Cientos de menores palestinos detenidos por el Ejército israelí son sometidos de forma sistemática y generalizada a malos tratos que violan el derecho internacional, según denuncia en un informe el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF). De acuerdo con los cálculos de la agencia, unos 700 palestinos de entre 12 y 17 años de edad son detenidos, interrogados y arrestados por efectivos de las fuerzas de seguridad israelíes cada año en Cisjordania. UNICEF afirma haber identificado «ejemplos de prácticas que equivalen a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura».
Portada del informe de Unicef
El informe detalla que el maltrato suele empezar en el momento mismo del arresto, que a menudo es llevado a cabo por soldados fuertemente armados, en medio de la noche, y continúa después durante el proceso judicial y la condena. «El patrón de maltrato incluye las prácticas de vendar los ojos a los menores y atar sus manos con bridas de plástico, abusos físicos y verbales durante el traslado al lugar de interrogatorio, y el uso de limitaciones dolorosas», indica UNICEF. Según la agencia, la mayoría de los detenidos por lanzar piedras sufren violencia física y amenazas durante su interrogatorio, son obligados a confesar y no tienen acceso inmediato a un abogado o a su familia durante el interrogatorio.
«El trato contradictorio con los derechos de los menores sigue durante las comparecencias ante el tribunal, incluido el encadenamiento, la negación de fianza, la imposición de penas de custodia y el traslado fuera de los territorios palestinos ocupados para cumplir sus penas dentro de Israel», una práctica que, de acuerdo con el informe, «parece ser extendida, sistemática e institucionalizada».
El estudio está basado en datos de más de 400 casos documentados desde el año 2009, así como el documentos legales, informes de grupos gubernamentales y no gubernamentales y entrevistas a menores palestinos y a responsables y abogados palestinos e israelíes.
«Israel es el único lugar del mundo en el que un niño detenido es llevado por sistema ante un tribunal militar. Esto solo se da en otros países a título excepcional», explica Jean-Nicolas Beuze, consejero regional de UNICEF, en declaraciones que recoge la agencia AFP. La representante de la agencia de la ONU en los Territorios Palestinos, Jean Gough, precisa, por su parte, que a finales de enero «31 niños de menos de 16 años y 233 niños en total» se encontraban en esa situación. Gough aclara que estos datos solo incluyen la Cisjordania ocupada, bajo administración militar israelí. «Los niños no deberían estar en la cárcel», añade: «Si un niño debe, por cualquier razón, ser puesto en detención, debería hacerse en conformidad con las normas internacionales y la Convención de Derechos del Niño».
Pese a todo, UNICEF indica que Israel ha realizado algunos «cambios positivos» en los últimos años, en lo que respecta a su trato a los menores palestinos, incluyendo nuevos procedimientos para atar las manos con el fin de evitar daños y heridas. La agencia reconoce asimismo una mejora en la orden militar emitida en 2010 que exige a la Policía israelí que notifique a los padres el arresto de sus hijos e informar a los menores de que tienen derecho a consultar a un abogado.
Reuters informa de que el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Yigal Palmor, ha señalado que responsables de este departamento y del Ejército israelí han cooperado con UNICEF en la elaboración del informe, con el objetivo de mejorar el trato de los menores palestinos bajo custodia. «Israel estudiará las conclusiones y trabajará para aplicarlas mediante la cooperación ya existente con UNICEF, cuyo trabajo valoramos y respetamos», añadió el portavoz.
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El rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Jalifa. Foto: Cherie Cullen / Dept. Defensa EE UU / Wikimedia Commons
El Ministerio del Interior de Bahréin anunció este miércoles la detención de cuatro personas por «difamar a personajes públicos en las redes sociales». En una escueta nota de prensa, el Ministerio indica que «los detenidos han confesado su crimen» y que «se busca a un quinto sospechoso». También explica que las detenciones se llevaron a cabo gracias al reciente control impuesto a las redes sociales «para evitar el mal uso de estas plataformas». La nota agrega que «la libertad de expresión está garantizada por la Constitución y por las leyes», pero deja claro que «esta libertad no significa que se pueda difamar a otros». Concluye destacando «la importancia de usar las redes sociales de una forma ética y responsable».
Los detalles los conocemos gracias a una información de la agencia Reuters, que cita a la agencia estatal de noticias, BNA: Los detenidos son cuatro jóvenes de unos veinte años, y el «personaje público» es, sorpresa, el rey. Según el fiscal, los jóvenes están acusados, concretamente, de «insultar a su majestad el Rey en sus cuentas personales de Twitter». Mohamed al Maskati, responsable de la Sociedad Juvenil de Bahréin para los Derechos Humanos, informó de que los cuatro fueron arrestados el miércoles por la mañana después de que las fuerzas de seguridad confiscaran sus ordenadores y otros dispositivos electrónicos.
Reuters recuerda que en Bahréin está prohibido criticar al rey Hamad o a cualquier otro miembro de la gobernante familia Al Jalifa. La fiscalía indicó que los acusados se enfrentarán a «un juicio urgente ante el tribunal penal».
El efecto inmediato de semejante despropósito ha sido, obviamente, más críticas al rey, tanto en Twitter (ver, por ejemplo, la etiqueta #KingsTornPics) como en otros medios. El miércoles por la noche, un grupo de jóvenes se reunió para romper fotos del monarca y luego subieron el vídeo a YouTube:
Se trata, como señala en su blog el periodista de The Guardian Brian Whitaker, del conocido «Efecto Streisand», que la Wikipedia define como «un fenómeno de Internet en el que un intento de censura u ocultamiento de cierta información fracasa o es incluso contraproducente para el censor, ya que ésta acaba siendo ampliamente divulgada, recibiendo mayor publicidad de la que habría tenido si no se la hubiese pretendido acallar». El origen del nombre se remonta a 2004, cuando la cantante Barbra Streisand interpuso una demanda para que una web retirase una foto de su casa. Hasta entonces la foto no la había visto casi nadie. Después de la demanda, más de 420.000 personas visitaron en apenas un mes la web denunciada.
Whitaker escribe:
El régimen de Bahréin (y otros como él) tiene que entender que las redes sociales han dado a la gente una voz que no había tenido hasta ahora. El viejo orden se está desmoronando en todo Oriente Medio y los árabes, cada vez más, están exigiendo responsabilidades a sus gobernantes. Puede que a los gobernantes no les guste esto, pero mejor que se vayan acostumbrando.
El problema es que, si bien es cierto que tratar de amordazar las redes sociales es como intentar ponerle puertas al campo, eso no significa que el Estado, y, concretamente, el rey, no tengan aún una gran capacidad represora. El mes pasado, Zainab al Jawaya, hija de un activista bahreiní en prisión, fue condenada a dos meses de cárcel por dañar propiedad pública en una comisaría, incluyendo la imagen del rey. Según el abogado de Jawaya, la sentencia se debió a haber roto la fotografía del monarca. Y en julio, el destacado activista Nabeel Rayab fue condenado a tres meses de prisión por un tuit contra el primer ministro -miembro de la familia gobernante-, que según el tribunal había insultado a los bahreiníes. Posteriormente fue absuelto en una apelación, pero su caso dañó más aún la imagen del régimen.
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Cinco personas fueron condenadas a muerte y otras 81 recibieron penas de más de 15 años de cárcel en relación con los disturbios ocurridos tras las polémicas elecciones de Irán en junio, informó el martes la emisora IRIB. Citando un comunicado de la oficina de relaciones públicas de la corte provincial de Teherán, que enumera los veredictos fallados hasta ahora sobre los incidentes posteriores a las votaciones, la emisora señaló que los sentenciados a muerte eran miembros o estaban afiliados a «grupos contrarrevolucionarios».
El informe de IRIB no facilitó nombres de ninguno de los acusados, ni dijo cuándo fueron entregadas las sentencias, según informa la agencia Reuters.
Los comicios presidenciales realizados hace más de cinco meses desataron manifestaciones masivas de los partidarios de los derrotados candidatos pro reforma, quienes sostienen que las votaciones fueron manipuladas para asegurar la reelección del presidente de la línea dura, Mahmoud Ahmadineyad.
Las autoridades iraníes rechazaron las acusaciones de fraude electoral y señalaron que las manifestaciones callejeras eran intentos apoyados por el extranjero para socavar a la república islámica.
La mayoría de los detenidos fueron liberados, pero más de 100 líderes reformistas, periodistas y otros han sido enjuiciados bajo cargos de fomentar los disturbios.
Cinco personas fueron condenadas a muerte y otras 81 recibieron penas de más de 15 años de cárcel en relación con los disturbios ocurridos tras las polémicas elecciones de Irán en junio, informó el martes la emisora IRIB. Citando un… Leer