Amnistía Internacional presentó este miércoles su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, con la guerra de Siria ocupando el lugar más destacado entre las violaciones cometidas a lo largo del año pasado en Oriente Medio y el norte de África. En aquellos países donde los líderes autocráticos fueron derrocados, la organización indica que ha aumentado la libertad de los medios de comunicación y las oportunidades para la sociedad civil, pero que también ha habido retrocesos, como los desafíos a la libertad de opinión por motivos religiosos o de moral. En toda la región se ha seguido reprimiendo a activistas políticos y de derechos humanos, incluso mediante encarcelamiento y tortura bajo custodia.
El siguiente texto, publicado por Amnistía Internacional en su página web, es el resumen de la parte del informe referente a Oriente Medio y el Norte de África:
Los conflictos armados y las crisis volvieron a cobrarse un alto precio en la región. El brutal conflicto de Siria estaba asolando el país, con más de 70.000 muertos desde 2011, según cifras de la ONU. Las fuerzas y las milicias leales al gobierno seguían lanzando ataques indiscriminados y deliberados contra civiles. La detención arbitraria, las desapariciones forzadas y la tortura seguían siendo práctica habitual en los centros de detención. Algunos grupos de oposición seguían reteniendo a rehenes y llevando a cabo ejecuciones sumarias, también de civiles, a causa de la nacionalidad, la opinión política o la identidad sectaria de la víctima. Mientras tanto, la comunidad internacional se mantenía en un prolongado punto muerto, que impedía la adopción de medidas significativas como la remisión de la situación a la Corte Penal Internacional.
En Irak, la escalada de violencia suscitaba el temor de que se reavivara el conflicto interno. Los mortales enfrentamientos entre grupos armados árabes suníes y las fuerzas de seguridad iban en aumento, tras las protestas de las zonas predominantemente árabes suníes contra lo que consideraban discriminación por parte del gobierno dominante chií y contra los abusos a detenidos.
Algunas zonas de Yemen seguían también viéndose enturbiadas por la violencia entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados.
El gobierno israelí mantuvo su política de castigos colectivos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluidos su bloqueo de la Franja de Gaza y las restricciones a la circulación de palestinos en Cisjordania, donde estaba ampliando sus asentamientos ilegales. En noviembre de 2012, Israel lanzó una campaña militar de ocho días de duración contra grupos armados palestinos que disparaban indiscriminadamente cohetes desde Gaza hacia Israel; durante el conflicto murieron seis israelíes y más de 160 palestinos, en su mayoría civiles.
Libertad de expresión y reunión: Se logró un mayor espacio para los medios de comunicación y la sociedad civil en los países en los que los dirigentes que habían ocupado el poder durante mucho tiempo habían sido derrocados en los levantamientos de 2010 y 2011, pero donde los nuevos gobiernos habían incumplido sus promesas.
En Egipto, decenas de activistas de oposición fueron detenidos por cargos falsos o de motivación política, y periodistas, blogueros y reporteros de medios de comunicación audiovisuales fueron interrogados por criticar a las autoridades o «difamar» la religión.
En Túnez se utilizaron en varias ocasiones leyes de la época de Ben Ali para acusar a artistas, blogueros y periodistas de «insultos a la religión» y «alteración del orden público», en una tendencia creciente de ataques contra la libertad de expresión.
En Egipto continuaron las protestas mientras las nuevas autoridades retomaban las tácticas represivas. En Túnez, la población sufrió una fuerte conmoción con el homicidio del líder de la oposición izquierdista, Chokri Belaid.
En Libia, las autoridades han aprobado recientemente legislación que impone restricciones indebidas al derecho de reunión pacífica.
En otros puntos de la región, los activistas políticos y de derechos humanos seguían sufriendo detenciones, reclusiones y, en algunos casos, tortura u otros malos tratos.
En Bahréin, aunque las autoridades anunciaron reformas a bombo y platillo, continuaron privando de libertad a personas por motivos que las convertían en presos de conciencia, incluidos destacados miembros de la oposición y activistas de los derechos humanos.
En Irán preocupaba que la represión a que se veían sometidos disidentes y periodistas se intensificara en el periodo previo a las elecciones presidenciales, previstas para junio.
Otros lugares en los que las autoridades reprimieron las actividades de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos o periodistas fueron Arabia Saudí –donde continuaban los disturbios en la Provincia Oriental, predominantemente chií–, los Territorios Palestinos Ocupados –donde la represión la ejercían Israel, la Autoridad Palestina y Hamás–, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos.
Las nuevas leyes promulgadas en Argelia y Jordania reforzaban el control sobre los medios de comunicación. Muchos países de la región trataban de acallar a la sociedad civil mediante leyes restrictivas en materia de ONG y mediante el control sobre su financiación.
La tortura u otros malos tratos seguían siendo endémicos en Libia y Egipto, en un clima de total impunidad. En Yemen, los manifestantes, especialmente en el sur, fueron sometidos a uso excesivo de la fuerza y a tortura u otros malos tratos bajo custodia.
El conflicto sirio ha obligado a más de 1,4 millones de refugiados a huir del país, y unos 4 millones de personas se han desplazado internamente. Esta creciente crisis humanitaria ha supuesto una enorme tensión para los países vecinos.
Los trabajadores migrantes que acudían a los Estados del Golfo para huir de la pobreza se encontraban con unas condiciones de trabajo espantosas y con los denominados sistemas de patrocinio, que a menudo los atrapaban en un círculo de explotación.
En Libia, las autoridades no encontraron una solución duradera para las comunidades enteras que se vieron obligadas a desplazarse a causa del conflicto, como los tawargha y los mashashya, que continúan viviendo en campos sin los recursos necesarios y siguen sin poder regresar a sus hogares por temor a represalias.
Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo seguían sufriendo detención indefinida, tortura y otros malos tratos a manos de milicias, entre otros.
Los refugiados y solicitantes de asilo eritreos secuestrados de campos de refugiados en el este de Sudán eran objeto de trata hacia el desierto del Sinaí, en Egipto, donde permanecían cautivos en manos de bandas delictivas beduinas mientras se exigía rescate a sus familias.
Las mujeres ocuparon un lugar destacado en las protestas de toda la región, pero apenas había indicios de que los levantamientos hubieran dado lugar a avances significativos en cuando a los derechos de las mujeres o a una disminución de la discriminación generalizada a la que se ven expuestas en la ley y en la práctica. Las agresiones sexuales perpetradas contra mujeres en Egipto y en otros lugares han puesto esta cuestión bruscamente de manifiesto.
Las autoridades de Irán, Irak, Arabia Saudí y Yemen siguieron utilizando la pena de muerte en gran escala: las ejecuciones llevadas a cabo en esos cuatro países sumaban el 99 por ciento de las llevadas a cabo en toda la región. En Marruecos, Argelia, Túnez, Jordania y Líbano continuaban las moratorias de hecho vigentes desde hacía tiempo.
» El estado de los derechos humanos en el mundo: Informe 2013 de Amnistía internacional (PDF)
» El mundo, un lugar cada vez más peligroso para personas refugiadas, migrantes, y desplazadas
Archivado en: Actualidad
Más sobre: Amnistía Internacional, derechos humanos, Oriente Medio
