Otro mal año para los derechos humanos

«La euforia de la Primavera Árabe ha dado paso al complicado desafío de crear democracias en las que se respeten los derechos humanos. La voluntad de los nuevos gobiernos de respetar los derechos humanos determinará si estos levantamientos dieron lugar a una verdadera democracia o simplemente generaron nuevas formas de autoritarismo. […] La creación de un estado en el que se respeten los derechos humanos puede ser una labor minuciosa que exige desarrollar instituciones eficaces para la gestión de gobierno, establecer tribunales independientes, crear una policía profesional y resistirse a la tentación de las mayorías de prescindir de los derechos humanos y el estado de derecho. Sin embargo, la dificultad para establecer una democracia no justifica que se intente volver al antiguo régimen. […] Las incertidumbres de la libertad no son una razón para volver a la previsibilidad impuesta del régimen autoritario. […] El camino por recorrer puede ser traicionero, pero la alternativa es condenar a países enteros a un sombrío futuro de opresión».

Son palabras del director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, en la presentación, hace un par de semanas, del Informe Anual 2013 de esta organización, con datos correspondientes a 2012.

Como cada año (y van ya 23), la ONG hace un extensivo repaso, Estado por Estado, de la situación de los derechos humanos en el mundo. Y, como cada año, los países de Oriente Medio, pese a haber experimentado algunos pocos avances, no salen precisamente bien parados.

«La tensión entre el gobierno de la mayoría y el respeto por los derechos humanos constituye quizá el reto más importante para los nuevos gobiernos», indica Roth. «Es natural que los líderes de Oriente Medio estén ansiosos por ejercer este nuevo respaldo electoral, pero tienen el deber de gobernar sin sacrificar las libertades fundamentales ni los derechos de las minorías, las mujeres y otros grupos en riesgo», añade.

Este es, con algo de retraso, un breve resumen del diagnóstico de la región elaborado por Human Rights Watch. Para más información (la mayoría, en inglés) sobre cada país, pinchar en el enlace correspondiente.

Arabia Saudí

En 2012 aumentaron las detenciones y los juicios a disidentes pacíficos en Arabia Saudí, y el Gobierno respondió con la fuerza a las manifestaciones de los ciudadanos. Las autoridades continuaron reprimiendo, o dejando sin protección, los derechos de las mujeres y las niñas, así como los de los trabajadores extranjeros. Además, y como en años anteriores, «miles de personas» sufrieron juicios injustos o fueron detenidas de forma arbitraria, entre ellos al menos media docena de defensores de los derechos humanos y otros varios que exigían reformas políticas de forma pacífica.

Entre enero y septiembre de 2012, Arabia Saudí ejecutó a al menos a 69 personas, en su mayoría por asesinato o delitos de drogas, pero también, en al menos un caso, por «brujería».

El Gobierno saudí no tolera el culto público de religiones distintas del islam y discrimina de manera sistemática a las minorías musulmanas chiíes e ismailíes.

Bahréin

La Comisión Independiente, nombrada por el rey Hamad bin Isa Al  Jalifa para investigar la respuesta del Gobierno de Bahréin a las manifestaciones en favor de la democracia de febrero y marzo de 2011, publicó sus conclusiones a finales de noviembre de 2011. La Comisión concluyó que la policía se había excedido en su uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos, y también que había habido detenciones arbitrarias, maltrato, torturas, y falta de juicios justos.

Algunos funcionarios de seguridad de bajo rango fueron investigados en relación con las denuncias de tortura, pero el Gobierno no aplicó plenamente las recomendaciones más importantes de la Comisión, incluyendo la liberación de los líderes de las protestas condenados por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, o la investigación de los funcionarios responsables de los abusos.

Catar

La población de Catar creció en 2012 un 5% debido, principalmente, a la afluencia de mano de obra extranjera para cubrir las demandas del sector de la construcción. Catar tiene la mayor proporción de habitantes no nacionales del mundo, en torno al 88% de la población total. Aún así, la legislación para patrocinar a extranjeros y que puedan convertirse en ciudadanos de pleno derecho es una de las más restrictivas, y tanto el trabajo forzoso como la trata de personas continúan siendo, según HRW, «problemas graves».

A pesar de la puesta en marcha de grandes proyectos como la preparación de Catar para ser sede del Mundial de Fútbol en 2022 (proyectos que requerirán miles de trabajadores), el Gobierno no ha abordado estas deficiencias legales.

Por otra parte, el pasado mes de junio el Consejo de la Shura aprobó un nuevo proyecto de ley sobre medios de comunicación y libertad de expresión que, según denuncia HRW, puede poner en peligro la reputación de Catar como país respetuoso con la libertad de prensa. Los medios locales tienden a autocensurarse, y la ley contempla sanciones penales, incluidas penas de cárcel, por difamación.

Egipto

En 2012 Egipto celebró elecciones democráticas parlamentarias y presidenciales, y puso fin a 31 años de gobierno mediante leyes de emergencia. Sin embargo, HRW denuncia que siguió existiendo abuso e impunidad policiales, así como restricciones a las libertades de expresión, asociación y religión. También permanecieron vigentes muchas limitaciones a los derechos de las mujeres y los trabajadores.

La policía siguió usando la tortura en las comisarías y los lugares de detención, sobre todo durante las investigaciones de casos penales normales, pero también en algunos casos políticos. Se denunciaron asimismo casos de torturas a manifestantes detenidos en El Cairo en agosto y noviembre.

La tortura produjo al menos 11 casos de muertes durante la custodia policial. La policía también se excedió en el uso de la fuerza, tanto en el control de las manifestaciones como en su labor habitual. Se produjeron asimismo torturas a manos de las fuerzas armadas.

HRW afirma que en Egipto aún no ha habido un auténtico proceso judicial para que rindan cuentas los responsables los crímenes cometidos durante el régimen de Mubarak, y que tampoco se han exigido responsabilidades reales por la violencia ejercida durante el levantamiento de enero de 2011, que se saldó con 846 muertos.

En 2012 los fiscales militares continuaron enjuiciando a civiles ante tribunales militares, incluso después de que Mohamed Mursi asumiera la presidencia.

El acoso sexual sistemático a las mujeres en espacios públicos continuó sin que el Gobierno intentara realmente intervenir o detenerlo.

Emiratos Árabes Unidos

La situación de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos empeoró en 2012. Las autoridades detuvieron arbitrariamente y expulsaron del país a activistas de la sociedad civil, e intimidaron a sus abogados. También hubo problemas en el trato a los trabajadores inmigrantes, incluyendo falta de seguridad en los lugares de trabajo, retención de documentos de viaje, bajos salarios o directamente impagos de sueldo, a pesar de existir un sistema de pago electrónico obligatorio desde 2009.

En cuanto a la libertad de expresión, el Gobierno intensificó su intento de silenciar a los críticos con la élite gobernante. Las autoridades detuvieron sin cargos a 61 defensores de los derechos humanos y activistas, con el pretexto de que trataban de dañar la seguridad nacional.

Irak

La situación de los derechos humanos en Irak sigue siendo precaria, sobre todo en lo que se refiere a periodistas, activistas y mujeres y niñas. Las fuerzas de seguridad continuaron deteniendo arbitrariamente y, en algunos casos, torturando, y se celebraron juicios sin las necesarias garantías legales.

El Ministerio de Justicia informó de un número récord de ejecuciones en 2012, pero proporcionó poca información sobre la identidad de los ejecutados. Mientras, las fuerzas de seguridad continuaron respondiendo de forma intimidatoria a protestas pacíficas, así como acosando a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno.

Por otro lado, el Parlamento iraquí aprobó una ley que penaliza la trata de personas, pero aún tiene que aplicarla efectivamente. Y en la región autónoma del Kurdistán, el Gobierno regional sigue sin adoptar medidas para aplicar la ley aprobada en 2011 que prohíbe la mutilación genital femenina.

Todo ello, en un clima de violencia continua, con cientos de civiles y policías muertos en atentados y asesinatos selectivos.

Irán

En 2012, las autoridades iraníes prohibieron a los candidatos de la oposición participar en las elecciones parlamentarias, e importantes dirigentes opositores permanecieron bajo arresto domiciliario, situación en la que algunos llevan ya más de un año y medio.

Las ejecuciones, en especial por delitos relacionados con drogas, continuaron siendo numerosas (más de 600, solo por detrás de China, según Amnistía Internacional), y el Gobierno hostigó y persiguió a activistas, abogados, defensores de los derechos humanos, estudiantes y, especialmente, periodistas, al tiempo que anunció planes para aumentar su control sobre el uso de Internet.

Varias universidades prohibieron a las mujeres matricularse en determinadas carreras, incluyendo ciencias e ingeniería, y establecieron cupos que limitan el número de mujeres en algunos cursos.

Israel y Palestina

HRW indica que en 2012 continuaron las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional, tanto en Israel como en Gaza y Cisjordania.

La organización recuerda el «nuevo conflicto armado entre Israel y Hamás», que, entre el 14 y el 21 de noviembre, incluyó «ataques ilegales contra civiles por ambas partes». Al menos 103 civiles palestinos y cuatro civiles israelíes murieron durante el conflicto, que concluyó con un alto el fuego negociado con la ayuda de Egipto y Estados Unidos.

Las fuerzas israelíes mataron a al menos cuatro civiles palestinos frente a la costa de Gaza y en la zona de exclusión de la Franja, junto a la valla fronteriza. Las autoridades israelíes destruyeron casas y otras propiedades recurriendo a «prácticas discriminatorias», desplazando por la fuerza a residentes palestinos de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y a beduinos ciudadanos de Israel. En Cisjordania, colonos israelíes hirieron a al menos 150 palestinos. El Gobierno israelí continuó imponiendo severas restricciones al derecho de libre circulación de los palestinos, autorizando asentamientos ilegales en los territorios ocupados y deteniendo arbitrariamente a ciudadanos palestinos, incluyendo manifestantes pacíficos. HRW denuncia asimismo que Israel, «en connivencia con Egipto», siguió impidiendo la reconstrucción de la devastada economía de Gaza mediante el bloqueo de prácticamente todas las exportaciones de la Franja. Israel también sigue prohibiendo a los residentes de Gaza viajar a Cisjordania, y el uso israelí de la fuerza letal contra los palestinos cerca de la frontera priva a estos últimos del acceso al 35% de las tierras agrícolas de Gaza y al 85% de sus aguas de pesca.

Por su parte, las autoridades de Hamás llevaron a cabo en Gaza seis ejecuciones en 2012 (en algunos casos tras juicios injustos), y otros siete fueron ejecutados sin juicio durante los ataques israelíes de noviembre, acusados de colaboracionismo. El Gobierno de Gaza negó frecuentemente a los detenidos el acceso a sus abogados, y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo arrestos arbitrarios y torturas. Además, las autoridades suprimen continuamente la disidencia política y los derechos de libre asociación y de reunión pacífica. Grupos armados palestinos en Gaza lanzaron más de 1.400 cohetes que impactaron en Israel a partir de noviembre de 2012. La gran mayoría de estos cohetes fueron lanzados indiscriminadamente hacia zonas pobladas. Mientras, en Cisjordania, los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina golpearon a manifestantes pacíficos y hostigaron a periodistas y activistas en Internet. También hubo detenciones arbitrarias.

Jordania

A lo largo de 2012, las autoridades jordanas recurrieron cada vez con más frecuencia a la fuerza, a las detenciones arbitrarias y a las «acusaciones politizadas», como respuesta a las continuas manifestaciones ciudadanas para pedir reformas políticas y económicas.

En octubre fue nombrado el quinto primer ministro desde que en enero de 2011 dieron comienzo las protestas. El rey Abdulá II convocó elecciones parlamentarias anticipadas, que se celebraron en enero de 2013 bajo una polémica ley electoral que, según la oposición, favorece a los candidatos leales al régimen.

Por otra parte, en agosto el Parlamento aprobó una enmienda a la ley de pasaportes por la que se eliminó el consentimiento obligatorio del marido para que una mujer pueda obtener este documento. No obstante, HRW señala que el código de estatus personal sigue siendo discriminatorio: los matrimonios entre mujeres musulmanas y hombres no musulmanes no son reconocidos y, según señala la ONG, una madre no musulmana puede perder sus derechos de custodia al cumplir el niño los siete años de edad.

Kuwait

Al margen de la crisis política e institucional que vivió Kuwait durante todo el año pasado, y que desembocó en las boicoteadas elecciones de diciembre, el Gobierno kuwaití ha seguido excluyendo de la plena ciudadanía a miles de personas apátridas (conocidos como bidun), a pesar del largo tiempo que llevan residiendo en el país, donde en muchos casos han echado ya raíces. Muchas protestas de estos bidun fueron dispersadas violentamente.

Asimismo, las autoridades procesaron penalmente a individuos por expresar opiniones políticas, incluyendo comentarios en Internet, a pesar de que lo hicieron de manera pacífica. Como dato positivo, los tribunales emitieron dos sentencias históricas por las que se acababa con la discriminación, sancionada legalmente hasta entonces, de las mujeres en los sectores judicial y de la educación.

Líbano

En 2012 se estancaron importantes reformas en Líbano. Proyectos de ley que prevén acabar con la tortura, mejorar el tratamiento de los trabajadores domésticos inmigrantes y proteger a las mujeres contra la violencia de género siguieron paralizados en el Parlamento.

Las mujeres sufren discriminación en las leyes sobre el estatuto personal, y los grupos más vulnerables, así como lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, denunciaron haber sido maltratados por miembros de las fuerzas de seguridad durante detenciones y bajo custodia.

Las autoridades libanesas y las organizaciones humanitarias han prestado asistencia a la afluencia de refugiados sirios que huyen de la guerra en el país vecino, pero las necesidades van en aumento. Y aproximadamente 300.000 refugiados palestinos en el Líbano viven en pésimas condiciones sociales y económicas.

Omán

Las autoridades de Omán restringieron en 2012 el derecho a la libertad de expresión mediante leyes que castigan penalmente la supuesta difamación. Más de 30 activistas en favor de reformas políticas fueron condenados a entre 12 y 18 meses de prisión, y se impusieron elevadas multas bajo la acusación de «difamación del sultán». El Gobierno restringió asimismo las libertades de asociación y de reunión, tanto en la legislación como en la práctica.

Tras las grandes manifestaciones populares de principios de 2011, y siguiendo un decreto del sultán Qabus bin Said, desde finales de ese año el Consejo de la Shura, la mayoría de cuyos miembros son elegidos, ejerce facultades legislativas y de control, aunque de forma limitada.

Por otra parte, y a pesar de que el artículo 17 de la Ley Orgánica de Omán prohíbe la discriminación por motivos de género, y de que las autoridades han hecho esfuerzos para asegurar que las mujeres estén visiblemente representadas en los más altos niveles del Gobierno y la sociedad, la interpretación que hacen los jueces del derecho de familia se traduce a menudo en una discriminación contra la mujer en materia de divorcio, custodia de los hijos, herencia, y tutela legal.

Siria

Human Rights Watch constata que el levantamiento de Siria se volvió cada vez más sangriento en 2012, a medida que la represión del Gobierno contra las protestas callejeras acabó convirtiéndose en un conflicto armado. Las fuerzas gubernamentales y las milicias progubernamentales conocidas como shabiha torturaron a detenidos y cometieron ejecuciones extrajudiciales en las zonas bajo su control.

Algunas fuerzas de la oposición también cometieron abusos graves como como secuestros, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas, así como ejecuciones extrajudiciales o sumarias de miembros de las fuerzas de seguridad, partidarios del Gobierno y personas identificadas como shabeha.

Según fuentes de la oposición, en el momento de redactarse el informe habían muerto ya 34.346 civiles en el conflicto.

HRW denuncia que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo varias grandes operaciones militares en pueblos y ciudades conflictivas de todo el país, dando lugar a asesinatos en masa, y que han sometido a decenas de miles de personas a detenciones arbitrarias, detenciones ilegales, desapariciones forzadas, malos tratos y torturas, recurriendo a una extensa red de centros de detención en toda Siria. Muchos de los detenidos eran hombres jóvenes de entre 20 y 30 años, pero también había niños, mujeres y ancianos.

La expansión e intensificación de la lucha han provocado una situación humanitaria desesperada con cientos de miles de desplazados internos o que buscan asilo en países vecinos. Irak, Jordania, Líbano y Turquía prácticamente abrieron sus fronteras a más de 341.000 refugiados de la vecina Siria. Sin embargo, en violación del derecho de los sirios a buscar asilo, entre mediados y fines de agosto, Irak y Turquía comenzaron a denegar el acceso a sus territorios a decenas de miles de personas, ya fuera fijando un límite al número y perfiles de  personas que dejaban cruzar al día, o cerrando completamente los pasos fronterizos y permitiendo solo entradas esporádicas de grupos muy limitados.

Los sirios varados como consecuencia de estos límites quedaron en condiciones de pobreza y ante el riesgo de sufrir ataques aéreos y de artillería de las fuerzas gubernamentales. Los cuatro países denegaron a los sirios un estatus legal seguro y, después de julio, Jordania y el Gobierno central iraquí obligaron a todos los recién llegados a vivir en campamentos cerrados.

Turquía

El Gobierno islamista turco del partido Justicia y Desarrollo logró el crecimiento económico en 2012 y trató de ejercer un papel de liderazgo regional, pero, según HRW, no tomó medidas contundentes para hacer frente a un empeoramiento de los derechos humanos y a un creciente déficit democrático.

Los fiscales y los tribunales continuaron recurriendo a las leyes antiterroristas para enjuiciar y prolongar el encarcelamiento de miles de activistas políticos kurdos, defensores de los derechos humanos, estudiantes, periodistas y sindicalistas. La libertad de expresión de los medios de comunicación se mantuvo restringida, y hubo muchos casos de juicios injustos, así como periodistas detenidos.

En marzo, el Parlamento aprobó una ley para establecer una institución nacional de derechos humanos, y en junio, un defensor del pueblo para examinar las quejas contra funcionarios públicos de todos los niveles. No obstante, grupos de defensa de los derechos humanos criticaron el control gubernamental de los nombramientos.

En cuanto al conflicto kurdo, la violencia aumentó significativamente en 2012 con respecto a años anteriores, con cientos de muertes, tanto de soldados gubernamentales como del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Miembros del PKK secuestraron a personal de seguridad y a civiles, incluidos políticos locales, parlamentarios y maestros. HRW señala que la falta de una solución para la cuestión kurda sigue siendo el mayor obstáculo para el progreso de los derechos humanos en Turquía.

Yemen

El frágil gobierno de transición que sucedió al presidente Ali Abdullah Saleh en 2012 se enfrenta a múltiples desafíos para poner fin a violaciones de derechos humanos en Yemen, como detenciones arbitrarias, ataques a la libertad de expresión y de reunión, o la existencia de niños soldado.

HRW reconoce que ha disminuido la lucha relacionada con la agitación política, pero recuerda que los enfrentamientos sectarios en el norte del país continuaron en 2012, así como los combates entre el Gobierno y la rama yemení de Al Qaeda, en el sur.

Además, el país se enfrenta a una crisis humanitaria cada vez mayor: casi la mitad de la población carece de alimentos suficientes. Saleh abandonó el cargo en febrero de 2012, en virtud de un acuerdo negociado por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y respaldado en su mayoría por el Consejo de Seguridad de la ONU, los Estados Unidos y la Unión Europea.

Como parte del acuerdo, el Parlamento de Yemen concedió inmunidad a Saleh ante los crímenes políticos cometidos durante sus 33 años de gobierno. La ley de inmunidad, señala HRW, viola las obligaciones jurídicas internacionales de Yemen para perseguir graves violaciones de los derechos humanos, incluidos los ataques de las fuerzas del orden y los grupos progubernamentales, que causaron al menos 270 muertos durante las manifestaciones.