El rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Jalifa. Foto: Cherie Cullen / Dept. Defensa EE UU / Wikimedia Commons
El Ministerio del Interior de Bahréin anunció este miércoles la detención de cuatro personas por «difamar a personajes públicos en las redes sociales». En una escueta nota de prensa, el Ministerio indica que «los detenidos han confesado su crimen» y que «se busca a un quinto sospechoso». También explica que las detenciones se llevaron a cabo gracias al reciente control impuesto a las redes sociales «para evitar el mal uso de estas plataformas». La nota agrega que «la libertad de expresión está garantizada por la Constitución y por las leyes», pero deja claro que «esta libertad no significa que se pueda difamar a otros». Concluye destacando «la importancia de usar las redes sociales de una forma ética y responsable».
Los detalles los conocemos gracias a una información de la agencia Reuters, que cita a la agencia estatal de noticias, BNA: Los detenidos son cuatro jóvenes de unos veinte años, y el «personaje público» es, sorpresa, el rey. Según el fiscal, los jóvenes están acusados, concretamente, de «insultar a su majestad el Rey en sus cuentas personales de Twitter». Mohamed al Maskati, responsable de la Sociedad Juvenil de Bahréin para los Derechos Humanos, informó de que los cuatro fueron arrestados el miércoles por la mañana después de que las fuerzas de seguridad confiscaran sus ordenadores y otros dispositivos electrónicos.
Reuters recuerda que en Bahréin está prohibido criticar al rey Hamad o a cualquier otro miembro de la gobernante familia Al Jalifa. La fiscalía indicó que los acusados se enfrentarán a «un juicio urgente ante el tribunal penal».
El efecto inmediato de semejante despropósito ha sido, obviamente, más críticas al rey, tanto en Twitter (ver, por ejemplo, la etiqueta #KingsTornPics) como en otros medios. El miércoles por la noche, un grupo de jóvenes se reunió para romper fotos del monarca y luego subieron el vídeo a YouTube:
Se trata, como señala en su blog el periodista de The Guardian Brian Whitaker, del conocido «Efecto Streisand», que la Wikipedia define como «un fenómeno de Internet en el que un intento de censura u ocultamiento de cierta información fracasa o es incluso contraproducente para el censor, ya que ésta acaba siendo ampliamente divulgada, recibiendo mayor publicidad de la que habría tenido si no se la hubiese pretendido acallar». El origen del nombre se remonta a 2004, cuando la cantante Barbra Streisand interpuso una demanda para que una web retirase una foto de su casa. Hasta entonces la foto no la había visto casi nadie. Después de la demanda, más de 420.000 personas visitaron en apenas un mes la web denunciada.
Whitaker escribe:
El régimen de Bahréin (y otros como él) tiene que entender que las redes sociales han dado a la gente una voz que no había tenido hasta ahora. El viejo orden se está desmoronando en todo Oriente Medio y los árabes, cada vez más, están exigiendo responsabilidades a sus gobernantes. Puede que a los gobernantes no les guste esto, pero mejor que se vayan acostumbrando.
El problema es que, si bien es cierto que tratar de amordazar las redes sociales es como intentar ponerle puertas al campo, eso no significa que el Estado, y, concretamente, el rey, no tengan aún una gran capacidad represora. El mes pasado, Zainab al Jawaya, hija de un activista bahreiní en prisión, fue condenada a dos meses de cárcel por dañar propiedad pública en una comisaría, incluyendo la imagen del rey. Según el abogado de Jawaya, la sentencia se debió a haber roto la fotografía del monarca. Y en julio, el destacado activista Nabeel Rayab fue condenado a tres meses de prisión por un tuit contra el primer ministro -miembro de la familia gobernante-, que según el tribunal había insultado a los bahreiníes. Posteriormente fue absuelto en una apelación, pero su caso dañó más aún la imagen del régimen.
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Una pintada en Barbar, Bahréin, pidiendo el boicot al GP de F1, junto a una caricatura del rey Hamad bin Isa Al Jalifah. Foto: Mohamed CJ / Wikimedia Commons
El príncipe Salman bin Hamad Al Jalifa, hijo del rey Hamad y heredero al trono de Bahréin, debe de estar frotándose las manos de gusto. Cuando este domingo las televisiones retransmitan en directo el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará finalmente en el emirato, el mundo podrá contemplar al fin la imagen del verdadero Bahréin: un país moderno y seguro, en la vanguardia del deporte internacional, capaz de organizar un acontecimiento multimillonario, y lejos del alboroto causado por un puñado de manifestantes.
Es probable que el hecho de que el príncipe sea, además, el dueño de los derechos de la carrera contribuya también a su satisfacción. No será el único, en todo caso, que se beneficie de los ingresos generados por la prueba. Para los líderes suníes de Bahréin, el evento es un auténtico salvavidas económico. El GP es la competeción deportiva más importante del país, y, según informa la agencia AFP, atrae una audiencia de televisión de unas 100 millones de personas en 187 países. En 2010 aportó 500 millones de dólares a la economía y 100.000 visitantes.
Una pena que el gobierno al que Bernie Ecclestone, el jefe de la F1, ha decidido lanzarle el salvavidas sea también el responsable del cerca de medio centenar de muertes ocurridas durante las protestas que desde hace más de un año protagoniza la mayoría chií del país, en demanda de cosas tan irrelevantes como un mayor respeto a los derechos humanos, o como la instauración de una monarquía parlamentaria, con una Constitución que permita al pueblo elegir un gobierno y un parlamento independientes.
Una pena que ese mismo gobierno tenga encarcelados a al menos 14 activistas como presos políticos, incluyendo a Abdulhadi Al-Jawaja, condenado a cadena perpetua por un tribunal militar, torturado (según Amnistía Internacional), y que lleva dos meses en huelga de hambre. Una pena que el príncipe Salman bin Hamad Al Jalifa sea también el comandante de las fuerzas armadas del país, principales artífices de la represión.
El año pasado no tuvieron tanta suerte, y la organización del Mundial de Fórmula 1 suspendió la carrera por motivos de seguridad. Este año, sin embargo, Ecclestone ha declarado que Bahréin es seguro, así que no hay problema. El espectáculo debe continuar. De hecho, Ecclestone ha dicho que los 12 equipos participantes en el Gran Premio le han asegurado que están «contentos» por viajar a la isla, a pesar de los enfrentamientos que se producen casi a diario entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.
La Coalición de la Juventud de la Revolución del 14 de Febrero (fecha en que comenzaron las protestas, en 2011), y otros grupos defensores de los derechos humanos no están, sin embargo, tan felices, y han anunciado que las manifestaciones continuarán durante el fin de semana. Mantienen que la carrera debe ser anulada o, al menos, postpuesta hasta que el gobierno ponga fin a sus abusos, implante reformas y comience un diálogo con la oposición. «El régimen fue aislado debido a los crímenes que cometió, y el Gran Premio de Bahréin le está dando ahora una salida, especialmente a la familia real», dijo Nabeel Rajab, presidente del Centro para los Derechos Humanos en Bahréin, en declaraciones recogidas por AFP. «Este régimen tiene que ser castigado por los crímenes que ha cometido en el último año y medio», añadió.
Aministía Internacional tampoco se ha mordido la lengua. En un comunicado hecho público este jueves, donde denuncia la situación de los activistas detenidos, señala:
El 14 de febrero de 2011 la sociedad civil de Bahréin salió a la calle para exigir más derechos. En los meses posteriores, el país se vio sumido en una crisis de derechos humanos que aún hoy persiste: uso desproporcionado de la fuerza, detenciones masivas, torturas, decenas de personas muertas y cientos de heridos son parte del día a día en el país. Sin embargo, estos días el mundo contempla un Bahréin moderno que organiza carreras de Fórmula 1, ajeno a las constantes violaciones a los derechos humanos.
No hay mejor manera de mostrar al mundo las cualidades de Bahréin que el respeto de las libertades.
La versión de la organización del evento es, obviamente, muy distinta. Los organizadores acusan a «grupos extremistas» de utilizar «tácticas de miedo» para poner en duda la seguridad de la carrera, y mantienen que el Gran Premio no solo no va a provocar más división, sino que logrará unir al país. «Esta carrera es más que un simple evento deportivo mundial, y no debe mezclarse con la política para lograr ciertas metas, lo que puede ser perjudicial para esta reunión internacional», dijo el príncipe el martes, mientras recorría el circuito. Sin duda. Mezclar la política con el dinero no es aconsejable. A fin de cuentas, su familia lleva gobernando el país desde 1783… ¿Quién va a saber mejor lo que es bueno para su pueblo?
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Manifestación en Manama contra la intervención en Bahréin de las tropas del Consejo de Cooperación del Golfo lideradas por Arabia Saudí, el 15 de marzo de 2011. Foto: Bahrain in pictures / Wikimedia Commons
Varias informaciones publicadas estos días sobre Bahréin destacan la creciente presión que está ejerciendo el régimen del rey Al Jalifa sobre los periodistas extranjeros, en un intento de limpiar la imagen del país, y de silenciar la represión de las protestas ciudadanas.
Bahréin, que debía haber albergado el pasado mes de marzo el primer Gran Premio del Mundial de Automovilismo de la temporada, se quedó fuera del calendario debido a la inestabilidad política y al estallido de las revueltas populares.
Ahora, la FIA le acaba de dar otra oportunidad al anunciar que decidirá en el plazo de un mes si vuelve a incluir al país del Golfo entre los organizadores de la competición, y el régimen no está dispuesto a que unas cuantas noticias sobre violaciones de derechos humanos le acaben aguando la fiesta.
La cadena de televisión catarí Al Jazeera, por ejemplo, señalaba este jueves, en su canal en inglés, que «los medios internacionales no son bienvenidos en Bahréin», y que «cada vez es más difícil informar sobre la represión generalizada». Una buena prueba la ofrece la periodista española Mónica G. Prieto, quien relata en El Mundo su propia experiencia:
Aterricé en el aeropuerto de Bahréin sobre las 20.30 horas del lunes, tras un corto periplo de Beirut a Kuwait motivado porque Bahréin ha suspendido vuelos directos con el Líbano por diferencias sectarias. Los visados profesionales del pasaporte llamaron enseguida la atención del agente de fronteras, que pasó mi documentación a un oficial de Inmigración quien, tras un corto interrogatorio, se los entregó a su vez a un agente de Seguridad.
Su tono era amenazante. «¿A qué ha venido? ¿Pretende cubrir los eventos?», preguntaba. A su entrevista le seguirían otras dos con sendos agentes de la Seguridad: tras casi tres horas de espera y muchas preguntas, el que parecía ser el responsable se pronunció. «No insista: de ninguna forma va a entrar en el país». Los oficiales de Inmigración fueron más gráficos. «Lo sentimos, no podemos hacer nada. Usted es considerada un problema para la Seguridad. Debe marcharse inmediatamente de Bahréin».
Horas después, se anunciaba la expulsión del corresponsal de la agencia Reuters, Frederik Ritcher, a quien se acusa de parcialidad en sus informaciones.
Sin embargo, a pesar de la mordaza impuesta por el régimen, la información acaba encontrando caminos para salir. Al Jazeera aseguró este jueves tener «pruebas» de que las fuerzas de seguridad «han torturado» a personal médico para obligarle a realizar confesiones. Según la cadena, desde que comenzaron las protestas a favor de la democracia en febrero, un total de 47 trabajadores sanitarios -24 médicos y 24 enfermeros-, han sido acusados, mientras que otros 150 están siendo investigados por el Gobierno.
La cadena, que afirma que trató de hablar sobre estas denuncias con las autoridades de Bahréin sin éxito, señala que los trabajadores sanitarios se enfrentan a un juicio por cargos que incluyen la incitación al odio contra el Gobierno de la isla. Poco después de emitirse el reportaje, sin embargo, las autoridades anunciaron la liberación de parte de los detenidos a la espera del juicio.
Se trata del segundo reportaje de denuncia contra el gobierno de Bahréin que emite en menos de 24 horas Al Jazeera, una cadena que, hace algunas semanas, recibió críticas por la «escasa cobertura» que estaba realizando de los acontecimientos en este país, en comparación con la que llevó a cabo anteriormente en Túnez o Egipto.
En el primero, Al Jazeera denunciaba que la Policía había golpeado y violado a niñas de entre 12 y 16 años de edad en al menos 15 colegios femeninos del país, una información que las autoridades de Bahréin calificaron de «infundada» y de «invención descarada y maliciosa».
El reportaje incluye una entrevista a una joven de 16 años de edad, que asegura que ella y otras tres compañeras fueron detenidas por la Policía y sometidas a palizas durante los tres días en que permanecieron recluidas. Una organización bahreiní de Derechos Humanos ha asegurado que al menos 70 profesores han sido detenidos, según informa Europa Press.
El estado de emergencia decretado en Bahréin a principios del mes de marzo está siendo utilizado por el régimen, según denuncian las organizaciones de derechos humanos, para justificar detenciones indiscriminadas (hay más de 800 arrestados), «juicios» rápidos contra supuestos traidores y un clima de represión que incluye toque de queda durante toda la noche. Además, se mantiene la ocupación militar de las tropas del Consejo de Cooperación del Golfo lideradas por Arabia Saudí y, según indicó esta misma semana el jefe de las fuerzas armadas bahreiníes, los soldados extranjeros permanecerán en el país incluso tras el levantamiento del estado de emergencia, que está previsto, en principio, para el mes de junio (la misma fecha en que la FIA hará pública su decisión sobre el Gran Premio de Fórmula 1).
La presión, además, no sólo la ejerce el Gobierno directamente. La agencia AP informó este miércoles de que la compañía petrolera del país, Bahrain Petroleum (controlada por el Estado), ha despedido a unos 300 trabajadores por haber tomado parte en las protestas.
Como continúa escribiendo Mónica G. Prieto:
A los bahreiníes les han robado su revolución. O mejor dicho, se la estamos robando entre todos. Aprovecharon el tirón popular de Túnez, Egipto y Yemen para armarse de valor y emularles exigiendo reformas democráticas tan básicas como que permitan a la población elegir libremente su Parlamento –la Cámara Alta es designada a dedo por el rey y los suyos, la baja es elegida por la élite afín a los Al Jalifa– y que se acabe con la discriminación contra los chiíes, una comunidad a la que se niega trabajos, ayudas sociales y cargos de responsabilidad.
Aprovecharon el 14 de febrero porque entonces se cumplía el X aniversario de un referéndum aprobado por la población según el cual el régimen se comprometía a avanzar hacia la democracia (fue en 2001 y meses después llegó la decepción. El rey ni siquiera llegó a discutir la redacción de una Constitución: aprobó unilateralmente una Carta Magna que no satisfacía las expectativas).
Tomaron la plaza de la Perla hace tres meses: laicos y religiosos, chiíes y suníes, jóvenes y mayores, para pedir dignidad y libertad y no para cuestionar a la dictadura. Y el régimen les reprimió, primero con policía, luego con militares y más tarde aceptando ayuda militar del Consejo de Cooperación del Golfo, que aglutina a los países de esta región –todos liderados por suníes– y que ven en Bahréin el fantasma de una amenaza: la rebelión de las minorías chiíes del Golfo y la creciente influencia del archienemigo iraní. […]
Pero la atención mediática ya se había desplazado a Libia y Siria. La represión en Bahrain, socio de Occidente –EE UU tiene allí basada la V Flota– dejó de existir en los informativos, y al tiempo que el silencio normalizaba de cara al exterior lo que ocurría, la dictadura radicalizaba su persecución de golpistas.
Varias informaciones publicadas estos días sobre Bahréin destacan la creciente presión que está ejerciendo el régimen del rey Al Jalifa sobre los periodistas extranjeros, en un intento de limpiar la imagen del país, y de silenciar la represión de las… Leer