El Gobierno de Estados Unidos ha desmentido que, como señalaron varios medios hace unos días, haya tomado ya una decisión sobre la solicitud del presidente yemení, Ali Abdalá Saleh, de viajar al país para recibir tratamiento médico: «Pese a los informes que indican lo contrario, Estados Unidos sigue considerando la petición del presidente Saleh de entrar en el país con el único objetivo de buscar tratamiento médico», afirmó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner.
Sin embargo, el pasado fin de semana, Saleh habló con los periodistas y les dijo lo siguiente:
Voy a ir a Estados Unidos. No para seguir un tratamiento, porque me encuentro bien, sino para no ser el centro de atención, para alejarme de las cámaras y permitir al gobierno de unidad que prepare las elecciones adecuadamente.
Es decir, Saleh dice que no necesita tratamiento médico, y Washington sostiene que, en todo caso, solo le concedería un visado para que se sometiese a un tratamiento médico. Cualquiera con dos dedos de frente puede deducir la conclusión: Saleh no debería poder viajar a Estados Unidos.
¿Qué es lo que está considerando Obama entonces? Probablemente, la mejor manera de salir airoso de una situación en la que será criticado, decida lo que decida. Si le deja entrar, estará dando cobijo a un autócrata responsable de la muerte de centenares de manifestantes, y alimentando de paso las quejas de la oposición yemení, que desea que el mandatario sea juzgado (y condenado) en Yemen. Pero si no le deja, Washington podría estar perdiendo una buena oportunidad para aliviar la tensión en Yemen antes de las elecciones presidenciales, previstas para febrero. Según publicó el New York Times, el debate en el seno del Gobierno estadounidense está siendo «intenso». Saleh es, para entendernos, un típico caso de patata caliente.
Buscando referencias y antecedentes, estos días algunos expertos se han remontado incluso a los tiempos de Jomeini. En 1979, el gobierno demócrata de Jimmy Carter permitió que el sha fuera a curarse a Estados Unidos, lo que contribuyó a acabar de abrir las puertas a la revolución islámica. Días más tarde comenzó la larga crisis de la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán.
Que los dictadores abandonen el país cuando están a punto de perder el poder resulta siempre sospechoso, por no decir inquietante. Porque lo mismo ya no vuelven. Pero, a la vez, ¿cuántas muertes se habrían evitado en Libia si Gadafi, por poner un ejemplo, hubiera recibido asilo en algún país, en el caso de que hubiese querido irse? Es verdad que existen mil razones para desconfiar de la eficacia de la justicia internacional. Pero también lo es que la muerte de Gadafi (asesinado salvajemente sin proceso alguno) no fue precisamente un acto de justicia.
En el caso de Saleh, por otro lado, su salida puede tener un aspecto positivo. El Parlamento yemení está intentando conseguir la impunidad para el presidente, como parte de los acuerdos de transición. Pero si finalmente lo logra, esa impunidad tendría poco valor fuera del territorio yemení.
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