El canal Arte TV lleva desde hace meses ofreciendo en su web un completo especial sobre las revoluciones en el mundo árabe, en el que, a través de entrevistas, análisis, imágenes y, especialmente, vídeos, da voz a los verdaderos protagonistas:… Leer
El canal Arte TV lleva desde hace meses ofreciendo en su web un completo especial sobre las revoluciones en el mundo árabe, en el que, a través de entrevistas, análisis, imágenes y, especialmente, vídeos, da voz a los verdaderos protagonistas: la gente. Una de las secciones más interesantes es la denominada Generation Revolution (Generación Revolución).
El espacio incluye una serie de vídeos cortos realizados por los hermanos de origen iraní Arman y Arash T. Riahi. Los vídeos, que serán montados en un proyecto bajo el título de Everyday Rebellion (la rebelión de cada día), son presentados como «un documental sobre las protestas pacíficas y las nuevas formas de desobediencia civil en un tiempo de agitación global», y en ellos tienen cabida desde activistas hasta artistas y poetas. En el último publicado hasta ahora (el que encabeza esta entrada), los protagonistas son la poetisa palestino jordana Jumana Mustafa y su teatro favorito en Ammán, recientemente destruido por un incendio.
Más información: Generation Revolution: Jumana Mustafa
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El 17 de diciembre de 2010, hace hoy un año, Mohamed Buazizi, un joven de 26 años harto de una vida de constante humillación y sin expectativas, se inmoló a lo bonzo en la puerta de la sede del gobierno regional de Sidi Buzid, en Túnez.
Buazizi falleció el 4 de enero, y su muerte originó un movimiento solidario de protesta social entre los jóvenes pobres y en paro de su deprimida ciudad. La protesta se extendió y acabó provocando la histórica caída del presidente Zine el Abidine Ben Alí. Había nacido lo que en unos pocos meses será bautizada como «primavera árabe».
Un año y miles de muertos después, han caído dictadores, están naciendo nuevos gobiernos, las urnas están dando más poder a los islamistas, se ha afianzado una forma global de protesta, y, sobre todo, se sigue luchando.
Este es un resumen, elaborado por la agencia Efe, de lo que ha ocurrido hasta ahora y de cómo está la situación, país por país, en los países de Oriente Medio y el Magreb:
La revolución acabó el 14 de enero, con el abandono del poder por el presidente Zine al Abidín Ben Ali, que huyó a Arabia Saudí, después de permanecer 23 años en el Gobierno, en los que ganó cuatro elecciones con porcentajes de incluso el 99,91% de los sufragios. Las revueltas duraron unos diez días y hubo 347 muertos.
El proceso culminó el 23 de octubre con la celebración de comicios en las que participó el 54,1 por ciento de los electores. El ganador fue el movimiento islamista conservador Al Nahda, liderado por Hamadi Yabali, que obtuvo 89 de los 217 escaños de la Asamblea Constituyente. El 13 de diciembre tomó posesión el nuevo presidente, Moncef Marzuki, del centrista Consejo por la República y el 14 Yabali fue designado primer ministro.
La revolución comenzó el 25 de enero con el «Día de la ira», en el que miles de manifestantes en El Cairo y otras ciudades egipcias convocados por Internet pedían reformas al régimen de Hosni Mubarak. Los manifestantes no querían que Mubarak se presentara a las elecciones ni que dirigiera la transición ni que colocara como sucesor a su hijo Gamal. Mubarak delegó el poder el 11 de febrero a una Junta Militar, fue hospitalizado en abril por una «crisis cardiaca» y, desde entonces, aparece en camilla en los juicios emprendidos contra él. Las revueltas iniciales se prolongaron durante 18 días y hubo al menos 846 muertos, según un informe de Amnistía Internacional (AI).
La primera fase de las elecciones se celebró los días 28 y 29 de noviembre en nueve provincias del país, entre ellas El Cairo y Alejandría con una tasa de participación del 52%. El Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de los Hermanos Musulmanes, fue el claro vencedor en el inicio de las elecciones legislativas egipcias, con un 40% de los votos, seguido de los salafistas del partido Al Nur (musulmanes ultraconservadores) con el 20%.
Las manifestaciones comenzaron de forma pacífica los días 15 y 16 de febrero en Bengasi, la segunda ciudad libia, por la detención de un activista de derechos humanos y en demanda de cambios democráticos al máximo dirigente del país, Muamar al Gadafi, en el poder durante 42 años.
El 27 de marzo la OTAN inició una campaña militar sobre Libia, semanas después de que las fuerzas leales al régimen comenzaran a acorralar a los grupos de insurgentes del país. La guerra duró ocho meses. La revuelta degeneró en guerra civil que terminó con el anuncio rebelde el 20 de octubre de la muerte de Gadafi en Sirte, su localidad natal. Las víctimas del conflicto se cifraron en 25.000 muertos y el doble de heridos, según el presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT), Mustafá Abdul Jalil.
El CNT gobierna el país desde entonces, presidido por Mustafá Abdul Jalil y se han convocado elecciones, previstas inicialmente para junio de 2012.
Las protestas se iniciaron el día 15 de marzo, cuando miles de personas se concentraron en las principales ciudades en respuesta a la convocatoria por Facebook de un «Día de la Ira» y con el eslogan «Una Siria sin tiranía, ni ley de emergencia», en vigor desde 1963. El 21 de abril el presidente Bachar al Asad derogó el estado de emergencia, que otorgaba amplios poderes a las fuerzas de seguridad para reprimir a los manifestantes.
Sin embargo, la represión de las protestas fue brutal y, casi nueve meses después, la ONU cifró en más de 5.000 los muertos, más de 300 de ellos menores de edad. La comunidad internacional mantiene fuertes sanciones económicas contra el régimen. La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, advirtió de que el país se dirige a una guerra civil.
Las manifestaciones comenzaron el 27 de enero para exigir que el presidente Abdulá Saleh no se presentara a la reelección en el país más pobre de la península arábiga. La represión de las manifestaciones causó cientos de muertos y heridos durante meses.
Finalmente, ya en el exilio, el presidente Saleh firmó el 23 de noviembre en Riad una iniciativa de reconciliación nacional que prevé una transición de dos años durante los cuales se enmendará la Constitución y se prepararán elecciones.
Las manifestaciones comenzaron el 14 de febrero protagonizadas por la mayoría chií que demandaba a la minoría suní que gobierna el país -el monarca Hamad bin Isa al Jalifa- la instauración de una monarquía parlamentaria con una Constitución que permita al pueblo elegir un gobierno y un Parlamento independientes.
En las revueltas se han producido más de 40 muertos. Las autoridades destruyeron el 18 de marzo el monumento a la Perla en la emblemática plaza de Manama que llevaba ese nombre después de que se convirtiera en símbolo de las protestas antigubernamentales.
Las protestas empezaron a mediados de febrero con manifestaciones convocadas en las redes sociales en reclamo de una Constitución democrática, en la que el rey sea soberano, pero no detente el poder Ejecutivo. El rey Mohamed VI respondió con la reforma de la Constitución y nuevas normas para reforzar la figura del primer ministro como «presidente de un poder ejecutivo efectivo».
Una nueva Carta Magna fue aprobada el pasado 1 de julio en referéndum con el 98,50 por ciento de los votos y una tasa de participación del 73,46% del votos.
Se celebraron elecciones el 25 noviembre, que fueron ganadas por el islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD), con 107 de los 295 escaños del Parlamento. Y el 29 de noviembre el rey Mohamed VI nombró al secretario general del PJD, Abdelilah Benkirán, primer ministro.
Las manifestaciones empezaron el 28 de enero, y aún continúan, en demanda de reformas políticas y económicas en varias ciudades del país. El rey Abdalá II cesó el 1 de febrero al Ejecutivo del primer ministro Samir Rifai, y le sustituyo por Maaruf Bajit.
Las protestas continuaron y el 17 de octubre el soberano hachemí cesó a Bajit y le sustituyó en el cargo por Aun Jasawneh, exjuez de la Corte Penal Internacional, y le encargó acelerar las reformas políticas.
El pasado 18 de noviembre miles de jordanos salieron a las calles de las principales ciudades para pedir al nuevo primer ministro que cumpla sus promesas de acelerar las reformas y luchar contra la corrupción, así como una nueva ley electoral que garantice una representación proporcional en el Parlamento.
Las protestas comenzaron el 12 de febrero para pedir que el gobierno derogara el «estado de emergencia» que regía el país desde hacía 19 años. Dicha ley había sido decretado el 9 de febrero de 1992 por presión del Ejército, tras el intento de insurrección por el Frente Islámico de Salvación (FIS), en protesta por la anulación de las legislativas, cuya primera ronda había ganado por mayoría.
Las recientes protestas se diluyeron tras la derogación de dicho estado de emergencia el 24 de febrero.
Con información de la agencia Efe
El 17 de diciembre de 2010, hace hoy un año, Mohamed Buazizi, un joven de 26 años harto de una vida de constante humillación y sin expectativas, se inmoló a lo bonzo en la puerta de la sede del gobierno… Leer
A finales de esta semana se cumplirán siete meses desde que, el 17 de diciembre de 2010, un joven vendedor ambulante que protestaba por la confiscación de su mercancía por la policía se prendiese fuego en la localidad tunecina de Sidi Buzid, desencadenando un movimiento contra el desempleo y la carestía de la vida en este país, que supondría el inicio de una serie de revueltas en cadena por toda la región.
Lo que en un principio parecía una protesta meramente local acabó prendiendo como la pólvora en una región especialmente abonada para ello, después de décadas de dictaduras brutales, pobreza y menosprecio por los derechos humanos y las libertades más básicas.
Más allá del común denominador de la pertenencia al mundo árabe, cada país presentaba, y presenta, una realidad diferente, con problemas distintos. Pero los elementos coincidentes (sistemas autoritarios y represores, población oprimida y descontenta, juventud de los manifestantes, uso de las redes sociales) eran lo suficientemente obvios como para poder hablar de un elemento revolucionario global, de un despertar, de una «primavera árabe».
Siete meses después, esa primavera ha dado frutos importantes, pero también razones para el desánimo y el pesimismo. Han caído dos regímenes, Túnez y Egipto, pero, de momento, sólo el primero parece haber encontrado un camino más o menos claro hacia la democracia, y los dos lidian con los problemas de una transición difícil. Y los demás países oscilan entre la represión mantenida (Siria), las reformas maquilladas (Marruecos, Argelia, Jordania), la complicidad internacional (Arabia Saudí, Bahréin), la fuerza de una minoría de la población satisfecha por la riqueza petrolera (Emiratos), o, directamente, la guerra (Libia), por no hablar de la dificultad extra que supone para el pueblo palestino tener que hacer no una, sino dos revoluciones (una contra el ocupante israelí y otra contra sus propios dirigentes).
Todos ellos, en cualquier caso, han dejado de ocupar las primeras páginas de los medios de comunicación.
Es probable que las especiales condiciones que permiten el triunfo de una revolución en países tan férreamente controlados por sus regímenes sólo puedan prosperar si ocurren con cierta rapidez, como sucedió en los casos de Túnez o Egipto. Y es posible que, de no ser así, el régimen acabe haciendo efectiva su maquinaria represora, la atención y el apoyo internacional se vayan reduciendo y el desgaste vaya minando poco a poco a los revolucionarios.
Pero también puede ser que ese hipotético desgaste, o la impresión que podamos tener desde fuera, no lo sea en realidad. Cada país tiene su propio ritmo revolucionario, y donde unos necesitan dos semanas, otros necesitan un año.
Un análisis optimista pasa por creer que, al final, Gadafi caerá, y su caída renovará el impulso en otros países. Pasa por pensar que el levantamiento del pueblo sirio, pese a la complejidad étnica, religiosa y política que conlleva, es irreversible, y que Asad, tarde o temprano, con ayuda del exterior o sin ella, también caerá; que las reformas constitucionales aprobadas en Marruecos iniciarán un camino democratizador de no retorno contra el que poco podrá hacer ya la monarquía aluí; que el final del mandato del presidente de Yemen abrirá una puerta real de diálogo en el país…
De momento, en el balance negativo, a la lista de países endémicamente inestables (Irak, Líbano, Palestina) se han sumado bastantes más (Túnez, Egipto, Yemen, Libia, Siria, Bahréin), y en muchos casos, con escaladas de violencia y represión. Los gobernantes que están aguantando lo están haciendo a base de mano dura, o amparados en la ambigüedad de la comunidad internacional, que actúa más observando y, si acaso, reaccionando, que apoyando claramente las revueltas. El poder popular no ha arrasado,como en algún momento parecía que iba a ocurrir.
En lo positivo, no obstante, hay dos dictadores menos (Mubarak y Ben Ali), y otro está entre la espada y la pared (Gadafi). Pero, sobre todo, ha prendido una llama pro democrática que será muy difícil volver a apagar, pase lo que pase.
Hoy, por hoy, así es como están las cosas en los países donde las revueltas han sido más significativas:
El 14 de enero, después de casi un mes de protestas y manifestaciones en la calle contra el régimen, y tras 23 años en el poder, el presidente Zine El Abidine Ben Alí dejó su cargo y huyó a Arabia Saudí.
El pasado día 7, un tribunal penal de primera instancia tunecino condenó en rebeldía a Ben Ali a 15 años y seis meses de cárcel por posesión ilegal de armas y estupefacientes. Era la segunda sentencia emitida contra el exmandatario, quien ya había sido condenado el 20 de junio, en el primer proceso abierto contra él, a 35 años de cárcel por malversación de fondos públicos.
Las elecciones inicialmente previstas para el 24 de julio fueron aplazadas hasta el 23 de octubre, debido a que, según el gobierno en funciones, no había suficiente tiempo para elaborar un censo electoral ni para que las fuerzas políticas que van a participar en los comicios pudieran articularse convenientemente.
En espera de la cita electoral, tanto el gobierno provisional como la sociedad civil y los organismos internacionales están intentando preparar el camino. Este mismo viernes, por ejemplo, una treintena de profesores de la universidad de Túnez crearon el primer «Observatorio Tunecino de la Transición Democrática» para intentar «paliar el déficit de instituciones de investigación y contribuir a la transición política».
El Gobierno, por su parte, llevó a cabo hace unos días una remodelación parcial del Ejecutivo que afecta a cuatro ministerios e incluye un nuevo cargo denominado ministro delegado para el Ministerio del Interior Encargado de las Reformas. Y la UE ha anunciado que desplegará una misión de observación en las elecciones.
El precio de la revolución, por otro lado, ha sido alto. Después de décadas como paraíso turístico, y privilegiado por inversiones occidentales que hacían la vista gorda ante los abusos del régimen, Túnez se enfrenta ahora a una situación de inestabilidad que ha hundido hasta la mitad al sector del turismo (7% del PIB, 400.000 empleos directos y 300.000 indirectos). Además, la inversión extranjera ha caído un 24,5% y el PIB, un 7,8%. A ello hay que sumar el regreso de 120.000 emigrantes de Libia que han dejado de enviar dinero, la llegada de cerca de 80.000 refugiados de este país y el desplome del comercio con la nación vecina.
Tras 18 días de históricas manifestaciones populares, centradas en la plaza Tahrir de El Cairo, Hosni Mubarak abandonó finalmente el poder el 11 de febrero. Su proceso judicial y el de sus dos hijos está previsto para el 3 de agosto.
La caída de Mubarak nunca se habría producido sin el levantamiento popular, pero sólo fue posible debido a lo que, en la práctica, fue un golpe de Estado de los militares. La consecuencia es que la transición la están dirigiendo dos fuerzas conservadoras: el Ejército y, indirectamente, los Hermanos Musulmanes, cuyo apoyo a las revueltas fue, también, muy determinante, al aportar una gran masa ciudadana.
Los comicios parlamentarios están previstos para septiembre, y los presidenciales, para final de año.
De momento, el país no tiene una nueva constitución, sino sólo la antigua reformada, unos cambios que, pese a sus conexiones con el antiguo régimen, fueron aprobados en referéndum el pasado 20 de marzo, con el apoyo de los grupos islamistas y de la junta militar que, dirigida por el mariscal Tantawi, lidera el proceso de cambio.
La lentitud de la transición y la tensión que aún vive el país se han traducido en numerosas situaciones de violencia a lo largo de estos meses. Los días 28 y 29 de junio, una batalla campal entre policías y manifestantes en El Cairo dejó más de mil heridos y 43 detenidos, después de que cientos de personas se concentraran en el centro de la capital y se enfrentaran a las fuerzas del orden, en protesta por el ataque y arresto de familiares de víctimas de la revuelta de febrero. Y este viernes, decenas de miles de personas volvieron a protagonizar una jornada de reivindicación en la plaza de Tahrir , donde exigieron al Ejército que acelere las reformas democráticas.
Con respecto al futuro, el panorama político egipcio actual está formado por dos grandes fuerzas, los Hermanos Musulmanes y una serie de partidos pequeños y laicos, muchos de ellos, recientes. Los primeros (islamistas) son los que tienen la mejor capacidad organizativa, por lo que quieren elecciones cuanto antes. Los segundos están luchando por retrasar los comicios para organizarse mejor y ganar más fuerza.
Lo que ocurra finalmente en Egipto es, mucho más que en el caso de Túnez, trascendental para toda la primavera árabe, dado el peso político y poblacional del país del Nilo. Para muchos analistas, de hecho, la supervivencia de las revueltas en la región depende ahora mismo, esencialmente, de dos grandes factores: Que la democracia se abra paso en Egipto de un modo incuestionable, y que caiga el régimen libio de Muammar al Gadafi.
El 15 de febrero se inicia una revuelta popular contra el coronel Muammar al Gadafi, en el poder desde 1969. El régimen responde sofocando a los rebeldes a sangre y fuego, y el 19 de marzo, una coalición liderada por EE UU, Francia y el Reino Unido lanza una ofensiva militar contra el país, amparada en una resolución de la ONU para proteger a los civiles y asegurar la exclusión del espacio aéreo. El 31 de marzo, la OTAN asume el mando de la operación.
Pese a la presión internacional y las sanciones, y pese al abandono de muchos de sus diplomáticos, Gadafi, sin embargo, se niega a abandonar el poder.
En junio, 14 países habían reconocido ya al órgano político de los rebeldes, el Consejo Nacional de Transición.
Hasta ahora han muerto entre 10.000 y 15.000 personas, y hay más de 950.000 refugiados, según cifras de la ONU.
A pesar de los bombardeos de la OTAN y del aislamiento del régimen, el conflicto atraviesa un estancamiento que está perjudicando cada vez más a los rebeldes. La escasez de recursos del gobierno opositor es tremenda, tanto militarmente como en lo que respecta a bienes y servicios para atender las necesidades básicas de la población, y el acoso de las tropas de Gadafi se mantiene.
En este contexto, la solución militar se está volviendo cada vez más difícil. Este mismo domingo, el general de división francés Vincent Desportes indicaba en una entrevista que «los bombardeos de la OTAN no acabarán con el régimen de Gadafi, cuya estrategia de esperar puede resultar vencedora. Ha llegado el momento de encontrar un compromiso con las autoridades libias».
De momento, los 22 aliados que respaldan la intervención de la OTAN (el llamado Grupo de Contacto) están tratando de buscar vías políticas para aumentar la presión, incluyendo una llamada «hoja de ruta hacia la democracia» y la creación de un fondo, denominado Mecanismo Financiero Temporal para canalizar recursos al gobierno rebelde de Bengasi «de forma más transparente y bajo el paraguas de la ONU».
Desde que, a mediados de marzo, comenzaron las revueltas contra el régimen de Bashar al Asad, y según la ONU, han muerto en Siria unas 1.200 personas, víctimas de la represión gubernamental. Además, miles de ciudadanos han huido como refugiados a la vecina Turquía.
El último informe publicado por Amnistía Internacional (6 de julio) señala que el ejército y los servicios de seguridad sirios han cometido crímenes y otras violaciones de los derechos humanos de forma consciente y sistemática (asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas) contra la población, hechos que pueden calificarse de crímenes contra la humanidad.
El gobierno de Asad, por su parte, afirma que al menos 400 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto desde que comenzaron los disturbios.
El 20 de junio, el presidente sirio, en un intento de acallar las protestas, prometió elecciones parlamentarias y ampliar una amnistía para ciertos opositores.
Por ahora, no parece que Asad vaya a cambiar una estrategia de represión que le está dando buenos resultados. Al contrario que en Egipto, y a pesar de algunas deserciones, el Ejército no se ha desmarcado del régimen, y la intervención exterior, más allá de las sanciones económicas, no se contempla como opción, debido a intereses geoestratégicos (el polvorín del Líbano, la relación con Irán, las consecuencias en los territorios palestinos ocupados por Israel), y al temor de un incremento aún mayor de la violencia. Es cierto que la dictadura se ha debilitado, pero no lo suficiente.
La oposición, por su parte, trata de organizarse en el exilio, pero sus probabilidades de constituir una fuerza que cambie el escenario son pocas, en buena medida, debido a la compleja realidad étnica y religiosa de Siria, y al fuerte grado de sectarismo confesional existente en el país, fomentado durante décadas por el propio régimen (dominado por una minoría) para mantenerse en el poder.
Habrá que ver, en cualquier caso, qué surge de las reuniones consultivas del llamado diálogo nacional, que, convocadas por el presidente sirio, comenzaron este domingo en Damasco, sin una agenda clara y con el boicot de algunos opositores destacados.
A la primera sesión asistieron más de un centenar de representantes del régimen, políticos de distintas tendencias, intelectuales y opositores, que efectuaron sus propuestas para una futura conferencia más global del diálogo nacional.
Un factor clave es que, a diferencia de Túnez o Egipto, donde las dictaduras funcionaban bajo un maquillaje democrático, y manteniendo algunos derechos, lo que hay en Siria es una dictadura verdaderamente represora, que ha inculcado un fondo de miedo entre la población del que no es tan fácil desprenderse. Algunos analistas, no obstante, destacan que muchos suníes (la mayoría de la población) y hombres de negocios parecen dispuestos a apoyar una alternativa que estabilice ese país.
Una eventual caída del gobierno sirio afectaría de un modo muy importante al mapa político de Oriente Medio, especialmente en lo que respecta al Líbano.
El 27 de enero miles de manifestantes empiezan a reclamar en Saná la renuncia del presidente yemení, Alí Abdulá Saleh, en el poder desde hace 33 años. Los llamados Jóvenes de la Revolución inician una acampada en la capital del país a partir del 21 de febrero.
Después de meses de protestas y represión, con un saldo de cerca de 200 muertos, a mediados de mayo el presidente parecía estar dispuesto a aceptar un acuerdo con la oposición, diseñado por el Consejo de Cooperación del Golfo y con el apoyo de EE UU y de la UE, según el cual abandonaría el poder a cambio de inmunidad judicial. Por dos veces, sin embargo, se negó a firmarlo.
La situación dio un vuelco el 3 de junio, cuando un atentado contra el palacio presidencial, con un saldo de 11 muertos y 124 heridos, dejó gravemente herido a Saleh, quien fue hospitalizado en Arabia Saudí.
Desde el atentado contra Saleh, Yemen está en una especie de limbo, con una guerra civil continuamente a la vuelta de la esquina, que, de momento, tan sólo evita la incertidumbre por el futuro político y un frágil alto el fuego alcanzado entre partidarios y detractores del presidente. La oposición, por su parte, espera iniciar un proceso de transición antes de que Saleh regrese, lo que no parece muy factible.
El jueves pasado, Saleh apareció en la televisión oficial con un aspecto irreconocible, evidentes signos de quemaduras y el cuerpo inmóvil, en su primer discurso después de sufrir el atentado. Desde la capital saudí, el presidente aseguró que apoya la participación de todas las fuerzas políticas y el diálogo para salir de la crisis, pero no hizo ninguna referencia a la posibilidad de un traspaso del poder.
Una de las principales amenazas ahora es que Al Qaeda, que tiene una fuerte presencia en el país, y que ha sido la causa principal de que Estados Unidos apoyase incondicionalmente al régimen durante estos últimos años, termine por aprovechar este vacío de poder.
Las protestas contra el régimen autocrático de Bahréin, un pequeño reino en el Golfo gobernado por la familia Jalifah desde 1783, comenzaron el 14 de febrero.
La mayoría de los manifestantes eran musulmanes chiíes, rama del islam a la que pertenece asimismo la mayor parte de la población del país. El gobierno, sin embargo, está en manos de la minoría suní, como suníes son también las élites dirigentes de los demás estados del Golfo, y los miles de soldados saudíes y de los Emiratos que entraron en Bahréin a mediados de marzo para ayudar al régimen a «mantener el orden».
Con el apoyo de las tropas extranjeras, el Gobierno impuso un estado de emergencia que se tradujo en más de medio millar de detenidos y una auténtica mordaza informativa para los medios de comunicación extranjeros (los locales, están controlados), encaminada en buena parte a limpiar la imagen del país para conseguir volver a ser sede de uno de los grandes premios de Fórmula 1.
Hasta ahora, Estados Unidos ha mostrado una actitud tibia con respecto al régimen bahreiní del rey Hamad bin Isa Al Jalifah. La Quinta Flota estadounidense tiene sus bases en este país y Washington está especialmente preocupado por una posible ingerencia de Irán (la gran potencia chií) en la crisis, que ha dado su apoyo expreso a los manifestantes.
Según un informe del Departamento de Estado de EE UU, Washington aprobó 200 millones de dólares en ventas de equipo militar de firmas estadounidenses a Bahréin en 2010, tan sólo unos meses antes de que el régimen autocrático se viera conmovido por la inestabilidad y de que reprimiera enérgicamente a los manifestantes.
El pasado día 2 de julio se inició un proceso de diálogo nacional entre el Gobierno y la oposición, destinado a reformar un sistema político que los chiíes quiere hacer evolucionar hacia una monarquía constitucional.
Este diálogo, que incluye a representantes de diferentes grupos políticos y de la sociedad civil, está alentado por la comunidad internacional, en particular por Washington.
Antes del inicio de las conversaciones, las autoridades anunciaron una comisión independiente de cinco miembros, entre ellos juristas de renombre internacional, para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la represión.
En el contexto internacional, la crisis de Bahréin ha reforzado el papel de Arabia Saudí en la región, cuyo petróleo, poder económico, interés estratégico y oposición a Irán la hacen intocable para Occidente, pese a su larga lista de violaciones de derechos humanos y al carácter absolutista de su gobierno (la ministra española de Exteriores, sin ir más lejos, viajó recientemente a Riad para, según un comunicado del Gobierno español, «poner de relieve el excelente estado de las relaciones políticas hispano-saudíes, así como la estrecha amistad que mantienen las familias reales española y saudí»).
Su intervención en su vecino del Golfo y sus intentos por influir en la situación de Yemen han convertido a Arabia Saudí en una especie de garante y gran gendarme para las monarquías árabes autocráticas (no en vano, el Consejo de Cooperación del Golfo ha invitado a Marruecos a unirse a este grupo).
El 4 de febrero unos 12.000 jóvenes piden en Facebook que el rey Mohamed VI derogue la Constitución, que tome medidas para luchar contra la corrupción y que libere a los presos de conciencia. Convocan una protesta para el 20 de febrero, fecha que dará nombre al principal movimiento popular de oposición al régimen, al que más tarde se unirá Justicia y Espiritualidad, el gran movimiento islamista marroquí. Las manifestaciones del 20 de febrero reunieron a miles de personas, que reclamaron más democracia en 12 ciudades.
En un primer momento, el rey, que recibe el apoyo de contramanifestantes que se enfrentan a los opositores, se niega a ceder a «la demagogia» y hasta 200 jóvenes son procesados por disturbios, pero, en marzo, el monarca anuncia un recorte de sus poderes, a pesar de lo cual continúan las protestas. El 14 de abril Mohamed VI indulta a 148 presos de conciencia, la mayoría islamistas.
A mediados de junio, el rey convocó un referéndum sobre una nueva Constitución que, pese a recortar algunos de los poderes del monarca, no satisface al movimiento 20 de Febrero. La nueva Carta Magna se sometió a votación popular el 1 de julio, y obtuvo el respaldo del 98,49% de los ciudadanos.
Las claves de la nueva Constitución incluyen un nuevo estatus para el monarca, cuyo papel como Jefe del Estado deja de estar conectado con su papel como jefe religioso; la creación de la figura del presidente del Gobierno; reformas parlamentarias, con un mayor poder legislativo para el Congreso, y reconocimiento del bereber como idioma oficial junto al árabe.
Publicado originalmente en 20minutos
A finales de esta semana se cumplirán siete meses desde que, el 17 de diciembre de 2010, un joven vendedor ambulante que protestaba por la confiscación de su mercancía por la policía se prendiese fuego en la localidad tunecina de Sidi Buzid, desencadenando un movimiento contra el desempleo y la carestía de la vida en este país, que supondría el inicio de una serie de revueltas en cadena por toda la región. Lo que en un principio […]
Amnistía Internacional ha divulgado hoy varios vídeos que documentan los abusos cometidos por los servicios de seguridad sirios al reprimir a los manifestantes que exigen la caída del régimen de Bashar al Asad. En algunos de ellos se muestran imágenes terribles, con numerosos casos de personas muertas de disparos en la cabeza.
Según Amnistía, las imágenes han llegado a la ONG desde diversas fuentes en Siria y están tomadas, probablemente, entre finales de marzo y abril en la ciudad de Deraa y sus alrededores. Son, según explica Philip Luther, director adjunto de la organización para Oriente Medio y el Norte de África, «imágenes grabadas por personas que han arriesgado sus vidas para dar testimonio de los intentos que están realizando las autoridades para aterrorizar al movimiento en favor de las reformas».
Amnistía niega tajantemente los argumentos del régimen, según los cuales el gobierno se está enfrentando a terroristas: «No hemos visto ni un solo caso en el que un civil muerto estuviera armado. Los soldados se pasean con toda tranquilidad, algo que no harían si temieran ser atacados por grupos terroristas organizados», señala Luther.
La ONG tiene identificadas a 720 personas que se cree que han muerto a manos de los servicios de seguridad desde que empezó la revuelta.
Amnistía Internacional ha divulgado hoy varios vídeos que documentan los abusos cometidos por los servicios de seguridad sirios al reprimir a los manifestantes que exigen la caída del régimen de Bashar al Asad. En algunos de ellos se muestran imágenes… Leer
Al menos seis personas han muerto en Homs este sábado tras los funerales por las decenas de víctimas causadas el viernes en la ciudad siria por la represión policial de las manifestaciones políticas, según denuncian activistas de derechos humanos.
Los fallecidos de este sábado se produjeron cuando miles de personas regresaban a sus casas después de asistir a varios funerales. Según testigos citados por Al Jazeera, los disparos fueron hechos por fuerzas de seguridad y civiles de apoyo.
En el vídeo que encabeza esta entrada, manifestantes que asistían a uno de los funerales en Homs este sábado se encuentran con los disparos de las fuerzas de seguridad
Al menos seis personas han muerto en Homs este sábado tras los funerales por las decenas de víctimas causadas el viernes en la ciudad siria por la represión policial de las manifestaciones políticas, según denuncian activistas de derechos humanos. Los… Leer
Apenas un par de días después de anunciar «elecciones anticipadas» (no dijo ni cuándo ni cómo), y cuando algunos pensaban ya que a la tercera iría la vencida, el presidente de Yemen, Ali Abdalah Saleh, ha vuelto este domingo a negarse a firmar el acuerdo que le permitiría dejar el cargo a cambio de inmunidad. El acuerdo, alcanzado el pasado 24 de abril, está diseñado por el Consejo de Cooperación del Golfo y tiene el apoyo tanto de EE UU como de la UE.
Hace un mes, parecía que Saleh iba a ser el siguiente tirano en caer como resultado de las revueltas populares en el mundo árabe, tras Ben Ali en Túnez y Mubarak en Egipto.
La solución estaba muy lejos de ser ideal, ya que permitía al presidente dejar el poder sin tener que rendir cuentas por la represión y las violaciones de los derechos humanos cometidas por su gobierno contra manifestantes y opositores durante estos últimos meses (hay contabilizados cerca de 200 muertos). Pero muchos la veían como un mal menor que podría devolver a Yemen un poco de estabilidad tras cuatro meses de protestas; el principio, aunque imperfecto, de una transición. Hoy, sin embargo, la realidad se parece más a la antesala de una guerra civil (otra más) en el país más pobre del mundo árabe.
De momento, las monarquías del Golfo han anunciado «la suspensión» de su mediación en la crisis tras el nuevo rechazo de Saleh a firmar el acuerdo. El presidente, entre tanto, insiste en sus argumentos y afirma que el plan es una «operación golpista» y que sólo lo aceptó «por la presión» de EE UU y la UE.
Para evitar sorpresas, hombres armados simpatizantes de Saleh mantuvieron cercada durante varias horas este domingo la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Saná, donde estaban reunidos embajadores de Estados Unidos, Europa y el Consejo de Cooperación del Golfo para intentar que el mandatario yemení firmara de una vez.
Su presencia en las calles aumentó la tensión y el riesgo de enfrentamientos con las miles de personas que volvieron manifestarse este domingo en la capital del país para exigir la renuncia del presidente.
Ali Abdalah Saleh lleva 33 años en el poder.
Apenas un par de días después de anunciar «elecciones anticipadas» (no dijo ni cuándo ni cómo), y cuando algunos pensaban ya que a la tercera iría la vencida, el presidente de Yemen, Ali Abdalah Saleh, ha vuelto este domingo a… Leer
Al menos 32 personas murieron hoy en Siria en una nueva jornada de protestas políticas que fue reprimida por las fuerzas de seguridad en una veintena de ciudades y pequeñas localidades de todo el país, según activistas de derechos humanos.
Razan Zeituna, una activista de los llamados Comités Locales de Coordinación, que recopilan la información sobre manifestaciones y la actuación policial, dijo que hasta última hora de la tarde de este viernes la cifra de muertos alcanzaba las 32 personas.
Según esta organización, el mayor número de víctimas se produjo en suburbios de las ciudades centrales de Hama y Hams, con una docena de muertos en cada lugar.
Entre estas víctimas se encuentran un niño de 11 años y un adolescente de 16, de acuerdo con los informes de los Comités Locales de Coordinación, que aportan los nombres de todas las víctimas mortales en la jornada de hoy.
Al menos 32 personas murieron hoy en Siria en una nueva jornada de protestas políticas que fue reprimida por las fuerzas de seguridad en una veintena de ciudades y pequeñas localidades de todo el país, según activistas de derechos humanos…. Leer
Manifestantes palestinos penetran en la zona fronteriza entre Israel y Siria el pasado 15 de mayo, durante la conmemoración de la Nakba. Foto: Jalaa Marey / JINI / Getty Images
El pasado fin de semana, en el aniversario de la Nakba –catástrofe–, como denomina el mundo árabe al éxodo provocado por la fundación del Estado de Israel, millares de palestinos, la mayoría descendientes de los 700.000 que huyeron o fueron expulsados de su tierra en 1948, trataron de penetrar en los Altos del Golán –territorio sirio ocupado por Israel–, en diversas zonas limítrofes con Líbano, en pasos fronterizos en Gaza y en varios puntos de Cisjordania.
Los manifestantes, cuyas protestas se extendieron a Egipto y Jordania, y que, obviamente, tenían que contar con el permiso de los Estados limítrofes, se veían a sí mismos como una prolongación de la lucha democrática que sacude el mundo árabe desde hace ya más de cuatro meses.
Y ante esta protesta, simbólicamente invasora pero desarmada y, salvo en algunos casos donde se produjeron graves enfrentamientos, esencialmente pacífica, las fuerzas de seguridad israelíes volvieron a demostrar que no saben, o no quieren, manejar el problema. Al menos 13 manifestantes fueron abatidos el fin de semana, varios centenares resultaron heridos o detenidos, y el crédito internacional del ocupante, como resaltaba el editorial del diario El País de este martes, volvió a caer por los suelos.
Más allá del lamentable desenlace, no obstante, la cuestión clave parece ser la posibilidad de que haya surgido al fin un movimiento de protesta palestino más general, más unido y, trascendiendo a las dos intifadas anteriores, basado en la resistencia no violenta.
No va a ser fácil. Una resistencia no violenta efectiva requiere, entre otras cosas, dejar de trabajar para el enemigo, y esto es algo que muchos palestinos no están en condiciones de permitirse, si quieren seguir llevando dinero a sus ya de por sí empobrecidas familias (más del 30% de la población palestina vive en el paro y sin ningún tipo de protección social).
Actualmente se calcula que hay unos 65.000 trabajadores palestinos en Israel, aunque probablemente sean muchos más, ya que una gran parte están empleados en la economía sumergida. La mayoría son trabajadores temporales y su situación es realmente precaria: Según denunciaba Hasan Bargouthi, director de Democracia y Derechos para los Trabajadores de Palestina, en una entrevista publicada en Rebelión hace dos años, la Policía les detiene y a veces les rompe el permiso de trabajo, con lo que se encuentran en territorio israelí sin permiso; pagan diferentes impuestos para el Gobierno israelí, pero apenas tienen beneficios; y de su salario les descuentan un 1% para un sindicato israelí que no les protege en absoluto, y otro 13% para un fondo de pensiones supuestamente palestino, pero que no funciona porque el Gobierno israelí lo retiene.
Para muchos, no obstante, eso es más de lo que pueden encontrar en los territorios ocupados.
Y, sin embargo, la resistencia no violenta puede ser la última solución que queda en una lucha donde han fracasado ya tanto los levantamientos más violentos (dos intifadas que han mantenido despierta la atención del mundo, pero sin posibilidad alguna de éxito ante una maquinaria militar israelí que opera prácticamente con impunidad internacional), como las eternas negociaciones y pseudonegociaciones de paz. Porque a los líderes (israelíes y palestinos) les falta valor para adoptar compromisos y ceder posiciones en favor del entendimiento, y porque la comunidad internacional se ha mostrado impotente, en el mejor de los casos, y claramente interesada, en el peor.
Siempre resulta sencillo animar a alguien a que resista sin violencia desde la comodidad del sofá, a miles de kilómetros de distancia, frente al televisor. Es fácil aconsejar a los palestinos que se sienten en el suelo y reciban palos hasta que el mundo no pueda aguantar más el espectáculo y reconozca por fin su derecho a un Estado independiente. Pedirles que se nieguen a mostrar sus pasaportes, que se encadenen al vergonzoso muro que les aprisiona como animales en Cisjordania, que no respondan a la provocación con pedradas o con cohetes, sino de forma pacífica y tenaz, día tras día, hasta que el invasor quede humillado y sin argumentos.
La realidad sobre el terreno es, por supuesto, mucho más dura y mucho más compleja. Y la realidad social del pueblo palestino hoy en día no tiene mucho que ver ni con la India de los años cuarenta ni con el sur de EE UU en los sesenta. Tras años de ocupación y de miseria, lo que ha crecido en el terreno desesperado y claustrofóbico de los territorios ocupados no es, precisamente, la filosofía gandhiana, sino planteamientos mucho más radicales de los que se ha aprovechado, además, el fanatismo religioso. No es una realidad unánime, ni es lo mismo vivir en Ramala que en un suburbio de la franja de Gaza, pero es una realidad que no puede ignorarse. Una gran parte de los niños palestinos vive en una especie de pecera destructiva, donde la violencia (no sólo la israelí) y la falta de futuro es el lenguaje cotidiano a ambos lados del cristal. Muchos niños palestinos no han oído hablar jamás de Gandhi, pero conocen de memoria los nombres de sus «mártires». Y los niños de hoy son los jóvenes de mañana, como los jóvenes de hoy, que son quienes están llamados a hacer la revolución, eran los niños de ayer, cuando las cosas no estaban mucho mejor, sino tal vez peor incluso.
Por otra parte, la posibilidad de que el integrismo reaccione con actos de terrorismo ante lo que sin duda calificará de «concesiones» y de «debilidad» siempre está ahí. Y el comprensible miedo de los ciudadanos israelíes a morir masacrados por una bomba mientras cenan en un restaurante seguirá justificando la represión a ojos de buena parte del mundo.
Pero, con ser todo esto cierto, también lo es que la oportunidad parece única. El impulso y el ejemplo de las revueltas en el resto del mundo árabe, la reciente reconciliación (aunque sólo sea sobre el papel) entre las dos facciones palestinas rivales y un gobierno estadounidense que, al menos en teoría, puede mostrarse algo más receptivo, son factores que conforman, todos ellos, un escenario nuevo.
La tarea, sin embargo, no podrán llevarla a cabo los palestinos solos. Como destacaba ayer uno de los artículos (como siempre, sin firma) del semanario británico The Economist,
Durante años hemos escuchado a los analistas de EE UU renegar del carácter violento del movimiento nacional palestino. Si escucharan las lecciones de Gandhi y de Luther King, insisten, tendrían su Estado hace ya mucho tiempo. Ningún gobierno israelí reprimiría con violencia un movimiento palestino no violento de liberación nacional que tan sólo pretendiese el reconocimiento universal a su derecho de autodeterminación.
Pero […] este punto de vista ignora el hecho de que ya existe ese movimiento no violento, y de que está creciendo. […] Incluso la primera intifada, que estalló en 1987, estuvo al principio tan cerca de la no violencia como podía esperarse razonablemente. La mayoría de los actos de protesta eran huelgas y manifestaciones, y, luego, un buen número de chicos tirando piedras y la contínua amenaza de actos terroristas, procedente, en su mayor parte, de organizaciones con base en el extranjero. […]. Fue la brutal respuesta israelí lo que hizo que la intifada perdiera rápidamente su carácter no violento. […]
En cualquier caso, para los que siguen creyendo que Israel dará a los palestinos un Estado en el instante en que renuncien a la violencia, el momento de la verdad parece haber llegado ya. […] Lo ocurrido durante la Nakba es «la peor pesadilla de Israel: Masas de palestinos marchando, desarmados, hacia las fronteras del Estado judío […]».
[…] Les hemos pedido a los palestinos que depongan las armas. Les hemos dicho que la culpa de que no tengan un Estado es suya, que si abrazasen la no violencia, el mundo, razonable y sin prejuicios, vería la justicia de sus reclamaciones. Pues bien, eso es lo que han hecho. ¿Qué va a ocurrir si miles de palestinos siguen manifestándose de forma no violenta, e Israel les sigue disparando? ¿Haremos buena nuestra retórica y presionaremos a Israel para que reconozca su Estado, o resultará que nuestras teorías no eran más que una táctica cínica en un contexto internacional inmoral, dominado por el militarismo israelí y los grupos de la derecha estadounidense, unidos por su discurso común de la amenaza árabe-musulmana?
El pasado fin de semana, en el aniversario de la Nakba –catástrofe–, como denomina el mundo árabe al día en que se fundó Israel, millares de palestinos, la mayoría descendientes de los 700.000 que huyeron o fueron expulsados de su tierra en 1948, trataron de penetrar en los Altos del Golán –territorio sirio ocupado por el Estado israelí–, en diversas zonas limítrofes de Israel con Líbano, en pasos fronterizos en Gaza y en varios puntos de Cisjordania.
• Recordando la Nakba. Un adolescente palestino murió el sábado y al menos otros ocho palestinos han muerto este domingo, durante la oleada de enfrentamientos entre manifestantes palestinos y fuerzas israelíes con motivo de la celebración del 63º Día de la Nakba. La Nakba (catástrofe) recuerda la expulsión que sufrieron miles de palestinos al crearse el Estado de Israel, en 1948. La conmemoración, que coincide con las celebraciones israelíes por el aniversario de su Estado, está envuelta este año en una polémica aún mayor de la habitual, al haber aprobado recientemente el Parlamento israelí una ley por la cual no se podrán conceder subvenciones procedentes de fondos públicos a ninguna institución que conmemore o estudie el éxodo palestino. Para conocer historias personales más allá de los números y, en definitiva, para saber más, merece la pena visitar la página web del Instituto para el Entendimiento en Oriente Medio (IMEU, por sus siglas en inglés), que estos días ofrece, en forma de vídeos cortos, los testimonios de jóvenes palestinos que cuentan las experiencias vividas por sus familias, todas ellas víctimas de la Nakba.
• La primavera árabe se tiñe de sangre. Enric González, autor de varios libros muy recomendables y veterano corresponsal de El País (ahora, en Jerusalén), analiza el momento en que se encuentran las revueltas populares en el mundo árabe. El resultado no es muy optimista: «La primavera árabe ha costado ya mucha sangre. Y todo apunta a que este es solo el principio de un proceso largo y violento. Libia sufre una guerra civil que la intervención extranjera no ha decantado hacia los rebeldes; Siria permanece encallada en un círculo de protestas y represión y corre el riesgo de una implosión sectaria de tipo libanés; Bahréin ha sido tomada por tropas saudíes; Yemen se hunde en el caos. Incluso Egipto, cuya revolución resultó relativamente modélica, padece convulsiones sociales y económicas de consecuencias imprevisibles».
• La revolución egipcia, 100 días después: Luchando contra las incertidumbres. Otro balance, centrado en la revolución egipcia y a cargo de Michael Collins, editor del Middle East Institute. Casi tres meses después de la caída de Hosni Mubarak, ¿qué está pasando en el país?, ¿se ha atrancado la revolución o es inevitable un progreso lento y difícil?, ¿están claras las intenciones de quienes están llevando las riendas del cambio? Un análisis detallado con enlaces muy interesantes.
• Apuntando a Gadafi desde el cielo. Rosie DiManno, columnista del Toronto Star, habitual enviada especial a las zonas más calientes de la actualidad, y uno de los periodistas estrella del diario canadiense, ofrece desde Italia una esclarecedora y detallada perspectiva de la misión militar internacional en Libia, a través de una entrevista a Charles Bouchard, comandante de la misión de la OTAN en el país magrebí.
• Apatía en los campamentos palestinos. Gideon Levy dedica su última columna en el diario israelí Haaretz a explicar, mediante una interesante entrevista a un activista local de Hamás, las causas por las que ninguno de los dos grandes acontecimientos de estos últimos días (la muerte de Bin Laden y el acuerdo de reconciliación entre Hamás y Al Fatah) ha logrado generar grandes reacciones entre los palestinos del campo de refugiados de Jenin.
• Los nuevos colores de Bagdad. Con más o menos éxito estético, la capital iraquí se está rediseñando a sí misma tras las grises décadas del régimen de Sadam Husein. Colores chillones, palmeras falsas… Un original reportaje en The New York Times, con fotogalería incluida.
Y también:
• Omán: El ejército irrumpe en el campamento de la protesta
• ¿Qué esperanzas laborales tienen los jóvenes tunecinos después de la revolución?
• Refugiados sirios: Huyendo del terror
• Ahmadineyad destituye a tres ministros, entre ellos el de Petróleo
• La yihad contra los cristianos
• Bin Laden, atrapado en 2001
• La sala X de la casa de Bin Laden
• De Madrid a Tel Aviv, una historia de amor
• Los dioses de Tell Halaf vuelven a Berlín
• El esperado regreso de Kadim
Varias informaciones publicadas estos días sobre Bahréin destacan la creciente presión que está ejerciendo el régimen del rey Al Jalifa sobre los periodistas extranjeros, en un intento de limpiar la imagen del país, y de silenciar la represión de las protestas ciudadanas.
Bahréin, que debía haber albergado el pasado mes de marzo el primer Gran Premio del Mundial de Automovilismo de la temporada, se quedó fuera del calendario debido a la inestabilidad política y al estallido de las revueltas populares.
Ahora, la FIA le acaba de dar otra oportunidad al anunciar que decidirá en el plazo de un mes si vuelve a incluir al país del Golfo entre los organizadores de la competición, y el régimen no está dispuesto a que unas cuantas noticias sobre violaciones de derechos humanos le acaben aguando la fiesta.
La cadena de televisión catarí Al Jazeera, por ejemplo, señalaba este jueves, en su canal en inglés, que «los medios internacionales no son bienvenidos en Bahréin», y que «cada vez es más difícil informar sobre la represión generalizada». Una buena prueba la ofrece la periodista española Mónica G. Prieto, quien relata en El Mundo su propia experiencia:
Aterricé en el aeropuerto de Bahréin sobre las 20.30 horas del lunes, tras un corto periplo de Beirut a Kuwait motivado porque Bahréin ha suspendido vuelos directos con el Líbano por diferencias sectarias. Los visados profesionales del pasaporte llamaron enseguida la atención del agente de fronteras, que pasó mi documentación a un oficial de Inmigración quien, tras un corto interrogatorio, se los entregó a su vez a un agente de Seguridad.
Su tono era amenazante. «¿A qué ha venido? ¿Pretende cubrir los eventos?», preguntaba. A su entrevista le seguirían otras dos con sendos agentes de la Seguridad: tras casi tres horas de espera y muchas preguntas, el que parecía ser el responsable se pronunció. «No insista: de ninguna forma va a entrar en el país». Los oficiales de Inmigración fueron más gráficos. «Lo sentimos, no podemos hacer nada. Usted es considerada un problema para la Seguridad. Debe marcharse inmediatamente de Bahréin».
Horas después, se anunciaba la expulsión del corresponsal de la agencia Reuters, Frederik Ritcher, a quien se acusa de parcialidad en sus informaciones.
Sin embargo, a pesar de la mordaza impuesta por el régimen, la información acaba encontrando caminos para salir. Al Jazeera aseguró este jueves tener «pruebas» de que las fuerzas de seguridad «han torturado» a personal médico para obligarle a realizar confesiones. Según la cadena, desde que comenzaron las protestas a favor de la democracia en febrero, un total de 47 trabajadores sanitarios -24 médicos y 24 enfermeros-, han sido acusados, mientras que otros 150 están siendo investigados por el Gobierno.
La cadena, que afirma que trató de hablar sobre estas denuncias con las autoridades de Bahréin sin éxito, señala que los trabajadores sanitarios se enfrentan a un juicio por cargos que incluyen la incitación al odio contra el Gobierno de la isla. Poco después de emitirse el reportaje, sin embargo, las autoridades anunciaron la liberación de parte de los detenidos a la espera del juicio.
Se trata del segundo reportaje de denuncia contra el gobierno de Bahréin que emite en menos de 24 horas Al Jazeera, una cadena que, hace algunas semanas, recibió críticas por la «escasa cobertura» que estaba realizando de los acontecimientos en este país, en comparación con la que llevó a cabo anteriormente en Túnez o Egipto.
En el primero, Al Jazeera denunciaba que la Policía había golpeado y violado a niñas de entre 12 y 16 años de edad en al menos 15 colegios femeninos del país, una información que las autoridades de Bahréin calificaron de «infundada» y de «invención descarada y maliciosa».
El reportaje incluye una entrevista a una joven de 16 años de edad, que asegura que ella y otras tres compañeras fueron detenidas por la Policía y sometidas a palizas durante los tres días en que permanecieron recluidas. Una organización bahreiní de Derechos Humanos ha asegurado que al menos 70 profesores han sido detenidos, según informa Europa Press.
El estado de emergencia decretado en Bahréin a principios del mes de marzo está siendo utilizado por el régimen, según denuncian las organizaciones de derechos humanos, para justificar detenciones indiscriminadas (hay más de 800 arrestados), «juicios» rápidos contra supuestos traidores y un clima de represión que incluye toque de queda durante toda la noche. Además, se mantiene la ocupación militar de las tropas del Consejo de Cooperación del Golfo lideradas por Arabia Saudí y, según indicó esta misma semana el jefe de las fuerzas armadas bahreiníes, los soldados extranjeros permanecerán en el país incluso tras el levantamiento del estado de emergencia, que está previsto, en principio, para el mes de junio (la misma fecha en que la FIA hará pública su decisión sobre el Gran Premio de Fórmula 1).
La presión, además, no sólo la ejerce el Gobierno directamente. La agencia AP informó este miércoles de que la compañía petrolera del país, Bahrain Petroleum (controlada por el Estado), ha despedido a unos 300 trabajadores por haber tomado parte en las protestas.
Como continúa escribiendo Mónica G. Prieto:
A los bahreiníes les han robado su revolución. O mejor dicho, se la estamos robando entre todos. Aprovecharon el tirón popular de Túnez, Egipto y Yemen para armarse de valor y emularles exigiendo reformas democráticas tan básicas como que permitan a la población elegir libremente su Parlamento –la Cámara Alta es designada a dedo por el rey y los suyos, la baja es elegida por la élite afín a los Al Jalifa– y que se acabe con la discriminación contra los chiíes, una comunidad a la que se niega trabajos, ayudas sociales y cargos de responsabilidad.
Aprovecharon el 14 de febrero porque entonces se cumplía el X aniversario de un referéndum aprobado por la población según el cual el régimen se comprometía a avanzar hacia la democracia (fue en 2001 y meses después llegó la decepción. El rey ni siquiera llegó a discutir la redacción de una Constitución: aprobó unilateralmente una Carta Magna que no satisfacía las expectativas).
Tomaron la plaza de la Perla hace tres meses: laicos y religiosos, chiíes y suníes, jóvenes y mayores, para pedir dignidad y libertad y no para cuestionar a la dictadura. Y el régimen les reprimió, primero con policía, luego con militares y más tarde aceptando ayuda militar del Consejo de Cooperación del Golfo, que aglutina a los países de esta región –todos liderados por suníes– y que ven en Bahréin el fantasma de una amenaza: la rebelión de las minorías chiíes del Golfo y la creciente influencia del archienemigo iraní. […]
Pero la atención mediática ya se había desplazado a Libia y Siria. La represión en Bahrain, socio de Occidente –EE UU tiene allí basada la V Flota– dejó de existir en los informativos, y al tiempo que el silencio normalizaba de cara al exterior lo que ocurría, la dictadura radicalizaba su persecución de golpistas.
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