Al tiempo que aumenta la presión internacional sobre el presidente de Yemen, Alí Abdalah Saleh (EE UU y los países del Golfo le están exigiendo que negocie una «transición pacífica», es decir, que se vaya), decenas de miles de manifestantes volvieron a salir este miércoles a la calle y la Policía volvió a responder a tiro limpio, con el resultado de al menos cinco muertos.
La eficacia de las gestiones internacionales está aún por ver. Por un lado, EE UU era hasta antes de ayer un firme apoyo del régimen, en el que Washington veía –y, aunque le pese, sigue viendo– un necesario muro de contención ante la gran presencia de Al Qaeda en el país árabe. De hecho, el mayor temor del Gobierno estadounidense ante la eventual marcha de Saleh es un resurgimiento del grupo terrorista en la zona. Por otra parte, los llamamientos al diálogo por parte del Consejo de Cooperación del Golfo dependen en buena medida del grado de implicación de la siempre interesada Arabia Saudí, que ha sido durante años el principal grifo económico de Saleh.
Lo que sí está claro ya, sin embargo, es la continua violación de los derechos humanos que, de forma especialmente grave, se viene produciendo en el país más pobre del Gofo Pérsico, no sólo desde que empezaron las protestas (con cerca de cien muertos ya), sino en todo este último año. Y el peligro de que el abandono del poder acabe evitando que se haga justicia con los responsables es muy real. Aministía Internacional, que acaba de presentar un detallado informe sobre la situación, ha recordado que los crímenes no pueden quedar impunes y ha exigido que se investiguen «todos y cada uno de los homicidios».
Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de la ONG lo ha dejado bastante claro:
La comunidad internacional ha proporcionado ayuda en materia de seguridad y desarrollo a las autoridades yemeníes cuando éstas lo han solicitado. Es hora de que tome cartas en el asunto y ayude a que se haga justicia con las familias de quienes han perdido la vida durante este turbulento periodo.
El peor episodio hasta ahora se produjo el 18 de marzo, fecha que los manifestantes llaman desde entonces «Viernes Sangriento», cuando un ataque de francotiradores aparentemente coordinados contra un campamento de manifestantes en Saná se saldó, según los informes disponibles, con 52 personas muertas y centenares heridas.
El Gobierno yemení anunció al día siguiente que se abriría una investigación, pero no ha dado a conocer más detalles hasta la fecha. Ningún miembro de las fuerzas de seguridad está siendo investigado por las muertes que han tenido lugar durante las protestas antigubernamentales desde mediados de febrero.
Luther continúa:
No se puede permitir que los máximos responsables se queden tranquilamente al margen cuando el pueblo yemení está pidiendo con tanta contundencia que rindan cuentas. La manera de calmar las tensiones en todo el país es que se conozca la verdad y se haga justicia, no tratar de buscar la forma de eludir ambas cosas.
El informe de Amnistía Internacional entra también en detalles sobre las constantes violaciones de derechos humanos –homicidios ilegítimos, tortura y detención prolongada sin cargos– con que el Gobierno yemení ha respondido a las demandas crecientes de secesión en el sur, los ataques de Al Qaeda y el conflicto intermitente con los rebeldes huthis en el norte.
La ONG apunta que un buen primer paso sería la suspensión inmediata de la autorización, el suministro y la transferencia de armas y municionesa las fuerzas de seguridad de Yemen. Entre los proveedores figuran Alemania, Bulgaria, Rusia, Francia, Italia, el Reino Unido, la República Checa, Turquía, Ucrania… y Estados Unidos.
Más información:
» Veinte cosas que es necesario saber sobre Yemen (The Guardian)
» Al Qaeda aprovecha el vacío de poder (El País)
» La batalla en Yemen: actores y resultados (El País)
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