en su cuenta de Twitter, en las que pedía la dimisión del primer ministro, Jalifa bin Salman Al Jalifa, informan Reuters y Europa Press. Actualmente, cumplía una pena de tres meses de cárcel por las críticas realizadas en la red social.
En su mensaje, publicado tras la visita del primer ministro a la localidad de Muharraq, Rajab pedía su dimisión y afirmaba: «Todo el mundo sabe que no eres popular, y que si no fuera por su necesidad de dinero, [los residentes de Muharraq] no te habrían dado la bienvenida».
Este jueves, añade Europa Press, el tribunal ha condenado a Rajab por haber participado hasta en tres ocasiones en manifestaciones antigubernamentales no autorizadas. Su abogado explicó que el activista ha sido condenado a un año de cárcel por cada una de las manifestaciones en las que ha sido probado que tomó parte.
Amnistía Internacional ha exigido a las autoridades que liberen a Rajab, a quien calificó de «preso de conciencia». En un comunicado, Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de esta ONG, señaló:
Como muchas otras personas detenidas en Bahréin, Nabil Rajab es preso de conciencia, encarcelado únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión. Debe ser puesto en libertad de inmediato y con la garantía de que se anulan su sentencia condenatoria y su condena. Además, las autoridades deben tomar también medidas para garantizar que todos los defensores de los derechos humanos pueden realizar su trabajo sin temor a sufrir represalias.
Esta última sentencia tira por tierra la fachada de reformas de Bahréin. Ante tan patentes e implacables tácticas de supresión de la disidencia, la comunidad internacional no puede creerse ya que el país esté llevando a cabo reformas. Los socios internacionales de Bahréin tienen que decirles alto y claro a las autoridades bahreiníes cuál es la situación.
Por su parte, Annie Game, directora ejecutiva de la de la red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX, por sus sigas en inglés), indicó:
Al condenar a Nabil a la cárcel, el gobierno de Bahréin está enviando un fuerte mensaje al mundo mostrando que no le preocupan los derechos humanos. Con esta decisión, la reputación internacional del Reino sigue estando en juego. Encarcelar al defensor de los derechos humanos más prominente del país es una señal preocupante para otros que se niegan a guardar silencio sobre el triste historial de los derechos humanos en Bahréin.
En febrero de 2011 comenzó una serie de protestas contra el Gobierno bahreiní y la familia real de los Al Jalifa, que gobierna el país desde 1783. Tras una dura represión y la aprobación del estado de emergencia, que se mantuvo desde marzo hasta junio, las concentraciones se redujeron, pero en los últimos meses se han sucedido casi a diario, mientras el Gobierno ha prometido aprobar una serie de reformas.
Leer también: La desesperada lucha por los derechos humanos en Bahréin
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El expresidente egipcio Hosni Mubarak, durante el juicio en que ha sido condenado a cadena perpetua. Foto: AFO / Getty Images
Miles de egipcios se han echado a la calle este sábado para protestar por la sentencia que, finalmente, condena al expresidente Hosni Mubarak a cadena perpetua, como responsable de la represion policial que causó más de 800 muertos durante las protestas de 2011 que acabaron con su derrocamiento. Los manifestantes exigen que Mubarak sea condenado también por corrupción y desvío de fondos públicos, cargos de los que estaba asimismo acusado, pero de los que, al igual que sus hijos, Alaa y Gamal, ha sido absuelto. También creen que la sentencia no es lo suficientemente dura. Es decir, piden la pena de muerte.
Pero lo cierto es que la condena, aunque haya resultado decepcionante para muchos (especialmente para las víctimas del régimen), es histórica. Nunca antes un presidente egipcio había sido llevado a juicio, y éste lo ha hecho, además, como resultado de una revolución que, con todas sus imperfecciones, sus incertidumbres y sus dependencias, ha nacido del pueblo. Aparte de que arreglar cuentas con el pasado en pleno proceso de transición (los resultados de las elecciones siguen pendientes) nunca es fácil.
La decisión de no condenar a Mubarak por corrupción es, cuando menos, sorprendente, pero la de no asesinar al asesino es siempre una buena noticia. De todos modos, a juzgar por la salud del expresidente egipcio (ya le ha dado una crisis cardiaca nada más escuchar la sentencia), tampoco parece que vaya a durar mucho…
Miles de egipcios se han echado a la calle este sábado para protestar por la sentencia que, finalmente, condena al expresidente Hosni Mubarak a cadena perpetua, como responsable de la represion policial que causó más de 800 muertos durante las protestas de 2011 que acabaron con su derrocamiento. Los manifestantes exigen que Mubarak sea condenado también por corrupción y desvío de fondos públicos, […]
Sacudirse los malos hábitos puede ser un proceso lento, y no parece que Egipto vaya a ser una excepción. Un tribunal militar de este país ha condenado hoy a tres años de cárcel (tres años) a un bloguero acusado de publicar calumnias e injurias contra las Fuerzas Armadas, en lo que los grupos en defensa de los derechos humanos consideran ya la primera violación importante de la libertad de expresión desde la caída de Hosni Mubarak.
El bloguero, Maikel Nabil Sanad, de 25 años de edad, fue detenido el pasado 29 de marzo e interrogado por haber publicado supuestas «informaciones falsas», como el empleo de la fuerza por parte del Ejército contra los manifestantes durante las protestas populares que estallaron el pasado 25 de enero.
Entre las informaciones que publicó Nabil en su blog figuran también, según informa la agencia Efe, una en la que afirma que el Ejército torturó a manifestantes dentro del Museo Egipcio de El Cairo y otra en que la asegura que los militares comprobaron la virginidad de varias chicas en una cárcel militar.
Varias ONG pidieron el pasado marzo a la cúpula militar que investigara éstas y otras denuncias en este sentido realizadas por numerosos participantes en las protestas. El Ejército calificó de «injurias» estas informaciones, así como los comentarios de Nabil.
La libertad de expresión está garantizada, al menos en teoría, por la Constitución provisional aprobada por la junta militar que dirige el país hasta la celebración de las próximas elecciones. Las reformas constitucionales acaban de ser ratificadas por el pueblo en referéndum.
Esta es la tercera vez que un bloguero comparece ante un tribunal militar en Egipto, pero las dos anteriores ocurrieron antes de la caída del régimen de Mubarak.
El caso de Nabil ha cobrado especial notoriedad al tratarse del primero ocurrido tras el triunfo de la revolución egipcia, pero no es el único.
El pasado 20 de febrero fue detenido en Siria Ahmad Hadifa, conocido como Ahmad Abu Al-Kheir. Ahmad, que tiene 28 años y es estudiante de periodismo, se había atrevido a denunciar en su blog la represión que sufren otros blogueros sirios, aprovechando para exigir al régimen de Bashar al Asad cambios democráticos.
Hadifa fue finalmente liberado tras pasar cuatro días en prisión, pero otros no han tenido tanta ‘suerte’. Varias organizaciones de derechos humanos han exigido al Gobierno sirio que desvele el paradero de Firaz Akram Mahumd, Ahmed Ben Farhan y Ahmed Ben Abdelhalim, otros blogueros que podrían estar detenidos.
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