Homenaje durante una protesta en Stuttgart a víctimas de la represión del régimen iraní tras la muerte de Mahsa Amini. Foto: Ideophagous / Wikimedia Commons
El máximo órgano militar de Irán dio instrucciones a los jefes de las fuerzas armadas en todas las provincias de «reprimir con severidad» a las personas que salieron a las calles a manifestarse tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, según denunció este viernes Amnistía Internacional (AI), tras obtener documentos oficiales filtrados que «revelan el plan de las autoridades de aplastar sistemáticamente las protestas a toda costa».
Masha Amini, una joven iraní kurda de 22 años, fue detenida el pasado 14 de septiembre por la llamada Policía de la Moral en Teherán, donde se encontraba de visita, y trasladada a una comisaría para asistir a «una hora de reeducación» por llevar mal colocado el hiyab (velo islámico). Murió tres días más tarde en un hospital adonde llegó en coma tras haber sufrido un ataque al corazón, que las autoridades han atribuido a problemas de salud —algo que niega su familia—, calificando los hechos de «incidente desafortunado».
La muerte de Amini ha provocado las protestas de miles de iraníes, que han salido a las calles con gritos como «Justicia, libertad y no al hiyab obligatorio», «Mujeres, vida, libertad», o «Muerte al dictador». A diferencia de otras ocasiones en que las manifestaciones se redujeron a fragmentados grupos sociales movilizados por la economía, esta vez las protestas están siendo multitudinarias y se han extendido por ciudades de todo el país. Las imágenes de mujeres quemando sus velos públicamente o cortándose el cabello se han convertido en el símbolo de la rebelión.
Según AI, la represión de las protestas por parte de las autoridades ha dejado hasta el momento al menos 52 víctimas mortales identificadas y cientos de personas heridas.
En su informe publicado este viernes, Amnistía Internacional divulga datos sobre «el plan de las autoridades iraníes» de «aplastar brutalmente las manifestaciones» mediante el despliegue de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar Basij, la Fuerza de Aplicación de la Ley de la República Islámica de Irán, la policía antidisturbios y agentes de seguridad vestidos de civil. La organización también comparte datos sobre «el uso generalizado de fuerza letal y de armas de fuego» por las fuerzas de seguridad iraníes, que «o bien tenían intención de matar a manifestantes, o deberían haber sabido con un grado razonable de certeza que su uso de armas de fuego causaría muertes».
«Las autoridades iraníes decidieron intencionadamente hacer daño o matar a personas que salieron a las calles para expresar su indignación por décadas de represión e injusticia», señala Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en un comunicado. «En el marco de una epidemia de impunidad sistemática que prevalece desde hace tiempo en Irán, decenas de hombres, mujeres, niñas y niños han sido víctimas de homicidios ilegítimos en episodio más reciente de baños de sangre», añade.
«A menos que la comunidad internacional adopte medidas colectivas y firmes, que deben ir más allá de meras declaraciones de condena, innumerables personas más pueden ser víctimas de homicidio, mutilación, tortura, agresión sexual o metidas entre rejas por el solo hecho de participar en las protestas», afirma Callamard.
Según relatos de testigos presenciales y materiales audiovisuales examinados por AI, ninguna de las 52 víctimas identificadas suponía una amenaza inminente de muerte o lesión grave que justificara el uso de armas de fuego contra ellas.
«Reprimir sin piedad, incluso causando muertes»
Amnistía Internacional ha obtenido una copia filtrada de un documento oficial que, según la ONG, afirma que, el 21 de septiembre de 2022 la Jefatura General de las Fuerzas Armadas dictó una orden a los jefes en todas las provincias en la que se les daban instrucciones de «reprimir con severidad a alborotadores y antirrevolucionarios». Esa misma noche, señala AI, el uso de medios letales en todo el país se intensificó y «decenas de hombres, mujeres, niños y niñas murieron».
Otro documento filtrado e incluido en el informe muestra que, el 23 de septiembre, el jefe de las fuerzas armadas en la provincia de Mazandarán ordenó a las fuerzas de seguridad en todas los pueblos y ciudades de la provincia «reprimir sin piedad, incluso causando muertes, cualquier disturbio de alborotadores y antirrevolucionarios».
AI asegura haber examinado fotografías y vídeos que muestran que la mayoría de las víctimas murieron por disparos de munición real efectuados por las fuerzas de seguridad. «Al menos tres hombres y dos mujeres murieron cuando las fuerzas de seguridad dispararon proyectiles metálicos desde corta distancia, mientras que Sarina Esmailzadeh, una joven de 16 años, murió tras ser brutalmente golpeada en la cabeza con porras», indica la organización.
La ONG denuncia asimismo que, «en un intento de eximirse de responsabilidad en las muertes, las autoridades iraníes han difundido relatos falsos sobre las víctimas, en los que intentan describirlas como ‘peligrosas’, o ‘individuos violentos’, o afirman que murieron a manos de ‘alborotadores’». «Las autoridades también han intimidado y hostigado a las familias de las víctimas para que guarden silencio, o les han prometido compensaciones económicas si grababan vídeos para atribuir la responsabilidad de la muerte de sus seres queridos a ‘alborotadores’ que trabajan para ‘enemigos’ de la República Islámica de Irán», añade.
Torturas
Amnistía Internacional ha documentado además «constantes generalizadas de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, incluidas brutales palizas a manifestantes y transeúntes». La organización también recoge «agresiones sexuales y otras formas de violencia sexual y de género, incluendo casos en los que las fuerzas de seguridad agarraron los pechos de las mujeres o les tiraron violentamente del cabello cuando ellas se quitaron el pañuelo en señal de protesta».
Según documenta AI, el 28 de septiembre una persona que se manifestaba en Isfahán relató a representantes de la ONG: «He visto golpear a manifestantes. La noche anterior, mis amistades contaron que vieron cómo una mujer [manifestante] era arrastrada por el suelo tirándole del cabello. Iba perdiendo la ropa según la arrastraban, pero las fuerzas de seguridad siguieron tirándole del cabello…». «Hace dos noches», agregó, «varias de mis amistades fueron golpeadas con porras. Una de ellas, que ahora tiene hematomas en el antebrazo y en las piernas, me dijo que las fuerzas de seguridad las arrinconaron en un callejón y las golpearon con porras. Un miembro de las fuerzas de seguridad dijo entonces: ‘Vamos a dispararles también en la pierna’, y otro agente de seguridad dijo: ‘No, vámonos’».
Amnistía Internacional también señala que ha visto material filmado e informes que sugieren que algunos manifestantes han participado en actos de violencia. No obstante, la ONG destaca que «los actos violentos de una minoría de manifestantes no justifican el uso de medios letales».
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«Cuando hablamos del problema de los refugiados usamos un lenguaje deshumanizado que reduce la tragedia a números y estadísticas. Pero este sufrimiento afecta a personas reales, personas que, como nosotros, tienen familias, seres queridos, amigos, historias, sueños, objetivos… Solo cuando nos sentamos en frente de alguien concreto y le miramos a los ojos dejamos de ver un refugiado anónimo, un inmigrante más, y empezamos a ver al ser humano que tenemos delante, un ser humano que, como nosotros, ama, sufre sueña…».
Asi describe Amnistía Internacional su recién publicado, y emotivo, vídeo Look Beyond Borders, 4 Minutes Experiment (Mira más allá de las fronteras, un experimento de cuatro minutos), elaborado por la sección polaca de esta organización, algo que resulta especialmente significativo teniendo en cuenta el rechazo a los refugiados del actual gobierno de Polonia.
«Hace 20 años —explican los autores— el psicólogo Arthur Aron descubrió que cuatro minutos de contacto visual directo puede acercar a dos personas más que ninguna otra cosa. Basándonos en esta experiencia, decidimos llevar a cabo un sencillo experimento, en el que refugiados y ciudadanos europeos se sientan unos en frente de otros y se miran a los ojos. Resulta obvio que el tiempo que dedicamos a los demás es fundamental para comprender y conocer al otro».
El experimento se realizó en Berlín, una ciudad, que, por un lado, y según destacan los autores del vídeo, «simboliza la superación de las divisiones», y, por otro, «parece haberse convertido en el centro de la Europa contemporánea».
Los participantes en el experimento, continúan sus responsables, fueron personas corrientes que no se habían visto nunca antes: «las situaciones no fueron preparadas; queríamos que todo fuese natural, con reacciones espontáneas».
La mayoría de los refugiados que aparecen en el vídeo proceden de Siria y llegaron a Europa hace menos de un año.
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Imagen de la portada del informe ‘Entre la cárcel y la tumba. Desapariciones forzadas en Siria’. Foto original: Mark Esplin / Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (AI) ha hecho público este jueves un informe en el que denuncia que el Gobierno sirio extorsiona de manera «despiadada» a familiares de desaparecidos forzados para que paguen por obtener información. Según la ONG, el régimen se está beneficiando, a través de un auténtico «mercado negro», de hechos que suponen «crímenes contra la humanidad».
El informe, titulado Entre la cárcel y la tumba. Desapariciones forzadas en Siria, expone, según señala AI, «la enorme escala y la naturaleza escalofriantemente orquestada de decenas de miles de desapariciones forzadas, llevadas a cabo por el Gobierno sirio a lo largo de los últimos cuatro años».
Oficiales del Estado sirio, continúa la ONG, «se están beneficiando económicamente de desapariciones forzadas generalizadas y sistemáticas, que constituyen crímenes contra la humanidad, mediante un insidioso mercado negro en el que familiares desesperados por averiguar el destino de sus parientes desaparecidos son explotados sin piedad a cambio de dinero».
El informe «describe con desgarrador detalle la devastación y el trauma que sufren las familias de decenas de miles de personas que se han desvanecido sin dejar rastro en Siria, y su cruel explotación para conseguir beneficios económicos», añade AI.
En el documento se incluyen testimonios de activistas de derechos humanos que aseguran que los sobornos se han convertido en «una parte importante de la economía» del país. También recoge las declaraciones de un abogado de Damasco que asegura que los sobornos son «una vaca lechera de efectivo para el régimen […], una fuente de financiación de la que [el Gobierno] ha llegado a depender».
65.000 desapariciones
La Red Siria de Derechos Humanos ha documentado al menos 65.000 desapariciones desde 2011, de las cuales 58.000 son de civiles. Amnistía explica que, por lo general, estas personas se encuentran «en celdas abarrotadas, en terribles condiciones y aisladas del mundo exterior». «Muchas mueren como consecuencia de enfermedades, torturas (descargas eléctricas, azotes, violaciones) y ejecuciones extrajudiciales», añade la ONG.
«No salí de mi celda durante tres años enteros, ni una sola vez… Muchos se volvían locos», relata Salam Othman, uno de los desaparecidos forzados (entre 2011 y 2014), citados en el informe.
Entre los desaparecidos se encuentran, según denuncia AI, oponentes pacíficos al régimen, tales como manifestantes, activistas de derechos humanos, periodistas, médicos o trabajadores humanitarios. Otros han sido colocados en el punto de mira debido a que algún familiar está incluido en la lista de buscados por el Gobierno.
Los familiares que intentan obtener información sobre sus parientes desaparecidos por medio de vías oficiales, suelen ponerse en riesgo de ‘desaparecer’ ellos mismos (Amnistía documenta varios casos en este sentido), por lo que a menudo no les queda otro recurso que acudir a «intermediarios», cuyas «tarifas» oscilan entre cientos y decenas de miles de dólares.
El informe deja constancia de «la desesperación e incluso el sufrimiento físico» que experimentan los familiares y amigos tras una desaparición forzada: «Saeed, cuyo hermano Yusef desapareció por la fuerza en 2012, asegura que su madre no para de llorar. «A veces me despierto en mitad de la noche y ella está levantada, mirando su foto y llorando», asegura».
Amnistía Internacional (AI) ha hecho público este jueves un informe en el que denuncia que el Gobierno sirio extorsiona de manera «despiadada» a familiares de desaparecidos forzados para que paguen por obtener información. Según la ONG, el régimen se está… Leer
Una barcaza con inmigrantes africanos a bordo, cerca de la isla italiana de Lampedusa
Dos barcos comerciales y un navío de la guardia costera italiana rescataron el viernes, cerca de la costa de Libia, a unos 700 inmigrantes que intentaban cruzar a Europa a bordo de precarios botes. El sábado fueron recogidos otros 600, entre ellos varias mujeres embarazadas, que viajaban en seis embarcaciones similares. Este mismo domingo, los servicios de salvamento localizaron una decena de embarcaciones más (lanchas neumáticas), con más de 2.100 inmigrantes a bordo.
Los rescatados fueron trasladados a la isla italiana de Lampedusa, donde desembarcaron con los rostros aún ateridos por el frío, pero, al parecer, en buenas condiciones de salud. Ahora les toca enfrentarse al calvario de una probable deportación, y a la perspectiva de tener que regresar a lugares en los que seguir viviendo supone una opción peor que jugarse la vida a bordo de una barcaza, en pleno invierno, sin papeles ni dinero, y con un futuro incierto. Pero al menos pueden contarlo.
Menos de un año y medio después de que, a primeros de octubre de 2013, dos naufragios sucesivos frente a las costas de Lampedusa provocaran la muerte de 366 inmigrantes, muchos de ellos niños, una nueva tragedia volvió a teñir de luto hace unos días el Canal de Sicilia. Las noticias empezaron a llegar el pasado sábado y se fueron confirmando durante las horas siguientes: al menos 300 personas habían muerto de frío o engullidas por las olas tras pasar varios días a la deriva, cuando trataban de cruzar a Italia desde Libia.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) asegura que al menos 218.000 inmigrantes y refugiados cruzaron el Mediterráneo en bote el año pasado. De ellos, unos 3.500 murieron en la travesía. Entre 2000 y 2013, más de 23.000 personas perdieron la vida mientras intentaban alcanzar el viejo continente, lo que supone una media de más de 1.700 fallecimientos documentados cada año. En total, alrededor de 26.000 muertos en 14 años. Las cifras reales, en cualquier caso, no se conocerán nunca, ya que muchos cuerpos se los traga el mar.
La catástrofe de 2013 en Lampedusa conmocionó a la opinión pública europea y pareció activar respuestas en las instituciones. Pero la realidad ha puesto en evidencia que o no se ha hecho nada, o lo que se ha hecho no está siendo eficaz. En el centro de las críticas se encuentra la decisión de sustituir la operación de búsqueda y rescate italiana Mare Nostrum por una misión de control fronterizo, mucho más limitada, de la Unión Europea, conocida como Tritón.
El pasado jueves, el Alto Comisario de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, afirmó que la Unión Europea debe establecer una operación de búsqueda y rescate a gran escala para evitar más tragedias: «No cabe duda, después de los sucesos de esta semana, que la Operación Tritón europea es una sustituta tristemente inadecuada de la italiana Mare Nostrum», indicó. «El foco tiene que estar en salvar vidas. Necesitamos una operación de búsqueda y rescate robusta en el Mediterráneo central, no solo una patrulla fronteriza», añadió.
Y, como recordaba Amnistía Internacional (AI) en un reciente informe sobre refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo, no es probable que el número de quienes intentan llegar a Europa vaya a disminuir: «Por una parte, el conflicto en Siria continúa, y la violencia se sigue extendiendo por Oriente Medio y el África Subsahariana; por otra, se cierran las fronteras terrestres de la ‘Fortaleza Europa’, especialmente vía Turquía, Grecia y Bulgaria, y muchas personas refugiadas y migrantes consideran que la única ruta que aún tienen abierta es la peligrosa travesía por mar hacia Italia o Malta».
La UE y sus Estados miembros, denuncia la ONG, «están imponiendo una prueba de supervivencia a las personas refugiadas y migrantes. Imposibilitadas de entrar en la UE a través de rutas seguras y adecuadas, decenas de miles de personas, desesperadas por encontrar asilo y una vida mejor, tratan de cruzar el Mediterráneo central cada año».
Estas son algunas de las claves de la mayor crisis en términos de vidas humanas a la que se ha enfrentado Europa en los últimos años.
La última tragedia
ACNUR y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) confirmaron el pasado miércoles que al menos 300 personas habían desaparecido en el mar ser abatidos por una fuerte tormenta cuando intentaban cruzar el Mediterráneo.
Del recuento que hicieron los propios supervivientes se desprende que cuatro botes neumáticos con unas cien personas a bordo cada uno partieron de una playa cercana a Trípoli (Libia) el pasado sábado por la tarde. Traficantes de personas les quitaron sus pertenencias antes de embarcarlos y les llevaron a alta mar a pesar de las pésimas condiciones meteorológicas.
El lunes, la guardia costera italiana rescató a 106 de los que viajaban en el primer bote. Otros 29 habían muerto ya de hipotermia. El miércoles, un barco comercial italiano rescató a nueve inmigrantes más, dos de los cuales viajaban con el segundo bote y siete en el tercero. Según la OIM, el número de supervivientes, entre los que hay niños que viajaban solos, asciende a 115. En total habían emprendido el viaje entre 400 y 450 inmigrantes. Todos los rescates se llevaron a cabo entre la isla italiana de Lampedusa y la costa libia.
«Sabíamos que nos arriesgábamos, que cabía la posibilidad de morir. Es un sacrificio consciente que hicimos ante la posibilidad de tener un futuro», dijo a la OIM uno de los supervivientes, citado por la agencia Efe.
La isla italiana de Lampedusa. Mapa: Wikimedia Commons
Los naufragios más graves
La posibilidad de morir en estas travesías, es, efectivamente, muy elevada, como lo demuestra un repaso a los naufragios más graves ocurridos en los últimos años:
17 de junio de 2003. Naufragio al sur de Sicilia de un barco cargado con inmigrantes, procedente de Libia, con el resultado de 67 muertos y desaparecidos.
19 de octubre de 2003. Mueren o desaparecen 83 inmigrantes por un naufragio frente a las costas de Sicilia.
20 de diciembre de 2003. Cerca de 70 inmigrantes mueren en Marmaris (suroeste de Turquía) debido al hundimiento de su barco, con el que trataban de llegar a Grecia.
15 de abril de 2004. Un total de 80 inmigrantes procedentes de Libia fallecen por el naufragio en Sicilia de su embarcación.
15 de febrero de 2011. Unos 60 tunecinos mueren ahogados frente a la costa de Zarzis (Túnez) cuando intentaban llegar a Italia. Según el relato de los supervivientes fue la guardia costera tunecina la que provocó el naufragio al embestir a su embarcación, en la que viajaban unas 150 personas.
6 de abril de 2011. Cerca de 150 refugiados somalíes procedentes de Libia y Eritrea desaparecen tras el hundimiento de su barco en la isla italiana de Lampedusa.
9 de mayo 2011. Una embarcación procedente de Libia con 72 personas a bordo queda a la deriva durante 16 días. Todos los inmigrantes menos 11 mueren de sed y hambre.
3 de octubre de 2013. Un barco que transportaba inmigrantes desde Libia a Italia se hunde frente a Lampedusa. La mayoría de los inmigrantes eran originarios de Eritrea, Somalia y Ghana. Se confirman un total de 359 muertos, sin incluir a los desaparecidos.
11 de octubre de 2013. Se produce un segundo naufragio a 120 kilómetros de Lampedusa. El barco transportaba inmigrantes procedentes de Siria y Palestina. Mueren al menos 34 personas.
Los que llegan
Al menos 218.000 personas cruzaron el Mediterráneo en 2014 en busca de una vida mejor en Europa. El Ministerio del Interior italiano asegura que solo durante el mes de enero de 2015 atravesaron el Mediterráneo 3.528 migrantes, la mayoría de ellos provenientes de Siria (764), Gambia (451), Mali (436), Senegal (428), Somalia (405) y Eritrea (171).
Según datos ofrecidos por Amnistía Internacional en su informe Vidas a la deriva. Personas refugiadas y migrantes en el Mediterráneo Central (publicado a finales de 2014), entre 2009 y 2012 entraron en la UE más de 1,7 millones de inmigrantes a largo plazo. En términos relativos, añade la ONG, el número de quienes entraron clandestinamente por mar es bastante pequeño. Se calcula que entre 1998 y 2013, 623.118 refugiados y migrantes alcanzaron las costas de la UE de forma irregular, lo que supone una media de casi 40.000 personas al año.
ACNUR, por su parte, indica que en 2013 llegaron en total 60.000 personas por mar a través del Mediterráneo; de ellas, 43.000 llegaron a Italia. En 2014, los refugiados e inmigrantes que entraron de forma irregular en la frontera meridional de Europa por vía marítima fueron más de 130.000, 118.000 de los cuales llegaron a Italia. La gran mayoría de estas personas salieron de Libia.
Más de 150.000 inmigrantes fueron rescatados, y 330 traficantes, arrestados, tras un año de laOperación Mare Nostrum, puesta en marcha por el Gobierno italiano tras el aumento del fenómeno migratorio y las tragedias del 3 y el 11 de octubre de 2013 frente a Lampedusa.
Se calcula que uno de cada siete de estos inmigrantes son menores de edad, y muchos vienen huyendo de la guerra civil en Siria. Según ACNUR, más de la mitad de los niños viajaban solos en sus embarcaciones, sin sus padres o algún otro familiar que les acompañase.
Los que mueren en el intento
El número de personas fallecidas en el mar ha aumentado constantemente desde principios de la década de 2000. Según ACNUR, que ya en 2011 había calificado al Mediterráneo como «la extensión de agua más mortal para refugiados y migrantes», en ese mismo año hubo alrededor de 1.500 muertes. En 2014, unas 3.500.
De acuerdo con los resultados publicados en marzo del año pasado en el informe The Migrants Files, una exhaustiva investigación en la que colaboraron el diario digital español El Confidencial y otros nueve periódicos y diez periodistas de seis países del continente, más de 23.000 migrantes murieron mientras intentaban alcanzar el viejo continente entre 2000 y 2013. Se trata de una cifra un 50% mayor (1.700 fallecimientos documentados cada año, de media) de lo que se calculaba en las estimaciones realizadas hasta la fecha, y que ni siquiera incluía el elevadísimo número de muertes que se produjeron finalmentre el año pasado.
La travesía
Los refugiados e inmigrantes que logran sobrevivir suelen calificar la travesía por mar de experiencia terrorífica. Como recoge Amnistía Internacional en el mencionado informe, los relatos de estas personas son muy coherentes entre sí en lo que respecta a sus descripciones, tanto de cómo se organizan las salidas desde Libia para cruzar el Mediterráneo central, como de las circunstancias del viaje.
Además de las dificultades del viaje en sí, incluyendo las adversas condiciones climatológicas cuando se realiza en invierno, es habitual que estas embarcaciones, no aptas para navegar, dirigidas por capitanes sin experiencia y abarrotadas, se pierdan, se queden sin combustible, y sufran averías en el motor y vías de agua.
En muchas ocasiones los inmigrantes se deshidratan por la escasez de agua potable, se intoxican con el humo del motor o inlcuso mueren asfixiados por el exceso de personas y la falta de aire en las salas de máquinas del casco del barco. Casi nunca hay chalecos salvavidas u otros equipos de salvamento, y muchos de los viajeros no saben nadar. «Los incidentes mortales no son nada excepcionales, incluso cuando el barco no se hunde», indica Amnistía.
ACNUR también ha recogido numerosos testimonios acerca de las duras condiciones del viaje: «Entregaron sus ahorros de toda la vida a los traficantes para poder viajar en embarcaciones precarias y saturadas, hacinados en pocos metros cuadrados sin alimentos, sin agua y sin chalecos salvavidas», relató el Alto Comisionado de esta organización, añadiendo que algunas de las embarcaciones que emprenden el viaje, que habitualmente dura unos cuatro días, se quedan varadas durante el trayecto y permanecen en el mar durante más de dos semanas antes de que llegue el rescate.
Aterrorizados y perdidos
Las condiciones previas a la salida al mar no son mucho mejores. Uno de los testimonios que recoge AI en su informe es el de Abdel, un marmolista de 37 años y padre de seis hijos que huyó de Alepo (Siria) en dirección a Libia en 2012. En 2014 le empezó a preocupar la seguridad de su familia en Libia y decidió marcharse: «El contrabandista organizó que nos recogieran y nos llevaran a la playa de Zuwara a mi familia y a mí. Había aproximadamente 300 sirios en el grupo y alrededor de 500 africanos de diversas nacionalidades. Los libios implicados en la operación llegaban a la playa todos los días con armas de fuego y nos aterrorizaban. Vi cómo pegaban a algunos africanos y a algunos incluso los mataron a golpes con trozos de madera y hierro. Los africanos lo tenían peor porque los trataban como si no fueran seres humanos».
«Finalmente –continúa Abdel–, unos hombres armados llevaron a todos más cerca de la costa, donde esperaban unos botes hinchables. Cuando nos llevaron a mi familia y a mí al barco más grande, esperábamos que fuera mayor porque éramos muchos. Enseguida nos sentimos inquietos por el viaje. Había demasiada gente en el barco. El capitán era uno de los pasajeros africanos y no era un capitán de verdad. Nos hicieron creer que tardaríamos unas seis o siete horas en llegar, pero a mediodía del domingo aún no habíamos llegado. Estábamos perdidos».
Barcos-chatarra
Un fenómeno que ha cobrado especial intensidad este invierno es la aparición en el Mediterráneo de ‘cargueros fantasma’ (barcos sin bandera, sin matrícula ni armador conocido, y normalmente en un lamentable estado de conservación), atestados de refugiados de guerra e inmigrantes. Como indica Ana Carbajosa en un reportaje publicado en El País, «en los últimos diez años, el invierno había sido temporada baja para los traficantes, que encontraban a menos gente dispuesta a morir de frío en los botes de goma. Los cargueros, mucho más seguros y protegidos de las bajas temperaturas, amenazan con poner fin a los patrones estacionales de la migración».
«Fletar barcos-chatarra, llenarlos de cientos de desesperados previo cobro de cientos de miles de euros y abandonarlos a su suerte en alta mar es un lucrativo negocio. El pasaje puede costar tres veces más que en los barcos pequeños, pero a la vez, dispara las probabilidades de sobrevivir», añade. En lo que va de invierno, 14 buques de carga con inmigrantes a bordo han sido interceptados en el Mediterráneo central. En cada barco viajan entre 200 y 800 personas.
De ‘Mare Nostrum’ a ‘Tritón’
El pasado 1 de noviembre arrancó la nueva misión conjunta de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión (Frontex), denominada Operación Tritón. Con la puesta en marcha de Tritón, Italia dio por cerrada su propia operación de rescate y salvamento de inmigrantes, Mare Nostrum, que había sido activada tras la tragedia migratoria en Lampedusa en octubre de 2013, y cuyo coste en su primer año de funcionamiento fue de 114 millones de euros.
Tritón, una operación bastante menos costosa, nació para intentar responder a la petición de ayuda de las autoridades italianas, desbordadas en el rescate de personas en el mar. Sin embargo, la operación arrancó lastrada por la incertidumbre presupuestaria y entre las críticas de muchas ONG’s, que denunciaron que no está diseñada para la búsqueda y salvamento.
El programa cuenta con presupuesto mensual de 2,9 millones de euros (Mare Nostrum costaba a las arcas del Estado italiano 9,3 millones de euros mensuales), y tanto su zona operativa como los recursos necesarios fueron acordados entre Frontex e Italia. Está financiado por las donaciones de unos 26 países de la UE, pero dispone de menos medios que Mare Nostrum (barcos más pequeños, por ejemplo), y su posibilidad de alejarse de las costas italianas (tan solo 30 millas) es muy limitada. De hecho, la Comisión Europea ha insistido en que Tritón no sustituye a Mare Nostrum porque su perímetro es mucho más restringido en torno a Italia y las patrullas no se acercan a las costas libias.
Según la propia agencia, su objetivo es «apoyar la labor de los Estados miembros en el control eficaz de las fronteras en la región del Mediterráneo, y, al mismo tiempo, proporcionar asistencia a las personas o los buques en peligro durante estas operaciones». Pero fuentes de los servicios de la Comisión Europea citadas por Efe reconocieron que el refuerzo en el presupuesto de Frontex para que la operación pueda llevarse a cabo no era suficiente para dotar a Tritón más allá del pasado 31 de diciembre. Fue necesario, por tanto, que el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE diesen luz verde a un aumento del presupuesto de la agencia de fronteras exteriores para 2015 para prorrogar la operaciones.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por ACNUR, el número de inmigrantes que llegaron por mar el pasado enero subió un 60% respecto al mismo mes del año anterior, cuando Mare Nostrum estaba aún operativo.
Las razones del fin de Mare Nostrum no fueron solo presupuestarias. El programa había recibido asimismo críticas políticas, incluyendo las del Gobierno británico, que llegó a afirmar que la existencia de esta operación suponía «un incentivo» para que los inmigrantes se lanzaran al mar en rudimentarias embarcaciones.
Más control, menos rescates
Tras la investigación que llevaron a cabo en zonas de alta intensidad migratoria de Malta e Italia, los autores del documento Vidas a la deriva concluyeron que «la excesiva preocupación por el control migratorio por parte de los Estados europeos ha reducido la capacidad de los servicios de rescate marítimos en el Mediterráneo». Según explicaron, el cierre de las fronteras ha acaparado la mayoría de los fondos de la Unión en materia migratoria, en detrimento de otras medidas para la atención humanitaria de los inmigrantes.
El gran aumento de personas refugiadas y migrantes dispuestas a correr el riesgo de realizar largos viajes en embarcaciones destartaladas y en condiciones de hacinamiento no es solo consecuencia del aumento de la inestabilidad en Oriente Medio y el Norte de África, o del deterioro de la situación en Libia. «También es consecuencia –indica el informe–, del progresivo cierre de las fronteras terrestres de Europa y de la inexistencia de vías seguras y legales de entrada en la UE para estas personas. Mientras los países de la UE sigan empujando a quienes huyen del conflicto o la pobreza a realizar peligrosos trayectos marítimos, deberán estar dispuestos, colectivamente, a cumplir su obligación de salvar vidas».
«Es una ecuación sencilla: mientras el número de personas que toma esta peligrosa ruta marítima aumente y los recursos dedicados a la búsqueda y el rescate disminuyan, más personas morirán», dijo por su parte John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Las mafias de traficantes
Pese a que también ha reconocido en varias ocasiones las deficiencias de sus operaciones de rescate, la Comisión Europea, responsable de las políticas migratorias de la UE, suele poner el acento en la necesidad de combatir las mafias de traficantes de personas que controlan las salidas de los inmigrantes desde el sur del Mediterráneo. Poco después de conocerse las primeras muertes de la última tragedia en el Canal de Sicilia, el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, afirmó que «el drama continúa. Nuestra lucha contra los traficantes continúa de manera incansable y coordinada. Hay que hacer más».
También la Organización Internacional para las Migraciones señala como principales culpables a las mafias: el pasado miércoles la OIM denunció que «traficantes ilícitos de personas en Libia son los responsables de la muerte de cientos de migrantes africanos enviados al mar durante una tormenta en botes neumáticos no aptos para navegar. Lo que está ocurriendo ahora es peor que una tragedia: es un crimen, el más atroz que he visto en cincuenta años de servicio», declaró el director general de la organización, William Lacy Swing. «Estas redes de contrabando actúan con casi total impunidad y cientos de personas están muriendo. El mundo debe actuar», añadió
Sin embargo, mientras que la Comisión Europea pide «redoblar los esfuerzos contra los traficantes que explotan la desesperación de las personas que intentan alcanzar Europa», las organizaciones internacionales de ayuda responden de forma casi unánime que son las políticas europeas migratorias las que acaban forzando a los inmigrantes, especialmente a los de origen africano, a caer en manos de estas mafias.
«La mayoría de las personas que llegan a las costas italianas son potenciales refugiados. Proceden de países en guerra, sufren tortura o situaciones de persecución… Pero estas personas no pueden pedir protección internacional de ninguna otra forma que viajando de forma ilegal. Ellos mismos les están casi obligando a caer en manos de los traficantes», denuciaba en eldiario.esVirginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional, una contestación compartida por ACNUR y por la Coordinadora Española de ONGs, en conversaciones mantenidas con ese mismo diario.
Disputas entre Italia y Malta
La falta de coordinación entre los Estados ribereños, y especialmente entre Malta e Italia, agrava aún más los peligros del viaje. La disputa que mantienen desde hace tiempo estos dos países respecto a sus obligaciones de búsqueda y salvamento pudo ser, según denunció Amnistía Internacoinal, una de las causas de la tragedia de octubre de 2013, cuando un barco arrastrero que transportaba a más de 400 personas se hundió en la zona de búsqueda y salvamento maltesa.
AI argumenta asimismo que el Reglamento de Dublín, en virtud del cual el primer Estado miembro de la UE al que llega el solicitante es el responsable de tramitar su solicitud de asilo, impone «una injusta presión» sobre los países implicados en las operaciones de salvamento, responsables de cubrir sus necesidades a más largo plazo.
El hecho de que no haya un reparto de responsabilidades entre los países de la UE disuade a los países meridionales, especialmente a Malta, de traer a sus puertos a refugiados e inmigrantes.
Las medidas de Europa
Según un informe de la Comisión Europea (CE), de 2006, la UE recibirá 40 millones de inmigrantes hasta 2050, que compensarán «solo en parte» el envejecimiento poblacional. La población activa se reducirá en 48 millones y la UE pasará de cuatro a solo dos personas activas por cada jubilado.
En febrero de 2002 los Quince aprobaron el Plan Global contra la Inmigración Ilegal, que incluía un banco de datos para controlar visados, mejoras en los controles fronterizos y políticas de repatriación. El Consejo Europeo de Sevilla de junio 2003 estableció un calendario para crear una política común, además de vincular las relaciones con terceros países a la colaboración de éstos contra la inmigración ilegal. Desde entonces, la UE ha firmado con varios países acuerdos de readmisión. En mayo de 2005 se constituyó la Agencia de Control de Fronteras Exteriores (Frontex), encargada de formar a agentes nacionales de fronteras y del seguimiento de la vigilancia fronteriza.
Tras los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla en 2005 y la llegada masiva de cayucos a Canarias desde 2006, España fue la primera en pedir ayuda a Frontex, y la UE puso a disposición española el Centro de seguimiento de satélites europeo de Torrejón de Ardoz. En agosto siguiente, Frontex lanzó el primer despliegue de aviones y barcos para frenar la avalancha de cayucos. La Operación Hera fue relanzada en 2007 y 2008.
El 18 de junio de 2008, la Eurocámara aprobó una polémica directiva europea de repatriación, que suscitó la condena unánime de los gobiernos latinoamericanos y algunos africanos. Según la directiva los indocumentados (incluidos los menores) podrán ser detenidos e «internados» en centros especiales por hasta 18 meses mientras se tramita su expulsión de Europa, adonde no podrán regresar en cinco años. En julio siguiente, los ministros de Interior acogieron la propuesta francesa de un pacto sobre inmigración que propugnaba un modelo selectivo, totalmente controlado, y firmeza absoluta con los indocumentados.
Así, el 16 de octubre de 2008 se aprobó formalmente y por unanimidad el Pacto Europeo sobre la Inmigración y Asilo, que busca limitar la inmigración a las necesidades del mercado laboral. Con él «Europa se dota de una auténtica política de inmigración», algo que era «indispensable», afirmó el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy (presidente de turno).
España fue el país de la Unión Europea que impidió la entrada a más inmigrantes en 2013. En total, se denegó el acceso a 317.840 personas en todo ese año, un 0,6% más que el año anterior, y el 61% de ellas recibió la negativa de las autoridades españolas, según el V Informe Anual de Migración y Asilo (2013) de la Comisión Europea que fue remitido al Parlamento.
Algunas propuestas
Entre las recomendaciones que el informe de la UE hacía a las instituciones y Estados miembros de la UE, se encuentra ofrecer rutas adecuadas y más seguras para que las personas refugiadas tengan acceso a la protección, lo que supone aumentar el número de plazas de reasentamiento y admisión humanitaria de personas refugiadas, facilitar la reunificación familiar a las personas refugiadas que tengan familiares que vivan en la UE, aplicar una definición amplia del concepto de familiar, que abarque la familia extensa o no nuclear, y aplicar una mayor flexibilidad en cuanto a los requisitos documentales y de otra índole.
También se pide que se garantice que las personas refugiadas que llegan a las fronteras terrestres exteriores de la UE puedan acceder a los procedimientos de concesión de asilo, así como un refuerzo de las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar Egeo y en el Mediterráneo, lo que incluye comprometer recursos económicos, navales y aéreos suficientes para Frontex, que patrullar en un grado proporcional a la escala de las salidas desde las costas del Norte de África.
Otras recomendaciones son adoptar medidas urgentes para garantizar el registro de información sobre las personas refugiadas y migrantes que mueren o desaparecen en el mar, y su identificación, especialmente mediante entrevistas sistemáticas de las personas rescatadas en el mar,y crear una base de datos y un mecanismo de comunicación centralizados de la UE para proporcionar información oficial a las familias.
Dos barcos comerciales y un navío de la guardia costera italiana rescataron el viernes, cerca de la costa de Libia, a unos 700 inmigrantes que intentaban cruzar a Europa a bordo de precarios botes. El sábado fueron recogidos otros 600, entre ellos varias mujeres embarazadas, que viajaban en seis embarcaciones similares. Este mismo domingo, los servicios de salvamento localizaron una decena de embarcaciones más (lanchas neumáticas), con más de 2.100 inmigrantes a bordo. […]
En una decisión sin precedentes, un total de 529 partidarios de los Hermanos Musulmanes han sido condenados a muerte este lunes en Egipto por una serie de ataques contra edificios oficiales y el asesinato de un coronel en agosto de 2013. Numerosos seguidores del derrocado presidente islamista Mohamed Mursi ya habían sido sentenciados a prisión, pero hasta ahora no se habían dictado condenas a la pena capital.
La cofradía, declarada «grupo terrorista» el pasado mes de diciembre por el Gobierno instaurado por los militares golpistas, ha calificado la sentencia de «inhumana», y de «clara violación de todas las normas judiciales».
La condena, informa Efe, ha sido dictada en un tiempo récord en la segunda sesión del juicio, tan solo dos días después de que se iniciase el proceso. «Los tribunales egipcios actúan con rapidez para castigar a los seguidores de Mohamed Mursi, pero ignoran las violaciones graves de derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad», indica Amnistía Internacional en un comunicado.
Familiares de los condenados, tras conocer la sentencia, en las afueras de la corte. Foto: AFP / Getty Images
La corte, presidida por el juez Said Yusef, ha encontrado a los condenados culpables de asaltar edificios gubernamentales en la provincia de Minia, matar a un coronel, intentar asesinar a otros dos responsables policiales, incendiar una comisaría y apoderarse de armas.
Estos ataques tuvieron lugar en protesta por el violento desalojo policial de las acampadas de los islamistas en El Cairo el pasado 14 de agosto, cuando murieron cientos de personas y se desató una ola de violencia en todo el país.
La agencia AFP informa de que solo 153 de los condenados se encuentran detenidos. Los demás están prófugos. Desde que el ejército derrocó a Mursi el pasado 3 de julio, 1.400 de sus partidarios han muerto por la represión y otros miles han sido encarcelados.
En total, más de 1.200 personas han sido procesadas por los actos de violencia que tuvieron lugar a mediados de agosto en la gobernación de Minia, a unos 250 kilómetros al sur de El Cairo.
Las fuerzas islamistas partidarias de Mohamed Mursi ya han convocado para el próximo miércoles multitudinarias manifestaciones en las principales plazas de Egipto.
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La guerra en Siria, cada vez más relegada en los medios de comunicación, pero aún igual de salvaje y devastadora, acaba de cumplir su tercer año, estancada, y sin señal alguna de que pueda llegarse a un final del conflicto en un futuro cercano.
Un balance rápido deja bien clara la magnitud de la catástrofe: más de 100.000 muertos, nueve millones de desplazados (incluyendo a los más de 2,4 millones de refugiados en el extranjero); el 40% de la población, forzada a abandonar sus casas; cientos de miles de personas viviendo en barrios sitiados o en zonas de difícil acceso; cerca de 9,3 millones de sirios necesitados de ayuda humanitaria…
Los datos más desgarradores, no obstante, son los que hacen referencia a los niños. Al menos 10.000 del total de víctimas mortales son menores, en un conflicto que afecta directamente a 5,5 millones de niños (1,2 millones han huido a países vecinos y 4,3 millones permanecen en Siria).
La semana pasada, UNICEF indicó que la cifra de menores afectados duplica ya la registrada hace un año, y afirmó que Siria es «uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser un niño». «Para los niños sirios, los últimos tres años han sido los más largos de sus vidas. ¿Han de soportar otro año más de sufrimiento?», se preguntó el director ejecutivo del organismo, Anthony Lake.
Y, junto a la destrucción de vidas humanas, la destrucción, también, de su entorno, de los lugares donde la gente paseaba, trabajaba y hacía la compra, del paisaje familiar en el que habitaban, de la incalculable herencia cultural.
En este blog ya mostramos la irreparable destrucción del minarete de la Mezquita Omeya de Alepo, una joya arquitectónica construida entre los siglos VIII y XIII, y ahora perdida ya para siempre. Hace unos días, coincidiendo con el tercer aniversario de la guerra, el diario británico The Guardian publicó la siguiente serie de fotografías, un antes y después que no necesita mucho comentario. Las imágenes son la expresión de la desolación total.
El Zoco Viejo de Alepo, en 2007 y 2013
El hospital Al Kindi de Alepo, en 2012 y 2013
Una calle de Homs, en 2012 y 2014
La mezquita Omari de Deraa, en 2011 y 2013
El zoco Bab Antakya de Alepo, en 2009 y 2012
La mezquita Omeya de Alepo, en 2012 y 2013
El pasado día 13, representantes de la sociedad civil y activistas sirios se unieron a una coalición de 115 organizaciones humanitarias y grupos de defensa de los derechos humanos de 24 países (incluyendo Save the Children, Oxfam y Amnistía Internacional) para lanzar una campaña con el objetivo de que este aniversario sea el último. Juntos hicieron un llamamiento desesperado a los líderes del mundo: muevan ficha, hagan algo.
Más concretamente, la campaña exige acciones urgentes para asegurar que la población siria, y en especial quienes viven en zonas cercadas, pueda tener acceso a ayuda. Pide, asimismo, que se escuche la voz de las víctimas y de la gente corriente en futuras conversaciones de paz.
La campaña incluyó, bajo el eslogan común #WithSyria (con Siria), vigilias con velas que miles de personas celebraron en más de 40 países, y la aportación del célebre artista urbano Banksy, con una versión de su famosa imagen de la niña con un globo rojo.
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Cartel contra la pena de muerte durante un evento en Francia en 2007. Foto: Kilobug / Wikimedia Commons
Irán parece haberse propuesto batir este año un siniestro récord. Desde que empezó 2014, es decir, en poco más de quince días, las autoridades de este país han llevado a cabo un total de 40 ejecuciones, 33 de ellas tan solo en la última semana, según ha denunciado este jueves Amnistía Internacional. La ONG asegura que 21 de estas muertes han sido reconocidas oficialmente, mientras que en las 19 restantes la información procede de fuentes fiables. Al menos una de estas ejecuciones, ocurrida el 14 de enero en una localidad de la provincia de Markazi, al norte del país, se realizó de forma pública. La víctima fue un hombre condenado por asesinato. El método para aplicar la pena capital en Irán es la muerte por ahorcamiento. En el caso de las ejecuciones públicas se suele usar una grúa desde la que se cuelga al condenado, en frente de la multitud.
Hassiba Hadj Sahraoui, vicedirector de Amnístía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha calificado el repunte de las ejecuciones en Irán de «alarmante». «Los intentos de las autoridades iraníes por cambiar su imagen ante el mundo pierden todo el sentido si el número de ejecuciones sigue incrementándose de este modo», dijo.
La mayoría de los ejecutados en Irán son condenados por delitos relacionados con las drogas. Amnistía recuerda, en este sentido, que, de acuerdo con el consenso internacional, los delitos de naturaleza no letal no deberían entrar en el conjunto de aquellos crímenes más graves a los que se aplica la pena de muerte.
La ONG destaca, además, que la Ley iraní no contempla el derecho a una apelación justa en el caso de los delitos de drogas, en contra de lo estipulado por las leyes internacionales: «En Irán, los delitos relacionados con las drogas se juzgan en Tribunales Revolucionarios en los que, de forma rutinaria, no se aplican los estándares internacionales de un juicio justo. La realidad es que la gente está siendo cruelmente condenada a muerte en juicios que, además, son injustos, y eso es inaceptable», indica Sahraoui.
Amnistía Internacional, que se opone a la pena capital en todos los casos, sin excepción, aprovecha para remarcar que la pena de muerte es «un castigo inhumano y degradante, y una violación del derecho que tiene todo ser humano a la vida».
Irán parece haberse propuesto batir este año un siniestro récord. Desde que empezó 2014, es decir, en poco más de quince días, las autoridades de este país han llevado a cabo un total de 40 ejecuciones, 33 de ellas tan… Leer
Amnistía Internacional presentó este miércoles su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, con la guerra de Siria ocupando el lugar más destacado entre las violaciones cometidas a lo largo del año pasado en Oriente Medio y el norte de África. En aquellos países donde los líderes autocráticos fueron derrocados, la organización indica que ha aumentado la libertad de los medios de comunicación y las oportunidades para la sociedad civil, pero que también ha habido retrocesos, como los desafíos a la libertad de opinión por motivos religiosos o de moral. En toda la región se ha seguido reprimiendo a activistas políticos y de derechos humanos, incluso mediante encarcelamiento y tortura bajo custodia.
El siguiente texto, publicado por Amnistía Internacional en su página web, es el resumen de la parte del informe referente a Oriente Medio y el Norte de África:
Los conflictos armados y las crisis volvieron a cobrarse un alto precio en la región. El brutal conflicto de Siria estaba asolando el país, con más de 70.000 muertos desde 2011, según cifras de la ONU. Las fuerzas y las milicias leales al gobierno seguían lanzando ataques indiscriminados y deliberados contra civiles. La detención arbitraria, las desapariciones forzadas y la tortura seguían siendo práctica habitual en los centros de detención. Algunos grupos de oposición seguían reteniendo a rehenes y llevando a cabo ejecuciones sumarias, también de civiles, a causa de la nacionalidad, la opinión política o la identidad sectaria de la víctima. Mientras tanto, la comunidad internacional se mantenía en un prolongado punto muerto, que impedía la adopción de medidas significativas como la remisión de la situación a la Corte Penal Internacional.
En Irak, la escalada de violencia suscitaba el temor de que se reavivara el conflicto interno. Los mortales enfrentamientos entre grupos armados árabes suníes y las fuerzas de seguridad iban en aumento, tras las protestas de las zonas predominantemente árabes suníes contra lo que consideraban discriminación por parte del gobierno dominante chií y contra los abusos a detenidos.
Algunas zonas de Yemen seguían también viéndose enturbiadas por la violencia entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados.
El gobierno israelí mantuvo su política de castigos colectivos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluidos su bloqueo de la Franja de Gaza y las restricciones a la circulación de palestinos en Cisjordania, donde estaba ampliando sus asentamientos ilegales. En noviembre de 2012, Israel lanzó una campaña militar de ocho días de duración contra grupos armados palestinos que disparaban indiscriminadamente cohetes desde Gaza hacia Israel; durante el conflicto murieron seis israelíes y más de 160 palestinos, en su mayoría civiles.
Libertad de expresión y reunión: Se logró un mayor espacio para los medios de comunicación y la sociedad civil en los países en los que los dirigentes que habían ocupado el poder durante mucho tiempo habían sido derrocados en los levantamientos de 2010 y 2011, pero donde los nuevos gobiernos habían incumplido sus promesas.
En Egipto, decenas de activistas de oposición fueron detenidos por cargos falsos o de motivación política, y periodistas, blogueros y reporteros de medios de comunicación audiovisuales fueron interrogados por criticar a las autoridades o «difamar» la religión.
En Túnez se utilizaron en varias ocasiones leyes de la época de Ben Ali para acusar a artistas, blogueros y periodistas de «insultos a la religión» y «alteración del orden público», en una tendencia creciente de ataques contra la libertad de expresión.
En Egipto continuaron las protestas mientras las nuevas autoridades retomaban las tácticas represivas. En Túnez, la población sufrió una fuerte conmoción con el homicidio del líder de la oposición izquierdista, Chokri Belaid.
En Libia, las autoridades han aprobado recientemente legislación que impone restricciones indebidas al derecho de reunión pacífica.
En otros puntos de la región, los activistas políticos y de derechos humanos seguían sufriendo detenciones, reclusiones y, en algunos casos, tortura u otros malos tratos.
En Bahréin, aunque las autoridades anunciaron reformas a bombo y platillo, continuaron privando de libertad a personas por motivos que las convertían en presos de conciencia, incluidos destacados miembros de la oposición y activistas de los derechos humanos.
En Irán preocupaba que la represión a que se veían sometidos disidentes y periodistas se intensificara en el periodo previo a las elecciones presidenciales, previstas para junio.
Otros lugares en los que las autoridades reprimieron las actividades de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos o periodistas fueron Arabia Saudí –donde continuaban los disturbios en la Provincia Oriental, predominantemente chií–, los Territorios Palestinos Ocupados –donde la represión la ejercían Israel, la Autoridad Palestina y Hamás–, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos.
Las nuevas leyes promulgadas en Argelia y Jordania reforzaban el control sobre los medios de comunicación. Muchos países de la región trataban de acallar a la sociedad civil mediante leyes restrictivas en materia de ONG y mediante el control sobre su financiación.
La tortura u otros malos tratos seguían siendo endémicos en Libia y Egipto, en un clima de total impunidad. En Yemen, los manifestantes, especialmente en el sur, fueron sometidos a uso excesivo de la fuerza y a tortura u otros malos tratos bajo custodia.
El conflicto sirio ha obligado a más de 1,4 millones de refugiados a huir del país, y unos 4 millones de personas se han desplazado internamente. Esta creciente crisis humanitaria ha supuesto una enorme tensión para los países vecinos.
Los trabajadores migrantes que acudían a los Estados del Golfo para huir de la pobreza se encontraban con unas condiciones de trabajo espantosas y con los denominados sistemas de patrocinio, que a menudo los atrapaban en un círculo de explotación.
En Libia, las autoridades no encontraron una solución duradera para las comunidades enteras que se vieron obligadas a desplazarse a causa del conflicto, como los tawargha y los mashashya, que continúan viviendo en campos sin los recursos necesarios y siguen sin poder regresar a sus hogares por temor a represalias.
Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo seguían sufriendo detención indefinida, tortura y otros malos tratos a manos de milicias, entre otros.
Los refugiados y solicitantes de asilo eritreos secuestrados de campos de refugiados en el este de Sudán eran objeto de trata hacia el desierto del Sinaí, en Egipto, donde permanecían cautivos en manos de bandas delictivas beduinas mientras se exigía rescate a sus familias.
Las mujeres ocuparon un lugar destacado en las protestas de toda la región, pero apenas había indicios de que los levantamientos hubieran dado lugar a avances significativos en cuando a los derechos de las mujeres o a una disminución de la discriminación generalizada a la que se ven expuestas en la ley y en la práctica. Las agresiones sexuales perpetradas contra mujeres en Egipto y en otros lugares han puesto esta cuestión bruscamente de manifiesto.
Las autoridades de Irán, Irak, Arabia Saudí y Yemen siguieron utilizando la pena de muerte en gran escala: las ejecuciones llevadas a cabo en esos cuatro países sumaban el 99 por ciento de las llevadas a cabo en toda la región. En Marruecos, Argelia, Túnez, Jordania y Líbano continuaban las moratorias de hecho vigentes desde hacía tiempo.
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Aplicación de la pena de muerte en el mundo en 2012, según los datos del informe de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional presentó este miércoles su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, y destacó que, pese a algunos retrocesos, en 2012 se produjeron avances reseñables hacia la erradicación global de la pena capital. La organización señaló que el año pasado descendió el número de condenas en más naciones que en 2011, y celebró la incorporación de Letonia como el 97 país abolicionista. En 2012 se documentaron ejecuciones en 21 países, un número idéntico al de 2011, pero inferior al de 28 países registrado hace una década, en 2003. En total, se tuvo conocimiento de 682 ejecuciones en el mundo, dos más que en 2011, y pudieron confirmarse al menos otras 1.722 sentencias de muerte dictadas en 58 países, en comparación con las 1.923 dictadas en 63 países el año anterior. Estas cifras, no obstante, no incluyen las «miles de ejecuciones» que Amnistía Internacional (AI) cree que se llevaron a cabo en China, cuyo gobierno mantiene los datos en secreto.
«El retroceso observado en 2012 en algunos países es decepcionante, pero no invierte la tendencia mundial contra el uso de la pena de muerte. En muchas partes del mundo, las ejecuciones empiezan a ser cosa del pasado», dijo Salil Shetty, secretario general de AI. «Solo uno de cada diez países del mundo aplica la pena de muerte. Sus mandatarios deberían preguntarse por qué siguen aplicando una pena cruel e inhumana que el resto del mundo ha dejado atrás», añadió.
Entre estos mandatarios están, sin duda, los de la mayor parte de Oriente Medio, donde, un año más, el panorama resulta desolador. Cuatro países de la región (Irak, Irán, Arabia Saudí y Yemen) se encuentran entre los seis que más aplican la pena de muerte en el mundo (los otros dos son China y EE UU), y juntos copan el 99% de las ejecuciones llevadas a cabo en toda la zona. En este sentido, AI indica que «aunque en Oriente Medio y el Norte de África hubo algunos progresos, la aplicación de la pena capital en la región sigue siendo motivo de gran preocupación».
El caso de Irak es especialmente alarmante, teniendo en cuenta que en 2012 fueron ejecutadas en este país al menos 129 personas, casi el doble de las 68 ejecutadas en 2011. Irán, por su parte, volvió a ocupar el segundo lugar en número de ejecuciones, superado solo por China. Las autoridades iraníes reconocieron oficialmente 314 ejecuciones, pero el número real, según indica AI, «es casi seguro muy superior, ya que se documentaron otras muchas decenas de ejecuciones que no fueron oficialmente reconocidas».
Y eso sin contar Siria, donde, como reconoce Amnistía, la guerra civil ha impedido comprobar el alcance de la aplicación de la pena capital en el país durante el año pasado.
Ejecuciones en el mundo en 2012. Gráfico: The Economist
Hace unos días, el pasado 5 de abril, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentaba que varios países de Oriente Medio hayan vuelto a aplicar la pena de muerte tras años de moratoria, y pese a que la tendencia mundial va encaminada hacia la abolición de esta práctica. «A principios de esta semana fueron ejecutadas tres personas en Kuwait, donde las últimas ejecuciones databan de mayo de 2007, y unas 40 personas permanecen en el corredor de la muerte en este país», informó el portavoz del Comisionado, Rupert Colville. «Estamos especialmente preocupados por la implementación de la pena capital en Irak», añadió, indicando que el 1 de abril se documentaron cuatro nuevas ejecuciones, con un total de doce en lo que va de año.
«Los gobiernos que siguen aplicando la pena de muerte se han quedado sin argumentos para justificarse. No está demostrado en modo alguno que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial frente al delito», afirma Shetty. «La verdadera razón del uso de la pena de muerte suele encontrarse en otro sitio: En 2012 volvimos a expresar nuestra honda preocupación por lo que parecían ejecuciones con fines políticos en algunos países, como medidas populistas o directamente como instrumento de represión», concluye.
Amnistía Internacional presentó este miércoles su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, y destacó que, pese a algunos retrocesos, en 2012 se produjeron avances reseñables hacia la erradicación global de la pena capital. La organización señaló… Leer
Periodistas detenidos en Irán. Fotos: Reporteros Sin Fronteras
Al menos 16 periodistas han sido detenidos en Irán en los últimos días, acusados por el Ministerio de Información iraní de colaborar con medios de comunicación extranjeros en persa, a los que califica de «antirrevolucionarios». Varios más han recibido citaciones para comparecer próximamente ante los tribunales. Los arrestados trabajan para los diarios reformistas Arman, Bahar, Etemaad y Shargh, para el semanario Aseman, y para la agencia ILNA. Aunque no se puedan considerar disidentes, todos estos medios son críticos con el Gobierno e informan, entre otras cosas, de las dificultades de la economía bajo las sanciones que Occidente ha impuesto a Irán por su programa nuclear.
La oleada de detenciones ha despertado la indignación de la comunidad internacional y de organizaciones en defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras. «Irán es una de las mayores cárceles del mundo para periodistas», afirmó Reza Moini, responsable de RSF en el país.
El temor es que la censura y la represión vayan a más, ya que el próximo mes de junio se celebran elecciones presidenciales en la República Islámica. «Desde principios de año –informa Ángeles Espinosa en El País– agentes de los servicios secretos o miembros de la Guardia Revolucionaria han estado interrogando a periodistas sobre los próximos comicios, el candidato al que piensan respaldar, o su opinión sobre un reciente discurso en el que el líder supremo pidió que dejaran de pedir elecciones libres porque “desde el principio de la República Islámica, las elecciones siempre han sido libres”».
«Treinta y cuatro años después de que el fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini, regresase de Francia, y en contra de sus propias promesas de respetar las libertades fundamentales, Irán es actualmente una de las mayores prisiones del mundo para periodistas, con un total de 62 informadores detenidos», indica el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire. «El sucesor de Jomeini como líder supremo, Ali Jamenei, ha llevado más allá la guerra contra los periodistas y la demonización de la prensa extranjera y de los medios de comunicación. Los periodistas e intelectuales iraníes llevan 34 años siendo acusados de ser espías a sueldo de los gobiernos occidentales, con cargos que nunca han sido probados en juicios justos. El sistema de justicia en Irán no es más que una herramienta al servicio del líder supremo, que es quien elige a su jefe, para machacar cualquier esperanza de una mayor libertad», añade.
Según han informado medios de comunicación iraníes, las fuerzas de seguridad irrumpieron el pasado fin de semana en las oficinas de varias publicaciones con sede en Teherán. El domingo, varios periodistas fueron detenidos en cinco redadas llevadas a cabo simultáneamente, mientras que otros dos fueron detenidos el sábado. Agentes de seguridad registraron y grabaron las instalaciones. También registraron los domicilios de algunos de los periodistas. A algunos les confiscaron los teléfonos y las acreditaciones de prensa. Amnistía Internacional informa de que los profesionales detenidos el domingo han sido trasladados a un lugar desconocido, mientras que los dos detenidos el sábado habrían sido llevados a la prisión de Evín.
Las últimas detenciones, añade AI, se producen tras el regreso a prisión de Mohammad Sadiq Kaboudvand, quien el viernes fue devuelto a la cárcel de Evín, después de que en diciembre de 2012 se le hubiese concedido un permiso de salida para recibir tratamiento médico. Kaboudvand, cuyo estado de salud es precario, cumple una pena de diez años y medio que se le impuso, según la ONG, por su labor periodística y en favor de los derechos humanos. Era la primera vez que se le concedía un permiso de salida desde su detención en 2007.
El miércoles, el Ministerio de Inteligencia de Irán vinculó a varios de los periodistas detenidos con la radiotelevisión británica BBC, y aseguró que había desmantelado la mayor red relacionada con medios extranjeros para bloquear la «infiltración enemiga». Según una nota difundida por la agencia oficial iraní, IRNA, y recogida por Efe, el Ministerio señaló que, en su «campaña contra la injerencia de los poderes amenazantes y perversos», había logrado «identificar y detener a periodistas que colaboraban con la máquina de propaganda de la BBC».
IRNA, que denomina al Gobierno británico «el viejo zorro», acusa a la BBC de haber difundido recientemente varios reportajes «controvertidos» con el fin de desprestigiar al presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, y al Banco Central Iraní.
Mohammad Hosseini, ministro iraní de Cultura y Orientación Islámica, afirmó por su parte que las últimas detenciones de periodistas «no tienen nada que ver con su trabajo». Sin embargo, la semana pasada el fiscal general, Gholamhossein Mohseni Ejei, pareció advertir de las redadas al afirmar que «mañana, si cualquiera de estas personas es detenida por cometer un acto delictivo, chillaréis y gritaréis, sin tener ni idea de que esa persona era el portavoz del enemigo».
Al menos 16 periodistas han sido detenidos en Irán en los últimos días, acusados por el Ministerio de Información iraní de colaborar con medios de comunicación extranjeros en persa, a los que califica de «antirrevolucionarios». Varios más han recibido citaciones… Leer
