El bloque conservador se hizo con el control del Parlamento de Irán, incluidos los 30 escaños de Teherán, en las elecciones legislativas celebradas en el país el pasado 21 de febrero, unos comicios que estuvieron marcados por una participación que apenas llegó al 42% (la más baja en la historia de la República Islámica), la descalificación previa de muchos de los candidatos reformistas y moderados, y el llamamiento al boicot por parte de facciones de la oposición.
La Coalición de la Unidad, encabezada por el exalcalde de Teherán y antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Baqer Qalibaf, y en la que se habían unido las dos listas principales de los conservadores y ultraconservadores, logró al menos 256 escaños de los 290 que componen la cámara.
El Parlamento iraní, que en la última legislatura ha estado dominado por los reformistas y los moderados, cambia así de manos, en un giro que podría obedecer no solo a la abultadísima abstención y al veto sufrido por muchos candidatos opositores, sino también a la crisis económica, consecuencia de, entre otros factores, las sanciones impuestas por Estados Unidos; a la represión de las recientes protestas populares contra el gobierno; o incluso al derribo por error del avión ucraniano de pasajeros el mes pasado, durante la reacción iraní al asesinato por parte de EE UU del comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución Qasem Soleimani.
En 2017, el centrista Hasan Rohaní, apoyado por los reformistas, fue reelegido presidente en unos comicios en los que votaron cerca de dos tercios de los electores, y que, como se ha recordado estos días, fue visto casi como un referéndum sobre el acuerdo nuclear firmado por Teherán con las potencias occidentales. Sin embargo, la decisión del presidente de EE UU, Donald Trump, de dar por finiquitado el acuerdo ha impulsado a los ultras en Irán, aparte de dañar la economía al reactivar las sanciones. La subida del precio de la gasolina en noviembre del año pasado, por ejemplo, provocó fuertes protestas que fueron reprimidas con dureza.
Tras los comicios del 21 de febrero, el líder supremo iraní, Alí Jameneí, llegó a denunciar una «campaña mediática extranjera» para «desalentar» a los votantes y que no acudiesen las urnas. «Se oponen a las elecciones porque no quieren que el fenómeno de la participación popular en las urnas en nombre de la religión y al servicio a la revolución se institucionalice como una realidad», subrayó el ayatolá, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.
Esta «campaña negativa» habría comenzado meses antes de las elecciones y se intensificó, según Jameneí, aprovechando el temor por la propagación del coronavirus causante de la COVID-19.
Cuando se celebraron las elecciones legislativas en la República Islámica, el brote de la epidemia en Irán había causado ya ocho muertos, con 43 contagiados confirmados, y provocado el cierre de escuelas y universidades en diez provincias, al tiempo que los países vecinos empezaban ya a bloquear fronteras y se suspendían cada vez más vuelos. Los últimos datos (7 de marzo) elevan a 5.823 el número de casos en el país (el tercero más afectado del mundo, tras China y Corea del Sur), y a 145 el de fallecidos.
No obstante, y tal y como contaba tras las elecciones Ángeles Espinosa, corresponsal de El País en la región, «pocos han creído la excusa posterior de que el temor al coronavirus alentado por la prensa extranjera alejó a los votantes. Al contrario, muchos iraníes sospechan que los responsables han jugado con el anuncio del brote para justificar el desinterés».
En cualquier caso, los resultados de estas elecciones legislativas suponen un duro golpe para Rohaní, que, con las próximas elecciones presidenciales de 2021 en el horizonte, está agotando ya su segundo y último mandato.
Cómo funciona el veto a los candidatos
En cada elección en Irán, ya sean parlamentarias o presidenciales, se registran como candidatos miles de personas. Para las legislativas de este año se inscribieron en torno a 14.000 iraníes. Pero, para poder presentarse, los candidatos tienen que pasar primero el visto bueno del Consejo de Guardianes, la institución más influyente del país, solo por debajo del líder supremo, que designa directamente a la mitad de sus doce miembros. La ley establece que los candidatos deben ser «personalidades políticas y religiosas» de nacionalidad iraní, administradores experimentados, con buenos antecedentes, «dignos de confianza y virtuosos», y creyentes y comprometidos con los principios de la República Islámica y la confesión oficial del país (el islam chií). En estas elecciones, el Consejo de Guardianes, que no está obligado a explicar las razones de sus vetos, rechazó a aproximadamente la mitad de los inscritos. Algunos de los que no pasaron la criba eran representantes de partidos conservadores, pero la inmensa mayoría se identificaban como reformistas o moderados. Además, a unos 90 candidatos reformistas que eran ya miembros del Parlamento se les impidió presentarse a la reelección.
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