En 2009, justo después del demoledor ataque israelí de tres semanas de duración que dejó cientos de muertos en Gaza (1.400 palestinos y 13 israelíes), el juez sudafricano Richard Goldstone redactó, por encargo de la ONU, un detallado informe de los hechos que, conocido en inglés como The Goldstone Report, resultó ser casi tan demoledor que el ataque.
El juez y su equipo concluyeron que Israel atacó intencionadamente a civiles, en una acción «deliberadamente desproporcionada, con el fin de castigar, humillar y aterrorizar a la población civil». No en vano, se trató de la mayor ofensiva israelí contra los palestinos en 40 años.
El informe, que fue tachado inmediatamente de «sesgado y exagerado» por el gobierno de Netanyahu, sirvió sin embargo para legitimar las críticas que le llovieron a Israel desde todo el mundo. Las reconocidas credenciales del magistrado y el paraguas de la ONU eran todo un aval. Esta vez, las denuncias no provenían tan sólo de medios liberales, de radicales y activistas, o de los «enemigos de Israel».
Pues bien, el pasado viernes, el juez Goldstone se echó atrás, con un artículo en las páginas de opinión de The Washington Post1:
Sabemos mucho más hoy acerca de lo que ocurrió en la guerra de Gaza de 2008-2009 de lo que sabíamos entonces […]. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, el Informe Goldstone habría sido un documento muy diferente.
En resumen, lo que el juez concluye es que ya no cree que las muertes de civiles fueran causadas por Israel de forma intencionada. Goldstone aprovecha, además, para criticar el uso que hizo del informe la comisión de Derechos Humanos de la ONU, la institución que encargó el trabajo. Asegura que él nunca dudó del derecho de Israel «a defenderse», que su intención nunca fue «atacar a Israel», y que la Comisión pasó por alto la denuncia de las actividades terroristas de Hamás contra los continuos ataques con cohetes a las ciudades israelíes cercanas a Gaza.
Se trata de un cambio de opinión tan espectacular como sorprendente. Y el propio juez no ayuda mucho a explicarlo. Sus argumentos son demasiado vagos, y se apoyan, principalmente, en supuestas investigaciones llevadas a cabo desde entonces por el Gobierno israelí. Goldstone llega a afirmar que si Israel hubiese colaborado entonces como lo hizo después, este «desafortunado malentendido» no habría tenido lugar.
Hay que recordar que estamos hablando de un informe que, como destaca el diario Los Angeles Times este martes en un gran editorial, incluyó 188 entrevistas, la revisión de 300 informes militares, innumerables testimonios y comparecencias públicas, y cerca de 600 páginas con detalles de daños causados en mezquitas, hospitales, edificios de viviendas, refugios… Un informe en el que, caso tras caso, se llegaba a la conclusión de que los civiles palestinos habían sido atacados por Israel en una clara violación de las leyes internacionales.
¿A qué se debe entonces el echarse atrás a esta alturas? Como mínimo, se trata de una confesión de incompetencia muy poco creíble. Pero no parece que sea ese el caso. Y el hecho de que la causa fundamental de la revisión sean datos proporcionados por una de las partes (la parte denunciada, además), resulta, como poco, sospechoso.
Se ha hablado también de que el juez, por lo demás, judío y reconocido sionista, habría sido sometido a una gran presión, e incluso amenazas, con el objetivo de obligarle a escribir una carta de retractación. Pero nada de esto se ha probado de momento, y el magistrado, desde luego, no hace ninguna mención al respecto.
Como se pregunta acertadamente Los Angeles Times en el mencionado editorial, ¿qué hay detrás de este giro de 180 grados?
(1) Se ha especulado con que The New York Times se negó a publicar el artículo, algo que el diario neoyorquino no ha confirmado ni desmentido.
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