Después de casi siete años de conflicto bélico, Yemen se encuentra «al borde de la catástrofe absoluta», según han advertido este lunes las agencias de Naciones Unidas responsables de la ayuda humanitaria. El número de personas que necesitan asistencia alimentaria en el país alcanza ya los 17,4 millones, y cada vez más población se enfrenta al hambre en niveles de emergencia.
La situación, además, irá a peor: en su última Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) para Yemen, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) pronostican que el número de yemeníes que no podrán satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas llegará a la cifra récord de 19 millones de personas entre junio y diciembre de 2022.
Además, las agencias prevén que otras 1,6 millones de personas en el país entrarán en niveles de emergencia por hambre, elevando el total a 7,3 millones para fines de año.
El informe IPC publicado este lunes muestra asimismo un alto nivel persistente de malnutrición aguda entre los menores de cinco años. En todo Yemen, 2,2 millones de niños están gravemente desnutridos, incluidos casi medio millón que padecen desnutrición aguda grave, una condición que pone en peligro la vida. Y alrededor de 1,3 millones de madres embarazadas o lactantes están gravemente desnutridas.
«El nuevo análisis del IPC confirma el deterioro de la seguridad alimentaria en Yemen, y la conclusión rotunda es que debemos actuar ahora», señala el coordinador humanitario de Naciones Unidas para Yemen, David Gressly, en el comunicado que acompaña a la presentación del informe. «Necesitamos mantener una respuesta humanitaria integrada para millones de personas, y eso incluye apoyo alimentario y nutricional, agua potable, atención básica de la salud, protección y otras necesidades», añade.
«Es necesaria la paz para poner fin a este declive, pero también podemos lograr progresos ahora. Las partes en conflicto deben levantar todas las restricciones al comercio y a la inversión de los productos básicos no sancionados. Esto ayudará a bajar los precios de los alimentos y a activar la economía, y brindará a la gente la dignidad de un trabajo y un camino para alejarse de la dependencia de la ayuda», afirma Gressly.
Las agencias de la ONU destacan que el conflicto sigue siendo la principal causa del hambre en Yemen. La crisis económica impulsada por la guerra y la depreciación de la moneda yemení llevaron en 2021 los precios a sus niveles más altos desde 2015, algo que podría verse agravado por la guerra en Ucrania, ya que Yemen depende de la importación de alimentos, y un 30% del trigo que consume proviene del país europeo.
«Muchos hogares en Yemen no tienen cubiertas sus necesidades básicas de comida debido a una serie de factores», explica el director general de la FAO, Qu Dongyu. «La FAO trabaja directamente con agricultores sobre el terreno para impulsar su resiliencia a través de una combinación de apoyo de emergencia y a largo plazo», añade.
Las agencias de la ONU califican de «extremadamente preocupante» su proyección del número de personas que sufrirán «niveles catastróficos de hambre» en Yemen (la Fase 5 de la clasificación IPC: condiciones de hambruna), que pasará de las 31.000 actuales a 161.000 (cinco veces más) durante la segunda mitad de 2022.
«Estas cifras desgarradoras confirman que estamos en plena cuenta atrás para la catástrofe en Yemen, y que casi no tenemos tiempo para evitarla», advierte el director ejecutivo del PMA, David Beasley. «A menos que recibamos nuevos fondos sustanciales de inmediato, el hambre y la hambruna masivas continuarán, pero si actuamos ahora, todavía existe la posibilidad de evitar un desastre inminente y salvar a millones», indica.
El PMA se vio obligado a reducir las raciones de alimentos para ocho millones de personas a principios de año debido a la escasez de fondos. Tras estas reducciones, los hogares reciben apenas la mitad de la cesta de alimentos mínima diaria estándar del PMA. Cinco millones de personas en riesgo inmediato de caer en condiciones de hambruna han seguido recibiendo una ración de alimentos completa.
Mientras, la desnutrición aguda entre niños pequeños y madres en Yemen ha ido en aumento. Entre las gobernaciones más afectadas, de acuerdo con el informe, se encuentran Hajjah, Al Hudayda y Taizz. Las agencias de la ONU recuerdan que los niños con desnutrición aguda severa corren el riesgo de morir si no reciben asistencia de alimentación terapéutica.
«Cada vez más niños se acuestan con hambre en Yemen», afirma en la presentación del informe la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. «Esto los pone en un mayor riesgo de deterioro físico y cognitivo, e incluso de muerte. La difícil situación de los niños en Yemen ya no puede pasarse por alto. Hay vidas en juego», advierte.
Yemen, concluyen las agencias de la ONU, está sufriendo «una de las peores crisis alimentarias del mundo». «A menudo los padres no pueden llevar a sus hijos a los centros de tratamiento, porque no pueden pagar el transporte o sus propios gastos», añaden.
El conflicto actual en Yemen, que ha entrado ya en su séptimo año, enfrenta al Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi, reconocido internacionalmente y apoyado por una coalición internacional que lidera Arabia Saudí, con los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. Además de la capital, Saná, los hutíes controlan otras zonas del norte y el oeste del país.
Según denuncia Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre el país, referido a 2020, todas las partes involucradas en el conflicto siguieron cometiendo con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra los derechos humanos.
La coalición dirigida por Arabia Saudí y las fuerzas hutíes siguieron llevando a cabo «ataques en los que se mató e hirió a civiles y se destruyeron bienes civiles de manera ilegítima», y «todas las partes en el conflicto llevaron a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento, tortura y otros malos tratos, y juicios injustos de personas a las que perseguían únicamente por sus vínculos políticos, religiosos o profesionales, o por su activismo pacífico», señala AI.
Además, añade AI, las partes en el conflicto «obstaculizaron la circulación de productos de los que dependían vidas humanas, como alimentos, medicinas y combustible, y las fuerzas hutíes continuaron imponiendo restricciones arbitrarias a los organismos de ayuda humanitaria».
El brote de la pandemia de COVID-19 ejerció una presión adicional sobre un sistema de atención de la salud ya mermado, que solo tenía en funcionamiento el 50% de sus hospitales e instalaciones sanitarias en comparación con 2016.
Ahondando en las advertencias realizadas por las agencias de la ONU, AI indica asimismo que la disminución del 50% del fondo de respuesta humanitaria con respecto a 2019 agravó aún más los efectos de la pandemia en lo que quedaba del sistema de salud, aumentó la inseguridad alimentaria y limitó el acceso a agua apta para el consumo, saneamiento y servicios de salud pública.
Después de casi siete años de conflicto bélico, Yemen se encuentra «al borde de la catástrofe absoluta», según han advertido este lunes las agencias de Naciones Unidas responsables de la ayuda humanitaria. El número de personas que necesitan asistencia alimentaria… Leer
Para Yemen, 2020 ha sido un año apocalíptico, que ha superado incluso los peores pronósticos que se cernían sobre un país devastado por años de guerra y desastres humanitarios.
El acercamiento entre los hutíes, un movimiento político y armado que controla dos tercios de la población de Yemen, y Arabia Saudí a finales de 2019 fue visto con cierto optimismo, pero desde entonces han estallado nuevos enfrentamientos en todo el país. Ni siquiera el brote de COVID-19 detuvo la violencia. Como resultado de estos nuevos enfrentamientos, más de 18.600 personas murieron entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2020, según el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).
En una entrevista en 2018, Robert Malley, responsable de la oficina de Oriente Medio del Consejo de Seguridad Nacional de EE UU durante el gobierno de Obama, reconoció que era «muy probable» que la intervención militar de la coalición saudí en Yemen tuviese consecuencias desastrosas. «Para empezar, se trata del país más pobre de la región [Yemen], bombardeado por el país más rico [Arabia Saudí]», dijo.
Yemen ha sido víctima de una disputa regional, pero también de las potencias occidentales. Una coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que, según el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, tiene «acceso a algunas de las tecnologías militares más sofisticadas y caras del mundo», ha podido utilizar las tácticas más sangrientas. Como Martha Mundy, profesora emérita de antropología en la London School of Economics, escribió en su informe Las estrategias de la Coalición en la guerra de Yemen, estas tácticas incluyen un bloqueo por tierra, mar y aire que ha usado el hambre como método de guerra, y ataques indiscriminados contra la población civil y la producción de alimentos.
Para poder cometer tales atrocidades, la coalición saudí necesitaba asistencia logística de países como Estados Unidos y el Reino Unido. Las consecuencias han sido brutales. Según un informe de abril de 2019 elaborado por el Centro Pardee para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y de acuerdo con los datos de ACLED, el número de muertos en el país desde el comienzo de la guerra supera con creces los 250.000 y puede incluso estar cerca de los 300.000.
La magnitud de la crisis es difícil de comprender: cada 12 minutos aproximadamente muere un niño en Yemen, donde 24 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.
La política exterior de Donald Trump se ha traducido repetidamente en un empeoramiento de las crisis humanitarias en los países más pobres. Dos ejemplos recientes han sido el esfuerzo por suspender las ayudas destinadas a Yemen en marzo de este año, y la decisión de Trump, anunciada en mayo, de que Estados Unidos iba a dejar la Organización Mundial de la Salud, lo que tendrá un efecto desastroso a menos que el presidente electo, Joe Biden, decida reincorporar al país a la organización. La retirada de la financiación estadounidense tendrá como consecuencia el abandono de millones de personas en Yemen que dependen de esos fondos para sobrevivir. No se trata de medidas sorprendentes, en cualquier caso, teniendo en cuenta el apoyo de la administración de Trump –su «cheque en blanco», en palabras de Biden– a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
Mientras, lo que se espera de Biden es mucho. A pesar de haber sido vicepresidente de Barack Obama, quien apoyó la guerra en Yemen, Biden ha sido presionado para que «reconsidere» las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí, empujado por los sectores progresistas y por la impopularidad de la propia guerra. Si bien esto ha generado muchas esperanzas, se avecinan semanas difíciles antes de que Trump abandone la Casa Blanca. La aparente intención de Trump de tensar las relaciones con Irán y sus planes de designar a los hutíes como grupo terrorista pueden agravar la situación con los sectores más duros de los hutíes, empeorar la guerra y alejar cualquier perspectiva de paz.
La guerra no es la única catástrofe que ha sufrido Yemen este año. Las fuertes lluvias caídas entre la primavera y el verano causaron enormes daños y desplazaron a 300.000 personas. De hecho, Yemen es un claro ejemplo de las trágicas consecuencias de la crisis climática, cuyos efectos van más allá de las inundaciones. Casi 18 millones de personas no tienen acceso a agua potable, un problema que se agravará en el futuro.
Para los yemeníes, la COVID-19 no es más que la última en una serie de pandemias: en los últimos años el país se ha enfrentado a brotes de malaria, dengue y cólera. El hecho de que esta última sea una enfermedad perfectamente prevenible que debe ser erradicada nos recuerda que mientras el mundo buscaba vacunas para la COVID-19, la gente en Yemen estaba sufriendo las consecuencias de vivir sin agua potable. Peor aún, el sistema de salud en Yemen prácticamente se ha derrumbado.
Incluso la pandemia de COVID-19 se ha convertido en una lucha política, especialmente en la zona controlada por los hutíes, que se han negado a reconocer los casos y han difundido noticias falsas y desinformación que estigmatiza a quienes contraen la enfermedad, lo que supone que muchos no estén buscando tratamiento.
Actualmente se desconoce el verdadero alcance del brote de COVID-19 en Yemen, pero es probable que la cantidad de muertes en el país sea mucho mayor que las 607 reportadas por la OMS1. Las imágenes de satélite utilizadas para calcular los entierros entre abril y septiembre en la ciudad portuaria de Adén sitúan el exceso de mortalidad en la zona en 2.100 fallecidos frente a las 1.300 muertes previstas.
La economía está también en ruinas. Desde 2015, el valor del rial yemení ha caído a YER800/US$, más de dos tercios por debajo de su valor anterior a la guerra, mientras que la población depende cada vez más de las remesas que los yemeníes envían desde países como Arabia Saudí. Pero estos pagos también se han visto afectados por la crisis de la COVID-19, ya que muchos trabajadores en el extranjero han perdido sus empleos, lo que significa que la cantidad de dinero enviado a casa ha caído drásticamente.
La comunidad internacional empeoró una situación ya de por sí desastrosa cuando comenzó a reducir los fondos humanitarios enviados a Yemen, con el pretexto, a veces, de que los hutíes estaban utilizando la ayuda para sus propios intereses.
Esto ha tenido consecuencias nefastas, y Naciones Unidas ha pedido más fondos para evitar el colapso de los programas humanitarios, advirtiendo de que millones de niños «se enfrentan a una hambruna mortal». Mark Lowcock, subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, advirtió de que «la crisis humanitaria en Yemen nunca ha sido peor», y el secretario general, António Guterres, afirmó recientemente que «Yemen se encuentra ahora en peligro inminente de sufrir la peor hambruna que el mundo ha visto en décadas». En palabras de Lowcock, «los yemeníes no estando “pasando hambre”. Los están matando de hambre».
A falta de un mes para que acabase 2020, se había enviado menos de la mitad de la ayuda humanitaria solicitada por la ONU (se requieren otros 1.750 millones de dólares). Mientras tanto, se gastaron decenas de miles de millones de dólares en ventas de armas occidentales a Arabia Saudí y a los Emiratos durante la guerra.
Este contraste invita a la reflexión: el deber de los países democráticos es evitar desastres inimaginables. No queda tiempo. Los gobiernos occidentales deben actuar ahora, dejando de enviar armas y proporcionando, en cambio, fondos inmediatos para aliviar la mayor crisis humanitaria del mundo.
(1) El 30 de diciembre de 2020 la OMS registraba en Yemen 2.100 casos confirmados de COVID-19 y 611 muertes causadas por la enfermedad.
Isa Ferrero ha estudiado ingeniería energética y escribe sobre medio ambiente y cambio climático. Como activista de derechos humanos, ha investigado el imperialismo estadounidense y la crisis en Yemen. Ha escrito el libro Negociar con asesinos. Guerra y crisis en Yemen.
Publicado originalmente en openDemocracy bajo licencia Creative Commons el 9/12/2020
Traducción del original en inglés: While the world was locked down, Yemen faced an apocalyptic year
Para Yemen, 2020 ha sido un año apocalíptico, que ha superado incluso los peores pronósticos que se cernían sobre un país devastado por años de guerra y desastres humanitarios. El acercamiento entre los hutíes, un movimiento político y armado que… Leer
El presidente de Yemen, Abd Rabu Mansur Hadi, presentó este jueves su dimisión, apenas media hora después de que dimitiese también su primer ministro, Jalid Bahah. La crisis de Gobierno fue anunciada cuando aún no había pasado ni un día desde que el mandatario alcanzase un pacto con los rebeldes hutíes que en septiembre tomaron la capital, Saná. La caída del ejecutivo yemení supone, además de un relativa sorpresa, un nuevo paso hacia lo que muchos analistas ven ya como un precipicio político del que solo será posible escapar reconfigurando el país por completo.
Mansur Hadi, que contaba con el respaldo de Washington y era un fiel aliado en la lucha de EE UU contra Al Qaeda, puso su cargo en manos del presidente del Parlamento, Yahia al Raie, quien se reunirá este sábado con los diputados para aceptar o rechazar la dimisión del todavía jefe de Estado. En el caso de que la Asamblea Legislativa acceda, informa Efe, será el propio Al Raie quien asuma temporalmente la Presidencia.
Acorralado por el conflicto con el movimiento rebelde de los hutíes (chiíes), Mansur Hadi justificó su decisión en que Yemen se encuentra «en un callejón sin salida», y acusó a las distintas fuerzas políticas de «falta de responsabilidad».
El país está, efectivamente, ante una grave situación, en la que peligra su misma supervivencia como Estado. Pero se trata de una realidad muy compleja que no puede reducirse a un ‘simple’ conflicto más entre chiíes y sunníes, o a un tablero donde las potencias de la región (Irán, apoyando a los primeros; Arabia Saudí y los países ricos del Golfo, a los segundos) están echándose un nuevo pulso, por más que ambos factores puedan jugar, también, un papel importante.
«La nación más pobre del mundo árabe», «un nido de yihadistas»… Son ya prácticamente frases hechas, presentes de forma casi invariable en la mayoría de los reportajes que se publican sobre Yemen; lugares comunes con los que, en un par de pinceladas, se da por contextualizada la situación del país.
Y Yemen, es cierto, es la nación más pobre del mundo árabe (unos 1.500 dólares de renta per cápita en 2013, y millones de personas subsistiendo con 2 dólares al día), como también es cierto que en los últimos años el país se ha convertido en una de las principales canteras del yihadismo fundamentalista, gracias, especialmente, pero no solo, a la presencia de Al Qaeda en la Península Arábiga, AQPA.
Pero en este roto y diverso territorio, cuya ‘primavera’ se cerró en falso tras la frustrante salida del presidente Saleh hace ahora tres años, conviven también, desde hace décadas, otros dramas que tan solo asoman la cabeza cuando, como ha ocurrido estos días, la crisis se desborda en alguno de ellos.
O cuando, como ahora, la preciada ‘estabilidad’ por la que tanto han hecho y deshecho Estados Unidos y sus aliados del Golfo (Yemen tiene una posición estratégica fundamental, entre la petrolera Arabia Saudí y las líneas comerciales marítimas del Golfo de Adén, y es, además, el principal foco de Al Qaeda en la región), se ve seriamente amenazada.
En septiembre de 2014 los rebeldes hutíes se hicieron con el control de la capital yemení, Saná, tras varias semanas de sitio. El pasado fin de semana depusieron de hecho al presidente del país, Abd Rabu Mansur Hadi, a quien mantuvieron asediado en su propia casa. Los combates del lunes y el martes en Saná se saldaron con al menos 35 muertos y 94 heridos. Este miércoles, los rebeldes y el presidente alcanzaron finalmente un acuerdo: la milicia abandonaría el palacio presidencial y dejaría en libertad al jefe del Estado Mayor, que estaba secuestrado desde el sábado. A cambio, el proyecto de Constitución al que se oponen los milicianos podría ser modificado. Hoy, sin embargo, la crisis ha tomado un rumbo completamente distinto, con la dimisión de Mansur Hadi y de su gobierno.
Estas son algunas claves para intentar entender mejor lo que está ocurriendo:
La actual república de Yemen nació de la unión, en 1990, del Yemen del Norte (tradicionalista) y el del Sur (marxista). El Norte (con capital en Saná) se había independizado del Imperio Otomano en 1918; el Sur (Adén), del Reino Unido en 1967.
El país pasó por una brutal guerra civil en los años 90 y, en 2009, cientos de personas fueron asesinadas y más de un cuarto de millón, desplazadas, por los enfrentamientos entre las tropas gubernamentales y los rebeldes hutíes. El Gobierno declaró un alto el fuego en febrero de 2010.
En los últimos años Yemen ha sido escenario de al menos seis enfrentamientos armados entre los hutíes del norte y el Gobierno, a lo que hay que sumar la revuelta separatista en el sur, los frecuentes ataques de Al Qaeda, las luchas por el poder entre diversas facciones tribales y militares, y la represión de las protestas prodemocráticas durante la llamada ‘Primavera Árabe’.
Como consecuencia, el país ha sufrido una inestabilidad difícil de imaginar, alentada, además, por la debilidad del Estado, la corrupción y el deterioro de la economía y las infraestructuras. El elevado desempleo, el alto precio de los alimentos y los limitados servicios sociales hacen que más de 10 millones de yemeníes, según cifras citadas por la BBC, se hallen por debajo de los límites de la seguridad alimentaria.
Yemen es uno de los países en los que el impacto de la ‘Primavera’ provocó un cambio de régimen. En esta ocasión, sin embargo, la salida del autócrata presidente Ali Abdullah Saleh tras 33 años en el poder no fue precisamente lo que podría calificarse como un éxito revolucionario.
Con la inmunidad asegurada por el Parlamento, y tras un breve periplo que le llevó primero a EE UU (donde recibió asistencia médica) y después a Etiopía, Saleh regresó a Yemen, cedió el poder a su adjunto, Mansur Hadi, y, en febrero de 2012, inauguró incluso en Saná un museo dedicado a sí mismo y a su legado político. Su influencia en la política local sigue siendo muy importante.
Desde la salida de Saleh, Yemen ha visto intensificada su histórica inestabilidad, a pesar de que muchos en la comunidad internacional habían dado por cerrada la crisis y el proceso de transición.
La fragmentación tribal y religiosa, las grandes desigualdades económicas y la mencionada pobreza en que vive una gran parte de la población, así como el legado de la continua injerencia de potencias extranjeras como el Reino Unido (antiguo poder colonial) o, más recientemente, Estados Unidos (que tiene en Yemen uno de los principales objetivos de su guerra contra el terrorismo), Egipto y Arabia Saudí, han acrecentado las luchas por el poder, ante la situación de colapso del anterior Gobierno y la reestructuración llevada a cabo en el Ejército y las fuerzas de seguridad.
En medio de esta situación, la milicia hutí, muy activa políticamente, ha conseguido importantes avances territoriales, llegando a hacerse con el control de la capital.
La milicia hutí (escrito también «huthi», o «houthi», aunque la transcripción más correcta en castellano sería «huzi») es el grupo político y militar mejor organizado del norte del país. En la actualidad, los hutíes, conocidos también como Ansar Alá (seguidores de Dios), controlan un amplio territorio entre la provincia de Saada (su feudo principal, en la frontera con Arabia Saudí) y la capital, Saná. Su influencia llega también a algunas zonas situadas más al sur.
El movimiento tiene su origen en un pequeño grupo religioso denominado Los Jóvenes Creyentes, cuyo objetivo era revitalizar el zaidismo. Los zaidíes son una rama del islam chií, surgida alrededor del siglo VIII y considerada una de las variantes más próximas, doctrinalmente, al sunnismo. El mayor número de seguidores de esta secta vive en el norte de Yemen, donde constituyen la mayoría de la población.
La denominación de «hutíes» procede de Hussein Badr al Din al Hutí, un líder religioso zaidí y miembro del Parlamento yemení que, al calor del sentimiento antiestadounidense provocado por la invasión de Irak en 2003, lideró en 2004 la primera revuelta del grupo contra el gobierno de Saleh, ya entonces aliado de Washington. Al Hutí contó asimismo con el apoyo de grupos tribales largamente castigados por las campañas militares de Saleh.
El objetivo entonces era conseguir una mayor autonomía en su territorio de la provincia de Saada, y proteger las tradiciones culturales y religiosas de los zaidíes, ante lo que consideraban un avance cada vez más invasivo del islamismo sunní.
Cuando, a finales de 2004, el ejército yemení mató en combate a Al Hutí, su familia mantuvo el control del grupo y lideró otras cinco revueltas, hasta el frágil alto el fuego firmado con el Gobierno en 2010.
En 2011, los hutíes se unieron a las protestas populares contra Saleh y obtuvieron ventaja del vacío de poder subsiguiente, expandiendo su control territorial desde Saada a la vecina provincia de Amra. Más tarde participaron en la llamada Conferencia Nacional de Diálogo, tras la que, en febrero de 2014, el presidente Mansur Hadi anunció planes para convertir Yemen en una federación de seis regiones.
El pasado mes de julio, los hutíes infligieron en Amra varias derrotas a grupos tribales y de milicianos apoyados por los islamistas del partido Al Islah. El grupo ganó también en apoyo popular, circunstancia que los hutíes achacan a la frustración generada por el gobierno de transición, dominado aún por políticos ligados al antiguo régimen, incluyendo, aunque indirectamente, al propio Saleh.
A finales de ese mismo mes, el Gobierno canceló el subsidio a los carburantes, como parte de sus reformas económicas. El precio de la gasolina se duplicó. Alentado por sus victorias militares en el norte, el nuevo líder hutí, Abdul Malik al Hutí, exigió en agosto al presidente que recuperase los subsidios, y que formase un nuevo ejecutivo «no corrupto».
Miles de seguidores hutíes, tanto chiíes como sunníes, comenzaron entonces sentadas de protesta y bloqueos en edificios gubernamentales y carreteras de Saná, hasta que, en septiembre, el presidente accedió a sustituir al Gobierno y prometió rebajar los precios de los carburantes. Pero la iniciativa fue rechazada por los hutíes, al considerarla insificiente. Una semana después, las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes hutíes en la capital, causando siete muertos.
El 18 de septiembre, enfrentamientos entre milicianos hutíes y sunníes en Saná dejaron 40 muertos, y el 21 de ese mes los hutíes ocuparon edificios clave en Saná. El entonces primer ministro, Mohammed Basindwa, dimitió, y el Gobierno y los hutíes firmaron un acuerdo, patrocinado esta vez por Naciones Unidas. Hutíes armados, sin embargo, continuaron patrullando las calles de Saná y, el 14 de octubre, los rebeldes capturaron la estratégica ciudad de Hudeida, en el Mar Rojo.
Una semana antes, al menos 47 personas murieron en un atentado suicida, perpetrado en la capital contra un grupo de seguidores de los rebeldes hutíes. El ataque fue reivindicado por Al Qaeda.
El 7 de noviembre los rebeldes rechazaron el nuevo gobierno, y el pasado 20 de enero milicianos hutíes atacaron la residencia de Mansur Hadi y se hicieron con el control del palacio presidencial, dos días antes de que tanto el presidente como el primer ministro presentasen su dimisión.
Los hutíes lo niegan, pero es lo que piensan tanto las autoridades yemeníes como las saudíes, y lo que puede leerse también en muchos análisis publicados estos días.
De hecho, el Gobierno yemení (al que, además de EE UU, apoyan también Arabia Saudí y las monarquías sunníes del Golfo) ha interceptado barcos cargados de armas iraníes cuyo supuesto destino eran los rebeldes hutíes. Los saudíes temen que los hutíes acaben creando un mini Estado títere del Irán chií en el norte de Yemen, junto a su frontera.
Exista o no este apoyo, sin embargo, la reducción del conflicto a un mero enfrentamiento entre chiíes y sunníes, extrapolando las realidades del Líbano o de Irak, supone una gran simplificación, e implica considerar sunníes a todos los rivales de los hutíes, algo que no es cierto.
Lo explican en la revista Middle East Report los profesores Stacey Philbrick Yadav y Sheila Carapico:
Está visión está completamente equivocada. El zaidismo está relacionado con la rama imamí del chiísmo (institucionalizada en Irán), del mismo modo que, por ejemplo, los ortodoxos griegos son una rama del catolicismo. Relacionar ambos credos puede tener sentido, tal vez, en términos esquemáticos, pero en lo relativo a doctrina, prácticas, políticas y hasta festividades religiosas, el zaidismo y el chiísmo imamí son muy distintos.
Por otra parte, históricamente tanto la ciudad de Saná como las zonas del norte han sido territorio zaidí, de modo que la resistencia al avance hutí no ha procedido exclusivamente de «tribus sunníes», como han sugerido muchos periodistas, sino también de los propios hijos de tribus zaidíes que, cuando se unieron al partido neoconservador Al Islah [islamistas en la oposición, relacionados con los Hermanos Musulmanes], adoptaron una ‘identidad sunní’ inspirada por el wahabismo saudí y/o por los Hermanos Musulmanes egipcios. El clan Al Ahmar, cuyos jeques están entre los más importantes de la histórica confederación tribal zaidí Hashid, situada entre Sa’ada y Saná, y que detesta a los hutíes, es zaidí por parentesco y, a la vez, sunní por su conversión nominal tras su afiliación al partido Al Islah.
Por otro lado, el grupo mayoritario en la costa y en las provincias meridionales son los shafíes, quienes son sunníes (del mismo modo que los luteranos o los metodistas son protestantes), pero que rara vez se identifican a sí mismos como tales, a pesar de que históricamente se han distanciado de los regímenes zaidíes en Saná.
Lo cierto es que, en el limitado sentido en que este conflicto es «sectario», también lo es institucional: empezó con la rivalidad existente entre campamentos hutíes y campamentos salafistas financiados por Arabia Saudí, en la ciudad de Dammaj (históricamente zaidí), un relato bastante más interconectado con el poder estatal contemporáneo que con «eternas disputas» entre las dos ramas dominantes del islam.
Aparte del Gobierno, los principales rivales a los que se enfrentan actualmente los hutíes son Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), que considera a la comunidad chií como apóstata y justifica el asesinato de sus miembros, y Ansar al Sharia, una milicia radical sunní presente en el sur y el este del país.
La rama yemení de la Al Qaeda, integrada en AQPA, es una de las más activas en la actualidad, y sus milicianos son objetivo de continuos ataques aéreos por parte de aviones no tripulados (drones) estadounidenses, que cuentan con el respaldo del Gobierno.
Yemen fue siempre una zona fundamental en la estrategia del fallecido Osama bin Laden, cuyo padre nació en este país y se trasladó posteriormente a Arabia Saudí.
La organización se reforzó a partir de los años 90 con el regreso de los muyahidines que combatieron a los soviéticos en Afganistán, y que participaron junto a fuerzas yihadistas, algunas vinculadas al sector más extremista de Al Islah, en la guerra civil contra el Partido Socialista de Yemen (PSY) y los partidos afines.
La guerra entre el Ejército yemení y Al Qaeda comenzó en 2001. Desde entonces se han venido produciendo numerosos enfretamientos entre las tropas gubernamentales y los insurgentes yihadistas, cuya presencia se ha expandido por todo el país, especialmente en la zona del antiguo Yemen del Sur.
Durante la presidencia de Saleh, sus opositores le consideraron culpable de la situación en el sur al no haber tomado medidas suficientes para frenar la entrada de Al Qaeda. Algunos grupos detractores aseguraron incluso que Saleh estaba utilizando la presencia de la organización terrorista como excusa para hacer temer una expansión islamista si su gobierno caía y afianzar así su poder y respaldo internacional.
Tras el derrocamiento de Saleh, los insurgentes utilizaron el caos que surgió para ampliar su presencia en el país. Mansur Hadi inició una reforma en el Ejército y ordenó una nueva ofensiva.
Expulsada de las gobernaciones de Abyan y Shabwah por los ataques aéreos de EE UU y las ofensivas del Ejército, la principal zona de influencia de Al Qaeda se extiende ahora por la gobernación de Hadramaut.
En las ciudades bajo control de Al Qaeda se han declarado pequeños «emiratos islámicos», donde se ha impuesto una interpretación estricta de la sharia, incluyendo numerosas detenciones arbitrarias y ejecuciones. Ello ha provocado masivos desplazamientos entre la población civil, que ha emigrado a zonas más seguras, como las ciudades de Adén y Saná.
La otra organización salafista-yihadista importante que opera en Yemen es Ansar al Sharia, una ‘marca’ afiliada a Al Qaeda que incluye a diferentes grupos radicales de milicianos sunníes presentes en el sur y el este del país.
Se cree que Ansar al Sharia («seguidores, o partidarios, de la ley islámica») fue formada por AQPA como respuesta a un cada vez mayor movimiento opositor al Gobierno de Saleh que no comulgaba, sin embargo, con la estrategia de los grupos fundamentalistas, centrada en derrocar al régimen de forma violenta y en establecer un estado islámico basado en su particular interpretación extremista y literal de la sharia.
A principios de 2011, y aprovechando que las autoridades y el ejército estaban ocupados en la represión de las primeras protestas contra el gobierno de Saleh, Ansar al Sharia tomó el control de la provincia de Abyan, en el sur de Yemen. Durante unos diez meses, hasta junio de 2012, y según un informe de Amnistía Internacional, la zona se convirtió en un auténtico reino del terror.
Con el pretexto de «mantener el orden», y para hacer cumplir sus normas sociales y religiosas, los armados militantes de Ansar al Sharia sometieron a la población a lo que Amnistía calificó como una «horrible» violación de los derechos humanos, y que incluyó desde matanzas, torturas y confesiones forzosas hasta castigos como amputaciones, flagelaciones y crucifixiones para delitos como el espionaje o el robo.
Al Islah, apócope de Congregación Yemení para la Reforma, es el principal partido islamista y opositor del país. Fue fundado en 1990 bajo el liderazgo del jeque Abdulá al Ahmar, y contó en su nacimiento con el apoyo de Saleh, quien potenció un islamismo político para rebajar el peso histórico de los imanes zaidíes en el país. El partido mantiene lazos con los Hermanos Musulmanes egipcios.
Asimismo, Saleh, respaldado por los países del Consejo de Cooperación del Golfo, se aprovechó durante los primeros años de su mandato de este islamismo político para reducir el poder de las formaciones marxistas presentes en el sur, con el PSY a la cabeza.
A pesar de que cuenta en sus filas con simpatizantes opuestos a la causa hutí, Al Islah ha expresado públicamente su oposición a la ofensiva contra los hutíes, argumentando que ello supondría apoyar a un gobierno respaldado por Occidente.
Más información y fuentes:
» Yemen se precipita hacia el caos político (Efe)
» Dimite el presidente de Yemen tras días de combates con los Huthi (El País)
» The Breakdown of the GCC Initiative (Stacey Philbrick Yadav y Sheila Carapic, en Middle East Report)
» Quién es quién en la lucha de poder en Yemen (Europa Press)
» Questions, answers on Yemen as rebels, president strike deal (AP)
» Yemen crisis: Who are the Houthis? (BBC)
» El rompecabezas yemení (Itxaso Domínguez de Olazábal, en Baab Al Shams)
» Yemen chaos puts uncertainty into Obama terror fight – or does it? (Howard LaFranchi, en The Christian Science Monitor)
» Yemen: the bloody road from national dialogue (AFP)
» A Poor People’s Revolution: The Southern Movement Heads Toward Independence from Yemen (Susanne Dahlgre, en Middle East Report)
» Yemen’s Houthis and their «Peaceful Revolution» (Robert Sharp, en International Policy Digest)
» As the Houthis Rise in Yemen, it is Worth Remembering that Zaydi Islam Was Not Historically Radical (Michael Collins, Middle East Institute)
» An old hand is at work in Yemen’s bloody civil war (Robert Fisk, en The Independent)
» Yemen (M’Sur)
El presidente de Yemen, Abd Rabu Mansur Hadi, presentó este jueves su dimisión, apenas media hora después de que dimitiese también su primer ministro, Jalid Bahah. La crisis de Gobierno fue anunciada cuando aún no había pasado ni un día desde… Leer
«La paz perpetua no es un concepto vacío, sino una idea práctica que, mediante soluciones graduales, se va acercando poco a poco hacia su realización final». La frase, del filósofo alemán Immanuel Kant, encabeza, más como un deseo que como una realidad, la sección que la página web Global Security dedica a registrar las guerras activas en el mundo. Se trata de un control que realizan de manera exhaustiva numerosos sitios en Internet (Wars in the World, ConflictMap, Global Conflict Tracker, Armed Conflict Database…). Ninguno de ellos tiene problemas por escasez de contenido.
A pesar de que actualmente no existe ninguna guerra activa declarada de forma oficial entre Estados diferentes, al menos 13 países sufren ahora mismo conflictos armados. Otros muchos padecen desde hace años e incluso décadas situaciones de grave violencia (la causada por el narcotráfico en México, por ejemplo, con decenas de miles de muertos), o realidades bélicas no resueltas aún y calificadas, según el momento, como conflictos de «alta» o «baja» intensidad (la guerra en Colombia, ahora en un frágil proceso de paz).
No obstante, el número de muertos en el mundo como consecuencia directa de las guerras tiende a ser cada vez menor, si nos remontamos lo suficientemente atrás y, especialmente, desde el final de la Guerra Fría. Entre 1950 y 2007 la media fue de 148.000 muertos al año en combates (sin contar las víctimas civiles); entre 2008 y 2012 esta cifra bajó a 28.000. Aún así, en 2013, y según datos del International Institute for Strategic Studies, los conflictos armados causaron en todo el planeta un total de 112.900 muertes (civiles incluidos), alrededor de 3.600 más que el año anterior. Los fallecidos por conflictos armados suponen alrededor del 10% del total de muertes violentas, una categoría que incluye homicidios y suicidios.
Ucrania y Gaza, seguidas de cerca por Irak, están acaparando en las últimas semanas la atención informativa, pero la guerra sigue siendo el día a día de millones de personas en otras partes del mundo cuyo olvido por parte de los medios de comunicación es poco menos que permanente. Son las guerras (Nigeria, República Centroafricana, Congo, Sudán del Sur…) a las que solo nos asomamos en ocasiones extremas, o cuando afectan a ciudadanos o intereses occidentales. Y eso sin contar otras situaciones de violencia estructural y continua que ejercen tantos Estados contra sus ciudadanos, y que no son consideradas técnicamente como «guerras».
Estos son los principales conflictos armados activos en este momento:
» El conflicto. La crisis actual es el desenlace de una tensión que fue en aumento desde que el 30 de junio se confirmó que habían sido asesinados tres jóvenes israelíes secuestrados semanas antes en Cisjordania, y cuya búsqueda dejó a su vez seis palestinos muertos, 118 heridos y 471 detenidos. Sin pruebas concluyentes, el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu acusó del secuestro a Hamás, que negó estar implicada. La situación se agravó cuando dos días después ultranacionalistas judíos se vengaron quemando vivo a un joven palestino en Jerusalén. El hostigamiento de Israel a la estructura de Hamás durante la búsqueda de los estudiantes israelíes acabó traduciéndose en el lanzamiento de cohetes desde Gaza contra territorio israelí, lo que llevó al Gobierno de Netanyahu a desencadenar una nueva ofensiva contra la franja, iniciada el pasado día 7. De fondo, el fracaso de las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes, que Israel dio por concluidas tras el pacto de reconciliación alcanzado por Hamás (gobernante en Gaza y considerada un grupo terrorista por Israel y muchos países occidentales) y Al Fatah (gobernante en Cisjordania y a cargo de la Autoridad Nacional Palestina). Israel, respaldado por EE UU, justifica el ataque en su «derecho a defenderse». Hamás, en su resistencia ante la ocupación y la agresión israelíes.
» Qué está pasado ahora. Después de diez días de intensos bombardeos sobre Gaza y de centenares de cohetes lanzados desde la franja contra Israel (la mayoría sin alcanzar sus blancos o interceptados por el sistema de defensa aérea israelí), Israel inició el jueves una ofensiva terrestre, con el objetivo de destruir los arsenales de cohetes de los milicianos palestinos y los túneles a través de los cuáles realizan éstos incursiones en Israel. Antes, fracasó un intento de alto el fuego propuesto por Egipto. Hamás pone como condiciones el fin del bloqueo (económico y humano) israelí a la franja y la liberación de presos detenidos en cárceles israelíes. Este domingo, Israel accedió a respetar una tregua humanitaria de dos horas al día, tal como había solicitado Hamás, aunque solo en un barrio que ha sido bombardeado por tierra y aire repetidamente, provocando el éxodo de miles de personas, que no saben ya dónde refugiarse.
» Las víctimas. En los 13 días transcurridos desde que se inició la llamada operación Margen Protector han muerto, según cifras oficiales de las autoridades de Gaza, más de 400 palestinos (96 de ellos solo este domingo, la jornada más sangrienta desde el principio de la ofensiva). La mayoría son civiles, y muchos de ellos, niños. Además, desde que comenzó la invasión terrestre, el número de desplazados internos en la franja se ha duplicado, superando ya los 50.000 y desbordando las previsiones de la ONU. En el lado israelí murieron este domingo 13 soldados. Hasta ahora habían fallecido cinco militares y dos civiles israelíes.
Embed from Getty ImagesBombas israelíes sobre Gaza, el 7 de julio. Foto: Said Khatib / AFP / Getty Images
» El conflicto. A mediados de junio, los yihadistas extremistas suníes del EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, por sus siglas en inglés) se hicieron con el control de Mosul, la tercera ciudad más grande de Irak y la más importante de su zona norte, y, en una espectacular ofensiva, empezaron a avanzar hacia Bagdad y los santuarios chiíes de Kerbala y Nayaf, ante la desbandada del ejército regular iraquí. El avance del EIIL, un grupo escindido de Al Qaeda y cuyos métodos son más brutales aún que los de esta organización, provocó la huida de cientos de miles de personas, principalmente hacia el Kurdistán iraquí. La ofensiva se producía después de que los yihadistas se hubieran hecho con buena parte del nordeste de Siria, y con el objetivo de establecer un estado islámico entre los dos países. La violencia sectaria entre suníes y chiíes ha sido una constante en Irak desde la invasión liderada por EE UU que derrocó a Sadam Husein en 2003. El punto máximo se alcanzó durante la guerra civil de 2006-2007, y la tensión volvió a recrudecerse en 2013 debido al resentimiento de la población suní con la mayoría chií (actualmente en el gobierno liderado por Nuri al Maliki), a la que los suníes acusan de practicar una discriminación sistemática. La guerra en Siria también está afectando. Los lazos entre los suníes de Irak y los de Siria son fuertes, y las tribus suníes iraquíes preciben la «opresión chií» como algo general, proveniente tanto del Gobierno iraquí como de la minoría alauí siria (el alauismo, confesión a la que pertenece el presidente sirio, Bashar al Asad, es una rama del islam que comparte prácticas con el chiísmo).
» Qué esta pasando ahora. A finales de junio, y coincidiendo con el inicio del Ramadán, el mes sagrado musulmán, el EIIL, rebautizado como «Estado Islámico», anunció la instauración de un «califato» en el territorio que controla, y por encima de las actuales fronteras. Unos días después, el líder del grupo y autoproclamado «califa», el hasta entonces esquivo Abu Bakr al Bagdadi, realizó su primera aparición pública. Desde entonces, los extremistas han ido imponiendo su interpretación radical de la ley islámica, especialmente en Mosul. Este viernes dieron un ultimátum a los cada vez menos cristianos que quedan en la ciudad, amenazándoles de muerte si no se convierten o pagan un impuesto especial. Miles de cristianos han huido ya hacia la vecina región del Kurdistán iraquí. Y en el resto de Irak, la violencia continúa: este sábado estallaron varios coches bomba en Bagdad, causando la muerte de al menos 26 personas.
» Las víctimas. Desde la invasión de Irak liderada por EE UU en 2003 han muerto en Irak por causas violentas unas 193.000 personas, incluyendo combatientes y civiles. En 2012 hubo casi 4.600 muertos, en 2013 la cifra se disparó hasta los 9.500, y en lo que llevamos de 2014 van ya más de 7.800. El alto comisario de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, informó de que 600.000 iraquíes han sido desplazados a causa de la ofensiva de los militantes suníes. Se suman a otro medio millón de desplazados este año, cuando el grupo yihadista se hizo con el control de varias ciudades en el oeste del país.
» El conflicto. La guerra civil en Siria, que ha entrado ya en su cuarto año, tiene su origen en las protestas contra el régimen del presidente Bashar al Asad que, con el trasfondo de la llamada ‘Primavera árabe’, se iniciaron en marzo de 2011. El Gobierno reprimió con dureza a los manifestantes y lo que había empezado como una protesta pacífica se acabó convirtiendo en una rebelión armada. Los grupos de la oposición, que se han ido formando a lo largo del conflicto, abarcan desde rebeldes de ideología más moderada hasta militantes islámicos extremistas, e incluyen, principalmente, al Ejército Libre Sirio y al Frente Islámico, respectivamente. Operan, también, muchos grupos fuera de control, y en la parte este del país se han ido haciendo fuertes los yihadistas del denominado ahora Estado Islámico. Hasta el momento, y más allá de autorizar la destrucción de armas químicas en Siria, la comunidad internacional no ha intervenido directamente. El régimen de Asad cuenta con el apoyo de Rusia e Irán, mientras que EE UU, Turquía, Arabia Saudí y Catar transfieren armas a los rebeldes. En general, los países occidentales respaldan a la oposición moderada siria.
» Qué está pasando ahora. El 7 de mayo, la ciudad de Homs, uno de los bastiones rebeldes, fue entregada a las tropas gubernamentales bajo una tregua, tras cerca de tres años de brutal asedio gubernamental. El 3 de junio se celebraron elecciones presidenciales en las regiones controladas por el Gobierno. Asad ganó los comicios con el 88,7% de los votos, entre denuncias de fraude y de «farsa» por parte de la oposición. El 14 de junio, las fuerzas gubernamentales se hicieron con el control del pueblo fronterizo de Kasab, recapturando así todos los territorios perdidos previamente en la ofensiva rebelde de Latakia. Por su parte, los rebeldes capturaron Tall al-Gomo, cerca de Nawa, en la Gobernación de Daraa, y volvieron a entrar en la región de Qalamun. Durante su ofensiva en Irak, los yihadistas del EIIL se apoderaron de armas pesadas y equipo del ejercito iraquí, que han empezado a trasladar a Siria. Actualmente, el Gobierno sirio controla entre el 30% y el 40% del territorio del país, y al 60% de la población.
» Las víctimas. La guerra civil en Siria ha dejado hasta el momento más de 150.000 muertos, de los cuales 51.212 son víctimas civiles. El número de refugiados supera ya los tres millones. Ciudades enteras están completamente devastadas y el daño causado al patrimonio histórico y cultural es inmenso. El 40% de la población vive en una situación de crisis. Se han usado armas químicas en repetidas ocasiones, y ambos bandos han sido acusados desde diversas organizaciones y gobiernos de cometer crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos. Se trata del conflicto más brutal de los surgidos a raíz de la ‘Primavera árabe’, y de una de las peores guerras del siglo XXI.
» El conflicto. En Yemen se superponen actualmente cuatro conflictos: el que enfrenta al Gobierno con la guerrilla huthi en el norte del país; las revueltas en la región de Adén, motivadas por el escaso desarrollo del antiguo Yemen del Sur; las protestas cívicas de la ‘Primavera árabe’ (que, tras la firma de un acuerdo, forzaron la salida del presidente Alí Abdullah Saleh, después de 33 años en el poder), y la presencia de los grupos armados yihadistas asociados a Al Qaeda. Uno de estos grupos, Ansar al Sharía tomó a mediados de 2011 el control de una parte del sur del país, y llegó a declarar la instauración de un emirato islámico en la provincia petrolera de Shabua. Restablecida la estabilidad gubernamental en el país tras la crisis provocada por la salida de Saleh, desde febrero de 2012 el nuevo gobierno redobló su ofensiva contra las bases de Al Qaeda, causando centenares de muertos en el sur, a la vez que se produjo un incremento en la actividad terrorista de este grupo. Yemen es, después de Pakistán, el país donde EE UU realiza más ataques con drones (aparatos aéreos teledirigidos, no tripulados).
» Qué está pasando ahora. Esta semana se han recrudecido los enfrentamientos entre rebeldes chiíes y miembros de tribus islamistas del norte del país. Los rebeldes huthi, pertenecientes a una secta chií, han estado combatiendo contra rivales suníes islamistas de una de las tribus más grandes de Yemen (respaldada por una unidad local del ejército), en la provincia de Jouf.
» Las víctimas. Durante los 10 meses de 2011 que duraron las protestas contra Saleh hubo al menos 746 muertos en enfrentamientos entre leales al presidente y fuerzas de seguridad y los opositores. Por otra parte, en las ciudades bajo control de Al Qaeda se ha impuesto un interpretación estricta de la ley islámica, con detenciones arbitrarias y ejecuciones, lo que ha provocado grandes desplazamientos de población civil. Cientos de personas han muerto en atentados terroristas: los más graves: el 21 de mayo de 2012 en la capital, Saná (83 muertos), el 4 de agosto en Abyan (33 muertos), y el 5 de diciembre de 2013 de nuevo en Saná (68 muertos). Los combates en el norte, entre tanto, han dejado más de un centenar de muertos solo en este mes de julio.
» El conflicto. El final del régimen comunista impuesto por la invasión soviética de los años ochenta dejó un país en guerra civil entre las diferentes facciones de muyahidines. Al amparo de Pakistán, surgió entonces el movimiento fundamentalista islámico talibán, que acabó haciéndose con el poder. La negativa talibán a entregar a Osama Bin Laden tras los atentados del 11-S motivó una intervención internacional liderada por EE UU que depuso al régimen integrista. En 2004 Hamid Karzai fue elegido presidente, con el reto de extender el poder del Gobierno más allá de la capital, Kabul, con la ayuda de una fuerza internacional integrada por 48 países. La espiral de violencia, sin embargo, no cesó. El deterioro de la seguridad fue el argumento que esgrimió a finales de 2009 el presidente estadounidense, Barack Obama, para relanzar la implicación internacional en el conflicto afgano. Obama estableció también 2011 como el año del inicio de la retirada de tropas, que antes de 2014 deberían haber completado el repliegue. La progresiva retirada del contingente internacional se vio acompañada de una escalada de violencia del movimiento talibán. El alto nivel de corrupción y la lucha contra el narcotráfico son los otros dos grandes desafíos en un país donde los factores étnicos y de alianzas juegan asimismo un papel fundamental.
» Qué está pasando ahora. El pasado 5 de abril se celebraron elecciones presidenciales, resultando ganador Abdullah Abdullah (exministro de Asuntos Exteriores). Sin embargo, fue necesaria una segunda vuelta frente a Ashraf Ghani, celebrada en junio y cuyos resultados están aún por determinar. En mayo, los talibanes lanzaron una nueva ofensiva contra las fuerzas internacionales, incluyendo un atentado contra el ministerio de Justicia de Jalalabad. El 15 de julio un atentado con coche bomba causó 89 muertos y 80 heridos en el distrito de Orgun.
» Las víctimas. Hasta el pasado 17 de julio, y desde la invasión de 2001, se han registrado 3.460 muertes militares de la coalición en Afganistán. Más de 23.500 soldados de la coalición internacional han resultado heridos. Respecto a la población civil, varias fuentes cifran en aproximadamente 20.000 los muertos por acciones de violencia entre los años 2001 y 2013.Y en cuanto a las fuerzas de seguridad afganas, se han contabilizado 13.729 muertos y otros 16.511 heridos entre finales de 2001 y principios de 2014, incluyendo tanto a miembros del ejercito como de la policía.
» El conflicto. Aparte de la disputa que mantiene por el estado de Cachemira, que actualmente pertenece a la India pero que los paquistaníes reclaman como propio, Pakistán sufre desde hace cerca de una década un conflicto en el noroeste del país, que enfrenta al ejército gubernamental con grupos armados religiosos, movimientos locales y elementos de la delincuencia organizada, apoyados por grupos terroristas y contingentes de muyahidines. El conflicto estalló cuando las tensiones provocadas por la búsqueda de miembros de Al Qaeda por parte del ejército paquistaní derivaron en enfrentamientos con combatientes de la región de Waziristán. Mientras, los lazos con EE UU se debilitaron por una serie de incidentes en 2011, entre los que destaca la muerte de Bin Laden en una operación de comandos de EE UU en el norte del país. Pese a ello, el difícil aliado de Washington en la llamada «guerra contra el terrorismo», un aliado cuyo aparato de seguridad está acusado de seguir ofreciendo apoyo encubierto a facciones talibanes, juega un papel clave en el proceso de paz en Afganistán.
» Qué está pasando ahora. El ejército intenta desde 2005 eliminar a los guerrilleros de las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA, en inglés), en el noroeste de Pakistán, pero ahora concentra la ofensiva en Waziristán del Norte, donde los grupos insurgentes operan libremente desde que huyeron del fronterizo Afganistán tras la ocupación de EE UU en 2001. El 15 de junio comenzó una nueva campaña militar, motivada en parte por un atentado contra el aeropuerto internacional de Karachi, que mató a 18 personas. Por otra parte, el goteo de muertes causadas por drones de Estados Unidos sigue siendo constante, con cientos de blancos alcanzados desde 2004. Este mismo sábado, misiles lanzados desde un drone estadounidense causaron la muerte de ocho militantes talibanes en la frontera con Afganistán.
» Las víctimas. El conflicto en el noroeste de Pakistan ha causado más de dos millones de desplazados internos, la mayoría de los cuales padecían ya situaciones de extrema pobreza. Al menos 500.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en la región de Waziristán del Norte, desde que el ejército inició una ofensiva actual contra de grupos rebeldes. Y en cuanto a los muertos en el conflicto, las cifras incluyen unos 5.000 soldados y 28.000 combatientes entre 2003 y 2014, así como más de 20.000 civiles. Además, cientos de personas (entre 200 y más de 800, según las fuentes) han muerto por ataques de drones estadounidenses.
» El conflicto. Ucrania, el país más poderoso, después de Rusia, surgido de la desintegración de la Unión Soviética, fue escenario desde noviembre del año pasado de protestas ciudadanas por el rechazo de las autoridades a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Tras ser depuesto el presidente Víktor Yanukóvich por la presión popular, y después de tomar el mando un gobierno provisional, tropas rusas entraron en la provincia de Crimea, asegurando defender los intereses de los rusos que residen allí. El 11 de marzo, Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon unilateralmente su independencia de Ucrania y proclamaron la República de Crimea, reconocida solo por Rusia, que promulgó la anexión del territorio. La tensión fue en aumento a partir del pasado mes de abril, con la ocupación por parte de grupos prorrusos de sedes de la administración regional de ciudades del este de Ucrania –incluidas Donetsk, Jarkov y Lugansk–, con la intención (siguiendo el ejemplo crimeo) de anexionarse a Rusia.
» Qué está pasando ahora. Tras el periodo de relativa calma que siguió a la retirada de los insurgentes del norte de Donetsk, el conflicto se ha reavivado desde principios de julio. El día 14 ocurrieron intensos combates en los alrededores de Rozkishnie (Lugansk), el 16 las tropas ucranianas se replegaron a sus posiciones y el día 17 las milicias de la región de Donetsk tomaron la localidad fronteriza de Marinivka. Ese mismo día se estrelló un avión comercial de Malaysia Airlines, con 295 pasajeros a bordo, en la localidad de Grabovo, en la región de Donetsk, una zona que se disputan las tropas gubernamentales y los rebeldes. Según han confirmado los servicios de Inteligencia de EE UU, el avión fue derribado por un misil. Las autoridades ucranianas culparon a las milicias prorrusas, y las autoridades de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk culparon a Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania difundió este domingo en Internet la grabación de una supuesta conversación telefónica entre dos jefes de las milicias prorrusas que, de ser cierta, incriminaría a los separatistas y también a Moscú en la ocultación de pruebas del derribo. El suceso ha reactivado un conflicto que parecía estancado en un punto de no retorno.
» Las víctimas. Según el Ministerio de Sanidad de Ucrania, a fecha del 11 de junio, 225 personas habían muerto desde el inicio de la contraofensiva gubernamental. Entre 15.000 y 20.000 refugiados llegaron a Sviatohirsk provenientes de Sloviansk tras la intensificación del bombardeo en la ciudad por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania a finales de mayo. Según fuentes rusas, 70.000 refugiados han cruzado la frontera hacia Rusia desde el inicio de los combates. La ONU publicó en mayo un informe en el que observaba un «deterioro alarmante» de los derechos humanos en el territorio controlado por insurgentes, con casos de asesinatos selectivos, tortura y secuestros. Rusia condenó el informe, afirmando que ignoraba los abusos cometidos por el gobierno ucraniano.
» El conflicto. La República Centroafricana vive una gravísima crisis desde finales de 2012, cuando cuatro facciones rebeldes musulmanas agrupadas en la formación Séléka se levantaron en armas al considerar que el entonces presidente François Bozizé no había respetado los acuerdos de paz de 2007. Estos acuerdos preveían la integración de combatientes rebeldes en el Ejército centroafricano, la liberación de prisioneros políticos y el pago a los milicianos sublevados que optaran por el desarme. Los países de la región enviaron entonces una fuerza multinacional para defender la capital, Bangui, del avance de los insurgentess, que llegaron a estar a sólo 160 kilómetros de la ciudad. Las negociaciones entre el Gobierno y los líderes de Séléka llevadas a cabo en enero de 2013 finalizaron con la firma de un nuevo acuerdo de paz, pero los rebeldes perpetraron un golpe de Estado en marzo de ese año que depuso a Bozizé y situó al frente del país al líder de Séléka, Michel Djotodia. Djotodia solo se mantuvo en el cargo hasta enero de 2014, fecha en que presentó su dimisión ante la oleada de violencia desatada en el país, que provocó centenares de muertos. Los milicianos de Séléka atacaron sobre todo barrios y aldeas de mayoría cristiana; los grupos de autodefensa, enclaves musulmanes. No obstante, la violencia interconfesional es un fenómeno reciente en el país, donde los diferentes grupos religiosos habían convivido hasta ahora en relativa armonía, a pesar de las históricas quejas de la minoría musulmana del norte, que se ha sentido abandonada por los sucesivos gobiernos cristianos. Ambos grupos están utilizando el discurso religioso con fines políticos, pero resulta difícil obviar los intereses económicos y la corrupción generados en la lucha por el control del tráfico de diamantes y de madera.
» Qué está pasando ahora. El pasado mes de febrero, el secretario general de la ONU pidió al Consejo de Seguridad el despliegue de 3.000 soldados internacionales para reforzar a los 6.000 militares de la Unión Africana y 2.000 franceses que se encuentran ya en el país con el fin de mantener la paz y proteger a los civiles. En junio, medio centenar de personas murieron en la ciudad de Bambari durante un nuevo rebrote de violencia, y en agresiones coordinadas por grupos armados como las milicias cristianas anti-Balaka o los exrebeldes musulmanes Séléka.
» Las víctimas. A finales de 2013, las organizaciones humanitarias sobre el terreno y testigos, que responsabilizaban principalmente a los exrebeldes, denunciaban ejecuciones extrajudiciales, torturas, ataques indiscriminados a civiles, agresiones sexuales a mujeres y niñas, pueblos arrasados, infraestructuras destruidas, viviendas y cosechas incendiadas, hospitales saturados, escuelas saqueadas… La falta de seguridad, además, hacía que ni Naciones Unidas ni las agencias internacionales pudiesen acceder a los lugares más remotos en los que se precisaba ayuda. Aproximadamente un 70% de los niños en edad escolar no podían acudir a clase. Muchos desplazados (hay cerca de un millón en total) han buscado refugio en el campo, en la selva o en misiones religiosas, donde, según ha alertado el Comité Internacional de la Cruz Roja, las condiciones son muy precarias, sin acceso a agua potable o a comida, y sin las necesarias medidas de higiene, por lo que se teme la propagación de enfermedades como la malaria.
» El conflicto. En julio de 2011, poco después de proclamarse la independencia de Sudán del Sur, el líder del Movimiento Popular de Liberación de Sudán, ala política del Ejército Popular de Liberación de Sudán, Salva Kiir, juró como primer presidente de la nueva república. El primer año de independencia estuvo protagonizado de nuevo por los conflictos fronterizos con el gobierno de Sudán, y también por las luchas tribales en el interior del país. Además, en enero de 2012 el conflicto petrolífero entre ambos países provocó que Sudán del Sur parase la producción de petróleo al no alcanzar un acuerdo sobre la tarifa de tránsito del crudo a través de su vecino del norte, de momento la única vía de exportación con la que cuenta. En diciembre de 2013 el régimen de Kiir frustró un intento de golpe de Estado, tras enfrentamientos con militares disidentes que en cuatro días provocaron más de 500 muertos, principalmente en la capital y el estado de Jonglei. Desde entonces se han sucedido los combates, causando miles de fallecidos y situando al país al borde de la guerra civil.
» Qué está pasando ahora. Pese a que a principios de mayo el presidente Kiir y el líder de los rebeldes, Riek Machar, firmaron un acuerdo para el cese de las hostilidades, la situación de violencia continúa. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas advirtió este miércoles de que está dispuesto a considerar «medidas adecuadas» contra las partes en conflicto, en caso de que no pongan fin a la violencia y negocien un Gobierno de transición. Tanto la ONU como la UE ya han impuesto sanciones a los líderes militares de ambos bandos. El Consejo de Seguridad se ha mostrado «alarmado» por informaciones según las cuales las dos partes están reclutando milicianos y haciéndose con armas, lo que viola los acuerdos de paz.
» Las víctimas. Se calcula que en 2011 alrededor de 1.000 personas murieron en los enfrentamientos entre las comunidades Murle y Lou Nuer. En cuanto al conflicto fronterizo con Jartum, el número de desplazados asciende ya a 150.000, según cifras de ACNUR de junio de 2012. Los campos de refugiados sursudaneses, que carecen de recursos para alimentar y trasladar a los desplazados lejos de las zonas fronterizas de conflicto, están saturados. Según datos facilitados por Oxfam, desde que se iniciaron los combates entre las tropas gubernamentales y las fuerzas rebeldes el pasado año, más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y se encuentran desplazadas dentro del país, y más de 350.000 han huido a países vecinos. Muchas han tenido que atravesar el río Nilo para llegar hasta Uganda, dejando atrás todas sus posesiones y poniendo en peligro sus vidas.A mediados del pasado mes de mayo se confirmó un brote de cólera que hizo saltar las alarmas ante una posible emergencia sanitaria, que se sumaría a la creciente y dramática crisis alimentaria. Tan sólo el 15% de la población tiene acceso a letrinas sanitarias seguras e higiénicas, y el 30% no tiene acceso a agua limpia.
» El conflicto. La inestabilidad de Mali, un país con estratégicos yacimientos de uranio, se hizo cada vez más patente a partir de 2007, cuando Amadou Tounami Touré revalidó su liderazgo en las elecciones presidenciales. Al tiempo que grupos rebeldes hostigaban a la población y se producían secuestros, e incluso asesinatos, de occidentales, el Movimiento Nacional por la Liberación de Azawad (MNLA), una escisión de la antigua guerrilla tuareg, se levantó en armas para reivindicar la autodeterminación del norte del país. Las autoridades de Bamako acusaban al MNLA de estar apoyado por Al Qaeda en Magreb Islámico (AQMI), por el grupo islamista radical Ansar al Din, por excombatientes de las fuerzas del difunto coronel libio Muamar al Gadafi y por traficantes. De hecho, el estallido de la revolución tuareg, de la que, en parte, se ‘apropiaron’ los islamistas, se produjo al abrigo de la guerra en Libia, y de las armas y mercenarios que salieron de este país. En marzo de 2012, decenas de militares se sublevaron, y el amotinamiento acabó convirtiéndose en un golpe de Estado. El 1 de abril, el presidente dimitió, como parte del acuerdo alcanzado con la Junta militar para volver al orden constitucional, pero en enero de 2013 la crisis se agravó ante el avance de los grupos radicales islámicos, lo que provocó la intervención militar de Francia. En junio de 2013 el Gobierno y los rebeldes firmaron un primer alto el fuego, y en agosto Ibrahim Bubakar Keita ganó las elecciones presidenciales. Los enfrentamientos y los atentados, sin embargo, continúan.
» Qué está pasando ahora. Tras el nuevo alto el fuego alcanzado en mayo, este miércoles comenzaron en Argelia las conversaciones de paz entre el Gobierno y los rebeldes tuareg. En vísperas de la negociación, ambos bandos intercambiaron prisioneros. Un total de 45 soldados malienses fueron recibidos por el primer ministro Moussa Mara en el aeropuerto de Bamako, y dos autobuses llegaron al aeropuerto desde el centro de la ciudad con 41 tuaregs que habían estado detenidos en la capital.
» Las víctimas. Más de un millar de soldados y combatientes han muerto en los diferentes conflictos entre Gobierno, tropas extranjeras, grupos tuareg y grupos islamistas. En mayo de 2012, Amnistía Internacional publicó un informe en el que aseguraba que Mali estaba sufriendo la peor situación desde 1960 en lo que respecta a los derechos humanos, a la vez que denunciaba los abusos cometidos por los fundamentalistas islámicos en las zonas que controlaban, y la utilización de niños soldado. Human Rights Watch denunció asimismo violaciones de los derechos humanos y asesinatos de civiles por parte del ejército gubernamental. Y en abril del año pasado, Médicos sin Fronteras informó de que unos 70.000 refugiados malienses continuaban en condiciones precarias en el desierto de Mauritania, con escasas esperanzas de regresar a su país de origen por las tensiones étnicas en el norte de Mali. Por otra parte, grupos islamistas dañaron o destruyeron importantes monumentos históricos durante el conflicto, especialmente en Timbuktu.
» El conflicto. Somalia vive sin un Gobierno estable central desde que en 1991 fue derrocado el dictador Mohamed Barre (el Ejecutivo actual tiene carácter transitorio), y en medio de luchas entre los clanes, liderados por los «señores de la guerra» que se han disputado el control de las regiones desde entonces. Aunque a comienzos de los noventa el país fue escenario de una guerra civil, con el tiempo los distintos dominios se consolidaron, si bien los enfrentamientos entre clanes por disputas territoriales continuaron. En 2006 se creó una alianza entre varios «señores de la guerra», con el fin de contrarrestar el creciente poder de las «cortes islámicas». Los «señores de la guerra» acusaban a las «cortes islámicas» de estar apoyadas por Al Qaeda. Los combates entre ambas partes se saldaron, en menos de tres meses, con más de 350 muertos. Frente al apoyo militar que Etiopía dio al presidente Yusuf Ahmed, Eritrea envió armas a las «cortes islámicas». Los combates entre milicianos islamistas y fuerzas gubernamentales y etíopes no cesaron, a pesar de los diversos anuncios de alto el fuego y de las efímeras treguas, y causaron miles de muertos. La violencia alcanzó en 2009 a tres ministros, que murieron junto a otras 12 personas en un atentado en Mogadiscio.
» Qué está pasando ahora. En 2004 diferentes facciones llegaron a un acuerdo para conformar un Gobierno de transición y unificar el país, y en 2012 se aprobó una nueva Constitución provisional. Pero, a pesar de los avances políticos logrados en los últimos años, Somalia sigue inmersa en el conflicto armado. El Palacio Presidencial de Mogadiscio, sede del Gobierno transitorio, sufrió a principios de julio un fuerte ataque (8 muertos), el segundo en este año, que fue reivindicado por la milicia islamista Al Shabab. Este grupo, que anunció en febrero de 2012 su unión formal a Al Qaeda, lucha para instaurar un estado islámico de tipo wahabí en Somalia, y comete asimismo numerosos actos terroristas en Kenia.
» Las víctimas. Desde 1991, el conflicto somalí ha causado más de 400.000 muertos (3.150 en 2013). En 2012, la Agencia para los Refugiados de la ONU informó de que más de un millón de somalíes habían huido ya hacia los países vecinos, y de que la mayoría citaban la inseguridad y la escasez alimentaria como principales motivos de su huida. Además, más de 1,3 millones de somalíes se encontraban desplazados internamente en el país. En total, un tercio de la población de Somalia, estimada en 7,5 millones de personas, se encuentra desplazada forzosamente.
» El conflicto. La permanencia en las provincias fronterizas congoleñas de las milicias hutus de Ruanda, huidas de su país tras perpetrar el genocidio de los tutsis en 1994, ha constituido el principal factor de desestabilización en la historia más reciente de la República Democrática del Congo (RDC). La presencia de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR, hutus) motivó que Ruanda (gobernada desde entonces por tutsis) invadiera dos veces la RDC, en 1996 y 1998, desencadenando sendas guerras. Por su parte, la minoría tutsi congoleña alega vivir bajo la amenaza de un nuevo genocidio de la mano de las milicias hutus ruandesas. Para defenderlos, el general disidente congolés Laurent Nkunda, de etnia tutsi, se hizo con una fuerza de 3.000 hombres, supuestamente apoyados por Ruanda, y, a finales de 2007, se plantó a las puertas de Goma. Solo la intervención de la Misión de la ONU les impidió tomar la ciudad (Naciones Unidas tiene casi 17.000 cascos azules en la RDC, su mayor despliegue en el mundo). Apenas seis años después del fin de una cruel guerra civil en la que habían muerto más de cinco millones de personas, el país volvía a estar sacudido por la violencia. Aunque el Gobierno firmó en enero de 2008 un acuerdo de cese de las hostilidades, los enfrentamientos entre el Ejército y las milicias de Nkunda se reanudaron en octubre de ese año. Nkunda, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad, fue finalmente arrestado en Ruanda en enero de 2009. La parte oriental de la RDC es una zona muy rica en diamantes, oro y otros recursos naturales, como el coltán, que han sido, al mismo tiempo, parte importante en el origen de la guerra y fuente de financiación para los combatientes.
» Qué está pasando ahora. El fin de décadas de conflicto armado en el este de la República Democrática del Congo parece estar más cerca, después de los logros políticos y militares conseguidos en 2013, incluyendo el aumento de la cooperación regional y la disolución del grupo militar rebelde Movimiento 23 de Marzo, que opera fundamentalmente en la provincia de Kivu del Norte.
» Las víctimas. Más de 2,7 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en el país, muchas de ellas de varios sitios en pocos meses, y más de 398.000 viven en 31 campos de desplazados y dependen exclusivamente de la ayuda humanitaria. Según explica la ONG Oxfam, las comunidades de Kivu del Norte y Sur aún se enfrentan a asesinatos, violaciones, secuestros, torturas y extorsiones económicas a manos de muchos grupos armados que todavía controlan gran parte de la región. Las fuerzas de seguridad del Gobierno también han llevado a cabo abusos contra la población civil. Las familias viven destrozadas por la continua tensión de vivir bajo la violencia y la explotación, con niños que no pueden asistir a la escuela, una escasez de alimentos generalizada y la consiguiente desnutrición, una atención sanitaria inadecuada y la falta de instalaciones de agua potable y saneamiento.
» El conflicto. Desde octubre de 2010 Nigeria es escenario de una serie de brutales atentados, en su mayoría perpetrados por el grupo radical islamista Boko Haram. Boko Haram, cuyo nombre significa «La educación no islámica es pecado», es una secta que lucha por imponer la ley islámica en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y cristiana en el sur. La secta inició su campaña violenta en 2009 cuando su fundador, Mohamed Yusuf, murió en un intento de fuga mientras se encontraba bajo custodia policial. Boko Haram fue el grupo responsable del atentado del 26 de agosto de 2011 contra la sede de la ONU en Abuya ( 24 muertos), y del perpetrado el 25 diciembre de ese mismo año, cuando murieron al menos 44 personas en cinco ataques contra templos cristianos en los que se celebraban los servicios religiosos de Navidad. Los últimos incidentes protagonizados por el grupo datan del pasado 15 de abril, cuando cerca de 200 niñas fueron secuestradas en una escuela-residencia en Chibok, al noroeste, horas después de que en Abuya, murieran otras 75 personas por un atentado con bomba en una estación de autobuses. Un total de 44 de las escolares secuestradas lograron escapar, y el 5 de mayo el líder del grupo, Abubakar Shekau, reivindicó en un vídeo la autoría del secuestro. Por otra parte, Nigeria sufre asimismo el llamado Conflicto del Delta del Niger, que surgió por las tensiones entre las empresas petróleras internacionales y los pueblos locales en la década de los noventa, especialmente con los pueblos ogoni y ijaw. La competencia por la riqueza petrolera ha alimentado la violencia entre los innumerables grupos étnicos, lo que ha llevado a la militarización completa del área, a la formación de milicias tribales y al aumento de efectivos de las fuerzas armadas y la policía nigerianas.
» Qué está pasando ahora. La semana pasada, al menos 45 personas murieron en un ataque de Boko Haram a la población de Damboa, en el norte de Nigeria. Los terroristas asediaron la población durante la noche, disparando contra sus habitantes y lanzando explosivos a sus viviendas. Según testigos citados por Efe, las calles quedaron «sembradas de cadáveres».
» Las víctimas. El pasado mes de marzo, un informe de Amnistía Internacional denunciaba que el incremento de los ataques de Boko Haram, así como las represalias incontroladas de las fuerzas de seguridad, habían provocado la muerte de al menos 1.500 personas al noreste Nigeria (más de la mitad, civiles) en los tres primeros meses del año. Según diversas fuentes, el grupo islamista ha matado ya a más de 3.000 personas desde que inició su campaña violenta. En el Conflicto del Delta del Níger han muerto desde 2004 entre 4.000 y 5.000 personas.
Con documentación de 20minutos.es, Efe, Reuters, Wikipedia, Oxfam, International Institute for Strategic Studies, Iraq Body Count, The New York Times, El Mundo, El País, RTVE, BBC, entre otras fuentes.
Publicado originalmente en 20minutos
«La paz perpetua no es un concepto vacío, sino una idea práctica que, mediante soluciones graduales, se va acercando poco a poco hacia su realización final». La frase, del filósofo alemán Immanuel Kant, encabeza, más como un deseo que como una realidad, la sección que la página web Global Security dedica a registrar las guerras activas en el mundo. Se trata de un control que realizan de manera exhaustiva numerosos sitios en […]
Supuestos militantes de Al Qaeda conducen por las calles de Shabwa, en el sur de Yemen, el 3 de abril de 2012. Foto: AFP / Getty Images
A principios de 2011, y aprovechando que las autoridades y el ejército estaban ocupados en la brutal represión de las primeras protestas contra el gobierno de Ali Abdullah Saleh, un grupo fundamentalista islámico afiliado a Al Qaeda en la Península Arábiga, Ansar al Sharia, tomó el control de la provincia de Abyan, en el sur de Yemen. Durante unos diez meses, hasta junio de 2012, y según un informe recién publicado por Amnistía Internacional, la zona se convirtió en un auténtico reino del terror.
Con el pretexto de «mantener el orden», y para hacer cumplir sus normas sociales y religiosas, los armados militantes de Ansar al Sharia sometieron a la población a lo que Amnistía califica como una «horrible» violación de los derechos humanos, que incluyó desde matanzas, torturas y confesiones forzosas hasta castigos como amputaciones, flagelaciones y crucifixiones para delitos como el espionaje o el robo.
El informe, de 57 páginas y titulado Conflicto en Yemen: La hora más oscura de Abyan, es el resultado de una investigación llevada a cabo por una delegación de Amnistía Internacional, que visitó esta gobernación en los pasados meses de junio y julio, y entrevistó a residentes, activistas, periodistas, testigos, víctimas y familiares de víctimas. Un joven de la localidad de Ja’ar cuenta su caso:
Me acusaron de robar. Me golpearon repetidamente. Me torturaron con descargas eléctricas… Vertieron agua en mi pecho y me pusieron un alambre alrededor de la mano… Cinco días después, me dieron una inyección y me dormí. Cuando desperté, mi mano ya no estaba allí.
Otro hombre, Saleh Ahmed Saleh al Jamli, fue declarado culpable de colocar en dos vehículos de comandantes de Ansar al Sharia dispositivos electrónicos que permitieron a aviones no tripulados de EE UU (drones) asesinar a líderes del grupo fundamentalista. Condenado por un «tribunal religioso», Saleh al Jamli fue ejecutado en público, y su cuerpo crucificado permaneció en una calle principal durante varios días.
Tras tomar el control en el sur de Yemen, Ansar al Sharia dividió la zona en «emiratos» y estableció comités de gobierno, cuyos castigos fueron documentados en vídeos. Amnistía logró recuperar algunas de estas imágenes y las presenta en un vídeo que acompaña al informe. En una de las escenas más duras, varias personas pasean la cabeza de una mujer decapitada tras haber sido acusada de brujería.
El informe destaca asimismo la presión y persecución que sufrieron mujeres y niñas, con la imposición de severos códigos de vestimenta y una estricta separación por sexos en escuelas y lugares de trabajo. Según explicó una maestra, Ansar al Sharia colocó a un miembro femenino de la organización en todos los colegios para supervisar que se cumplían las reglas.
Las acusaciones de Amnistía Internacional se dirigen asimismo al Gobierno yemení. Según la organización, decenas de civiles no involucrados en el conflicto, incluidos niños, murieron o resultaron heridos como consecuencia de los «devastadores» ataques aéreos y de artillería y mortero llevados a cabo por las fuerzas gubernamentales, y que afectaron a barrios residenciales. «Creemos que ocurrieron abusos horrendos a los derechos humanos y violaciones de la ley humanitaria internacional por ambas partes», indica la autora del informe, Celina Nasser.
Nada más caer Abyan bajo el control de Ansar al Sharia, el ejército yemení lanzó varios ataques, que culminaron en una gran ofensiva el pasado 12 de mayo. Para finales de junio las tropas gubernamentales habían conseguido expulsar al grupo fundamentalista de Abyan y sus alrededores. La combinación letal de combates y abusos a los derechos humanos se tradujo en alrededor de 250.000 desplazados.
Philip Luther, director de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, indicó que «la tragedia de Abyan va a marcar a Yemen durante décadas, a menos que los responsables sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban compensaciones».
Ansar al Sharia («seguidores, o partidarios, de la ley islámica») fue formada por la facción de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) como respuesta a un cada vez mayor movimiento opositor al Gobierno que no comulgaba, sin embargo, con la estrategia de los grupos fundamentalistas, centrada en derrocar al régimen de forma violenta y en establecer un estado islámico basado en su particular interpretación extremista y literal de la sharia.
Según informó la BBC, el pasado mes de abril webs ‘jihadistas’ publicaron una entrevista con el líder religioso de AQPA, Adel al Abbab, en la que éste afirmaba que el objetivo de Ansar al Sharia era atraer gente a la causa de la ley islámica en áreas controladas por la propia AQPA o por sus grupos aliados. Ansar al Sharia asegura que proporcionaba servicios públicos a los habitantes de las zonas que controlaba, y que les ayudaba a solucionar sus «problemas diarios».
El grupo mantiene que reproduce el modelo de ley islámica desarrollado por los talibanes en Afganistán, y que la razón de su «éxito» entre los locales y miembros de tribus de algunas zonas reside en que su estrategia se basa en «la acción popular», en lugar de en el control por parte de una «élite». Muchos de sus militantes han experimentado la vida en un «estado islámico», bien en el Afganistán de mediados de los años noventa, bien entre los grupos ‘jihadistas’ que surgieron en Irak tras la invasión estadounidense de 2003.
Más información y fuentes:
» El conflicto de Abyan, una catástrofe para los derechos humanos (Amnistía Internacional)
» Perfil de Ansar al Sharia (BBC)
A principios de 2011, y aprovechando que las autoridades y el ejército estaban ocupados en la brutal represión de las primeras protestas contra el gobierno de Ali Abdullah Saleh, un grupo fundamentalista islámico afiliado a Al Qaeda en la Península Arábiga, Ansar al Sharia, tomó el control de la provincia de Abyan, en el sur de Yemen. Durante unos diez meses, hasta junio de 2012, y según un informe recién publicado por Amnistía Internacional, la zona se convirtió en un auténtico reino del terror. […]
Marc Lynch, en Foreign Policy (19/9/2911):
El largo periodo de estancamiento en Yemen dio ayer un giro sangriento, tan horrible como totalmente predecible. Las fuerzas del régimen abrieron fuego contra los tenaces y pacíficos manifestantes en la Plaza del Cambio, en Saná, matando a decenas de ellos e inundando los hospitales de heridos. Internet se llenó de vídeos espantosos que parecían proceder de Libia o Siria. La crisis de violencia que muchos hemos estado avisando que sucedería si dejábamos de lado este país, […] ha llegado ya. La masacre de Saná debería ser una señal muy clara de que el actual ‘status quo’ en Yemen no es estable ni sostenible, y de que el fracaso en encontrar una solución política asegura el derramamiento de sangre y una escalada de la crisis humanitaria. Ahora es el momento de presionar para que se produzca una transición política inmediata, una que no puede incluir la inmunidad para los hombres de Saleh. […]
Marc Lynch, en Foreign Policy
