«Hay motivos razonables para concluir que la actual ocupación israelí del territorio palestino es ilegal según el derecho internacional, debido a su permanencia y a las acciones emprendidas por Israel para anexionar partes del territorio, tanto de facto como de jure. Las acciones de Israel que tienen por objeto crear hechos irreversibles sobre el terreno y ampliar su control sobre el territorio son tanto reflejos como impulsores de su ocupación permanente».
Así encabeza las conclusiones de su primer informe la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel1. «Al seguir ocupando el territorio palestino por la fuerza, Israel incurre en responsabilidades internacionales y sigue violando los derechos de los palestinos, individualmente y como pueblo», añade la Comisión, uno de cuyos objetivos es hacer llegar la situación a la Corte Internacional de Justicia.
El informe, presentado este jueves, recuerda que, según el derecho internacional humanitario, la ocupación de territorio en tiempo de guerra es una situación temporal y no priva a la potencia ocupada de su condición de Estado ni de su soberanía.
En una comparecencia ante los medios este mismo jueves, la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, antigua Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, fue más allá y aseguró que «declaraciones recientes del secretario general [de la ONU, António Guterres] y de numerosos Estados miembros han indicado claramente que cualquier intento de anexión unilateral del territorio de un Estado por otro Estado es una violación del derecho internacional y es nulo y sin efecto».
«La semana pasada, 143 Estados miembros, incluido Israel, votaron a favor de una resolución de la Asamblea General que reafirma esto», añadió Pillay, en referencia a la votación del pasado 12 septiembre en la que la Asamblea General rechazó la anexión por parte de Rusia de cuatro territorios ucranianos, con solo cinco votos en contra —Corea del Norte, Siria, Nicaragua, Bielorrusia y la propia Rusia—. Pillay agregó que para que este principio fundamental de la Carta de la ONU «tenga sentido», debe «aplicarse universalmente», incluyendo en el caso del territorios palestino ocupado.
Asegurarse un «control permanente»
En el informe, de 28 páginas, la Comisión revisa políticas y acciones empleadas por Israel para mantener la ocupación y anexionarse partes del territorio palestino ocupado. Entre esas acciones, el documento destaca que Israel ha sostenido y hecho avanzar su «empresa de asentamientos», e incluye declaraciones de funcionarios israelíes que reafirman la intención de mantener un control permanente sobre el territorio, en violación del derecho internacional.
«Al ignorar el derecho internacional, estableciendo o facilitando el establecimiento de asentamientos, y al transferir directa o indirectamente a civiles israelíes a estos asentamientos, los sucesivos gobiernos de Israel han establecido hechos sobre el terreno para garantizar el control permanente de Israel en Cisjordania», afirmó Pillay.
Según el informe, Israel continúa violando los derechos de los palestinos, tanto individualmente como en conjunto, ya que expropia tierras y recursos naturales, unas acciones que requieren confiscación, demolición y desplazamiento de los residentes.
«Hay mucho daño silencioso y trauma psicológico, que puede no ser evidente de inmediato, como resultado de la erosión de los derechos económicos, sociales y culturales», advierte el Comisionado Miloon Kothari, en declaraciones recogidas en la web de noticias de la ONU. «Estos procesos debilitantes tienen graves consecuencias a corto y largo plazo y deben abordarse con urgencia», agrega.
Impacto en los niños
La Comisión ha analizado los impactos de las políticas de ocupación y anexión específicamente en las mujeres y los niños. Con respecto a estos últimos, indica que «el ambiente coercitivo tiene un impacto especialmente severo en los niños palestinos, quienes experimentan una presencia militar constante, frecuentes enfrentamientos y actos de violencia, restricciones de movimiento y demolición de viviendas y destrucción de infraestructura y propiedades».
«Desde principios de 2022, un total de 20 niños han sido asesinados en Cisjordania y actualmente hay 56 órdenes de demolición pendientes contra escuelas en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Desde 1967, miles de niños han sido desplazados y trasladados a la fuerza como resultado de la demolición de 28.000 viviendas palestinas», añade.
El informe destaca además que este «ambiente coercitivo» que obliga a los palestinos a abandonar sus hogares «ha fragmentado a la sociedad palestina y obstaculizado el derecho a la autodeterminación».
Con respecto al uso de la tierra, el informe señala: «La tierra es un recurso natural clave, parte integral de la identidad y la economía palestinas. Actualmente, los palestinos pueden construir en menos del 1 por ciento de la tierra en el Área C77 debido a las políticas de planificación israelíes y a la expropiación de más de 2 millones de dunams [unas 200.000 hectáreas] de tierra por parte de Israel desde 1967. Israel ha expropiado tierras en Cisjordania por una variedad de de fines, incluidos la construcción de asentamientos, zonas industriales, tierras agrícolas y de pastoreo para colonos y carreteras, en contravención del derecho internacional».
«Crimen de guerra»
En el apartado dedicado a las consecuencias de la ocupación en lo referente a los derechos humanos, el informe detalla que «Israel ha creado y mantiene un entorno complejo de coerción, que incluye la demolición de viviendas y la destrucción de bienes, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, el encarcelamiento masivo, la violencia de los colonos, la circulación restringida a través de puestos de control y en carreteras, y limitaciones en el acceso a medios de subsistencia, necesidades básicas, servicios y asistencia humanitaria».
El informe concluye diciendo que algunas de las políticas y acciones del gobierno israelí pueden constituir «elementos» de crímenes bajo el derecho penal internacional, incluido «el crimen de guerra» de transferir parte de su propia población civil al territorio ocupado.
«Las acciones de los gobiernos israelíes revisadas en nuestro informe constituyen un régimen ilegal de ocupación y anexión que debe abordarse», señala Chris Sidoti, otro de los comisionados, en declaraciones recogidas asimismo en la web de noticias de la ONU.
Sidoti agrega que el sistema internacional y los Estados individuales deben actuar y cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. «Eso debe comenzar en esta sesión de la Asamblea General con una remisión a la Corte Internacional de Justicia», recalca.
«Antisemitismo»
La misión diplomática de Israel ante Naciones Unidas criticó rápidamente el informe este mismo jueves, denunciando que el documento no menciona el «conflicto de mayo de 2021», a Hamás, o «actos de terrorismo». (El informe se enmarca en la investigación independiente abierta para dilucidar si Israel cometió abusos de los derechos humanos en Cisjordania y la Franja de Gaza tras los once días de guerra entre Israel y Hamás en mayo de 2021).
La misión israelí aludió también los «comentarios flagrantemente antisemitas de un miembro de la Comisión», en referencia a las declaraciones de Kothari, según informa AP. «Los comisionados que hicieron comentarios antisemitas y que se involucraron de manera proactiva en el activismo contra Israel, tanto antes como después de su nombramiento, no tienen legitimidad ni credibilidad para abordar el tema en cuestión», dijo la misión israelí en un comunicado. «Son parte de la agenda antiisraelí que lamentablemente todavía existe en las Naciones Unidas», añadió.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Yair Lapid, calificó también este viernes como «antisemita» el informe. «Precisamente porque yo no era primer ministro cuando se llevó a cabo la operación ‘Guardián de las Murallas’ me siento obligado a enfatizar que el informe de la ONU es parcial, falso y flagrantemente subjetivo», señaló Lapid en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press. «No todas las críticas contra Israel incurren en el antisemitismo, pero este informe sí ha sido escrito por antisemitas», añadió.
¹ La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel recibe su mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los comisionados no son personal de la ONU y no se les paga por su trabajo.
Más información y fuentes:
» Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel
» La ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal, determina la Comisión de Investigación (ONU)
» UN experts decry Israeli occupation of Palestinian areas (AP)
» La ONU determina que la ocupación israelí en territorio palestino es ilegal (Europa Press)
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