En noviembre del año pasado España negociaba la venta de más de 200 carros de combate, en un contrato de 3.000 millones de euros que será el mayor realizado hasta ahora por nuestra industria armamentística. El destinatario: Arabia Saudí, un país en el que la oposición política está prohibida, la práctica abierta de cualquier otra fe que no sea el islam es ilegal, hay graves restricciones en prácticamente todos los aspectos de la vida de las mujeres y se contempla la pena de muerte para casos de asesinato, apostasía, drogas, «brujería» y «comportamiento sexual inadecuado».
Algo más de dos años antes, España preveía facturar 1.500 millones de euros mediante la venta de material militar al mismo régimen libio cuyo ejército está reprimiendo ahora a sangre y fuego las protestas de sus propios ciudadanos.
Las revueltas populares que están sacudiendo los países de Oriente Medio y el Magreb tienen, además del efecto contagio y de los problemas económicos de la población, una causa fundamental: La falta de libertad y de democracia existente en todos los estados afectados. Monarquías absolutistas, repúblicas dictatoriales, falsas democracias… Cada uno a su estilo, los países de la región llevan décadas sumidos en corruptas autocracias con el interesado beneplácito de Occidente.
Durante años, la mayoría de los países europeos, y especialmente los más cercanos a la zona, España incluida, han antepuesto sus intereses económicos y geoestratégicos a la exigencia de valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. La idea era hacer la vista gorda (los informes de las organizaciones pro derechos humanos y otros organismos internacionales han estado siempre sobre la mesa) a cambio de asegurarnos tres cuestiones consideradas prioritarias: El freno al islamismo radical, el control de la inmigración y el mantenimiento del suministro de gas y petróleo.
En este sentido, y según reconoce el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, la política española con los países del Norte de África y de Oriente Próximo tiene como ejes prioritarios la seguridad («La actividad de grupos terroristas islamistas próximos a Al Qaeda representa una amenaza directa a estos países y a los intereses españoles»), la inmigración («La necesidad de gestionar esos flujos migratorios ha impulsado la firma de acuerdos con los países del Magreb, origen, tránsito y cada vez más destino de flujos migratorios hacia Europa») y las relaciones económicas («España adquiere una parte importante de sus suministros energéticos de la región: el 14% del petróleo –principalmente de Libia–, y el 33% del gas natural –de Argelia en particular–»).
Todo ello, sin olvidar, especialmente en estos tiempos de crisis, la necesidad de favorecer tanto la presencia de nuestras empresas en estos países, como las inversiones de estos países en nuestro territorio: Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las inversiones en España de los países de la Liga Árabe alcanzaron los 445,59 millones de euros entre 1993 y marzo de 2008. Los que más invirtieron fueron Libia (189,36 millones de euros), Arabia Saudí (71,68), Marruecos (38,71), Omán (38,05), Kuwait (31,34), Jordania (24,46), Emiratos Árabes Unidos (20,22) y Argelia (14,09).
¿Doble moral o interés legítimo?
Tratados de amistad y de cooperación, grandes contratos comerciales, visitas oficiales, restablecimiento de relaciones diplomáticas… Los gobiernos occidentales se defienden argumentando los mencionados intereses nacionales prioritarios y destacando los beneficios que las relaciones comerciales pueden traer a la población, o los efectos contraproducentes de medidas radicales como embargos y sanciones.
Otros, sin embargo, denuncian que los principales beneficiados de estas políticas no son los ciudadanos, sino las empresas internacionales y las oligarquías locales, y critican una doble moral que, si bien no se limita a esta región del mundo (EE UU, por ejemplo, mantiene el embargo sobre la dictadura cubana, pero comercia con China y es aliado de Arabia Saudí), es precisamente en ella donde ha salido a la luz ahora con más claridad que nunca.
En este sentido, las víctimas, los pueblos oprimidos del Magreb y Oriente Medio, no sólo están diciendo a sus tiranos «hasta aquí hemos llegado»; también están lanzándonos un claro mensaje: No hay seguridad ni progreso económico real si se dejan a un lado las libertades y los derechos humanos.
Estas son, estado por estado, las relaciones que ha mantenido España con los países afectados hasta ahora por las revueltas populares en el mundo árabe.
Libia: Necesidad de hidrocarburos y armas para Gadafi
En los últimos 20 años, España se ha mantenido invariablemente como el tercer cliente de Libia, con un volumen de importaciones –alrededor del 11% del total– sólo ligeramente inferior al del segundo (Alemania) y casi el doble que el del cuarto (Francia o Turquía, según los años).
Las principales importaciones se centran en el sector de los hidrocarburos (gas y petróleo), destacando la presencia de Repsol-YPF, que, hasta el estallido de las revueltas actuales, estaba produciendo cerca de 280.000 barriles de petróleo al día.
Repsol y la Compañía Nacional de Petróleos de Libia firmaron en 2008 un nuevo acuerdo por el que se ampliaban los contratos hasta 2032, asegurando a Repsol la explotación de los cuantiosos recursos descubiertos por la petrolera española, cuyas reservas ascendían a 765 millones de barriles.
Del terrorismo a la «amistad»
España y Libia establecieron relaciones diplomáticas en 1961 (Gadafi llegó al poder en 1969), pero a partir de 1986 quedaron bloqueadas a raíz de la expulsión del entonces jefe de la diplomacia libia en Madrid, acusado de tener contactos con un grupo terrorista árabe. No fue hasta 1989 cuando las relaciones comenzaron a desbloquearse.
El presidente español José María Aznar viajó a Libia en septiembre de 2003 y habló con Gadafi sobre la crisis de Irak y el levantamiento de las sanciones a Libia por parte de la ONU.
El anterior ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, visitó Libia en julio de 2008 y entregó a Gadafi sendas cartas del Rey Juan Carlos y del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que se reafirmaba «la amistad» con el país magrebí. El viaje perseguía consolidar la relación bilateral, tras la visita que el líder libio hizo a España en diciembre de 2007, su primer viaje oficial a nuestro país en sus, por entonces, 39 años de mandato.
Fue precisamente tras la visita de Gadafi cuando las exportaciones de armas españolas a Libia se dispararon: Las exportaciones en material de defensa aumentaron un 7.700% en 2008. Durante el primer semestre de 2010, según datos de Industria, España vendió al Gobierno libio componentes de aeronaves por valor de 3,5 millones de euros, y en 2008 esperaba facturar 1.500 millones en la venta de material de defensa a Libia, según revela un cable de la legación estadounidense enviado a Washington. Libia fue el segundo destino de las ventas españolas de material de doble uso –civil o militar– en 2009, con 12,7 millones de euros, lo que representó un 12,8% del total.
Tras las últimas revueltas en Libia y la brutal represión del régimen de Gadafi, el Gobierno español ha iniciado los trámites para suspender la venta de armamento.
Derechos humanos y libertades
La situación en Libia, donde la expresión política independiente y las actividades en grupo están prohibidas, y donde el Gobierno impide desde hace décadas cualquier manifestación de disidencia, era ya preocupante antes de que el régimen iniciase la represión de las protestas.
El Gobierno de Gadafi anunció en 2009 su intención de expulsar a todos los «inmigrantes ilegales» y, según Amnistía Internacional, llevó a cabo deportaciones masivas de ciudadanos de Nigeria, Ghana y otros países.
Por otra parte, y según denuncia Human Rights Watch, dos cárceles de Libia, Abu Salim y Ain Zara, son reconocidas por la detención arbitraria de prisioneros políticos, y las autoridades llevan años arrestando a personas sin cargos, que mantienen en régimen de incomunicación durante meses.
Egipto: Un contrato histórico
Los intercambios comerciales de España con Egipto despegaron en 1982, con la firma del mayor contrato de exportación suscrito hasta entonces por nuestro país: A través de las empresas públicas Bazán y Enasa, España se comprometió a suministrar al Gobierno de Hosni Mubarak (recién ascendido al poder) material bélico por valor de 1.000 millones de dólares. Egipto se convertía así en el séptimo cliente comercial español.
En los noventa, España figuraba como la quinta nación en volumen de importaciones efectuado por Egipto (1,3%), y la sexta en exportaciones (1,8%).
Las exportaciones españolas a Egipto en 2006 alcanzaron los 410 millones de euros, mientras que las importaciones superaron los 1.500 millones. Maquinaria, aparatos eléctricos, pinturas y automóviles constituyen las principales ventas que las empresas españolas realizan al país árabe. Por su parte Egipto vende a España combustibles, productos siderúrgicos y cemento.
Unión Fenosa Gas se encuentra a la cabeza de la inversión española, con los 1.400 millones de dólares que destinará a una planta de licuefacción en Damietta (noreste de Egipto). Repsol, que durante años lideró los flujos inversores, abandonó Egipto en 2000. También están presentes, entre otras, FCC, Inditex y Cepsa.
«Buenas relaciones»
España y Egipto han mantenido, desde tiempos del franquismo, lo que el Ministerio de Exteriores define en su página web como unas «buenas relaciones bilaterales», en el marco de lo que reiteradamente se ha venido en llamar «nuestra tradicional amistad con el mundo árabe».
En 1989, Aznar viajó a El Cairo y ofreció a Mubarak su apoyo para combatir el terrorismo islámico, desbloquear el proceso de paz entre israelíes y palestinos, e impulsar el diálogo euromediterráneo.
En 2008 los Reyes realizaron su tercera visita a Egipto y firmaron el Tratado de Amistad y Cooperación para «fortalecer la lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos humanos». Un año después, Zapatero se entrevistó con Mubarak en El Cairo.
Mubarak, por su parte, ha visitado España en seis ocasiones.
Derechos humanos y libertades
El Gobierno egipcio ha ejercido hasta ahora una autoridad total, con un férreo control sobre la prensa, los sindicatos y las asociaciones profesionales. Las acusaciones de fraude electoral han sido constantes y las denuncias de tortura, que Human Rights Watch denomina «mal endémico» en el país, continuas.
El mantenimiento durante años de las leyes de emergencia ha permitido, además, innumerables detenciones arbitrarias. La ley egipcia preveía sanciones penales que sofocaban las actividades legítimas de las ONG, incluyendo el «participar en actividades políticas o sindicales». El gobierno también utilizaba la fuerza letal contra inmigrantes y solicitantes de refugio que trataban de cruzar a Israel.
Túnez: Ayudas y beneficios
España, Francia e Italia están entre los mayores donantes de ayuda al desarrollo de Túnez, pero también entre quienes más se beneficiaban de las conexiones con el régimen de Ben Alí. De las 3.500 empresas extranjeras en Túnez –la mayoría, con beneficios fiscales–, unas 60 son españolas, destacando las cementeras, que controlan casi la mitad del mercado local.
Una buena parte de la fruta que exporta Túnez es propiedad de empresas españolas como Lolita o Agrolito, pero es en el aceite de oliva donde se centran los intereses españoles en el país norteafricano. Túnez es el tercer país productor y el grupo español Borges es el primer transformador y exportador del aceite tunecino.
Otras empresas españolas afincadas en Túnez son Isofotón (energía solar), Soluciona (filial de Fenosa), y Teoinsa (ferrocarriles).
La tasa de cobertura de las exportaciones españolas a Túnez supera el 155%, con un superávit de 350 millones de euros en 2009.
«Aislar a los violentos»
En 2003 el Ejecutivo de Aznar acordó con el Gobierno tunecino promover un marco institucional que aumentase las inversiones y el comercio bilateral, y en 2004 Zapatero abogó en Túnez por un aumento de las relaciones y la cooperación «para aislar a los violentos», extremistas e integristas.
La última visita por parte española a Tunez fue la que realizó el ministro Moratinos, en mayo de 2009.
Derechos humanos y libertades
El régimen de Ben Alí, derribado por la revolución popular del pasado mes de enero tras más de 20 años en el poder, se caracterizaba por la corrupción y el nepotismo, con las grandes empresas del país en manos de la familia del presidente.
Túnez era un Estado policial de confidentes, con cárceles secretas, desaparecidos y registros domiciliarios sin orden judicial, donde se controlaba hasta el último correo electrónico, y en el que la censura estaba a la orden del día.
Argelia: La ley del gas
Los intereses de las empresas españolas en Argelia están relacionados principalmente con la industria del gas. España importa gas argelino, del que es altamente dependiente, por unos 3.900 millones de euros al año, y exporta industria auxiliar mecánica, tecnología industrial, manufacturas, medicamentos y otros productos por unos 2.000 millones de euros anuales.
En 2006 España y Argelia firmaron un acuerdo para promover las inversiones españolas en este país, y se constituyó un comité de seguimiento sobre los flujos migratorios. Ese mismo año el Gobierno español aprobó el proyecto para la construcción del gaseoducto que, a través de Almería, unirá Argelia con España para suministrar a toda la zona sur de Europa.
En 2007, no obstante, la compañía estatal argelina Sonatrach rescindió el contrato suscrito con Repsol-YPF y Gas Natural para desarrollar el gran proyecto integrado de gas natural de Gassi Touil, que las dos empresas españolas se adjudicaron en 2004 en un concurso internacional y que suponía su mayor contrato, valorado en 1.600 millones.
Entre los proyectos más ambiciosos de las empresas españolas en Argelia se encuentra la tercera fábrica Amoniaco, de Fertiberia, donde el Grupo Villar Mir ha invertido cerca de 117 millones de dólares.
Derechos humanos y libertades
En Argelia, las personas sospechosas de actividades subversivas o terroristas son frecuentemente juzgadas en procesos que no cumplen el derecho internacional sobre juicios justos.
Amnistía Internacional denuncia asimismo que el Gobierno de Bouteflika no ha tomado medidas significativas para abordar los graves y generalizados abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos armados y por las fuerzas de seguridad del Estado durante la guerra de los años noventa, y que periodistas y defensores de derechos humanos sufren hostigamiento y han sido procesados, acusados de difamación y otros delitos, por criticar a instituciones o cargos públicos.
Marruecos: Objetivo prioritario
España es el segundo cliente proveedor e inversor en Marruecos, después de Francia. Actualmente existen en el país vecino más de 600 empresas españolas, establecidas en diferentes sectores (banca, energía, telecomunicaciones, turismo), con un volumen total cercano a los 5.000 millones de euros.
La creciente implantación española en Marruecos no sólo se debe a la cercanía geográfica, sino también a sus reducidos costes de producción, a las ventajas fiscales para la exportación y a los tratados de libre comercio con la Unión Europea.
En 2008 se firmó del mayor acuerdo financiero suscrito entre ambos países, con una ayuda española de 520 millones de euros durante tres años, de los que 420 millones quedarán en manos de empresas españolas.
Entre las compañías españolas con inversiones en Marruecos, destacan Telefónica, Gas Natural, Abengoa, Alsa, SOS y el Grupo Barceló.
Colaboración «esencial»
Pese a los frecuentes conflictos diplomáticos con Marruecos, el Gobierno califica las relaciones españolas con el país magrebí de «excelentes».
Aparte del contencioso por Ceuta y Melilla, y de que Rabat controla el flujo migratorio de sus ciudadanos hacia España, la colaboración con el Ejecutivo marroquí se considera esencial para luchar contra el narcotráfico (Marruecos es la base principal del tráfico de drogas hacia la Península), para combatir a Al Qaeda en el Magreb y por la importante inversión española en el país vecino, aparte de por los acuerdos económicos (en materia de pesca, sobre todo) firmados entre Rabat y la UE.
Derechos humanos y libertades
La mayoría de las denuncias por violaciones de los derechos humanos en Marruecos están relacionadas con el conflicto saharaui, e incluyen detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones.
Los manifestantes que se echaron a la calle el pasado día 21 exigían reformas que garantizasen un funcionamiento más democrático de las instituciones, mayores garantías sociales, económicas y políticas, y el fin de la presión a los medios de comunicación y de la censura.
Por otra parte, y aunque la situación política en Marruecos no sea tan opresiva como en la Libia de Gadafi, el Túnez de Ben Alí, la Siria de Asad o el Egipto de Mubarak, los informes de la Embajada de EE UU en Rabat filtrados por Wikileaks sacaron a la luz una situación de grave corrupción en torno a la casa real. Según la revista Forbes, los negocios de Mohamed VI le han llevado a convertirse en el séptimo monarca más rico del mundo, con un patrimonio personal estimado en 2.500 millones de dólares.
Bahréin: Presencia modesta
La presencia española en Bahréin no es tan importante como en otros países de la región (el pequeño país árabe ocupa el puesto número 100 como cliente de productos españoles y el 93 como proveedor a España), pero existe. Las exportaciones están diversificadas, resultan atractivas para varios sectores y en 2010 superaron los 50 millones de euros (70 millones en 2009).
Las compras, por su parte, rondaron en 2010 los 67 millones de euros, y se centran en el sector del aluminio. Entre las empresas españolas con presencia en el país del Golfo se encuentran Mapfre, Zara y Mango.
En 2008 España y Bahréin firmaron un acuerdo para reforzar las relaciones en materia industrial, turística, de telecomunicaciones, infraestructuras y energía.
Derechos humanos y libertades
En Bahréin apenas hay representación ciudadana o instituciones políticas. No se consiente ni la disidencia ni las protestas. La oposición está sujeta a arrestos arbitrarios, con acusaciones de tortura y deportaciones, según el informe de Amnistía Internacional de 2009.
La mayoría chií exige una mayor representación a la clase gobernante (suní), y las mujeres, aunque tienen acceso a una mayor educación y disfrutan de una mejor calidad de vida que en algunos países vecinos del Golgo Pérsico, no tienen derechos políticos ni representación.
El gobierno es una monarquía hereditaria. La familia Jalifah gobierna el país desde 1783.
Yemen: Alto riesgo
Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la balanza comercial bilateral con Yemen se caracteriza por la diversidad de las exportaciones españolas y por importaciones constituidas fundamentalmente por pescado.
En 2007 (último año contabilizado), nuestras exportaciones a Yemen ascendieron a 21,3 millones de euros, mientras que el valor de nuestras importaciones se situaba en 13,4 millones. Esto arrojó un saldo comercial positivo de 7,9 millones de euros y una tasa de cobertura favorable del 158,9%.
Pena de muerte
España mantiene relaciones diplomáticas con Yemen desde 1990, cuando se reunificaron Yemen del Norte y Yemen del Sur.
El país, uno de los más pobres del mundo, está catalogado de alto riesgo por el Ministerio de Asuntos Exteriores desde que ocho turistas españoles fallecieron en un atentado cometido por Al Qaeda en julio de 2007.
La visita más importante de un representante español al país árabe fue la realizada por el ministro Moratinos en abril de 2006, cuando el jefe de la diplomacia española subrayó el interés común en explorar proyectos empresariales conjuntos para los sectores de la pesca y el turismo.
El presidente de Yemen, Alí Abdula Saleh, visitó España en enero de 2008, cuando anunció la conmutación de la condena a la pena de muerte y la extradición a España que pesaba sobre un ciudadano español de origen sirio sentenciado en Yemen por actividades terroristas.
Durante esta visita las dos delegaciones firmaron además cuatro acuerdos de cooperación en el ámbito del turismo, de la educación, de la sanidad y de la protección de las inversiones.
Derechos humanos y libertades
En Yemen no existe pluralismo político real y hay graves restricciones a la libertad de reunión y expresión. En su Informe 2009, Aministía Internacional denuncia detenciones ilegales y por motivos de conciencia, juicios injustos, represiones violentas por parte del Estado y casos de tortura y brutalidad policiales, derivados principalmente de la lucha antiterrorista.
El sistema político es, en la práctica, unipartidista, ya que el Congreso General del Pueblo domina la vida política del país.
Existe pena de muerte para casos de asesinato, adulterio y homosexualidad, y aunque aún no ha habido ejecuciones por ello, la apostasía es considerada un crimen capital.
Publicado originalmente en 20minutos
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