Los gobiernos de Oriente Medio han reprimido los pocos esfuerzos que hacían para promover los derechos humanos y se han echado atrás a la hora de llevar a cabo reformas audaces, a pesar de los crecientes desafíos en materia de derechos humanos y de las promesas de emprender acciones en este sentido, según señala Human Rights Watch con motivo de la publicación de los análisis sobre Jordania, Líbano, Arabia Saudí, Siria y Yemen, dentro de su Informe Mundial 2010.
Algunos extractos de la introducción al informe escrita por el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth:
• Arabia Saudí no reconoce la promoción no gubernamental de los derechos humanos, ignorando a veces a los activistas solitarios, pero reprimiendo con más frecuencia a estas valientes personas cuando se amplía su audiencia, especialmente en los medios de comunicación occidentales.
• En Arabia Saudí, la policía secreta arrestó a los activistas pro derechos humanos Muhammad al-‘Utaibi y Khalid al-‘Umair cuando se disponían a asistir a un mitin pacífico de solidaridad con Gaza. Las fuerzas de seguridad los ha mantenido en prisión preventiva más allá del límite de seis meses que permite la legislación saudita, y a pesar de que la fiscalía decidió no formular cargos. Cuando, en noviembre de 2009, las autoridades sospecharon que al-‘Umair estaba informando a otros activistas a través de un teléfono móvil que tenía ilegalmente en su posesión sobre las condiciones en la prisión de al-Ha’ir, incluyendo las palizas de los guardias a presos y la muerte de reclusos por falta de atención médica, lo recluyeron en aislamiento.
• En Siria, todas las organizaciones de derechos humanos siguen operando sin autorización, ya que los funcionarios les niegan constantemente las solicitudes de registro. La Organización Nacional de Derechos Humanos recurrió ante un tribunal administrativo la decisión del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo de denegarle la solicitud de registro. El Ministerio respondió pidiendo el enjuiciamiento de los miembros de la organización.
• En octubre de 2009, los agentes sirios de Seguridad del Estado detuvieron a Haytham al-Maleh, un destacado abogado de derechos humanos de 78 años, después de que apareciera en un canal de televisión de la oposición criticando la represión constante de la libertad de expresión en Siria. En noviembre, un juez militar le acusó de «divulgar información falsa y exagerada que puede debilitar el sentimiento nacional». Su juicio se está celebrando.
• En Jordania, una ley de 2009 permite al Gobierno despedir a los gerentes de una ONG y sustituirlos por funcionarios del Estado. La ley obliga también ahora a las ONG a pedir aprobación oficial de cualquier donación extranjera.
• Yemen mantuvo su notoriedad por las desapariciones forzadas, entre ellas la de Muhammad al-Maqalih, un periodista del medio digital, Eshtiraki.net, del opositor Partido Socialista de Yemen. En septiembre de 2009, un grupo de hombres se llevaron por la fuerza a Maqalih en San’a, la capital del país, poco después de que criticara al Gobierno por su campaña de bombardeos contra los rebeldes del norte. Sus compañeros dijeron que había sido identificado en la prisión de la Organización de Seguridad Política, después en una prisión del Ministerio de Defensa y, en noviembre, en una prisión en Aden.
• En Egipto, la ley que gobierna las asociaciones dispone sanciones penales para reprimir las actividades legítimas de las ONG, que incluyen «participar en actividades políticas o sindicales», y permite la disolución de ONG por orden administrativa. Egipto también mantiene una serie de prácticas administrativas intrusivas que restringen el desarrollo natural de la sociedad civil y ofrecen amplias vías para la interferencia política y burocrática. Los servicios de seguridad revisan y rechazan habitualmente los registros de ONG e investigan a sus líderes, sus actividades y su financiamiento.
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