El máximo órgano militar de Irán dio instrucciones a los jefes de las fuerzas armadas en todas las provincias de «reprimir con severidad» a las personas que salieron a las calles a manifestarse tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, según denunció este viernes Amnistía Internacional (AI), tras obtener documentos oficiales filtrados que «revelan el plan de las autoridades de aplastar sistemáticamente las protestas a toda costa».
Masha Amini, una joven iraní kurda de 22 años, fue detenida el pasado 14 de septiembre por la llamada Policía de la Moral en Teherán, donde se encontraba de visita, y trasladada a una comisaría para asistir a «una hora de reeducación» por llevar mal colocado el hiyab (velo islámico). Murió tres días más tarde en un hospital adonde llegó en coma tras haber sufrido un ataque al corazón, que las autoridades han atribuido a problemas de salud —algo que niega su familia—, calificando los hechos de «incidente desafortunado».
La muerte de Amini ha provocado las protestas de miles de iraníes, que han salido a las calles con gritos como «Justicia, libertad y no al hiyab obligatorio», «Mujeres, vida, libertad», o «Muerte al dictador». A diferencia de otras ocasiones en que las manifestaciones se redujeron a fragmentados grupos sociales movilizados por la economía, esta vez las protestas están siendo multitudinarias y se han extendido por ciudades de todo el país. Las imágenes de mujeres quemando sus velos públicamente o cortándose el cabello se han convertido en el símbolo de la rebelión.
Según AI, la represión de las protestas por parte de las autoridades ha dejado hasta el momento al menos 52 víctimas mortales identificadas y cientos de personas heridas.
En su informe publicado este viernes, Amnistía Internacional divulga datos sobre «el plan de las autoridades iraníes» de «aplastar brutalmente las manifestaciones» mediante el despliegue de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar Basij, la Fuerza de Aplicación de la Ley de la República Islámica de Irán, la policía antidisturbios y agentes de seguridad vestidos de civil. La organización también comparte datos sobre «el uso generalizado de fuerza letal y de armas de fuego» por las fuerzas de seguridad iraníes, que «o bien tenían intención de matar a manifestantes, o deberían haber sabido con un grado razonable de certeza que su uso de armas de fuego causaría muertes».
«Las autoridades iraníes decidieron intencionadamente hacer daño o matar a personas que salieron a las calles para expresar su indignación por décadas de represión e injusticia», señala Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en un comunicado. «En el marco de una epidemia de impunidad sistemática que prevalece desde hace tiempo en Irán, decenas de hombres, mujeres, niñas y niños han sido víctimas de homicidios ilegítimos en episodio más reciente de baños de sangre», añade.
«A menos que la comunidad internacional adopte medidas colectivas y firmes, que deben ir más allá de meras declaraciones de condena, innumerables personas más pueden ser víctimas de homicidio, mutilación, tortura, agresión sexual o metidas entre rejas por el solo hecho de participar en las protestas», afirma Callamard.
Según relatos de testigos presenciales y materiales audiovisuales examinados por AI, ninguna de las 52 víctimas identificadas suponía una amenaza inminente de muerte o lesión grave que justificara el uso de armas de fuego contra ellas.
«Reprimir sin piedad, incluso causando muertes»
Amnistía Internacional ha obtenido una copia filtrada de un documento oficial que, según la ONG, afirma que, el 21 de septiembre de 2022 la Jefatura General de las Fuerzas Armadas dictó una orden a los jefes en todas las provincias en la que se les daban instrucciones de «reprimir con severidad a alborotadores y antirrevolucionarios». Esa misma noche, señala AI, el uso de medios letales en todo el país se intensificó y «decenas de hombres, mujeres, niños y niñas murieron».
Otro documento filtrado e incluido en el informe muestra que, el 23 de septiembre, el jefe de las fuerzas armadas en la provincia de Mazandarán ordenó a las fuerzas de seguridad en todas los pueblos y ciudades de la provincia «reprimir sin piedad, incluso causando muertes, cualquier disturbio de alborotadores y antirrevolucionarios».
AI asegura haber examinado fotografías y vídeos que muestran que la mayoría de las víctimas murieron por disparos de munición real efectuados por las fuerzas de seguridad. «Al menos tres hombres y dos mujeres murieron cuando las fuerzas de seguridad dispararon proyectiles metálicos desde corta distancia, mientras que Sarina Esmailzadeh, una joven de 16 años, murió tras ser brutalmente golpeada en la cabeza con porras», indica la organización.
La ONG denuncia asimismo que, «en un intento de eximirse de responsabilidad en las muertes, las autoridades iraníes han difundido relatos falsos sobre las víctimas, en los que intentan describirlas como ‘peligrosas’, o ‘individuos violentos’, o afirman que murieron a manos de ‘alborotadores’». «Las autoridades también han intimidado y hostigado a las familias de las víctimas para que guarden silencio, o les han prometido compensaciones económicas si grababan vídeos para atribuir la responsabilidad de la muerte de sus seres queridos a ‘alborotadores’ que trabajan para ‘enemigos’ de la República Islámica de Irán», añade.
Torturas
Amnistía Internacional ha documentado además «constantes generalizadas de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, incluidas brutales palizas a manifestantes y transeúntes». La organización también recoge «agresiones sexuales y otras formas de violencia sexual y de género, incluendo casos en los que las fuerzas de seguridad agarraron los pechos de las mujeres o les tiraron violentamente del cabello cuando ellas se quitaron el pañuelo en señal de protesta».
Según documenta AI, el 28 de septiembre una persona que se manifestaba en Isfahán relató a representantes de la ONG: «He visto golpear a manifestantes. La noche anterior, mis amistades contaron que vieron cómo una mujer [manifestante] era arrastrada por el suelo tirándole del cabello. Iba perdiendo la ropa según la arrastraban, pero las fuerzas de seguridad siguieron tirándole del cabello…». «Hace dos noches», agregó, «varias de mis amistades fueron golpeadas con porras. Una de ellas, que ahora tiene hematomas en el antebrazo y en las piernas, me dijo que las fuerzas de seguridad las arrinconaron en un callejón y las golpearon con porras. Un miembro de las fuerzas de seguridad dijo entonces: ‘Vamos a dispararles también en la pierna’, y otro agente de seguridad dijo: ‘No, vámonos’».
Amnistía Internacional también señala que ha visto material filmado e informes que sugieren que algunos manifestantes han participado en actos de violencia. No obstante, la ONG destaca que «los actos violentos de una minoría de manifestantes no justifican el uso de medios letales».
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