Manifestantes muestran pancartas con el símbolo conmemorativo de la masacre de Rabaa, o Rabia (R4BIA), en El Cairo, el 23 de agosto de 2013. Foto: H. Elrasam / VOA / Wikimedia Commons
A las cinco y media de la mañana del 14 de agosto de 2013, hace hoy un año, fuerzas policiales y del ejército egipcio rodearon la zona de El Cairo en torno a las mezquitas de Al Raba y Al Adawiya, donde miles de partidarios del depuesto presidente Mohamed Mursi llevaban semanas desafiando al Gobierno en una masiva, y pacífica, acampada de protesta. Mursi, respaldado por la organización islamista de los Hermanos Musulmanes, había sido derrocado un mes antes por los militares en un golpe de Estado.
A través de megáfonos, las fuerzas de seguridad ordenaron a los manifestantes que desmantelasen el campamento y abandonasen el lugar. La mayoría no oyeron los mensajes, o simplemente no hicieron caso, determinados a mantener su protesta. Poco después, todas las salidas de la plaza fueron bloqueadas por vehículos blindados, al tiempo que se desplegaba un gran dispositivo militar y policial, con bulldozers, tropas de asalto y hasta francotiradores de élite en helicópteros. La mezquita, en la que se habían refugiado mujeres y niños, se incendió. Centenares de manifestantes fueron detenidos; muchos de ellos acabaron siendo «golpeados, torturados o ejecutados directamente». La trágica jornada se saldó con al menos 817 muertos. Esos son, en cualquier caso, los identificados hasta ahora. La cifra real podría superar los 1.150.
Todo según lo planeado: la masacre de Raba y la matanza de manifestantes en Egipto. Así titula Human Rights Watch el informe, de 188 páginas y publicado este martes, en el que esta organización documenta con todo detalle lo ocurrido hace un año en El Cairo, denuncia que la masacre fue premeditada, atribuye la responsabilidad a varios altos cargos del Gobierno (incluido el actual presidente, Abdel Fatah al Sisi), y sostiene que los hechos podrían constituir un crimen contra la humanidad.
«En la plaza de Raba, las fuerzas de seguridad egipcias cometieron en un solo día una de las matanzas de manifestantes más numerosas de la historia reciente», dijo el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, en la presentación del informe, un documento que compara esta masacre con la de la plaza de Tiananmen de Pekín en 1989.
Roth, acompañado de la directora de HRW para Oriente Medio, Sarah Leah Whitson, viajó a Egipto el pasado domingo para hacer públicos los resultados de la investigación, pero, tras pasar 12 horas retenidos en el aeropuerto de El Cairo, las autoridades les negaron la entrada alegando «razones de seguridad». El informe tuvo que ser presentado por videoconferencia. Según indicó Roth posteriormente, era la primera vez en 25 años que Egipto impedía la entrada a HRW, una organización que también ha condenado en el pasado los abusos cometidos por los Hermanos Musulmanes.
Para elaborar el informe, los investigadores de HRW entrevistaron a más de 200 testigos, incluyendo manifestantes, médicos, periodistas y vecinos de la zona. También revisaron docenas de grabaciones de vídeo y analizaron las declaraciones de varios mandatarios egipcios.
El Gobierno de Al Sisi ha calificado el documento de «sesgado», y critica el hecho de que muchos de los testimonios incluidos sean anónimos. El texto reconoce, por otra parte, que algunos manifestantes estaban armados (se encontraron 15 armas de fuego en el campamento), una circunstancia que constituyó el principal argumento de las autoridades para justificar la violencia policial. No obstante, HRW indica que el uso de la fuerza fue «completamente desproporcionado», ya que los civiles armados eran una pequeña minoría. «Las pruebas muestran que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la multitud desde los primeros minutos de la dispersión», indicó Roth.
Human Rights Watch escribió al Ministro del Interior egipcio, a la Oficina del Ministerio Público, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Embajada de Egipto en Washington, instando a las autoridades egipcias a que expresaran sus opiniones sobre el informe. No recibió respuestas concretas a ninguna de estas peticiones.
«Cueste lo que cueste»
Según señala la ONG, numerosos comunicados y registros de reuniones gubernamentales indican que oficiales de alto rango eran conscientes de que los ataques causarían un gran número de víctimas: «En el mayor incidente, el desalojo de los campamentos de Al Raba y Al Nahda, el Gobierno anticipó e hizo planes para la muerte de varios miles de manifestantes», indica el documento. HRW denuncia que, un año después, las fuerzas de seguridad continúan negando las acusaciones y que «ni un solo oficial de la policía o del ejército ha tenido que rendir cuentas por estas muertes».
Entre los mandos que, según HRW, deberían ser investigados por existir pruebas de su responsabilidad se encuentran el entonces ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, quien «elaboró el plan de desalojo, supervisó su aplicación, y reconoció que había ordenado a las Fuerzas Especiales que «avanzaran y purificasen» los edificios clave de la plaza de Raba»; el entonces ministro de Defensa y actual presidente del país, Abdel Fatah al Sisi, quien «desempeñó un papel de mando sobre las fuerzas armadas que abrieron fuego contra los manifestantes los días 5 y 8 de julio, supervisó la seguridad nacional como vice primer ministro para Asuntos de Seguridad, y reconoció haber pasado «muchos largos días discutiendo los detalles» del desalojo de Raba»; y el comandante de las Fuerzas Especiales durante la operación en Raba, Medhat Menshawy, quien «se jactó de haberle dicho él mismo al ministro Ibrahim, desde la plaza Raba, en la mañana del 14 de agosto, que “atacaremos cueste lo que cueste”».
«Hemos compartido nuestro informe con altos funcionarios egipcios, y esperábamos tener reuniones con representantes [del Gobierno] para discutir nuestras conclusiones y recomendaciones, pero parece que el Gobierno egipcio no desea hacer frente a la realidad de estos abusos, y mucho menos que los responsables rindan cuentas», dijo Roth.
Al menos tres personas murieron este jueves, una de ellas un policía, y decenas resultaron heridas en las manifestaciones convocadas por los islamistas para conmemorar el primer aniversario de la masacre.
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«La euforia de la Primavera Árabe ha dado paso al complicado desafío de crear democracias en las que se respeten los derechos humanos. La voluntad de los nuevos gobiernos de respetar los derechos humanos determinará si estos levantamientos dieron lugar a una verdadera democracia o simplemente generaron nuevas formas de autoritarismo. […] La creación de un estado en el que se respeten los derechos humanos puede ser una labor minuciosa que exige desarrollar instituciones eficaces para la gestión de gobierno, establecer tribunales independientes, crear una policía profesional y resistirse a la tentación de las mayorías de prescindir de los derechos humanos y el estado de derecho. Sin embargo, la dificultad para establecer una democracia no justifica que se intente volver al antiguo régimen. […] Las incertidumbres de la libertad no son una razón para volver a la previsibilidad impuesta del régimen autoritario. […] El camino por recorrer puede ser traicionero, pero la alternativa es condenar a países enteros a un sombrío futuro de opresión».
Portada del Informe Mundial 2013 de Human Rights Watch
Como cada año (y van ya 23), la ONG hace un extensivo repaso, Estado por Estado, de la situación de los derechos humanos en el mundo. Y, como cada año, los países de Oriente Medio, pese a haber experimentado algunos pocos avances, no salen precisamente bien parados.
«La tensión entre el gobierno de la mayoría y el respeto por los derechos humanos constituye quizá el reto más importante para los nuevos gobiernos», indica Roth. «Es natural que los líderes de Oriente Medio estén ansiosos por ejercer este nuevo respaldo electoral, pero tienen el deber de gobernar sin sacrificar las libertades fundamentales ni los derechos de las minorías, las mujeres y otros grupos en riesgo», añade.
Este es, con algo de retraso, un breve resumen del diagnóstico de la región elaborado por Human Rights Watch. Para más información (la mayoría, en inglés) sobre cada país, pinchar en el enlace correspondiente.
En 2012 aumentaron las detenciones y los juicios a disidentes pacíficos en Arabia Saudí, y el Gobierno respondió con la fuerza a las manifestaciones de los ciudadanos. Las autoridades continuaron reprimiendo, o dejando sin protección, los derechos de las mujeres y las niñas, así como los de los trabajadores extranjeros. Además, y como en años anteriores, «miles de personas» sufrieron juicios injustos o fueron detenidas de forma arbitraria, entre ellos al menos media docena de defensores de los derechos humanos y otros varios que exigían reformas políticas de forma pacífica.
Entre enero y septiembre de 2012, ArabiaSaudíejecutó a al menos a69 personas,en su mayoríapor asesinato odelitos de drogas, pero también, en al menos un caso, por «brujería».
El Gobierno saudí no tolerael culto públicodereligionesdistintas del islamy discrimina de manera sistemáticaa las minoríasmusulmanaschiíes e ismailíes.
La Comisión Independiente, nombrada por el rey Hamad bin Isa Al Jalifa para investigar la respuesta del Gobierno de Bahréin a las manifestaciones en favor de la democracia de febrero y marzo de 2011, publicó sus conclusiones a finales de noviembre de 2011. La Comisión concluyó que la policía se había excedido en su uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos, y también que había habido detenciones arbitrarias, maltrato, torturas, y falta de juicios justos.
Algunos funcionarios de seguridad de bajo rango fueron investigados en relación con las denuncias de tortura, pero el Gobierno no aplicó plenamente las recomendaciones más importantes de la Comisión, incluyendo la liberación de los líderes de las protestas condenados por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, o la investigación de los funcionarios responsables de los abusos.
La población de Catar creció en 2012 un 5% debido, principalmente, a la afluencia de mano de obra extranjera para cubrir las demandas del sector de la construcción. Catar tiene la mayor proporción de habitantes no nacionales del mundo, en torno al 88% de la población total. Aún así, la legislación para patrocinar a extranjeros y que puedan convertirse en ciudadanos de pleno derecho es una de las más restrictivas, y tanto el trabajo forzoso como la trata de personas continúan siendo, según HRW, «problemas graves».
A pesar de la puesta en marcha de grandes proyectos como la preparación de Catar para ser sede del Mundial de Fútbol en 2022 (proyectos que requerirán miles de trabajadores), el Gobierno no ha abordado estas deficiencias legales.
Por otra parte, el pasado mes de junio el Consejo de la Shura aprobó un nuevo proyecto de ley sobre medios de comunicación y libertad de expresión que, según denuncia HRW, puede poner en peligro la reputación de Catar como país respetuoso con la libertad de prensa. Los medios locales tienden a autocensurarse, y la ley contempla sanciones penales, incluidas penas de cárcel, por difamación.
En 2012 Egipto celebró elecciones democráticas parlamentarias y presidenciales, y puso fin a 31 años de gobierno mediante leyes de emergencia. Sin embargo, HRW denuncia que siguió existiendo abuso e impunidad policiales, así como restricciones a las libertades de expresión, asociación y religión. También permanecieron vigentes muchas limitaciones a los derechos de las mujeres y los trabajadores.
La policía siguió usando la tortura en las comisarías y los lugares de detención, sobre todo durante las investigaciones de casos penales normales, pero también en algunos casos políticos. Se denunciaron asimismo casos de torturas a manifestantes detenidos en El Cairo en agosto y noviembre.
La tortura produjo al menos 11 casos de muertes durante la custodia policial. La policía también se excedió en el uso de la fuerza, tanto en el control de las manifestaciones como en su labor habitual. Se produjeron asimismo torturas a manos de las fuerzas armadas.
HRW afirma que en Egipto aún no ha habido un auténtico proceso judicial para que rindan cuentas los responsables los crímenes cometidos durante el régimen de Mubarak, y que tampoco se han exigido responsabilidades reales por la violencia ejercida durante el levantamiento de enero de 2011, que se saldó con 846 muertos.
En 2012 los fiscales militares continuaron enjuiciando a civiles ante tribunales militares, incluso después de que Mohamed Mursi asumiera la presidencia.
El acoso sexual sistemático a las mujeres en espacios públicos continuó sin que el Gobierno intentara realmente intervenir o detenerlo.
La situación de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos empeoró en 2012. Las autoridades detuvieron arbitrariamente y expulsaron del país a activistas de la sociedad civil, e intimidaron a sus abogados. También hubo problemas en el trato a los trabajadores inmigrantes, incluyendo falta de seguridad en los lugares de trabajo, retención de documentos de viaje, bajos salarios o directamente impagos de sueldo, a pesar de existir un sistema de pago electrónico obligatorio desde 2009.
En cuanto a la libertad de expresión, el Gobierno intensificó su intento de silenciar a los críticos con la élite gobernante. Las autoridades detuvieron sin cargos a 61 defensores de los derechos humanos y activistas, con el pretexto de que trataban de dañar la seguridad nacional.
La situación de los derechos humanos en Irak sigue siendo precaria, sobre todo en lo que se refiere a periodistas, activistas y mujeres y niñas. Las fuerzas de seguridad continuaron deteniendo arbitrariamente y, en algunos casos, torturando, y se celebraron juicios sin las necesarias garantías legales.
El Ministerio de Justicia informó de un número récord de ejecuciones en 2012, pero proporcionó poca información sobre la identidad de los ejecutados. Mientras, las fuerzas de seguridad continuaron respondiendo de forma intimidatoria a protestas pacíficas, así como acosando a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno.
Por otro lado, el Parlamento iraquí aprobó una ley que penaliza la trata de personas, pero aún tiene que aplicarla efectivamente. Y en la región autónoma del Kurdistán, el Gobierno regional sigue sin adoptar medidas para aplicar la ley aprobada en 2011 que prohíbe la mutilación genital femenina.
Todo ello, en un clima de violencia continua, con cientos de civiles y policías muertos en atentados y asesinatos selectivos.
En 2012, las autoridades iraníes prohibieron a los candidatos de la oposición participar en las elecciones parlamentarias, e importantes dirigentes opositores permanecieron bajo arresto domiciliario, situación en la que algunos llevan ya más de un año y medio.
Las ejecuciones, en especial por delitos relacionados con drogas, continuaron siendo numerosas (más de 600, solo por detrás de China, según Amnistía Internacional), y el Gobierno hostigó y persiguió a activistas, abogados, defensores de los derechos humanos, estudiantes y, especialmente, periodistas, al tiempo que anunció planes para aumentar su control sobre el uso de Internet.
Varias universidades prohibieron a las mujeres matricularse en determinadas carreras, incluyendo ciencias e ingeniería, y establecieron cupos que limitan el número de mujeres en algunos cursos.
HRW indica que en 2012 continuaron las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional, tanto en Israel como en Gaza y Cisjordania.
La organización recuerda el «nuevo conflicto armado entre Israel y Hamás», que, entre el 14 y el 21 de noviembre, incluyó «ataques ilegales contra civiles por ambas partes». Al menos 103 civiles palestinos y cuatro civiles israelíes murieron durante el conflicto, que concluyó con un alto el fuego negociado con la ayuda de Egipto y Estados Unidos.
Las fuerzas israelíes mataron a al menos cuatro civiles palestinos frente a la costa de Gaza y en la zona de exclusión de la Franja, junto a la valla fronteriza. Las autoridades israelíes destruyeron casas y otras propiedades recurriendo a «prácticas discriminatorias», desplazando por la fuerza a residentes palestinos de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y a beduinos ciudadanos de Israel. En Cisjordania, colonos israelíes hirieron a al menos 150 palestinos. El Gobierno israelí continuó imponiendo severas restricciones al derecho de libre circulación de los palestinos, autorizando asentamientos ilegales en los territorios ocupados y deteniendo arbitrariamente a ciudadanos palestinos, incluyendo manifestantes pacíficos. HRW denuncia asimismo que Israel, «en connivencia con Egipto», siguió impidiendo la reconstrucción de la devastada economía de Gaza mediante el bloqueo de prácticamente todas las exportaciones de la Franja. Israel también sigue prohibiendo a los residentes de Gaza viajar a Cisjordania, y el uso israelí de la fuerza letal contra los palestinos cerca de la frontera priva a estos últimos del acceso al 35% de las tierras agrícolas de Gaza y al 85% de sus aguas de pesca.
Por su parte, las autoridades de Hamás llevaron a cabo en Gaza seis ejecuciones en 2012 (en algunos casos tras juicios injustos), y otros siete fueron ejecutados sin juicio durante los ataques israelíes de noviembre, acusados de colaboracionismo. El Gobierno de Gaza negó frecuentemente a los detenidos el acceso a sus abogados, y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo arrestos arbitrarios y torturas. Además, las autoridades suprimen continuamente la disidencia política y los derechos de libre asociación y de reunión pacífica. Grupos armados palestinos en Gaza lanzaron más de 1.400 cohetes que impactaron en Israel a partir de noviembre de 2012. La gran mayoría de estos cohetes fueron lanzados indiscriminadamente hacia zonas pobladas. Mientras, en Cisjordania, los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina golpearon a manifestantes pacíficos y hostigaron a periodistas y activistas en Internet. También hubo detenciones arbitrarias.
A lo largo de 2012, las autoridades jordanas recurrieron cada vez con más frecuencia a la fuerza, a las detenciones arbitrarias y a las «acusaciones politizadas», como respuesta a las continuas manifestaciones ciudadanas para pedir reformas políticas y económicas.
En octubre fue nombrado el quinto primer ministro desde que en enero de 2011 dieron comienzo las protestas. El rey Abdulá II convocó elecciones parlamentarias anticipadas, que se celebraron en enero de 2013 bajo una polémica ley electoral que, según la oposición, favorece a los candidatos leales al régimen.
Por otra parte, en agosto el Parlamento aprobó una enmienda a la ley de pasaportes por la que se eliminó el consentimiento obligatorio del marido para que una mujer pueda obtener este documento. No obstante, HRW señala que el código de estatus personal sigue siendo discriminatorio: los matrimonios entre mujeres musulmanas y hombres no musulmanes no son reconocidos y, según señala la ONG, una madre no musulmana puede perder sus derechos de custodia al cumplir el niño los siete años de edad.
Al margen de la crisis política e institucional que vivió Kuwait durante todo el año pasado, y que desembocó en las boicoteadas elecciones de diciembre, el Gobierno kuwaití ha seguido excluyendo de la plena ciudadanía a miles de personas apátridas (conocidos como bidun), a pesar del largo tiempo que llevan residiendo en el país, donde en muchos casos han echado ya raíces. Muchas protestas de estos bidun fueron dispersadas violentamente.
Asimismo, las autoridades procesaron penalmente a individuos por expresar opiniones políticas, incluyendo comentarios en Internet, a pesar de que lo hicieron de manera pacífica. Como dato positivo, los tribunales emitieron dos sentencias históricas por las que se acababa con la discriminación, sancionada legalmente hasta entonces, de las mujeres en los sectores judicial y de la educación.
En 2012 se estancaron importantes reformas en Líbano. Proyectos de ley que prevén acabar con la tortura, mejorar el tratamiento de los trabajadores domésticos inmigrantes y proteger a las mujeres contra la violencia de género siguieron paralizados en el Parlamento.
Las mujeres sufren discriminación en las leyes sobre el estatuto personal, y los grupos más vulnerables, así como lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, denunciaron haber sido maltratados por miembros de las fuerzas de seguridad durante detenciones y bajo custodia.
Las autoridades libanesas y las organizaciones humanitarias han prestado asistencia a la afluencia de refugiados sirios que huyen de la guerra en el país vecino, pero las necesidades van en aumento. Y aproximadamente 300.000 refugiados palestinos en el Líbano viven en pésimas condiciones sociales y económicas.
Las autoridades de Omán restringieron en 2012 el derecho a la libertad de expresión mediante leyes que castigan penalmente la supuesta difamación. Más de 30 activistas en favor de reformas políticas fueron condenados a entre 12 y 18 meses de prisión, y se impusieron elevadas multas bajo la acusación de «difamación del sultán». El Gobierno restringió asimismo las libertades de asociación y de reunión, tanto en la legislación como en la práctica.
Tras las grandes manifestaciones populares de principios de 2011, y siguiendo un decreto del sultán Qabus bin Said, desde finales de ese año el Consejo de la Shura, la mayoría de cuyos miembros son elegidos, ejerce facultades legislativas y de control, aunque de forma limitada.
Por otra parte, y a pesar de que el artículo 17 de la Ley Orgánica de Omán prohíbe la discriminación por motivos de género, y de que las autoridades han hecho esfuerzos para asegurar que las mujeres estén visiblemente representadas en los más altos niveles del Gobierno y la sociedad, la interpretación que hacen los jueces del derecho de familia se traduce a menudo en una discriminación contra la mujer en materia de divorcio, custodia de los hijos, herencia, y tutela legal.
Human Rights Watch constata que el levantamiento de Siria se volvió cada vez más sangriento en 2012, a medida que la represión del Gobierno contra las protestas callejeras acabó convirtiéndose en un conflicto armado. Las fuerzas gubernamentales y las milicias progubernamentales conocidas como shabiha torturaron a detenidos y cometieron ejecuciones extrajudiciales en las zonas bajo su control.
Algunas fuerzas de la oposición también cometieron abusos graves como como secuestros, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas, así como ejecuciones extrajudiciales o sumarias de miembros de las fuerzas de seguridad, partidarios del Gobierno y personas identificadas como shabeha.
Según fuentes de la oposición, en el momento de redactarse el informe habían muerto ya 34.346 civiles en el conflicto.
HRW denuncia que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo varias grandes operaciones militares en pueblos y ciudades conflictivas de todo el país, dando lugar a asesinatos en masa, y que han sometido a decenas de miles de personas a detenciones arbitrarias, detenciones ilegales, desapariciones forzadas, malos tratos y torturas, recurriendo a una extensa red de centros de detención en toda Siria. Muchos de los detenidos eran hombres jóvenes de entre 20 y 30 años, pero también había niños, mujeres y ancianos.
La expansión e intensificación de la lucha han provocado una situación humanitaria desesperada con cientos de miles de desplazados internos o que buscan asilo en países vecinos. Irak, Jordania, Líbano y Turquía prácticamente abrieron sus fronteras a más de 341.000 refugiados de la vecina Siria. Sin embargo, en violación del derecho de los sirios a buscar asilo, entre mediados y fines de agosto, Irak y Turquía comenzaron a denegar el acceso a sus territorios a decenas de miles de personas, ya fuera fijando un límite al número y perfiles de personas que dejaban cruzar al día, o cerrando completamente los pasos fronterizos y permitiendo solo entradas esporádicas de grupos muy limitados.
Los sirios varados como consecuencia de estos límites quedaron en condiciones de pobreza y ante el riesgo de sufrir ataques aéreos y de artillería de las fuerzas gubernamentales. Los cuatro países denegaron a los sirios un estatus legal seguro y, después de julio, Jordania y el Gobierno central iraquí obligaron a todos los recién llegados a vivir en campamentos cerrados.
El Gobierno islamista turco del partido Justicia y Desarrollo logró el crecimiento económico en 2012 y trató de ejercer un papel de liderazgo regional, pero, según HRW, no tomó medidas contundentes para hacer frente a un empeoramiento de los derechos humanos y a un creciente déficit democrático.
Los fiscales y los tribunales continuaron recurriendo a las leyes antiterroristas para enjuiciar y prolongar el encarcelamiento de miles de activistas políticos kurdos, defensores de los derechos humanos, estudiantes, periodistas y sindicalistas. La libertad de expresión de los medios de comunicación se mantuvo restringida, y hubo muchos casos de juicios injustos, así como periodistas detenidos.
En marzo, el Parlamento aprobó una ley para establecer una institución nacional de derechos humanos, y en junio, un defensor del pueblo para examinar las quejas contra funcionarios públicos de todos los niveles. No obstante, grupos de defensa de los derechos humanos criticaron el control gubernamental de los nombramientos.
En cuanto al conflicto kurdo, la violencia aumentó significativamente en 2012 con respecto a años anteriores, con cientos de muertes, tanto de soldados gubernamentales como del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Miembros del PKK secuestraron a personal de seguridad y a civiles, incluidos políticos locales, parlamentarios y maestros. HRW señala que la falta de una solución para la cuestión kurda sigue siendo el mayor obstáculo para el progreso de los derechos humanos en Turquía.
El frágil gobierno de transición que sucedió al presidente Ali Abdullah Saleh en 2012 se enfrenta a múltiples desafíos para poner fin a violaciones de derechos humanos en Yemen, como detenciones arbitrarias, ataques a la libertad de expresión y de reunión, o la existencia de niños soldado.
HRW reconoce que ha disminuido la lucha relacionada con la agitación política, pero recuerda que los enfrentamientos sectarios en el norte del país continuaron en 2012, así como los combates entre el Gobierno y la rama yemení de Al Qaeda, en el sur.
Además, el país se enfrenta a una crisis humanitaria cada vez mayor: casi la mitad de la población carece de alimentos suficientes. Saleh abandonó el cargo en febrero de 2012, en virtud de un acuerdo negociado por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y respaldado en su mayoría por el Consejo de Seguridad de la ONU, los Estados Unidos y la Unión Europea.
Como parte del acuerdo, el Parlamento de Yemen concedió inmunidad a Saleh ante los crímenes políticos cometidos durante sus 33 años de gobierno. La ley de inmunidad, señala HRW, viola las obligaciones jurídicas internacionales de Yemen para perseguir graves violaciones de los derechos humanos, incluidos los ataques de las fuerzas del orden y los grupos progubernamentales, que causaron al menos 270 muertos durante las manifestaciones.
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Mohammed Salama, un ciudadano con doble nacionalidad, saudí y estadounidense, fue detenido el pasado 30 de abril en su domicilio de Riad, la capital de Arabia Saudí. El arresto se produjo después de que Salama publicase en su cuenta personal de Twitter una serie de mensajes en los que criticaba algunas interpretaciones (hadiz) de las enseñanzas del profeta Mahoma. Salama sigue arrestado, sin que se hayan presentado aún cargos contra él. Su caso lo ha denunciado este miércoles la ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
«Ni Salama ni su familia han sido informados de cuáles son las acusaciones en su contra», señala Joe Stork, subdirector para Oriente Medio de HRW, en un comunicado. Stork exige la liberación inmediata del detenido y añade: «Nadie debe languidecer en prisión sin cargos, y menos aún por expresar una opinión pacífica».
La legislación saudí establece en un máximo de seis meses el tiempo que una persona puede permanecer detenida sin cargos. Salama cumplió esos seis meses el 30 de octubre. Según la familia, el Ministerio Público dijo en septiembre que la investigación del caso no había concluido aún.
En sus mensajes en Twitter, publicados el pasado mes de marzo, Salama comentaba y cuestionaba en conversaciones online algunas de las interpretaciones tradicionales de los hadiz. Decía, por ejemplo, que «el propio Profeta cuestionó el Corán», o que «[tener] pensamientos sobre el suicidio es normal, porque el mismo Profeta también llegó a contemplarlo». Salana subió asimismo un vídeo a YouTube, en el que criticaba las opiniones políticas de un clérigo. Algunos usuarios anónimos pidieron su arresto e incluso su ejecución.
El caso de Salama no es el único. Human Rights Watch recuerda que otro ciudadano saudí, Hamza Kashgari, de 23 años de edad, ha estado bajo custodia policial desde el pasado 12 de febrero por haber publicado una serie de mensajes en Twitter sobre religión considerados apóstatas por las autoridades religiosas del gobierno.
Mohammed Salama, un ciudadano con doble nacionalidad, saudí y estadounidense, fue detenido el pasado 30 de abril en su domicilio de Riad, la capital de Arabia Saudí. El arresto se produjo después de que Salama publicase en su cuenta personal… Leer
Al final, los únicos inocentes en cualquier guerra son siempre las víctimas. Sin dejar de condenar las «tácticas brutales» del régimen de Bashar al Asad, cuya represión de la rebelión iniciada hace un año en Siria se ha cobrado ya cerca de 8.000 muertos, la organización Human Rights Watch ha publicado este martes una carta abierta a los líderes de la oposición, en la que denuncia graves violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros armados de los grupos rebeldes.
Los abusos incluyen secuestros, detenciones y torturas de miembros de las fuerzas de seguridad sirias, así como de personas que apoyan al gobierno o que han sido identificadas como integrantes de milicias progubernamentales. La ONG asegura asimismo haber recibido informes de ejecuciones de miembros de las fuerzas de seguridad y de civiles, llevadas a cabo por grupos armados de la oposición.
«Las tácticas brutales del Gobierno sirio no pueden justificar abusos por parte de los grupos armados opositores. Los líderes de la oposición deberían indicar claramente a sus seguidores que en ningún caso está permitido torturar, secuestrar o ejecutar», escribe en la carta Sarah Leah Whitson, directora de Human Rights Watch (HRW) para Oriente Medio.
La organización de defensa de los derechos humanos indica que hasta septiembre de 2011 el movimiento de protesta contra el régimen fue «abrumadoramente pacífico», pero que desde entonces un número cada vez mayor de desertores del ejército y de residentes en las zonas en conflicto han decidido tomar las armas, alegando la necesidad de defenderse contra las fuerzas de seguridad, y atacando puestos de control e instalaciones del gobierno en sus ciudades. La ONG añade que los combates se han intensificado desde el pasado mes de febrero, cuando el régimen comenzó los ataques militares a gran escala contra los principales focos rebeldes.
HRW aclara que muchos de los grupos antigubernamentales que han sido denunciados por cometer abusos no parecen pertenecer a una estructura organizada de mando, ni seguir órdenes del Consejo Nacional Sirio, pero añade que los líderes de la oposición tienen la responsabilidad de denunciar y condenar estas violaciones.
«Cualquier persona que esté bajo la custodia del Ejercito Libre Sirio, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad o de las milicias progubernamentales [los denominados shabeeha], debería ser tratada con humanidad, y de acuerdo con las normas internacionales sobre derechos humanos», señala la organización. «[Los líderes de la oposición] deben dejar claro que la Siria por la que luchan significa dejar atrás las violaciones de la era de Asad, y acoger a todo el mundo, independientemente de su grupo religioso o de sus orígenes, sin discriminación alguna», añade.
A continuación, HRW detalla una serie de testimonios de casos de abusos y torturas cometidos por grupos autoproclamados de la oposición. Todos ellos pueden leerse aquí. El informe va acompañado de numerosos enlaces, incluyendo algunos a vídeos muy duros de torturas y ejecuciones.
La carta está dirigida al coronel Riad al Asad, comandante del Ejército Libre Sirio, al doctor Burhan Ghalioun, presidente del Consejo Nacional Sirio, y al general Mustafa al Sheij, líder del Consejo Militar.
Al final, los únicos inocentes en cualquier guerra son siempre las víctimas. Sin dejar de condenar las «tácticas brutales» del régimen de Bashar al Asad, cuya represión de la rebelión iniciada hace un año en Siria se ha cobrado ya… Leer
Oficiales del Ejército y de la Policía Militar han detenido de forma arbitraria a al menos 119 personas desde que el Ejército tomó posiciones en las ciudades y pueblos de Egipto, la noche del pasado 28 de enero. En al menos cinco casos, estos detenidos han sido torturados. Lo que sigue es (traducido del inglés) el testimonio de uno de ellos, un manifestante, que ha sido entrevistado por Human Rights Watch.
El pasado viernes, sobre las 15.30 horas, iba caminando desde la casa de un amigo en el barrio de Talaat Harb hacia la plaza Tahrir, cuando me encontré con un grupo de violentos manifestantes pro Mubarak. No lo sabía, pero en ese momento estaba teniendo lugar dentro de la plaza un enfrentamiento entre los manifestantes y los seguidores de Mubarak. Las cosas estaban mucho más tranquilas por la mañana, cuando fui a visitar a mi amigo, así que no había tomado precauciones para evitar la violencia, simplemente elegí el camino más corto para llegar hasta la plaza.
Los matones pro Mubarak me cogieron y me llevaron hasta una pequeña comisaría de policía en la calle Maarouf, en el centro de El Cairo. Una vez allí, fui interrogado y golpeado. Miraron todos los documentos que llevaba. Tenía unas cuantas notas que la gente había escrito sobre los acontecimientos de la plaza Tahrir, así como documentos de carácter político en los que, como activistas en favor de la democracia, habíamos estado trabajando. Me hicieron preguntas sobre a qué grupos pertenecía, sobre quién había organizado esos grupos y sobre si yo estaba participando en las protestas. Después de este interrogatorio me pusieron en una habitación con las manos atadas y me dijeron que me liberarían, pero con la estricta condición de que me fuera directamente a casa y no participase en más protestas.
Sin embargo, cuando salía, me paró un policía de paisano. Me requisó el móvil, leyó mis mensajes SMS y se puso a tomar notas. Me dijo que cogiese mis pertenencias y mis documentos y luego me condujo hasta el hotel Hilton Ramesis, junto a un grupo de soldados uniformados. Por el camino iban diciéndole a la gente que habían capturado a un espía que trabajaba para Israel, y que yo era uno de los instigadores de las protestas en Tahrir.
En la plaza Abdelmoneim Riyad fui entregado al Ejército. Durante todo el trayecto hasta allí me habían ido pegando en la espalda con la culata de un rifle. Se hizo cargo de mi un oficial vestido de civil, quien más tarde me llevó a un barracón militar situado en el hotel Hilton Ramesis. Volvieron a interrogarme, preguntándome sobre mis antecedentes, mi procedencia, mi religión, mis afiliaciones políticas, mi papel en las protestas y otras cosas por el estilo, pero esta vez se trataba de reunir información, y no hubo brutalidad. Cogieron todos mis documentos excepto un par de papeles y me dijeron que me marchase, sugiriéndome que fuese por la corniche.
Eran ya las 17.00 horas y había comenzado el toque de queda, así que me preocupaba cómo iba a poder salir de allí. No podía encontrar ningún taxi, y estaba viendo a lo lejos a algunos seguidores de Mubarak.
Tan sólo unos minutos después volvió a pararme otro oficial del Ejército. Le dije que acababa de ser puesto en libertad tras haber sido interrogado en el barracón militar. El soldado insistió en registrar mi bolso, y encontró los dos documentos que me habían permitido conservar. De pronto me encontré rodeado de soldados, y empezaron a darme patadas y empujones, y a insultarme. Cuando pararon, decidieron llevarme a otro puesto militar que se encontraba cerca de allí.
Así que me llevaron, tratándome con gran rudeza, a un pequeño edificio blanco situado entre el Hilton Ramesis y Maspero. Estos soldados me parecieron oficiales más veteranos. Me ordenaron bajar la cabeza, no mirarles y mantener los brazos pegados al cuerpo.
El trato al que fui sometido en el edificio blanco fue infernal. En cuanto me metieron dentro empezaron a pegarme con fuerza. Luego me ordenaron que me sentara para un interrogatorio. Me ataron las manos a la espalda y varios soldados empezaron a golpearme. Cada vez que entraba un soldado -todos ellos llevaban uniformes del Ejército-, me insultaba y me amenazaba con utilizar horribles técnicas de tortura contra mí. Decían que estábamos agotando al Ejército con protestas inútiles, que estábamos destruyendo los países. Me abofetearon y me dieron patadas. Algunos me golpearon también con palos y con las culatas de sus rifles.
Seguían preguntándome a quién estaba afiliado, qué hacía en las manifestaciones, y qué país extranjero estaba patrocinando y apoyando estas protestas. Realmente estaban convencidos de que nuestras protestas están siendo instigadas por algún pais exterior, y de que hay algún tipo de conspiración detrás.
Finalmente, entró un oficial de alto rango, me echó un vistazo y me dijo que iba a llevarme a un hospital. Los otros soldados se burlaban, no tenía ni idea de por qué. De modo que me metieron en una ambulancia con dos soldados y un hombre que iba vestido de enfermero. Los soldados seguían dándome bofetadas. La ambulancia atravesó la plaza Tahrir hasta el Museo.
Pero cuando llegamos allí, me sacaron de pronto de la ambulancia, tirándome del pelo. Aún tenía las manos atadas a la espalda. En realidad no era una ambulancia. La usan para engañar a los manifestantes y transportar detenidos a través de la plaza Tahrir.
Estábamos dentro del complejo del Museo Egipcio, y varios soldados empezaron a darme patadas y puñetazos. Uno de ellos me ordenó que me echara al suelo y me pateó por todo el cuerpo. Después me llevaron más adentro, en el complejo del Museo, donde había más oficiales del Ejército. Me dijeron que todavía no había experimentado nada, y me amenazaron con torturarme con descargas eléctricas y con sodomizarme con una botella, mientras seguían pateándome una y otra vez.
Otro oficial militar llegó, me empujó contra la pared y me puso un cubo de plástico sobre la cabeza de manera que no pudiera ver nada. Entonces empezó a darme fuertes puñetazos en el pecho. Sabía muy bien lo que estaba haciendo: Esperaba lo suficiente entre puñetazo y puñetazo para que yo intentara recuperar el aliento, y entonces volvía a golpearme, de modo que no me daba tiempo a coger aire. Después de recibir tres puñetazos así, perdí la consciencia.
Cuando, unos segundos después, desperté, ví a dos oficiales, uno de ellos con uniforme militar y el otro vestido de civil. Una vez más, me interrogaron del mismo modo en que lo habían hecho en el Hilton Ramesis (quién era yo, si tenía la nacionalidad egipcia, qué educación había recibido). Me alejaron de los otros soldados.
Mientras estaba siendo interrogado trajeron a algunos otros: tres sudaneses, un periodista estadounidense y un fotógrafo egipcio. Los que me estaban interrogando ahora eran más educados que los de antes: Cuando mencioné que había estudiado en el conservatorio quisieron saber qué instrumento tocaba. Pero el interrogatorio duró mucho, al menos dos horas. Leyeron las dos notas que llevaba conmigo y me hicieron preguntas muy concretas, pero yo les expliqué que me había limitado a recoger lo que se distribuía en la plaza, que no lo había escrito yo, y que no sabía quién lo había escrito. Entonces me ordenaron que llamara al número de teléfono que estaba escrito en uno de los dos papeles, diciéndome que si no cooperaba me volverían a enviar con los otros soldados y les permitirían que me torturasen, pero que, si accedía, me dejarían en libertad.
Así que llamé al número e intenté hacer preguntas de manera que no resultase sospechoso. Los oficiales me presionaban para que preguntase por el nombre de la persona con la que estaba hablando, pero yo me limité a hacer preguntas generales y colgué rápidamente, diciendo que la persona en cuestión no se fiaba y que no quería darme ninguna información.
Entonces me ordenaron que llamara a otro número, pero les dije que apenas estaba consciente después de la paliza y que, además, nunca había hecho algo así antes, por lo que realmente no sabía qué preguntar.
Uno de ellos me dijo que a todos los que estaban en la plaza Tahrir les habían lavado el cerebro, que las protestas las había iniciado Hamas, y que él mismo había pillado a algunos kuwaitíes en su barrio tratando de incitar a la gente. Yo me limité a hacer como que estaba escuchando y a mostrarme de acuerdo con todo lo que decía. Me devolvieron mi teléfono y mi tarjeta de identidad, pero cuando les pregunté que qué pasaba con mi bolso y con mi dinero, me dijeron que se habían perdido. Miraron por allí un poco y me dijeron que seguramente lo había perdido yo en algún sitio, porque el Ejército no roba. Entendí el mensaje, así que no insistí. Les dije que pensaba seguir su consejo e irme a casa, mantenerme alejado de los conspiradores que estaban organizando este movimiento, para evitar problemas.
Los dos oficiales que se encargaban de los interrogatorios me llevaron entonces a través de un pasadizo en el Museo hasta la sede incendiada del PND [Partido Nacional Democrático]. Cuando llegamos a la esquina del edificio, el soldado que estaba haciendo guardia preguntó a los oficiales: «¿Queréis que le pegue yo un poco más?». El oficial le respondió que ya habían acabado conmigo, y me dejaron ir. Llamé a unos amigos y les rogué que vinieran a buscarme.
Oficiales del Ejército y de la Policía Militar han detenido de forma arbitraria a al menos 119 personas desde que el Ejército tomó posiciones en las ciudades y pueblos de Egipto, la noche del pasado 28 de enero. En al menos cinco casos, estos detenidos han sido torturados. Lo que sigue es (traducido del inglés) el testimonio de uno de ellos, un manifestante, que ha sido entrevistado por Human Rights Watch: «El pasado viernes, sobre las 15.30 horas, iba caminando […]
Los gobiernos de Oriente Medio han reprimido los pocos esfuerzos que hacían para promover los derechos humanos y se han echado atrás a la hora de llevar a cabo reformas audaces, a pesar de los crecientes desafíos en materia de derechos humanos y de las promesas de emprender acciones en este sentido, según señala Human Rights Watch con motivo de la publicación de los análisis sobre Jordania, Líbano, Arabia Saudí, Siria y Yemen, dentro de su Informe Mundial 2010.
Algunos extractos de la introducción al informe escrita por el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth:
• Arabia Saudí no reconoce la promoción no gubernamental de los derechos humanos, ignorando a veces a los activistas solitarios, pero reprimiendo con más frecuencia a estas valientes personas cuando se amplía su audiencia, especialmente en los medios de comunicación occidentales.
• En Arabia Saudí, la policía secreta arrestó a los activistas pro derechos humanos Muhammad al-‘Utaibi y Khalid al-‘Umair cuando se disponían a asistir a un mitin pacífico de solidaridad con Gaza. Las fuerzas de seguridad los ha mantenido en prisión preventiva más allá del límite de seis meses que permite la legislación saudita, y a pesar de que la fiscalía decidió no formular cargos. Cuando, en noviembre de 2009, las autoridades sospecharon que al-‘Umair estaba informando a otros activistas a través de un teléfono móvil que tenía ilegalmente en su posesión sobre las condiciones en la prisión de al-Ha’ir, incluyendo las palizas de los guardias a presos y la muerte de reclusos por falta de atención médica, lo recluyeron en aislamiento.
• En Siria, todas las organizaciones de derechos humanos siguen operando sin autorización, ya que los funcionarios les niegan constantemente las solicitudes de registro. La Organización Nacional de Derechos Humanos recurrió ante un tribunal administrativo la decisión del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo de denegarle la solicitud de registro. El Ministerio respondió pidiendo el enjuiciamiento de los miembros de la organización.
• En octubre de 2009, los agentes sirios de Seguridad del Estado detuvieron a Haytham al-Maleh, un destacado abogado de derechos humanos de 78 años, después de que apareciera en un canal de televisión de la oposición criticando la represión constante de la libertad de expresión en Siria. En noviembre, un juez militar le acusó de «divulgar información falsa y exagerada que puede debilitar el sentimiento nacional». Su juicio se está celebrando.
• En Jordania, una ley de 2009 permite al Gobierno despedir a los gerentes de una ONG y sustituirlos por funcionarios del Estado. La ley obliga también ahora a las ONG a pedir aprobación oficial de cualquier donación extranjera.
• Yemen mantuvo su notoriedad por las desapariciones forzadas, entre ellas la de Muhammad al-Maqalih, un periodista del medio digital, Eshtiraki.net, del opositor Partido Socialista de Yemen. En septiembre de 2009, un grupo de hombres se llevaron por la fuerza a Maqalih en San’a, la capital del país, poco después de que criticara al Gobierno por su campaña de bombardeos contra los rebeldes del norte. Sus compañeros dijeron que había sido identificado en la prisión de la Organización de Seguridad Política, después en una prisión del Ministerio de Defensa y, en noviembre, en una prisión en Aden.
• En Egipto, la ley que gobierna las asociaciones dispone sanciones penales para reprimir las actividades legítimas de las ONG, que incluyen «participar en actividades políticas o sindicales», y permite la disolución de ONG por orden administrativa. Egipto también mantiene una serie de prácticas administrativas intrusivas que restringen el desarrollo natural de la sociedad civil y ofrecen amplias vías para la interferencia política y burocrática. Los servicios de seguridad revisan y rechazan habitualmente los registros de ONG e investigan a sus líderes, sus actividades y su financiamiento.
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«Las autoridades sirias deben cesar sus prácticas ilegales e injustificadas de ataques contra mítines pacíficos kurdos y la detención de activistas políticos y culturales kurdos», indica Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El documento, de 63 páginas y titulado Group Denial: Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria (Negación de grupo: Represión de los derechos políticos y culturales de los kurdos en Siria), detalla los esfuerzos de las autoridades sirias por prohibir y dispersar los mítines para reclamar los derechos de la minoría kurda y celebrar su cultura, además de la detención de destacados activistas políticas kurdos y su maltrato durante la reclusión.
La represión de los kurdos en Siria se ha intensificado considerablemente desde las manifestaciones masivas kurdas de marzo de 2004. El informe se basa en entrevistas con 30 activistas kurdos salidos recientemente de la cárcel, así como 15 familiares de activistas kurdos que siguen en prisión. El Gobierno sirio se negó a responder a las solicitudes de información o entrevistas con Human Rights Watch.
«En un momento en que otros países de la región, desde Irak hasta Turquía, están mejorando el trato hacia su minoría kurda, Siria se sigue resistiéndose al cambio», señaló Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. «De hecho, Siria se ha mostrado especialmente hostil a cualquier expresión política o cultural kurda», agregó.
Los kurdos, que constituyen aproximadamente el 10 por ciento de los 20 millones de habitantes de Siria, residen principalmente en las regiones septentrionales y orientales del país. Human Rights Watch observó que, desde 2005, las fuerzas de seguridad sirias han reprimido al menos 14 mítines públicos políticos y culturales kurdos, en su gran mayoría pacíficos; y recurrió con frecuencia a la violencia para disolver a las multitudes. Las fuerzas de seguridad no sólo han impedido los mítines políticos para promover los derechos de la minoría kurda, sino también los encuentros para celebrar el Norwuz (año nuevo kurdo) y otras festividades culturales. En al menos dos ocasiones, los servicios de seguridad abrieron fuego contra las masas y provocaron muertes.
«Las autoridades sirias deben cesar sus prácticas ilegales e injustificadas de ataques contra mítines pacíficos kurdos y la detención de activistas políticos y culturales kurdos», indica Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El documento, de 63 páginas y… Leer
Human Rights Watch ha exigido al tribunal de apelaciones de La Meca que revoque la sentencia de muerte impuesta por una corte menor a Ali Sibat bajo la acusación de brujería. La ONG hizo asimismo un llamamiento al Gobierno saudí para que frene el incremento de procesos bajo unos cargos de «brujería» que están vagamente definidos y que son usados de forma arbitraria.
Al parecer, la sentencia de muerte a Ali Sibat le ha sido impuesta por los consejos y predicciones que ofrece en la televisión libanesa. Según medios saudíes, además de a Sidat, la policía religiosa saudí ha arrestado a al menos otras dos personas por brujería tan sólo en el último mes.
«Los tribunales saudíes están apoyando una literal caza de brujas por parte de la policía religiosa», señaló Sarah Leah Whitson, directora de la sección de Oriente Medio de Human Rights Watch: «El delito de “brujería” se está aplicando a todo tipo de comportamientos, con la cruel amenaza de ejecuciones sancionadas por el Estado».
La policía religiosa arrestó a Ali Sibat el 7 de mayo de 2008, en la habitación de su hotel en Medina, donde se encontraba en peregrinación, antes de volver a su Líbano natal. Antes de ser detenido, Sibat ofrecía habitualmente consejos sobre cuestiones de la vida cotidiana y realizaba predicciones sobre el futuro en la cadena de televisión por satélite libanesa Sheherazade, según informaron tanto el diario libanés Al-Akhbar como el francés Le Monde. Estas apariciones parecen ser las únicas pruebas esgrimidas contra Sibat.
El periódico saudí Al-Madina informó el pasado 15 de noviembre de que una corte menor de Jeddah ha iniciado el juicio contra un hombre detenido por la policía religiosa bajo la acusación de haber introducido de contrabando en el reino un libro sobre brujería. El 19 de octubre, el diario Okaz, también saudí, indicó que la policía religiosa en Ta’if había detenido, por «brujería» y «charlatanería», a un hombre asiático que fue acusado de usar «poderes sobrenaturales» para «resolver disputas matrimoniales y provocar enamoramientos».
Human Rights Watch ha exigido al tribunal de apelaciones de La Meca que revoque la sentencia de muerte impuesta por una corte menor a Ali Sibat bajo la acusación de brujería. La ONG hizo asimismo un llamamiento al Gobierno saudí… Leer
