La pena de muerte siempre es un crimen. Uno especialmente perverso, además, por cuanto se beneficia de la impunidad oficial que los verdugos se conceden a sí mismos. Es un crimen sancionado por la ley. Pero lo ocurrido esta semana en Arabia Saudí, ese «país amigo» donde, bajo el negro paraguas protector del petróleo, el fanatismo religioso se utiliza como excusa para el despotismo, va más allá del debate sobre la pena de muerte. Es, se mire como se mire, pura barbarie. A ojos occidentales y a ojos orientales. Es barbarie a los ojos del ser humano.
Amina bint Abdul Halim bin Salem Nasser tenía sesenta años. Según informó el periódico árabe Al Hayat, con sede en Londres, citando fuentes de la Policía religiosa saudí, la mujer se ganaba la vida vendiendo «remedios curativos» contra enfermedades. Pero, en realidad, lo que Amina hacía no lo sabemos a ciencia cierta, porque las autoridades saudíes no se han dignado a hacer públicos los cargos concretos por los que fue detenida, en abril de 2009.
Lo único que sabemos es que fue condenada a muerte por practicar «la brujería y la hechicería», y que ha sido decaptitada. A Amina le cortaron la cabeza el pasado lunes en la provincia de Al Jawf, en el norte del país.
«Los cargos de ‘brujería y hechicería’ no están calificados como crímenes en Arabia Saudí y utilizarlos para someter a alguien a la pena extrema y cruel de la ejecución es verdaderamente horroroso», denunció el director interino del programa de Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional, Philip Luther.
«A falta de que conozcamos los detalles sobre los actos por los que las autoridades habían acusado a Amina, [sabemos que] los cargos de brujería han sido frecuentemente utilizados en Arabia Saudí para castigar a las personas, por lo general después de juicios injustos, por el ejercicio de la libertad de expresión o religión», añadió.
Amnistía Internacional recordó que el pasado mes de septiembre fue ejecutado un ciudadano sudanés por cargos de «brujería» en la ciudad de Medina. Según las denuncias llegadas a la organización, el condenado había confesado mediante torturas y había sido juzgado sin abogado.
En 2007 fue ejecutado un egipcio que supuestamente lanzaba «hechizos» para separar matrimonios, según informó la BBC. En cambio, las autoridades saudíes dejaron en libertad el año pasado a un libanés que había sido condenado a muerte por presentar un programa de videncia en televisión. El Tribunal Supremo saudí determinó entonces que sus acciones no habían causado perjuicio alguno.
El número de ejecuciones se ha triplicado este año en Arabia Saudí. Según Amnistía Internacional, al menos 79 personas, incluidas cinco mujeres, han sido asesinadas por el Estado, frente a las 27 de 2010.
Se cree que otros cientos de personas podrían estar pendientes de se ejecutadas, muchas de ellas por delitos relacionados con las drogas. Por lo general no cuentan con abogados defensores y en muchos casos, según Amnistía, no se les informa de la evolución del proceso legal.
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