A las cinco y media de la mañana del 14 de agosto de 2013, hace hoy un año, fuerzas policiales y del ejército egipcio rodearon la zona de El Cairo en torno a las mezquitas de Al Raba y Al Adawiya, donde miles de partidarios del depuesto presidente Mohamed Mursi llevaban semanas desafiando al Gobierno en una masiva, y pacífica, acampada de protesta. Mursi, respaldado por la organización islamista de los Hermanos Musulmanes, había sido derrocado un mes antes por los militares en un golpe de Estado.
A través de megáfonos, las fuerzas de seguridad ordenaron a los manifestantes que desmantelasen el campamento y abandonasen el lugar. La mayoría no oyeron los mensajes, o simplemente no hicieron caso, determinados a mantener su protesta. Poco después, todas las salidas de la plaza fueron bloqueadas por vehículos blindados, al tiempo que se desplegaba un gran dispositivo militar y policial, con bulldozers, tropas de asalto y hasta francotiradores de élite en helicópteros. La mezquita, en la que se habían refugiado mujeres y niños, se incendió. Centenares de manifestantes fueron detenidos; muchos de ellos acabaron siendo «golpeados, torturados o ejecutados directamente». La trágica jornada se saldó con al menos 817 muertos. Esos son, en cualquier caso, los identificados hasta ahora. La cifra real podría superar los 1.150.
Todo según lo planeado: la masacre de Raba y la matanza de manifestantes en Egipto. Así titula Human Rights Watch el informe, de 188 páginas y publicado este martes, en el que esta organización documenta con todo detalle lo ocurrido hace un año en El Cairo, denuncia que la masacre fue premeditada, atribuye la responsabilidad a varios altos cargos del Gobierno (incluido el actual presidente, Abdel Fatah al Sisi), y sostiene que los hechos podrían constituir un crimen contra la humanidad.
«En la plaza de Raba, las fuerzas de seguridad egipcias cometieron en un solo día una de las matanzas de manifestantes más numerosas de la historia reciente», dijo el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, en la presentación del informe, un documento que compara esta masacre con la de la plaza de Tiananmen de Pekín en 1989.
Roth, acompañado de la directora de HRW para Oriente Medio, Sarah Leah Whitson, viajó a Egipto el pasado domingo para hacer públicos los resultados de la investigación, pero, tras pasar 12 horas retenidos en el aeropuerto de El Cairo, las autoridades les negaron la entrada alegando «razones de seguridad». El informe tuvo que ser presentado por videoconferencia. Según indicó Roth posteriormente, era la primera vez en 25 años que Egipto impedía la entrada a HRW, una organización que también ha condenado en el pasado los abusos cometidos por los Hermanos Musulmanes.
Para elaborar el informe, los investigadores de HRW entrevistaron a más de 200 testigos, incluyendo manifestantes, médicos, periodistas y vecinos de la zona. También revisaron docenas de grabaciones de vídeo y analizaron las declaraciones de varios mandatarios egipcios.
El Gobierno de Al Sisi ha calificado el documento de «sesgado», y critica el hecho de que muchos de los testimonios incluidos sean anónimos. El texto reconoce, por otra parte, que algunos manifestantes estaban armados (se encontraron 15 armas de fuego en el campamento), una circunstancia que constituyó el principal argumento de las autoridades para justificar la violencia policial. No obstante, HRW indica que el uso de la fuerza fue «completamente desproporcionado», ya que los civiles armados eran una pequeña minoría. «Las pruebas muestran que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la multitud desde los primeros minutos de la dispersión», indicó Roth.
Human Rights Watch escribió al Ministro del Interior egipcio, a la Oficina del Ministerio Público, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Embajada de Egipto en Washington, instando a las autoridades egipcias a que expresaran sus opiniones sobre el informe. No recibió respuestas concretas a ninguna de estas peticiones.
«Cueste lo que cueste»
Según señala la ONG, numerosos comunicados y registros de reuniones gubernamentales indican que oficiales de alto rango eran conscientes de que los ataques causarían un gran número de víctimas: «En el mayor incidente, el desalojo de los campamentos de Al Raba y Al Nahda, el Gobierno anticipó e hizo planes para la muerte de varios miles de manifestantes», indica el documento. HRW denuncia que, un año después, las fuerzas de seguridad continúan negando las acusaciones y que «ni un solo oficial de la policía o del ejército ha tenido que rendir cuentas por estas muertes».
Entre los mandos que, según HRW, deberían ser investigados por existir pruebas de su responsabilidad se encuentran el entonces ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, quien «elaboró el plan de desalojo, supervisó su aplicación, y reconoció que había ordenado a las Fuerzas Especiales que «avanzaran y purificasen» los edificios clave de la plaza de Raba»; el entonces ministro de Defensa y actual presidente del país, Abdel Fatah al Sisi, quien «desempeñó un papel de mando sobre las fuerzas armadas que abrieron fuego contra los manifestantes los días 5 y 8 de julio, supervisó la seguridad nacional como vice primer ministro para Asuntos de Seguridad, y reconoció haber pasado «muchos largos días discutiendo los detalles» del desalojo de Raba»; y el comandante de las Fuerzas Especiales durante la operación en Raba, Medhat Menshawy, quien «se jactó de haberle dicho él mismo al ministro Ibrahim, desde la plaza Raba, en la mañana del 14 de agosto, que “atacaremos cueste lo que cueste”».
«Hemos compartido nuestro informe con altos funcionarios egipcios, y esperábamos tener reuniones con representantes [del Gobierno] para discutir nuestras conclusiones y recomendaciones, pero parece que el Gobierno egipcio no desea hacer frente a la realidad de estos abusos, y mucho menos que los responsables rindan cuentas», dijo Roth.
Al menos tres personas murieron este jueves, una de ellas un policía, y decenas resultaron heridas en las manifestaciones convocadas por los islamistas para conmemorar el primer aniversario de la masacre.
Más información y fuentes:
» All According to Plan: The Rab’a Massacre and Mass Killings of Protesters in Egypt (informe completo de Human Rights Watch, en inglés)
» Egipto prohíbe entrar al país a delegación de Human Rights Watch (HRW)
» Egypt’s cover-up (Sarah Leah Whitson, en openDemocracy)
» Massacre de Rabaa : le rapport que les autorités égyptiennes ne veulent pas qu’on lise (Orient XXI)
» Human Rights Watch acusa a Egipto de planear la matanza de islamistas (El País)
» HRW: Rabaa Massacre in Egypt «a Crime Against Humanity» (Democracy Now)
» Cairo’s Rabaa massacre: One year later (Al Jazeera)
» In Pictures: Memories of the Rabaa massacre (Al Jazeera)
» August 2013 Rabaa Massacre (Wikipedia)
Leer también:
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» Noche de pesadilla en Egipto
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