Aplastando a la prensa. Viñeta de la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, sobre los cuatro periodistas detenidos en ese país.
Aplastando a la prensa. Viñeta de la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, sobre los cuatro periodistas detenidos en ese país.
«La única razón por la que estos tres hombres están en prisión es que a las autoridades egipcias no les gusta lo que dicen. Son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de forma inmediata y sin condiciones. En el Egipto actual cualquiera que se atreve a desafiar el discurso oficial del Estado se convierte en un objetivo legítimo». El comunicado hecho público por Amnistía Internacional tras las condenas en Egipto a tres periodistas del canal en inglés de Al Jazeera resume bastante bien lo ocurrido. Todo el proceso ha sido, en palabras de esta organización, «un auténtico fraude».
Un tribunal egipcio sentenció este lunes a entre siete y diez años de cárcel a tres periodistas del canal catarí por «difundir noticias falsas sobre Egipto» y «colaborar con los Hermanos Musulmanes». El corresponsal australiano Peter Greste y el egipcio con pasaporte canadiense Mohamed Fahmy recibieron una pena de siete años de prisión. El egipcio Baher Mohamed fue condenado en total a diez años, siete por los mismos cargos que sus compañeros y otros tres porque llevaba encima una bala (recogida como souvenir durante una manifestación) en el momento de su detención. La corte condenó asimismo a diez años de cárcel a otras doce personas (varios periodistas de Al Jazeera también entre ellas), que han sido juzgadas en ausencia.
Este fin de semana, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, quien ha calificado el veredicto de «draconiano», discutió el caso en El Cairo con el presidente egipcio, Abdul Fatah al Sisi. Kerry también confirmó, de todos modos, que la ayuda militar estadounidense seguirá fluyendo, ahora que Al Sisi ya no es un militar golpista, sino un respetable presidente electo, y por mucho que haya que torcer la cara ante sentencias como ésta, o como las que han condenado recientemente a muerte a centenares de seguidores de los Hermanos Musulmanes, su líder incluido.
Desde que, siguiendo en parte los intereses del Gobierno de Catar, Al Jazeera apoyó al gobierno islamista del derrocado Mohamed Mursi, el nuevo régimen egipcio no le ha dado tregua. La cadena, cuyas oficinas en El Cairo fueron cerradas por las autoridades, ha sido acusada de respaldar a los Hermanos Musulmanes –declarados grupo terrorista– y de difundir informaciones que «tergiversan la realidad de Egipto».
Como señala a El País Ahmed Hammad, profesor de Comunicación en la Universidad Al Azhar de El Cairo, «es cierto que Al Jazeera tiene un sesgo favorable a la Hermandad. Pero en Egipto no hay medios imparciales. Actualmente, tanto los públicos como los privados apoyan firmemente al gobierno, y no hay espacio para voces disidentes».
Las condenas a los periodistas de Al Jazeera y, en general, todo el proceso judicial, han levantado duras críticas de organizaciones de derechos humanos y de colectivos de periodistas, que han convocado numerosas protestas para apoyar a los acusados y pedir su puesta en libertad. Gobiernos como los de Australia, el Reino Unido o Estados Unidos han exigido asimismo que se revisen las sentencias, apelando en algunos casos al presidente Al Sisi.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, también se sumó a las peticiones de que los periodistas sean puestos en libertad, y declaró sentirse «consternada y alarmada»: «Estoy especialmente preocupada por el papel del sistema judicial en esta represión», indicó.
Los periodistas sentenciados, que fueron detenidos el pasado mes de diciembre, aseguran que tan solo estaban haciendo su trabajo, y que son víctimas de la lucha política existente en Egipto. Durante los cinco meses que ha durado el juicio, los fiscales no han presentado ni una sola prueba sólida en su contra, a menos que cuenten como tales fragmentos de vídeos de otras cadenas de televisión que el propio juez consideró irrelevantes, un reportaje para la BBC sobre Somalia elaborado por Greste en 2011, un informativo realizado cuando ninguno de los condenados se encontraba en Egipto o incluso un vídeo musical de una cantante australiana.
«El periodismo no es un crimen. Si lo fuese, estaríais todos tras la rejas, así de simple. Nuestro hijo Peter es un periodista galardonado, no un criminal», dijo este lunes a los reporteros en Australia el padre de Peter Greste.
Uno de los responsables de Al Jazeera en inglés, Al Anstey, calificó las sentencias de «ilógicas, sin sentido y completamente injustas»: «Hoy han sido condenados tres colegas y amigos, que van a continuar encerrados en prisión por hacer un brillante trabajo y ser unos brillantes periodistas, ‘culpables’ de cubrir historias con un gran talento e integridad, ‘culpables’ de defender el derecho de la gente a saber qué está pasando en el mundo».
Más información y fuentes:
» Dark day for media freedom as Al Jazeera journalists convicted (Aministía Internacional)
» Outcry after Egypt sentences 3 reporters to prison (AP)
» Outrage as Egypt jails Al Jazeera staff (Al Jazeera)
» Condenan a entre 7 y 10 años de cárcel a periodistas de Al Yazira en Egipto (Efe)
» La ONU consternada por la condena en Egipto a tres periodistas de Al Yazira (Efe)
»Egypt trial: Journalists to protest over al-Jazeera trio (BBC)
» Condenados tres periodistas de Al Jazeera en Egipto (Guerra Eterna)
» More Egyptian Injustice (Editorial en The New York Times)
» No journalist’s report could damage Egypt as much as the Al-Jazeera verdict (Jess Hill, en The Guardian)
» Las cosas claras (Imane Rachidi , en M’Sur)
» La guerra entre Egipto y Al Yazira (El País)
» Beyond Al Jazeera: Egypt’s chilling verdict on media freedom (Aidan White, en OpenDemocracy)
» La justicia egipcia confirma la horca para 183 islamistas (Efe)
«La única razón por la que estos tres hombres están en prisión es que a las autoridades egipcias no les gusta lo que dicen. Son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de forma inmediata y sin condiciones…. Leer
Más de la mitad de todos los periodistas encarcelados actualmente en el mundo se encuentran en prisiones de Turquía, Irán y China, y Turquía ostenta, por segundo año consecutivo, el triste récord de ser el país con más profesionales de la información en la cárcel, con un total de 40. En Irán son 35 y en China, 32. Son datos del informe anual correspondiente a 2013 presentado este miércoles en Nueva York por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El informe muestra una caída del número global de reporteros detenidos (211 en 2013, frente a los 232 de 2012), y destaca que en América Latina no hay ningún periodista encarcelado. El único registrado en todo el continente americano se encuentra en Estados Unidos.
Tras Turquía, Irán y China, la lista de países con más periodistas encarcelados está encabezada por Eritrea, Vietnam, Siria, Azerbaiyán, Etiopía, Egipto y Uzbekistán. Es decir, cuatro de los diez primeros son países de Oriente Medio.
«Si ya resulta perturbador observar un aumento de la cifra de periodistas encarcelados en países como Vietnam y Egipto, es escandaloso que Turquía sea por segundo año consecutivo el país con mayor cantidad de periodistas presos», declaró Joel Simon, director ejecutivo del CPJ.
Varios factores contribuyen al hecho de que Turquía, una democracia, miembro de la OTAN, aliado clave de EE UU y aspirante a ingresar en la Unión Europea, tenga más periodistas encarcelados que ningún otro país.
Por un lado, y como consecuencia del largo conflicto con el independentismo kurdo, Turquía tiene una legislación muy amplia para combatir el terrorismo, que el Gobierno usa a menudo para juzgar a periodistas que son críticos con el Ejecutivo. Muchos periodistas han sido procesados por el mero hecho de informar sobre actividades de grupos armados kurdos. Por otra parte, muchos profesionales de la información han sido encarcelados también en los últimos años por denuncias de conspiración contra el Gobierno por parte de los adversarios secularistas de Erdoğan.
Según denuncia el CPJ, los procesos a los periodistas turcos son una forma de presión del Gobierno sobre la prensa, «en una nación con una inclinación cada vez más autoritaria». No obstante, el informe de este año refleja asimismo un pequeño descenso en el número de periodistas presos, de 49 a 40, ya que algunos profesionales fueron puestos en libertad mientras esperaban juicio, y otros quedaron libres en atención al tiempo de cárcel cumplido durante las largas detenciones previas a sus juicios.
Muchos de los periodistas liberados en Turquía desde octubre de 2012 se encuentran todavía procesados. Uno de ellos, Nedim Sener, se enfrenta a hasta 15 años de cárcel, acusado de apoyar el supuesto complot terrorista relacionado con la red Ergenekon.
Tras la publicación del informe anual, la coordinadora del CPJ para Europa y Asia Central, Nina Ognianova, señaló que «en los últimos años, Turquía ha pasado de ser una esperanza a ser una preocupación en la región, con un espacio cada vez más reducido para la libertad de expresión». «Turquía se encuentra ahora en una encrucijada, y no es aún demasiado tarde para poder elegir entre el camino del autoritarismo y la censura, o el de la democracia y la tolerancia. Puede comenzar liberando a los 40 periodistas que permanecen en sus cárceles», añadió.
En cuanto a Irán, la cantidad de periodistas presos también ha descendido ligeramente, de 45 a 35, en este caso debido a que algunas sentencias caducaron y a que el Gobierno ha continuado aplicando una política de excarcelaciones temporales para algunos de los detenidos, quienes, sin embargo, no saben si tendrán que regresar a la cárcel o no, o cuándo lo harán. En cualquier caso, el CPJ denuncia que las autoridades iraníes continúan realizando arrestos y condenando a largas penas de cárcel a periodistas reformistas y miembros de minorías, a pesar de la elección en junio de un nuevo presidente, Hasan Rohaní.
En Egipto, donde no había ningún periodista en prisión en 2012, las autoridades encarcelaron en 2013 a un total de cinco profesionales. Tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Mursi el 3 de julio de 2013, el nuevo ejecutivo instalado con el apoyo de las Fuerzas Armadas detuvo a decenas de periodistas nacionales y extranjeros, en particular a aquellos críticos del nuevo gobierno o con simpatías hacia Mursi y los Hermanos Musulmanes. Posteriormente, la mayoría fueron liberados.
Un caso particular es Siria, donde el número de periodistas encarcelados por el régimen del presidente Bashar al Asad bajó de 15 a 12 con respecto a 2012, aunque el informe no contabiliza a los 30 reporteros desaparecidos en el país, que en su mayoría se cree fueron secuestrados por grupos armados de la oposición. Entre ellos hay tres españoles: el enviado especial de El Mundo Javier Espinosa, el fotógrafo frelance Ricardo García Vilanova, y el redactor de El Periódico Marc Marginedas.
Más información y fuentes:
» La cifra de periodistas presos en el mundo registra su segundo peor año (CPJ)
» Listado de periodistas encarcelados en el mundo en 2013, país por país y caso por caso
Más de la mitad de todos los periodistas encarcelados actualmente en el mundo se encuentran en prisiones de Turquía, Irán y China, y Turquía ostenta, por segundo año consecutivo, el triste récord de ser el país con más profesionales de… Leer
Al menos 16 periodistas han sido detenidos en Irán en los últimos días, acusados por el Ministerio de Información iraní de colaborar con medios de comunicación extranjeros en persa, a los que califica de «antirrevolucionarios». Varios más han recibido citaciones para comparecer próximamente ante los tribunales. Los arrestados trabajan para los diarios reformistas Arman, Bahar, Etemaad y Shargh, para el semanario Aseman, y para la agencia ILNA. Aunque no se puedan considerar disidentes, todos estos medios son críticos con el Gobierno e informan, entre otras cosas, de las dificultades de la economía bajo las sanciones que Occidente ha impuesto a Irán por su programa nuclear.
La oleada de detenciones ha despertado la indignación de la comunidad internacional y de organizaciones en defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras. «Irán es una de las mayores cárceles del mundo para periodistas», afirmó Reza Moini, responsable de RSF en el país.
El temor es que la censura y la represión vayan a más, ya que el próximo mes de junio se celebran elecciones presidenciales en la República Islámica. «Desde principios de año –informa Ángeles Espinosa en El País– agentes de los servicios secretos o miembros de la Guardia Revolucionaria han estado interrogando a periodistas sobre los próximos comicios, el candidato al que piensan respaldar, o su opinión sobre un reciente discurso en el que el líder supremo pidió que dejaran de pedir elecciones libres porque “desde el principio de la República Islámica, las elecciones siempre han sido libres”».
«Treinta y cuatro años después de que el fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini, regresase de Francia, y en contra de sus propias promesas de respetar las libertades fundamentales, Irán es actualmente una de las mayores prisiones del mundo para periodistas, con un total de 62 informadores detenidos», indica el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire. «El sucesor de Jomeini como líder supremo, Ali Jamenei, ha llevado más allá la guerra contra los periodistas y la demonización de la prensa extranjera y de los medios de comunicación. Los periodistas e intelectuales iraníes llevan 34 años siendo acusados de ser espías a sueldo de los gobiernos occidentales, con cargos que nunca han sido probados en juicios justos. El sistema de justicia en Irán no es más que una herramienta al servicio del líder supremo, que es quien elige a su jefe, para machacar cualquier esperanza de una mayor libertad», añade.
Según han informado medios de comunicación iraníes, las fuerzas de seguridad irrumpieron el pasado fin de semana en las oficinas de varias publicaciones con sede en Teherán. El domingo, varios periodistas fueron detenidos en cinco redadas llevadas a cabo simultáneamente, mientras que otros dos fueron detenidos el sábado. Agentes de seguridad registraron y grabaron las instalaciones. También registraron los domicilios de algunos de los periodistas. A algunos les confiscaron los teléfonos y las acreditaciones de prensa. Amnistía Internacional informa de que los profesionales detenidos el domingo han sido trasladados a un lugar desconocido, mientras que los dos detenidos el sábado habrían sido llevados a la prisión de Evín.
Las últimas detenciones, añade AI, se producen tras el regreso a prisión de Mohammad Sadiq Kaboudvand, quien el viernes fue devuelto a la cárcel de Evín, después de que en diciembre de 2012 se le hubiese concedido un permiso de salida para recibir tratamiento médico. Kaboudvand, cuyo estado de salud es precario, cumple una pena de diez años y medio que se le impuso, según la ONG, por su labor periodística y en favor de los derechos humanos. Era la primera vez que se le concedía un permiso de salida desde su detención en 2007.
El miércoles, el Ministerio de Inteligencia de Irán vinculó a varios de los periodistas detenidos con la radiotelevisión británica BBC, y aseguró que había desmantelado la mayor red relacionada con medios extranjeros para bloquear la «infiltración enemiga». Según una nota difundida por la agencia oficial iraní, IRNA, y recogida por Efe, el Ministerio señaló que, en su «campaña contra la injerencia de los poderes amenazantes y perversos», había logrado «identificar y detener a periodistas que colaboraban con la máquina de propaganda de la BBC».
IRNA, que denomina al Gobierno británico «el viejo zorro», acusa a la BBC de haber difundido recientemente varios reportajes «controvertidos» con el fin de desprestigiar al presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, y al Banco Central Iraní.
Mohammad Hosseini, ministro iraní de Cultura y Orientación Islámica, afirmó por su parte que las últimas detenciones de periodistas «no tienen nada que ver con su trabajo». Sin embargo, la semana pasada el fiscal general, Gholamhossein Mohseni Ejei, pareció advertir de las redadas al afirmar que «mañana, si cualquiera de estas personas es detenida por cometer un acto delictivo, chillaréis y gritaréis, sin tener ni idea de que esa persona era el portavoz del enemigo».
Más información y fuentes:
» Informe de Reporteros Sin Fronteras (incluye la lista completa de los periodistas detenidos y los medios para los que trabajan)
» Informe de Amnistía Internacional
» Entrevista a Reza Moini, responsable en Irán de Reporteros Sin Fronteras (Euronews)
» Irán reprime a los periodistas (Ángeles Espinosa, en El País)
Al menos 16 periodistas han sido detenidos en Irán en los últimos días, acusados por el Ministerio de Información iraní de colaborar con medios de comunicación extranjeros en persa, a los que califica de «antirrevolucionarios». Varios más han recibido citaciones… Leer
El Fiscal General del Estado de Egipto, Abdel-Meguid Mahmud, ha ordenado que se adopten las medidas necesarias para bloquear en el país los sitios web con contenido pornográfico, basándose en una orden judicial de 2009, según informa este miércoles el diario Al Ahram. En mayo de ese año, el Tribunal Superior prohibió este tipo de páginas, tras una demanda presentada por un abogado islamista.
La orden se produce poco después de que, la semana pasada, un grupo de simpatizantes salafistas se manifestaran ante el Tribunal Superior de El Cairo para exigir la aplicación de la prohibición. La manifestación se realizó en el marco de una campaña denominada Net Pure (red pura). Esta campaña tiene el apoyo de prominentes predicadores salafistas, que argumentan que los sitios web para adultos «violan las costumbres y los valores de la sociedad egipcia».
La medida ha levantado las críticas de representantes políticos liberales y de numerosos usuarios de Internet, para quienes la prohibición supone un atentado contra la libertad de expresión y abre la puerta para el ejercicio de una mayor censura en la red. En el actual gobierno egipcio tienen mayoría los islamistas Hermanos Musulmanes.
Además, aplicar con eficacia este tipo de leyes conlleva muchos problemas técnicos, incluyendo la dificultad de controlar el uso de proxies externos para acceder a estas páginas. El pasado mes de septiembre, el ministro de Telecomunicaciones egipcio reconoció que era «técnicamente imposible» bloquear los sitios pornográficos en el país. Y algunas fuentes calculan el coste de intentarlo en unos 50 millones de dólares.
Amira Al Hussaini ha recogido (y traducido) en Global Voices algunas reacciones de ciudadanos egipcios en Twitter: «Empieza con el porno y luego sigue todo lo demás» (@The_Hendawy); «La decisión de prohibir las páginas porno = censurar todo lo que no les guste en Internet, política, arte, literatura, historia, oposición, blogs, redes sociales…» (@LuluDeRaven); «Voy a publicar en un blog un tutorial sobre cómo saltarse la prohibición» (@tarekshalaby); «¿Queréis gastar dinero en bloquear porno, en vez de gastar el mismo dinero en médicos?» (@Gue3bara); «Las páginas porno son más desagradables que la tortura en las comisarías de policía, la corrupción, el robo y el asesinato, y son la razón de la falta de seguridad en el Sinaí. Cuando las páginas hayan sido bloqueadas, todos nuestros problemas quedarán resueltos» (@nermo).
El Fiscal General del Estado de Egipto, Abdel-Meguid Mahmud, ha ordenado que se adopten las medidas necesarias para bloquear en el país los sitios web con contenido pornográfico, basándose en una orden judicial de 2009, según informa este miércoles el… Leer
Mohammed Salama, un ciudadano con doble nacionalidad, saudí y estadounidense, fue detenido el pasado 30 de abril en su domicilio de Riad, la capital de Arabia Saudí. El arresto se produjo después de que Salama publicase en su cuenta personal de Twitter una serie de mensajes en los que criticaba algunas interpretaciones (hadiz) de las enseñanzas del profeta Mahoma. Salama sigue arrestado, sin que se hayan presentado aún cargos contra él. Su caso lo ha denunciado este miércoles la ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
«Ni Salama ni su familia han sido informados de cuáles son las acusaciones en su contra», señala Joe Stork, subdirector para Oriente Medio de HRW, en un comunicado. Stork exige la liberación inmediata del detenido y añade: «Nadie debe languidecer en prisión sin cargos, y menos aún por expresar una opinión pacífica».
La legislación saudí establece en un máximo de seis meses el tiempo que una persona puede permanecer detenida sin cargos. Salama cumplió esos seis meses el 30 de octubre. Según la familia, el Ministerio Público dijo en septiembre que la investigación del caso no había concluido aún.
En sus mensajes en Twitter, publicados el pasado mes de marzo, Salama comentaba y cuestionaba en conversaciones online algunas de las interpretaciones tradicionales de los hadiz. Decía, por ejemplo, que «el propio Profeta cuestionó el Corán», o que «[tener] pensamientos sobre el suicidio es normal, porque el mismo Profeta también llegó a contemplarlo». Salana subió asimismo un vídeo a YouTube, en el que criticaba las opiniones políticas de un clérigo. Algunos usuarios anónimos pidieron su arresto e incluso su ejecución.
El caso de Salama no es el único. Human Rights Watch recuerda que otro ciudadano saudí, Hamza Kashgari, de 23 años de edad, ha estado bajo custodia policial desde el pasado 12 de febrero por haber publicado una serie de mensajes en Twitter sobre religión considerados apóstatas por las autoridades religiosas del gobierno.
Mohammed Salama, un ciudadano con doble nacionalidad, saudí y estadounidense, fue detenido el pasado 30 de abril en su domicilio de Riad, la capital de Arabia Saudí. El arresto se produjo después de que Salama publicase en su cuenta personal… Leer
El Ministerio del Interior de Bahréin anunció este miércoles la detención de cuatro personas por «difamar a personajes públicos en las redes sociales». En una escueta nota de prensa, el Ministerio indica que «los detenidos han confesado su crimen» y que «se busca a un quinto sospechoso». También explica que las detenciones se llevaron a cabo gracias al reciente control impuesto a las redes sociales «para evitar el mal uso de estas plataformas». La nota agrega que «la libertad de expresión está garantizada por la Constitución y por las leyes», pero deja claro que «esta libertad no significa que se pueda difamar a otros». Concluye destacando «la importancia de usar las redes sociales de una forma ética y responsable».
Los detalles los conocemos gracias a una información de la agencia Reuters, que cita a la agencia estatal de noticias, BNA: Los detenidos son cuatro jóvenes de unos veinte años, y el «personaje público» es, sorpresa, el rey. Según el fiscal, los jóvenes están acusados, concretamente, de «insultar a su majestad el Rey en sus cuentas personales de Twitter». Mohamed al Maskati, responsable de la Sociedad Juvenil de Bahréin para los Derechos Humanos, informó de que los cuatro fueron arrestados el miércoles por la mañana después de que las fuerzas de seguridad confiscaran sus ordenadores y otros dispositivos electrónicos.
Reuters recuerda que en Bahréin está prohibido criticar al rey Hamad o a cualquier otro miembro de la gobernante familia Al Jalifa. La fiscalía indicó que los acusados se enfrentarán a «un juicio urgente ante el tribunal penal».
El efecto inmediato de semejante despropósito ha sido, obviamente, más críticas al rey, tanto en Twitter (ver, por ejemplo, la etiqueta #KingsTornPics) como en otros medios. El miércoles por la noche, un grupo de jóvenes se reunió para romper fotos del monarca y luego subieron el vídeo a YouTube:
Se trata, como señala en su blog el periodista de The Guardian Brian Whitaker, del conocido «Efecto Streisand», que la Wikipedia define como «un fenómeno de Internet en el que un intento de censura u ocultamiento de cierta información fracasa o es incluso contraproducente para el censor, ya que ésta acaba siendo ampliamente divulgada, recibiendo mayor publicidad de la que habría tenido si no se la hubiese pretendido acallar». El origen del nombre se remonta a 2004, cuando la cantante Barbra Streisand interpuso una demanda para que una web retirase una foto de su casa. Hasta entonces la foto no la había visto casi nadie. Después de la demanda, más de 420.000 personas visitaron en apenas un mes la web denunciada.
Whitaker escribe:
El régimen de Bahréin (y otros como él) tiene que entender que las redes sociales han dado a la gente una voz que no había tenido hasta ahora. El viejo orden se está desmoronando en todo Oriente Medio y los árabes, cada vez más, están exigiendo responsabilidades a sus gobernantes. Puede que a los gobernantes no les guste esto, pero mejor que se vayan acostumbrando.
El problema es que, si bien es cierto que tratar de amordazar las redes sociales es como intentar ponerle puertas al campo, eso no significa que el Estado, y, concretamente, el rey, no tengan aún una gran capacidad represora. El mes pasado, Zainab al Jawaya, hija de un activista bahreiní en prisión, fue condenada a dos meses de cárcel por dañar propiedad pública en una comisaría, incluyendo la imagen del rey. Según el abogado de Jawaya, la sentencia se debió a haber roto la fotografía del monarca. Y en julio, el destacado activista Nabeel Rayab fue condenado a tres meses de prisión por un tuit contra el primer ministro -miembro de la familia gobernante-, que según el tribunal había insultado a los bahreiníes. Posteriormente fue absuelto en una apelación, pero su caso dañó más aún la imagen del régimen.
El Ministerio del Interior de Bahréin anunció este miércoles la detención de cuatro personas por «difamar a personajes públicos en las redes sociales». En una escueta nota de prensa, el Ministerio indica que «los detenidos han confesado su crimen» y… Leer
El presidente del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR), Nabil Rajab, ha sido condenado este jueves a tres años de cárcel por haber participado en protestas contra el Gobierno de Bahréin, según informó su abogado Mohamed al Jishi. Rajab ha sido llamado a declarar por la fiscalía en reiteradas ocasiones en los últimos meses, y permaneció detenido entre el 5 y el 28 de mayo, y de nuevo a partir del 6 de junio, a causa de unas afirmaciones que publicó en su cuenta de Twitter, en las que pedía la dimisión del primer ministro, Jalifa bin Salman Al Jalifa, informan Reuters y Europa Press. Actualmente, cumplía una pena de tres meses de cárcel por las críticas realizadas en la red social.
En su mensaje, publicado tras la visita del primer ministro a la localidad de Muharraq, Rajab pedía su dimisión y afirmaba: «Todo el mundo sabe que no eres popular, y que si no fuera por su necesidad de dinero, [los residentes de Muharraq] no te habrían dado la bienvenida».
Este jueves, añade Europa Press, el tribunal ha condenado a Rajab por haber participado hasta en tres ocasiones en manifestaciones antigubernamentales no autorizadas. Su abogado explicó que el activista ha sido condenado a un año de cárcel por cada una de las manifestaciones en las que ha sido probado que tomó parte.
Amnistía Internacional ha exigido a las autoridades que liberen a Rajab, a quien calificó de «preso de conciencia». En un comunicado, Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de esta ONG, señaló:
Como muchas otras personas detenidas en Bahréin, Nabil Rajab es preso de conciencia, encarcelado únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión. Debe ser puesto en libertad de inmediato y con la garantía de que se anulan su sentencia condenatoria y su condena. Además, las autoridades deben tomar también medidas para garantizar que todos los defensores de los derechos humanos pueden realizar su trabajo sin temor a sufrir represalias.
Esta última sentencia tira por tierra la fachada de reformas de Bahréin. Ante tan patentes e implacables tácticas de supresión de la disidencia, la comunidad internacional no puede creerse ya que el país esté llevando a cabo reformas. Los socios internacionales de Bahréin tienen que decirles alto y claro a las autoridades bahreiníes cuál es la situación.
Por su parte, Annie Game, directora ejecutiva de la de la red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX, por sus sigas en inglés), indicó:
Al condenar a Nabil a la cárcel, el gobierno de Bahréin está enviando un fuerte mensaje al mundo mostrando que no le preocupan los derechos humanos. Con esta decisión, la reputación internacional del Reino sigue estando en juego. Encarcelar al defensor de los derechos humanos más prominente del país es una señal preocupante para otros que se niegan a guardar silencio sobre el triste historial de los derechos humanos en Bahréin.
En febrero de 2011 comenzó una serie de protestas contra el Gobierno bahreiní y la familia real de los Al Jalifa, que gobierna el país desde 1783. Tras una dura represión y la aprobación del estado de emergencia, que se mantuvo desde marzo hasta junio, las concentraciones se redujeron, pero en los últimos meses se han sucedido casi a diario, mientras el Gobierno ha prometido aprobar una serie de reformas.
Leer también: La desesperada lucha por los derechos humanos en Bahréin
El presidente del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR), Nabil Rajab, ha sido condenado este jueves a tres años de cárcel por haber participado en protestas contra el Gobierno de Bahréin, según informó su abogado Mohamed al Jishi. Rajab… Leer
Las autoridades sirias detuvieron el pasado 4 de diciembre en la frontera con Jordania a Razan Ghazzawi, una de las blogueras sirias más reconocidas internacionalmente. Hazzawi fue arrestada cuando se dirigía a Ammán para participar en un encuentro sobre la libertad de expresión, unos días después de que el régimen de Damasco liberase a 900 detenidos.
Según publicó Reporteros sin Fronteras el 27 de octubre, al menos 20 blogueros y periodistas están detenidos actualmente en Siria. Entre estos arrestados se encontraba Hussein Ghrer, compañero y amigo de Razan Ghazzawi, y que fue liberado el 1 de diciembre.
A él dedica Ghazzawi la última entrada de su blog, escrita poco antes de ser detenida. La entrada termina con el siguiente párrafo:
Hussein vuelve esta noche a casa, donde abrazará fuerte a su mujer, y no soltará más a sus dos preciosos hijos. Todo irá bien, y todo esto terminará pronto.
Ghazzawi, una de las pocas blogueras sirias que firma con su propio nombre, tiene también una cuenta en Twitter, @RedRazan, de la que se han hecho cargo ahora sus amigos.
Una página en Facebook, FreeRazan, ha sido abierta para exigir su liberación.
Según explica ella misma en su blog, Razan Ghazzawi nació en Estados Unidos, pero nunca llegó a vivir allí. Sus padres pronto se mudaron a Arabia Saudí, donde la familia residió diez años, antes de regresar a su país originario, Siria.
A pesar de que cuenta con pasaporte estadounidense y facilidades para viajar y residir fuera del país, Ghazzawi regresó a Siria en el momento de mayor recrudecimiento de la represión del régimen contra sus ciudadanos, según informa Periodismo Humano.
En su blog, Ghazzawi publica desde 2009 campañas por la libertad de expresión y los derechos de los homosexuales.
Las autoridades sirias detuvieron el pasado 4 de diciembre en la frontera con Jordania a Razan Ghazzawi, una de las blogueras sirias más reconocidas internacionalmente. Hazzawi fue arrestada cuando se dirigía a Ammán para participar en un encuentro sobre la… Leer
El Líbano es una nación difícil, por no decir imposible. La compleja realidad étnica y religiosa que la conforma, un equilibrio endiablado, fruto del tiralíneas colonialista, y marcado por la ambición y la beligerancia de sus vecinos, hace que las susceptibilidades estén siempre a flor de piel. Cualquier ofensa, real o no, interna o externa, puede hacer prender la llama en un país que, pese a contar con una de las sociedades más dinámicas y con más posibilidades de todo Oriente Medio, ha vivido durante décadas y décadas bloqueado y castigado por un incendio permanente.
Esta fragilidad, este miedo enquistado, permite a las autoridades, entre otras cosas, vetar por ley cualquier material que altere «el orden público», el «sentimiento religioso» o «las relaciones intercomunitarias». O esa es, al menos, la excusa. Porque, por definición, las razones que invoca el poder para ejercer la censura son siempre falsas, o, como mucho, sólo una parte de los motivos reales. Lo normal es que detrás de cada acto de censura haya siempre un interés ilegítimo, encaminado a imponer una determinada forma de pensar o a perpetuar en el sillón de mando a quienes lo ejercen. Los casos de «censura necesaria», aquellos en los que no hay más remedio que aplicar la ley para evitar injusticias flagrantes, graves daños o males mucho mayores, se cuentan con los dedos de una mano en las sociedades verdaderamente democráticas, y suelen tener que ver con la protección de la infancia, los menores de edad, los más indefensos.
Es un argumento conocido: la sociedad no está preparada aún para ciertas cosas, y el Gobierno tiene que atribuirse un papel paternalista hasta que la sociedad «madure». En muchos países, no sólo, obviamente, de Oriente Medio, la aplicación de este principio de un modo sistemático es tan habitual que ya ni se habla de ello.
El Líbano no es, ni mucho menos, el peor caso de Estado censor en la región. La represión cultural que se ejerce en países como Arabia Saudí o Irán, por poner sólo los ejemplos más flagrantes, hace que la actividad de los censores libaneses parezca un juego de niños a su lado. Pero aún así, se trata de un caso importante, significativo, tal vez por la tradición de mayor apertura, liberalidad y cosmopolitismo de la que, a pesar de todos sus problemas, ha hecho siempre gala el país de los cedros.
Primero fue el Código da Vinci, retirado de las librerías libanesas en 2004 tras las presiones de los radicales cristianos. Le tocó después el turno a Persépolis (la película), que estuvo prohibida durante un tiempo en 2008, víctima esta vez de las presiones de los radicales chiíes. Y ahora, una vez más, le ha llegado el turno al cine.
La semana pasada las autoridades censuraron dos documentales, uno libanés y otro iraní, que se iban a presentar en el Festival Internacional de Cine de Beirut.
La directora del festival, Colette Naufal, en declaraciones difundidas por la prensa local, precisó que los documentales prohibidos fueron Chu Sar? (¿Qué pasó?), del realizador libanés De Gaulle Eid, y Green Days (Días verdes), de la iraní Hana Majmalbaf.
El primero relata la propia historia de su director, quien asistió a la matanza, por razones políticas, de trece miembros de su familia, entre ellos sus padres y su hermana pequeña, en su aldea natal de Ebdel, en el sur del Líbano.
El realizador libanés, que vive en Córcega, es uno de los protagonistas del documental, en el que no acusa a nadie. Se limita a relatar la pequeña investigación que se llevó a cabo sobre las circunstancias del asesinato de su familia.
Según explicó la responsable del festival, la decisión de prohibir el film la tomó un juez, amparándose en las leyes del país, y a partir de una queja presentada por una de las personas que aparece en una parte de la película. El magistrado pidió que ese fragmento fuera cortado, a lo que se negaron tanto la directora del certamen como el realizador. Ambos prefirieron retirarlo del festival.
El segundo documental censurado relata los acontecimientos que tuvieron lugar en Irán tras las elecciones presidenciales de 2009, y, según la prensa, la medida fue tomada a petición de la embajada iraní en Beirut.
La censura en el Líbano está a cargo de la Seguridad Nacional, pero las autoridades religiosas y administrativas pueden ejercer presiones para imponer sus puntos de vista, si consideran que hay «razones morales o políticas» para ello.
El Líbano es una nación difícil, por no decir imposible. La compleja realidad étnica y religiosa que la conforma, un equilibrio endiablado, fruto del tiralíneas colonialista, y marcado por la ambición y la beligerancia de sus vecinos, hace que las… Leer
