Las autoridades de Arabia Saudí anunciaron este sábado las ejecuciones, en un solo día, de 81 personas. Se trata de la ejecución múltiple más numerosa en la historia reciente del reino.
Los ejecutados habían sido condenados por pertenencia a las organizaciones terroristas Estado Islámico y Al Qaeda, por formar parte de la insurgencia hutí en Yemen, y por otros crímenes castigados con la pena de muerte en el país, como la violación o el asesinato, según informó la agencia oficial de noticias saudí SPA (Saudi Press Agency, en inglés).
Entre los ejecutados, todos hombres, hay varios que eran menores de edad cuando fueron detenidos, según informa Ángeles Espinosa, corresponsal del diario El País en la región. En concreto, siete yemeníes, un sirio y varios saudíes chiíes.
El anterior récord de ejecuciones multitudinarias se remonta a enero de 1980, cuando el Estado saudí mató a los 63 condenados por el ataque a la Gran Mezquita de La Meca en 1979, una acción considerada como el peor ataque terrorista contra el reino, y que se saldó con 229 muertos.
Según informó la agencia SPA, los delitos cometidos por las personas ejecutadas este sábado incluyen «haber jurado lealtad a organizaciones terroristas extranjeras, como Estado Islámico, Al Qaeda y los hutíes» —estos últimos declarados por Arabia Saudí, que combate contra ellos en Yemen, como organización terrorista—, así como «ataques a ciudadanos árabes y viajar a zonas regionales de conflicto para unirse a organizaciones terroristas».
Entre los ejecutados también hay, según SPA, condenados por «atacar al personal del gobierno y sitios económicos vitales, matar a agentes del orden y mutilar sus cuerpos, y colocar minas terrestres contra vehículos policiales», así como por «delitos de secuestro, tortura, violación, contrabando de armas y atentados con bomba».
En el comunicado del Gobierno saudí que recoge SPA, el Ministerio del Interior señala que «el Reino seguirá adoptando una postura estricta e inquebrantable contra el terrorismo y las ideologías extremistas que amenazan la estabilidad del mundo entero», y asegura que a todos los acusados se les ha garantizado «el derecho a un abogado y todos sus derechos bajo la ley saudí durante el proceso judicial».
Las ejecuciones en Arabia Saudí se llevan a cabo por decapitación con sable.
Según ha denunciado Amnistía Internacional, Arabia Saudí incrementó notablemente el año pasado el número de ejecuciones, una vez concluyó el turno del país en la presidencia del G20, con un total de 40 entre enero y julio de 2021, más que el total registrado en 2020:
En 2020, hubo una reducción del 85% en el número de ejecuciones registradas en Arabia Saudí. Inmediatamente después de terminar la presidencia saudí del G20, se reanudaron las ejecuciones, con 9 personas ejecutadas solo en diciembre de 2020. Entre enero y julio de 2021, al menos 40 personas fueron ejecutadas, más de las 27 de todo el año 2020. En muchos casos, las ejecuciones tuvieron lugar tras sentencias condenatorias en juicios manifiestamente injustos, ensombrecidos por denuncias de tortura durante la detención previa al juicio para obtener «confesiones» forzadas, cuya investigación la fiscalía obvió sistemáticamente.
Por su parte, la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos cifró el total de ejecuciones el año pasado en 67, un 148% más que en el año anterior, informa Europa Press. Ali Adubusi, director de esta organización, denunció que algunos de los ejecutados habían sido torturados y se enfrentaron a juicios «llevados a cabo en secreto». «Estas ejecuciones son lo opuesto a la justicia», dijo, en declaraciones recogidas por la cadena pública canadiense, CBC.
«El mundo ya debería saber que cuando Mohamed bin Salmán [príncipe heredero, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Arabia Sudí, hijo del rey Salmán bin Abdulaziz] promete reformas, es inevitable que se produzca un derramamiento de sangre», afirmó por su parte Soraya Bauwens, subdirectora de Reprieve, un grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Londres, también a la CBC.
En 2019, el reino decapitó a 37 ciudadanos saudíes, la mayoría de ellos pertenecientes a la minoría chií, en una ejecución masiva llevada a cabo en varios puntos del país, por presuntos delitos relacionados con el terrorismo.
Más información y fuentes:
» Arabia Saudí ejecuta en un solo día a 81 condenados por delito de terrorismo (Europa Press)
» Arabia Saudí ejecuta en un solo día a 81 condenados por diversos delitos (EFE)
» Arabia Saudí: Las autoridades incrementan la represión tras el paréntesis del G20 (Amnistía Internacional)
» Saudi Arabia puts 81 people to death in kingdom’s largest mass execution in decades (CBC)
Las autoridades de Arabia Saudí anunciaron este sábado las ejecuciones, en un solo día, de 81 personas. Se trata de la ejecución múltiple más numerosa en la historia reciente del reino. Los ejecutados habían sido condenados por pertenencia a las… Leer
Quienes confiaban en que el nuevo año trajese al fin la progresiva resolución, si no de todos, sí al menos de algunos de los conflictos que están castigando Oriente Medio, van a tener, muy probablemente, que seguir esperando: una de las claves fundamentales para llegar a alcanzar cierta estabilidad y poner freno a la violencia que arrasa actualmente países como Siria o Yemen pasa por la voluntad de cooperación de las dos grandes potencias de la región, Irán y Arabia Saudí, y eso es algo que, tras la crisis desatada esta semana entre ambos países, no parece que vaya a ocurrir a corto plazo.
La enconada rivalidad entre Riad y Teherán, un enfrentamiento de décadas interconectado con la tensión religiosa (el 95% de los 29 millones de habitantes de Arabia Saudí son musulmanes suníes; el 89% de los 78 millones de Irán, musulmanes chiíes), pero cuyos motivos reales tienen mucho más que ver con la lucha por obtener el dominio geopolítico de la región, se ha acrecentado más aún si cabe estos últimos días, tras la ejecución el pasado sábado, por parte de las autoridades saudíes, de 47 personas acusadas de «terrorismo», entre ellas, un influyente clérigo chií, Nimr Al Nimr.
Los sentenciados, en su mayoría suníes de nacionalidad saudí, murieron en doce prisiones distribuidas por todo el país (decapitados en ocho de ellas, fusilados en las cuatro restantes), en una masiva aplicación de la pena capital que bien podría haber escandalizado no solo a Irán, sino a cualquier otro país, incluyendo los occidentales, que tan a menudo hacen la vista gorda ante los abusos saudíes contra los derechos humanos. Pero no fue el desatado uso del patíbulo lo que soliviantó a las autoridades de Teherán, que, a fin de cuentas, ejecutan a al menos 300 personas al año, frente a la media de 80 de Arabia Saudí (más de 150 en 2015 bajo el reinado del nuevo rey Salman), sino el hecho de que entre los ajusticiados se encontrara el mencionado Al Nimr, una figura muy crítica con el régimen de Riad y que gozaba de una gran popularidad entre la minoritaria comunidad chií de Arabia Saudí.
La ejecución de Al Nimr fue recibida en Irán como una provocación en toda regla. Tan solo unas horas después de que se llevase a cabo la sentencia, grupos de manifestantes incendiaron la embajada saudí en Teherán clamando venganza, y, pese a que el Gobierno iraní condenó el ataque, Arabia Saudí respondió rompiendo relaciones diplomáticas con Irán. En los días siguientes lo harían también Sudán, Bahréin, Yibuti y Somalia, mientras que los Emiratos Árabes Unidos reducían sus contactos con Teherán, y Catar y Kuwait llamaban a consultas a los embajadores iraníes en estos países.
Esta última crisis es, en todo caso, la escenificación política de un conflicto que lleva años dirimiéndose fuera de las fronteras de ambos países, en guerras subsidiarias (proxy, en el término inglés comúnmente utilizado por los expertos) donde las dos potencias están desempeñando un papel determinante, apoyando a sus respectivas facciones afines.
De momento, un enfrentamiento bélico directo entre Irán y Arabia Saudí, de catastróficas consecuencias para ambos y para el resto de la región, no parece, muy probable. Por un lado, los dos tienen demasiado que perder; por otro, la rivalidad ya se está expresando suficientemente en el complicado tablero que constituyen actualmente los conflictos de Siria, Yemen e Irak. El problema es que este enfrentamiento indirecto puede acabar resultando igual de catastrófico.
En Siria, Irán respalda abiertamente, junto con Rusia, al régimen de Bashar al Asad (por afinidad religiosa —la élite gobernante siria es alauí, una rama del islam conectada con el chiísmo—, pero, sobre todo, para extender su influencia y mantener el eje de territorio amigo que le conecta con la milicia chií Hizbulá en Líbano), mientras que de Arabia Saudí ha partido una parte esencial del apoyo obtenido por las milicias integristas (salafistas y yihadistas) que han acabado eliminando la oposición laica y moderada al régimen de Damasco.
La ayuda de Moscú a Asad es, sin duda, esencial, pero sin la intervención de Teherán, y también de sus aliados chiíes de Hizbulá, el dictador sirio habría tenido serios problemas para mantenere en el poder. Y sin la intervención saudí (especialmente la indirecta, a través de dinero más o menos privado), los grupos yihadistas, incluyendo Estado Islámico, no habrían llegado hasta donde están ahora, ni la oposición laica estaría tan debilitada.
Las escasas esperanzas de que llegue a alcanzarse un acuerdo sobre el futuro de Siria, y de que puedan avanzar las hasta el momento infructuosas negociaciones de paz, pasan, aparte de por el compromiso de actores externos como Rusia o EE UU, por el entendimiento entre Riad y Teherán, no solo en lo referente a su injerencia (armamentística, política y financiera) en el conflicto, sino, especialmente, y como destaca la analista Itxaso Domínguez de Olazábal, para hacer de la lucha contra Estado Islámico el objetivo prioritario de ambos, más allá de sus intereses contrapuestos. Algo que, por ahora, no está en la agenda real de ninguna de las dos potencias.
En Yemen, mientras tanto, los papeles se reparten al contrario: los saudíes apoyan al régimen del presidente Abd Rabu Mansur Hadi, liderando una coalición internacional que lleva meses bombardeando el país sin piedad, en un intento de acabar con la rebelión de los hutíes, un grupo opositor chií que, con el supuesto respaldo de Irán (según Teherán, solo moral), se hizo a principios de 2015 con el control de la capital, Saná, y forzó la salida del mandatario.
Teherán, a su vez, ha multiplicado su presencia militar en Irak (país de mayoría chií), donde milicias iraníes combaten a los yihadistas suníes de Estado Islámico, de forma paralela a la lucha contra Daesh que llevan a cabo el Ejército regular iraquí y los combatientes kurdos. Irán es, asimismo, y por otro lado, el principal valedor de la milicia chií libanesa Hizbulá, un factor que podría contribuir de forma determinante a desactivar el bloqueo político en el que se encuentra Líbano, sin presidente desde mayo de 2014.
Superada al menos —aparentemente— la antigua simplificación de «árabes contra persas», la tentación contemporánea, alentada por el enfoque igualmente simplificador de muchos medios de comunicación, es reducir toda esta crisis a un enfrentamiento religioso, o sectario, entre suníes y chiíes, en una lucha que se habría venido produciendo «durante siglos», y a la que se acude cada vez más a la hora de explicar todos y cada uno de los conflictos de Oriente Medio, con la excepción del palestino-israelí.
La realidad, sin embargo, es bastante más compleja, y tiene como fondo principal el uso que los poderes políticos han hecho y siguen haciendo de esa rivalidad religiosa, invocando argumentos sectaristas para justificar ambiciones estratégicas. La tensión sectaria, evidentemente, existe y juega un papel innegable en los diferentes escenarios de violencia que padece la región, pero es el continuo secuestro identitario que supone la utilización de esa tensión como elemento excluyente (no solo por ambas partes, sino también por Occidente) lo que la ha exacerbado hasta sus incendiarios niveles actuales.
Según explica Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, bajo este enfoque exclusivamente sectarista subyace un intento de «debilitar a los escasos regímenes seculares que habían conseguido éxitos relativos a la hora de instaurar un Estado moderno, centralizado y avanzado; convertir a estos países en Estados fallidos y volver a las lógicas sectarias y tribales». En este sentido, resulta útil recordar, por ejemplo, el desastre político a que dio lugar en Irak el enfoque sectario del gobierno auspiciado por Estados Unidos tras la invasión de 2003.
Tampoco es cierto, por otra parte, que suníes y chiíes hayan estado en guerra constante desde el cisma que dio lugar a las dos principales ramas del islam, durante el periodo que siguió a la muerte del profeta Mahoma, en el siglo VII. Ambos grupos han alternado periodos de gran conflictividad con largas épocas de convivencia más o menos pacífica, y han compartido objetivos e intereses (dos ejemplos significativos: el califato otomano, de naturaleza suní, obtuvo el respaldo de importantes grupos chiíes a principios del siglo XX; y durante la guerra entre Irán e Irak —1980-1988—, muchos chiíes iraquíes combatieron al lado de Bagdad, anteponiendo la identidad nacional a la religiosa o, al menos, compartiendo con sus compatriotas suníes su condición de víctimas obligadas a luchar por el régimen de Sadam Husein).
Dicho esto, el elemento religioso tampoco puede obviarse, pero la clave en este sentido se encuentra más en el extremismo que caracteriza a los gobiernos, tanto de Irán como de Arabia Saudí (los dos son teocracias fundamentalistas regidas por la sharia, o ley islámica), que en el hecho de que pertenezcan a ramas religiosas diferentes.
A continuación, los episodios más destacados del enfrentamiento entre saudíes e iraníes a lo largo de las últimas décadas, incluyendo las claves de la crisis actual:
Durante las décadas más tensas de la Guerra Fría, tanto Irán como Arabia Saudí fueron considerados por Occidente como países aliados frente a la influencia soviética en Oriente Medio (especialmente en Siria y, en menor medida, en Egipto). Con el Irán del sha, colocado en el poder después de que los servicios secretos del Reino Unido y Estados Unidos se encargasen de derrocar al incómodo primer ministro Mohammad Mosaddeq en 1953, se podía contar para cualquier cosa. Y respecto a Arabia Saudí, la tranquilidad estaba también asegurada gracias, en parte, el pacto más o menos secreto alcanzado el 14 de febrero de 1945 a bordo del crucero Quincy entre el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt (que volvía de la Conferencia de Yalta) y el rey saudí Ibn Saud. Por este acuerdo se reconocía que la estabilidad de Arabia Saudí forma parte de «los intereses vitales» de EE UU (petróleo), el reino saudí se comprometía a garantizar el aprovisionamiento energético y Washington le otorgaba, a cambio, «la protección incondicional contra cualquier amenaza exterior». Además, Ibn Saud concedía el monopolio de la explotación del petróleo a las compañías estadounidenses, lideradas por la Aramco del clan Rockefeller, durante un plazo de 60 años, al término del cual Riad recuperaría sus pozos.
Todo esto cambió en febrero de 1979 con el triunfo de la revolución islámica en Irán, liderada por el ayatolá Jomeini. Desde entonces, el objetivo declarado de Teherán de exportar la revolución a todo el mundo musulmán, y, en concreto, la asunción por parte de Teherán de la doctrina de Wilayat Faqih (gobierno del faqih), según la cual el máximo poder temporal entre los chiíes debe residir en su líder supremo, ha chocado de frente con los intereses de Arabia Saudí, que, como guardiana de los lugares más sagrados del islam (La Meca y Medina), insiste en proclamarse como líder del islam suní, mayoritario entre los musulmanes de todo el mundo.
La ineficacia de Irán a la hora de extender la revolución (con la excepción de su influencia en Líbano, a través de la milicia Hizbulá) fue tranquilizando, no obstante, las suspicacias saudíes, mientras que en el interior del reino, cada vez más rico gracias a los ingresos del petróleo, iba cobrando más y más fuerza la interpretación salafista (fundamentalista) del islam suní, que, entre otras cosas, considera herejes a los chiíes.
La guerra entre Irán e Irak, que comenzó en 1980, supuso el primer escenario en el que Arabia Saudí se opuso expresamente a Irán. Pese a no ser un aliado natural del régimen iraquí (laico) de Sadam Husein, Riad financió el esfuerzo bélico de Bagdad con unos 25.000 millones de dólares, y animó a los países vecinos (Kuwait, Emiratos, Catar, Bahréin) a que hicieran lo mismo.
En 1981, Arabia Saudí creó el Consejo de Cooperación del Golfo para extender su zona de influencia y aislar en lo posible la onda expansiva de la revolución iraní. La iniciativa, sin embargo, no fue muy eficaz, ya que el resto de las monarquías del Golfo se mostraron reticentes a participar en una fuerza militar conjunta bajo el mando saudí.
La guerra irano-iraquí tuvo consecuencias también en el aspecto económico, ya que, con el fin de debilitar las finanzas iraníes, Riad aumentó considerablemente su producción de petróleo, en un intento de hacer caer los precios y poner en peligro las exportaciones petroleras de Irán, base fundamental de la economía del país persa. Según explica la experta Agnès Levallois en el diario Le Monde, uno de los principales factores que explican la rivalidad entre Arabia Saudí e Irán es, precisamente, esta competencia sobre la gestión de los recursos energéticos y económicos de la región.
Irán, por su parte, respondió a la invasión iraquí que dio lugar a la guerra desarrollando una estrategia de «defensa preventiva», basada en la creación de lazos (milicias paramilitares, partidos políticos) con árabes chiíes en otros países, lo que le permitiría actuar de manera subsidiaria más allá de su territorio, algo que Arabia Saudí no vio precisamente con buenos ojos.
El 31 de julio de 1987, las autoridades saudíes reprimieron una multitudinaria manifestación antiestadounidense y antiisraelí de peregrinos iraníes en La Meca. Durante los disturbios murieron 400 peregrinos, 275 de ellos iraníes. En respuesta, grupos de manifestantes asaltaron la embajada saudí en Teherán y retuvieron al personal diplomático como rehenes. Uno de los funcionarios saudíes murió y, en abril del año siguiente, Arabia Saudí rompió relaciones diplomáticas con Irán por primera vez.
Ambos países, sin embargo, dejarían a un lado sus diferencias para hacer frente común contra Sadam Husein, cuando éste invadió Kuwait en 1990, dando lugar a la Primera Guerra del Golfo. En 1991, Irán volvió a autorizar los vuelos directos de peregrinos a La Meca.
Durante el resto de la década de los noventa, las relaciones entre Irán y Arabia Saudí, así como entre Irán y Estados Unidos, mejoraron notablemente, gracias, en parte, a las presidencias en Irán del pragmático Hashemi Rafsanjani (1989-1997) y del reformista Mohamed Jatamí (1997-2005).
Tras largas negociaciones, saudiés e iraníes retomaron relaciones diplomáticas y comerciales y, en 1997, Irán organizó la cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica, en la que participaron 54 países, y a la que acudió el entonces príncipe heredero y futuro rey de Arabia Saudí, Abdala bin Abdulaziz.
Dos años más tarde, Jatamí viajó a Arabia Saudí, en la primera visita oficial al reino de un presidente iraní desde la revolución de 1979.
La caída de Sadam Husein tras la invasión de Irak por parte de la coalición liderada por Estados Unidos en 2003 alteró la balanza sectaria en la región. Pese al carácter laico del régimen de Sadam, el dictador, un suní, había enfatizado la vertiente religiosa de su gobierno, en un intento por ganarse simpatías durante los duros años de sanciones económicas internacionales que siguieron a la Primera Guerra del Golfo.
Ahora, Arabia Saudí perdía un importante contrapeso suní frente al poder chií de Irán, en un país, Irak, donde la mayoría de la población es también chií, al tiempo que, de la mano de Washington, el Gobierno iraquí pasaba a manos de un chií, Nouri Al-Maliki (en el poder hasta 2014).
La guerra civil en Irak que siguió a la invasión estadounidense, la creciente actividad terrorista de Al Qaeda (una organización suní que bebe de la ideología salafista que mana del manantial fundamentalista saudí) contra objetivos chiíes (civiles incluidos), la proliferación de milicias chiíes proiraníes y, finalmente, la política discriminatoria hacia la comunidad suní del gobierno de Maliki, convirtieron Irak en un nuevo escenario de enfrentamiento entre las dos potencias, y fueron abonando asimismo el terreno para el nacimiento de Estado Islámico.
El estallido en 2011 de las revueltas populares que sacudieron Oriente Medio y el Magreb, la conocida como «primavera árabe», supuso nuevos enfrentamientos entre Irán y Arabia Saudí, aliados con facciones enfrentadas entre sí en diversos escenarios, especialmente, en Siria, Bahréin y, posteriormente, Yemen.
En marzo de 2011, tropas del Consejo de Cooperación del Golfo, encabezadas por Arabia Saudí (un millar de soldados) y con participación también de militares emiratíes (500), entraron en Bahréin para ayudar al Gobierno de este país (suní) en su represión contra las protestas de la mayoría chií (la llamada «revolución de la plaza de la Perla»), unas protestas que contaban con el respaldo de Teherán. Hubo miles de detenidos y se impuso el estado de emergencia.
Teherán rechazó la intervención militar saudí en Bahréin, y los países del Golfo, liderados por Riad, denunciaron la «permanente interferencia iraní» en sus asuntos, sobre todo tras el descubrimiento de una red de espionaje relacionada con Irán. El jefe de las tropas enviadas a Bahréin, el general Mutlaq bin Salem, llegó a decir que su objetivo era evitar una «agresión extranjera» en el país árabe, en clara referencia a Irán.
Mientras, en Siria, Irán es, desde que comenzo la guerra civil en 2011, el principal apoyo del presidente Bashar al Asad (alauí, una rama del chiísmo). Damasco recibe de Teherán ayuda tanto militar como financiera. Arabia Saudí, por su parte, respalda a los grupos opositores, mayoritariamente suníes, y dominados ahora por las distintas facciones yihadistas, lo que ha complicado terriblemente el rompecabezas sirio, y ha puesto en entredicho el papel saudí en el conflicto.
Desde marzo de 2015, Arabia Saudí lidera una coalición militar internacional árabe en apoyo del presidente de Yemen, Abd Rabu Mansur Hadi, quien fue desalojado del palacio presidencial en enero de ese año por los rebeldes hutíes. Los hutíes profesan el zaidismo, una rama islámica relacionada con la vertiente imamí del chiísmo (institucionalizada en Irán), lo que, en teoría, les hace aliados de Teherán. De hecho, tanto Arabia Saudí como el Gobierno yemení han denunciado en reiteradas ocasiones que los hutíes están recibiendo apoyo de Teherán, algo que Irán, quien no oculta su apoyo moral a los rebeldes, niega.
Según explica Levallois, Arabia Saudí está convencida, «de un modo casi paranóico», de que la revuelta hutí supone la emergencia de una nueva «colonia iraní» al otro lado de sus fronteras, «mientras que lo único que reclaman las minorías chiíes es tener los mismos derechos que sus conciudadanos suníes».
En cualquier caso, exista o no ese apoyo directo iraní, la reducción del conflicto en Yemen a un mero enfrentamiento entre chiíes y suníes supone, de nuevo, una gran simplificación, e implica considerar suníes a todos los rivales de los hutíes, algo que no es cierto.
Como explicaban en la revista Middle East Report los profesores Stacey Philbrick Yadav y Sheila Carapico, «el zaidismo está relacionado con la rama imamí del chiísmo del mismo modo que, por ejemplo, los ortodoxos griegos son una rama del catolicismo. Relacionar ambos credos puede tener sentido, tal vez, en términos esquemáticos, pero en lo relativo a doctrina, prácticas, políticas y hasta festividades religiosas, el zaidismo y el chiísmo imamí son muy distintos. […] En el limitado sentido en que este conflicto es ‘sectario’, también lo es institucional, ya que empezó con la rivalidad existente entre campamentos hutíes y campamentos salafistas financiados por Arabia Saudí […], un relato bastante más interconectado con el poder estatal contemporáneo que con ‘eternas disputas’ entre las dos ramas dominantes del islam».
La guerra en Yemen ha causado ya casi 6.000 muertos, de ellos 2.800 civiles, y desatado una gravísima crisis humanitaria. Según datos de Naciones Unidas, más de 21 millones de personas en Yemen requieren algún tipo de ayuda humanitaria para sobrevivir, lo que supone alrededor de un 80% de la población, incluidas las 2,3 millones de personas que se han visto desplazadas.
Después de doce años de crisis, el acuerdo nuclear alcanzado finalmente el pasado 14 de julio entre Irán y el denominado Grupo 5+1 (EE UU, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania) permitió el inicio de la vuelta de Teherán al escenario político internacional, y supondrá, con el progresivo levantamiento de las sanciones económicas, un respiro financiero para el país de los ayatolás.
Arabia Saudí, que se opuso desde un principio a este acuerdo (Irán llegó a acusar a Riad de aliarse con el enemigo número uno, Israel, para impedir que las negociaciones salieran adelante), teme que los nuevos ingresos económicos que empezarán a fluir poco a poco hacia Irán permitan a Teherán incrementar su influencia en la región, al tiempo que se siente, de algún modo, desplazada en las preferencias de sus aliados tradicionales, empezando por Estados Unidos.
El pasado día 2, Arabia Saudí anunció la ejecución de 47 acusados de «terrorismo», incluyendo al clérigo disidente chií Nimr Al Nimr, una acción ante la que Estados Unidos y los países europeos, maniatados por sus intereses económicos con el reino saudí, permanecieron callados o respondieron de la manera más tibia posible, pero que causó fuertes protestas, no solo en Irán y entre la propia comunidad chií saudí, sino también en Irak, donde cientos de chiíes tomaron las calles pidiendo al gobierno iraquí el cierre de la embajada saudí (reabierta el mes pasado tras 25 años), y en la parte india de Cachemira, donde miles de chiíes se manifestaron contra la ejecución, blandiendo carteles con la imagen del clérigo o llevando banderas negras.
La reacción más intensa, no obstante, se produjo, obviamente, en Irán, donde manifestantes llegaron a incendiar la embajada saudí en Teherán. El asalto a la delegación diplomática derivó en la decisión de Riad de romper relaciones diplomáticas con Teherán, una iniciativa a la que se sumaron posteriormente Sudán, Bahréin, Yibuti y Somalia.
Según la versión oficial, Al Nimr, detenido en julio de 2012 por apoyar los disturbios contra las autoridades saudíes que estallaron en febrero de 2011 en la provincia de Al Qatif, en el este del país y de mayoría chií, fue sentenciado a la pena capital por «desobedecer a las autoridades, instigar a la violencia sectaria y ayudar a células terroristas». Para Irán, Al Nimr no era más que una voz crítica contra el régimen de Riad, y su muerte se enmarca en la represión sistemática que, según Teherán, ejerce el reino saudí contra su minoría chií.
La muerte del clérigo, sin embargo, no puede entenderse sin tener en cuenta la situación interna por la que atraviesa el régimen saudí. De hecho, Arabia Saudí ha aplicado en muy pocas ocasiones la pena capital a detenidos relacionados con protestas de la minoría chií. Así, la mayoría de los expertos coinciden en interpretar la ejecución de Al Nimr como una cortina de humo destinada a desviar la atención de la población, en un momento en el que el Gobierno, atenazado por la caída del precio del petróleo, se enfrenta a una incipiente crisis económica, con un déficit presupuestario cercano a los 80.000 millones de dólares, un desempleo (sobre todo el juvenil) en aumento, y serios recortes sociales a la vista que amenazan con minar el privilegiado estado del bienestar al que están acostumbrados los saudíes.
A ello se añadiría la necesidad de aplacar las voces de las facciones religiosas suníes más ultraconservadoras, cuyas críticas al régimen se han multiplicado en los últimos meses; el deseo de dar un respiro mediático a la guerra en Yemen, estancada y sin resultados favorables claros para el reino saudí; y, por supuesto, la intención de reafirmar la autoridad saudí en la región, en un momento en el que, tras la firma del acuerdo nuclear con Irán, Riad se siente menos respaldada internacionalmente.
Por último, las 47 ejecuciones del pasado sábado pueden interpretarse asimismo como un gesto más dentro de la campaña de mano dura que, obligado a consolidar su poder ante las intrigas internas, parece estar llevando a cabo el nuevo rey saudí, Salman bin Abdulaziz, desde que accedió al trono hace un año tras la muerte de su medio hermano, el rey Abdala, y en colaboración con su hijo, el príncipe heredero sustituto y ministro de Defensa, Mohamed bin Salman.
Ambos serían los principales responsables de que Arabia Saudí haya abandonado la política de discreción y operaciones en la retaguarda que había caracterizado al país durante años, en una nueva era más agresiva en la que se enmarcarían, además de los bombardeos sobre Yemen, el incremento del número de ejecuciones, las ayudas a los insurgentes sirios, el reforzamiento del eje que forma con el resto de las monarquías absolutistas del Golfo (especialmente Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, ya que Omán sigue tratando de mantener un papel más neutral), o incluso los movimientos para alterar el precio del petróleo, destinados a perjudicar a Irán y a los países no pertenecientes a la OPEP.
En cuanto a Irán, las autoridades civiles del país respondieron a la ejecución de Al Nimr lanzando graves acusaciones contra Arabia Saudí (incluendo la de apoyar el terrorismo), pero, al mismo tiempo, han tratado asimismo de calmar los ánimos, empezando por el presidente del país, Hasan Rohaní, quien condenó lo ocurrido en la delegación diplomática saudí y aseguró que el Ministerio del Interior, el servicio secreto y la policía debían perseguir a los responsables. «El ataque de extremistas contra la embajada saudí en Teherán es injustificable y tuvo consecuencias negativas para la imagen de Irán», indico: «Este tipo de actos tienen que terminar de una vez por todasx.
Menos moderada se han mostrado, como era de esperar, la otra columna del poder en Irán: la religiosa. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo el domingo pasado que los políticos del reino saudí se enfrentarán a un castigo divino por la muerte el clérigo ejecutado. «La sangre injustamente derramada de este mártir oprimido, sin duda pronto mostrará su efecto, y la divina venganza caerá sobre los políticos saudíes», afirmó. El Consejo de Guardianes de la Revolución, por su parte, prometió una «dura venganza» contra la dinastía real saudí.
Publicado originalmente en 20minutos
Quienes confiaban en que el nuevo año trajese al fin la progresiva resolución, si no de todos, sí al menos de algunos de los conflictos que están castigando Oriente Medio, van a tener, muy probablemente, que seguir esperando: una de… Leer
Militantes armados de Hamás han ejecutado este viernes en Gaza a 18 palestinos acusados de colaborar con Israel, un día después de que el ejército de este país matara a tres comandantes del grupo islamista que gobierna la Franja, en el mayor golpe causado a los milicianos desde que se inició la ofensiva militar israelí, el pasado 8 de julio.
Foto: Militantes de Hamás, junto a sospechosos de colaborar con Israel, antes de ejecutarlos en Ciudad de Gaza, este viernes (Reuters)
En las que han sido las primeras ejecuciones públicas llevadas a cabo en el enclave palestino desde la década de los noventa, siete personas fueron abatidas a tiros delante de un grupo de fieles, frente a una mezquita ubicada en una de las principales plazas de Gaza. Otras once murieron en una comisaría abandonada cerca de Ciudad de Gaza, según informaron funcionarios de seguridad de Hamás.
En la ejecución, informa Reuters, militantes con máscaras y vestidos de negro asesinaron a tiros a los sospechosos, que tenían las manos atadas y los rostros cubiertos, cuando los fieles salían de la mezquita Omar, situada en uno de los distritos más concurridos de Gaza.
«La resistencia ha comenzado con una operación llamada ‘estrangula los cuellos’, dirigida a colaboradores que ayudan a la ocupación [israelí], matan a nuestra gente y destruyen casas», dijo un sitio en Internet pro Hamas. Reuters informa asimismo de que un mensaje firmado por «Resistencia Palestina» fue colocado en una pared cerca de donde yacían los cuerpos de los supuestos colaboradores. El aviso decía:
Ellos entregaron al enemigo información sobre el paradero de combatientes, los túneles de resistencia, las bombas, las casas de los combatientes y los lugares de [lanzamiento de] cohetes, y la ocupación bombardeó estas áreas matando a varios combatientes […]. Por lo tanto, fue impuesto el fallo de la justicia revolucionaria.
Por otra parte, y aunque no ha sido confirmado por los líderes del grupo, un dirigente de Hamás afirmó este jueves desde su exilio en Turquía que el secuestro y posterior asesinato en junio de tres jóvenes israelíes fue responsabilidad de un ala del movimiento islamista, tal y como había mantenido, sin aportar prueba alguna, el Gobierno israelí. Salé al Aruri, alto cargo de Hamás en Cisjordania, se refirió a la «operación heroica» llevada a cabo por el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzedin al Qassam, al raptar a «tres colonos» en Hebrón. Hamás no condenó el secuestro y asesinato de los jóvenes, pero ha negado siempre oficialmente su implicación en los hechos.
El carácter «terrorista» de Hamás (así consideran aún al grupo EE UU y la UE) es la gran excusa en la que fundamenta Israel sus crímenes contra la Franja, empezando por la despiadada ofensiva militar que ha dejado ya más de 2.000 palestinos muertos (entre ellos, casi medio millar de niños), y siguiendo por el bloqueo económico y humano que ahoga Gaza desde hace ya siete años. Es, también, la gran excusa para boicotear una y otra vez unas conversaciones de paz en las que, en el fondo, Israel no tiene el más mínimo interés.
A la hora de demonizar al adversario, todo vale: aprovechando la conmoción internacional causada por el salvaje asesinato en Siria de un periodista estadounidense a manos de fanáticos yihadistas, Netanyahu se ha apresurado a decir que Hamás y el grupo Estado Islámico son lo mismo, «ramas de un mismo árbol» (aquí enumeran siete diferencias para quien se sienta tentado a dar crédito al disparate del primer ministro israelí).
Pero reconocer la interesada hipocresía propagandista del Gobierno israelí no puede hacernos olvidar las muchas razones por las que es, no solo legítimo, sino también necesario, criticar a Hamás, sin que ello suponga restar razones a la causa palestina. Parece obvio, pero, en tiempos en los que parece que todo tiene que ser blanco o negro, no está de más recordarlo.
Hamás, ciertamente, y por muchas razones, ha recorrido un largo camino desde que aterrorizaba a los ciudadanos israelíes con mortíferos coches bomba y continuos atentados suicidas, pero aún sigue ejerciendo su poder en Gaza de un modo claramente autoritario, alejado en muchos casos del respeto más elemental a los derechos humanos, y amparándose en el estado de resistencia permanente fruto de la ocupación y el bloqueo.
Y en situaciones como la provocada ahora por la ofensiva militar israelí, estas prácticas, empezando por la aplicación sumaria de la pena de muerte, se llevan a cabo con total impunidad. Es una guerra, y en una guerra, desde el punto de vista de Hamás, la única justicia que vale es la «justicia revolucionaria». Más aún si décadas de represión y miles de muertos causados por el enemigo han creado un clima en el que la violencia, la venganza, el odio y las posturas radicales son omnipresentes.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos en Gaza ya ha denunciado las ejecuciones: «Exigimos a la Autoridad Nacional Palestina y a la resistencia [las facciones armadas palestinas] que intervengan para detener estas ejecuciones extrajudiciales, sin importar sus razones y motivos», dijo Raji al-Surani, presidente de la organización, en un comunicado.
Al final, lo único que consiguen los milicianos islamistas con este tipo de acciones es dar argumentos a Israel frente a una opinión pública internacional (y, especialmente, estadounidense) que a menudo no entiende de matices.
Porque es verdad que la carta fundacional de Hamás, redactada hace 25 años, es un documento racista y abiertamente antisemita, en el que se afirma además que el objetivo del movimiento es «la obliteración» de Israel, se rechaza cualquier salida negociada del conflicto y se aboga por un Estado teocrático, con todo lo que ello supone de medieval, irracional y antidemocrático. Pero también lo es que, en la práctica, esa famosa carta es vista ya como poco más que un documento histórico. El líder de Hamás, Khaled Meshaal, la ha definido como «un pedazo de la historia que ya no es relevante, pero que no se puede cambiar por razones internas». Y el número dos del grupo, Mousa Abu Marzouk, ha ido más lejos aún, calificando el documento de «difunto»: «La carta no es el Corán, puede cambiarse». Muchos dirigentes islamistas (aunque es cierto que no todos) han ido entendiendo que se puede negar la legitimidad del Estado israelí sin que ello suponga querer aniquilar a sus habitantes.
A fin de cuentas, también la coalición derechista gobernante en Israel, el Likud, establece entre sus principios fundamentales, redactados en 1999, que «el río Jordán será la frontera oriental permanente del Estado de Israel», que Jerusalén es la «capital eterna y unida de Israel y solo de Israel», y que el Gobierno «rechazará siempre» cualquier propuesta palestina cuyo objetivo sea dividir esta ciudad o crear un Estado palestino independiente al oeste del río Jordán. Y tanto la literatura fundacional sionista como las declaraciones de muchos de sus líderes históricos están llenas de ejemplos que solo pueden ser calificados como racistas y claramente colonialistas.
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» Hamás y el ataque a Gaza
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» La vida bajo el gobierno de Hamás
Militantes armados de Hamás han ejecutado este viernes en Gaza a 18 palestinos acusados de colaborar con Israel, un día después de que el ejército de este país matara a tres comandantes del grupo islamista que gobierna la Franja, en el mayor golpe causado a… Leer
En una decisión sin precedentes, un total de 529 partidarios de los Hermanos Musulmanes han sido condenados a muerte este lunes en Egipto por una serie de ataques contra edificios oficiales y el asesinato de un coronel en agosto de 2013. Numerosos seguidores del derrocado presidente islamista Mohamed Mursi ya habían sido sentenciados a prisión, pero hasta ahora no se habían dictado condenas a la pena capital.
La cofradía, declarada «grupo terrorista» el pasado mes de diciembre por el Gobierno instaurado por los militares golpistas, ha calificado la sentencia de «inhumana», y de «clara violación de todas las normas judiciales».
La condena, informa Efe, ha sido dictada en un tiempo récord en la segunda sesión del juicio, tan solo dos días después de que se iniciase el proceso. «Los tribunales egipcios actúan con rapidez para castigar a los seguidores de Mohamed Mursi, pero ignoran las violaciones graves de derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad», indica Amnistía Internacional en un comunicado.
Embed from Getty ImagesFamiliares de los condenados, tras conocer la sentencia, en las afueras de la corte. Foto: AFP / Getty Images
La corte, presidida por el juez Said Yusef, ha encontrado a los condenados culpables de asaltar edificios gubernamentales en la provincia de Minia, matar a un coronel, intentar asesinar a otros dos responsables policiales, incendiar una comisaría y apoderarse de armas.
Estos ataques tuvieron lugar en protesta por el violento desalojo policial de las acampadas de los islamistas en El Cairo el pasado 14 de agosto, cuando murieron cientos de personas y se desató una ola de violencia en todo el país.
La agencia AFP informa de que solo 153 de los condenados se encuentran detenidos. Los demás están prófugos. Desde que el ejército derrocó a Mursi el pasado 3 de julio, 1.400 de sus partidarios han muerto por la represión y otros miles han sido encarcelados.
En total, más de 1.200 personas han sido procesadas por los actos de violencia que tuvieron lugar a mediados de agosto en la gobernación de Minia, a unos 250 kilómetros al sur de El Cairo.
Las fuerzas islamistas partidarias de Mohamed Mursi ya han convocado para el próximo miércoles multitudinarias manifestaciones en las principales plazas de Egipto.
Más información y fuentes:
» Condenan a muerte en Egipto a 529 partidarios del depuesto presidente Mursi (Efe)
» 529 Morsi supporters sentenced to death in Egypt (AFP)
» Egyptian court sentences 529 Brotherhood members to death (Reuters)
» Egypt sentences 529 Morsi supporters to death (AP)
» Egypt: More than 500 sentenced to death in ‘grotesque’ ruling (Amnistía Internacional)
» Hermanos Musulmanes, islamistas en el punto de mira de la Justicia egipcia (Efe)
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Irán parece haberse propuesto batir este año un siniestro récord. Desde que empezó 2014, es decir, en poco más de quince días, las autoridades de este país han llevado a cabo un total de 40 ejecuciones, 33 de ellas tan solo en la última semana, según ha denunciado este jueves Amnistía Internacional. La ONG asegura que 21 de estas muertes han sido reconocidas oficialmente, mientras que en las 19 restantes la información procede de fuentes fiables. Al menos una de estas ejecuciones, ocurrida el 14 de enero en una localidad de la provincia de Markazi, al norte del país, se realizó de forma pública. La víctima fue un hombre condenado por asesinato. El método para aplicar la pena capital en Irán es la muerte por ahorcamiento. En el caso de las ejecuciones públicas se suele usar una grúa desde la que se cuelga al condenado, en frente de la multitud.
Hassiba Hadj Sahraoui, vicedirector de Amnístía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha calificado el repunte de las ejecuciones en Irán de «alarmante». «Los intentos de las autoridades iraníes por cambiar su imagen ante el mundo pierden todo el sentido si el número de ejecuciones sigue incrementándose de este modo», dijo.
La mayoría de los ejecutados en Irán son condenados por delitos relacionados con las drogas. Amnistía recuerda, en este sentido, que, de acuerdo con el consenso internacional, los delitos de naturaleza no letal no deberían entrar en el conjunto de aquellos crímenes más graves a los que se aplica la pena de muerte.
La ONG destaca, además, que la Ley iraní no contempla el derecho a una apelación justa en el caso de los delitos de drogas, en contra de lo estipulado por las leyes internacionales: «En Irán, los delitos relacionados con las drogas se juzgan en Tribunales Revolucionarios en los que, de forma rutinaria, no se aplican los estándares internacionales de un juicio justo. La realidad es que la gente está siendo cruelmente condenada a muerte en juicios que, además, son injustos, y eso es inaceptable», indica Sahraoui.
Amnistía Internacional, que se opone a la pena capital en todos los casos, sin excepción, aprovecha para remarcar que la pena de muerte es «un castigo inhumano y degradante, y una violación del derecho que tiene todo ser humano a la vida».
Es todo eso y algo más: inútil.
Leer también:
» La lacra de la pena de muerte en Oriente Medio
» Menores en el patíbulo: una historia real
» Irán: la obscenidad de la pena de muerte como respuesta
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Amnistía Internacional presentó este miércoles su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, y destacó que, pese a algunos retrocesos, en 2012 se produjeron avances reseñables hacia la erradicación global de la pena capital. La organización señaló que el año pasado descendió el número de condenas en más naciones que en 2011, y celebró la incorporación de Letonia como el 97 país abolicionista. En 2012 se documentaron ejecuciones en 21 países, un número idéntico al de 2011, pero inferior al de 28 países registrado hace una década, en 2003. En total, se tuvo conocimiento de 682 ejecuciones en el mundo, dos más que en 2011, y pudieron confirmarse al menos otras 1.722 sentencias de muerte dictadas en 58 países, en comparación con las 1.923 dictadas en 63 países el año anterior. Estas cifras, no obstante, no incluyen las «miles de ejecuciones» que Amnistía Internacional (AI) cree que se llevaron a cabo en China, cuyo gobierno mantiene los datos en secreto.
«El retroceso observado en 2012 en algunos países es decepcionante, pero no invierte la tendencia mundial contra el uso de la pena de muerte. En muchas partes del mundo, las ejecuciones empiezan a ser cosa del pasado», dijo Salil Shetty, secretario general de AI. «Solo uno de cada diez países del mundo aplica la pena de muerte. Sus mandatarios deberían preguntarse por qué siguen aplicando una pena cruel e inhumana que el resto del mundo ha dejado atrás», añadió.
Entre estos mandatarios están, sin duda, los de la mayor parte de Oriente Medio, donde, un año más, el panorama resulta desolador. Cuatro países de la región (Irak, Irán, Arabia Saudí y Yemen) se encuentran entre los seis que más aplican la pena de muerte en el mundo (los otros dos son China y EE UU), y juntos copan el 99% de las ejecuciones llevadas a cabo en toda la zona. En este sentido, AI indica que «aunque en Oriente Medio y el Norte de África hubo algunos progresos, la aplicación de la pena capital en la región sigue siendo motivo de gran preocupación».
El caso de Irak es especialmente alarmante, teniendo en cuenta que en 2012 fueron ejecutadas en este país al menos 129 personas, casi el doble de las 68 ejecutadas en 2011. Irán, por su parte, volvió a ocupar el segundo lugar en número de ejecuciones, superado solo por China. Las autoridades iraníes reconocieron oficialmente 314 ejecuciones, pero el número real, según indica AI, «es casi seguro muy superior, ya que se documentaron otras muchas decenas de ejecuciones que no fueron oficialmente reconocidas».
Y eso sin contar Siria, donde, como reconoce Amnistía, la guerra civil ha impedido comprobar el alcance de la aplicación de la pena capital en el país durante el año pasado.
Hace unos días, el pasado 5 de abril, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentaba que varios países de Oriente Medio hayan vuelto a aplicar la pena de muerte tras años de moratoria, y pese a que la tendencia mundial va encaminada hacia la abolición de esta práctica. «A principios de esta semana fueron ejecutadas tres personas en Kuwait, donde las últimas ejecuciones databan de mayo de 2007, y unas 40 personas permanecen en el corredor de la muerte en este país», informó el portavoz del Comisionado, Rupert Colville. «Estamos especialmente preocupados por la implementación de la pena capital en Irak», añadió, indicando que el 1 de abril se documentaron cuatro nuevas ejecuciones, con un total de doce en lo que va de año.
«Los gobiernos que siguen aplicando la pena de muerte se han quedado sin argumentos para justificarse. No está demostrado en modo alguno que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial frente al delito», afirma Shetty. «La verdadera razón del uso de la pena de muerte suele encontrarse en otro sitio: En 2012 volvimos a expresar nuestra honda preocupación por lo que parecían ejecuciones con fines políticos en algunos países, como medidas populistas o directamente como instrumento de represión», concluye.
Amnistía Internacional presentó este miércoles su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, y destacó que, pese a algunos retrocesos, en 2012 se produjeron avances reseñables hacia la erradicación global de la pena capital. La organización señaló… Leer
Cuando tenía 17 años, Behnoud Shojaee hirió gravemente a otro chico que había insultado a su madre fallecida. El joven agredido murió y, en 2006, Behnoud fue declarado culpable de asesinato y condenado a la horca. Su historia, y la historia del abogado que le defendió, Mohammad Mostafaei, un activista que ha dedicado su carrera a salvar las vidas de los menores condenados a muerte en Irán, la han rescatado el diario británico The Guardian y Amnistía Internacional en un corto de animación (el vídeo sobre estas líneas), producido por Sherbet y que, en su sencillez, resulta estremecedor.
Irán continúa siendo el único país del mundo en el que, oficialmente, se condena a muerte y ejecuta a jóvenes que cometieron sus crímenes cuando aún no habían cumplido los 18 años de edad, algo estrictamente prohibido por la legislación internacional. Según denuncia Amnistía Internacional, tres menores fueron ejecutados en este país el año pasado, y en los últimos tres años han sido sentenciados a la pena capital un total de 145.
La mayoría de los menores ejecutados en Irán fueron condenados por asesinato, si bien algunas sentencias de muerte se imponen por delitos relacionados con las drogas.
Según explica Amnistía Internacional, cuando Teherán ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, el Consejo de Guardianes (órgano encargado de revisar todas las leyes) consideró que ciertos artículos contravenían el derecho islámico, por lo que no podían aplicarse en Irán.
El Consejo no incluyó en su lista el artículo 37, según el cual ningún niño será «sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes». Dicho artículo dispone, además, que «no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad».
Más información:
» Informe sobre la pena de muerte en 2011 (Amnistía Internacional)
» Las primavera árabe lleva a un aumento de las ejecuciones en Oriente Medio (The Guardian)
Cuando tenía 17 años, Behnoud Shojaee hirió gravemente a otro chico que había insultado a su madre fallecida. El joven agredido murió y, en 2006, Behnoud fue declarado culpable de asesinato y condenado a la horca. Su historia, y la… Leer
La pena de muerte siempre es un crimen. Uno especialmente perverso, además, por cuanto se beneficia de la impunidad oficial que los verdugos se conceden a sí mismos. Es un crimen sancionado por la ley. Pero lo ocurrido esta semana en Arabia Saudí, ese «país amigo» donde, bajo el negro paraguas protector del petróleo, el fanatismo religioso se utiliza como excusa para el despotismo, va más allá del debate sobre la pena de muerte. Es, se mire como se mire, pura barbarie. A ojos occidentales y a ojos orientales. Es barbarie a los ojos del ser humano.
Amina bint Abdul Halim bin Salem Nasser tenía sesenta años. Según informó el periódico árabe Al Hayat, con sede en Londres, citando fuentes de la Policía religiosa saudí, la mujer se ganaba la vida vendiendo «remedios curativos» contra enfermedades. Pero, en realidad, lo que Amina hacía no lo sabemos a ciencia cierta, porque las autoridades saudíes no se han dignado a hacer públicos los cargos concretos por los que fue detenida, en abril de 2009.
Lo único que sabemos es que fue condenada a muerte por practicar «la brujería y la hechicería», y que ha sido decaptitada. A Amina le cortaron la cabeza el pasado lunes en la provincia de Al Jawf, en el norte del país.
«Los cargos de ‘brujería y hechicería’ no están calificados como crímenes en Arabia Saudí y utilizarlos para someter a alguien a la pena extrema y cruel de la ejecución es verdaderamente horroroso», denunció el director interino del programa de Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional, Philip Luther.
«A falta de que conozcamos los detalles sobre los actos por los que las autoridades habían acusado a Amina, [sabemos que] los cargos de brujería han sido frecuentemente utilizados en Arabia Saudí para castigar a las personas, por lo general después de juicios injustos, por el ejercicio de la libertad de expresión o religión», añadió.
Amnistía Internacional recordó que el pasado mes de septiembre fue ejecutado un ciudadano sudanés por cargos de «brujería» en la ciudad de Medina. Según las denuncias llegadas a la organización, el condenado había confesado mediante torturas y había sido juzgado sin abogado.
En 2007 fue ejecutado un egipcio que supuestamente lanzaba «hechizos» para separar matrimonios, según informó la BBC. En cambio, las autoridades saudíes dejaron en libertad el año pasado a un libanés que había sido condenado a muerte por presentar un programa de videncia en televisión. El Tribunal Supremo saudí determinó entonces que sus acciones no habían causado perjuicio alguno.
El número de ejecuciones se ha triplicado este año en Arabia Saudí. Según Amnistía Internacional, al menos 79 personas, incluidas cinco mujeres, han sido asesinadas por el Estado, frente a las 27 de 2010.
Se cree que otros cientos de personas podrían estar pendientes de se ejecutadas, muchas de ellas por delitos relacionados con las drogas. Por lo general no cuentan con abogados defensores y en muchos casos, según Amnistía, no se les informa de la evolución del proceso legal.
La pena de muerte siempre es un crimen. Uno especialmente perverso, además, por cuanto se beneficia de la impunidad oficial que los verdugos se conceden a sí mismos. Es un crimen sancionado por la ley. Pero lo ocurrido esta semana… Leer
Comunicado de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo sobre la muerte de Osama bin Laden, emitido el pasado día 2:
La Asociación 11M Afectados del Terrorismo, ante los acontecimientos ocurridos en el día de hoy, con el asesinato extrajudicial de Osama Bin Laden, quiere poner de manifiesto lo siguiente:
1. Esta Asociación, pese a haber nacido a raíz del mayor acto de terrorismo de toda Europa, es una organización respetuosa con la vida, con los Derechos Humanos y con el Derecho Internacional y contraria a la pena de muerte.
2. No somos más que víctimas de terrorismo, por lo tanto no entramos en cómo se han hecho o cómo se han podido hacer las cosas en este caso. Pero no nos gusta la muerte, ninguna muerte. Ni siquiera la de sátrapas como el mencionado monstruo, que en su origen fue adiestrado, alentado y alimentado en sus afanes asesinos.
3. Estamos convencidos que la muerte de Bin Laden no va a constituir el fin del terrorismo yihadista. Esta muerte será para los radicales la de «un mártir» y tras su muerte aparecerán en primer plano nombres por todos conocidos: Ayman Al Zawahiri, Rabei Osman El Sayed Ahmed «Mohamed el Egipcio» o Yahía Mouad Mohamed Rajah. El principal «éxito» de Osama Bin Laden y de los otros responsables de Al-Qaida ha sido convertir al salafismo yihadista en una ideología que trasciende conflictos y fronteras, logrando la extensión planetaria de esta corriente asesina.
4. Pero entre las víctimas, los asesinados, sus supervivientes, sus hijos, sus madres, sus padres, las novias, a los tullidos que hemos visto renquear sobreponiéndose a una mano amputada, a una pierna coja, a una espalda rota no hemos sorprendido nunca a ninguno en un pronto vengativo, en un gesto amenazante, en un arranque irracional o planificado para ajustar las cuentas con sus asesinos.
5. Ha sido abatido en Pakistán, país «amigo» de Europa, donde todos los que entendemos, por desgracia, de este tipo de terrorismo sabemos que es donde se encuentran los campos de entrenamiento y adoctrinamiento. Al igual que nos ocurre con Marruecos, que no extradita a nacionales aunque sean asesinos y sin embargo es socio privilegiado de Europa. Creemos que su presidente, el Ex-Presidente de las Islas Azores Sr. Barroso, y todos los 27 miembros de la UE deberían pensar que hay «amistades peligrosas».
6. Pedimos a nuestro Gobierno, encarecidamente que «cuide» a nuestras tropas en el extranjero, que nos cuide a sus ciudadanos sin mirar para otro lado, y que ponga todos los medios de nuestro Estado para que las posibles amenazas jamás se hagan realidad.
7. No vamos a llorar su muerte, aunque le preferiríamos vivo, preso y ante la justicia democrática, juzgado con las leyes de las que nos hemos dotado y cumpliendo las penas de nuestros códigos penales. En fin, confiando en nuestros Estados de Derecho, tal y como hicimos con los miembros de la red de Al-Qaida que cometieron los atentados del 11 de Marzo, con todas sus garantías procesales.
Comunicado de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo sobre la muerte de Osama bin Laden, emitido el pasado día 2: La Asociación 11M Afectados del Terrorismo, ante los acontecimientos ocurridos en el día de hoy, con el asesinato extrajudicial… Leer
Es mucho lo que sabemos ya acerca de las circunstancias que han rodeado la muerte de Osama bin Laden; mucho más lo que, con toda probabilidad, iremos sabiendo en los próximos días y mucho, también, lo que ignoramos aún, ignoraremos siempre o, sencillamente, está sujeto a diferentes versiones, más o menos subjetivas.
En general, las preguntas básicas están respondidas, al menos, de forma oficial. Conocemos el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y, aunque esta cuestión pueda ser más interpretable, también el porqué.
Sabemos que comandos especiales de la Marina de EE UU mataron al líder de Al Qaeda en una operación militar la noche del pasado domingo. Que los hechos ocurrieron en la localidad paquistaní de Abottabad, al norte del país, no muy lejos de Islamabad. Que Bin Laden vivía en un complejo residencial relativamente aislado, que fue tomado al asalto con la ayuda de helicópteros. Que hubo «intercambio de disparos» y que, además de Bin Laden, murieron otras tres personas. Que el líder terrorista no estaba armado y que falleció tras recibir un disparo en la cabeza y varios en el pecho.
Sabemos también que la operación duró exactamente 38 minutos, que el riesgo de fracaso era elevado (las posibilidades de encontrar allí a Bin Laden eran del 60%) y que el gobierno paquistaní no había sido informado. Y sabemos, además, que la orden directa del ataque la dio el presidente de EE UU, Barack Obama, y que lo hizo sin el pleno consenso de su equipo. No sólo eso. Sabemos que la orden no era capturarlo vivo, sino matarlo, a menos que Bin Laden «levantase las manos y se rindiera», algo que, según había expresado el propio líder de Al Qaeda en muchas ocasiones, era prácticamente imposible que ocurriese.
¿Qué más? Hemos visto gráficos detallados de la casa, de cómo atacaron los soldados y hasta de las armas que llevaban. Nos han dicho que el cuerpo de Bin Laden fue «arrojado al mar» y que su ADN está comprobado. Y con la información que hay ya sobre las pistas, informantes y torturas en Guantánamo (asfixia simulada incluida) que condujeron hasta el (aún presunto) cerebro del 11-S, contamos con material de sobra para escribir el guión de una película (Hollywood ya la está preparando).
Ya tenemos incluso una lectura política: La popularidad de Obama ha subido como la espuma, tras haber caído en los últimos meses como consecuencia de estar acorralado en el Congreso y de haber perdido parte de su prestigio internacional.
Y, sin embargo, los interrogantes siguen siendo, como poco, igual de numerosos.
Muchos de ellos tienen que ver con la legalidad de la operación militar en sí y, en este caso, hay respuestas en los dos sentidos. Otros, como qué va a ocurrir ahora con Al Qaeda, o hasta qué punto la muerte de Bin Laden supondrá un antes y un después en la llamada guerra contra el terrorismo, sólo pueden responderse todavía en el terreno de la especulación, en caliente. Y algunas de las preguntas que todavía no tienen respuesta son, por último, mucho más concretas, pero, por una u otra razón, no tenemos una versión oficial clara, o simplemente permanecen en secreto.
Estos son, sin necesidad de acudir a las muchas teorías ‘conspiranóicas’ que ya han surgido, 20 de los muchos misterios que envuelven aún la muerte del terrorista más buscado del mundo.
Teniendo en cuenta que las fuerzas estadounidenses no contaban con autorización expresa del gobierno paquistaní para entrar en el país y llevar a cabo una operación militar, la respuesta es que no. Estamos ante una violación de la soberanía de un Estado.
El director de la CIA, Leon Panetta, no se ha andado por las ramas: «El Gobierno paquistaní nunca supo nada sobre esta misión, porque Estados Unidos se planteó de forma deliberada que se trataría de una misión unilateral. El presidente Obama había dejado muy claro a los paquistaníes que si teníamos pruebas sólidas de dónde estaba localizado Bin Laden, entraríamos a por él. Y eso es justo lo que ocurrió».
Algunos expertos, sin embargo, lo justifican apelando a la condición de criminal internacional de Bin Laden y a la ineficacia (en el mejor de los casos) para capturarle demostrada por el país en el que se encontraba. Argumentan asimismo que la legislación internacional es ambigua y deja espacio suficiente como para que un Estado que está inmerso en un conflicto armado, o en una legítima defensa, pueda llevar a cabo este tipo de acciones sin necesidad de aplicar procesos legales.
Depende. Según expertos consultados por la BBC, las dos normas fundamentales para responder a esta pregunta son la «Autorización para el uso de la fuerza militar» y la «Resolución de poderes de guerra». La primera fue emitida tras el 11-S y autoriza al presidente a emplear toda la fuerza necesaria contra quienes «considere que de forma determinante» son responsables de los atentados.
Pero esta facultad estaría supeditada, en principio, a la segunda norma mencionada, aprobada en 1973, y que exige que el inicio de hostilidades bélicas sea consultado al Congreso, algo que no se ha hecho en esta ocasión.
El debate queda reconducido, por tanto, a si se ha tratado de un acto de guerra o no.
Implícitamente, EE UU considera que sí. Bin Laden se declaró en guerra contra el país norteamericano, y eso le habría convertido automáticamente en enemigo. Pero, por una parte, muchos expertos opinan que sólo puede existir guerra, jurídicamente hablando, cuando ambos contendientes son Estados y, por otro lado, Washington no se ha declarado nunca oficialmente en guerra contra Bin Laden (o contra Al Qaeda, para el caso). De hecho, EE UU sólo ha declarado oficialmente la guerra cinco veces a ocho países en toda su historia. Muchos de los conflictos en los que ha participado (Vietnam, Irak, Afganistán) han sido calificados de «enfrentamientos militares».
Si se trata de una intervención militar en un país extranjero, parece lógico pensar que habría sido necesario el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU (el caso de Libia, por ejemplo). No, evidentemente, en el momento mismo de la operación, sino como una especie de aval, «ocurra cuando ocurra». EE UU, desde luego, no lo tenía.
Tampoco se ha tratado de una operación coordinada por organismos policiales como la Interpol, con capacidad legítima para actuar internacionalmente. En este sentido, la pregunta vuelve a remitir al punto de partida: ¿Era una operación militar o una operación policial?
Tampoco está claro. Si se le consideraba un delincuente, un criminal, entonces se ha violado la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y el derecho a una defensa legal. Se le ha aplicado la pena de muerte (a él y a las otras personas que murieron en el asalto) sin proceso alguno.
Y si se le consideraba un enemigo, entonces tenía derecho a la protección que establece, entre otros acuerdos, la Convención de Ginebra, a menos que su muerte se haya producido durante una acción bélica. En cualquier caso, la intención, como ha reconocido el propio jefe de la CIA, era acabar con su vida.
No lo sabemos. Nos han dicho que hubo «resistencia», pero no exactamente cuánta ni de qué tipo.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, reveló el martes que Bin Laden estaba desarmado en el momento en el que las fuerzas especiales de EE UU accedieron a su domicilio, pero que «se resistió» a ser capturado y no mostró intención de rendirse. Este relato contradice la primera versión ofrecida por el principal asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Brennan, quien aseguró que Bin Laden «estuvo implicado en el tiroteo».
Las operaciones especiales son patrimonio de hombres sometidos a durísimos entrenamientos de resistencia física y psicológica. Solo las personas más excelentes tienen acceso a cuerpos de élite como los Navy SEALS, responsables de la operación que acabó con la vida de Bin Laden. Brennan matizó que «si se hubiese podido capturar vivo a Bin Laden, se habría hecho». Resulta cuando menos dudoso pensar que este comando no pudo haber reducido a un hombre desarmado de 54 años sin necesidad de matarlo a tiros. «Existen formas de resistencia que no implican esgrimir un arma», puntualizó Carney.
Una hija del terrorista, bajo custodia paquistaní, aseguró que su padre fue capturado vivo por soldados antes de recibir un tiro en la cabeza y en el pecho ante su familia.
Aunque aquí entramos en el terreno de la elucubración, los defensores de la acción estadounidense destacan que un Bin Laden vivo y ante los tribunales habría sido aprovechado de forma propagandística por Al Qaeda y el integrismo islámico. Argumentan, también, que ninguna de las posibles opciones era recomendable: ¿Lo habrían enviado a Guantánamo o habría sido juzgado en suelo estadounidense (en Nueva York o en Washington, en este caso, que es donde cometió los delitos)? ¿Bin Laden en Nueva York? ¿O habría sido juzgado, tal vez, en Afganistán (el país que invadió EE UU para capturarlo), en plena guerra contra los talibanes? ¿Y qué habría pasado si los saudíes, aliados de EE UU, hubiesen querido extraditarlo?
Los detractores de la operación de EE UU, sin embargo, indican que con su muerte se ha fabricado un mártir, un héroe al que no han logrado capturar vivo, una leyenda. Y otros, como el periodista británico Robert Fisk, van más allá aún: «Un tribunal podría haber preocupado a más gente, no sólo a Bin Laden. Después de todo, Bin Laden podría haber hablado de sus contactos con la CIA durante la ocupación soviética de Afganistán, o acerca de sus encuentros íntimos en Islamabad con el príncipe Turki, el jefe de la inteligencia saudí. Justo igual que ocurrió con Sadam, que fue juzgado por el asesinato de sólo 153 personas, y no por los miles de kurdos a los que gaseó, y que fue ahorcado antes de que tuviese la oportunidad de contarnos cosas sobre los componentes de las armas químicas procedentes de EE UU, o sobre su amistad con Donald Rumsfeld, a quien recibió en 1980 después de invadir Irán, siendo éste asistente militar del ejército estadounidense».
En principio, esa es la versión oficial, pero algunos analistas militares consideran poco probable que, si realmente hubo un tiroteo intenso, no se produjese ni un solo herido, aunque fuese leve, entre los soldados de EE UU.
En cualquier caso, se trata de la fuerza de élite de los marines, especialmente entrenada para este tipo de misiones y de una eficacia letal (no en vano le cuestan al contribuyente de EE UU unos 1.000 millones de dólares al año), por lo que, de haber contado con el elemento sorpresa, tampoco es descartable que no se produjeran bajas.
Según el diario británico Daily Telegraph, que cita fuentes de la inteligencia de Pakistán, en la operación tomaron parte cuatro helicópteros que despegaron de una base paquistaní, en el norte del país (otras informaciones sitúan en Afganistán el inicio de la operación). La revista Time también informa de cuatro aparatos, pero The Wall Street Journal habla de sólo dos, y The New York Times señaló que testigos habían visto un total de tres.
Tampoco está claro qué pasó con el helicóptero que fue destruido con explosivos por los propios soldados estadounidenses tras el asalto, teóricamente, para que los restos no fuesen confiscados. Según algunas versiones, había sido alcanzado por disparos efectuados desde tierra, mientras que en otras, la mayoría, se especula con la posibilidad de un fallo mecánico.
Según se ha informado, el cuerpo de Bin Laden fue trasladado hasta el Mar Arábigo, envuelto en un manto blanco y lanzado al mar. Estados Unidos justificó la rapidez de esta acción amparándose en la ley islámica, que aconseja enterrar a los difuntos en un corto plazo de tiempo. Sin embargo, expertos en el islam han explicado que arrojar un cadáver al mar contradice la sharia.
¿Cuál es, en cualquier caso, la verdadera razón para hacer desaparecer el cadáver? ¿Evitar que una posible tumba se convierta en santuario para sus seguidores y fuente de futuros conflictos? Por otro lado, si se tiene en cuenta que Bin Laden nació en Yemen, creció en Arabia Saudí y luego renegó de este país y vivió en Sudán, Afganistán y Pakistán, tampoco resultaba fácil decidir dónde enviar sus restos para ser enterrados.
Y queda pendiente, además, otra cuestión importante: ¿Qué pasa con el derecho de los familiares a recuperar el cuerpo?
El director de la CIA dice que sí, pero Barack Obama ha decidido que no se publiquen porque el cadáver de Bin Laden «no es un trofeo». La fotografía, supuestamente, muestra una enorme herida encima del ojo izquierdo que deja entrever parte del cerebro.
La imagen de un Bin Laden cosido a tiros puede resultar, en palabras de funcionarios del propio gobierno estadounidense, «incendiaria». Pero, a la vez, sería una prueba más sólida que las muestras de ADN (unas muestras que tampoco se han hecho públicas hasta ahora) de cara a que, tanto los más escépticos como muchos de sus seguidores, pudiesen convencerse de que realmente ha muerto.
El Pentágono, Washington y el propio John Brennan defendieron en un primer momento que Bin Laden había utilizado a una de sus mujeres como escudo humano para refugiarse de los disparos. La información ha sido desmentida posteriormente por todas las partes. La mujer en cuestión permanece hospitalizada con un tiro en la pierna y no fue utilizada como escudo.
No ha trascendido si los militares estadounidenses y Bin Laden intercambiaron o no palabra alguna, o si Bin Laden llegó a expresar algún mensaje antes de ser abatido.
Lo único que se sabe es que se trata de dos hombres y una mujer, pero nada más. Tampoco se ha informado de qué se ha hecho con sus cuerpos.
Según la agencia AP, los soldados dejaron en el recinto a 23 niños y nueve mujeres, pero un funcionario paquistaní indicó que están bajo custodia solo nueve niños de entre dos y 12 años. El gobierno de Pakistán, por su parte, habría asegurado tener bajo custodia a una mujer de Bin Laden y a una de sus hijas, detenidas tras el asalto a la residencia.
La agencia Efe, citando una fuente de los servicios secretos de Pakistán, añade que ambas se encontraban en la casa cuando entraron los soldados.
A día de hoy, se desconoce el número de colaboradores de Bin Laden detenidos en la operación, o quiénes son.
Según informó el portal de Internet Politico, el comando que asaltó la casa de Bin Laden logró hacerse con gran cantidad de equipo informático y discos duros pertenecientes al jefe de Al Qaeda. Los servicios de inteligencia de EE UU estarían revisando estos discos duros y externos en un enclave secreto en Afganistán, desde donde, también teóricamente, se lanzó la operación. Pero, ¿tiene Estados Unidos derecho legal a sacar ese tipo de material del país donde ha sido requisado?
Es las pregunta del millón. Bin Laden ocupaba un complejo nada discreto, a unas cuantas decenas de kilómetros de la capital paquistaní, cerca de una ciudad en la que hay una base y una academia militar del ejército de Pakistán. En principio, con los servicios de inteligencia de medio mundo detrás de él, no parece el mejor escondite. Muchos en EE UU apuntan ya directamente a una complicidad de Pakistán. Las otras opciones son dos, una ineficacia total por parte de los servicios secretos de este país, o una habilidad increíble por parte de Bin Laden.
En este sentido, la revista The New Yorker plantea un buen número de interrogantes que, no por obvios, tienen menos importancia: ¿De quién es la tierra donde construyó Bin Laden la casa? ¿Cómo adquirió el terreno o a través de quién? ¿Quién le diseñó la vivienda? ¿Quiénes trabajaban allí? ¿Le visitaba alguien? ¿Con qué frecuencia?
Y, más aún: ¿No salía nunca? ¿No le vio nunca nadie? ¿Había cambiado de aspecto para evitar ser reconocido? ¿Qué aspecto tenía? ¿Cuántas personas sabían de su presencia allí? ¿Alguna de ellas tenía algún tipo de cargo público?
No hay ninguna prueba real de que Bin Laden haya vivido en cuevas durante estos años, pese a que eso es lo que se creyó durante mucho tiempo.
A principios de los noventa, y con propósitos propagandísticos, Bin Laden invitaba a algunos periodistas a entrevistarle en cuevas de Tora Bora, en Afganistán, pero él vivía realmente en un confortable complejo perteneciente a uno de los señores de la guerra locales. A finales de esa década se mudó a otro complejo cerca de Kandahar, también en Afganistán, y ahora vivía en otra gran vivienda en Pakistán.
Entre medias, aún no se sabe, pero la Casa Blanca ha indicado que, tras años de búsqueda, EE UU se dió cuenta finalmente de que Al Qaeda prefiere «áreas muy pobladas» a «cuevas o pequeños pueblos».
Una imagen del supuesto cadáver de Osama bin Laden fue divulgada por varios medios y redes sociales poco después de conocerse la muerte del líder de Al Qaeda. Sin embargo, según un comunicado de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) emitido horas después, la imagen era falsa. ¿Quién filtró la fotografía? ¿Con qué intención?
Publicado originalmente en 20minutos
Es mucho lo que sabemos ya acerca de las circunstancias que han rodeado la muerte de Osama bin Laden; mucho más lo que, con toda probabilidad, iremos sabiendo en los próximos días y mucho, también, lo que ignoramos aún, ignoraremos siempre o, sencillamente, está sujeto a diferentes versiones, más o menos subjetivas. En general, las preguntas básicas están respondidas, al menos, de forma oficial. Conocemos el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y, aunque esta cuestión […]
