El presidente de Egipto, Abdel Fatah Al Sisi. Foto: Presidencia de Rusia
En febrero de 2020, cuando regresaba a El Cairo para visitar a su familia, Patrick Zaky, un estudiante de máster en la Universidad de Bolonia, fue arrestado por las autoridades egipcias. Zaky, un investigador de derechos de género que trabaja para la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR, por sus siglas en inglés), fue detenido por cargos que incluían «difundir noticias falsas» e «incitación a la protesta». Su abogado, Wael Ghally, afirmó que fue «golpeado y torturado». Diez meses después, sigue en prisión, a la espera de la audiencia previa al juicio.
Posteriormente, después de una reunión con 13 embajadores y diplomáticos europeos sobre la situación de los derechos humanos en Egipto, otros tres miembros del personal de la EIPR fueron detenidos, entre el 15 y el 19 de noviembre. El director administrativo de la EIPR, Mohamed Basheer; su director ejecutivo, Gasser Abdel Razek; y su director de justicia penal, Karim Ennarah, fueron acusados de «terrorismo» y «difusión de noticias falsas».
Aparentemente, recibieron un tratamiento de castigo. Fueron recluidos en régimen de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Tora Liman, sin contacto con el mundo exterior. A Basheer también se le negó el contacto con sus abogados, y su detención se renovó en secreto, tres días antes de la fecha prevista para la audiencia. A Abdel Razek lo afeitaron a la fuerza, lo dejaron sin calefacción ni ropa de invierno, y lo obligaron a dormir sobre una fría tabla de metal sin una manta. Todos ellos fueron añadidos al llamado Caso 855/2020, que incluye a muchos destacados defensores de los derechos humanos, periodistas y académicos, como Mohamed Al Baqer, Mahinour Al Masry, Islam Mohamed, Solafa Magdy y Hazem Hosny.
El 1 de diciembre se congelaron los activos de la EIPR y los tribunales se negaron incluso a escuchar las pruebas en contra de su clasificación como organización «terrorista».
Después de una gran protesta internacional, con políticos, diplomáticos y hasta celebridades pidiendo la liberación del personal de la EIPR, las autoridades egipcias liberaron repentinamente a Abdel Razek, Ennarah y Basheer en la noche del 3 de diciembre. Sin embargo, Zaky, como muchos otros acusados en el Caso 855/2020, permanece en prisión y, según diversas informaciones, su detención fue renovada por otros 45 días a principios de este mes por un tribunal de El Cairo. Las condiciones de la audiencia fueron excepcionalmente brutales incluso para los estándares egipcios: alrededor de 700 personas asistieron a una sesión en la que se escucharon hasta 50 casos. Según se informó, fueron obligados a esperar 12 horas sin acceso a alimentos, agua o servicios sanitarios, en una situación que afectó asimismo a niños muy pequeños nacidos bajo custodia.
Mientras, aunque han sido puestos en libertad, no se han retirado los cargos que pesan sobre el resto de los miembros de la EIPR, cuyos bienes personales permanecen congelados. Merece la pena señalar también que Abdel Razek, Ennarah y Basheer fueron liberados directamente de la prisión de Tora, un procedimiento inusual, ya que normalmente los prisioneros son trasladados primero a una comisaría de policía, antes de ser puestos en libertad. Esto sugiere que la liberación podría haber sido una intervención directa del presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, unos días antes de su visita a París el 7 de diciembre para «fortalecer la cooperación» con el presidente francés, Emmanuel Macron.
Muchos creen que la liberación de estos detenidos fue una medida cosmética para socavar la campaña de solidaridad internacional, allanar a Francia el camino para la reunión, y dejar en evidencia a los pocos gobiernos europeos que mencionaron, tímidamente, los derechos humanos, como aprovechó para recordar el propio Sisi durante su conferencia conjunta con Macron. A cambio, el presidente francés, facilitó lo que Sisi llamó «construcción de civilización», al negarse a imponer condiciones relacionadas con los derechos humanos a los acuerdos para la venta de armas francesas a Egipto, dando así a Sisi, en la práctica, carta blanca para el terrorismo de estado.
Por desgracia, ni las detenciones de los miembros de la EIPR ni la cooperación de Francia con Egipto son una sorpresa. Se trata, sencillamente, del último capítulo de una situación cuyo patrón se ha venido repitiendo durante los últimos seis años: el régimen represivo de Sisi se ha fortalecido gracias al apoyo ‘pragmático’ europeo y a un enfoque permisivo con respecto al terrible historial de violaciones de los derechos humanos de Egipto.
Desde que llegó al poder en 2013, Sisi ha ido reduciendo el espacio político y civil de Egipto, hasta el punto de que los egipcios se quejan con frecuencia de que si respiran en la dirección equivocada corren el riesgo de ser detenidos y ‘desaparecidos’ en el sistema judicial del país, una pesadilla en la que los juicios masivos, los cargos falsos y la corrupción son la norma.
Además, ha ampliado el control del gobierno sobre el poder judicial y el proceso político: «dañar la unidad social basada en la paz», «alterar el orden público» y «obstruir la labor de las autoridades» entran ahora dentro de la definición legal de «terrorismo». Y el uso que se ha dado a estas herramientas es escalofriante. El régimen ha perpetrado asesinatos en masa, incluyendo 3.185 personas presuntamente asesinadas por las fuerzas de seguridad desde julio de 2013, entre ellas, las al menos 900 que murieron en la masacre de Rabaa en agosto de 2013. Ha dictado cada vez más sentencias de muerte preliminares, impuestas a 2.433 personas (a 1.884 de ellas en juicios masivos), incluidos 11 niños. Y al menos 766 detenidos han muerto estando bajo custodia, por tortura, negligencia o asesinato directo. Esas son las cifras conocidas; las reales son, probablemente, mucho peores. Lo que es seguro es que el régimen de Sisi está tan aterrorizado por la disidencia que está exprimiendo la vida de los egipcios.
Las atroces violaciones de los derechos humanos en Egipto constituyen una bofetada cada vez más pública para la UE. La última advertencia severa, al más puro estilo de la mafia, se produjo como reacción a una mera reunión sobre derechos humanos con figuras del gobierno europeo, y el mismo día en que la UE publicó su «Plan de acción para los derechos humanos y la democracia 2020-2024». Sin embargo, la reacción del bloque revela el callejón sin salida de su estrategia actual: sus gobiernos se limitaron a emitir declaraciones de «profunda preocupación», y solo después de una importante campaña internacional. Desde entonces, las delegaciones europeas han continuado operando con normalidad: el embajador danés disfrutó de un plato de koshari con los medios estatales de Egipto, el embajador noruego celebró las nuevas relaciones comerciales ecológicas, y el Reino Unido firmó su asociación económica estratégica con Egipto. La propia UE celebró una reunión para el fortalecimiento de las relaciones con una serie de países entre los que se encontraba Egipto, a pesar de que los abusos contra los derechos humanos del régimen de Sisi han sido descritos como peores incluso que los del expresidente Mubarak.
¿Cómo se ha llegado a esto?
Aprovechando la ‘crisis de los refugiados’ de Europa y los ataques terroristas, Sisi convenció a Bruselas y a los estados miembros clave de que su fuerza era el último bastión contra el terrorismo islamista y ante la ‘avalancha’ de migrantes. Ninguna de estas cosas es cierta: hay pocas señales de radicalización violenta en Egipto, y el país no es una ruta de migración importante. De hecho, la evidencia muestra que la represión sistemática aumenta significativamente las posibilidades de radicalización, y que el empobrecimiento y la represión alimentan el deseo de emigrar. Sisi ha desestabilizado Egipto, haciéndolo más precario y transformándolo, en la práctica, en un «sumidero de inseguridad».
Sin embargo, con el fin de parecer duros a nivel nacional en cuestiones de seguridad e inmigración, y motivados por intereses económicos relacionados con préstamos, inversiones y el incremento de la venta de armas, los líderes europeos han caído de buen grado en la trampa mortal de Sisi. Estas opciones se han presentado públicamente como un sacrificio de los valores fundamentales de la UE, ante la necesidad de estabilidad y seguridad. Y, si bien es cierto que esas decisiones pueden favorecer los intereses comerciales de las empresas europeas, no ocurre lo mismo con el interés nacional. De hecho, al contribuir al empobrecimiento y a la represión, los gobiernos europeos están incrementando la inseguridad, actuando directamente contra ese interés nacional.
Los gobiernos europeos deberían reconocer las grietas que presenta su estrategia actual. Hay muchas formas en las que podrían adoptar una postura clara contra Sisi, desde convocar a los embajadores de Egipto o retirar los suyos de El Cairo, hasta establecer un consejo de derechos humanos para el país en el próximo 46º Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, o suspender los compromisos de «lucha contra el terrorismo». También podrían hablar públicamente contra el régimen, o añadir e implementar condiciones relacionadas con los derechos humanos a las relaciones económicas con Egipto, incluyendo el comercio de armas. La UE podría también utilizar las recientemente aprobadas «sanciones Magnitsky» para prohibir los viajes y congelar los activos europeos de Sisi, su ministro del Interior y el director de la prisión de Tora.
A principios de esta semana, Sisi fue recibido en Francia con un desfile de caballería por París. Lo que habría que hacer ahora, sin embargo, es retirar la alfombra roja y aprender.
Andrea Teti es profesor titular de Política y Relaciones Internacionales y director científico del Proyecto de Transformaciones Árabes en la Universidad de Aberdeen, y miembro del Centro Europeo de Asuntos Internacionales con sede en Bruselas. En Twitter: @a_teti.
Vivienne Matthies-Boon es profesora adjunta de Relaciones Internacionales de Oriente Medio en la Universidad de Amsterdam. Su trabajo se centra especialmente en el trauma político que sufren los activistas dentro y fuera de Egipto. Sus escritos pueden encontrarse en academia.edu.
En febrero de 2020, cuando regresaba a El Cairo para visitar a su familia, Patrick Zaky, un estudiante de máster en la Universidad de Bolonia, fue arrestado por las autoridades egipcias. Zaky, un investigador de derechos de género que trabaja… Leer
Una barcaza con inmigrantes africanos a bordo, cerca de la isla italiana de Lampedusa
Dos barcos comerciales y un navío de la guardia costera italiana rescataron el viernes, cerca de la costa de Libia, a unos 700 inmigrantes que intentaban cruzar a Europa a bordo de precarios botes. El sábado fueron recogidos otros 600, entre ellos varias mujeres embarazadas, que viajaban en seis embarcaciones similares. Este mismo domingo, los servicios de salvamento localizaron una decena de embarcaciones más (lanchas neumáticas), con más de 2.100 inmigrantes a bordo.
Los rescatados fueron trasladados a la isla italiana de Lampedusa, donde desembarcaron con los rostros aún ateridos por el frío, pero, al parecer, en buenas condiciones de salud. Ahora les toca enfrentarse al calvario de una probable deportación, y a la perspectiva de tener que regresar a lugares en los que seguir viviendo supone una opción peor que jugarse la vida a bordo de una barcaza, en pleno invierno, sin papeles ni dinero, y con un futuro incierto. Pero al menos pueden contarlo.
Menos de un año y medio después de que, a primeros de octubre de 2013, dos naufragios sucesivos frente a las costas de Lampedusa provocaran la muerte de 366 inmigrantes, muchos de ellos niños, una nueva tragedia volvió a teñir de luto hace unos días el Canal de Sicilia. Las noticias empezaron a llegar el pasado sábado y se fueron confirmando durante las horas siguientes: al menos 300 personas habían muerto de frío o engullidas por las olas tras pasar varios días a la deriva, cuando trataban de cruzar a Italia desde Libia.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) asegura que al menos 218.000 inmigrantes y refugiados cruzaron el Mediterráneo en bote el año pasado. De ellos, unos 3.500 murieron en la travesía. Entre 2000 y 2013, más de 23.000 personas perdieron la vida mientras intentaban alcanzar el viejo continente, lo que supone una media de más de 1.700 fallecimientos documentados cada año. En total, alrededor de 26.000 muertos en 14 años. Las cifras reales, en cualquier caso, no se conocerán nunca, ya que muchos cuerpos se los traga el mar.
La catástrofe de 2013 en Lampedusa conmocionó a la opinión pública europea y pareció activar respuestas en las instituciones. Pero la realidad ha puesto en evidencia que o no se ha hecho nada, o lo que se ha hecho no está siendo eficaz. En el centro de las críticas se encuentra la decisión de sustituir la operación de búsqueda y rescate italiana Mare Nostrum por una misión de control fronterizo, mucho más limitada, de la Unión Europea, conocida como Tritón.
El pasado jueves, el Alto Comisario de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, afirmó que la Unión Europea debe establecer una operación de búsqueda y rescate a gran escala para evitar más tragedias: «No cabe duda, después de los sucesos de esta semana, que la Operación Tritón europea es una sustituta tristemente inadecuada de la italiana Mare Nostrum», indicó. «El foco tiene que estar en salvar vidas. Necesitamos una operación de búsqueda y rescate robusta en el Mediterráneo central, no solo una patrulla fronteriza», añadió.
Y, como recordaba Amnistía Internacional (AI) en un reciente informe sobre refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo, no es probable que el número de quienes intentan llegar a Europa vaya a disminuir: «Por una parte, el conflicto en Siria continúa, y la violencia se sigue extendiendo por Oriente Medio y el África Subsahariana; por otra, se cierran las fronteras terrestres de la ‘Fortaleza Europa’, especialmente vía Turquía, Grecia y Bulgaria, y muchas personas refugiadas y migrantes consideran que la única ruta que aún tienen abierta es la peligrosa travesía por mar hacia Italia o Malta».
La UE y sus Estados miembros, denuncia la ONG, «están imponiendo una prueba de supervivencia a las personas refugiadas y migrantes. Imposibilitadas de entrar en la UE a través de rutas seguras y adecuadas, decenas de miles de personas, desesperadas por encontrar asilo y una vida mejor, tratan de cruzar el Mediterráneo central cada año».
Estas son algunas de las claves de la mayor crisis en términos de vidas humanas a la que se ha enfrentado Europa en los últimos años.
La última tragedia
ACNUR y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) confirmaron el pasado miércoles que al menos 300 personas habían desaparecido en el mar ser abatidos por una fuerte tormenta cuando intentaban cruzar el Mediterráneo.
Del recuento que hicieron los propios supervivientes se desprende que cuatro botes neumáticos con unas cien personas a bordo cada uno partieron de una playa cercana a Trípoli (Libia) el pasado sábado por la tarde. Traficantes de personas les quitaron sus pertenencias antes de embarcarlos y les llevaron a alta mar a pesar de las pésimas condiciones meteorológicas.
El lunes, la guardia costera italiana rescató a 106 de los que viajaban en el primer bote. Otros 29 habían muerto ya de hipotermia. El miércoles, un barco comercial italiano rescató a nueve inmigrantes más, dos de los cuales viajaban con el segundo bote y siete en el tercero. Según la OIM, el número de supervivientes, entre los que hay niños que viajaban solos, asciende a 115. En total habían emprendido el viaje entre 400 y 450 inmigrantes. Todos los rescates se llevaron a cabo entre la isla italiana de Lampedusa y la costa libia.
«Sabíamos que nos arriesgábamos, que cabía la posibilidad de morir. Es un sacrificio consciente que hicimos ante la posibilidad de tener un futuro», dijo a la OIM uno de los supervivientes, citado por la agencia Efe.
La isla italiana de Lampedusa. Mapa: Wikimedia Commons
Los naufragios más graves
La posibilidad de morir en estas travesías, es, efectivamente, muy elevada, como lo demuestra un repaso a los naufragios más graves ocurridos en los últimos años:
17 de junio de 2003. Naufragio al sur de Sicilia de un barco cargado con inmigrantes, procedente de Libia, con el resultado de 67 muertos y desaparecidos.
19 de octubre de 2003. Mueren o desaparecen 83 inmigrantes por un naufragio frente a las costas de Sicilia.
20 de diciembre de 2003. Cerca de 70 inmigrantes mueren en Marmaris (suroeste de Turquía) debido al hundimiento de su barco, con el que trataban de llegar a Grecia.
15 de abril de 2004. Un total de 80 inmigrantes procedentes de Libia fallecen por el naufragio en Sicilia de su embarcación.
15 de febrero de 2011. Unos 60 tunecinos mueren ahogados frente a la costa de Zarzis (Túnez) cuando intentaban llegar a Italia. Según el relato de los supervivientes fue la guardia costera tunecina la que provocó el naufragio al embestir a su embarcación, en la que viajaban unas 150 personas.
6 de abril de 2011. Cerca de 150 refugiados somalíes procedentes de Libia y Eritrea desaparecen tras el hundimiento de su barco en la isla italiana de Lampedusa.
9 de mayo 2011. Una embarcación procedente de Libia con 72 personas a bordo queda a la deriva durante 16 días. Todos los inmigrantes menos 11 mueren de sed y hambre.
3 de octubre de 2013. Un barco que transportaba inmigrantes desde Libia a Italia se hunde frente a Lampedusa. La mayoría de los inmigrantes eran originarios de Eritrea, Somalia y Ghana. Se confirman un total de 359 muertos, sin incluir a los desaparecidos.
11 de octubre de 2013. Se produce un segundo naufragio a 120 kilómetros de Lampedusa. El barco transportaba inmigrantes procedentes de Siria y Palestina. Mueren al menos 34 personas.
Los que llegan
Al menos 218.000 personas cruzaron el Mediterráneo en 2014 en busca de una vida mejor en Europa. El Ministerio del Interior italiano asegura que solo durante el mes de enero de 2015 atravesaron el Mediterráneo 3.528 migrantes, la mayoría de ellos provenientes de Siria (764), Gambia (451), Mali (436), Senegal (428), Somalia (405) y Eritrea (171).
Según datos ofrecidos por Amnistía Internacional en su informe Vidas a la deriva. Personas refugiadas y migrantes en el Mediterráneo Central (publicado a finales de 2014), entre 2009 y 2012 entraron en la UE más de 1,7 millones de inmigrantes a largo plazo. En términos relativos, añade la ONG, el número de quienes entraron clandestinamente por mar es bastante pequeño. Se calcula que entre 1998 y 2013, 623.118 refugiados y migrantes alcanzaron las costas de la UE de forma irregular, lo que supone una media de casi 40.000 personas al año.
ACNUR, por su parte, indica que en 2013 llegaron en total 60.000 personas por mar a través del Mediterráneo; de ellas, 43.000 llegaron a Italia. En 2014, los refugiados e inmigrantes que entraron de forma irregular en la frontera meridional de Europa por vía marítima fueron más de 130.000, 118.000 de los cuales llegaron a Italia. La gran mayoría de estas personas salieron de Libia.
Más de 150.000 inmigrantes fueron rescatados, y 330 traficantes, arrestados, tras un año de laOperación Mare Nostrum, puesta en marcha por el Gobierno italiano tras el aumento del fenómeno migratorio y las tragedias del 3 y el 11 de octubre de 2013 frente a Lampedusa.
Se calcula que uno de cada siete de estos inmigrantes son menores de edad, y muchos vienen huyendo de la guerra civil en Siria. Según ACNUR, más de la mitad de los niños viajaban solos en sus embarcaciones, sin sus padres o algún otro familiar que les acompañase.
Los que mueren en el intento
El número de personas fallecidas en el mar ha aumentado constantemente desde principios de la década de 2000. Según ACNUR, que ya en 2011 había calificado al Mediterráneo como «la extensión de agua más mortal para refugiados y migrantes», en ese mismo año hubo alrededor de 1.500 muertes. En 2014, unas 3.500.
De acuerdo con los resultados publicados en marzo del año pasado en el informe The Migrants Files, una exhaustiva investigación en la que colaboraron el diario digital español El Confidencial y otros nueve periódicos y diez periodistas de seis países del continente, más de 23.000 migrantes murieron mientras intentaban alcanzar el viejo continente entre 2000 y 2013. Se trata de una cifra un 50% mayor (1.700 fallecimientos documentados cada año, de media) de lo que se calculaba en las estimaciones realizadas hasta la fecha, y que ni siquiera incluía el elevadísimo número de muertes que se produjeron finalmentre el año pasado.
La travesía
Los refugiados e inmigrantes que logran sobrevivir suelen calificar la travesía por mar de experiencia terrorífica. Como recoge Amnistía Internacional en el mencionado informe, los relatos de estas personas son muy coherentes entre sí en lo que respecta a sus descripciones, tanto de cómo se organizan las salidas desde Libia para cruzar el Mediterráneo central, como de las circunstancias del viaje.
Además de las dificultades del viaje en sí, incluyendo las adversas condiciones climatológicas cuando se realiza en invierno, es habitual que estas embarcaciones, no aptas para navegar, dirigidas por capitanes sin experiencia y abarrotadas, se pierdan, se queden sin combustible, y sufran averías en el motor y vías de agua.
En muchas ocasiones los inmigrantes se deshidratan por la escasez de agua potable, se intoxican con el humo del motor o inlcuso mueren asfixiados por el exceso de personas y la falta de aire en las salas de máquinas del casco del barco. Casi nunca hay chalecos salvavidas u otros equipos de salvamento, y muchos de los viajeros no saben nadar. «Los incidentes mortales no son nada excepcionales, incluso cuando el barco no se hunde», indica Amnistía.
ACNUR también ha recogido numerosos testimonios acerca de las duras condiciones del viaje: «Entregaron sus ahorros de toda la vida a los traficantes para poder viajar en embarcaciones precarias y saturadas, hacinados en pocos metros cuadrados sin alimentos, sin agua y sin chalecos salvavidas», relató el Alto Comisionado de esta organización, añadiendo que algunas de las embarcaciones que emprenden el viaje, que habitualmente dura unos cuatro días, se quedan varadas durante el trayecto y permanecen en el mar durante más de dos semanas antes de que llegue el rescate.
Aterrorizados y perdidos
Las condiciones previas a la salida al mar no son mucho mejores. Uno de los testimonios que recoge AI en su informe es el de Abdel, un marmolista de 37 años y padre de seis hijos que huyó de Alepo (Siria) en dirección a Libia en 2012. En 2014 le empezó a preocupar la seguridad de su familia en Libia y decidió marcharse: «El contrabandista organizó que nos recogieran y nos llevaran a la playa de Zuwara a mi familia y a mí. Había aproximadamente 300 sirios en el grupo y alrededor de 500 africanos de diversas nacionalidades. Los libios implicados en la operación llegaban a la playa todos los días con armas de fuego y nos aterrorizaban. Vi cómo pegaban a algunos africanos y a algunos incluso los mataron a golpes con trozos de madera y hierro. Los africanos lo tenían peor porque los trataban como si no fueran seres humanos».
«Finalmente –continúa Abdel–, unos hombres armados llevaron a todos más cerca de la costa, donde esperaban unos botes hinchables. Cuando nos llevaron a mi familia y a mí al barco más grande, esperábamos que fuera mayor porque éramos muchos. Enseguida nos sentimos inquietos por el viaje. Había demasiada gente en el barco. El capitán era uno de los pasajeros africanos y no era un capitán de verdad. Nos hicieron creer que tardaríamos unas seis o siete horas en llegar, pero a mediodía del domingo aún no habíamos llegado. Estábamos perdidos».
Barcos-chatarra
Un fenómeno que ha cobrado especial intensidad este invierno es la aparición en el Mediterráneo de ‘cargueros fantasma’ (barcos sin bandera, sin matrícula ni armador conocido, y normalmente en un lamentable estado de conservación), atestados de refugiados de guerra e inmigrantes. Como indica Ana Carbajosa en un reportaje publicado en El País, «en los últimos diez años, el invierno había sido temporada baja para los traficantes, que encontraban a menos gente dispuesta a morir de frío en los botes de goma. Los cargueros, mucho más seguros y protegidos de las bajas temperaturas, amenazan con poner fin a los patrones estacionales de la migración».
«Fletar barcos-chatarra, llenarlos de cientos de desesperados previo cobro de cientos de miles de euros y abandonarlos a su suerte en alta mar es un lucrativo negocio. El pasaje puede costar tres veces más que en los barcos pequeños, pero a la vez, dispara las probabilidades de sobrevivir», añade. En lo que va de invierno, 14 buques de carga con inmigrantes a bordo han sido interceptados en el Mediterráneo central. En cada barco viajan entre 200 y 800 personas.
De ‘Mare Nostrum’ a ‘Tritón’
El pasado 1 de noviembre arrancó la nueva misión conjunta de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión (Frontex), denominada Operación Tritón. Con la puesta en marcha de Tritón, Italia dio por cerrada su propia operación de rescate y salvamento de inmigrantes, Mare Nostrum, que había sido activada tras la tragedia migratoria en Lampedusa en octubre de 2013, y cuyo coste en su primer año de funcionamiento fue de 114 millones de euros.
Tritón, una operación bastante menos costosa, nació para intentar responder a la petición de ayuda de las autoridades italianas, desbordadas en el rescate de personas en el mar. Sin embargo, la operación arrancó lastrada por la incertidumbre presupuestaria y entre las críticas de muchas ONG’s, que denunciaron que no está diseñada para la búsqueda y salvamento.
El programa cuenta con presupuesto mensual de 2,9 millones de euros (Mare Nostrum costaba a las arcas del Estado italiano 9,3 millones de euros mensuales), y tanto su zona operativa como los recursos necesarios fueron acordados entre Frontex e Italia. Está financiado por las donaciones de unos 26 países de la UE, pero dispone de menos medios que Mare Nostrum (barcos más pequeños, por ejemplo), y su posibilidad de alejarse de las costas italianas (tan solo 30 millas) es muy limitada. De hecho, la Comisión Europea ha insistido en que Tritón no sustituye a Mare Nostrum porque su perímetro es mucho más restringido en torno a Italia y las patrullas no se acercan a las costas libias.
Según la propia agencia, su objetivo es «apoyar la labor de los Estados miembros en el control eficaz de las fronteras en la región del Mediterráneo, y, al mismo tiempo, proporcionar asistencia a las personas o los buques en peligro durante estas operaciones». Pero fuentes de los servicios de la Comisión Europea citadas por Efe reconocieron que el refuerzo en el presupuesto de Frontex para que la operación pueda llevarse a cabo no era suficiente para dotar a Tritón más allá del pasado 31 de diciembre. Fue necesario, por tanto, que el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE diesen luz verde a un aumento del presupuesto de la agencia de fronteras exteriores para 2015 para prorrogar la operaciones.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por ACNUR, el número de inmigrantes que llegaron por mar el pasado enero subió un 60% respecto al mismo mes del año anterior, cuando Mare Nostrum estaba aún operativo.
Las razones del fin de Mare Nostrum no fueron solo presupuestarias. El programa había recibido asimismo críticas políticas, incluyendo las del Gobierno británico, que llegó a afirmar que la existencia de esta operación suponía «un incentivo» para que los inmigrantes se lanzaran al mar en rudimentarias embarcaciones.
Más control, menos rescates
Tras la investigación que llevaron a cabo en zonas de alta intensidad migratoria de Malta e Italia, los autores del documento Vidas a la deriva concluyeron que «la excesiva preocupación por el control migratorio por parte de los Estados europeos ha reducido la capacidad de los servicios de rescate marítimos en el Mediterráneo». Según explicaron, el cierre de las fronteras ha acaparado la mayoría de los fondos de la Unión en materia migratoria, en detrimento de otras medidas para la atención humanitaria de los inmigrantes.
El gran aumento de personas refugiadas y migrantes dispuestas a correr el riesgo de realizar largos viajes en embarcaciones destartaladas y en condiciones de hacinamiento no es solo consecuencia del aumento de la inestabilidad en Oriente Medio y el Norte de África, o del deterioro de la situación en Libia. «También es consecuencia –indica el informe–, del progresivo cierre de las fronteras terrestres de Europa y de la inexistencia de vías seguras y legales de entrada en la UE para estas personas. Mientras los países de la UE sigan empujando a quienes huyen del conflicto o la pobreza a realizar peligrosos trayectos marítimos, deberán estar dispuestos, colectivamente, a cumplir su obligación de salvar vidas».
«Es una ecuación sencilla: mientras el número de personas que toma esta peligrosa ruta marítima aumente y los recursos dedicados a la búsqueda y el rescate disminuyan, más personas morirán», dijo por su parte John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Las mafias de traficantes
Pese a que también ha reconocido en varias ocasiones las deficiencias de sus operaciones de rescate, la Comisión Europea, responsable de las políticas migratorias de la UE, suele poner el acento en la necesidad de combatir las mafias de traficantes de personas que controlan las salidas de los inmigrantes desde el sur del Mediterráneo. Poco después de conocerse las primeras muertes de la última tragedia en el Canal de Sicilia, el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, afirmó que «el drama continúa. Nuestra lucha contra los traficantes continúa de manera incansable y coordinada. Hay que hacer más».
También la Organización Internacional para las Migraciones señala como principales culpables a las mafias: el pasado miércoles la OIM denunció que «traficantes ilícitos de personas en Libia son los responsables de la muerte de cientos de migrantes africanos enviados al mar durante una tormenta en botes neumáticos no aptos para navegar. Lo que está ocurriendo ahora es peor que una tragedia: es un crimen, el más atroz que he visto en cincuenta años de servicio», declaró el director general de la organización, William Lacy Swing. «Estas redes de contrabando actúan con casi total impunidad y cientos de personas están muriendo. El mundo debe actuar», añadió
Sin embargo, mientras que la Comisión Europea pide «redoblar los esfuerzos contra los traficantes que explotan la desesperación de las personas que intentan alcanzar Europa», las organizaciones internacionales de ayuda responden de forma casi unánime que son las políticas europeas migratorias las que acaban forzando a los inmigrantes, especialmente a los de origen africano, a caer en manos de estas mafias.
«La mayoría de las personas que llegan a las costas italianas son potenciales refugiados. Proceden de países en guerra, sufren tortura o situaciones de persecución… Pero estas personas no pueden pedir protección internacional de ninguna otra forma que viajando de forma ilegal. Ellos mismos les están casi obligando a caer en manos de los traficantes», denuciaba en eldiario.esVirginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional, una contestación compartida por ACNUR y por la Coordinadora Española de ONGs, en conversaciones mantenidas con ese mismo diario.
Disputas entre Italia y Malta
La falta de coordinación entre los Estados ribereños, y especialmente entre Malta e Italia, agrava aún más los peligros del viaje. La disputa que mantienen desde hace tiempo estos dos países respecto a sus obligaciones de búsqueda y salvamento pudo ser, según denunció Amnistía Internacoinal, una de las causas de la tragedia de octubre de 2013, cuando un barco arrastrero que transportaba a más de 400 personas se hundió en la zona de búsqueda y salvamento maltesa.
AI argumenta asimismo que el Reglamento de Dublín, en virtud del cual el primer Estado miembro de la UE al que llega el solicitante es el responsable de tramitar su solicitud de asilo, impone «una injusta presión» sobre los países implicados en las operaciones de salvamento, responsables de cubrir sus necesidades a más largo plazo.
El hecho de que no haya un reparto de responsabilidades entre los países de la UE disuade a los países meridionales, especialmente a Malta, de traer a sus puertos a refugiados e inmigrantes.
Las medidas de Europa
Según un informe de la Comisión Europea (CE), de 2006, la UE recibirá 40 millones de inmigrantes hasta 2050, que compensarán «solo en parte» el envejecimiento poblacional. La población activa se reducirá en 48 millones y la UE pasará de cuatro a solo dos personas activas por cada jubilado.
En febrero de 2002 los Quince aprobaron el Plan Global contra la Inmigración Ilegal, que incluía un banco de datos para controlar visados, mejoras en los controles fronterizos y políticas de repatriación. El Consejo Europeo de Sevilla de junio 2003 estableció un calendario para crear una política común, además de vincular las relaciones con terceros países a la colaboración de éstos contra la inmigración ilegal. Desde entonces, la UE ha firmado con varios países acuerdos de readmisión. En mayo de 2005 se constituyó la Agencia de Control de Fronteras Exteriores (Frontex), encargada de formar a agentes nacionales de fronteras y del seguimiento de la vigilancia fronteriza.
Tras los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla en 2005 y la llegada masiva de cayucos a Canarias desde 2006, España fue la primera en pedir ayuda a Frontex, y la UE puso a disposición española el Centro de seguimiento de satélites europeo de Torrejón de Ardoz. En agosto siguiente, Frontex lanzó el primer despliegue de aviones y barcos para frenar la avalancha de cayucos. La Operación Hera fue relanzada en 2007 y 2008.
El 18 de junio de 2008, la Eurocámara aprobó una polémica directiva europea de repatriación, que suscitó la condena unánime de los gobiernos latinoamericanos y algunos africanos. Según la directiva los indocumentados (incluidos los menores) podrán ser detenidos e «internados» en centros especiales por hasta 18 meses mientras se tramita su expulsión de Europa, adonde no podrán regresar en cinco años. En julio siguiente, los ministros de Interior acogieron la propuesta francesa de un pacto sobre inmigración que propugnaba un modelo selectivo, totalmente controlado, y firmeza absoluta con los indocumentados.
Así, el 16 de octubre de 2008 se aprobó formalmente y por unanimidad el Pacto Europeo sobre la Inmigración y Asilo, que busca limitar la inmigración a las necesidades del mercado laboral. Con él «Europa se dota de una auténtica política de inmigración», algo que era «indispensable», afirmó el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy (presidente de turno).
España fue el país de la Unión Europea que impidió la entrada a más inmigrantes en 2013. En total, se denegó el acceso a 317.840 personas en todo ese año, un 0,6% más que el año anterior, y el 61% de ellas recibió la negativa de las autoridades españolas, según el V Informe Anual de Migración y Asilo (2013) de la Comisión Europea que fue remitido al Parlamento.
Algunas propuestas
Entre las recomendaciones que el informe de la UE hacía a las instituciones y Estados miembros de la UE, se encuentra ofrecer rutas adecuadas y más seguras para que las personas refugiadas tengan acceso a la protección, lo que supone aumentar el número de plazas de reasentamiento y admisión humanitaria de personas refugiadas, facilitar la reunificación familiar a las personas refugiadas que tengan familiares que vivan en la UE, aplicar una definición amplia del concepto de familiar, que abarque la familia extensa o no nuclear, y aplicar una mayor flexibilidad en cuanto a los requisitos documentales y de otra índole.
También se pide que se garantice que las personas refugiadas que llegan a las fronteras terrestres exteriores de la UE puedan acceder a los procedimientos de concesión de asilo, así como un refuerzo de las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar Egeo y en el Mediterráneo, lo que incluye comprometer recursos económicos, navales y aéreos suficientes para Frontex, que patrullar en un grado proporcional a la escala de las salidas desde las costas del Norte de África.
Otras recomendaciones son adoptar medidas urgentes para garantizar el registro de información sobre las personas refugiadas y migrantes que mueren o desaparecen en el mar, y su identificación, especialmente mediante entrevistas sistemáticas de las personas rescatadas en el mar,y crear una base de datos y un mecanismo de comunicación centralizados de la UE para proporcionar información oficial a las familias.
Dos barcos comerciales y un navío de la guardia costera italiana rescataron el viernes, cerca de la costa de Libia, a unos 700 inmigrantes que intentaban cruzar a Europa a bordo de precarios botes. El sábado fueron recogidos otros 600, entre ellos varias mujeres embarazadas, que viajaban en seis embarcaciones similares. Este mismo domingo, los servicios de salvamento localizaron una decena de embarcaciones más (lanchas neumáticas), con más de 2.100 inmigrantes a bordo. […]
Un miembro del Ejército Libre Sirio, durante un combate en Alepo, en noviembre de 2012. Imagen: Voice of America / Wikimedia Commons
«Se ha llegado a decir que los rebeldes son ángeles, pero los combatientes que tienen un pasado democrático, los que creen en el mosaico sirio y desean un Estado para todos, son solo una minoría. La mayoría de los rebeldes está muy lejos de tener pensamientos democráticos, tiene otras aspiraciones». Son palabras, recogidas por Reuters, del brasileño Paulo Pinheiro, jefe de un equipo independiente de expertos comisionados por la ONU que acaba de realizar un informe sobre la guerra en Siria
Pinheiro, que adelantó este martes en París algunas de las conclusiones del trabajo, destacó también que el conflicto se está radicalizando cada vez más y que las atrocidades van en aumento: «En lo que respecta a radicalización, violaciones de los derechos humanos y leyes de la guerra, el informe es terrible», dijo. El documento se presentará oficialmente el próximo 4 de junio, y está basado en entrevistas a víctimas y testigos realizadas fuera de Siria, ya que los expertos no han podido entrar en el país.
Pinheiro no quiso pronunciarse sobre la decisión de la Unión Europea de levantar el embargo de armas a ciertos grupos de rebeldes sirios, adoptada este mismo martes, pero sí dejó claro que «es muy difícil distinguir entre rebeldes buenos y malos». En medio, una vez más, de una gran división, la UE acabó permitiendo a sus Estados miembros que suministren armas a grupos de la oposición, al ser incapaz de ponerse de acuerdo para renovar el embargo existente hasta ahora. Todos los países se comprometieron, no obstante, a no hacerlo antes de agosto, con el fin de dar una oportunidad a las conversaciones de paz que se están intentando preparar, con muchos problemas, en Ginebra. La decisión, que nadie se plantea de momento, al menos a corto plazo, ha supuesto un nuevo encontronazo con Rusia.
Según informa Reuters, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto incluir al grupo radical islamista Frente Al Nusra, uno de los que combaten contra las fuerzas de de Bashar a Asad, en la lista negra de las facciones de Al Qaeda en Irak. Numerosos militantes radicales suníes provenientes de Arabia Saudí, Libia, Túnez, Líbano y Egipto, además del propio Irak, han radicalizado a los grupos rebeldes en los últimos meses, y la milicia libanesa chií Hizbulá está combatiendo al lado del régimen. Las tensiones entre suníes y chiíes en toda la región se han disparado. Irán (chií) respalda al Gobierno sirio; Catar y Arabia Saudí (suníes) ayudan (con armas y dinero) a los rebeldes.
La exfiscal general suiza y del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia Carla del Ponte, una de los cuatro comisionados del equipo de expertos que ha realizado el informe, asegura que «los dos bandos han cometido crímenes». Y añade: «Su crueldad es increíble, nunca había visto algo así, ni siquiera en Bosnia».
Este miércoles, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que condena la presencia de combatientes extranjeros en la guerra civil siria, así como los recientes ataques perpetrados en torno a la ciudad de Qusair, asediada por las fuerzas leales al régimen de Asad. «Si la situación actual persiste, o se deteriora todavía más, el aumento de las masacres entre grupos será una certidumbre y no un riesgo», dijo la Alta Comisionada para este organismo, Navi Pillay.
Pillay ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de que el Consejo de Seguridad ordene al Tribunal Penal Internacional que investigue los crímenes internacionales cometidos por ambas partes: «La comunidad internacional parece incapaz de asumir un fuerte compromiso para resolver la crisis. A veces parece que no podemos hacer más que llorar y contar los muertos», ha dicho.
Naciones Unidas calcula que desde marzo de 2011, cuando comenzó el levantamiento popular contra el régimen de Bashar al Asad, han muerto unas 70.000 personas a causa de los combates. Los grupos opositores elevan la cifra a 94.000.
Lo cierto es que esta última constatación de los expertos de la ONU solo puede sorprender a quienes aún sigan pretendiendo entender Oriente Medio en términos de blanco y negro, de aliados o enemigos, de «buenos y malos». La realidad es, obviamente, mucho más compleja, y llegado este punto no parece haber soluciones perfectas, en las que el remedio no acabe siendo peor, o tan malo al menos, como la enfermedad. Cada vez más analistas, de hecho, se están limitando a reflejar el «callejón sin salida» de Siria, y pocos son los que se atreven a mojarse.
Lo que sí empieza a estar claro es que, sin más ayuda exterior, los rebeldes sirios van a tener muy complicado acabar por sí solos con el régimen brutal de Bashar al Asad. Y, en el caso de que el Gobierno logre finalmente imponerse (según Asad, ya va camino de ello, gracias a la llegada de los primeros misiles comprados a Rusia y, en menor medida, a la ayuda de Hizbulá), en lo que venga después las represalias son bastante más probables que las reformas.
Pero a la vez, un apoyo militar decidido que facilite la victoria de la oposición conlleva el riesgo de que sean los radicales islamistas quienes dominen el futuro Estado, con el consiguiente peligro de radicalización, sectarización y desestabilización regional, si es que puede hablarse de estabilidad en una zona donde el mayor problema es, precisamente, el carácter ficticio e interesado con que en tantas ocasiones se ha aplicado hasta ahora ese concepto.
Rusia, Irán, China y otros países abogan por una «solución pacífica», pero sus propuestas, aparte de ser poco factibles (y menos creíbles), suponen, en la práctica, la continuidad del régimen de Asad, y eso es algo que a estas alturas resulta no solo dudosamente viable sino también moralmente intolerable.
Y, sin embargo, tal vez es en estos países donde esté la clave. Un cambio en su actual postura diplomática de apoyo al Gobierno sirio, aunque fuese con matices, aunque se edulcorase con retórica, aunque fuese condicionado, dejaría solo a Bashar al Asad y podría provocar eventualmente la caída del régimen, sin necesidad de meter más armas en un conflicto que ya es lo bastante sangriento. La solución duradera a una guerra rara vez es más guerra.
Este giro, que no tiene por qué ser un cheque en blanco, facilitaría también una transición más política, menos marcada por la victoria militar de unos grupos cuyas intenciones democráticas es casi imposible garantizar. Y, tras la celebración de unas elecciones limpias (y todo lo supervisadas que se quiera), obligaría a Occidente a respetar la decisión del pueblo, por más que ésta no fuese de su agrado (como en Egipto o en Túnez), o estuviese cargada de dificultades e incertidumbres.
Se ha hablado incluso del peligro de desintegración del Estado sirio, del país, que supondría la caída del régimen y el ascenso de un gobierno dominado por radicales suníes. Y la desintegración de un Estado es algo que Occidente suele considerar poco menos que una catástrofe. Pero en realidad tampoco puede decirse que Siria haya estado nunca muy integrada, teniendo en cuenta que se trata de un país nacido, como tantos otros en Oriente Medio, del tiralíneas y las cenizas del colonialismo europeo.
Se trata, en definitiva, de elegir entre dos males. Pero mientas que uno de ellos es real, está ocurriendo, el otro es, de momento, solo posible. Es un riesgo muy alto, pero habrá que asumirlo y tratar de minimizarlo. Como indica el dicho inglés, «ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él». No quedan muchas más opciones.
Hoy por hoy, todo esto es, desde luego, ciencia ficción. Pero al menos sería algo más que «llorar y contar los muertos».
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Banderas de Chipre y la Unión Europea. Foto: Wikimedia Commons
Después de nueve días de duras negociaciones, Chipre llegó finalmente este lunes a un acuerdo con sus socios de la eurozona para conseguir un rescate de 10.000 millones de euros, con el objetivo de evitar la bancarrota y mantenerse en el euro. Será un rescate diferente a los realizados hasta ahora, ya que esta vez no se van a recapitalizar los bancos. Al contrario: el Banco de Chipre, la principal entidad de la isla, se salvará, pero deberá someterse una profunda reestructuración. Y la segunda entidad financiera del país, Laiki, será liquidada inmediatamente, con la plena contribución de accionistas, bonistas y depositantes no asegurados.
De momento no se tocarán los depósitos inferiores a 100.000 euros (un respiro para los pequeños ahorradores), que quedan sujetos a la garantía estatal. Sí se verán afectados, en cambio, los superiores a esa cantidad, cuyos titulares no asegurados, incluidos muchos oligarcas rusos, deberán asumir fuertes pérdidas (aún no se sabe cuánto). Se trata, en cualquier caso, de un rescate muy duro. El primer tramo del dinero llegará a la isla en el mes de mayo.
Este nuevo acuerdo ha sido necesario después de que un primer pacto alcanzado el pasado viernes entre el Gobierno chipriota y la UE fuera rechazado frontalmente por el Parlamento de la isla e hiciera saltar las alarmas en media Europa, al tasar también, en una medida sin precedentes, a los pequeños ahorradores, e imponer el primer ‘corralito’ en la historia de la eurozona.
En principio, el acuerdo adoptado este lunes no requiere un nuevo visto bueno del Parlamento de Chipre, ya que los diputados ya votaron a favor de una ley que permite reestructurar el sistema financiero en las condiciones que fija el acuerdo con la troika. Tras la reestructuración bancaria, el Gobierno chipriota espera poder aportar 4.200 millones de euros, del total de 5.800 millones que se ha comprometido a reunir procedente del sector financiero, y a cambio del rescate de 10.000 millones.
El Banco Central de Chipre ha anunciado que los bancos de la isla, cerrados desde hace más de una semana, no abrirán de nuevo sus puertas este martes, como estaba previsto, sino el jueves, y que, cuando abran, lo harán con «restricciones temporales» al movimiento de capitales.
A falta de ver cómo se materializa realmente, el acuerdo es mejor para los pequeños ahorradores, que no perderán (directamente) dinero, y peor para los ahorradores medios y grandes. También es peor, obviamente, para los miles de trabajadores del banco Laiki que se quedarán en la calle.
Fin de un modelo
La mutilación y reconversión del sistema financiero chipriota es la principal condición del rescate, pero no la única. La troika controlará, mediante una auditoría independiente, la aplicación de nuevos mecanismos contra el blanqueo de capitales. También exige subidas de los impuestos sobre la renta y de sociedades, este último, del 10% actual a un 12,5%.
Todo esto supone, en la práctica, que Chipre deberá cambiar su ‘modelo de negocio’, basado hasta ahora, en buena parte, en ser un destino más que apetecible («paraíso fiscal», según los líderes del núcleo duro europeo) para los depositantes de grandes fortunas, con los millonarios rusos a la cabeza. La quita impuesta a los grandes depósitos, los mayores impuestos, la obligación de reducir el tamaño del sector financiero (actualmente, cinco veces mayor que la economía del país) y la auditoría contra el lavado de dinero van en esa dirección.
El Gobierno chipriota ha intentado defender las bases de su sistema económico y ha peleado para que los grandes ahorradores se librasen de grandes quitas (en esa línea iban los términos del primer rescate). Y los partidos políticos de la isla (tanto de derechas como de izquierdas) denuncian que existe un agravio comparativo: Si Chipre es un «paraíso fiscal», argumentan, también lo son Luxemburgo, Irlanda y algunos territorios británicos. Al final, sin embargo, Nicosia ha tenido que rendirse. Le queda el salvavidas de 2.500 millones en forma de préstamo que está negociando con Moscú, y la esperanza de que las potenciales reservas de gas existentes al sur de la isla caigan como un maná capaz de obrar el milagro de la recuperación.
Lo peor es que, pese a todos los sacrificios impuestos por el rescate, el futuro de Chipre sigue sin estar nada claro. Las pérdidas de los ahorradores, la gran deuda adquirida por el país, una posible fuga de capitales en las próximas semanas y el previsible aumento de la tasa de paro tras el cierre del Laiki (Chipre tiene solo 1,1 millones de habitantes) no pintan un panorama muy alentador.
¿Cambio de rumbo?
Aunque luego han intentado recular desde Bruselas, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha dicho que la vía chipriota podría extenderse a otras entidades de la eurozona en problemas, lo que ha provocado el lógico pánico en las bolsas y los mercados. Y es que la nueva modalidad de rescate acordada con Chipre (dejar caer a los bancos y aplicar más quitas a los grandes depositantes e inversores) supone un precedente importante, ya que contradice la tesis de que no se puede dejar quebrar a entidades financieras porque son demasiado grandes, es decir, la excusa con la que las autoridades europeas han venido justificando hasta ahora las multimillonarias ayudas públicas a la banca. De aplicarse este modelo, no serán los contribuyentes quienes paguen las reestructuraciones de las entidades financieras. Si un banco tiene que ser rescatado, los accionistas, bonistas o aquellos que tengan más de 100.000 euros en la cuenta serán quienes sufran las mayores pérdidas.
El problema, sin embargo, es que puede abrirse asimismo la veda para que en un futuro se decida meter mano también a esos primeros 100.000 euros, si se considera que la situación es suficientemente grave, o en función de decisiones e intereses políticos.
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Caminar en el invierno de 1994 por las calles de Damasco (o de cualquier otro lugar de Siria) se parecía bastante a recorrer un museo dedicado a la figura de un solo hombre: Basil al Asad. O, para ser exactos, a las de dos, porque a Hafez al Asad, el presidente, el gran dictador, no le hacía sombra ni su hijo, por más que ese hijo fuese el favorito, el sucesor, el mismo que, fatalidades del destino, había fallecido hacía menos de un año en un accidente de tráfico; el mismo cuya mitificada imagende playboy (barba perfectamente arreglada, grandes gafas de sol, uniforme militar) rivalizaba casi con la de su padre, envuelta en corazones rojos y guirnaldas, y expuesta sin rubor en escaparates, farolas, paredes, llaveros, souvenirs, chapas y todo el merchandising que pueda uno imaginarse.
Maher al Asad, en 2008. Foto: M.naddaf / Wikimedia Commons
El culto a la personalidad en Siria, como en tantas otras dictaduras, era, y sigue siendo (aunque algo menos), verdaderamente espectacular. Poco después de cruzar la frontera de Jordania rumbo a Damasco, por ejemplo, aparecía de pronto, a un lado de la carretera, en lo alto de una colina, una escultura gigantesca con los brazos abiertos y estirados hacia adelante. De no ser por lo poco ortodoxo de la postura (y por el hecho de que los cristianos en Siria son apenas el 10% de la población), podría pensarse que se trataba de una especie de Cristo del Pan de Azúcar trasplantado a Oriente Medio. Pero era, por supuesto, Hafez, no tanto rugiendo como un león, que es lo que significa Asad en árabe, sino en algo más semejante a un abrazo del oso. A partir de ahí (imaginemos, por ejemplo, una estatua monumental de Zapatero nada más cruzar La Junquera), cualquier cosa era posible.
Y lo que vale para el padre, vale para la prole. La familia Asad, perteneciente a la tribu Kalbiyya y a la minoritaria secta alauí (una rama del islam que muchos musulmanes ni siquiera consideran como tal), lleva manejando los hilos del poder en Siria prácticamente desde la ascension del partido Baaz, en 1963. Durante casi 30 años, desde 1971 hasta su muerte en 2000, Hafez al Asad condujo el país con mano de hierro. Masacró a sus oponentes, convirtió Siria en una nación militarizada con lo peor de las dictaduras del otro lado del telón de acero y lo peor, también, de las dictaduras árabes; se escudó en la ocupación israelí de parte de su territorio (los Altos del Golán) para mantener durante décadas las denominadas leyes de emergencia; controló el vecino Líbano en una colonización encubierta; jugó la carta del panarabismo y de la incorruptibilidad para legitimarse en el poder y mantener unido a un país marcado por una sociedad diversa y muy fracturada, y, cómo no, se aseguró bien de instaurar en el país ese oxímoron de los oximorons que es la república hereditaria.
Basil, el primogénito (en realidad hay una hermana mayor, Bushra), había sido designado para la sucesión desde muy joven. Era jefe de la seguridad presidencial y el régimen se esforzaba, con éxito, en presentarlo como látigo de corruptos. Además, era un deportista nato, campeón, entre otras cosas, de equitación. Le perdió la velocidad. El Mercedes que conducía a primera hora de una mañana de enero de 1994 se estrelló cuando Basil se dirigía hacia el Aeropuerto de Damasco apretando el acelerador entre una espesa niebla. El puesto en la camada quedó vacante.
La familia Asad, a principios de los años setenta. De pie, a la izquierda, Hafez al Asad, y debajo, de izquierda a derecha, sus hijos Bashar y Maher, su esposa (Anisa Makhlouf), y sus hijos Majd, Bushra y Basil. Foto: Wikimedia Commons
Y es aquí donde entra en escena Maher al Asad, el menor de los cinco hijos del dictador. Porque, pese a que en la «sucesión natural» el siguiente en la lista era el actual presidente, fue el nombre de Maher el que más sonó en un principio para ocupar el cargo en un futuro. Su perfil, simplemente, encajaba: militar de carrera, fama de duro… Y Bashar, sin embargo, era por entonces un oftalmólogo no muy interesado en la política, que estaba ampliando sus estudios en Londres.
Pero Hafez, sin embargo, se decidió por la «cara amable» (ya estamos viendo ahora que salió rana) y prefirió no jugársela con el menor de sus hijos. Maher quedó fuera, según unos por ser demasiado joven aún, y según otros porque ya por entonces tenía fama de «inestable».
Considerado «hombre de excesos», Maher es, efectivamente, un tipo duro. Según se cuenta, en 1999, por ejemplo, le pegó un tiro a un general durante una disputa de carácter personal. El general, por cierto, era su cuñado.
Un año después, Maher aparece como la principal voz que acabó de persuadir a su hermano Bashar para que éste pusiera fin a las reformas que, en principio, parecía dispuesto a llevar a cabo tras la muerte de su padre. Y en 2005, para completar el currículum, un informe de la ONU le cita como uno de los posibles responsables del plan para asesinar al entonces primer ministro del Líbano, Rafik Hariri.
La familia Asad, a principios de los años noventa. En el frente, Hafez al Asad y su esposa, Anisa. Detras, de izquierda a derecha, Maher, Bashar, Basil, Majd y Bushra. Foto: Wikimedia Commons
Ahora, Maher, de 43 años, es el comandante de la 4ª División del Ejército, el hombre fuerte de la Guardia Republicana (la fuerza de élite que protege al régimen de las «amenazas internas»), y se le considera el principal responsable de la brutal represión contra la revuelta popular que está sacudiendo el país. Maher es el número dos del régimen. Y es, además, el primero de la lista de 13 personalidades del gobierno sirio que han sido sancionadas este martes por la Unión Europea, debido a su responsabilidad en la «violencia contra los manifestantes» en el país. Las sanciones les vetan a todos ellos la entrada en territorio comunitario y autorizan la confiscación de los bienes que puedan tener en Europa.
Para muchos sirios, de hecho, es Maher, y no Bashar, el verdadero culpable de la situación, el verdugo. Envuelto en una nube de propaganda y con los medios de comunicación extranjeros vetados en el país, el presidente se sigue esforzando por aparecer como el nuevo padre que escucha a su pueblo. Bashar promete reformas, habla en el Parlamento, denuncia una conspiración conjunta de los islamistas, Al Jazeera y la prensa occidental, pide lealtad para luchar contra los que quieren acabar con un Estado laico y unido… Maher, sin embargo, es el que aprieta el gatillo.
En todas las familias, dicen, hay una oveja negra. En esta familia de ovejas negras, la oveja negra tenía que ser más negra aún. Y no parece muy probable que la prohibición de viajar a Europa vaya a devolverla al redil.
Caminar en el invierno de 1994 por las calles de Damasco (o de cualquier otro lugar de Siria) se parecía bastante a recorrer un museo dedicado a la figura de un solo hombre: Basil al Asad. O, para ser exactos,… Leer
Cómo ha respondido hasta ahora Europa ante las revueltas en Oriente Medio y el Magreb, y cómo debería responder a partir de ahora. Un artículo publicado en The Economist el pasado día 24:
Cuando el pueblo salió a la calle en Túnez, Francia ofreció su ayuda a las fuerzas del orden del presidente Zine el-Abidine Ben Ali. Cuando tomó las plazas de El Cairo, Italia elogió a Hosni Mubarak como el más sabio de los hombres. Y cuando fue masacrado en Trípoli, la República Checa dijo que la caída de Muammar al Gadafi causaría una catástrofe, Malta defendió la soberanía de Libia e Italia predijo que las protestas desembocarían en un emirato islámico.
Por cada levantamiento árabe ha habido algún Estado europeo que se ha situado en el lado equivocado de la historia. No es de extrañar, por tanto, que la Unión Europea haya tardado tanto en exigir a estos regímenes que escuchen las demandas de democracia, y en condenar las represiones violentas.
Y en lo que respecta a actuar, la UE lo ha hecho incluso peor. No se decidió a congelar las cuentas de los dictadores tunecino y egipcio hasta que ya habían huido o renunciado. Y Gadafi, a pesar de haber usado la fuerza aérea para matar libios, no se enfrentó a sanciones inmediatas por parte de la Unión, que se limitó a interrumpir las negociaciones comerciales y a decir que estaba «preparada para tomar nuevas medidas». Hasta la Liga Árabe, el mayor club de autócratas del mundo, ha suspendido a Libia como país miembro. […]
Andrés Mourenza, en La brújula (El Periódico), 10/1/2011:
Atila fue el rey de los hunos, un pueblo de origen turco-mongol que forjó un vasto imperio desde las estepas rusas hasta Europa Central en torno al siglo V. En la cultura popular se le recuerda como un fiero señor de la guerra y de él se decía que «bajo los cascos de su caballo jamás volvía a crecer la hierba». No es un detalle baladí, por tanto, que los militares turcos bautizasen con el nombre del caudillo huno la operación mediante la cual invadieron Chipre en 1974. Bajo las orugas de sus tanques no ha vuelto a crecer la hierba.
Pero la culpa no se le puede achacar únicamente a los turcos. Hace 50 años, cuando los británicos finalmente concedieron la independencia a la isla mediterránea, Londres, Ankara y Atenas acordaron para Chipre una constitución que de independiente tenía poco. […]
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron este martes que si se quiere lograr la paz en Oriente Próximo se debe encontrar, a través de la negociación, una vía para resolver el estatus de Jerusalén «como futura capital de dos Estados», uno israelí y otro palestino, informa Europa Press.
En las conclusiones aprobadas este martes por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores desaparece así la referencia a Jerusalén Este como capital del Estado palestino, inicialmente propuesta por la presidencia sueca de la UE, a la vista de las reticencias suscitadas entre los 27 y el malestar mostrado por Israel.
Los ministros muestran además su preocupación por la falta de avances en el proceso de paz de Oriente Próximo y reclaman la reanudación «urgente» de las negociaciones que conduzcan, en un marco temporal acordado por las partes, a una solución consistente en dos Estados: un Estado israelí viviendo en paz y seguridad junto a un Estado palestino «independiente, democrático y viable».
Además, la UE deja claro que no reconocerá «ningún cambio» en las fronteras anteriores a 1967, incluyendo las que afectan a Jerusalén, «más que aquéllos acordados por las partes».
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron este martes que si se quiere lograr la paz en Oriente Próximo se debe encontrar, a través de la negociación, una vía para resolver el estatus de Jerusalén «como futura… Leer
