El Mundial de Fútbol 2022, que comienza este lunes, promete reforzar el estatus de Catar como principal centro deportivo en Oriente Medio y también como potencia mundial en el negocio del deporte.
La espectacular Zona Aspire (la ciudad deportiva de Doha) acoge ya regularmente a equipos y torneos internacionales, mientras que el Museo Olímpico y Deportivo 3-2-1 presenta objetos icónicos del deporte mundial.
Aunque Catar no tiene fama de ser un país deportivo, ha logrado atraer al mundo del deporte hasta su puerta, y confía en que el deporte ‒junto con el turismo‒ será un elemento clave en el futuro de su economía, dado que sus reservas de petróleo y gas no son infinitas.
Sin embargo, la elección de Catar como anfitrión del Mundial ha sido especialmente polémica. ¿A qué se debe esto? ¿Y cómo han maniobrado la FIFA y Catar para desviar las críticas?
En 2010, Catar fue el sorprendente ganador de la votación de la FIFA para organizar la Copa del Mundo de 2022, una decisión que los críticos atribuyeron a perversas influencias más allá de la propia candidatura.
Resultaba difícil entender que Catar, con temperaturas medias diurnas de más de 40℃ en verano, fuera un entorno ideal para este torneo.
Unos años más tarde, en un giro sin precedentes, la FIFA permitió a Catar trasladar el evento a su invierno, a pesar de que eso perturbaría los prestigiosos calendarios futbolísticos del hemisferio norte.
Así, a pesar de que algunos críticos pidieron que se le retirara a Catar la Copa del Mundo, este país del Golfo, diminuto, pero con una economía excepcionalmente rica gracias al petróleo y al gas, logró conservar el apoyo de la familia de la FIFA.
Sin embargo, el respaldo de la FIFA a Catar no tardó en sufrir nuevas presiones, por dos motivos principales.
En primer lugar, los críticos reafirmaron su consternación por la hostilidad de la nación anfitriona hacia la homosexualidad. En 2010, la FIFA era consciente de que, para las autoridades de Catar, la homosexualidad es una afrenta al islam, pero también aceptaba que el país no iba a apartarse de sus normas culturales.
En respuesta, el entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, bromeó torpemente diciendo que los aficionados al fútbol LGBTQI+ podrían «abstenerse» de realizar actividades amorosas durante su estancia en Catar.
En segundo lugar, Catar ha permitido que se explote a los trabajadores extranjeros vulnerables ‒fundamentales para la construcción de la infraestructura de la Copa del Mundo‒, con condiciones de empleo y de vida propias de la esclavitud moderna.
Aunque es difícil obtener cifras precisas, una investigación realizada en febrero de 2021 por The Guardian calculó alrededor de 6.500 muertes en el lugar de trabajo durante la década que siguió a la concesión de la Copa del Mundo a Catar. Si bien no todas las víctimas trabajaban específicamente en las instalaciones del torneo, los expertos afirman que la mayoría de los fallecidos estaban empleados en las infraestructuras de apoyo al evento.
La FIFA era muy consciente de que la construcción de los estadios dependería de la importación de trabajadores extranjeros en el marco del sistema conocido en algunos países de Oriente Medio como kafala, que permite a los empresarios ricos oprimir a los trabajadores empobrecidos.
Las reticencias de Occidente a la elección de Catar como anfitrión del Mundial han provocado, sin duda, un despertar de lo que se ha descrito como «la sensibilidad de la FIFA hacia los derechos humanos». Y destacan dos factores.
Por una parte, ante la presión concertada sobre los derechos humanos, los estatutos de la FIFA se modificaron en 2013 para declarar que la discriminación por «orientación sexual» está «estrictamente prohibida y se castiga con la suspensión o la expulsión» del fútbol.
Sin embargo, los anfitriones del Mundial de Rusia (2018) y de Catar (2022) tenían ya contratos para organizar el evento de acuerdo con sus propias leyes y costumbres, que son hostiles a la homosexualidad. La FIFA, al optar por no insistir en la cuestión de la libertad sexual con ninguno de esos dos anfitriones, estaba retrasando de hecho la aplicación de las medidas antidiscriminatorias incluidas en su estatuto modificado de 2013.
De hecho, para la Copa del Mundo de 2026 los derechos humanos serán un elemento central en el proceso de selección del país anfitrión, y los candidatos deberán «desarrollar planes detallados de derechos humanos».
En segundo lugar, ante la presión de los organismos de derechos de los trabajadores, la FIFA se comprometió a respetar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ajustando así su política de derechos humanos de 2017 a los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Sin embargo, una vez más, se trataba de una posición nueva: los acuerdos de licitación para Rusia y Catar ya estaban firmados.
La FIFA podía haber amenazado, si hubiese querido, con retirar cualquiera de esos dos contratos. Pero no tenía interés en las consecuencias logísticas ni en las posibles repercusiones legales. En el caso de Catar, la FIFA se consoló abogando por reformas en las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros.
De hecho, se han producido mejoras graduales, en particular el abandono del draconiano sistema de kafala.
Sin embargo, según un informe de Equidem, una organización benéfica de derechos humanos y laborales, la explotación de los trabajadores inmigrantes ha continuado, lo que significa que las reformas prometidas no se han aplicado adecuadamente.
Además, Catar ha rechazado enérgicamente las reclamaciones de los organismos de derechos humanos ‒junto con la FIFA‒ de que debe indemnizar a las familias de los trabajadores extranjeros muertos en los proyectos de infraestructura del Mundial.
Catar ha hecho un esfuerzo extraordinario para organizar el Mundial, con un gasto estimado de 100.000 millones de dólares en infraestructuras. Las temperaturas diurnas en invierno pueden alcanzar a menudo los 30℃, por lo que los ocho estadios (siete de ellos nuevos) estarán climatizados a un mínimo de 24℃.
Para desplazar a los espectadores por los recintos, se ha creado el metro de Doha, complementado con un nuevo sistema de transporte en autobús.
Once hoteles de lujo han abierto sus puertas justo antes de la competición, y el número de habitaciones en todo Catar se ha triplicado en la última década. Sin embargo, esto será insuficiente para albergar a los casi tres millones de aficionados que se prevé que viajen a Doha.
A ello se suman los cruceros y los «minihoteles flotantes», así como las minúsculas cabinas y tiendas de campaña en la villa de los aficionados.
Catar afirma que la Copa del Mundo será neutra en cuanto a emisiones de carbono, gracias tanto a las energías renovables y a las compensaciones de carbono, como a la multiplicación por diez de los espacios verdes alrededor de Doha, con más de un millón de árboles nuevos.
Algunos expertos en clima, no obstante, han cuestionado la solidez de tales afirmaciones.
Pero la utilización de contenedores de transporte reciclados en la construcción de los estadios, así como la donación prevista de asientos temporales en varios de ellos, indican un creciente compromiso de Catar con la sostenibilidad.
Catar ha organizado un evento mundial, pero lo ha hecho a través de un prisma local. Es el primer país musulmán que organiza una Copa del Mundo de fútbol y, por lo tanto, aporta su propia visión del mundo a la competición de la FIFA.
Es probable que dos cuestiones pongan a prueba tanto a los anfitriones como a los aficionados al fútbol.
En primer lugar, el Mundial se asocia desde hace tiempo con el consumo en público de grandes cantidades de alcohol. Y aunque el alcohol está disponible en Catar, beber en público está prohibido.
Esta postura se ha modificado para el Mundial: se venderá alcohol en los recintos de los estadios, pero no durante los partidos. Los aficionados tendrán que saciar su sed en un plazo de tres horas antes del inicio del partido y durante una hora después del mismo.
Sin embargo, la Fan Zone de Catar, con capacidad para 40.000 personas, permite la venta de alcohol desde las 18.30 h hasta la 1.00 h, por lo que es posible ver los partidos nocturnos en pantalla grande mientras se bebe una cerveza. Sin embargo, quienes beban demasiado se arriesgan a ser alojados temporalmente en «carpas de sobriedad».
En segundo lugar, Catar ha tratado de garantizar a los aficionados al fútbol de cualquier orientación sexual que estarán seguros y serán bienvenidos, aunque con la advertencia de que las demostraciones públicas de afecto ‒de cualquier tipo‒ suelen estar «mal vistas» a nivel local.
Al igual que con el alcohol, parece que Catar se acomodará temporalmente a normas diferentes. Según un informe de un sitio de noticias holandés, que dice haber visto documentos compartidos entre los organizadores del torneo y la policía catarí, las personas de la comunidad LGBTQI+ que «muestren afecto en público no serán reprendidas, detenidas ni procesadas. Podrán llevar banderas del arco iris. Las parejas del mismo sexo podrán compartir habitación de hotel».
El mundo ha venido a Catar y, al menos por un tiempo, Catar está ajustando sus normas locales. Un legado más duradero de la Copa Mundial han sido las reformas graduales en el trato a los trabajadores extranjeros. Pero la ausencia de una compensación efectiva para las familias de los trabajadores fallecidos sigue haciendo a Catar merecedor de la maldita tarjeta roja.
Daryl Adair es profesor asociado de Gestión Deportiva. Impartió clases en la Universidad Flinders de Australia del Sur (Adelaida), la Universidad de Montfort (Leicester), la Universidad de Queensland (Brisbane) y la Universidad de Canberra (ACT), antes de incorporarse a la Universidad Tecnológica de Sidney en julio de 2007. Forma parte del consejo editorial de las revistas académicas Sporting Traditions, Sport in Society, Performance Enhancement and Health, Journal of Sport History y Journal of Sport for Development.
Publicado originalmente en The Conversation bajo licencia Creative Commons el 13/10/2022
Traducción del original en inglés: Why is the Qatar FIFA World Cup so controversial?
Más información:
» Qatar, la Copa Mundial de la vergüenza (Amnistía Internacional)
» Qatar: Los abusos de derechos manchan la Copa Mundial de la FIFA (Human Rights Watch)
» Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded (The Guardian)
» Simply Sportswashing?—A Perspective on the 2022 World Cup in Qatar (Middle East Research and Information Project)
El Mundial de Fútbol 2022, que comienza este lunes, promete reforzar el estatus de Catar como principal centro deportivo en Oriente Medio y también como potencia mundial en el negocio del deporte. La espectacular Zona Aspire (la ciudad deportiva de… Leer
En febrero de 2020, cuando regresaba a El Cairo para visitar a su familia, Patrick Zaky, un estudiante de máster en la Universidad de Bolonia, fue arrestado por las autoridades egipcias. Zaky, un investigador de derechos de género que trabaja para la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR, por sus siglas en inglés), fue detenido por cargos que incluían «difundir noticias falsas» e «incitación a la protesta». Su abogado, Wael Ghally, afirmó que fue «golpeado y torturado». Diez meses después, sigue en prisión, a la espera de la audiencia previa al juicio.
Posteriormente, después de una reunión con 13 embajadores y diplomáticos europeos sobre la situación de los derechos humanos en Egipto, otros tres miembros del personal de la EIPR fueron detenidos, entre el 15 y el 19 de noviembre. El director administrativo de la EIPR, Mohamed Basheer; su director ejecutivo, Gasser Abdel Razek; y su director de justicia penal, Karim Ennarah, fueron acusados de «terrorismo» y «difusión de noticias falsas».
Aparentemente, recibieron un tratamiento de castigo. Fueron recluidos en régimen de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Tora Liman, sin contacto con el mundo exterior. A Basheer también se le negó el contacto con sus abogados, y su detención se renovó en secreto, tres días antes de la fecha prevista para la audiencia. A Abdel Razek lo afeitaron a la fuerza, lo dejaron sin calefacción ni ropa de invierno, y lo obligaron a dormir sobre una fría tabla de metal sin una manta. Todos ellos fueron añadidos al llamado Caso 855/2020, que incluye a muchos destacados defensores de los derechos humanos, periodistas y académicos, como Mohamed Al Baqer, Mahinour Al Masry, Islam Mohamed, Solafa Magdy y Hazem Hosny.
El 1 de diciembre se congelaron los activos de la EIPR y los tribunales se negaron incluso a escuchar las pruebas en contra de su clasificación como organización «terrorista».
Después de una gran protesta internacional, con políticos, diplomáticos y hasta celebridades pidiendo la liberación del personal de la EIPR, las autoridades egipcias liberaron repentinamente a Abdel Razek, Ennarah y Basheer en la noche del 3 de diciembre. Sin embargo, Zaky, como muchos otros acusados en el Caso 855/2020, permanece en prisión y, según diversas informaciones, su detención fue renovada por otros 45 días a principios de este mes por un tribunal de El Cairo. Las condiciones de la audiencia fueron excepcionalmente brutales incluso para los estándares egipcios: alrededor de 700 personas asistieron a una sesión en la que se escucharon hasta 50 casos. Según se informó, fueron obligados a esperar 12 horas sin acceso a alimentos, agua o servicios sanitarios, en una situación que afectó asimismo a niños muy pequeños nacidos bajo custodia.
Mientras, aunque han sido puestos en libertad, no se han retirado los cargos que pesan sobre el resto de los miembros de la EIPR, cuyos bienes personales permanecen congelados. Merece la pena señalar también que Abdel Razek, Ennarah y Basheer fueron liberados directamente de la prisión de Tora, un procedimiento inusual, ya que normalmente los prisioneros son trasladados primero a una comisaría de policía, antes de ser puestos en libertad. Esto sugiere que la liberación podría haber sido una intervención directa del presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, unos días antes de su visita a París el 7 de diciembre para «fortalecer la cooperación» con el presidente francés, Emmanuel Macron.
Muchos creen que la liberación de estos detenidos fue una medida cosmética para socavar la campaña de solidaridad internacional, allanar a Francia el camino para la reunión, y dejar en evidencia a los pocos gobiernos europeos que mencionaron, tímidamente, los derechos humanos, como aprovechó para recordar el propio Sisi durante su conferencia conjunta con Macron. A cambio, el presidente francés, facilitó lo que Sisi llamó «construcción de civilización», al negarse a imponer condiciones relacionadas con los derechos humanos a los acuerdos para la venta de armas francesas a Egipto, dando así a Sisi, en la práctica, carta blanca para el terrorismo de estado.
Por desgracia, ni las detenciones de los miembros de la EIPR ni la cooperación de Francia con Egipto son una sorpresa. Se trata, sencillamente, del último capítulo de una situación cuyo patrón se ha venido repitiendo durante los últimos seis años: el régimen represivo de Sisi se ha fortalecido gracias al apoyo ‘pragmático’ europeo y a un enfoque permisivo con respecto al terrible historial de violaciones de los derechos humanos de Egipto.
Desde que llegó al poder en 2013, Sisi ha ido reduciendo el espacio político y civil de Egipto, hasta el punto de que los egipcios se quejan con frecuencia de que si respiran en la dirección equivocada corren el riesgo de ser detenidos y ‘desaparecidos’ en el sistema judicial del país, una pesadilla en la que los juicios masivos, los cargos falsos y la corrupción son la norma.
Además, ha ampliado el control del gobierno sobre el poder judicial y el proceso político: «dañar la unidad social basada en la paz», «alterar el orden público» y «obstruir la labor de las autoridades» entran ahora dentro de la definición legal de «terrorismo». Y el uso que se ha dado a estas herramientas es escalofriante. El régimen ha perpetrado asesinatos en masa, incluyendo 3.185 personas presuntamente asesinadas por las fuerzas de seguridad desde julio de 2013, entre ellas, las al menos 900 que murieron en la masacre de Rabaa en agosto de 2013. Ha dictado cada vez más sentencias de muerte preliminares, impuestas a 2.433 personas (a 1.884 de ellas en juicios masivos), incluidos 11 niños. Y al menos 766 detenidos han muerto estando bajo custodia, por tortura, negligencia o asesinato directo. Esas son las cifras conocidas; las reales son, probablemente, mucho peores. Lo que es seguro es que el régimen de Sisi está tan aterrorizado por la disidencia que está exprimiendo la vida de los egipcios.
Las atroces violaciones de los derechos humanos en Egipto constituyen una bofetada cada vez más pública para la UE. La última advertencia severa, al más puro estilo de la mafia, se produjo como reacción a una mera reunión sobre derechos humanos con figuras del gobierno europeo, y el mismo día en que la UE publicó su «Plan de acción para los derechos humanos y la democracia 2020-2024». Sin embargo, la reacción del bloque revela el callejón sin salida de su estrategia actual: sus gobiernos se limitaron a emitir declaraciones de «profunda preocupación», y solo después de una importante campaña internacional. Desde entonces, las delegaciones europeas han continuado operando con normalidad: el embajador danés disfrutó de un plato de koshari con los medios estatales de Egipto, el embajador noruego celebró las nuevas relaciones comerciales ecológicas, y el Reino Unido firmó su asociación económica estratégica con Egipto. La propia UE celebró una reunión para el fortalecimiento de las relaciones con una serie de países entre los que se encontraba Egipto, a pesar de que los abusos contra los derechos humanos del régimen de Sisi han sido descritos como peores incluso que los del expresidente Mubarak.
Aprovechando la ‘crisis de los refugiados’ de Europa y los ataques terroristas, Sisi convenció a Bruselas y a los estados miembros clave de que su fuerza era el último bastión contra el terrorismo islamista y ante la ‘avalancha’ de migrantes. Ninguna de estas cosas es cierta: hay pocas señales de radicalización violenta en Egipto, y el país no es una ruta de migración importante. De hecho, la evidencia muestra que la represión sistemática aumenta significativamente las posibilidades de radicalización, y que el empobrecimiento y la represión alimentan el deseo de emigrar. Sisi ha desestabilizado Egipto, haciéndolo más precario y transformándolo, en la práctica, en un «sumidero de inseguridad».
Sin embargo, con el fin de parecer duros a nivel nacional en cuestiones de seguridad e inmigración, y motivados por intereses económicos relacionados con préstamos, inversiones y el incremento de la venta de armas, los líderes europeos han caído de buen grado en la trampa mortal de Sisi. Estas opciones se han presentado públicamente como un sacrificio de los valores fundamentales de la UE, ante la necesidad de estabilidad y seguridad. Y, si bien es cierto que esas decisiones pueden favorecer los intereses comerciales de las empresas europeas, no ocurre lo mismo con el interés nacional. De hecho, al contribuir al empobrecimiento y a la represión, los gobiernos europeos están incrementando la inseguridad, actuando directamente contra ese interés nacional.
Los gobiernos europeos deberían reconocer las grietas que presenta su estrategia actual. Hay muchas formas en las que podrían adoptar una postura clara contra Sisi, desde convocar a los embajadores de Egipto o retirar los suyos de El Cairo, hasta establecer un consejo de derechos humanos para el país en el próximo 46º Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, o suspender los compromisos de «lucha contra el terrorismo». También podrían hablar públicamente contra el régimen, o añadir e implementar condiciones relacionadas con los derechos humanos a las relaciones económicas con Egipto, incluyendo el comercio de armas. La UE podría también utilizar las recientemente aprobadas «sanciones Magnitsky» para prohibir los viajes y congelar los activos europeos de Sisi, su ministro del Interior y el director de la prisión de Tora.
A principios de esta semana, Sisi fue recibido en Francia con un desfile de caballería por París. Lo que habría que hacer ahora, sin embargo, es retirar la alfombra roja y aprender.
Andrea Teti es profesor titular de Política y Relaciones Internacionales y director científico del Proyecto de Transformaciones Árabes en la Universidad de Aberdeen, y miembro del Centro Europeo de Asuntos Internacionales con sede en Bruselas. En Twitter: @a_teti.
Vivienne Matthies-Boon es profesora adjunta de Relaciones Internacionales de Oriente Medio en la Universidad de Amsterdam. Su trabajo se centra especialmente en el trauma político que sufren los activistas dentro y fuera de Egipto. Sus escritos pueden encontrarse en academia.edu.
Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 11/12/2020
Traducción del original en inglés: Dancing with the devil: how the EU is complicit in Egypt’s brutal regime
En febrero de 2020, cuando regresaba a El Cairo para visitar a su familia, Patrick Zaky, un estudiante de máster en la Universidad de Bolonia, fue arrestado por las autoridades egipcias. Zaky, un investigador de derechos de género que trabaja… Leer
Amnistía Internacional (AI) ha hecho público este jueves un informe en el que denuncia que el Gobierno sirio extorsiona de manera «despiadada» a familiares de desaparecidos forzados para que paguen por obtener información. Según la ONG, el régimen se está beneficiando, a través de un auténtico «mercado negro», de hechos que suponen «crímenes contra la humanidad».
El informe, titulado Entre la cárcel y la tumba. Desapariciones forzadas en Siria, expone, según señala AI, «la enorme escala y la naturaleza escalofriantemente orquestada de decenas de miles de desapariciones forzadas, llevadas a cabo por el Gobierno sirio a lo largo de los últimos cuatro años».
Oficiales del Estado sirio, continúa la ONG, «se están beneficiando económicamente de desapariciones forzadas generalizadas y sistemáticas, que constituyen crímenes contra la humanidad, mediante un insidioso mercado negro en el que familiares desesperados por averiguar el destino de sus parientes desaparecidos son explotados sin piedad a cambio de dinero».
El informe «describe con desgarrador detalle la devastación y el trauma que sufren las familias de decenas de miles de personas que se han desvanecido sin dejar rastro en Siria, y su cruel explotación para conseguir beneficios económicos», añade AI.
En el documento se incluyen testimonios de activistas de derechos humanos que aseguran que los sobornos se han convertido en «una parte importante de la economía» del país. También recoge las declaraciones de un abogado de Damasco que asegura que los sobornos son «una vaca lechera de efectivo para el régimen […], una fuente de financiación de la que [el Gobierno] ha llegado a depender».
La Red Siria de Derechos Humanos ha documentado al menos 65.000 desapariciones desde 2011, de las cuales 58.000 son de civiles. Amnistía explica que, por lo general, estas personas se encuentran «en celdas abarrotadas, en terribles condiciones y aisladas del mundo exterior». «Muchas mueren como consecuencia de enfermedades, torturas (descargas eléctricas, azotes, violaciones) y ejecuciones extrajudiciales», añade la ONG.
«No salí de mi celda durante tres años enteros, ni una sola vez… Muchos se volvían locos», relata Salam Othman, uno de los desaparecidos forzados (entre 2011 y 2014), citados en el informe.
Entre los desaparecidos se encuentran, según denuncia AI, oponentes pacíficos al régimen, tales como manifestantes, activistas de derechos humanos, periodistas, médicos o trabajadores humanitarios. Otros han sido colocados en el punto de mira debido a que algún familiar está incluido en la lista de buscados por el Gobierno.
Los familiares que intentan obtener información sobre sus parientes desaparecidos por medio de vías oficiales, suelen ponerse en riesgo de ‘desaparecer’ ellos mismos (Amnistía documenta varios casos en este sentido), por lo que a menudo no les queda otro recurso que acudir a «intermediarios», cuyas «tarifas» oscilan entre cientos y decenas de miles de dólares.
El informe deja constancia de «la desesperación e incluso el sufrimiento físico» que experimentan los familiares y amigos tras una desaparición forzada: «Saeed, cuyo hermano Yusef desapareció por la fuerza en 2012, asegura que su madre no para de llorar. «A veces me despierto en mitad de la noche y ella está levantada, mirando su foto y llorando», asegura».
Más información y fuentes:
» Syria: State profits from crimes against humanity as policy of enforced disappearances drives black market (Amnesty International)
» Without a trace: enforced disappearances in Syria (UN Human Rights Council, 2013)
» El dramático destino de los desaparecidos en Siria (BBC)
Amnistía Internacional (AI) ha hecho público este jueves un informe en el que denuncia que el Gobierno sirio extorsiona de manera «despiadada» a familiares de desaparecidos forzados para que paguen por obtener información. Según la ONG, el régimen se está… Leer
Irán parece haberse propuesto batir este año un siniestro récord. Desde que empezó 2014, es decir, en poco más de quince días, las autoridades de este país han llevado a cabo un total de 40 ejecuciones, 33 de ellas tan solo en la última semana, según ha denunciado este jueves Amnistía Internacional. La ONG asegura que 21 de estas muertes han sido reconocidas oficialmente, mientras que en las 19 restantes la información procede de fuentes fiables. Al menos una de estas ejecuciones, ocurrida el 14 de enero en una localidad de la provincia de Markazi, al norte del país, se realizó de forma pública. La víctima fue un hombre condenado por asesinato. El método para aplicar la pena capital en Irán es la muerte por ahorcamiento. En el caso de las ejecuciones públicas se suele usar una grúa desde la que se cuelga al condenado, en frente de la multitud.
Hassiba Hadj Sahraoui, vicedirector de Amnístía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha calificado el repunte de las ejecuciones en Irán de «alarmante». «Los intentos de las autoridades iraníes por cambiar su imagen ante el mundo pierden todo el sentido si el número de ejecuciones sigue incrementándose de este modo», dijo.
La mayoría de los ejecutados en Irán son condenados por delitos relacionados con las drogas. Amnistía recuerda, en este sentido, que, de acuerdo con el consenso internacional, los delitos de naturaleza no letal no deberían entrar en el conjunto de aquellos crímenes más graves a los que se aplica la pena de muerte.
La ONG destaca, además, que la Ley iraní no contempla el derecho a una apelación justa en el caso de los delitos de drogas, en contra de lo estipulado por las leyes internacionales: «En Irán, los delitos relacionados con las drogas se juzgan en Tribunales Revolucionarios en los que, de forma rutinaria, no se aplican los estándares internacionales de un juicio justo. La realidad es que la gente está siendo cruelmente condenada a muerte en juicios que, además, son injustos, y eso es inaceptable», indica Sahraoui.
Amnistía Internacional, que se opone a la pena capital en todos los casos, sin excepción, aprovecha para remarcar que la pena de muerte es «un castigo inhumano y degradante, y una violación del derecho que tiene todo ser humano a la vida».
Es todo eso y algo más: inútil.
Leer también:
» La lacra de la pena de muerte en Oriente Medio
» Menores en el patíbulo: una historia real
» Irán: la obscenidad de la pena de muerte como respuesta
Irán parece haberse propuesto batir este año un siniestro récord. Desde que empezó 2014, es decir, en poco más de quince días, las autoridades de este país han llevado a cabo un total de 40 ejecuciones, 33 de ellas tan… Leer
No es probable que los policías estuviesen pendientes del calendario cuando este martes metieron a la fuerza en un autobús a 150 africanos que estaban protestando en Jerusalén, y los llevaron detenidos a prisión, justo en vísperas del Día Internacional del Inmigrante, la jornada en la que la ONU nos invita a recordar que todos sus países miembros (Israel incluido) aprobaron un documento en el que se establece «la necesidad de promover y proteger de manera efectiva los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, con independencia de su estatus migratorio».
Los inmigrantes africanos habían abandonado un centro de internamiento en el desierto el pasado domingo para protestar contra una nueva ley recién aprobada por el Gobierno israelí, que permite mantenerlos retenidos de forma indefinida en una «instalación abierta», hasta que salgan del país. Ayudados por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, los inmigrantes habían viajado a pie o en autobús hasta Jerusalén para manifestarse ante el Parlamento.
Embed from Getty ImagesInmigrantes africanos son detenidos durante una protesta frente al Parlamento, en Jerusalén, este martes. Foto: Menahem Kahana / AFP / Getty Images
Según el Gobierno israelí, la mayoría de los 50.000 inmigrantes africanos –sudaneses y eriteros, principalmente– que han llegado en los últimos años al país atravesando la frontera con Egipto, son trabajadores «ilegales» que «amenazan la estructura social del territorio».
Sin embargo, abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que la mayoría son solicitantes de asilo que han huido de sus países de origen por persecuciones, guerras o duras condiciones de vida. «Venimos de un país en guerra y queremos dignidad. Queremos salvar nuestras vidas. No somos criminales», afirmaba uno de los manifestantes este martes, en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.
Ahora, los inmigrantes detenidos permanecerán en prisión durante los próximos 90 días, por haber violado los términos de custodia en la instalación que decidieron abandonar el domingo. El centro, situado en el desierto, en el sur del país, permite a los 400 inmigrantes que fueron trasladados desde una prisión hace algo más de una semana abandonar la instalación durante el día, pero les obliga a regresar por la noche.
Foto: Un grupo de los cerca de 200 inmigrantes africanos que abandonaron a pie un centro de internamiento en el desierto israelí, para dirigirse hasta Jerusalén y protestar ante el Parlamento (Amir Cohen / Reuters)
La ley aprobada el 10 de diciembre por el Parlamento israelí forma parte de una serie de medidas para mantener a raya la inmigración africana, entre las que se encuentra también la construcción de una valla a lo largo de la frontera con Egipto dotada de un sistema de vigilancia de alta tecnología.
En 2012, el Ministerio israelí del Interior puso en marcha otra ley que permite a las autoridades policiales y de seguridad arrestar durante tres años a cualquier persona que entre en el país de forma ilegal, y contempla penas mayores incluso (de entre 5 y 15 años de cárcel) para quienes ayuden o cobijen a inmigrantes «ilegales». En ese mismo año, el Gobierno ordenó acelerar la deportación de unos 25.000 inmigrantes africanos.
Esta ley había sido aprobada hace unos años para frenar la entrada de los operarios palestinos que buscaban trabajo en Israel, pero en 2012 su alcance se extendió a los inmigrantes sin papeles o personas del tercer mundo que entran en busca de asilo.
Ninguna de estas medidas puede resultar sorprendente si acudimos a la hemeroteca. En enero de 2012, por ejemplo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya anunció que no pensaba permitir que «miles de trabajadores extranjeros inunden el país». «Estamos inundados por una oleada de refugiados que amenazan con llevarse nuestros logros y dañar nuestra existencia», dijo Netanyahu, en declaraciones recogidas por el diario Yediot Aharonot. En la misma entrevista defendía la construcción de la verja de 250 kilómetros en la frontera con Egipto que ahora está ya terminada.
Foto: La verja de seguridad construida por Israel en la frontera con Egipto (Nir Elias / Reuters)
Para el primer ministro, Israel tiene que convivir con el «problema» de su «éxito económico» y de ser «el único país del primer mundo que puede alcanzarse a pie desde el tercer mundo» (en referencia a Egipto, Palestina, Líbano y Siria, los territorios a través de los cuales entran los inmigrantes africanos).
La mayoría de los inmigrantes africanos sin papeles en Israel se concentran en el sur de Tel Aviv, en los barrios más pobres de la ciudad, ocupando infraestructuras precarias. No reciben ayudas del Gobierno y, según recogía la BBC en un reportaje publicado en 2012, muchos de ellos duermen a la intemperie, en calles y parques.
Israel ha suscrito la Convención de las Naciones Unidas para los Refugiados, que prohíbe expresamente la repatriación de aquellos refugiados que procedan de países en los que correrían el riesgo de morir si regresasen. Tal vez por eso, como denuncian algunas ONG de defensa de los derechos humanos, el Gobierno opta en muchos casos por «evadir» el proceso de calificación que determina cuáles de los inmigrantes africanos tienen derecho a asilo político.
A finales del pasado mes de agosto, Israel anunció un acuerdo con Uganda por el que el país africano habría aceptado recibir a decenas de miles de inmigrantes eritreos y sudaneses, inmigrantes que serán perseguidos si no se marchan. Según el Ministerio israelí, Uganda se comprometió a acoger a los eritreos y a servir como punto de tránsito para los sudaneses hacía su país natal. Las autoridades ugandesas, sin embargo, negaron que se hubiese cerrado acuerdo alguno.
En su informe anual correspondiente a 2012, una de las mayores ONG israelíes de derechos humanos, ACRI, denunció la «actitud agresiva» del Gobierno hacia la inmigración no judía, con una «actitud racista y xenófoba prevalente hacia los peticionarios de asilo africanos» y un «nuevo cénit de declaraciones racistas» por parte de diputados, dirigentes políticos y de seguridad, rabinos y líderes vecinales.
El anterior ministro de Interior, Eli Yishai, calificó en su momento la inmigración ilegal de una «amenaza» para su país igual o mayor que el programa nuclear iraní, y declaró que su política consistía en encarcelar a sin papeles para «amargarles la vida» hasta que pudiese deportarlos.
Más información y fuentes:
» Israel sends 150 protesting African runaways back to jail (Reuters)
» Illegal African immigrants protest Israel detention (AFP, vídeo)
» Marcha-protesta de inmigrantes hacia Jerusalén contra la nueva ley israelí (Europa Press)
» Uganda will take in thousands of Israel’s African migrants (Haaretz)
» Los riesgos de ser inmigrante ilegal en Israel (BBC)
» Inmigrantes africanos atrapados en el limbo israelí (El País)
» El ministro israelí de Interior encarcela inmigrantes para «amargarles la vida» (Efe)
» Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo (Asamblea General de las Naciones Unidas)
» Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Naciones Unidas)
No es probable que los policías estuviesen pendientes del calendario cuando este martes metieron a la fuerza en un autobús a 150 africanos que estaban protestando en Jerusalén, y los llevaron detenidos a prisión, justo en vísperas del Día Internacional… Leer
Cuando, en 2011, comenzaron las protestas en Yemen contra el Gobierno de Ali Abdulah Saleh, el activista Alaa Jarban se convirtió en una de las voces preferidas por los medios de comunicación. Educado, elocuente, joven y fotogénico, Jarban, entonces un estudiante universitario de 21 años de edad, estuvo al frente de muchas manifestaciones y actos contra el régimen, y ayudaba a romper el estereotipo de Yemen como «territorio-Al Qaeda», una imagen que impera en buena parte de la audiencia, especialmente en la occidental. Dos años después, Alaa Jarban sigue luchando, pero esta vez en una batalla personal, y, en cierto sentido, mucho más amarga.
El mes pasado, Jarban decidió hacer frente a uno de los mayores tabúes de la sociedad en la que vive y declaró en su blog que es homosexual. Desde entonces, el joven yemení ha recibido tantos mensajes de odio y amenazas, que ha tenido que cerrar su página de Facebook. «Durante las manifestaciones nos cogíamos las manos, marchábamos y exigíamos juntos un cambio para Yemen; ahora estoy solo», dijo esta semana en Montreal, Canadá, hasta donde ha viajado para asistir a una conferencia sobre derechos humanos.
En su blog, Jarban alude al aislamiento y las dificultades que ha sufrido por haber tenido que atravesar su adolescencia y su primera juventud en una sociedad tan conservadora como la yemení, «tratando de vivir y actuar cada día de mi vida como una persona que no era realmente yo». Pero el objetivo principal de su texto no es, como él mismo explica, lamentarse, sino ofrecer su testimonio, dar ejemplo y reafirmar su identidad:
No hay nada en este planeta que te dé tanta fuerza para seguir adelante como el hecho de descubrir lo que consideras tu identidad, y la causa a la que perteneces. No ayuda en absoluto que, debido a tu identidad/orientación sexual, y de acuerdo con todas las normas legales y divinas del país donde vives, deberías estar muerto. Es un milagro, si es que los milagros existen, escribir estas palabras y seguir respirando, tanto para mí como para muchos otros […]. Y a veces parece que, si sigues vivo, es tan solo porque eres listo, tienes suerte, o eres un luchador.
En la cabecera del blog puede verse ahora, en grandes caracteres y rodeada de la bandera arco iris, la palabra queer (literalmente, «marica», en inglés, pero actualmente con un sentido más de autoafirmación que despectivo entre muchos miembros de la comunidad homosexual).
Jarban ha recibido también muestras de apoyo, pero los mensajes de hostilidad, especialmente en su propio país, han sido muy numerosos. Uno de sus excompañeros durante las protestas de 2011 escribe lo siguiente en un comentario a su entrada:
Me pones enfermo. No puedo creer que te estreché la mano un día. No puedo creer que estuvimos juntos en la misma plaza, en la misma revolución. Es por culpa de maricones como tú por lo que nuestra revolución no tuvo éxito. La gente como tú merece morir. Escupo sobre ti, perro.
«Me siento perdido. La gente me dice que debería quedarme en Canadá, donde estaría más seguro», indica Jarban, en declaraciones recogidas estos días por varios medios de comunicación canadienses.
En una entrevista concendida al periodista británico Brian Whitaker, especializado en el mundo árabe y autor del libro Unspeakable Love: Gay and Lesbian life in the Middle East, Jarban (quien se presenta en Twitter como «impresionante joven activista yemení revolucionario») comenta las reacciones que ha suscitado su decisión:
Ha sido bueno y malo. He recibido muchos mensajes de apoyo de mucha gente, sobre todo de mis amigos. Pero, al mismo tiempo, he recibido un montón de dicursos llenos de odio de personas a las que también consideraba amigas.
Ese comentario en mi blog fue uno de los que más me dolió, porque esa persona sabe cuánto significaba la revolución para mí. Yo fui uno de los primeros en protestar contra el régimen en la Universidad de Saná […] y me ofende que minusvalore mi relación con la revolución.
Ha habido también otros mensajes, correos electrónicos, gente que me ha borrado de sus cuentas de Facebook. Más o menos me lo esperaba. No ha sido una gran sorpresa, pero aún así, no es fácil convivir con ello.
Jarban habla también de su familia:
La verdad es que me fui de mi casa antes de hacerlo, porque sabía que no lo aceptarían ni lo tolerarían. Mis familiares más directos, mi madre y las hermanas con las que vivo, no van a hacerme daño. Asumo que, en el peor de los casos, renegarán de mí. Pero mis parientes en Abyan son muy religiosos, y no creo que su reacción vaya a ser tan pacífica.
Cuado publiqué la entrada ya me había ido de casa y estaba quedándome en casa de un amigo. No sé si la han leído o no. Mis hermanas probablemente sí, pero no estoy seguro acerca de mi madre. No hemos hablado desde entonces. No tenemos ninguna comunicación.
Tras la publicación de esta entrevista, Whitaker recibió una carta de otro joven yemení en la que se éste se identifica también como homosexual: «No hay palabras para describir lo devastador que es tener que guardar este secreto para siempre», dice.
El problema no es solo social. En Yemen, la homosexualidad es ilegal, y los castigos que recoge la legislación pueden ir desde la flagelación hasta la pena de muerte. De hecho, Yemen es uno de cinco países en todo el mundo que contemplan la pena capital por la práctica de relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. Las páginas web gays y lésbicas son bloqueadas por el Gobierno, y no existen lugares públicos o semipúblicos para gays o lesbianas.
No es, en cualquier caso, una excepción en la región. Una encuesta publicada a principios del presente mes de junio por el Centro PEW de Investigación revela que los países de Oriente Medio y el África Subsahariana son los menos tolerantes del mundo en lo que respecta a la homosexualidad. A la pregunta «¿Debería la sociedad aceptar la homosexualidad?», la mayoría de los encuestados en Israel, Líbano, Turquía, Egipto, Jordania, Túnez y los territorios palestinos responde «No». En Egipto, Jordania, Palestina y Túnez esta mayoría supera el 90%.
Más información y fuentes:
» On identity, sexuality, gender and other stuff (Alaa Jarban)
» Yemen youth leader faces another fight after coming out as gay (The Toronto Star)
» Gay Yemeni activist facing death threats seeks to stay in Canada (CBC)
» Coming Out in Yemen (Brian Whitaker, en Al Bab)
» Alaa Jarban: One of Yemen’s first openly gay men (BBC)
» Message from a gay Yemeni (Brian Whitaker, en Al Bab)
» Middle East moving backwards on gay rights? (Brian Whitaker, en Al Bab)
» Reflections on growing up gay in Yemen (The Toronto Star)
» Homosexualidad en Yemen (Wikipedia)
» Cinco países mantienen la pena de muerte para los homosexuales (El País)
» The Global Divide on Homosexuality (Pew Research Center)
Cuando, en 2011, comenzaron las protestas en Yemen contra el Gobierno de Ali Abdulah Saleh, el activista Alaa Jarban se convirtió en una de las voces preferidas por los medios de comunicación. Educado, elocuente, joven y fotogénico, Jarban, entonces un… Leer
Amnistía Internacional presentó este miércoles su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, con la guerra de Siria ocupando el lugar más destacado entre las violaciones cometidas a lo largo del año pasado en Oriente Medio y el norte de África. En aquellos países donde los líderes autocráticos fueron derrocados, la organización indica que ha aumentado la libertad de los medios de comunicación y las oportunidades para la sociedad civil, pero que también ha habido retrocesos, como los desafíos a la libertad de opinión por motivos religiosos o de moral. En toda la región se ha seguido reprimiendo a activistas políticos y de derechos humanos, incluso mediante encarcelamiento y tortura bajo custodia.
El siguiente texto, publicado por Amnistía Internacional en su página web, es el resumen de la parte del informe referente a Oriente Medio y el Norte de África:
Los conflictos armados y las crisis volvieron a cobrarse un alto precio en la región. El brutal conflicto de Siria estaba asolando el país, con más de 70.000 muertos desde 2011, según cifras de la ONU. Las fuerzas y las milicias leales al gobierno seguían lanzando ataques indiscriminados y deliberados contra civiles. La detención arbitraria, las desapariciones forzadas y la tortura seguían siendo práctica habitual en los centros de detención. Algunos grupos de oposición seguían reteniendo a rehenes y llevando a cabo ejecuciones sumarias, también de civiles, a causa de la nacionalidad, la opinión política o la identidad sectaria de la víctima. Mientras tanto, la comunidad internacional se mantenía en un prolongado punto muerto, que impedía la adopción de medidas significativas como la remisión de la situación a la Corte Penal Internacional.
En Irak, la escalada de violencia suscitaba el temor de que se reavivara el conflicto interno. Los mortales enfrentamientos entre grupos armados árabes suníes y las fuerzas de seguridad iban en aumento, tras las protestas de las zonas predominantemente árabes suníes contra lo que consideraban discriminación por parte del gobierno dominante chií y contra los abusos a detenidos.
Algunas zonas de Yemen seguían también viéndose enturbiadas por la violencia entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados.
El gobierno israelí mantuvo su política de castigos colectivos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluidos su bloqueo de la Franja de Gaza y las restricciones a la circulación de palestinos en Cisjordania, donde estaba ampliando sus asentamientos ilegales. En noviembre de 2012, Israel lanzó una campaña militar de ocho días de duración contra grupos armados palestinos que disparaban indiscriminadamente cohetes desde Gaza hacia Israel; durante el conflicto murieron seis israelíes y más de 160 palestinos, en su mayoría civiles.
Libertad de expresión y reunión: Se logró un mayor espacio para los medios de comunicación y la sociedad civil en los países en los que los dirigentes que habían ocupado el poder durante mucho tiempo habían sido derrocados en los levantamientos de 2010 y 2011, pero donde los nuevos gobiernos habían incumplido sus promesas.
En Egipto, decenas de activistas de oposición fueron detenidos por cargos falsos o de motivación política, y periodistas, blogueros y reporteros de medios de comunicación audiovisuales fueron interrogados por criticar a las autoridades o «difamar» la religión.
En Túnez se utilizaron en varias ocasiones leyes de la época de Ben Ali para acusar a artistas, blogueros y periodistas de «insultos a la religión» y «alteración del orden público», en una tendencia creciente de ataques contra la libertad de expresión.
En Egipto continuaron las protestas mientras las nuevas autoridades retomaban las tácticas represivas. En Túnez, la población sufrió una fuerte conmoción con el homicidio del líder de la oposición izquierdista, Chokri Belaid.
En Libia, las autoridades han aprobado recientemente legislación que impone restricciones indebidas al derecho de reunión pacífica.
En otros puntos de la región, los activistas políticos y de derechos humanos seguían sufriendo detenciones, reclusiones y, en algunos casos, tortura u otros malos tratos.
En Bahréin, aunque las autoridades anunciaron reformas a bombo y platillo, continuaron privando de libertad a personas por motivos que las convertían en presos de conciencia, incluidos destacados miembros de la oposición y activistas de los derechos humanos.
En Irán preocupaba que la represión a que se veían sometidos disidentes y periodistas se intensificara en el periodo previo a las elecciones presidenciales, previstas para junio.
Otros lugares en los que las autoridades reprimieron las actividades de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos o periodistas fueron Arabia Saudí –donde continuaban los disturbios en la Provincia Oriental, predominantemente chií–, los Territorios Palestinos Ocupados –donde la represión la ejercían Israel, la Autoridad Palestina y Hamás–, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos.
Las nuevas leyes promulgadas en Argelia y Jordania reforzaban el control sobre los medios de comunicación. Muchos países de la región trataban de acallar a la sociedad civil mediante leyes restrictivas en materia de ONG y mediante el control sobre su financiación.
La tortura u otros malos tratos seguían siendo endémicos en Libia y Egipto, en un clima de total impunidad. En Yemen, los manifestantes, especialmente en el sur, fueron sometidos a uso excesivo de la fuerza y a tortura u otros malos tratos bajo custodia.
El conflicto sirio ha obligado a más de 1,4 millones de refugiados a huir del país, y unos 4 millones de personas se han desplazado internamente. Esta creciente crisis humanitaria ha supuesto una enorme tensión para los países vecinos.
Los trabajadores migrantes que acudían a los Estados del Golfo para huir de la pobreza se encontraban con unas condiciones de trabajo espantosas y con los denominados sistemas de patrocinio, que a menudo los atrapaban en un círculo de explotación.
En Libia, las autoridades no encontraron una solución duradera para las comunidades enteras que se vieron obligadas a desplazarse a causa del conflicto, como los tawargha y los mashashya, que continúan viviendo en campos sin los recursos necesarios y siguen sin poder regresar a sus hogares por temor a represalias.
Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo seguían sufriendo detención indefinida, tortura y otros malos tratos a manos de milicias, entre otros.
Los refugiados y solicitantes de asilo eritreos secuestrados de campos de refugiados en el este de Sudán eran objeto de trata hacia el desierto del Sinaí, en Egipto, donde permanecían cautivos en manos de bandas delictivas beduinas mientras se exigía rescate a sus familias.
Las mujeres ocuparon un lugar destacado en las protestas de toda la región, pero apenas había indicios de que los levantamientos hubieran dado lugar a avances significativos en cuando a los derechos de las mujeres o a una disminución de la discriminación generalizada a la que se ven expuestas en la ley y en la práctica. Las agresiones sexuales perpetradas contra mujeres en Egipto y en otros lugares han puesto esta cuestión bruscamente de manifiesto.
Las autoridades de Irán, Irak, Arabia Saudí y Yemen siguieron utilizando la pena de muerte en gran escala: las ejecuciones llevadas a cabo en esos cuatro países sumaban el 99 por ciento de las llevadas a cabo en toda la región. En Marruecos, Argelia, Túnez, Jordania y Líbano continuaban las moratorias de hecho vigentes desde hacía tiempo.
» El estado de los derechos humanos en el mundo: Informe 2013 de Amnistía internacional (PDF)
» El mundo, un lugar cada vez más peligroso para personas refugiadas, migrantes, y desplazadas
Amnistía Internacional presentó este miércoles su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, con la guerra de Siria ocupando el lugar más destacado entre las violaciones cometidas a lo largo del año pasado en Oriente… Leer
Primero fue el secretario de Estado, John Kerry, y ahora le ha tocado el turno al de Defensa, Chuck Hagel. El trasiego por Oriente Medio de los flamantes nuevos miembros del Gobierno estadounidense (ambos fueron nombrados en febrero) continúa, aunque, eso sí, con objetivos y resultados bien distintos.
Tras su visita a Israel a principios de este mes, lo único que Kerry pudo sacar en claro fue que «todas las partes están comprometidas con el proceso que podría sentar las bases para la paz» entre israelíes y palestinos (las negociaciones llevan cuatro años estancadas), y que el trabajo «fluyó muy bien». Hagel, por su parte, llegó este fin de semana a la región para vender armas, y eso es lo que está haciendo. Estados Unidos anunció el viernes pasado sus planes para vender, en concepto de material militar propio y a través de subcontratas del Pentágono, misiles avanzados y aviones por valor de 10.000 millones de dólares (7.660 millones de euros) a Israel, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, tres de sus principales aliados en Oriente Medio. Todo un negocio cuyo fin oficial, no obstante, es «neutralizar la amenaza iraní», una amenaza que sienten (y explotan) los tres países compradores.
La gira empezó en Israel. Este mismo domingo, Hagel estampó su firma en un acuerdo que llevaba meses negociándose, y por el que Washington proveerá a este país con misiles anti-radiación que permiten destruir las defensas aéreas enemigas, radares para aviones de combate, aparatos de reaprovisionamiento aéreo, y aeronaves Osprey V-22, que despegan como un helicóptero y desarrollan la velocidad de un avión. Los aviones nodriza que comprará Israel son capaces de avituallar a los cazas en una hipotética operación contra Irán.
Como explica la periodista Carmen Rengel desde Jerusalén, los cuatro aviones KC-135 que comprará Israel «le permitirán mantener a sus aeronaves más tiempo en el aire, algo esencial en misiones de largo alcance como podría ser el ataque a instalaciones nucleares iraníes». «Tel Aviv dista de Teherán más de 1.600 kilómetros e Israel no tiene en la zona bases amigas en las que repostar, por lo que hasta ahora ha usado Boeing 707 transformados para esta misión de repostaje, un parche que no le da garantías en una misión de mayor rango», añade.
«Estados Unidos e Israel ven en Irán exactamente la misma amenaza», ha dicho Hagel durante su visita, si bien ha reconocido asimismo que existen «algunas diferencias» entre los dos aliados a la hora de estimar las capacidades nucleares del régimen iraní. «Lo esencial es que Irán es una amenaza, una verdadera amenaza», declaró el secretario de Defensa. En caja: 3.000 millones de dólares.
A los Emiratos, por su parte, les tocan 26 aviones de combate F-16 y una partida de sofisticados misiles para aviones de combate. En caja, 5.000 millones.
Los 2.000 millones restantes los pondrá Arabia Saudí, que ya acordó comprar 84 aparatos de combate F-15 en 2010, y que comprará ahora los mismos misiles que los Emiratos. Con ellos, los aviones saudíes podrán alcanzar blancos en tierra desde una gran distancia. En 2011, según informa El País, el Pentágono ya había autorizado a su subcontrata Boeing la venta de 84 cazas F-15SA a Arabia Saudí por valor de 29.400 millones de dólares, en una de las mayores autorizaciones de adquisición de armamento a aliados extranjeros en la historia reciente de EE UU.
Para evitar suspicacias, la diplomacia estadounidense ha hecho coincidir la venta de armamento a Israel con la venta a los dos países árabes. La idea de Washington es que la transacción asegure a Israel su supremacía militar en Oriente Medio, por la que vela desde hace décadas, sin que ello sea interpretado como una luz verde a un ataque unilateral a Irán, y a pesar de que parte del armamento vendido permitiría precisamente eso.
En este sentido, fuentes del Pentágono señalaron la semana pasada que «una parte crucial del acuerdo es que creemos, del mismo modo que lo creen los israelíes, que ofrecerles estas capacidades [a los EAU y Arabia Saudí] no disminuye de ningún modo la preponderancia militar de Israel, sino que va en conformidad con la respuesta a las amenazas que existen en este momento en la zona».
Todas «estas capacidades» se «ofrecen», por otra parte, tan solo unos días después de que el propio Kerry presentara solemnemente el último informe que cada año elabora su departamento sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, país por país. En el apartado dedicado, por ejemplo, a Arabia Saudí se dice:
Los principales problemas de derechos humanos registrados incluyen la inexistencia de medios legales para que los ciudadanos puedan cambiar su gobierno; restricciones generalizadas a derechos universales como la libertades de expresión (incluyendo en Internet), de reunión, de asociación, de movimiento y de religión, y la falta de igualdad de derechos para las mujeres, los niños y los trabajadores expatriados.
Otros problemas […] incluyen la tortura y otros abusos, el hacinamiento en las cárceles y los centros de detención, la retención de presos y detenidos políticos, la falta de procesos justos, arrestos y detenciones arbitrarias, e interferencias arbitrarias en la vida privada, en el hogar y en la correspondencia. La violencia contra la mujer, la trata de personas y la discriminación por razón de sexo, religión, secta, raza y etnia son comunes. La falta de transparencia gubernamental y de acceso [a la información] hace que sea difícil evaluar la magnitud de muchos de los problemas de derechos humanos denunciados.
A estas alturas ya sabemos que podemos denunciar abusos en un país y a la vez venderle armas, que los principios geoestratégicos y económicos tienen prioridad sobre cualquier otra consideración de orden moral o mínimamente coherente. Pero, puestos a ser prácticos, cabe preguntarse también si al final no acabamos pagando el precio de nuestra propia hipocresía. Como escribe Eugenio García Gascón, «que Estados Unidos arme hasta los dientes a los países de una de las regiones más armadas del planeta debería preocuparnos a todos».
Más información y fuentes:
» EE UU confirma en Tel Aviv una venta que garantiza la supremacía aérea israelí (Efe)
» U.S. finalizes exclusive arms sale aimed at ensuring Israel’s ‘air superiority’ (Haaretz)
» EE UU venderá armas a sus aliados en Oriente Próximo para contener a Irán (El País)
» Country Reports on Human Rights Practices for 2012 (US Department of State)
» Sobran armas (Balagán)
Primero fue el secretario de Estado, John Kerry, y ahora le ha tocado el turno al de Defensa, Chuck Hagel. El trasiego por Oriente Medio de los flamantes nuevos miembros del Gobierno estadounidense (ambos fueron nombrados en febrero) continúa, aunque,… Leer
Las fuerzas armadas egipcias participaron en «desapariciones forzosas», torturas y asesinatos durante las protestas de 2011 contra el régimen de Hosni Mubarak, a pesar de que los líderes militares habían declarado públicamente su neutralidad, y según confirma un informe presidencial sobre los crímenes cometidos durante la revolución.
El informe, elaborado para el actual presidente, Mohamed Mursi, por un comité seleccionado por él mismo el pasado mes de enero, no se ha hecho público aún de manera oficial, pero una parte de la investigación, a la que ha tenido acceso en exclusiva el diario británico The Guardian, implica directamente a los militares en una serie de delitos contra civiles desde el primer momento en que los soldados fueron destacados en las calles.
Algunos de estos crímenes, de los que ya existían numerosas denuncias, fueron cometidos en el Museo Egipcio de El Cairo. El informe recomienda al Gobierno que investigue a los rangos más altos del ejército para determinar responsabilidades.
Es probable que esta investigación incremente la presión sobre Mursi, quien, hasta el momento, ha rechazado procesar judicialmente a oficiales, a pesar de las denuncias por abusos presentadas contra algunos altos mandos. Mursi asumió el poder de la mano del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tras las elecciones del pasado mes de junio.
Se calcula que más de un millar de personas, incluyendo a muchos presos, desaparecieron durante los 18 días que duraron las protestas. En uno de los casos incluidos en el capítulo del informe difundido por el diario británico, los investigadores señalan que miembros de las fuerzas armadas detuvieron a un número indeterminado, «pero probablemente grande», de civiles en un control de carretera al sur de El Cairo, y que ninguno de los arrestados ha vuelto a ser visto desde entonces.
Los investigadores constatan asimismo torturas a manifestantes detenidos en el Museo Egipcio, antes de ser trasladados a prisiones militares; la muerte de al menos una persona, y la entrega en la capital a coroneles del Gobierno de al menos once cuerpos no identificados, presuntamente prisioneros, que fueron enterrados cuatro meses después en tumbas de indigentes.
«El comité ha comprobado que hubo ciudadanos que murieron estando detenidos por las fuerzas armadas, y que fueron enterrados después en tumbas de indigentes, al ser considerados como no identificados», señala el informe, añadiendo que las autoridades no llevaron a cabo investigación alguna, a pesar de que había pruebas evidentes de graves torturas.
El informe podría ser determinante en el nuevo juicio al que van a someterse tanto el expresidente Mubarak como su ministro del Interior, Habib Al Adly, quienes volverán a sentarse en el banquillo a partir de este sábado por su presunta responsabilidad en la muerte de manifestantes durante la revolución.
La justicia egipcia anuló en enero la sentencia que condenó a Mubarak a cadena perpetua por la muerte de manifestantes. El Tribunal de Apelación aceptó entonces los recursos presentados, tanto por los propios Mubarak y Al Adli, como por la Fiscalía General. La defensa de Mubarak sostenía que la histórica sentencia emitida por la corte el 2 de junio de 2012 no contaba con pruebas suficientes, mientras que la Fiscalía General apeló el fallo al considerar que Mubarak y Al Adli debían haber sido castigados con la pena de muerte.
A comienzos de este año, sin embargo, una comisión de investigación ordenada por el presidente Mursi presentó los resultados de sus pesquisas sobre el asesinato de manifestantes durante la revolución, y aportó nuevas pruebas que supuestamente demuestran que Mubarak siguió por un canal interno de televisión lo sucedido, lo que habría dado lugar al nuevo juicio.
Actualización (11/4/2012):
The Guardian publica este jueves nuevos detalles del informe, entre ellos, que las fuerzas armadas del régimen de Mubarak tenían permiso oficial para disparar munición real sobre los manifestantes en Suez durante los primeros días de la revolución, y que algunos médicos de un hospital de El Cairo «recibieron órdenes de operar sin anestesia» a manifestantes heridos.
» Artículo en The Guardian
» Texto íntegro del capítulo filtrado del informe (en árabe)
Las fuerzas armadas egipcias participaron en «desapariciones forzosas», torturas y asesinatos durante las protestas de 2011 contra el régimen de Hosni Mubarak, a pesar de que los líderes militares habían declarado públicamente su neutralidad, y según confirma un informe presidencial… Leer
Cientos de menores palestinos detenidos por el Ejército israelí son sometidos de forma sistemática y generalizada a malos tratos que violan el derecho internacional, según denuncia en un informe el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF). De acuerdo con los cálculos de la agencia, unos 700 palestinos de entre 12 y 17 años de edad son detenidos, interrogados y arrestados por efectivos de las fuerzas de seguridad israelíes cada año en Cisjordania. UNICEF afirma haber identificado «ejemplos de prácticas que equivalen a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura».
El informe detalla que el maltrato suele empezar en el momento mismo del arresto, que a menudo es llevado a cabo por soldados fuertemente armados, en medio de la noche, y continúa después durante el proceso judicial y la condena. «El patrón de maltrato incluye las prácticas de vendar los ojos a los menores y atar sus manos con bridas de plástico, abusos físicos y verbales durante el traslado al lugar de interrogatorio, y el uso de limitaciones dolorosas», indica UNICEF. Según la agencia, la mayoría de los detenidos por lanzar piedras sufren violencia física y amenazas durante su interrogatorio, son obligados a confesar y no tienen acceso inmediato a un abogado o a su familia durante el interrogatorio.
«El trato contradictorio con los derechos de los menores sigue durante las comparecencias ante el tribunal, incluido el encadenamiento, la negación de fianza, la imposición de penas de custodia y el traslado fuera de los territorios palestinos ocupados para cumplir sus penas dentro de Israel», una práctica que, de acuerdo con el informe, «parece ser extendida, sistemática e institucionalizada».
El estudio está basado en datos de más de 400 casos documentados desde el año 2009, así como el documentos legales, informes de grupos gubernamentales y no gubernamentales y entrevistas a menores palestinos y a responsables y abogados palestinos e israelíes.
«Israel es el único lugar del mundo en el que un niño detenido es llevado por sistema ante un tribunal militar. Esto solo se da en otros países a título excepcional», explica Jean-Nicolas Beuze, consejero regional de UNICEF, en declaraciones que recoge la agencia AFP. La representante de la agencia de la ONU en los Territorios Palestinos, Jean Gough, precisa, por su parte, que a finales de enero «31 niños de menos de 16 años y 233 niños en total» se encontraban en esa situación. Gough aclara que estos datos solo incluyen la Cisjordania ocupada, bajo administración militar israelí. «Los niños no deberían estar en la cárcel», añade: «Si un niño debe, por cualquier razón, ser puesto en detención, debería hacerse en conformidad con las normas internacionales y la Convención de Derechos del Niño».
Pese a todo, UNICEF indica que Israel ha realizado algunos «cambios positivos» en los últimos años, en lo que respecta a su trato a los menores palestinos, incluyendo nuevos procedimientos para atar las manos con el fin de evitar daños y heridas. La agencia reconoce asimismo una mejora en la orden militar emitida en 2010 que exige a la Policía israelí que notifique a los padres el arresto de sus hijos e informar a los menores de que tienen derecho a consultar a un abogado.
Reuters informa de que el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Yigal Palmor, ha señalado que responsables de este departamento y del Ejército israelí han cooperado con UNICEF en la elaboración del informe, con el objetivo de mejorar el trato de los menores palestinos bajo custodia. «Israel estudiará las conclusiones y trabajará para aplicarlas mediante la cooperación ya existente con UNICEF, cuyo trabajo valoramos y respetamos», añadió el portavoz.
Más información y fuentes:
» Informe completo (PDF): Children in Israeli military detention: observations and recommendations
» Israel mistreats Palestinian children in custody: UNICEF (Reuters)
» UNICEF denuncia «maltrato sistemático» de niños palestinos detenidos en Israel
Cientos de menores palestinos detenidos por el Ejército israelí son sometidos de forma sistemática y generalizada a malos tratos que violan el derecho internacional, según denuncia en un informe el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF). De acuerdo con… Leer
