El bloque conservador se hizo con el control del Parlamento de Irán, incluidos los 30 escaños de Teherán, en las elecciones legislativas celebradas en el país el pasado 21 de febrero, unos comicios que estuvieron marcados por una participación que apenas llegó al 42% (la más baja en la historia de la República Islámica), la descalificación previa de muchos de los candidatos reformistas y moderados, y el llamamiento al boicot por parte de facciones de la oposición.
La Coalición de la Unidad, encabezada por el exalcalde de Teherán y antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Baqer Qalibaf, y en la que se habían unido las dos listas principales de los conservadores y ultraconservadores, logró al menos 256 escaños de los 290 que componen la cámara.
El Parlamento iraní, que en la última legislatura ha estado dominado por los reformistas y los moderados, cambia así de manos, en un giro que podría obedecer no solo a la abultadísima abstención y al veto sufrido por muchos candidatos opositores, sino también a la crisis económica, consecuencia de, entre otros factores, las sanciones impuestas por Estados Unidos; a la represión de las recientes protestas populares contra el gobierno; o incluso al derribo por error del avión ucraniano de pasajeros el mes pasado, durante la reacción iraní al asesinato por parte de EE UU del comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución Qasem Soleimani.
En 2017, el centrista Hasan Rohaní, apoyado por los reformistas, fue reelegido presidente en unos comicios en los que votaron cerca de dos tercios de los electores, y que, como se ha recordado estos días, fue visto casi como un referéndum sobre el acuerdo nuclear firmado por Teherán con las potencias occidentales. Sin embargo, la decisión del presidente de EE UU, Donald Trump, de dar por finiquitado el acuerdo ha impulsado a los ultras en Irán, aparte de dañar la economía al reactivar las sanciones. La subida del precio de la gasolina en noviembre del año pasado, por ejemplo, provocó fuertes protestas que fueron reprimidas con dureza.
Tras los comicios del 21 de febrero, el líder supremo iraní, Alí Jameneí, llegó a denunciar una «campaña mediática extranjera» para «desalentar» a los votantes y que no acudiesen las urnas. «Se oponen a las elecciones porque no quieren que el fenómeno de la participación popular en las urnas en nombre de la religión y al servicio a la revolución se institucionalice como una realidad», subrayó el ayatolá, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.
Esta «campaña negativa» habría comenzado meses antes de las elecciones y se intensificó, según Jameneí, aprovechando el temor por la propagación del coronavirus causante de la COVID-19.
Cuando se celebraron las elecciones legislativas en la República Islámica, el brote de la epidemia en Irán había causado ya ocho muertos, con 43 contagiados confirmados, y provocado el cierre de escuelas y universidades en diez provincias, al tiempo que los países vecinos empezaban ya a bloquear fronteras y se suspendían cada vez más vuelos. Los últimos datos (7 de marzo) elevan a 5.823 el número de casos en el país (el tercero más afectado del mundo, tras China y Corea del Sur), y a 145 el de fallecidos.
No obstante, y tal y como contaba tras las elecciones Ángeles Espinosa, corresponsal de El País en la región, «pocos han creído la excusa posterior de que el temor al coronavirus alentado por la prensa extranjera alejó a los votantes. Al contrario, muchos iraníes sospechan que los responsables han jugado con el anuncio del brote para justificar el desinterés».
En cualquier caso, los resultados de estas elecciones legislativas suponen un duro golpe para Rohaní, que, con las próximas elecciones presidenciales de 2021 en el horizonte, está agotando ya su segundo y último mandato.
En cada elección en Irán, ya sean parlamentarias o presidenciales, se registran como candidatos miles de personas. Para las legislativas de este año se inscribieron en torno a 14.000 iraníes. Pero, para poder presentarse, los candidatos tienen que pasar primero el visto bueno del Consejo de Guardianes, la institución más influyente del país, solo por debajo del líder supremo, que designa directamente a la mitad de sus doce miembros. La ley establece que los candidatos deben ser «personalidades políticas y religiosas» de nacionalidad iraní, administradores experimentados, con buenos antecedentes, «dignos de confianza y virtuosos», y creyentes y comprometidos con los principios de la República Islámica y la confesión oficial del país (el islam chií). En estas elecciones, el Consejo de Guardianes, que no está obligado a explicar las razones de sus vetos, rechazó a aproximadamente la mitad de los inscritos. Algunos de los que no pasaron la criba eran representantes de partidos conservadores, pero la inmensa mayoría se identificaban como reformistas o moderados. Además, a unos 90 candidatos reformistas que eran ya miembros del Parlamento se les impidió presentarse a la reelección.
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Apenas cinco meses después de las pasadas elecciones generales de junio, más de 54 millones de ciudadanos turcos vuelven a tener una cita con las urnas este domingo, en unos comicios anticipados marcados por una creciente tesión interna, y con una población cada vez más polarizada. Turquía, que, a pesar de todas sus contradicciones, parecía destinada a consolidarse como ejemplo de que es posible vertebrar democracia e islam, oriente y occidente, tradición y modernidad, llega a esta nueva convocatoria electoral con el sueño de la convivencia, si no agotado, sí seriamente resquebrajado.
La celebración de estas elecciones es la consecuencia de la incapacidad de los principales partidos políticos turcos de llegar a un acuerdo para la formación de un ejecutivo tras los comicios del pasado mes de junio, en los que el gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP, islamista, conservador) perdió por primera vez la mayoría absoluta en 13 años, y ninguna formación logró tampoco el número suficiente de escaños. Para la mayor parte de los analistas y, especialmente, para los detractores del actual presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, la verdadera explicación hay que buscarla, sin embargo, en el empeño del mandatario turco, fundador y líder del AKP, por acrecentar su poder.
Para ello, Erdoğan, que ha dirigido el destino del país desde que su partido llegó al gobierno en 2002, pero cuyo puesto es ahora —al menos, en teoría— esencialmente representativo, necesita que el AKP logre la mayoría necesaria para reformar la Constitución y convertir su cargo en el de un presidente con verdadero poder ejecutivo, en una república presidencialista a la manera de Estados Unidos o Francia. La influencia que, a pesar de su obligada neutralidad, aún ejerce Erdoğan sobre el panorama político turco, habría sido determinante en el fracaso de las negociaciones para formar gobierno.
La crisis política es, no obstante, tan solo una de las caras del deterioro del modelo turco, minado desde hace años por la deriva autoritaria del Gobierno, continuos ataques a la prensa crítica, represión policial ante protestas ciudadanas, casos de corrupción con altos cargos implicados, una división cada vez mayor entre los grupos más conservadores y religiosos, los izquierdistas, los ‘indignados’, los nacionalistas y las minorías; la eterna amenaza latente de los sectores descontentos del ejército; la pérdida de la oportunidad de oro que tuvo Turquía de convertirse en una influyente referencia regional tras la ‘primavera árabe’ y, especialmente, el frenazo del supuesto milagro económico conseguido, al precio de un importante incremento de la desigualdad, bajo la batuta neoliberal del AKP: el crecimiento del 10% registrado por la economía turca durante la pasada década se ha quedado ahora en un raquítico 3% (según la previsión actual), la lira se ha desplomado frente al dólar y el euro, y la inflación no para de subir.
Todos estos problemas palidecen, en cualquier caso, en comparación con el repunte de la violencia experimentado en los últimos meses. Todavía en estado de shock tras el brutal ataque terrorista del pasado 10 de octubre contra una concentración por la paz de militantes izquierdistas (102 muertos, el peor atentado en la historia moderna del país, en una doble acción suicida atribuida a Estado Islámico —EI—), la sociedad turca asiste además a un déjà vu con el que esperaba no tener que volver a enfrentarse en mucho tiempo: el alto el fuego roto por la guerrilla kurda del PKK tras dos años de tensa paz, y la contundente respuesta militar del Gobierno, han devuelto a la memoria de la población los peores años de los enfrentamientos entre el ejército y los militantes kurdos, la llamada «década perdida», que, en los años noventa, se saldó con decenas de miles de muertos y desplazados.
Y, mientras, Turquía se ha implicado militarmente de un modo más claro en la guerra civil de Siria, sumando a los esporádicos bombardeos a las bases de EI efectuados junto a la coalición internacional, ataques contra posiciones kurdas en el país vecino, todo ello bajo el consabido paraguas de la «guerra contra el terrorismo», y a pesar de que son precisamente los kurdos quienes han logrado frenar de un modo más efectivo la expansión de los yihadistas.
Así, el Gobierno turco se ha convertido en uno de los actores geopolíticos más activos en Siria, con un respaldo diplomático rotundo a la oposición armada que se enfrenta al régimen de Bashar al Asad, pero su posición ha quedado muy debilitada desde que Rusia envió hace un mes a sus cazabombarderos a este país, interviniendo a favor del régimen sirio, y contra los grupos respaldados por Turquía. En consecuencia, la relación diplomática entre Ankara y Moscú es ahora muy tensa, cuando hace pocos años, Erdoğan aún describía a Rusia como una alternativa a la UE. Rusia se ha negado incluso a efectuar una rebaja negociada previamente en los precios del gas natural que importa Turquía. Con su postura respecto a Siria, el Gobierno turco se ha distanciado incluso de sus aliados en el seno de la OTAN, organización a la que el país pertenece desde hace 60 años.
Por otro lado, con más de dos millones de refugiados sirios en su territorio, Turquía es el país que más desplazados por este conflicto acoge, una situación desbordante para Ankara pero que, al mismo tiempo, puede suponer un punto de inflexión en su relación con la UE, al ser Turquía el origen de la mayoría de los refugiados que, en un dramático éxodo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, están tratando de llegar a Europa desde el pasado verano.
A mediados de octubre, el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, y la canciller alemana, Angela Merkel, acordaron poner en marcha un proceso para acelerar algunos aspectos pendientes en la propuesta de incorporación turca a la Unión Europea, a cambio de la colaboración de las autoridades turcas en «la gestión» del crítico flujo de inmigrantes y refugiados procedentes en su mayoría del conflicto sirio.
Estas son las claves de unas elecciones cruciales para el futuro de Turquía, que van a ser observadas por miles de voluntarios turcos y por un equipo de 40 parlamentarios europeos de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), y en las que, pese a los malos augurios y a las múltiples sombras que atenazan al país, muchos ciudadanos mantienen depositadas grandes esperanzas:
Las elecciones generales celebradas en Turquía el pasado 7 de junio supusieron un importante cambio en el paisaje político del país. El gobernante AKP logró la victoria, pero perdió la mayoría absoluta que ostentaba desde 2002, y una nueva formación de izquierdas, el pro kurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), logró entrar en el Parlamento. El resultado fue una Asamblea fragmentada en cuatro partidos: Partido Justicia y Desarrollo, AKP, islamista y conservador, con un 40,82% de los votos y 258 (tenía 311) de los 550 diputados del Parlamento; Partido Popular Republicano, CHP, laico y socialdemócrata, con el 24,9% y 131 escaños; Partido Democrático de los Pueblos, HDP, con el 16,2% y 80 diputados; y Partido de Acción Nacionalista, MHP, religioso, ultranacionalista y muy a la derecha, con el 13,1% y 79 representantes. Era necesario, pues, llegar a acuerdos.
El presidente Erdoğan, en el cargo desde 2014, y anteriormente, desde 2003, primer ministro, encargó entonces formar gobierno a Ahmet Davutoglu, el líder de la lista más votada, el AKP. Tanto el CHP como el MHP exigieron para apoyarle dos condiciones: renunciar al plan de Erdoğan para acrecentar sus poderes instaurando una república presidencialista, y llevar a juicio los casos de corrupción relacionados con miembros del AKP.
Ambas condiciones fueron rechazadas, y el plazo de 45 días estipulado para llegar a un acuerdo expiró, entre acusaciones de la oposición a Erdoğan de entorpecer los intentos para lograr un pacto, algo que el AKP niega. Erdoğan convocó entonces nuevas elecciones para este 1 de noviembre, y los partidos volvieron a sumergirse en una campaña que, a pesar de que ha tenido una agenda menos intensa que la anterior (los recursos económicos estaban, en la mayoría de los casos, muy agotados) ha estado marcada por graves acusaciones mutuas, por el terrorismo, y por la reactivación de los ataques de y contra el PKK. El propio Erdoğan ha tenido una gran presencia, participando en numerosos mítines presentados oficialmente como actos contra el terrorismo.
El Parlamento turco, denominado Gran Asamblea Nacional, tiene un total de 550 escaños, con lo que para lograr la mayoría absoluta es necesario obtener 276 diputados. No obstante, para poder modificar la Constitución (el objetivo de Erdoğan) son necesarios 367 votos, si bien con 330 es posible convocar un referéndum para realizar modificaciones en la Carta Magna a través del voto popular.
Los miembros del Parlamento son elegidos en 85 distritos electorales, mediante un sistema de representación proporcional en el que es necesario superar el 10% de los votos para obtener un escaño, un porcentaje muy superior al de otros países (en Alemania es el 5%; en Suecia, el 4%). Ello supone que si, por ejemplo, un partido consigue 40 escaños, pero con solo el 9,5% de los votos (lo que logró el DYP en 2002), sus asientos se reparten entre los partidos que sí han superado ese umbral. Es decir, se trata de un sistema en el que los partidos grandes parten con una gran ventaja frente a los pequeños.
Uno de los factores que han marcado la campaña electoral ha sido la supuesta permisividad del Gobierno frente al islamismo extremista, y la consecuente escasa atención que las autoridades habrían dedicado a las redes de Estado Islámico en Turquía, a la difusión de su ideología y a su labor de captación de miembros. De hecho, solo después del doble atentado suicida de Ankara, la masacre en la que murieron 102 personas, fueron desmanteladas células islamistas, y se confiscó material y explosivos.
Anteriormentre, el pasado 20 de julio, un suicida supuestamente miembro de EI mató a 32 personas cuando se inmoló en medio de un grupo de activistas que había viajado a Suruc, en la frontera con Siria, para ayudar en la reconstrucción de la ciudad de Kobane, destruida por la guerra. Muchos criticaron entonces al Gobierno de Ankara por no proteger a sus ciudadanos, y por permitir que EI hubiese conseguido un punto de apoyo en territorio turco. Poco después, dos policías fueron asesinados por un grupo vinculado al PKK. El gobierno turco respondió bombardeando las posiciones del PKK, tanto en Turquía como en el norte de Irak.
El AKP ha seguido insistiendo en sus mítines en que la amenaza principal es el PKK, y pidiendo la unidad del país frente a quienes quieren «despedazarlo», a pesar de que la guerrilla kurda renunció hace años a sus antiguas reivindicaciones independentistas. Tanto Davutoglu como Erdoğan han sugerido que el atentado de Ankara no fue obra solo de Estado Islámico, sino que contó asimismo con la colaboración de miembros del PKK, e incluso de las milicias kurdas de Siria, coordinadas por el Partido Unión Democrática (PYD), una versión que no ha sido confirmada por la Fiscalía.
Así, el electorado acude a las urnas en una profunda división social en la que para unos el enemigo es el «terrorismo kurdo» respaldado por la izquierda, y para otros el Gobierno «que apoya a los terroristas islámicos».
El PKK anunció un nuevo alto el fuego unilateral tras el atentado del 10 de octubre en la capital, y prometió suspender todos sus ataques, salvo «actividades de defensa propia», para no interferir con las urnas. Este alto el fuego había sido reclamado por miembros del HDP para impedir que el AKP explotara el problema de la seguridad e impusiera zonas militares restringidas en el sureste del país con fines electoralistas, lo que podría dañar las expectativas del partido pro kurdo de entrar en el Parlamento.
La presión que el Gobierno turco ejerce contra los medios de comunicación críticos ha sido la otra gran piedra de toque en la recta final de la campaña electoral. El incidente más sonado ocurrió el pasado jueves, con la toma de control estatal de dos diarios y dos canales de televisión, todos críticos con el Gobierno del AKP, después de que un tribunal ordenara intervenir el holding Koza Ipek. Los diarios Bugün y Millet no salieron a la venta, y Bugün TV y Kanaltürk dejaron de emitir, después de que la policía turca se presentara en su redacción compartida en Estambul. Los administradores fiduciarios nombrados por el Gobierno, acompañados por la policía, expulsaron a los periodistas que no aceptaron adaptarse a la nueva línea editorial favorable al AKP.
Formalmente, la empresa está intervenida en el marco de un proceso contra Koza Ipek por «financiación y propaganda a favor del terrorismo», en referencia a los vínculos del conglomerado con el predicador turco Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos, y enemigo declarado de Erdoğan. Los fiscales turcos describen la red de seguidores de Gülen como «organización terrorista», pese a no conocerse actividad violenta y no existir sentencia judicial al respeto.
La presión gubernamental contra la prensa crítica en Turquía no es, en cualquier caso, un problema nuevo. Uno de los periodistas más conocidos de Turquía, Ahmet Hakan, fue gravemente apaleado el pasado 1 de octubre por parte de cuatro sicarios, supuestamente vinculados al AKP. Y, en 2013, Turquía ostentó, por segundo año consecutivo, el récord de ser el país con más profesionales de la información en la cárcel, con un total de 40.
Por un lado, y como consecuencia del largo conflicto con el independentismo kurdo, Turquía tiene una legislación muy amplia para combatir el terrorismo, que el Gobierno usa a menudo para juzgar a periodistas que son críticos con el Ejecutivo. Muchos periodistas han sido procesados por el mero hecho de informar sobre actividades de grupos armados kurdos. Por otra parte, muchos profesionales de la información han sido encarcelados también en los últimos años por denuncias de conspiración contra el Gobierno por parte de los adversarios secularistas de Erdoğan.
La mayoría de los sondeos predicen un escenario similar al salido de las elecciones del pasado mes de junio, con una subida del AKP, aunque insuficiente aún para obtener la mayoría absoluta, ligeros ascensos tanto del CPH como del MHP, y un descenso del HDP, que, no obstante, se mantendría por encima del 10% necesario para entrar en el Parlamento. Según los analistas, el CPH captaría los votos fugados del HDP tras la reactivación del conflicto kurdo, y el MHP, los de los descontentos con la política del AKP.
La media de las últimas encuestas publicadas otorga un 41,4% de los votos al AKP, un 26,8% al CHP, un 15,5% al MHP, y un 12,7% al HDP.
Publicado originalmente en 20minutos
Apenas cinco meses después de las pasadas elecciones generales de junio, más de 54 millones de ciudadanos turcos vuelven a tener una cita con las urnas este domingo, en unos comicios anticipados marcados por una creciente tesión interna, y con una población cada vez más polarizada. Turquía, que, a pesar de todas sus contradicciones, parecía destinada a consolidarse como ejemplo de que es posible vertebrar democracia e islam, oriente y occidente, tradición y modernidad, llega a esta nueva […]
El partido gobernante en Turquía, Justicia y Desarrollo (AKP), obtendría el 44% de los votos (seis puntos porcentuales menos que en los últimos comicios) si se celebrasen ahora elecciones, de acuerdo con una reciente encuesta elaborada por la empresa demoscópica Sonar. El sondeo, realizado entre el 8 y el 16 de julio a un total de 3.000 personas en todo el país, es relevante porque es el primero a gran escala que se publica después de las históricas protestas ciudadanas de hace un mes, y también porque la agencia responsable es la que más se aproximó a los resultados finales de las elecciones anteriores, cuando el partido del primer ministro, Recep Tayip Erdoğan, consiguió cerca del 50% de los votos, asegurándose así un tercer mandato consecutivo.
La encuesta no pronostica ningún cambio radical en el panorama político turco. Un 44% de los votos permitiría al AKP (islamista moderado) seguir gobernando, ya que los aumentos que experimentan los partidos de la oposición no son suficientes para alcanzar la mayoría, ni siquiera en el improbable caso de que decidiesen unirse. El CHP (Partido Republicano del Pueblo, kemalista, laico y de centro-izquierda) sube solo dos puntos, hasta el 28%, y el MHP (Partido de Acción Nacionalista, considerado de extrema derecha), tres, hasta el 16%.
Sin embargo, de mantenerse este apoyo en las elecciones presidenciales previstas para dentro de un año, Erdoğan no podría ser elegido, ya que para ello necesitaría al menos un 50% de los votos. Erdoğan, a quien la ley impide aspirar a un cuarto mandato como primer ministro, espera presentarse a estos comicios, especialmente si al final consigue sacar adelante una polémica y poco popular reforma constitucional que daría amplios poderes ejecutivos a la presidencia, en un modelo semejante al estadounidense.
En este sentido, Hakan Bayrakci, director de la empresa encuestadora, recuerda en declaraciones al diario Hürriyet que la reacción de la gente durante las manifestaciones iniciadas en el parque Gezi «no era específicamente contra el AKP, sino contra el primer ministro y su postura ante las protestas».
De todos modos, y pese a la magnitud de las protestas de junio, no parece probable que hayan sido éstas la única causa de la pérdida de apoyo electoral que podría sufrir el primer ministro. La dura respuesta de Erdoğan puede haberle restado votos, pero, como explica Murat Yetkin en Hürriyet, también afianzó el apoyo al Gobierno del sector más conservador de la base electoral del AKP. Eso sin olvidar que la inmensa mayoría de los que salieron a la calle no eran precisamente votantes de Erdoğan. No se trataba de votantes defraudados, sino de gente que nunca ha votado al líder islamista, y que no tiene intención alguna de votarle en un futuro.
Por otro lado, tampoco había en las protestas una presencia mayoritaria de simpatizantes del CHP, un hecho que, mientras este partido no sea capaz de ganarse el apoyo de los descontentos, hace dudar de que la balanza se haya inclinado de forma determinante hacia del principal grupo de la oposición.
Así, la clave, según Yetkin, es necesario buscarla tambien en el aumento (pequeño pero significativo) logrado por los nacionalistas radicales del MHP, una subida que podría deberse al acuerdo alcanzado en marzo con los separatistas kurdos:
El ligero aumento de votos del MHP tiene más que ver con la iniciativa de Erdoğan de firmar la paz con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que ha estado librando una campaña armada durante los últimos 30 años, que con las protestas del parque Gezi. El MHP, a diferencia del CHP, rechaza las conversaciones de paz con el PKK. Al tratar de cerrar un acuerdo con el PKK a través de su brazo político en el Parlamento, el Partido Paz y Democracia (BDP) –con un potencial de voto cercano al 7%– Erdoğan podría estar desviando votos del MHP de cara a las tres próximas elecciones […].
En esta misma línea se expresa también el analista de la Fundación Century Omer Zarpli:
El proceso de paz con los kurdos conlleva un gran riesgo político. Hace seis meses, el gobierno [de Erdoğan] inició negociaciones con el encarcelado líder del PKK Abdulá Ocalan, con el fin de acabar con una larga guerra de tres décadas. Pero si Erdoğan parecía comprometido, lo cierto es que actualmente, aunque sigue interesado, el público se mantiene ambivalente con respecto al proceso de paz. Las negociaciones con el vilipendiado Ocalan han despertado la ira de parte de la opinión pública. Erdoğan corre el riesgo de perder al bloque nacionalista, al que ha estado cortejando desde que comenzaron las protestas para intentar consolidar la base que le apoya. […] Erdoğan ha estado postergando sus decisiones, esperando probablemente a que el último militante del PKK haya salido de Turquía para anunciar e implementar reformas políticas más profundas. Pero los acontecimientos recientes han demostrado que la paz es cada vez más frágil a medida que el proceso se estanca y el Gobierno retrasa la adopción de estas reformas […]. Y, con una posición política cada vez más incierta, mantener ese difícil equilibrio entre las preocupaciones de la opinión pública turca y las demandas de los kurdos no va a ser fácil.
Más información y fuentes:
» Support to AKP drops after Gezi rallies, say poll (Hürriyet)
» What can Erdoğan do to reverse the slide? (Murat Yetkin, en Hürriyet)
» Erdoğan Weakened, Turkey Polarized (Omer Zarpli, en The National Interest)
» Erdoğan and Turkey’s battle for stability (Matthew Islam, en Dhaka Tribune)
El partido gobernante en Turquía, Justicia y Desarrollo (AKP), obtendría el 44% de los votos (seis puntos porcentuales menos que en los últimos comicios) si se celebrasen ahora elecciones, de acuerdo con una reciente encuesta elaborada por la empresa demoscópica… Leer
(Actualizado: 15/6/2013, 16.30 GMT)
El clérigo considerado moderado Hasan Rohaní logró este viernes la victoria en las elecciones presidenciales de Irán con el 50,68% de los votos, según ha anunciado finalmente este sábado el Ministerio del Interior iraní, tras un largo recuento. El resultado (18,6 millones de votos) deja a Rohaní a una gran distancia de sus dos rivales más cercanos, los ultraconservadores Mohamed Qalibaf y Said Yalilí, y supone una mayoría absoluta que, aunque muy ajustada, evita la celebración de una segunda vuelta.
Rohaní sustituirá así a Mahmud Ahmadineyad, quien ha ocupado el cargo durante dos mandatos consecutivos (ocho años), tras unos comicios marcados por la ausencia de candidatos verdaderamente opositores, y por el férreo control del régimen. Según las autoridades, la participación ha alcanzado el 72,7%.
Hasan Rohaní (de 64 años, nacido en Sorjé, un poblado de la provincia iraní de Semnán, y cuyo nombre es transcrito también como Rouhani, Ruhani o Rowhani), fue secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional entre 1989 y 2007 y es actualmente el representante del líder supremo (jefe del Estado), Alí Jamenei, en este mismo organismo.
Pese a la etiqueta que le colocan muchos medios occidentales, Rohaní no es exactamente un reformista. Su programa no incluye grandes cambios en la esencia del régimen, ni mucho menos un cuestionamiento del sistema. Por otra parte, sus manos estarán muy atadas por quien verdaderamente detenta el poder en Irán, el líder supremo.
Otra cosa es que un nuevo presidente de talante menos radical pueda contribuir a suavizar las tensas relaciones entre Irán y los países occidentales (particularmente, con Estados Unidos), o incluso influir en las posiciones de la cúpula dirigente, dejando espacio para una mayor libertad interna, como ya ocurrió durante el mandato del reformista Mohamed Jatamí (1997-2005).
Lo que sí parece haber logrado Rohaní es el apoyo de los representantes de esta corriente, aunque sea como último recurso tras haber quedado fuera de juego los dos principales candidatos opositores, Akbar Hashemí Rafsanyaní y Esfandiar Rahim Mashaí (a quienes el Consejo de Guardianes no ha permitido presentarse), después de la renuncia del otro candidato moderado Mohamed Reza Aref, y al estar bajo arresto domiciliario los dos principales líderes reformistas, Mir Husein Musaví y Mehdi Karrubí.
Rohaní tiene experiencia en lidiar con uno de los aspectos que más preocupan a Occidente, el programa nuclear iraní, ya que estuvo al frente del equipo que negoció con la troika formada por el Reino Unido, Francia y Alemania, en un periodo, entre 2003 y 2005, en el que Irán llegó a aceptar una suspensión temporal de las actividades de enriquecimiento de uranio. Dejó el puesto al ser elegido Ahmadineyad como presidente, en agosto de ese último año.
Único clérigo de los seis candidatos que se han presentado a estos comicios, Rohaní defiende la redacción de un código de derechos civiles, la creación de un Ministerio de la Mujer y también una política exterior que acabe con «el ambiente de confrontación con el mundo», ponga fin al creciente aislamiento de Irán y libere al país de las sanciones internacionales, informa Efe.
Íñigo Sáenz de Ugarte explicaba este viernes en su blog que el atractivo electoral de Rohaní «procede del hecho de que en su campaña ha lanzado mensajes discretos pero nítidos al sector de la población que, en especial en las grandes ciudades, apoyó a los candidatos reformistas en anteriores elecciones. Algunos datos anecdóticos, como la participación en las urnas en las zonas de Teherán de clase media alta, hacen pensar que una parte de ese electorado votará a Rohani como mal menor o por miedo a los candidatos más cercanos a Jamenei. El apoyo público de los expresidentes Jatamí y Rafsanyani también le habrá beneficiado».
Otro aspecto clave de su éxito electoral puede haber sido la división en las filas ultraconservadoras, corriente a la que pertenecían cuatro de los seis candidatos.
Cuando Rohaní anunció su candidatura, el pasado 11 de abril, identificó como principales problemas del país una inflación del 30%, la caída del valor del rial (la moneda iraní), el paro y el estancamiento de la economía, y anunció como objetivos «rescatar la economía y reavivar la ética y la interacción con el mundo». Posteriormente ha defendido su modelo económico como «libre, con justicia y basado en la religión».
Un antiguo embajador occidental en Irán que trató con Rohaní durante el Gobierno de Jatamí lo describió a la agencia Reuters como «accesible y no sin sentido», «más un servidor tranquilo, ortodoxo, eficiente y sencillo que una figura carismática o independiente».
Rohaní es considerado un líder pragmático y cercano al expresidente reformista moderado Rafsanyaní. Se le atribuyen buenas relaciones con el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, con quien colabora desde la época de la guerra con Irak, en la década de los 80. Otras fuentes, sin embargo, señalan que existe tensión entre ambos.
Con respecto al presidente saliente, Rohaní ha criticado abiertamente a Ahmadineyad en varias ocasiones, llegando a decir que su «comentarios descuidados y poco calculados» le han costado muy caro al país.
De acuerdo con un perfil publicado en la BBC, en 1999, durante unas manifestaciones estudiantiles en contra del cierre de un periódico reformista, Rohaní mantuvo una posición dura, y afirmó que aquellos que habían sido arrestados por sabotaje y por destruir propiedad privada se enfrentarían a la pena de muerte si eran declarados culpables.
Más recientemente, sin embargo, Rohaní se mostró más tolerante con las protestas que estallaron tras las polémicas elecciones de 2009, y criticó al Gobierno por reprimir el derecho de la gente a manifestarse de forma pacífica.
Finalmente, sobre el inicio de su carrera política, un extracto de la información recogida en Wikipedia:
Desde su etapa de joven seminarista, Hasán Rouhaní fue influido por los discursos del ayatolá Jomeini en su oposición a los proyectos modernizadores del shah Mohammad Reza Pahlevi en el año 1963, y como otros muchos religiosos comenzó entonces su militancia política. En 1965 comenzó a viajar por distintas ciudades de Irán haciendo discursos en contra de la monarquía, resultando detenido ya en su primer viaje como después en numerosas ocasiones, además de prohibírsele oficialmente predicar desde los almimbares, según sus propias memorias. En otoño de 1977, Rouhaní fue el primero en aplicar a Jomeini el título de «imam» en una prédica en la mezquita del bazar de Teherán, con ocasión de un homenaje al hijo del ayatolá, Mostafá Jomeini. Al perseguirlo tras ese discurso la SAVAK, Rouhaní huyó del país, aconsejado por los mulás revolucionarios Morteza Motahharí y Seyed Mohammad Beheshtí. Tras algo más de un año dedicado a la propaganda revolucionaria entre los estudiantes iraníes en Reino Unido y Francia, con el retorno triunfal de Jomeini a Irán, Rouhaní también regresó. Tras la caída de la dinastía Pahlaví, Rouhaní se dedicó a la tarea de organizar el ejército iraní y sus bases militares, en estado caótico.
Leer también: Irán elige presidente bajo el férreo control del régimen
El clérigo considerado moderado Hasan Rohaní logró este viernes la victoria en las elecciones presidenciales de Irán con el 50,68% de los votos, según ha anunciado finalmente este sábado el Ministerio del Interior iraní, tras un largo recuento. El resultado (18,6 millones de votos) deja a Rohaní a una gran distancia de sus dos rivales más cercanos, los ultraconservadores Mohamed Qalibaf y Said Yalilí, y supone una mayoría absoluta que, aunque muy ajustada, evita la celebración de una segunda vuelta. […]
Irán celebra este viernes unas elecciones presidenciales importantes para el futuro del país, pero marcadas por el control del todopoderoso Consejo de Guardianes, por la ausencia de auténticos opositores al régimen y, de fondo, por el más que probable mantenimiento del polémico programa nuclear del país, pase lo que pase.
Tras la exclusión inicial de dos de los candidatos favoritos, y después de la retirada de dos más en estos últimos días, quedan un total de seis aspirantes al puesto que ocupa Mahmud Ahmadineyad desde que fuera elegido para un segundo mandato en las controvertidas y caóticas elecciones de hace cuatro años. Solo uno de ellos, Hasan Rohaní, puede considerarse medianamente reformista, o, más exactamente, moderado.
No es previsible que ninguno de los posibles vencedores vaya a modificar las líneas principales de la política exterior iraní, especialmente en asuntos que conciernen a Occidente, como el programa nuclear o el apoyo al régimen sirio de Bashar al Asad. En ambos casos, las decisiones últimas dependen directamente del líder supremo. Sobre el programa nuclear, el jefe del equipo negociador iraní y uno de los candidatos a las presidenciales, Said Yalilí, ya adelantó el mes pasado a la cadena Euronews que «los resultados de las elecciones no van a afectar a las actividades de enriquecimiento [de uranio]».
Otra cosa es que un nuevo presidente de talante menos radical pueda llegar a influir en las posiciones de la cúpula dirigente, como ya ocurrió durante el mandato del reformista Mohamed Jatamí (1997-2005). En cualquier caso, sí existen diferencias entre los aspirantes a la presidencia, entre los que aún no había un favorito claro al cierre de la campaña electoral, que pueden afectar al día a día de los iraníes.
Estas son algunas claves de los comicios:
Los iraníes están convocados para elegir en las urnas al que será el undécimo presidente de la República Islámica, en sustitución del actual, Mahmud Ahmadineyad. Ahmadineyad ha concluido su segundo mandato de cuatro años, y la Constitución iraní establece que el presidente no tiene derecho a presentarse a un tercero.
En el caso de que ningún candidato consiga más del 50% de los votos habrá una segunda vuelta, prevista, en principio, para el próximo 21 de junio, y en la que se volverán a enfrentar los dos candidatos que más votos hayan obtenido.
El cargo de presidente es el segundo más importante en la estructura política iraní, después del de líder supremo (jefe del Estado), puesto que ocupa desde 1989 el ayatolá Alí Jamenei.
La elección se lleva a cabo por sufragio universal directo, pero, para poder presentarse, los candidatos tienen que pasar primero el visto bueno del Consejo de Guardianes, a través de un organismo formado por expertos en ley islámica y juristas especializados.
La ley establece que los candidatos deben ser «personalidades políticas y religiosas» de nacionalidad iraní, administradores experimentados, con buenos antecedentes, «dignos de confianza y virtuosos», y creyentes y comprometidos con los principios de la República Islámica y la confesión oficial del país (el islam chií).
De las 686 candidaturas presentadas inicialmente, el Consejo de Guardianes, que no está obligado a explicar las razones de sus vetos, aprobó un total de ocho. Y entre los excluidos se encuentran dos de los candidatos que a priori estaban entre los favoritos: Akbar Hashemí Rafsanyaní, un reformista moderado que fue hombre de confianza del ayatolá Jomeini, que ha sido responsable en gran medida de la conformación política del aparato del Estado, y que ya ejerció la presidencia entre 1989 y 1997, y Esfandiar Rahim Mashaí, nacionalista conservador y liberal en cuestiones sociales, aliado político de Ahmadineyad y enfrentado a sectores clericales vinculados a Jamenei. Ambos, el primero desde el reformismo y el segundo desde el oficialismo, son vistos como los principales opositores a la línea del líder supremo.
Según explica Rana Rahimpour, del servicio en persa de la BBC, la descalificación de estos dos candidatos muestra que el líder supremo «ha optado por tener una elección tranquila, al convertirla en un partido amistoso entre conservadores y centristas».
El primero en retirarse de los ocho candidatos admitidos fue el diputado Gholam Ali Hadad Adel, uno de los cinco aspirantes ultraconservadores islámicos a la presidencia. Un día después, este mismo martes (penúltimo día de campaña), anunció asimismo su renuncia el candidato reformista moderado Mohamed Reza Aref, quien explicó que abandonaba la campaña para dar más opciones al otro candidato de su corriente, Hasan Rohaní, y a petición del expresidente Jatamí, al que calificó de «líder reformista».
Los reformistas, que están centrando su estrategia en forzar una segunda vuelta entre Rohaní y uno de los cuatro candidatos ultraconservadores que quedan, esperaban también la renuncia en favor de Rohaní del tecnócrata Mohamed Gharazí, quien apuntó hace días que podría retirarse, aunque este miércoles su hijo lo negó.
Ninguno de los seis candidatos representa, de todos modos, una auténtica oposición que suponga una alternativa al régimen, situación que es interpretada como un intento por parte del Consejo de evitar que se repita el gran movimiento de protesta que estalló tras las elecciones de 2009 (la conocida como «revolución verde»).
No obstante, tanto Aref como Rohaní han llamado a acudir a las urnas a los seguidores de los reformistas, entre los que cunde el desencanto y el rechazo al Gobierno tras la crisis política y la represión que siguieron a los últimos comicios. Entonces, los reformistas denunciaron fraude y promovieron protestas multitudinarias que fueron reprimidas con el resultado de decenas de muertos y miles de heridos. Los dos líderes de esta corriente, Mir Husein Musaví y Mehdi Karrubí, fueron detenidos y en la actualidad permanecen bajo arresto domiciliario, prácticamente incomunicados.
Calificados de «sediciosos», los reformistas más avanzados han sido barridos de la contienda electoral y han pasado a promover el boicot a los comicios, mientras que el entorno de Ahmadineyad también ha sido marginado por el sector más religioso, y tachado de «desviacionista» del régimen islámico.
Mientras, entre los cuatro candidatos considerados ultraconservadores y cercanos al líder supremo, las dudas sobre quién puede ser el ganador siguen sin despejarse.
Ali Akbar Velayatí, asesor del líder, parecía descartado, pero ha conseguido apoyos importantes entre influyentes clérigos chiíes. Otro de los mejor situados es Said Yalilí, el negociador nuclear de Irán, pero su candidatura solo la respaldan, principalmente, los grupos más radicales. Los otros dos, Mohamed Bagher Qalibaf (alcalde de Teheran) y Mohsen Rezaí (secretario del Consejo del Discernimiento) son más pragmáticos y pueden tener opciones si los electores se centran en temas como la economía o la gestión de los impuestos.
Hasan Rohaní (64 años, moderado). Fue secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional entre 1989 y 2007 y es el actual representante del líder supremo en este mismo organismo. No es exactamente un reformista (su programa no incluye grandes cambios en la esencia del régimen), pero sí ha logrado el apoyo de los representantes de esta corriente, aunque sea como último recurso. Rohaní lideró el equipo iraní de negociación con la troika formada por el Reino Unido, Francia y Alemania en torno a los conflictos derivados del programa nuclear de Irán. Defiende la redacción de un código de derechos civiles, la creación de un Ministerio de la Mujer y también una política exterior que acabe con «el ambiente de confrontación con el mundo», ponga fin al creciente aislamiento de Irán y libere al país de las sanciones internacionales. Es el único clérigo de los seis candidatos.
Mohamed Gharazí (71 años, independiente). Ingeniero eléctrico de profesión, fue ministro de Correos y Telégrafos bajo la presidencia de Rafsanyani (entre 1985 y 1997) y, antes, ministro del Petróleo (entre 1981 y 1985). Puede lograr parte del voto reformista.
Mohamed Baqer Qalibaf (51 años, conservador). Es el alcalde de la capital, Teherán, desde 2005, y fue comandante de la Guardia Revolucionaria durante la guerra entre Irán e Irak. Doctor en geografía política, ejerció asimismo como comandante de los cuerpos de policía iraníes entre 2000 y 2005. En la asamblea del Foro Económico Mundial de 2008 en Davos (Suiza), Qalibaf afirmó que Irán no necesita armamento nuclear ni no convencional para su defensa, añadiendo que «según nuestra creencia islámica, ese tipo de cosas está prohibido». Qalibaf condenó el apoyo que mostraron a la primavera árabe y a la revolución egipcia los reformistas Musaví y Karrubí, a quienes ha calificado de «jefes de la sedición» y de «delincuentes». Ha criticado también a Ahmadineyad por su falta de tacto diplomático (al cuestionar el Holocausto, por ejemplo).
Mohsen Rezaí (58 años, conservador). Fue también comandante de la Guardia Revolucionaria durante la guerra Irán-Irak, y es actualmente secretario del Consejo de Discernimiento del Interés del Estado desde 1997. Formado en economía, Rezaí tiene como prioridades en su programa modernizar el sector agrícola para garantizar la seguridad alimentaria nacional, sustituir importaciones de Extremo Oriente, apoyar la industria, y cooperar más con el suroeste asiático. En noviembre de 2006, un juez argentino emitió una orden de arresto internacional contra él, otros seis iraníes y un libanés, en conexión con el atentado del 18 de julio de 1994 contra el centro cultural judío AMIA en Buenos Aires, que causó 85 muertos y 151 heridos. Las autoridades iraníes rechazan tajantemente la acusación.
Alí Akbar Velayatí (67 años, conservador). Fue ministro de Exteriores durante 16 años (con Jomeini, con el primer ministro Mir Hosein Musavi y con el presidente Rafsanyani, entre 1981 y 1997). Actualmente es consejero de política internacional del ayatolá Jamenei. Es la figura política de la República Islámica que más tiempo ha sido ministro, habiendo ejercido tanto durante casi toda la guerra Irán-Irak como durante el inicio del desarrollo de las relaciones con los países occidentales durante la presidencia de Rafsanyani. Tiene el apoyo de varias asociaciones de clérigos, pero le falta respaldo popular.
Said Yalilí (47 años, conservador). Candidato del partido Frente por la Firmeza de la República Islámica, es, desde 2007, el responsable de la diplomacia relativa al programa nuclear de Irán, un puesto en el que se ha mostrado inflexible, enarbolando insistentemente el derecho de Irán a desarrollar una «energía nuclear pacífica». Fue vicepresidente primero de Ahmadineyad desde 2009 y es considerado uno de los ‘duros’ de la política iraní. De fuertes convicciones religiosas, luchó en la guerra con Irak y es doctorado en Ciencias Políticas (publicó su tesis en 1994 bajo el título La política exterior del Profeta). Asesor del líder supremo y muy protegido por éste, se le considera el favorito del régimen.
En un país que sufre desde hace años el rigor de las sanciones impuestas por Occidente, a causa, fundamentalmente, del desarrollo de su programa nuclear, la gestión de la economía se ha convertido en un tema ineludible dentro del debate político nacional.
El régimen mantiene que las sanciones no están teniendo consecuencias graves, y es cierto que no puede hablarse de la gran escasez que, por ejemplo, padeció en este sentido el Irak de Sadam Huseín. Pero el veto financiero esta impidiendo que se realicen transferencias y operaciones bancarias entre Irán y otros países, y ello ha causado una falta de reservas de divisas fuertes (dólares, euros), que impide a Teherán importar muchas mercancías y productos que, en teoría, no están sujetos a sanciones, entre ellos, fármacos y equipos médicos. El régimen ha llegado a reconocer tambien una caída en sus ingresos por las vitales exportaciones de petróleo.
Otro factor clave en estas elecciones será la participación. Por un lado, los sectores más liberales han llamado al boicot; por otro, es probable que una parte importante de la población opte por la abstención, ante la falta de esperanzas de un cambio real, y tras la dramática experiencia de los últimos comicios.
Entre los más apáticos parecen encontrarse los jóvenes. Según explicaba un profesor universitario a la corresponsal de El País, «en las últimas elecciones, cuando preguntaba a mis alumnos, todos menos tres o cuatro iban a votar por [el líder opositor Mir-Hosein] Musaví. Ahora, solo tres o cuatro dicen que van a votar».
Las autoridades iraníes han incrementado los obstáculos para el acceso a Internet en las últimas semanas, con más bloqueos, sobre todo, a las redes sociales, VPN y servicios proxy. Un experto iraní en Internet, que pidió no ser identificado, dijo a la agencia Efe que «los servicios secretos han tomado todo tipo de medidas para ralentizar el uso de Internet y evitar el acceso a cualquier página que consideran potencialmente peligrosa para la seguridad».
Un gran número de páginas web están bloqueadas en Irán, entre ellas las de muchos medios de comunicación extranjeros y también las de grupos sociales y políticos, tanto iraníes como de otros países e internacionales, que el Gobierno de Teherán considera hostiles.
En estos comicios está previsto elegir también a los miembros de los concejos municipales, así como a los representantes en la asamblea legislativa iraní de cuatro distritos electorales. A las elecciones locales, ensombrecidas por las presidenciales, se presentan un total de 285.000 candidatos.
Irán es un régimen teocrático cuya estructura de poder tiene cuatro pilares fundamentales:
Líder Supremo: Es la máxima autoridad política y religiosa. Controla también las fuerzas armadas.
Consejo de Guardianes: La institución más influyente. Está compuesto por doce miembros, la mitad de los cuales son designados directamente por el líder supremo. Revisa que las leyes no contradigan el espíritu de la revolución islámica.
Parlamento: El poder legislativo es ejercido por la Asamblea Consultiva Islámica. En la última elección (2012) ganaron los ultraconservadores, lo que acrecentó la influencia del líder supremo.
Guardia revolucionaria: Es el cuerpo armado que se encarga de mantener la seguridad interna y de preservar la revolución.
Con información de Efe, Reuters, Europa Press y Wikipedia
Publicado originalmente en 20minutos
Irán celebra este viernes unas elecciones presidenciales importantes para el futuro del país, pero marcadas por el control del todopoderoso Consejo de Guardianes, por la ausencia de auténticos opositores al régimen y, de fondo, por el más que probable mantenimiento del polémico programa nuclear del país, pase lo que pase. Tras la exclusión inicial de dos de los candidatos favoritos, y después de la retirada de dos más en estos últimos días, quedan un total de seis aspirantes […]
El presidente de Israel, Shimon Peres, dio este sábado 14 días más al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, para que intente formar gobierno, después de que el plazo inicial de 28 días haya concluido en fracaso. Las conversaciones con los posibles socios están estancadas desde las elecciones del pasado 22 de enero. Si para el próximo día 16 Netanyahu no ha logrado formar un ejecutivo, y a falta de otro candidato capaz de obtener la mayoría parlamentaria, los israelíes serán convocados de nuevo a las urnas. El retraso puede hacer que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aplace, o se replantee, su anunciada visita a Israel, prevista, para finales de marzo.
En los comicios del 22 de enero, la alianza encabezada por Netanyahu (Likud-Beitenu, formada por la derecha israelí y el partido ultra del exministro de Exteriores Avigdor Lieberman) obtuvo el 23,2% de los votos (31 escaños de los 120 del Parlamento), un liderazgo insuficiente que obligó al primer ministro a tener que considerar alianzas. En los 28 días transcurridos desde entonces, Netanyahu solo ha conseguido forjar un pacto con la exministra de Exteriores Tzipi Livni, cuyo partido, El Movimiento (un conglomerado de seis facciones), le dio 37 escaños, lejos aún de los 67 que necesita para conformar una coalición estable.
Netanyahu tiene experiencia de sobra en el laberinto de las maniobras políticas, pero, como escribe Sal Emergi en El Mundo, esta vez parece estar «perdiendo la partida de póker ante dos novatos que han hecho de su alianza táctica su mayor virtud». Los novatos son el partido centrista Yesh Atid (Hay Futuro) del experiodista Yair Lapid (19 escaños, segundo en las elecciones), y el partido nacionalista religioso Bayit Yehudi (Hogar Judío) de Naftali Bennett (12 escaños, cuarto en los comicios). Y el caballo de batalla son los judíos ultraortodoxos.
Tanto Bennett como, sobre todo, Lapid, exigen a Netanyahu que ponga fin a las exenciones del servicio militar de que disfrutan los ultraortodoxos desde la fundación del país, y que recorte las cantidades que otorga el Estado a esta comunidad. Netanyahu, sin embargo, insiste en querer incluir a los partidos ultraortodoxos (el sefardí Shas y el askenazí Judaísmo Unido de la Torá, principalmente) en su coalición. Por un lado, le han sido leales en el pasado; por otro, sus números darían más estabilidad a su gobierno frente a los otros integrantes de la posible coalición. El problema es que ni Hay Futuro ni Hogar Judío quieren sentarse en un ejecutivo donde estén también las facciones ultraortodoxas que desean mantener las exenciones al servicio militar y otros privilegios.
En resumen: El objetivo común de estos dos partidos ha puesto a Netanyahu contra las cuerdas. Si los ignora y se limita a pactar con los ultraortodoxos se quedará corto (la colición alcanzaría solo entre 55 y 57 escaños, insuficientes para gobernar), de modo que, a menos que opte por llevar al país a un nuevo proceso electoral ante la imposibilidad de formar gobierno, al primer ministro no le va quedando otra que rendirse: Una coalición con Lapid y Bennet le daría una mayoría suficiente, pero al alto precio de perder a sus aliados ultraortodoxos y de tener que ceder más poder. Y muchas más opciones no hay, ya que el resto de los partidos (el laborista, las formaciones árabes, el comunista Hadash y el pacifista Meretz) no tienen intención de participar en las negociaciones.
Otra cosa es cuánto de real tiene exactamente esa ‘alianza táctica’ entre Hay Futuro y Hogar Judío. Porque las coincidencias entre ambos partidos no van más allá de su oposición a las exenciones y su rivalidad con Netanyahu. Sus ideas sobre cómo «repartir la carga del Estado» (la expresión con la que Lapid suele aludir a poner fin a los privilegios de los ortodoxos) son muy diferentes, y tampoco están de acuerdo en lo que respecta al proceso de paz con los palestinos. El partido de Lapid cree que es necesario reactivarlo, mientras que la formación liderada por Bennet está a favor de mantener los asentimientos judíos en los territorios ocupados.
Ambos líderes son, también, muy distintos. Lapid, antigua estrella de la televisión y la gran revelación de las elecciones, es un centrista carismático, pero poco definido políticamente y más bien neoliberal en lo económico, aunque no tanto como Netanyahu. Bennet, por su parte, ha conseguido aportar al nacionalismo tradicional israelí un aire más moderno, más joven y más desenfadado, pero sus convicciones siguen siendo radicales. Se opone a la creación de un Estado palestino, apoya a los colonos (aunque trate de distanciarse de los más extremistas), y quiere «resucitar el sionismo» con «valores judíos», pero sin comprometer por ello, siendo él mismo un destacado exmilitar, el papel fundamental, y sin excepciones, del ejército.
Los grupos religiosos son conscientes de estas diferencias y maniobran para salvaguardar sus intereses. Según una información del diario Maariv recogida por la agencia Efe, el partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá envió un mensaje a Hogar Judío para tratar de contrarrestar la influencia de Hay Futuro en la coalición: «Ayudadnos a proteger las yesivás [seminarios talmúdicos, cuyos alumnos reciben subvenciones y están exentos del servicio militar] y os ayudaremos a proteger las colonias [en territorio palestino ocupado]».
No les faltan motivos para verse amenazados como nunca antes. Las demandas de Hay Futuro han encontrado mucho eco en una clase media laica israelí cada vez más cansada de que los ultraortodoxos no estén obligados a participar en el ejército, no tengan que educar a sus hijos con los programas escolares del resto de los niños, y no necesiten ganarse la vida trabajando, gracias a las ayudas sociales que reciben del Estado. El propio Lapid ha dicho que entiende que el estudio de los textos sagrados es parte de la esencia judía, pero que eso no debe ser una excusa para que los niños no aprendan matemáticas e inglés, los jóvenes no sirvan a su patria y los adultos no trabajen para mantenerse.
La situación de los ultraortodoxos y su dependencia de un Estado en el que, sin embargo, no están plenamente integrados, era, al fin y al cabo, una bomba de relojería que tenía que acabar estallando tarde o temprano. Son, junto con los árabes, la parte más empobrecida de la población, y mantienen un constante crecimiento demográfico (tienen una media de más de 4,2 hijos por mujer, casi el triple que la población judía laica).
Muchos ciudadanos israelíes, y especialmente los 543.289 que votaron a Lapid, tienen, además del asunto de los ultraortodoxos, otras preocupaciones en mente. Entre las más importantes, la falta de viviendas asequibles, el elevado precio de los alimentos o los altos impuestos que paga la clase media (el proceso de paz y la ocupación han quedado muy en segundo plano). Sin embargo, lo cierto es que, el final, son los ultraortodoxos y su exención del servicio militar lo que parece estar acaparando todo el protagonismo en esta larga agonía postelectoral.
¿Y dónde queda el antimilitarismo en todo este debate? En una sociedad como la israelí, muy lejos. Los que piensan que el servicio militar no debería ser obligatorio ni para los ultraortodoxos ni para nadie son, hoy por hoy, una pequeña minoría.
Más información y fuentes:
» Netanyahu gets 14 more days to form new Israeli government (Reuters)
» Netanyahu’s Ticking Time Bomb (The American Prospect)
» Peres concede a Netanyahu dos semanas más para formar Gobierno (El Mundo)
» El insólito pacto Lapid-Benet doblega a Netanyahu (Efe)
» Los partidos empiezan negociaciones para formar el próximo gobierno israelí (Efe)
» La tensión entre religiosos y seculares dificulta la formación del gobierno israelí (Efe)
» Woe to the Victor (Uri Avnery)
» ‘Equal burden’ – a disaster for the IDF (Uri Avnery)
» Israel no gira, solo frena (Obamaworld)
» The Party Faithful (The New Yorker)
» Yair Lapid, un atractivo novato en un campo lleno de lobos (Guerra Eterna)
El presidente de Israel, Shimon Peres, dio este sábado 14 días más al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, para que intente formar gobierno, después de que el plazo inicial de 28 días haya concluido en fracaso. Las conversaciones con… Leer
Por primera vez desde que, en 1974, comenzó la ocupación turca del tercio norte de la isla, el apasionado debate sobre la reunificación no ha sido el asunto central ante unas elecciones en Chipre. La campaña para los comicios presidenciales de este domingo ha tenido un nuevo e incómodo protagonista: las negociaciones para el rescate solicitado a la Unión Europea como consecuencia de la grave crisis financiera que sufre el país. Estas son las claves de los comicios:
Pequeño, pero matón. Están convocados a las urnas un total de 545.180 votantes, que tendrán que elegir entre 11 aspirantes a la presidencia. La República de Chipre (el Estado que constituye la parte greco parlante de la isla, única reconocida internacionalmente) tiene solo 1,1 millones de habitantes y su PIB representa el 0,14% de toda la Unión Europea, pero su rescate ha vuelto a abrir la caja de los truenos financiera en el Eurogrupo.
Adiós al único comunista. El presidente que salga de las urnas sustituirá a Demetris Christofias, quien fue elegido en 2008. Christofias, único mandatario comunista en la Unión Europea, decidió no volver a presentarse.
Los favoritos. Las encuestas dan como favorito al candidato conservador Nicos Anastasiades (66 años), líder del partido Disy, el principal grupo de la oposición. Según las últimos sondeos, Anastasiades obtendría un 15% de ventaja sobre el independiente Stavros Malas (45 años), a quien apoya el partido comunista Akel (actualmente en el Gobierno). El tercero en las encuestas es el socialdemócrata respaldado por el partido Edek Yorgos Lilikas (52 años), único de los tres principales candidatos que se opone al plan de rescate. Si el candidato ganador no alcanza más del 50% de los votos en la primera vuelta, habrá una segunda el 24 de febrero.
El candidato del Eurogrupo. Anastasiades, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los líderes europeos y, en especial, de la canciller alemana, Angela Merkel, asegura estar dispuesto a impulsar importantes reformas para relanzar la economía y es favorable a implantar un plan de austeridad a cambio del plan de rescate internacional. No obstante, en una reciente entrevista con la agencia Efe, el líder conservador indicó que antes de asegurar el rescate de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), uno de sus primeros pasos sería asegurar otro préstamo para hacer frente a las necesidades inmediatas del país.
Negociación estancada. Chipre y la troika llevan desde el pasado mes de junio discutiendo las condiciones de un plan de rescate que ha sido fijado en unos 17.000 millones de euros, incluyendo 10.000 para rescatar a sus bancos, víctimas de la deuda griega. Las negociaciones estaban estancadas y finalmente se aplazaron hasta que se celebren las elecciones. Sería el cuarto rescate global de la Eurozona. Las autoridades chipriotas han adoptado estos últimos meses algunas medidas de austeridad (subir el IVA, por ejemplo), pero se niegan a realizar las privatizaciones que reclaman los socios de la UE.
La pesada losa de Grecia. El presidente saliente, Demetris Christofias, dijo hace unos días que Chipre «podría haber evitado la situación en la que se encuentra hoy» si no fuera por las necesidades de recapitalización de su banca. Christofias recordó que la quita de deuda llevada a cabo el pasado año en Grecia fue uno de los factores que provocó que los bancos chipriotas tuvieran que solicitar apoyo estatal, lo que a su vez hizo que el Estado tuviese que pedir ayuda internacional. Dicha quita ha costado a Chipre, muy expuesto a la deuda helena, unos 4.500 millones de euros (la cuarta parte de su producto interior bruto). El nuevo presidente tendrá que enfrentarse a un difícil problema: evitar que la ayuda europea de 17.000 millones de euros tenga el efecto de disparar la deuda pública hasta hacerla, como en Grecia, insostenible.
Los depósitos bancarios, en el aire. Uno de los temas más polémicos de la campaña electoral ha sido la posibilidad de que el Eurogrupo acabe aprobando una quita de los depósitos en los bancos de Chipre. Ello supondría imponer pérdidas sobre los titulares de depósitos no garantizados en los bancos del país. Según informó Efe, a pesar de que tanto el Gobierno de Chipre como la Comisión Europea han excluido esta posibilidad, y de que la agencia de calificación Moody’s ha advertido sobre los riesgos que podría conllevar para los demás depósitos europeos, los chipriotas siguen en la incertidumbre.
Lavado de dinero. Otro de los asuntos controvertidos en estos últimos meses han sido las actividades relacionadas con lavado de dinero que destapó un informe de los servicios alemanes de inteligencia filtrado por la revista Der Spiegel. Según estas informaciones, la isla ha sido escenario de numerosas operaciones ilegales con dinero procedente de Rusia. El Eurogrupo, al que Chipre se incorporó en 2008, ha exigido una auditoría independiente para esclarecer estas acusaciones, como una de las condiciones para el rescate pedido por Nicosia. Pero el Gobierno de Chipre se ha negado tajantemente, ha calificado de «chantaje» la exigencia y mantiene que el país ya ha pasado con éxito varias inspecciones por parte de organismos internacionales. Los dirigentes del norte de Europa no quieren que con el dinero de sus contribuyentes se garanticen los grandes depósitos de los millonarios rusos, que aprovechan las ventajas financieras de la isla.
Mirando a Moscú. Chipre ya aceptó un préstamo ruso de 5.000 millones de euros el año pasado, y la posibilidad de volver sus ojos definitivamente hacia el dinero de Rusia, en vez de hacia el capital europeo, ha sido hasta ahora una de sus cartas bajo la manga en las negociaciones con el Eurogrupo. Los líderes de la Eurozona confían en que un candidato como Anastasiades disipe esta amenaza.
El gas salvador. Más allá del rescate, Chipre tiene puestas sus esperanzas para salir de la crisis (la peor de su historia) en otro factor: sus reservas marinas de gas. Según aseguró el presidente de la compañía nacional de hidrocarburos, en 2019 el país estará en condiciones de cubrir el 10% de las necesidades energéticas europeas. Las prospecciones realizadas hasta ahora son, efectivamente, prometedoras, hasta el punto de haberse convertido en la principal alternativa de los candidatos que, como Yorgos Lilikas, rechazan el rescate europeo. Pero todavía quedan muchos obstáculos por salvar, tanto a nivel tecnológico como geopolítico, ya que persisten las disputas territoriales de las aguas del Mediterráneo, sobre todo con Turquía.
Turquía y el paro. Los otros dos grandes desafíos del nuevo gobierno serán tratar de resucitar las negociaciones con Turquía y encarar el problema del paro. Con respecto a Turquía, algunos analistas consideran que una victoria de Anastasiadis podría traducirse en un mayor apoyo de Grecia a la reanudación de las negociaciones entre Nicosia y Estambul, ya que el candidato conservador chipriota procede de la misma familia política que el primer ministro griego, Antonis Samaras. En cuanto al paro, el reto será hacer compatible la austeridad que imponga Bruselas con políticas capaces de generar puestos de trabajo, algo esencial en un país cuya tasa de desempleo se ha disparado en los últimos años, pasando de un 6,50% en 2010 a un 9,50% en 2011 y un 14,70% en 2012.
Más información y fuentes:
» Chipre cierra su campaña presidencial con la atención puesta en la economía (Efe)
» Elecciones en Chipre: crisis económica se impone a los antagonismos políticos (AFP)
» Chipre elige un nuevo presidente en plena polémica por el rescate europeo (El País)
» Cyprus prepares for presidential elections as bailout threat looms (The Guardian)
» El efecto dominó que llevó a la crisis financiera de Chipre (Andrés Mourenza, Efe)
» Chipre apuesta por sus reservas de gas para superar la crisis (Efe)
» German Intelligence Report: Aid to Cyprus Could Benefit Russian Oligarchs (Der Spiegel)
Por primera vez desde que, en 1974, comenzó la ocupación turca del tercio norte de la isla, el apasionado debate sobre la reunificación no ha sido el asunto central ante unas elecciones en Chipre. La campaña para los comicios presidenciales… Leer
Al menos 16 periodistas han sido detenidos en Irán en los últimos días, acusados por el Ministerio de Información iraní de colaborar con medios de comunicación extranjeros en persa, a los que califica de «antirrevolucionarios». Varios más han recibido citaciones para comparecer próximamente ante los tribunales. Los arrestados trabajan para los diarios reformistas Arman, Bahar, Etemaad y Shargh, para el semanario Aseman, y para la agencia ILNA. Aunque no se puedan considerar disidentes, todos estos medios son críticos con el Gobierno e informan, entre otras cosas, de las dificultades de la economía bajo las sanciones que Occidente ha impuesto a Irán por su programa nuclear.
La oleada de detenciones ha despertado la indignación de la comunidad internacional y de organizaciones en defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras. «Irán es una de las mayores cárceles del mundo para periodistas», afirmó Reza Moini, responsable de RSF en el país.
El temor es que la censura y la represión vayan a más, ya que el próximo mes de junio se celebran elecciones presidenciales en la República Islámica. «Desde principios de año –informa Ángeles Espinosa en El País– agentes de los servicios secretos o miembros de la Guardia Revolucionaria han estado interrogando a periodistas sobre los próximos comicios, el candidato al que piensan respaldar, o su opinión sobre un reciente discurso en el que el líder supremo pidió que dejaran de pedir elecciones libres porque “desde el principio de la República Islámica, las elecciones siempre han sido libres”».
«Treinta y cuatro años después de que el fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini, regresase de Francia, y en contra de sus propias promesas de respetar las libertades fundamentales, Irán es actualmente una de las mayores prisiones del mundo para periodistas, con un total de 62 informadores detenidos», indica el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire. «El sucesor de Jomeini como líder supremo, Ali Jamenei, ha llevado más allá la guerra contra los periodistas y la demonización de la prensa extranjera y de los medios de comunicación. Los periodistas e intelectuales iraníes llevan 34 años siendo acusados de ser espías a sueldo de los gobiernos occidentales, con cargos que nunca han sido probados en juicios justos. El sistema de justicia en Irán no es más que una herramienta al servicio del líder supremo, que es quien elige a su jefe, para machacar cualquier esperanza de una mayor libertad», añade.
Según han informado medios de comunicación iraníes, las fuerzas de seguridad irrumpieron el pasado fin de semana en las oficinas de varias publicaciones con sede en Teherán. El domingo, varios periodistas fueron detenidos en cinco redadas llevadas a cabo simultáneamente, mientras que otros dos fueron detenidos el sábado. Agentes de seguridad registraron y grabaron las instalaciones. También registraron los domicilios de algunos de los periodistas. A algunos les confiscaron los teléfonos y las acreditaciones de prensa. Amnistía Internacional informa de que los profesionales detenidos el domingo han sido trasladados a un lugar desconocido, mientras que los dos detenidos el sábado habrían sido llevados a la prisión de Evín.
Las últimas detenciones, añade AI, se producen tras el regreso a prisión de Mohammad Sadiq Kaboudvand, quien el viernes fue devuelto a la cárcel de Evín, después de que en diciembre de 2012 se le hubiese concedido un permiso de salida para recibir tratamiento médico. Kaboudvand, cuyo estado de salud es precario, cumple una pena de diez años y medio que se le impuso, según la ONG, por su labor periodística y en favor de los derechos humanos. Era la primera vez que se le concedía un permiso de salida desde su detención en 2007.
El miércoles, el Ministerio de Inteligencia de Irán vinculó a varios de los periodistas detenidos con la radiotelevisión británica BBC, y aseguró que había desmantelado la mayor red relacionada con medios extranjeros para bloquear la «infiltración enemiga». Según una nota difundida por la agencia oficial iraní, IRNA, y recogida por Efe, el Ministerio señaló que, en su «campaña contra la injerencia de los poderes amenazantes y perversos», había logrado «identificar y detener a periodistas que colaboraban con la máquina de propaganda de la BBC».
IRNA, que denomina al Gobierno británico «el viejo zorro», acusa a la BBC de haber difundido recientemente varios reportajes «controvertidos» con el fin de desprestigiar al presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, y al Banco Central Iraní.
Mohammad Hosseini, ministro iraní de Cultura y Orientación Islámica, afirmó por su parte que las últimas detenciones de periodistas «no tienen nada que ver con su trabajo». Sin embargo, la semana pasada el fiscal general, Gholamhossein Mohseni Ejei, pareció advertir de las redadas al afirmar que «mañana, si cualquiera de estas personas es detenida por cometer un acto delictivo, chillaréis y gritaréis, sin tener ni idea de que esa persona era el portavoz del enemigo».
Más información y fuentes:
» Informe de Reporteros Sin Fronteras (incluye la lista completa de los periodistas detenidos y los medios para los que trabajan)
» Informe de Amnistía Internacional
» Entrevista a Reza Moini, responsable en Irán de Reporteros Sin Fronteras (Euronews)
» Irán reprime a los periodistas (Ángeles Espinosa, en El País)
Al menos 16 periodistas han sido detenidos en Irán en los últimos días, acusados por el Ministerio de Información iraní de colaborar con medios de comunicación extranjeros en persa, a los que califica de «antirrevolucionarios». Varios más han recibido citaciones… Leer
Los candidatos de la minoría chií han obtenido más de un tercio de los escaños en las elecciones legislativas celebradas este sábado en Kuwait, unos comicios que han estado marcados por el boicot de los partidos opositores. Estas son las claves de los resultados electorales, de acuerdo con información facilitada por la agencia AFP:
• Los chiíes (un tercio de la población) ganan 17 de los 50 escaños del Parlamento. Hasta ahora tenían siete.
• Los islamistas suníes, que han boicoteado ampliamente las elecciones, pasan de 23 a 4 escaños.
• Según el Ministerio de Información kuwaití, la participación ha sido del 38,8%, aunque un ex parlamentario que boicoteó las elecciones asegura que no ha llegado al 27%. La participación era la principal incógnita: La oposición apostaba por una abstención del 70% y los candidatos progubernamentales esperaban movilizar a más del 50% de los votantes.
Embed from Getty ImagesRecuento de votos en Ciudad de Kuwait tras las elecciones de este sábado. Foto: Yasser Al Zayyat / AFP / Getty Images
• El boicot fue promovido por los jefes de varias tribus beduinas y por los dirigentes de la oposición islamista, nacionalista y liberal, quienes han impugnado una enmienda a la ley electoral que prevé que cada votante elija a un único candidato (antes podía optar por hasta cuatro). La oposición, que tenía 36 de los 50 escaños de la Cámara, no ha presentado candidatos por considerar que esa enmienda favorece la compra de votos y permitirá al poder elegir una asamblea a su medida.
• Habrá tres mujeres en el nuevo Parlamento, una menos que en la Cámara elegida en 2009.
• Son las segundas elecciones en diez meses, y las quintas desde 2006. Desde ese año han dimitido nueve gobiernos.
• La oposición reclama reformas democráticas para reducir la influencia de la familia reinante en el funcionamiento del Estado. También quiere un gobierno salido de la mayoría parlamentaria y una mayor lucha contra la corrupción. No cuestiona, sin embargo, el reinado de la dinastía de los Al Sabah, en el poder desde hace más de 250 años.
• Los problemas políticos han dificultado el desarrollo del emirato, que posee más de 400.000 millones de dólares en reservas de divisas debido a los ingresos petroleros.
» Fuente: AFP
» Lista completa de los candidatos elegidos
» ¿Qué pasa en Kuwait?
Los candidatos de la minoría chií han obtenido más de un tercio de los escaños en las elecciones legislativas celebradas este sábado en Kuwait, unos comicios que han estado marcados por el boicot de los partidos opositores. Estas son las… Leer
La policía carga contra los manifestantes en Ciudad de Kuwait, el pasado domingo. Foto: Yasser Al-Zayyat / AFP / Getty Images
Un centenar de manifestantes y once agentes resultaron heridos el domingo cuando la policía antidisturbios de Kuwait se enfrentó a decenas de miles de opositores. Al menos quince personas fueron detenidas. De acuerdo con varios testigos citados por la agencia Reuters, los policías rodearon a los manifestantes, golpearon con porras, dispararon balas de caucho y lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para impedir que llegaran hasta la sede del Gobierno. Fue, según los convocantes, la mayor manifestación contra el Gobierno en la historia reciente del emirato.
El origen inmediato de las protestas se encuentra en el cambio de la ley electoral anunciado por el Gobierno un día antes, a propuesta del emir, el jeque Sabah al Ahmad al Sabah. El Gobierno convocó asimismo elecciones anticipadas, que se celebrarán el próximo 1 de diciembre. Serán las segundas elecciones legislativas este año, y las quintas desde 2006 en el emirato, que, pese a contar con uno de los parlamentos en teoría más democráticos de la región, está sacudido por repetidas crisis entre el poder ejecutivo y el legislativo.
La ley electoral actual, adoptada en 2006 después de las manifestaciones organizadas por la oposición, divide el país en cinco circunscripciones, cada una de las cuales elige a diez diputados. Cada elector puede votar a un máximo de cuatro candidatos. La enmienda propuesta por el Gobierno quiere reducir a uno o dos el número de candidatos que puede elegir cada persona. El emir sostiene que con ello se pretende «proteger la unidad nacional», ya que la división establecida ahora contribuye a separar Kuwait según criterios religiosos y tribales. La oposición, sin embargo, ha calificado la enmienda como «declaración de guerra», y asegura que el objetivo del Ejecutivo es desvirtuar el poder del Parlamento, porque la nueva ley electoral beneficia a los candidatos gubernamentales.
En 2011, Kuwait vivió una crisis política que se agudizó en noviembre de ese año al irrumpir miles de manifestantes en la asamblea parlamentaria, después de que la policía emplease la fuerza para dispersar una marcha que exigía la renuncia del entonces primer ministro, Naser Mohamed al Ahmed al Sabah, acusado de corrupción. El Gobierno dimitió, se disolvió el Parlamento y, el pasado mes de febrero, se celebraron elecciones legislativas. La oposición, encabezada por los islamistas, ganó la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional.
Desde entonces, los parlamentarios intensificaron sus esfuerzos para obligar a los ministros (el gabinete está controlado por la familia gobernante) a rendir cuentas por acusaciones de corrupción y mala administración. Finalmente, el Tribunal Constitucional invalidó los comicios y ordenó la restitución del parlamento anterior (de 2009, más afín al Gobierno). Pero después de meses de estancamiento e inactividad, el pasado 7 de octubre el emir volvió a disolver la Asamblea.
En un principio, la disolución de la cámara fue bien recibida por la oposición, pero ahora, tras el anuncio de la nueva ley electoral, la mayoría de los partidos opositores y unos 50 diputados han decidido boicotear las elecciones. Los jefes de las tribus beduinas (más de la mitad de la población autóctona de Kuwait, estimada en torno a 1,2 millones de personas), también han llamado al boicot. El Gobierno tiene en su contra a un grupo heterogéneo de opositores, que incluye desde salafistas (islamistas radicales) hasta nacionalistas y grupos chiíes y liberales.
Kuwait fue, en 1962, la primera monarquía del Golfo Pérsico en tener un parlamento electo. La dinastía de los Al Sabah reina en el emirato desde hace más de 250 años.
Un vídeo de la manifestación del domingo:
Más información:
» Kuwait: Las luchas intestinas de la Familia Real (Aish)
» In Kuwait, Political Crises Mask Economic Facts (Al Hayat, traducido al inglés en Al Monitor)
» #Kuwait: This is big change in the #Gulf (Egyptian Chronicles)
Un centenar de manifestantes y once agentes resultaron heridos el domingo cuando la policía antidisturbios de Kuwait se enfrentó a decenas de miles de opositores. Al menos quince personas fueron detenidas. De acuerdo con varios testigos citados por la agencia Reuters, los policías rodearon a los manifestantes, golpearon con porras, dispararon balas de caucho y lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras […]
