El Comité de Derechos Humanos de la ONU presentó hace unos días las observaciones finales de su informe sobre Irán, en el que denuncia el aumento de las ejecuciones, incluidas las de menores, el uso generalizado de la tortura, la discriminación de mujeres y minorías sexuales y la represión de creencias religiosas.
El informe expresa una «profunda preocupación por el creciente y extremadamente alto número de sentencias de muerte pronunciadas y ejecutadas por el Estado», así como por «la amplia variedad y a menudo vaga definición de los crímenes» sujetos a la pena capital, informa la agencia Efe.
«El Comité también está preocupado por la continua realización de ejecuciones públicas, incluida la lapidación, como método de ejecución […] y por la alta incidencia de ejecuciones estatales en áreas con minorías étnicas», según señala esta instancia de la ONU.
La aplicación de la pena capital sigue siendo la norma en los casos de personas que cometieron crímenes castigados con la muerte sin haber cumplido aún los 18 años, y el Comité pide que se conmuten todas las sentencias de este tipo pendientes de ejecución.
Se pide también que se abra una investigación sobre las numerosas denuncias de tortura y de «tratamiento cruel, inhumano o degradante», y que se persiga judicialmente a los responsables, algo que debería hacerse extensivo a la represión de los grupos de la oposición tras las elecciones presidenciales que se celebraron en junio de 2009.
Se denuncia asimismo que se sigan imponiendo castigos físicos, en particular las amputaciones de miembros y el azotamiento, por delitos como el robo, la enemistad con Dios (mohareb en farsi) y determinados actos sexuales, y que golpear a los niños en el ámbito familiar siga siendo algo permitido por las leyes del país.
Sobre la discriminación de género, el Comité recuerda que en Irán las mujeres no pueden casarse sin el permiso paterno, que pierden la custodia de sus hijos si se divorcian o si muere su marido, que no tienen los mismos derechos de herencia que sus hermanos varones y que tienen la obligación legal de «ser obediente» a su cónyuge.
Tampoco pueden transferir su nacionalidad a sus hijos, en el caso de las extranjeras residentes en Irán, y si quieren trabajar o viajar fuera del país necesitan la autorización del marido o, en caso de no estar casada, de su padre o del abuelo paterno.
El informe llama también la atención sobre «el acoso, la persecución, el castigo cruel e incluso la pena de muerte» que afrontan lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
«Estas personas afrontan discriminación por su orientación sexual, incluido en lo referido al acceso al trabajo, la vivienda, la educación y la sanidad», se afirma en las conclusiones finales.
En materia religiosa, se destaca la discriminación contra los miembros de la minoría cristiana, con detenciones bajo la acusación de proselitismo y la prohibición de oficiar misas en farsi.
«El Comité también hace notar con preocupación que individuos que se han convertido (al cristianismo) desde el Islam han sido detenidos y que el artículo 225 del borrador del Código Penal propone como obligatoria la pena de muerta para los hombres condenados por apostasía», afirma el Comité de la ONU.
La discriminación religiosa también afecta a los miembros de la comunidad Baha’i y a los musulmanes suníes.
Fuente: Efe
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