Tras más de cuatro décadas como enemigos aparentemente implacables a ambos lados de una profunda división político-religiosa en Oriente Medio, Arabia Saudí e Irán han acordado restablecer relaciones diplomáticas y reabrir embajadas. El acuerdo, firmado en Pekín, se produce siete años después de la ruptura de relaciones diplomáticas tras la ejecución en Arabia Saudí del clérigo chií Nimr Al Nimr, y se ha anunciado como «un momento decisivo» para la región.
Aunque es innegable que se trata de un paso positivo, el acuerdo no pondrá fin a la situación de conflicto en la región, ya que los graves problemas internos siguen impulsando el conflicto y la violencia en Yemen, Irak, Líbano y Siria. Sin embargo, serias dificultades económicas han llevado a saudíes e iraníes a entablar conversaciones diplomáticas en los últimos años para crear un orden regional más estable, lo que ha permitido a ambos países emprender programas de reforma interna.
La rivalidad entre Riad y Teherán tiene raíces muy complicadas, conformada en torno a la interacción de las preocupaciones por la seguridad, las reivindicaciones de liderazgo en el mundo musulmán, las rivalidades etno-sectarias y las diferentes relaciones con Washington. Los análisis perezosos han reducido a menudo la rivalidad a un conflicto sectario, consecuencia de «odios ancestrales», pero tal lectura de los acontecimientos es xenófoba y orientalista, e ignora el contexto y las contingencias que configuran las relaciones entre ambos Estados.
A pesar de sus orígenes conflictivos, las relaciones entre los dos países han oscilado entre la hostilidad manifiesta y la creciente distensión desde la creación de la República Islámica de Irán en 1979, y se han desarrollado de distintas formas en Oriente Medio.
La presencia de identidades religiosas, étnicas e ideológicas compartidas en toda la región también ha llevado a otros a ver los conflictos en la zona a través de la lente de las «guerras subsidiarias». Se ha considerado que diversos grupos de Yemen, Siria, Líbano, Irak, Bahréin y otros países se limitan a cumplir las órdenes de sus pagadores en Riad o Teherán, algo que ignora los factores internos del conflicto y la división, reduciendo el análisis a un binario simplista que enfrenta a sunníes y chiíes.
En toda la región, los Estados en los que han chocado los intereses saudíes e iraníes también se han visto acosados por una serie de complejos retos socioeconómicos y políticos propios.
Desde la destitución de Sadam Husein, Irak se ha caracterizado por la lucha entre varias facciones por dominar el Estado. Los partidos chiíes, que representan a la mayoría del país, han solido ser los ganadores en las elecciones, a menudo con el apoyo de Irán y para disgusto de Arabia Saudí. Sin embargo, sería erróneo pensar que la política iraquí representa únicamente una guerra subsidiaria entre sus dos vecinos. Ello supondría ignorar las preocupaciones internas de muchos y los esfuerzos por crear un panorama político que funcione para los iraquíes y no sea solo un escenario para que Riad y Teherán aumenten su poder.
En Yemen, aunque tanto Arabia Saudí como Irán han desempeñado un papel destacado en la guerra civil, los principales motores del conflicto son internos, en medio de una lucha más amplia por el territorio, la política, las visiones del orden, el tribalismo, los recursos y las diferencias sectarias. La implicación de Riad y Teherán –de distintas maneras– exacerba estas tensiones. El temor a los avances de los rebeldes hutíes apoyados por Irán en Yemen llevó a Arabia Saudí a emprender una devastadora campaña de bombardeos para frenar las acciones del grupo.
El apoyo de Teherán a los hutíes –y los ataques del grupo contra el territorio saudí– exacerbaron los temores del reino. Sin embargo, la guerra en Yemen es también consecuencia de la fragmentación del Estado y de la aparición de varios grupos diferentes que compiten por la influencia en un paisaje acosado por graves problemas medioambientales y escasez de alimentos.
En Líbano, una devastadora crisis socioeconómica se desarrolla en el armazón mismo del Estado, con grupos sectarios que proporcionan apoyo y protección a sus electores en lugar de un gobierno que funcione. Los grupos clave han recibido apoyo de Arabia Saudí e Irán, sobre todo Hizbulá, que mantiene fuertes vínculos ideológicos con la República Islámica, y el Movimiento Futuro, partido de gobierno durante la mayor parte de la última década, que mantiene una compleja relación con Arabia Saudí.
Es evidente que tanto saudíes como iraníes tienen un gran interés en la política libanesa. Pero, en realidad, cualquier conflicto aquí está impulsado por la competencia entre grupos locales que tratan de imponer sus visiones del orden en un panorama político, social y económico precario.
Aunque no cabe duda de que Arabia Saudí e Irán disponen de medios para influir en la política de toda la región, los grupos locales tienen sus propias agendas, aspiraciones y presiones. Queda por ver cómo resonará la reconciliación entre Riad y Teherán en espacios acosados por la división.
Es innegable que hay aspectos positivos para la seguridad regional. La reconciliación mejora la posibilidad de que se reactive el acuerdo nuclear con Teherán, aunque queda por ver qué ha ofrecido Arabia Saudí a Irán para facilitar el acuerdo, y viceversa. Por otra parte, cabe preguntarse qué mecanismos de control y ejecución ha puesto en marcha China.
Quizá el aspecto más intrigante de todo esto se refiera, precisamente, al papel de China en los procedimientos. Aunque los esfuerzos diplomáticos para mejorar las relaciones entre los dos rivales llevan varios años en marcha, la capacidad de China para forjar un acuerdo a partir de estas conversaciones apunta a la creciente influencia de Pekín en la región.
China mantiene desde hace tiempo estrechos lazos económicos con Irán, pero en los últimos años Pekín ha tratado de aumentar su compromiso con los Estados árabes, especialmente Irak y Arabia Saudí. El deterioro de las relaciones entre las dos grandes potencias del Golfo habría tenido un impacto negativo en el compromiso y la inversión chinos en Oriente Medio, tanto en lo que respecta a sus proyectos de infraestructuras como a la más amplia iniciativa Belt and Road.
Aunque Estados Unidos ha celebrado públicamente el acuerdo, en privado existen varias preocupaciones sobre las implicaciones que este pueda tener para Oriente Medio y para la política mundial, en un momento, además, en que las relaciones entre Riad y Washington son tensas.
El mejor ejemplo de ello fue la visita del presidente estadounidense, Joe Biden, a Arabia Saudí tras sus críticas al historial del reino en materia de derechos humanos y la publicación de un informe que afirmaba que el príncipe heredero Mohamed bin Salmán había aprobado la operación para asesinar al periodista Jamal Khashoggi, ciudadano estadounidense. Durante la visita, Biden y Bin Salmán mantuvieron una tensa reunión que, en gran medida, no sirvió para mejorar las relaciones y puso de manifiesto la precariedad de las mismas.
En este contexto, no es de extrañar la creciente influencia china en el reino y en Oriente Medio. La mediación de China ofrece cierta esperanza de que también pueda alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, pero ¿a qué precio? El modelo chino de inversión y prestación de «ayuda desvinculada» –prestación de apoyo financiero sin condiciones– ha ignorado durante mucho tiempo las preocupaciones por la democracia y los derechos humanos. Así, el acuerdo entre saudíes e iraníes ha sido interpretado por algunos como una victoria del autoritarismo, que margina aún más a los movimientos reformistas en ambos países.
Al igual que Estados Unidos, Israel también está preocupado por el acuerdo. Para los sucesivos gobiernos israelíes, Irán ha ocupado durante mucho tiempo el papel de bete noire regional, lo que en última instancia se tradujo en la firma de los Acuerdos de Abraham en el verano de 2020, que normalizaron las relaciones entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos como una alianza estratégica contra Teherán. El gobierno de Netanyahu ha buscado durante mucho tiempo normalizar las relaciones con Arabia Saudí y esperaba utilizar la amenaza iraní como medio para lograr este objetivo.
Además, el acuerdo plantea interrogantes sobre el futuro de la seguridad regional. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo mediador en las disputas regionales y ha sido considerado como garante de la seguridad por Israel, Arabia Saudí y otros Estados del Golfo. Las acciones de China en este ámbito sugieren que está tratando de reafirmarse en la política de la región. Los informes apuntan a que Pekín acogerá una reunión de líderes árabes e iraníes a finales de año. Si esto es cierto, China se posiciona firmemente como un actor dominante –si no el único– en Oriente Medio.
Una reconciliación entre saudíes e iraníes es, sin duda, positiva para el orden regional. Pero no abordará las causas del conflicto en Yemen ni en otros lugares de la región. También plantea varias cuestiones serias en torno a la seguridad regional y el orden mundial, la importancia de la democracia y los derechos humanos, y el futuro del compromiso de Estados Unidos con Oriente Medio.
Aunque la iniciativa es un paso positivo, no es una solución para los conflictos de la zona. De hecho, este acuerdo mediado por Pekín puede dar lugar a nuevos e importantes desafíos para la población de la región.
Simon Mabon es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Lancaster (Reino Unido)
Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 13/3/2023
Traducción del original en inglés: Saudi-Iran deal won’t bring peace to the Middle East but will enhance China’s role as power broker
Tras más de cuatro décadas como enemigos aparentemente implacables a ambos lados de una profunda división político-religiosa en Oriente Medio, Arabia Saudí e Irán han acordado restablecer relaciones diplomáticas y reabrir embajadas. El acuerdo, firmado en Pekín, se produce siete… Leer
El nombre de Mahsa Amini lleva más de cinco semanas apareciendo en los medios de comunicación de todo el mundo. Prensa, radio, televisión y redes sociales se han hecho eco de la muerte de la joven kurda de 22 años que se encontraba con su familia de turismo en Teherán, capital de Irán.
Con el pretexto de no llevar el velo obligatorio conforme a lo estipulado por la República Islámica, la joven fue detenida por los guardianes de la moral. Mahsa falleció el 16 de septiembre después de haber sido ingresada en el hospital y permanecer varios días en coma con claros signos de violencia corporal.
La respuesta de buena parte de la población iraní al conocerse la noticia se extendió por todo el país: de Teherán a Shiraz, pasando por Kerman e Isfahán y el Kurdistán iraní.
En un Irán ahogado por las sanciones internacionales, sumido en una grave crisis económica y profundamente castigado por la covid-19, ha nacido esta rebelión que devuelve la esperanza en el cambio.
La República Islámica de Irán, cuyo líder supremo indiscutible es Alí Jamenei, al que queda subordinada la presidencia del gobierno, se rige en gran medida por la sharía o ley islámica, tal y como se contempla en la Constitución de 1979.
Esta ley influye directamente en los derechos y deberes de todos los iraníes, pero especialmente sobre los de la mujer, a la que considera subordinada al hombre: hereda la mitad que su hermano, su testimonio en un juicio tiene la mitad de valor y, en caso de divorcio, la custodia de los hijos pasa directamente al marido.
Asimismo, las mujeres no pueden acceder a ciertos cargos de poder, necesitan permiso del padre o del marido para realizar algunos trámites y se consiente el sigheh, contrato matrimonial temporal con una dote y una fecha de finalización acordada mutuamente. De esta forma, la prostitución encuentra un vacío legal en este estatus, al ser la duración mínima de una hora.
Todos los imperativos morales y religiosos se reflejan también en su cotidianidad, en el ocio, donde parece que todo está prohibido, como relata en su blog personal el dibujante iraní Touka Neyestani, exiliado en Canadá:
En todas partes me reía a carcajadas, lo que no estaba permitido. Me encantaba comer platos que no estaban permitidos. Prefería beber Pepsi en lugar de bebidas de yogur, y eso no estaba permitido. No se permitía leer ninguno de mis libros ni a mis escritores favoritos. Trabajé en periódicos y revistas que no estaban permitidos. Pensaba en cosas que no estaban permitidas. Tenía deseos que no estaban permitidos.
Desde el 16 de septiembre, las mujeres luchan no solo contra la obligatoriedad del pañuelo, sino contra todo lo que representa: luchan por el derecho a decidir sobre sus vidas y sobre sus cuerpos. El campo de batalla se ha establecido de una forma muy evidente en las calles, donde en símbolo de protesta, aupadas y respaldadas por sus compañeros, las mujeres iraníes se cortan el cabello y desafían las fuerzas de la ley.
Estos actos, sin embargo, están siendo brutalmente reprimidos mediante detenciones, golpes y muertes, cifradas en más de doscientas según la ONG Iran Human Rights. Las víctimas están siendo también menores de edad.
El activismo está cogiendo fuerza en las calles, pero también a través de manifestaciones artísticas que se comparten en las redes sociales, especialmente mediante Instagram.
La viñeta satírica es una herramienta clave a la hora de denunciar los abusos con pocas o ninguna palabra. De forma sencilla y contundente se convierte en un estandarte para los iraníes y una forma de comprender desde fuera qué está pasando.
Mana Neyestani, con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram y publicando sus caricaturas de forma habitual en medios como IranWire, Cartooning for Peace o Dw Persian, tuvo que huir de Irán en 2006 tras un malentendido con una de sus viñetas, por lo que fue encarcelado en la prisión de Evin.
Pasó por Emiratos, Turquía y Malasia antes de llegar a Francia, donde actualmente vive como refugiado político. Sus cómics, autobiográficos como Una metamorfosis iraní, y ficcionados como L’Araignée de Mashhad, giran en torno a las repercusiones directas que el régimen actual tiene en la sociedad iraní y su cotidianidad.
Sin embargo, es por su trabajo como caricaturista por lo que es toda una celebridad para los iraníes: dibuja con sátira mordaz a los clérigos y representa al ayatollah Jamenei, aunque esté prohibido, con lo que señala y denuncia las injusticias. Tras la muerte de Mahsa Amini, mujeres y niños han sido los protagonistas de sus viñetas. La mujer empoderada y combativa y la fractura del poder y la autoridad aparecen en dibujos duros pero llenos de fuerza y esperanza por el cambio.
Mana es uno de los viñetistas que está haciendo de bisagra entre Irán y el exterior, compartiendo la actualidad para que ambas partes se mantengan informadas y conectadas y puedan seguir la rebelión que están liderando las mujeres.
Sin embargo, no es el único: Touka Neyestani, exiliado en Canadá, hace de la figura de Jamenei el blanco de su sátira, con un dibujo que nos remite a los grabados de Goya; Hadi Heidari, en Francia, habla de la falta de libertad mediante metáforas como la jaula o el fuego y dibuja a Mahsa Amini y a Nika Shakarami como estandartes y piezas clave de la rebelión.
Y ellas también (se) dibujan: Firoozeh Mozaffari, activista desde Irán, Zeynab Nikche o Nahid Zamani, así como las cuentas womanlifefreedom.art o freeiranianwomen2022 reúnen y comparten dibujos y viñetas con el hashtag #mahsaamini. El pelo, el pañuelo y metáforas que aluden a la prisión, la libertad y la lucha inundan sus dibujos, donde los colores verde, blanco y, especialmente, el rojo, se funden en una única reivindicación.
Las viñetas denuncian pero también hacen memoria. Para comprender qué está sucediendo y hacerlo a través de historias individuales que nos transmiten también lo colectivo, se puede leer a Marjane Satrapi (especial mención a Bordados), Parsua Bashi, Shaghayegh Moazzami o Amir Soltani y Khalil Bendib, entre otros.
Al margen de los cómics, el arte da muchas opciones para entender la situación actual de las iraníes. La literatura ofrece las obras de la Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, la poesía de Forugh Farrojzad o análisis históricos como De la Revolución Islámica a la Revolución nuclear o El Sah o la desmesura del poder. También podemos aproximarnos al país a través del cine, las artes plásticas, o siguiendo el trabajo de mujeres como la abogada Nasrin Sotoudeh y la antropóloga Fariba Adelkah, que se han visto privadas de la libertad por defender sus derechos y los de las iraníes.
Aunque la solidaridad internacional no tardó en hacerse eco de las protestas por el asesinato de Mahsa, desde Occidente es posible hacer que no sea un apoyo efímero y amplificar sus voces, contribuyendo a que el apagón digital dentro del país sea menor.
Es pronto aún para entrar a valorar qué puede pasar en Irán a nivel político, social y cultural. Pero los cambios se están dando desde dentro, por los propios iraníes, y eso puede suponer transformaciones estructurales, tal vez lentas pero incontestables.
Elena Pérez Elena es doctoranda FPU en el programa Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y profesora en el Grado de Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación (UAM).
Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 31/10/2022
El nombre de Mahsa Amini lleva más de cinco semanas apareciendo en los medios de comunicación de todo el mundo. Prensa, radio, televisión y redes sociales se han hecho eco de la muerte de la joven kurda de 22 años… Leer
Irán ha vivido este miércoles una jornada especialmente dramática, marcada por la multitudinaria conmemoración del fin del periodo de duelo por la muerte de Mahsa Amini, y por un brutal atentado en un santuario de Shiraz, reivindicado por Estado Islámico, que ha dejado al menos 15 muertos y 40 heridos.
En Saqez, en el Kurdistán iraní, miles de personas desafiaron a las autoridades y se congregaron en el cementerio de Aichi, donde está enterrada la joven Amini, muerta el pasado 16 de septiembre a los 22 años cuando se encontraba bajo custodia policial, tras haber sido detenida por la llamada Policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico. Fue la más multitudinaria de las numerosas concentraciones que se llevaron a cabo en varias ciudades del país durante la jornada de este miércoles.
A pesar de que la oficina del gobernador de la provincia había anunciado que la familia no iba a celebrar la ceremonia –el rito, propio de la cultura chií iraní, de poner fin a un periodo de luto recordando al difunto pasados 40 días de su muerte–, ni la fuerte presencia policial ni las advertencias de las autoridades evitaron que una auténtica marea humana se dirigiese hacia el cementerio de la ciudad de la que era originaria la joven, con las consignas que se han hecho ya habituales desde que comenzaron las protestas en todo el país tras la muerte de Amini: «Mujer, vida, libertad», «Muerte al dictador» (en referencia al líder supremo de Irán, Ali Jameneí), «Todos somos Mahsa»…
Medios oficiales como la agencia Fars indicaron que la concentración reunió a unas 2.000 personas, pero, como informa Efe, los vídeos compartidos por activistas en redes sociales muestran una multitud mucho mayor, incluyendo colas kilométricas en las carreteras en dirección al cementerio.
En la propia ciudad natal de Amini se produjeron choques con las fuerzas de seguridad, que medios oficiales como la agencia ISNA calificaron como «enfrentamientos dispersos». Sin embargo, la ONG Hengaw, una organización con sede en Noruega que monitorea los abusos a los derechos humanos en las regiones kurdas de Irán, aseguró que la Policía usó gases lacrimógenos y llegó a disparar a la multitud. Testigos citados por el diario The Guardian confirmaron que hubo disparos, mientras que el Gobierno iraní dijo que las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a responder a los disturbios. Las autoridades restringieron el acceso a internet en toda la provincia para intentar controlar las protestas, según informó la plataforma NetBlocks.
Fue precisamente en el cementerio de Aichi donde, el pasado 17 de septiembre, un día después de la muerte de Amini, comenzaron las protestas y se quemaron los primeros pañuelos en rechazo a la obligatoriedad del velo islámico. Desde entonces se suceden las manifestaciones, centradas ahora sobre todo en las universidades, en medio de una fuerte represión que ha causado al menos 108 muertos, informa Efe, con datos de la ONG Iran Human Rights.
Entre las movilizaciones de este miércoles destacó asimismo la convocada por los médicos de la capital, Teherán, en protesta por la presencia de agentes de seguridad en los hospitales donde se recuperan los heridos en las concentraciones por la muerte de Amini. Europa Press informa de que testigos presenciales consultados por la agencia alemana DPA hablaron de un «enorme despliegue policial» para controlar la manifestación, que acabó siendo disuelta con el lanzamiento de gases lacrimógenos.
Mientras, en Shiraz, en el sureste del país, al menos 15 personas murieron y otras 40 resultaron heridas en un ataque armado contra el santuario chií de Shah Cheragh, que ha sido reivindicado por Estado Islámico.
Según explicó un responsable de Seguridad de la gobernación de Fars, el ataque se produjo mientras los fieles realizaban sus oraciones, en la hora en que más visitantes suele haber en el templo. Al parecer, el atentado fue llevado a cabo por un único individuo, que comenzó a disparar con un rifle tras lograr entrar en el santuario, y que fue finalmente detenido, según aseguraron las autoridades. Otras fuentes, no obstante, hablan de al menos tres atacantes y dos arrestados.
El presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha afirmado que el ataque fue perpetrado por «los enemigos de la revolución islámica» y ha prometido «una respuesta severa», mientras que el ministro de Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, ha dicho que Teherán tomará medidas contra «terroristas y entrometidos extranjeros». «Este crimen ha dejado completamente claras las siniestras intenciones de los promotores del terror y la violencia en Irán», ha añadido Amir-Abdollahian en un comunicado difundido por los medios estatales.
Estado Islámico (grupo yihadista suní) ha reivindicado varios ataques anteriores en Irán, incluido el doble atentado de 2017 en Teherán, que tuvo como objetivo el Parlamento y la tumba del fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini, con el resultado de 23 muertos (incluidos cinco atacantes) y medio centenar de heridos.
Más información y fuentes:
» Miles de iraníes recuerdan a Amini en su tumba al terminar el luto (Efe)
» Iran’s security forces reportedly open fire as thousands mourn Mahsa Amini (The Guardian)
» Iran protests: Police fire on Mahsa Amini mourners – witnesses (BBC)
» Cientos de manifestantes protestan contra el Gobierno de Irán junto a la tumba de Mahsa Amini (Europa Press)
» Estado Islámico reivindica el ataque con 15 muertos en un santuario de Irán (Efe)
» Islamic State claims Iran shrine attack, Iran vows response (Reuters)
Leer también:
» Las mujeres iraníes mantienen la presión por un cambio real, pero ¿seguirán recibiendo apoyo?
» Órdenes de «reprimir sin piedad» las protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini
Irán ha vivido este miércoles una jornada especialmente dramática, marcada por la multitudinaria conmemoración del fin del periodo de duelo por la muerte de Mahsa Amini, y por un brutal atentado en un santuario de Shiraz, reivindicado por Estado Islámico,… Leer
El mundo ha quedado absorto ante las imágenes de mujeres iraníes gritando «mujeres, vida, libertad», encabezando manifestaciones de protesta, bailando en las calles y quemando sus velos mientras se enfrentan a soldados armados.
Las recientes demostraciones de coraje de las mujeres iraníes no son diferentes a su participación masiva en la manifestación de 2009 contra las disputadas elecciones presidenciales de ese año, cuando la brutalidad del régimen fue simbolizada por el asesinato de la joven Neda Agha-Soltan, que recibió un disparo durante la protesta.
Las protestas actuales estallaron tras el asesinato de la kurdo-iraní Mahsa Amini, quien murió a causa de las heridas que sufrió mientras estaba bajo custodia policial por presuntamente violar las leyes conservadoras sobre el hiyab de Irán.
Las protestas públicas continúan, a pesar de una represión estatal cada vez más intensa y extensa que ya ha causado la muerte de más de 200 personas, cientos de heridos y miles de detenidos.
En acciones sin precedentes, muchas mujeres, jóvenes y mayores, están expresando su apoyo a la protesta cortándose el cabello, reviviendo así una práctica preislámica de luto por parte de las mujeres.
El asesinato de Amini ha provocado el episodio más reciente de indignación pública, pero las quejas por la opresión política, las dificultades económicas, los desastres ambientales, la discriminación contra las minorías étnicas y religiosas, las instituciones estatales corruptas y poco representativas y la falta de respeto por la vida y la dignidad de los ciudadanos han dado lugar a varias protestas populares en las últimas décadas.
La respuesta sorda de la República Islámica a estas protestas es evidente ante sus afirmaciones de que la muerte de Amini se debió a un problema de salud. Es una respuesta similar a los crueles encubrimientos posteriores al derribo de un avión de pasajeros ucraniano en enero de 2020, incluyendo las violentas represiones contra civiles, jóvenes entre ellos. Estas negaciones han dejado a muchos iraníes sintiéndose desilusionados por el régimen teocrático.
Con las mujeres al frente, las demandas clave de las protestas actuales son el respeto por los derechos humanos fundamentales, la dignidad y un cambio real. Las mujeres iraníes siempre han participado en manifestaciones de protesta, pero esta es la primera vez que sus demandas se consideran demandas de la nación.
Muchas mujeres salieron a las calles para ayudar a derrocar a la dinastía Pahlavi en 1979, exigiendo democracia y libertad de expresión sin discriminación por género.
Sin embargo, poco después de la revolución, el clero gobernante conservador emergente anuló a las pocas semanas de llegar al poder los modestos derechos que las mujeres habían obtenido bajo el régimen anterior.
Si bien muchas mujeres iraníes protestaron por estos cambios, recibieron poco apoyo de los hombres y otros grupos políticos opositores que priorizaban la postura anticolonial del régimen y creían que las mujeres deberían tolerar las injusticias, al menos temporalmente.
Aunque desanimadas por la indiferencia de los hombres, una de las primeras protestas populares contra la teocracia, la que tuvo lugar en marzo de 1979, fue organizada por mujeres. El velo obligatorio que el régimen exigía como símbolo de su identidad siguió siendo un asunto doloroso en las relaciones entre entre el gobierno y la sociedad.
Conscientes de que el extremismo religioso a menudo se centra en los cuerpos de las mujeres —al igual que algunos estados modernos—, las mujeres iraníes continuaron desafiando la reversión de sus derechos legales y sociales, tanto desde dentro como fuera de las instituciones estatales formales.
En muchas ocasiones, como ha documentado nuestra investigación, las mujeres unieron fuerzas de todo el espectro ideológico para impulsar sus demandas.
Mujeres laicas y religiosas, por ejemplo, trabajaron juntas para reformar varias leyes familiares discriminatorias de género en la década de 1990 y principios de la de 2000. Las colaboraciones de las mujeres también dieron como resultado la creación de un bloque de votantes femenino que contribuyó a la elección del clérigo reformista Mohamed Jatamí como presidente de 1997 a 2005, lo que ayudó a marcar el comienzo de una serie de importantes cambios legales y oportunidades políticas.
El movimiento reformista giró en torno a un nuevo pensamiento religioso que incluye reinterpretaciones de los textos religiosos centradas en la mujer, el también denominado feminismo islámico.
Este desarrollo, sin embargo, amenazó a las élites ultraconservadoras que, bajo el siguiente presidente, Mahmoud Ahmadineyad, comenzaron a imponer restricciones a las publicaciones de mujeres y a muchas organizaciones no gubernamentales de mujeres.
Los representantes de esta línea dura también hostigaron a activistas por los derechos de las mujeres y grupos de estudiantes universitarios progresistas. Para atraer a algunas élites conservadoras, Ahmadineyad fortaleció asimismo el aparato de seguridad del estado, incluida una fuerza policial para hacer cumplir una estricta observancia del hiyab, según lo consideraron apropiado los conservadores.
En 2009, las mujeres volvieron a sentirse animadas cuando los principales candidatos presidenciales reformistas, en un esfuerzo por ganar el voto femenino, colocaron las preocupaciones de las mujeres en el centro de sus campañas electorales. Sin embargo, para su total consternación, Ahmadineyad fue declarado ganador, lo que provocó una ola de protestas en las que las mujeres volvieron a desempeñar un papel destacado.
Los levantamientos del Movimiento Verde dieron a conocer las demandas clave de la población en general, incluidos los derechos civiles y políticos básicos, como el derecho a elecciones justas, la libertad de expresión y la democracia. Pero las poderosas élites conservadoras no electas desencadenaron las fuerzas de seguridad y aplastaron violentamente las protestas de 2009, obligando a pasar a la clandestinidad a los movimientos organizados por los derechos de las mujeres.
La candidatura a la presidencia del moderado Hasan Rohaní en 2013 impulsó una vez más el voto femenino, lo que llevó a su aplastante victoria. Poco después, en 2015, los iraníes celebraron la firma de un acuerdo nuclear con Occidente y recuperaron parcialmente su fe en una mayor estabilidad económica y social.
Sin embargo, las celebraciones se acabaron pronto, cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos en ese momento, se retiró unilateralmente del acuerdo y restableció sanciones integrales contra Irán y su población. Esto enfureció aún más a las facciones conservadoras y aumentó su desconfianza hacia Estados Unidos.
En las siguientes elecciones, los conservadores dejaron de lado a sus principales competidores y recuperaron el control del Parlamento y la Presidencia en 2020 y 2021, respectivamente, aunque con la tasa de participación electoral más baja desde 1979.
Con control total sobre el estado, la facción conservadora ha implementado desde entonces una serie de restricciones, entre ellas una mayor vigilancia y hostigamiento de quienes desafían el statu quo, incluidas las mujeres que se oponen al velo obligatorio.
Las protestas que comenzaron en septiembre de 2022 continúan, mientras aumenta la violencia estatal. A pesar de las restricciones impuestas en Internet, los iraníes, independientemente de su género, etnia, clase, edad o ideología, han salido a las calles de las diversas regiones del país con una voz aparentemente unificada, para expresar que se les ha acabado la paciencia con el régimen teocrático.
No está claro si estas protestas conducirán a una revolución política. Para muchos, la verdadera revolución ya ha ocurrido, dada la aceptación por parte del público en general de las demandas de democracia real y respeto a los derechos humanos exigidas por las mujeres y las minorías en estas protestas.
La pregunta es si esta solidaridad se mantendrá, y si el régimen iraní estará dispuesto a escuchar esta vez.
Homa Hoodfar es profesora de Antropología, emérita, en la Universidad de Concordia. Su principal campo de investigación y experiencia radica en la intersección de la economía política; derechos de género y ciudadanía; y política formal e informal sobre mujeres, género y esfera pública en contextos musulmanes. Entre sus libros más recientes se encuentran Women’s Sport as Politics in Muslim Contexts (WLUML, 2015); Sexuality in Muslim Contexts: Restrictions and Resistance (Zed Books, 2012); y Electoral Politics: Making Quotas Work for Women (WLUML, 2011), coescrito con Homa Hoodfar.
Mona Tajali es profesora asociada de de Relaciones Internacionales y Estudios de la Mujer, el Género y la Sexualidad. Es autora de Women’s Political Representation in Iran and Turkey: Demanding a Seat at the Table (Edinburgh University Press, 2022), un trabajo en el que investiga cómo las normas religiosas y culturales, las actitudes, las estructuras institucionales y el comportamiento de los votantes afectan la representación de las mujeres y la calidad de la democracia en contextos musulmanes, con un enfoque comparativo en Irán y Turquía. Su primer libro, Electoral Politics: Making Quotas Work for Women (WLUML, 2011), coescrito con Homa Hoodfar, ha sido traducido al persa y al árabe, y se utiliza como manual para quienes abogan por una mayor representación política de las mujeres en todo el mundo musulmán.
Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 13/10/2022
Traducción del original en inglés: Iranian women keep up the pressure for real change — but will broad public support continue?
El mundo ha quedado absorto ante las imágenes de mujeres iraníes gritando «mujeres, vida, libertad», encabezando manifestaciones de protesta, bailando en las calles y quemando sus velos mientras se enfrentan a soldados armados. Las recientes demostraciones de coraje de las… Leer
El máximo órgano militar de Irán dio instrucciones a los jefes de las fuerzas armadas en todas las provincias de «reprimir con severidad» a las personas que salieron a las calles a manifestarse tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, según denunció este viernes Amnistía Internacional (AI), tras obtener documentos oficiales filtrados que «revelan el plan de las autoridades de aplastar sistemáticamente las protestas a toda costa».
Masha Amini, una joven iraní kurda de 22 años, fue detenida el pasado 14 de septiembre por la llamada Policía de la Moral en Teherán, donde se encontraba de visita, y trasladada a una comisaría para asistir a «una hora de reeducación» por llevar mal colocado el hiyab (velo islámico). Murió tres días más tarde en un hospital adonde llegó en coma tras haber sufrido un ataque al corazón, que las autoridades han atribuido a problemas de salud —algo que niega su familia—, calificando los hechos de «incidente desafortunado».
La muerte de Amini ha provocado las protestas de miles de iraníes, que han salido a las calles con gritos como «Justicia, libertad y no al hiyab obligatorio», «Mujeres, vida, libertad», o «Muerte al dictador». A diferencia de otras ocasiones en que las manifestaciones se redujeron a fragmentados grupos sociales movilizados por la economía, esta vez las protestas están siendo multitudinarias y se han extendido por ciudades de todo el país. Las imágenes de mujeres quemando sus velos públicamente o cortándose el cabello se han convertido en el símbolo de la rebelión.
Según AI, la represión de las protestas por parte de las autoridades ha dejado hasta el momento al menos 52 víctimas mortales identificadas y cientos de personas heridas.
En su informe publicado este viernes, Amnistía Internacional divulga datos sobre «el plan de las autoridades iraníes» de «aplastar brutalmente las manifestaciones» mediante el despliegue de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar Basij, la Fuerza de Aplicación de la Ley de la República Islámica de Irán, la policía antidisturbios y agentes de seguridad vestidos de civil. La organización también comparte datos sobre «el uso generalizado de fuerza letal y de armas de fuego» por las fuerzas de seguridad iraníes, que «o bien tenían intención de matar a manifestantes, o deberían haber sabido con un grado razonable de certeza que su uso de armas de fuego causaría muertes».
«Las autoridades iraníes decidieron intencionadamente hacer daño o matar a personas que salieron a las calles para expresar su indignación por décadas de represión e injusticia», señala Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en un comunicado. «En el marco de una epidemia de impunidad sistemática que prevalece desde hace tiempo en Irán, decenas de hombres, mujeres, niñas y niños han sido víctimas de homicidios ilegítimos en episodio más reciente de baños de sangre», añade.
«A menos que la comunidad internacional adopte medidas colectivas y firmes, que deben ir más allá de meras declaraciones de condena, innumerables personas más pueden ser víctimas de homicidio, mutilación, tortura, agresión sexual o metidas entre rejas por el solo hecho de participar en las protestas», afirma Callamard.
Según relatos de testigos presenciales y materiales audiovisuales examinados por AI, ninguna de las 52 víctimas identificadas suponía una amenaza inminente de muerte o lesión grave que justificara el uso de armas de fuego contra ellas.
Amnistía Internacional ha obtenido una copia filtrada de un documento oficial que, según la ONG, afirma que, el 21 de septiembre de 2022 la Jefatura General de las Fuerzas Armadas dictó una orden a los jefes en todas las provincias en la que se les daban instrucciones de «reprimir con severidad a alborotadores y antirrevolucionarios». Esa misma noche, señala AI, el uso de medios letales en todo el país se intensificó y «decenas de hombres, mujeres, niños y niñas murieron».
Otro documento filtrado e incluido en el informe muestra que, el 23 de septiembre, el jefe de las fuerzas armadas en la provincia de Mazandarán ordenó a las fuerzas de seguridad en todas los pueblos y ciudades de la provincia «reprimir sin piedad, incluso causando muertes, cualquier disturbio de alborotadores y antirrevolucionarios».
AI asegura haber examinado fotografías y vídeos que muestran que la mayoría de las víctimas murieron por disparos de munición real efectuados por las fuerzas de seguridad. «Al menos tres hombres y dos mujeres murieron cuando las fuerzas de seguridad dispararon proyectiles metálicos desde corta distancia, mientras que Sarina Esmailzadeh, una joven de 16 años, murió tras ser brutalmente golpeada en la cabeza con porras», indica la organización.
La ONG denuncia asimismo que, «en un intento de eximirse de responsabilidad en las muertes, las autoridades iraníes han difundido relatos falsos sobre las víctimas, en los que intentan describirlas como ‘peligrosas’, o ‘individuos violentos’, o afirman que murieron a manos de ‘alborotadores’». «Las autoridades también han intimidado y hostigado a las familias de las víctimas para que guarden silencio, o les han prometido compensaciones económicas si grababan vídeos para atribuir la responsabilidad de la muerte de sus seres queridos a ‘alborotadores’ que trabajan para ‘enemigos’ de la República Islámica de Irán», añade.
Amnistía Internacional ha documentado además «constantes generalizadas de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, incluidas brutales palizas a manifestantes y transeúntes». La organización también recoge «agresiones sexuales y otras formas de violencia sexual y de género, incluendo casos en los que las fuerzas de seguridad agarraron los pechos de las mujeres o les tiraron violentamente del cabello cuando ellas se quitaron el pañuelo en señal de protesta».
Según documenta AI, el 28 de septiembre una persona que se manifestaba en Isfahán relató a representantes de la ONG: «He visto golpear a manifestantes. La noche anterior, mis amistades contaron que vieron cómo una mujer [manifestante] era arrastrada por el suelo tirándole del cabello. Iba perdiendo la ropa según la arrastraban, pero las fuerzas de seguridad siguieron tirándole del cabello…». «Hace dos noches», agregó, «varias de mis amistades fueron golpeadas con porras. Una de ellas, que ahora tiene hematomas en el antebrazo y en las piernas, me dijo que las fuerzas de seguridad las arrinconaron en un callejón y las golpearon con porras. Un miembro de las fuerzas de seguridad dijo entonces: ‘Vamos a dispararles también en la pierna’, y otro agente de seguridad dijo: ‘No, vámonos’».
Amnistía Internacional también señala que ha visto material filmado e informes que sugieren que algunos manifestantes han participado en actos de violencia. No obstante, la ONG destaca que «los actos violentos de una minoría de manifestantes no justifican el uso de medios letales».
El máximo órgano militar de Irán dio instrucciones a los jefes de las fuerzas armadas en todas las provincias de «reprimir con severidad» a las personas que salieron a las calles a manifestarse tras la muerte bajo custodia policial de… Leer
Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son los socios económicos y políticos de más importancia estratégica para Estados Unidos en Asia Occidental. Es posible que el presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, no cuenten con un proyecto esencialmente diferente para la región, pero sí van a aportar un tipo diferente de diplomacia.
A pesar de que muchos dan por hecho que la presidencia de Biden será una extensión de las políticas de Obama, existen nuevas realidades en Oriente Medio que el presidente electo deberá tener en cuenta.
Los países del CCG están divididos, debido al embargo, liderado por Arabia Saudí, impuesto a Catar desde 2017. Para muchos líderes del CCG, resucitar la política exterior de Obama no es lo ideal. Fue durante su presidencia cuando ocurrieron las revueltas de la Primavera Árabe en 2011, el golpe militar en Egipto de 2013, el ascenso de grupos extremistas y, por último, el acuerdo nuclear con Irán.
Riad y Abu Dabi disfrutaron con la campaña de «máxima presión» contra Irán llevada a cabo por Trump, y con la pasividad del ahora presidente saliente ante los abusos contra los derechos humanos.
Biden ha declarado públicamente que él no habría tolerado el cruel asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, el encarcelamiento de mujeres activistas saudíes, o los crímenes de guerra en Yemen. La impaciencia de Biden con Arabia Saudí y su probable tolerancia con Irán chocan con un creciente lobby en Washington, en el que tanto Riad como Abu Dabi han invertido mucho.
La supuesta intención del Gobierno estadounidense de acabar con la crisis humanitaria causada por los bombardeos saudíes en Yemen fue bloqueada por el círculo íntimo de Trump. Por tanto, en ausencia de ese círculo, Riad tendrá que conformarse con compromisos más simples por parte de los hutíes. La retirada gradual de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la guerra de Yemen entre 2017 y 2019, les colocó en una situación menos sólida que la de su vecino saudí ante la derrota de Trump.
Junto con Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones con Israel el 13 de agosto de 2020, en los denominados oficialmente Acuerdos de Abraham. Este impactante movimiento histórico fue considerado una traición por la causa palestina, e innecesario desde la perspectiva geopolítica de los EAU. Aún así, puede entenderse como un intento desesperado por agudizar la rivalidad con Irán.
Irán es, de hecho, el principal foco a la hora de determinar la política exterior de Estados Unidos con respecto al CCG. La firma del acuerdo nuclear en 2015, oficialmente conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), supuso para el régimen iraní la oportunidad de iniciar una nueva era marcada por la ruptura del aislamiento global y las sanciones lideradas por EE UU. Tres años después, Trump se retiró unilateralmente del acuerdo y comenzó una campaña de «máxima presión» que implicó sanciones económicas más severas contra el sector financiero iraní.
Biden ha declarado que EE UU volverá a unirse al acuerdo, con el objetivo de allanar el camino para continuar negociando. No obstante, es imposible predecir cómo evaluará Biden el grado de cumplimiento por parte de Irán, considerando las referencias tan poco claras que deja su predecesor. Después de todo, el hecho de que Irán fuese el mayor enemigo de Trump no significa que vaya a ser el mayor aliado de Biden. Por otra parte, no puede olvidarse la decepción de Riad con Trump durante los ataques a Aramco de septiembre de 2019.
Irak es otro de los lugares donde estallaron las disputas entre EE UU e Irán, como resultado de las protestas contra el gobierno de Bagdad que comenzaron en octubre de 2019. Riad acogió con gran satisfacción los intentos de Trump de respaldar a los grupos apoyados por Teherán en Irak. Giorgio Cafiero, director de Gulf State Analytics, una consultora de riesgos geopolíticos con sede en Washington, considera las acciones de Trump en Irak como «las más audaces en términos de contrarrestar la influencia regional de Irán, algo especialmente subrayado por el descarado asesinato del general Qasem Soleimani en enero de 2020». No obstante, Cafiero señala asimismo que, desde los ataques contra Aramco en septiembre de 2019, «a los saudíes les preocupa la verdadera voluntad de Trump de defender al reino de las amenazas que suponen los grupos respaldados por Irán en la región y que tienen una relación hostil con Riad».
Kuwait, Omán y Catar verían con buenos ojos una desescalada con Irán, así como cualquier intento por finalizar la crisis del Golfo. Mientras que Omán acogerá positivamente los planes de Biden para acabar con la ayuda militar estadounidense a Arabia Saudí en la guerra en Yemen, Kuwait espera encontrar un líder estadounidense más «neutral» para reparar la grieta abierta en la región.
Por su parte, Doha cuenta con la voluntad de Biden de poner fin al embargo, después de que Trump parezca haber ignorado las relaciones institucionales estratégicas a largo plazo de Estados Unidos con los países del CCG, y el interés de Washington de mantener un frente unido en el Golfo frente a Irán. En cualquier caso, la paz entre Riad y Doha parece más probable que un acuerdo en el que también esté incluida Abu Dabi, salvo que Biden supere las expectativas. Aunque si el presidente electo decide centrarse más en las relaciones de EE UU con el continente asiático en general que en el Golfo, esa voluntad por sí sola no será suficiente para acabar con la crisis.
En cuanto a Libia, es más probable que Biden apoye al Gobierno de Acuerdo Nacional respaldado por Turquía y Catar, en contraste con el enfoque pro EAU de Trump y su dependencia de los aliados europeos y rusos. En otras palabras, puede haber más presión a Abu Dabi para que acate el embargo internacional de armas a Libia. Por el contrario, la venta aprobada por EE UU de materiales de defensa avanzada (F-35) a los Emiratos (una tecnología que hasta ahora solo proporcionaba a Israel en la región), el 10 de noviembre de 2020, supone un auténtico punto de inflexión.
En el ámbito económico, se espera que Biden restituya el papel glogal de EE UU en la lucha contra el cambio climático reincoporándose al Acuerdo de París, del que salió Trump mediante una orden ejecutiva. Las políticas medioambientales de Biden se centran en prohibir el fracking (fractura hidráulica), tanto en aguas estadounidenses como en el territorio federal, una medida que beneficiaría a los países del CCG, ya que incrementaría los precios globales del petróleo. El columnista saudí Sultan Althari señala que la iniciativa «les proporcionaría [a los países del CCG] un salvavidas especialmente necesario a la hora de conseguir el delicado equilibrio entre aliviar las dificultades económicas causadas por la pandemia, y los ambiciosos planes para diversificar los medios de producción y conseguir una transición exitosa hacia economías más basadas en el conocimiento».
En general, Estados Unidos mantendrá su alianza estratégica con sus amigos del Golfo, aunque no todas las posturas de Washington serán bien recibidas. Y algunos asuntos que están perdiendo ya la relevancia y el apoyo que tuvieron, como la guerra en Yemen, el bloqueo a Catar, o una escalada de la tensión con Irán, es probable que vayan, poco a poco, finalizando.
Zeidon Alkinani es un escritor y analista político independiente iraquí-sueco, máster en Políticas Públicas Internacionales por el University College de Londres. Su investigación se centra, entre otros temas, en la región de Oriente Medio y el Norte de África, Irak, el sectarismo, la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio, la Primavera Árabe y el desarrollo durante la posguerra.
Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 3/12/2020
Traducción del original en inglés: What does Biden’s presidency mean for the future of the Gulf?
Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son los socios económicos y políticos de más importancia estratégica para Estados Unidos en Asia Occidental. Es posible que el presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, no… Leer
El bloque conservador se hizo con el control del Parlamento de Irán, incluidos los 30 escaños de Teherán, en las elecciones legislativas celebradas en el país el pasado 21 de febrero, unos comicios que estuvieron marcados por una participación que apenas llegó al 42% (la más baja en la historia de la República Islámica), la descalificación previa de muchos de los candidatos reformistas y moderados, y el llamamiento al boicot por parte de facciones de la oposición.
La Coalición de la Unidad, encabezada por el exalcalde de Teherán y antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Baqer Qalibaf, y en la que se habían unido las dos listas principales de los conservadores y ultraconservadores, logró al menos 256 escaños de los 290 que componen la cámara.
El Parlamento iraní, que en la última legislatura ha estado dominado por los reformistas y los moderados, cambia así de manos, en un giro que podría obedecer no solo a la abultadísima abstención y al veto sufrido por muchos candidatos opositores, sino también a la crisis económica, consecuencia de, entre otros factores, las sanciones impuestas por Estados Unidos; a la represión de las recientes protestas populares contra el gobierno; o incluso al derribo por error del avión ucraniano de pasajeros el mes pasado, durante la reacción iraní al asesinato por parte de EE UU del comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución Qasem Soleimani.
En 2017, el centrista Hasan Rohaní, apoyado por los reformistas, fue reelegido presidente en unos comicios en los que votaron cerca de dos tercios de los electores, y que, como se ha recordado estos días, fue visto casi como un referéndum sobre el acuerdo nuclear firmado por Teherán con las potencias occidentales. Sin embargo, la decisión del presidente de EE UU, Donald Trump, de dar por finiquitado el acuerdo ha impulsado a los ultras en Irán, aparte de dañar la economía al reactivar las sanciones. La subida del precio de la gasolina en noviembre del año pasado, por ejemplo, provocó fuertes protestas que fueron reprimidas con dureza.
Tras los comicios del 21 de febrero, el líder supremo iraní, Alí Jameneí, llegó a denunciar una «campaña mediática extranjera» para «desalentar» a los votantes y que no acudiesen las urnas. «Se oponen a las elecciones porque no quieren que el fenómeno de la participación popular en las urnas en nombre de la religión y al servicio a la revolución se institucionalice como una realidad», subrayó el ayatolá, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.
Esta «campaña negativa» habría comenzado meses antes de las elecciones y se intensificó, según Jameneí, aprovechando el temor por la propagación del coronavirus causante de la COVID-19.
Cuando se celebraron las elecciones legislativas en la República Islámica, el brote de la epidemia en Irán había causado ya ocho muertos, con 43 contagiados confirmados, y provocado el cierre de escuelas y universidades en diez provincias, al tiempo que los países vecinos empezaban ya a bloquear fronteras y se suspendían cada vez más vuelos. Los últimos datos (7 de marzo) elevan a 5.823 el número de casos en el país (el tercero más afectado del mundo, tras China y Corea del Sur), y a 145 el de fallecidos.
No obstante, y tal y como contaba tras las elecciones Ángeles Espinosa, corresponsal de El País en la región, «pocos han creído la excusa posterior de que el temor al coronavirus alentado por la prensa extranjera alejó a los votantes. Al contrario, muchos iraníes sospechan que los responsables han jugado con el anuncio del brote para justificar el desinterés».
En cualquier caso, los resultados de estas elecciones legislativas suponen un duro golpe para Rohaní, que, con las próximas elecciones presidenciales de 2021 en el horizonte, está agotando ya su segundo y último mandato.
En cada elección en Irán, ya sean parlamentarias o presidenciales, se registran como candidatos miles de personas. Para las legislativas de este año se inscribieron en torno a 14.000 iraníes. Pero, para poder presentarse, los candidatos tienen que pasar primero el visto bueno del Consejo de Guardianes, la institución más influyente del país, solo por debajo del líder supremo, que designa directamente a la mitad de sus doce miembros. La ley establece que los candidatos deben ser «personalidades políticas y religiosas» de nacionalidad iraní, administradores experimentados, con buenos antecedentes, «dignos de confianza y virtuosos», y creyentes y comprometidos con los principios de la República Islámica y la confesión oficial del país (el islam chií). En estas elecciones, el Consejo de Guardianes, que no está obligado a explicar las razones de sus vetos, rechazó a aproximadamente la mitad de los inscritos. Algunos de los que no pasaron la criba eran representantes de partidos conservadores, pero la inmensa mayoría se identificaban como reformistas o moderados. Además, a unos 90 candidatos reformistas que eran ya miembros del Parlamento se les impidió presentarse a la reelección.
El bloque conservador se hizo con el control del Parlamento de Irán, incluidos los 30 escaños de Teherán, en las elecciones legislativas celebradas en el país el pasado 21 de febrero, unos comicios que estuvieron marcados por una participación que… Leer
El pasado 3 de enero un dron estadounidense atacaba el convoy en el que viaja el general de división iraní Qasem Soleimani, comandante en jefe de las Fuerzas Quods. Salía del aeropuerto de Bagdad junto con Abu Mahdi al-Muhandis, el líder de las Fuerzas de Movilización de Irak, cuando recibieron el ataque de EE UU.
Desde entonces, la República Islámica de Irán ha movilizado a civiles y militares para tratar de dar la respuesta más contundente posible sin ver afectada su credibilidad internacional.
Desde que Jamenei pusiera a Soleimani al frente de las Fuerzas Quods (1998), Irán ha multiplicado exponencialmente su presencia revolucionaria en el exterior proyectándose hacia el mundo árabe, Europa e incluso América Latina.
Al fallecido general se le considera el responsable del establecimiento de Hizbulá en el sur del Líbano, del adiestramiento de las milicias chiíes en Irak, del alzamiento de los hutíes en Yemen y, más recientemente, el artífice de la victoria de Al Asad en Siria. Por estas y otras razones, podemos considerar que con la muerte de Soleimani también muere, de alguna manera, la dimensión exterior de la «Revolución Iraní» del 1979.
Esta trayectoria de terror tan prolongada podría haber acabado antes, pero es cierto que Soleimani, como experto en inteligencia y contrainteligencia, cuidaba con mucho mimo todo lo relacionado con su seguridad.
Algunas fuentes apuntan que el general iraní podría haber sido traicionado por algún colaborador que dio la posición para su ejecución. Más allá de este detalle, cabe preguntarse por qué el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sin permiso del Congreso, decidió acometer semejante acción en ese preciso momento y no antes.
En los últimos meses, Irán traspasó la línea roja de «lo aceptable» en varias ocasiones, acometiendo acciones tales como el asalto a buques petroleros en Ormuz, el ataque a la refinería de Abqaid, el asesinato de un contratista estadounidense en Irak y, sobre todo, el asalto de la Embajada de EE UU en Bagdad. Si bien es cierto que todas estas acciones fueron interpretadas por Washington como «actos de provocación», el asalto a la delegación diplomática trajo a la cabeza al presidente Trump reminiscencias del asalto de Teherán de 1979 y sobre todo, el de Bengasi en 2012.
No podemos olvidar que nos encontramos en un año electoral en Estados Unidos y que el presidente Trump fue especialmente duro con la candidata Clinton vertiendo acusaciones de inacción durante la crisis de Bengasi que acabó con la muerte del embajador estadounidense Stevens.
Si bien la pérdida en términos estratégicos es muy grande para Irán, Teherán está tratando de sacar el mayor partido posible.
Por un lado, el cortejo fúnebre ha sido paseado por Nayaf y Kerbala (Irak), dos de las ciudades iraquíes donde se han producido las más duras manifestaciones contra la presencia iraní. De hecho, en noviembre pasado los consulados iraníes fueron asediados por miles de árabes que gritaban «Irán, Bara, Bara» (Irán, fuera, fuera).
Después el cadáver fue trasladado a Teherán, donde la movilización del régimen fue usada para tapar el descontento popular con la subida del precio de la gasolina y que en los últimos dos meses se ha saldado con más de 1 000 detenidos.
En lo que a la reacción de Teherán se refiere, ésta debe ser interpretada en sus justos términos, ya que el ataque contra las dos bases estadounidenses no ha producido daños personales, puesto que la mayor parte de los misiles lanzados desde Irán no alcanzaron su objetivo o explotaron en el aire. De hecho, la acción bélica debe ser entendida más como una medida para consumo interno que como una acción con vocación estratégica.
Si bien muchos especialistas han especulado con la posibilidad de que el conflicto escale, resulta altamente improbable que esto ocurra, ya que a ninguna de las partes implicadas le interesa verse involucrada en una guerra.
En lo que al presidente Trump se refiere, además de tener en contra a buena parte de la clase política, incluyendo a muchos miembros de su gobierno, tiene que abordar un año electoral marcado por el impeachment y hay que recordar que su estrategia hace cuatro años fue la de «sacar a EE UU de conflictos inútiles».
En lo que a Irán se refiere, ante el incremento de las protestas a las que está teniendo que hacer frente el régimen, Teherán pretende elevar la tensión con EE UU al máximo para lograr que el síndrome del enemigo exterior acalle la voz de una población, que no ve los progresos económicos y sociales prometidos por el presidente Rohaní.
En todo caso, y como conclusión, la muerte del general Soleimani supone un duro golpe a la proyección exterior de un régimen revolucionario que desde hace años se ha institucionalizado.
Alberto Priego es profesor agregado en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de Relaciones Internacionales, Universidad Pontificia Comillas.
Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 9/1/2020
El pasado 3 de enero un dron estadounidense atacaba el convoy en el que viaja el general de división iraní Qasem Soleimani, comandante en jefe de las Fuerzas Quods. Salía del aeropuerto de Bagdad junto con Abu Mahdi al-Muhandis, el… Leer
Donald Trump no ha ocultado nunca su intención de revertir hasta donde le fuese posible las iniciativas impulsadas y puestas en marcha por su predecesor en la Casa Blanca. Desde que asumió la presidencia el 20 de enero de 2017, el magnate ha intentado modificar, o directamente eliminar, los principales logros de Barack Obama, incluyendo algunos de los más emblemáticos, como los referidos a la sanidad o el medio ambiente. Trump no es, desde luego, el primer mandatario que trata de corregir el legado recibido, tanto en Estados Unidos como en cualquier otro país, pero pocos lo han hecho de un modo tan sistemático y tan poco sutil.
En este sentido, el anuncio hecho esta semana por el presidente de que EE UU abandona el pacto nuclear alcanzado con Irán puede interpretarse como un nuevo paso en lo que algunos expertos han definido como política negativa de Trump, más orientada a destruir lo anterior que a proponer novedades o mejorar lo alcanzado.
El acuerdo con Irán, firmado por Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, además de por Washington y Teherán, fue conseguido tras largas y duras negociaciones durante la anterior Administración estadounidense, con un fuerte coste político para Obama, quien tuvo que enfrentarse a una enorme presión, no solo parte del Partido Republicano, sino también de tradicionales aliados de EE UU en la región, como Arabia Saudí y, especialmente, Israel (junto con el poderoso lobby pro israelí en Washington).
Nada más asumir el cargo, en su primera jornada de trabajo, Trump firmó una orden ejecutiva (vendrían muchas más después, todas ellas rubricadas de forma teatral ante las cámaras) para sacar a EE UU del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), un tratado impulsado por Obama y que EE UU había alcanzado junto con otros 11 países.
La decisión se enmarcaba en la nueva política proteccionista de la Casa Blanca (America First, Estados Unidos primero), que llevaría posteriormente a Washington a forzar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México, y a imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, así como altas tasas a productos chinos.
Algunas de estas decisiones comerciales están aún en suspenso (en abril el Gobierno estadounidense afirmó que se estaba planteando volver al TPP porque «cree en el libre comercio», las espadas de la negociación del TLCAN siguen en alto, y los aranceles del metal a la UE y otros países no se han materializado todavía), pero el efecto publicitario, especialmente de cara a su base electoral, ya se ha conseguido.
Más definitiva fue la que quizá haya sido, junto con la ruptura unilateral del pacto iraní, su decisión internacional más trascendental hasta ahora: la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, en junio de 2017.
Al abandonar el tratado, Trump anunció que EE UU «cesará todas las implementaciones» de sus compromisos climáticos en el marco de París «a partir de hoy», lo que incluye la meta propuesta por Obama de reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26% y un 28% respecto a los niveles de 2005.
El acuerdo, dijo el mandatario, fue «negociado mal y con desesperación» por el Gobierno de Obama, «en detrimento» de la economía y el crecimiento de EE UU. Después, la famosa frase: «He sido elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París».
Las ‘correciones’ de las políticas de Obama con respecto al medio ambiente también han tenido lugar de puertas adentro. En diciembre del año pasado, por ejemplo, Trump ordenó la mayor reducción de tierras públicas protegidas en la historia de EE UU, al recortar más de 9.200 kilómetros cuadrados en dos parques en Utah, una medida que fue alabada por los conservadores del estado y duramente criticada por ecologistas y tribus nativas. En concreto, Trump ordenó reducir sustancialmente la superficie de dos monumentos nacionales que habían resguardado tanto Obama, como Bill Clinton.
Además, Trump ha anunciado permisos para perforar el Ártico en busca de combustibles fósiles, y ha reactivado la construcción de polémicos oleoductos congelados por su antecesor en el cargo.
Otro de los grandes caballos de batalla de Trump ha sido, y sigue siendo, la inmigración, y también aquí su medida más controvertida hasta ahora (aparte de la construcción del muro en la frontera con México) es un disparo directo contra el legado de Obama: la eliminación del plan DACA, una iniciativa aprobada por el anterior inquilino de la Casa Blanca, que protege de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad (los conocidos como dreamers, soñadores).
De momento, diversos reveses judiciales contra el Gobierno de Trump mantienen vivo el plan, y el propio presidente ha sido ambiguo sobre quién se vería afectado exactamente, al tiempo que es consciente del valor del DACA como moneda de cambio en la negociación que mantiene con el Congreso sobre su política migratoria (y el dinero que necesita para su muro).
Sin abandonar la política interior, la otra gran obsesión ‘anti-Obama’ de Trump es el sistema de protección sanitaria puesto en marcha por su predecesor, la norma conocida como Obamacare. Tumbarla fue una de sus promesas electorales estrella, y el magnate neoyorquino no se ha rendido aún, pero hasta ahora no ha contado con el apoyo suficiente en el Congreso para derogar y reemplazar la reforma.
El pasado mes de septiembre, la oposición de tres senadores hizo imposible aprobar el proyecto de ley impulsado por el presidente, en el que era ya su segundo intento. Días antes, no obstante, Trump anunció su intencion de asfixiar el programa, reduciendo en un 90% los fondos destinados a publicidad y ayuda para las inscripciones ciudadanas en el mercado de seguros médicos de la ley.
Por último, y volviendo al exterior, Trump ha dado marcha atrás, o al menos ha frenado en seco, con respecto a una de las decisiones de la anterior Administración calificadas como «históricas»: la apertura con Cuba y la progresiva normalización de las relaciones bilaterales, tras medio siglo de hostilidades.
En un discurso pronunciado el pasado mes de junio en Miami (donde se concentra la mayor cantidad de exiliados y disidentes cubanos en EE UU), el presidente anunció un cambio, «con efecto inmediato», de la política estadounidense hacia la isla, que incluye el mantenimiento del embargo comercial y financiero que había empezado a aliviar Obama, y su oposición a las peticiones internacionales de que el Congreso lo levante.
Una vez más, sin embargo, también en el caso de Cuba es importante distinguir entre las palabras y los hechos. Pese al lenguaje habitual de cambios radicales empleado por Trump, lo cierto es que sus medidas no anulan las relaciones diplomáticas con La Habana restablecidas por Obama, ni prohíben las conexiones aéreas y marítimas con la isla. De momento, tan solo se revisan algunos aspectos de la relación bilateral encaminados a reducir los pagos de estadounidenses a empresas controladas por militares cubanos, o a aumentar las restricciones de viajes individuales a Cuba.
Publicado originalmente en 20minutos
Donald Trump no ha ocultado nunca su intención de revertir hasta donde le fuese posible las iniciativas impulsadas y puestas en marcha por su predecesor en la Casa Blanca. Desde que asumió la presidencia el 20 de enero de 2017,… Leer
Al 44º presidente de los Estados Unidos se le podrán reprochar muchas cosas, pero la falta de optimismo no es una de ellas. Cuando el pasado día 11, de vuelta en su querida Chicago, Barack Obama se despidió del pueblo estadounidense en su último discurso público (una nueva demostración de su brillante oratoria y de su capacidad para conectar con la gente), el todavía inquilino de la Casa Blanca recuperó, sin dudarlo, el histórico lema que le llevó hasta la presidencia por primera vez, hace ocho años. Ante una audiencia entregada que clamaba por el imposible («Four more years!», ¡cuatro años más!), y pese al ‘coitus interruptus’ de saber que en tan solo unos días ocupará su puesto un personaje como Donald Trump, Obama cerró sus palabras con el mismo mensaje de esperanza que convenció a millones de personas en 2008, haciendo posible la hazaña de situar por vez primera a un hombre negro en el cargo más importante del país, y, en muchos sentidos, del mundo: Yes, we can (Sí, podemos). Y luego añadió: Yes, we did (Sí, lo hicimos; sí, pudimos). Pero, ¿ha podido realmente?
En términos generales, Obama deja un país mejor que el que encontró, al menos en lo que respecta a la economía, pero también un buen número de expectativas frustradas o directamente incumplidas. El que fuera el candidato del «cambio» y la «esperanza»ha sido asimismo, para muchos, el presidente de las oportunidades perdidas, unas oportunidades que, a la vista de quien va a sentarse en el Despacho Oval a partir del próximo viernes, no van a volver a repetirse fácilmente. Y algunos de sus logros más importantes, como la reforma sanitaria o la migratoria, podrían tener los días contados.
En el exterior, Obama, premiado en 2009 con un Nobel de la Paz que resultó ser, probablemente, algo prematuro, tampoco puede presumir demasiado. El entusiasmo inicial que despertó en todo el mundo el cambio que el joven presidente suponía con respecto a su antecesor (George W. Bush), con sus acercamientos al mundo musulmán (qué lejos queda ya aquel famoso discurso en El Cairo), o sus decisiones de poner fin a dos guerras (Afganistán e Irak), se fue transformando poco a poco en decepción y, en muchas ocasiones, en más de lo mismo.
Quedarán, en el apartado del debe, sus fracasos en el trágico atolladero de Siria y en el moribundo proceso de paz palestino-israelí, o los miles de muertes causadas por sus drones (durante el mandato de Obama, EE UU ha bombardeado un total de siete países —Afganistán, Irak, Pakistán, Somalia, Yemen, Libia y Siria—, frente a los cuatro bombardeados por Bush —los cuatro primeros— ). En el apartado del haber, pasos históricos como la reapertura de relaciones con Cuba y el acuerdo nuclear con Irán, sus iniciativas en contra de la tortura, o momentos ‘cumbre’ como, dejando a un lado las normas del derecho internacional, el asesinato del líder de Al Qaeda y cerebro de los atentados del 11-S, Osama Bin Laden.
No obstante, y como siempre en estos casos, tan injusto sería culpar al presidente de todos los aspectos negativos ocurridos durante su mandato, como atribuirle en exclusiva todos los logros. La sociedad estadounidense, como la global, ha experimentado durante estos ocho años cambios muy profundos, unos cambios que han acabado traduciéndose, de algún modo, en una gran polarización ideológica y una evidente desconexión entre ciudadanos y politicos, de izquierda a derecha, reflejadas en manifestaciones tan distintas como el movimiento Occupy que se extendió por EE UU en 2011 tras el 15-M español, o la inesperada elección como presidente del millonario Donald Trump en 2016. Unos cambios que, al mismo tiempo, han permitido también hitos como el reconocimiento, en todo el país, de la legalidad del matrimonio entre homosexuales, o el hecho de que, por primera vez, una mujer (Hillary Clinton) haya estado a punto de ocupar la Casa Blanca.
Paradójicamente, ha sido durante el mandato del primer presidente negro cuando los hondos conflictos raciales tan presentes aún en EE UU han vuelto a exacerbarse (debido, sobre todo, a la violencia discriminatoria ejercida por la Policía contra ciudadanos negros), y ha sido también durante el mandato del que iba a ser «el presidente de la gente» cuando hemos conocido, por ejemplo, el masivo espionaje cibernético al que el Gobierno estadounidense somete a sus ciudadanos. A menudo, también es cierto, Obama se ha dado de frente contra el muro de la falta de apoyo político, especialmente en el Congreso, una cámara que ha estado férreamente dominada por los republicanos en estos últimos años: para cuando el presidente quiso apretar el acelerador de sus reformas, en el tramo final de su mandato, ya era demasiado tarde. A su pesar, Guantánamo sigue abierto, y el cambio en las leyes que regulan la posesión de armas, pendiente.
Tal vez el error, visto sobre todo desde Europa, o desde la Europa más de izquierdas, haya sido creer que Obama era un auténtico revolucionario, y no tanto lo que finalmente resultó ser: un presidente con honestas intenciones transformadoras, pero dependiente, al fin y al cabo, y no siempre en contra de su voluntad, de los mecanismos de poder (políticos, económicos, militares) y los valores tradicionales (capitalismo incuestionable, cierto chauvinismo) que siguen marcando buena parte de la realidad de su país.
Lo que parece claro es que Obama se va con la popularidad prácticamente intacta, un factor al que probablemente haya contribuido el clima viciado que ha caracterizado las últimas elecciones presidenciales. Según un último sondeo de Associated Press-Norc Center for Public Affairs, el 57% de los estadounidenses encuestados aprueban su gestión, lo que le sitúa muy por delante de su predecesor (Bush se fue con un 32%) y ligeramente por encima de Ronald Reagan (51%), aunque aún lejos de Bill Clinton (63%). Para el 27%, Obama ha sido incapaz de mantener su promesa de unificar el país, y uno de cada tres opina que ha incumplido sus compromisos, si bien el 44% cree que, al menos, lo ha intentado.
Obama asumió la presidencia de EE UU con una herencia, la de George W. Bush, que incluía, entre otras cosas, dos guerras, una crisis económica interna sin precedentes desde la Gran Depresión y una imagen de Estados Unidos en el mundo por los suelos. El nuevo presidente ofrecía, para empezar, un talante completamente distinto: más inteligente y tolerante, con un mejor carácter y un fino y agudo sentido del humor, educado en Harvard pero no elitista, soñador pero realista, progresista pero en modo alguno radical, e inmune (algo que ha logrado mantener) a cualquier escándalo de corrupción o de carácter personal. Repasamos ahora su legado, recordando también sus promesas y retos de hace ocho años, tanto en política exterior como en política interior.
Cuando Obama llegó al poder en enero de 2009, tres años antes del estallido de la ‘primavera árabe’, y ocho antes de la sangrienta irrupción de Estado Islámico, el nuevo presidente tenía ante sí tres desafíos fundamentales en lo que respecta a la región más convulsa del planeta: retirar las tropas estadounidenses de Irak y y lograr la estabilización del país, poner fin a la guerra en Afganistán, y contribuir a un proceso de paz real entre palestinos e israelíes. Ocho años después, la retirada de los soldados es una realidad en Irak, pero el país, asolado por el terrorismo yihadista, la división sectaria y la debilidad de su gobierno tras la nefasta gestión estadounidense que siguió a la invasión de 2003, está muy lejos de ser estable; la guerra de Afganistán se cerró más bien en falso (EE UU aún mantiene tropas allí); y el proceso de paz palestino-israelí está completamente muerto.
En el camino, las nuevas realidades de la zona han supuesto un desafío constante, al que la administración estadounidense no ha sabido responder adecuadamente. La tragedia de la guerra en Siria es, tal vez, el principal ejemplo: la política contradictoria y pasiva de Washington ha contribuido a perpetuar el conflicto y ha dado alas a la Rusia de Putin, cuyo apoyo incondicional al régimen de Asad sigue haciendo imposible una salida. Por otro lado, EE UU ha intentado distanciar su discurso de la política israelí, pero no ha presionado lo suficiente como para forzar avances en el proceso de paz, e incluso ha alcanzado niveles récord en la venta de armas a este país. Y en Yemen, donde otra guerra prácticamente olvidada sigue masacrando a la población, Washington mantiene su respaldo a la coalición, liderada por Arabia Saudí, que está lanzando las bombas.
Según explica a 20minutos.es Ignacio Álvarez-Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y coordinador de Oriente Medio y el Magreb en la Fundación Alternativas, «la inacción, el distanciamiento y la parálisis» que han caracterizado la política «fallida, errática e improvisada» de Obama en Oriente Medio han dejado una región «bastante peor de lo que estaba hace ocho años», incluyendo la expansión de Estado Islámico, frente al que EE UU no ha sido capaz de oponer una estrategia verdaderamente eficaz. Aún reconociendo el condicionante de la herencia de Bush, Álvarez-Ossorio no duda en hablar de «gran decepción», tras un principio que parecía esperanzador, «gracias al discurso en El Cairo, o al hecho de que se dejase caer a Mubarak en Egipto».
Sin embargo, teniendo en cuenta las duras críticas recibidas por Bush a causa de su intervencionismo en la región, ¿qué opciones reales tenía Obama? «Podía haber explorado más otras alternativas, basadas en una diplomacia más coherente y en el multilateralismo, en buscar otros actores», explica Álvarez-Osorio. «El intervencionismo militar no es la única opción, pero es difícil ganar credibilidad cuando tus principales aliados siguen siendo países autocráticos, o cuando el distanciamiento de gobiernos como el saudí o el israelí es tan tibio».
El mayor logro conseguido por la administración de Obama en Oriente Medio es, sin duda, la consecución del acuerdo con Irán, un acuerdo que permitió controlar la escalada nuclear en este país y levantar las sanciones impuestas a Teherán; que, en cualquier caso, no es atribuible en exclusiva a la diplomacia estadounidense, y que está pendiente ahora de lo que pueda hacer con él el nuevo presidente Trump.
Junto con el acuerdo nuclear con Irán, el otro gran momento del mandato de Obama en política exterior ha sido la normalización de las relaciones con Cuba, un proceso cuya primera fase culminó en el histórico apretón de manos en La Habana entre el presidente estadounidense y el cubano, Raúl Castro, en marzo de 2016. Era la primera vez en 88 años que un mandatario de EE UU visitaba la isla, un gesto comparable, en significación histórica, a la visita que Obama hizo también a Hiroshima, la primera de un presidente estadounidense a la ciudad japonesa arrasada por la primera bomba atómica hace 50 años.
No obstante, tampoco aquí el éxito es atribuible tan solo a Obama. La situación de cierto aperturismo en la isla tras la retirada de Fidel Castro del poder, y el final de los años duros de George W. Bush fueron factores fundamentales. Y no hay que olvidar que, al igual que en lo referente a Irán, el nuevo presidente, Trump, tendrá la autoridad ejecutiva de revertir las propuestas diplomáticas de Obama para con la isla, incluyendo la relajación de las sanciones y las restricciones de viaje. Trump, de momento, mantiene abiertas «todas las opciones».
Con otro de los tradicionales antagonistas de EE UU, Corea del Norte, las cosas no han ido tan bien, aunque, en este caso, ha sido la postura aislacionista y beligerante del régimen dictatorial de Pionyang la que no ha contribuido, precisamente, a allanar el camino. La tensión nuclear, las provocaciones a los vecinos y los ensayos armamentísticos han seguido incrementándose, y los conatos de diálogo parecen haber pasado a mejor vida.
«Cuando Obama fue elegido en 2008 se generó una gran expectación en Europa», comenta a 20minutos.es Carlota García Encina, investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid: «Parecía, sobre todo en comparación con los años de Bush, que se iniciaba una nueva relación transatlántica, pero la generación de Obama no se siente tan ligada al Viejo Continente como las anteriores y, aunque en un primer momento el trato fue cordial, EE UU empezó a mirar cada vez más a Asia y a los países emergentes, y a dejar claro su deseo de que los países europeos se fuesen haciendo cargo de su propia defensa», añade.
Esta cierta distancia, no obstante, ha ido evolucionando a lo largo de todo el mandato, especialmente ante la magnitud de problemas globales como el terrorismo o la llegada masiva de refugiados, o debido a situaciones de crisis como la guerra en Ucrania. García Encina señala, en este sentido, que «Obama fue cada vez más consciente de que necesitaba una Europa fuerte, de que no existe una alternativa, y de que estadounidenses y europeos son quienes siguen haciéndose cargo de la mayoría de los problemas del mundo». «Por eso», agrega, «Obama ha venido insistiendo, sobre todo al final de su presidencia, en la necesidad de ‘más Europa’ [cuando apoyó la opción contraria al brexit, por ejemplo], y de una Europa más activa que reactiva».
La relación con el otro lado del Atlántico, sin embargo, ha estado marcada por la creciente tensión, cuando no enemistad directa, con la Rusia de Putin. Como recuerda García Encina, los planes de Obama para mejorar las relaciones con Moscú (ese «volver a empezar» que se propuso al inicio de su segundo mandato) se vieron truncados por la guerra en Ucrania y la anexión rusa de Crimea en 2014, y, especialmente, por el apoyo del Kremlin al régimen sirio de Bashar al Asad. Tras las acusaciones a Moscú de haber intervenido en la campaña electoral estadounidense, y a pesar del ‘idilio’ político entre Vladimir Putin y Donald Trump, restablecer una mínima normalidad entre ambas potencias no va a ser tarea fácil.
Antes de ser elegido presidente, Obama, quien llegó a ser acusado de «proteccionista encubierto» por su primer rival electoral, el republicano John McCain, se había mostrado partidario, en general, del libre comercio mundial, si bien matizando que «no todos los acuerdos son buenos». Al término de su mandato, el balance en este sentido es más bien pobre, con solo tres acuerdos implementados exitosamente (Panamá, Colombia y Corea del Sur), algo no necesariamente negativo para los detractores de este tipo de tratados, tanto desde la derecha más proteccionista («roban trabajo a los locales y favorecen a las empresas extranjeras»), como desde el activismo izquierdista («contribuyen a aumentar el poder de las grandes corporaciones frente a los gobiernos, y minan los derechos sociales y laborales»).
Los dos grandes objetivos de su administración fueron el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP). El TPP, firmado en febrero de 2016 por 12 países que, juntos, representan el 40% de la economía mundial, todavía no ha sido ratificado y, teniendo en cuenta que Trump ha anunciado la retirada estadounidense del mismo, su futuro es, siendo optimistas, incierto. Mientras, el TTIP, la controvertida propuesta de libre comercio entre EE UU y la UE, sigue negociándose, pero está siendo abandonada por cada vez más políticos a ambos lados del Atlántico. «A diferencia de lo que ocurre en Europa», indica García Encina, «el TTIP no está en el debate público en EE UU; es un asunto de Washington».
Obama llegó al poder en mitad de una crisis económica descomunal, cuyos efectos aún siguen sufriéndose en medio mundo. Con más de 9 millones de parados, el desempleo afectaba al 6,7% de la población activa; la deuda pública superaba los 10.600 millones de dólares; la industria financiera estaba a un paso del colapso, y 700.000 millones de dólares eran dedicados a gasto militar. Grandes empresas habían quebrado, la confianza de los inversores era prácticamente inexistente, había decrecido alarmantemente la capacidad adquisitiva y, por tanto, el consumo; la industria automovilística (uno de los motores del país) estaba en coma, y el déficit presupuestario alcanzaba un registro histórico de 483.000 millones de dólares, sin contar con los 700.000 millones del erario público destinados a rescatar, principalmente, a los bancos y entidades financieras a la vez causantes y víctimas de buena parte de la crisis.
Al inicio de su primer mandato, Obama impulsó un importante paquete de estímulo económico y una serie de reformas legales y financieras que, poco a poco, han ido dando frutos. Su gobierno supervisó la salvación de General Motors, implementó un Programa de Viviendas Asequibles que evitó que millones de propietarios perdieran sus casas al permitirles refinanciar sus hipotecas, y negoció un acuerdo que anuló muchos de los recortes de impuestos aprobados en la era de George W. Bush, a cambio de congelar el gasto general, e incluyendo importantes medidas fiscales como la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009.
Ocho años después, el desempleo ha caído al 4,6%, el nivel más bajo desde 2007, y la creación de puestos de trabajo sigue estable, con 178.000 nuevos empleos registrados el pasado mes de noviembre. Además, y pese a que Obama no ha conseguido avances en su empeño por aumentar el salario mínimo federal (el Congreso, dominado por los republicanos, se ha opuesto sistemáticamente), o a que el poder adquisitivo sigue sin alcanzar los niveles esperados (el ingreso de los hogares en 2015 seguía siendo inferior al de 2007), los sueldos, en general, han empezado a recuperarse (aunque sigue existiendo desigualdad entre hombres y mujeres), y el mercado de valores está alcanzando nuevos máximos.
Según un informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, el crecimiento de los salarios reales ha sido en estos últimos años el más rápido desde principios de la década de los setenta, y en el tercer trimestre de 2016, la economía estadounidense creció un 11,5% por encima del máximo registrado antes de la crisis, con la renta per capita situada un 4% sobre los niveles anteriores a 2009.
La reforma del sistema sanitario estadounidense fue, desde un principio, la gran apuesta de Barack Obama, y también el principal blanco de los ataques al presidente provenientes de los sectores más conservadores. Su implementación, aunque fuese rebajando en parte sus ambiciosos planes iniciales, ha sido, según él mismo, su gran legado. Su futuro, considerando que Trump ha prometido hincarle el diente («suspenderla» y «aprobar una propuesta mejor») nada más asumir la presidencia, está en el aire.
Básicamente, el llamado Obamacare, el paquete de reformas sanitarias aprobado en 2010, tiene como objetivo permitir un mayor acceso de los ciudadanos al sistema de salud, en un país donde no existe una sanidad pública como tal. Los estadounidenses pueden ahora comprar seguros médicos federalmente regulados y subsidiados por el Estado, lo que ha permitido que el porcentaje de personas sin protección se haya reducido del 15,7% (un total de 30 millones) en 2011 al 9,1% en 2015.
La ley, por ejemplo, prohíbe a las compañías de seguros tener en cuenta condiciones preexistentes, y les exige otorgar cobertura a todos los solicitantes, ofreciéndoles las mismas tarifas sin importar su estado de salud o su sexo. Además, aumenta las subvenciones y la cobertura de Medicaid, el programa de seguros de salud del Gobierno.
La reforma, sin embargo, ha tenido que convivir con serios problemas, incluyendo el hecho de que varios estados gobernados por republicanos se han negado a aplicar su parte, o graves dificultades informáticas que fueron ampliamente divulgadas por la prensa y utilizadas por la oposición, disparando las críticas de sus detractores.
La reforma migratoria fue, junto con la sanitaria, la otra gran promesa de Obama durante la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca en 2008, pero sus esfuerzos por que el Congreso la sacase adelante cayeron una y otra vez en saco roto. Finalmente, nada más ser reelegido, el presidente anunció que no estaba dispuesto a seguir esperando, y que aprobaría una serie de medidas por decreto (acción ejecutiva). Lo hizo, finalmente, y entre las airadas críticas de los republicanos, en 2014.
Esta ‘minireforma’ no afectaba a aspectos como la ciudadanía o la residencia permanente (Obama no podía llegar tan lejos, con la ley en la mano), pero sí permitía regularizar la situación de cerca de la mitad de los inmigrantes indocumentados que residen en el país (unos cinco millones, de un total de 11 millones de ‘sin papeles’). En concreto, la reforma afectaba a aquellos que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, y que pueden demostrar que llevan en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales. La ley está ahora suspendida por una larga batalla legal en la que se ha cuestionado su constitucionalidad.
Por otro lado, la dura y xenófoba retórica anti-inmigración del presidente electo, Donald Trump, ha hecho olvidar a menudo que la administración de Obama ostenta el récord de deportaciones de EE UU hasta la fecha, con una media de 400.000 al año. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno de Obama deportó a cerca de 2,5 millones de inmigrantes entre 2009 y 2015. El mayor número de deportaciones se produjo en 2012, cuando fueron expulsadas 410.000 personas, alrededor del doble que en 2003. Un informe de 2013 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU señalaba que alrededor de 369.000 inmigrantes irregulares fueron deportados durante ese año. La mayoría de los deportados, 241.493, eran mexicanos.
Las afirmaciones de Donald Trump según las cuales la criminalidad en EE UU está «peor que nunca» son falsas. Es cierto que en algunas grandes ciudades ha crecido la tasa de homicidios, pero, en general, los índices de delincuencia han bajado de forma constante durante los ocho años de gobierno de Barack Obama, uno de cuyos grandes objetivos (no cumplido del todo) ha sido la reforma del sistema de justicia penal y, en especial, intentar acabar con la discriminación racial que conlleva actualmente.
Como destaca la BBC en un repaso al legado de Obama en este aspecto crucial de la política doméstica, en 2010 el presidente firmó la llamada Acta de Sentencias, con la que se equiparararon las penas por posesión de crack y de cocaína en polvo. Hasta entonces, los castigos para los condenados por lo primero, la mayoría ciudadanos afroamericanoss, eran muy severas. En ese mismo año, Obama firmó otra ley que establece que el tiempo mínimo de prisión obligatoria por posesión de cocaína, que suele implicar desproporcionadamente a delincuentes de raza negra, sea más acorde con las penas de cocaína en polvo.
En enero de 2016, por otra parte, Obama tomó una serie de medidas ejecutivas destinadas a limitar el uso del aislamiento en las cárceles federales y proporcionar un mejor trato a los reclusos con enfermedades mentales. También ha utilizado su poder presidencial para conmutar las penas por drogas a más de 1.000 infractores no violentos, y ha apoyado una política del Departamento de Justicia que dio lugar a la liberación anticipada de unos 6.000 reclusos.
Su gran frustración, no obstante, ha sido no poder lograr un mayor control sobre la posesión de armas de fuego. Tras la matanza de la escuela primaria de Sandy Hook en Connecticut, el 14 de diciembre de 2012, Obama pidió mayores restricciones, algo en lo que ha insistido desde entonces, públicamente, varias veces. Sin embargo, debido al poder de presión de lobbies como la Asociación Nacional del Rifle, y a la oposición del ala más conservadora del Congreso, al final no ha podido promulgar nuevas políticas importantes al respecto.
Antes de ser elegido por primera vez, Obama prometió que cerraría la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, lo antes posible. De hecho, en la primera semana tras su toma de posesión (el segundo día, para ser exactos), el nuevo presidente firmó un decreto que contemplaba la clausura definitiva, «en menos de un año», de esta prisión militar, un complejo penitenciario fuera de la ley por el que habían pasado entonces casi 800 hombres, considerados por EE UU «combatientes enemigos ilegales»; la mayoría de ellos, acusados de pertenecer a los talibanes o a Al Qaeda, algunos sometidos a torturas, y ninguno con el derecho reconocido a un juicio previo o a la representación de un abogado. Ocho años después, y aunque con menos prisioneros (45 en la actualidad, frente a los 242 reos que había en 2009), el gran símbolo de la ‘guerra contra el terror’ de George W. Bush sigue abierto.
A lo largo de estos ocho años, Obama ha intentado en numerosas ocasiones hacer efectivo el cierre de la prisión, pero se ha encontrado una y otra vez con el rechazo y las restricciones del Congreso, reacio, principalmente, al traslado a suelo estadounidense de prisioneros que supondría la clausura de la base. En respuesta, la administración de Obama ha ido llevando a cabo un plan de transferencia de prisioneros a otros países, pero no ha sido suficiente.
Obama llegó a la Casa Blanca con una agenda medioambiental muy clara y es justo reconocer que ha tratado de cumplirla. El presidente ha intentado impulsar las energías renovables, promoviendo la construcción de más plantas solares y tomando medidas para modernizar la industria y hacerla menos dependiente del carbón. También prohibió perforaciones petroleras en el Atlántico y el Ártico, y participó activamente en el debate internacional sobre el calentamiento global, contribuyendo de forma determinante a la negociación del gran acuerdo para combatir el cambio climático que 195 países firmaron durante el COP21 en París, en diciembre de 2015.
Este acuerdo, ratificado por EE UU (y amenazado ahora por la postura en contra de Trump), estableció una serie de nuevas regulaciones que controlan la contaminación de las centrales eléctricas de carbón y limitan la minería del carbón y la perforación de petróleo y gas, tanto en tierras continentales como en aguas costeras.
Además, el presidente estadounidense hizo uso de su autoridad ejecutiva para designar un total de 548 millones de acres (más de 2,2 millones de Km²) de territorio como hábitat protegido, más que cualquier presidente anterior.
Obama, sin embargo, dejó pasar también oportunidades importantes. A principios de su mandato, cuando los demócratas tenían aún mayoría, el Congreso llegó a aprobar un estricto programa para controlar las emisiones de carbono. El Senado, sin embargo, dio prioridad a las reformas financiera y sanitaria, y, para cuando la ley volvió al Congreso, los demócratas estaban ya en minoría.
Publicado originalmente en 20minutos
Al 44º presidente de los Estados Unidos se le podrán reprochar muchas cosas, pero la falta de optimismo no es una de ellas. Cuando el pasado día 11, de vuelta en su querida Chicago, Barack Obama se despidió del pueblo… Leer
